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Primaria revitalizó ánimo de cambio y participación electoral en Venezuela

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Los periodistas Luz Mely Reyes y Pedro Pablo Peñaloza analizaron el impacto que generó la votación opositora del 22 de octubre e indican que el chavismo reaccionará con un as bajo la manga.

La primaria opositora revitalizó el ánimo de cambio y la participación electoral en Venezuela, de acuerdo con la perspectiva de varios periodistas venezolanos que abordaron el tema de la elección del 22 de octubre.

En una nueva edición del ciclo de foros Perspectiva País, realizado por Medianálisis, los periodistas Luz Mely Reyes, cofundadora de Efecto Cocuyo, y Pedro Pablo Peñaloza, investigador y periodista especializado en la fuente política, expresaron que la Primaria opositora dejó impactos importantes en el país

 

El periodista y director de Medianálisis, Andrés Cañizález, condujo el encuentro titulado “¿A un mes de la Elección Primaria, qué ha pasado y qué viene?”, en el cual los invitados ahondaron en la más reciente votación de los sectores democráticos.

Para Luz Mely Reyes, la principal consecuencia de la Primaria no fue solo en la oposición, sino también en la acera de enfrente.

“Fueron un hito bien importante porque se hicieron contra viento y marea; por las amenazas que había y sobre todo por las diferencias internas de los partidos de oposición. Fue un acto de rebeldía y de resistencia de la población venezolana y uno de los efectos de que María Corina Machado haya ganado con el 90% de los votos, está en el chavismo. Puertas adentro del chavismo eso dejó aguas revueltas y muchos integrantes del chavismo se bañan en esas aguas” analizó.

Sin embargo, este no sería el único resultado, porque Pedro Pablo Peñaloza agregó que el “evento político del año” deja pendientes que la oposición debe solucionar.

“La Primaria resuelve unos puntos, pero deja otros abiertos. Impacta en la negociación realizada en Barbados; hizo que el chavismo persiga a la Comisión Nacional de Primaria e impulsó lo de la campaña del Esequibo, pero la Primaria también deja pendiente lo relacionado a la inhabilitación. Ganó la candidata que está inhabilitada y todavía eso no lo solucionan” detalló.

 

Y es precisamente la ganadora una de las más impactadas por lo sucedido el 22 de octubre, pues para Peñaloza, María Corina Machado ha cambiado su manera de hacer política, pues ahora “se muestra más inteligente”, ya que no ha impuesto el discurso de cacería, sino que ahora “tiene un mensaje de reunificación familiar. Se ha moderado. Ha apostado por el liderazgo opositor para crear confianza, generar punto de acciones, toma de decisiones y eso es parte de la moderación que ha conseguido posterior a la primaria”

Ambos coincidieron que la oposición logró enrumbar el camino con la gente que está harta de la crisis y del chavismo en el poder, pero acotaron que la tolda debe alejar el factor desconfianza que hay porque ya le pusieron límite al miedo.

*Nota de prensa

Simón, torturados, torturadores y cómplices

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El régimen de Maduro ordena torturar para amedrentar y para que los torturados firmen lo que decidan los torturadores

 

El cine ha producido muchas películas sobre la lucha de ciudadanos por la libertad de sus países invadidos o contra regímenes dictatoriales. Siempre las vemos con admiración. Simón, del director Diego Vicentini, movió nuestras fibras más íntimas al narrar situaciones que ocurren a diario en Venezuela y, específicamente, la resistencia de los estudiantes. 

De los diálogos se derivan varias interrogantes. ¿Logran su objetivo esas acciones heroicas? ¿Hasta cuándo se debe luchar en una confrontación asimétrica en la que quienes tienen el poder asesinan, torturan, encarcelan y exilian? ¿Son cobardes quiénes delatan? ¿Son héroes quienes se quedan en el país e insensibles quienes se exilian? ¿Se vive mejor en el extranjero que en Venezuela?

Quizá el ejemplo más divulgado es el de la resistencia francesa durante la II Guerra Mundial. En la misma participaron campesinos, intelectuales, científicos y políticos. Frecuentemente, cuando la resistencia realizaba un sabotaje o una emboscada a una patrulla alemana, los nazis fusilaban a gente del pueblo más cercano, por lo que a veces la población rechazaba las acciones de la resistencia. Realmente solo algunas de esas acciones lograron cierto impacto. Francia se liberó a raíz del desembarco aliado, que permitió que el general Leclerc entrara a París. ¿Valió la pena? Definitivamente que sí, ya que fue importante que un grupo de ciudadanos mantuviera la lucha por la libertad. De Gaulle y la resistencia fueron la bandera de la Francia que nunca se rindió. 

En el caso de Venezuela, durante la dictadura de Pérez Jiménez la resistencia fue organizada por militantes de Acción Democrática y del Partido Comunista. Parte de esa resistencia está reflejada en Venezuela bajo el signo del terror 1948-1952 : el libro negro de la dictadura, que circuló en 1952. Esta publicación contribuyó a denunciar ante el mundo los atropellos del dictador. La resistencia le costó la vida a varios dirigentes políticos y a algunos militares. En junio de 1957 se constituyó la Junta Patriótica, de cuyos miembros solo Enrique Aristiguieta Gramko es el único que está entre nosotros y sigue luchando contra esta nueva dictadura. Además, hay que reconocer el valor de los estudiantes, de los intelectuales y empresarios que fueron factor importante en los últimos meses de la dictadura. No lograron derrocar al dictador, pero gradualmente crearon el caldo de cultivo para que huyera el 23 de enero de 1958 por la presión de los militares. 

El régimen actual ha asesinado, torturado, encarcelado a miles de venezolanos y ha obligado a exiliarse a millones. Inicialmente, la resistencia la asumió la sociedad civil. Marchas multitudinarias y protestas principalmente en Caracas, Valencia y San Cristóbal fueron reprimidas con violencia inusitada. Gradualmente, los partidos políticos asumieron la lucha por la vía electoral y varias organizaciones han cumplido un rol importante al recabar información sobre los atropellos y sobre el desastre económico. 

Es de destacar la resistencia de nuestros comunicadores sociales y de los numerosos medios de comunicación. Aunque fueron poco realistas, respetamos las acciones militares en el Fuerte Paramacay y la pequeña incursión por La Guaira. Más recientemente la resistencia se ha expresado en protestas por la falta de agua, luz, gas, gasolina y costo de la vida. 

Las valientes protestas de los estudiantes se iniciaron en el 2007, cuando el régimen cerró Radio Caracas Televisión. Huelgas de hambre y grandes protestas estudiantiles sucedieron en 2014, 2017 y 2019. Muchos jóvenes fueron asesinados, torturados o encarcelados. Las acciones heroicas de quienes valientemente han enfrentado y siguen enfrentando a la narcodictadura ha erosionado al régimen, que ha sido condenado por las Comisiones de Derechos Humanos de la OEA y de la ONU, y muy probablemente algunos de los jerarcas serán juzgados por la Corte Penal Internacional. 

Esas acciones están logrando gradualmente su objetivo. La lucha debe continuar, denunciando los atropellos, presionando para que se depure y abra el Registro Electoral en los principales centros poblados, para que se permita a María Corina inscribirse y organizándonos para votar y defender el voto en el 2024 . 

El régimen de Maduro ordena torturar para amedrentar y para que los torturados firmen lo que decidan los torturadores. Nadie debe criticar a quien declare bajo tortura. Tampoco se debe criticar que alguien que haya estado preso o por otras razones decida exiliarse. Tanto en el exterior, como en nuestro país hay quienes están bien, pero en ambos casos hay quienes pasan por muchas dificultades. Lo importante es que contribuyan a erosionar al régimen. Según el Foro Penal, hay 272 presos políticos, de ellos 147 militares y 18 damas. 

En el pasado hemos expresado nuestro rechazo por las torturas y asesinatos de Jorge Rodríguez padre y otros cometidos por las autoridades de la república civil durante la subversión castro-comunista. Es lamentable que los hijos de Jorge Rodríguez, en lugar de luchar para que no sucedan esos hechos, se hayan convertido en cómplices de las violaciones a los derechos humanos. Parafraseando a Germain Tillion, heroína de la resistencia francesa, se han dedicado a vengar las víctimas del pasado, en vez de proteger las actuales ¡Gracias Simón! 

Como (había) en botica

  • Cristina Vollmer de Burelli, presidenta de SOS Orinoco, recalcó en reciente foro sobre la biodiversidad y conservación de la Guayana oriental, que el valor de sus recursos naturales renovables excede con creces a lo que se puede obtener por la explotación de minerales. El doctor James Barborak citó ejemplos exitosos de conservación de áreas que incluyen dos y hasta más países. Se comentó la propuesta del doctor Francisco Kerdel Vegas sobre llegar a un posible acuerdo de conservación de la zona al oeste del río Esequibo. Ojalá los expertos trabajen esa propuesta. 
  • La directiva ad hoc de Pdvsa presentó los excelentes resultados de Citgo del tercer trimestre. La Pdvsa roja no presenta cuentas desde el 2016. 
  • Lamentamos el fallecimiento de Pedro Brito Campos, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol.
  • ¡No más prisioneros políticos ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

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La nueva represión del Estado dejó sin cupo al movimiento estudiantil

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Solo en 2023 se evidencian casos de intervención estatal a elecciones internas, denuncias de violaciones de la autonomía por parte de cuerpos de seguridad del Estado, represión física y mediática a líderes estudiantiles, imposición de materias con carga ideológica del PSUV, e incluso, la detención arbitraria y la tortura
Gritemos con Brío: «Esta tecnificación de la represión focalizada no se da directamente a través de los organismos de seguridad del Estado, sino que muchas veces se hace a través de los grupos politizados, como los colectivos que hacen vida en el campo universitario»
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Universidades, al menos el 12% de las denuncias en los medios de comunicación sobre falta de justica ante vulneraciones de DDHH desde el 2020
Para el director de Aula Abierta, David Gómez, el Estado busca reprimir al estudiante amenazando a los profesionales y al dejar desprotegidas las universidad para ser víctimas fáciles de la delincuencia, para que no se sepa discernir si fue un acto de ensañamiento político o no

Por Joshua De Freitas y Ángel Vizcaya

Estudiar y culminar una carrera universitaria es el sueño de Mónica, estudiante de 24 años, quien comenzó sus estudios en la Universidad Simón Bolívar (USB), en Caracas, y pidió la protección de su identidad a Runrun.es.

A inicios del año 2023, Mónica se hizo un hueco en la política estudiantil en la Federación de Centro Estudiantiles (FCE) de la USB, una de las entidades políticas más importantes de esa academia pública. Mónica estaba a nada de sacar su título, ya estaba en el octavo semestre de su carrera. 

Angulo Parucho, conocido de Mónica y presidente de la FCE – USB, dijo que algunos profesores de la universidad —que son promotores de la administración de Nicolás Maduro— empezaron a «acosarla» apenas se enteraron de su participación en la política estudiantil. 

Presión en pleno salón de clases, amenazas de reprobar la materia sin ningún criterio o llamadas telefónicas «anónimas» que nombraban al profesor y sus intenciones de expulsarla cada vez que la veían en una actividad de campaña fueron algunas situaciones que debió enfrentar.

Desde el 2021 el gobierno de Nicolás Maduro impuso rectores a la USB, una academia autónoma que debería escoger a sus rectores y decanos. En marzo del 2023, los estudiantes debieron organizar sus propias elecciones, porque no se los permitían. 

«Los estudiantes formamos una Comisión Electoral e hicimos una elección a distancia. Por primera vez celebramos elecciones para cogobierno estudiantil, se intentó incluso anular, pero no lo lograron», aseguró Parucho. «Incluso, se inició con un periodo de desconocimiento porque en la FCE – USB, al ser Asociación Civil, tenemos nuestra propia comisión electoral, en vez de una de los rectores». 

Pero, luego de aprobar decenas de exámenes, Mónica decidió abandonar su alma mater este año. «No aguantaba seguir estudiando bajo esas condiciones de persecución y estrés al saber si su activismo como miembro de la FCE le costaría su progreso académico o, incluso, si ponía en riesgo su integridad física». 

Para el Observatorio Venezolano de Universidades (OBU) el caso de Mónica no es un hecho aislado: forma parte de las 846 denuncias que los estudiantes hacen desde el 2020 sobre la falta de justicia ante las pocas pruradurías estudiantiles, deterioro de la academia y otras vulneraciones a los derechos humanos. Pero una nueva vulneración aparece con más frecuencia y con menos registro por el miedo: el «ensañamiento personalizado» a líderes estudiantiles por parte de personas afines al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dentro de las academias, una metodología de la represión cada vez más común por parte del Estado venezolano. 

Una represión más focalizada

Usar menos bombas lacrimógenas y más el acoso personalizado. Ser más cualitativo que cuantitativo para crear «represiones ejemplarizantes». El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas denunció este 3 de noviembre que el Estado venezolano sigue reprimiendo el espacio público y vulnerando la libertad de asociación, entre ella, el liderazgo político estudiantil. 

Solo en 2023 se evidencian casos de intervención estatal a elecciones internas, denuncias de violaciones de la autonomía por parte de cuerpos de seguridad del estado, represión física y mediática a líderes estudiantiles, imposición de materias con carga ideológica del PSUV, e incluso, la detención arbitraria y la tortura. 

«Esta política de reducción del espacio cívico en el país ha sido precedida por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela en 2020 y 2021, que documentaron situaciones de posibles crímenes de lesa humanidad contra venezolanos, donde más de 50% de las víctimas documentadas eran, fundamentalmente, estudiantes universitarios», dice el director de la ONG Aula Abierta, David Gómez.

La sociedad civil venezolana asegura que el movimiento estudiantil universitario se ha reducido en todo el país. Aunque aún no se ha precisado ese nivel de reducción, la ONG Gritemos con Brío estima de forma preliminar que entre el 50% y el 60% de la incidencia política estudiantil se contrajo en la Universidad Central de Venezuela (UCV), una de las academias más importantes del país, entre el 2019 y 2022. 

«Esta tecnificación de la represión focalizada no se da directamente a través de los organismos de seguridad del Estado, recibiendo una citación ni una visita de la policía, sino que muchas veces se hace a través de los grupos politizados, de los grupos violentos sobre los que se sostiene el régimen, como los colectivos que hacen vida en el campo universitario», afirmó David Flores, director de Gritemos con Brío.  

Uno de los casos más recientes es la detención arbitraria de John Álvarez, estudiante de antropología de la UCV y quién es acusado de participar en una supuesta sublevación política contra el gabinete de Nicolás Maduro. El 30 de agosto lo arrestan policías y civiles armados a favor del PSUV («colectivos») y pasará el día del estudiante universitario con retraso procesal de su juicio y la pérdida de la vista en un ojo por las torturas que ha sufrido por parte del Estado. 

«En el caso de la USB existen denuncias de los colectivos que hacen vida inclusive en nóminas de de profesores y del personal obrero, que emiten amenazas a los jóvenes cuando se movilizan por por causas que pueden representar zonas de sensibilidad para el régimen o que pueden ser incómodos por el gobierno», agrega Flores. «Se hacen insinuaciones y hostigamientos a través de llamadas anónimas. Inclusive, hacen acto de presencia en las protestas y, aunque no sacan las armas, las muestran en sus cinturas».

El director de Gritemos con Brío afirmó que al menos 10 denuncias sobre hostigamiento personalizado por llamadas telefónicas se registraron este año solo en la UCV. «Y hablamos de las personas que no tienen miedo de denunciar y solo en la capital, lo más seguro es que en otros estados del país es igual o peor».

Dejando sin cupos y torturando desde 2014 

La juventud venezolana ha sido la víctima directa más frecuente de la represión de Nicolás Maduro. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón dijo que 151 de los 294 asesinatos en protestas pacíficas desde el 2014 eran jóvenes entre 18 y 30 años de edad, la mayoría estudiantes universitarios. También, destacó que 24 víctimas fatales de la persecución con fines políticos estaban en ese rango de edad, representando el 60 % de los casos que registró la ONG sobre la represión personalizada durante nueve años.

Eso sin contar las cientas de desapariciones forzadas temporales y detenciones arbitrarias que ocurrieron entre el 2014 y el 2017 documentadas por Foro Penal y Provea. 

«En el caso venezolano, y sobre todo en la última década, se ha aplicado en formas mixtas de represión: una primaria durante las protestas del 2014, 2017 y 2019, donde hay violencia armada, y una secundaria, donde se asfixia a las universidades y privan de providencias estudiantiles, reduciendo el tiempo de los alumnos de acciones formativas de ciudadanas y de generaciones acción de acción sociopolítica para la construcción y la defensa de las democracias», explicó Carlos Meléndez, director del Observatorio Venezolano de Universidades (OBU).

Pese a la proliferación de represiones no armadas, la comunidad estudiantil ha protestado más en este año que en 2022. Según el OBU, solo en el primer trimestre del 2023 se registraron 74 manifestaciones pacíficas en el sector universitario, el 95% de lo que se hizo en todo el año pasado (78).

«Entonces, no es que hay un cambio, es que hay una adaptación de los mecanismos de represión, que son directas cuando hay fuerza dentro de las calles y que los estudiantes logran realizar, pero que es indirecta y permanente a través de la inhibición que el Estado venezolano realiza y construye en las universidades a través de su ausencia», reflexionó Meléndez. 

Tanto las ONG sobre los derechos del universitario como los propios estudiantes afirman que el punto de inflexión fue el 2017, cuando la represión  primaria mató a 21 jóvenes y arrestó al menos 339 en tan solo 4 meses, según Aula Abierta.

José Texeira, consejero de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la UCV, recordó ese periodo de protestas como su bienvenida a la universidad. Él comenzó clases en 2017, justo en medio de este contexto. Pero no fue lo único que degradó la participación joven: «El cambio en la dirigencia estudiantil, la cuarentena y la situación económica del país» puede que hayan influido también en este declive del músculo universitario. 

Ensañamiento al estudiante universitario

Yonathan Carrillo, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV, mencionó que John Álvarez ha sido torturado, encarcelado, secuestrado, golpeado e incomunicado por varias horas. «Pero no es solo mediante la detención arbitraria y el abuso físico que el gobierno reprime al movimiento estudiantil: la represión mediática y moral por parte del estado es algo constante», apuntó. 

Carrillo aseveró que una de las formas de las que el oficialismo se vale para amedrentar a la dirigencia estudiantil es mediante los medios de comunicación. «Un tuit, una información o un video puede ser mostrado cada miércoles en un canal del estado (VTV)». 

El presidente adjunto calificó esta acción como una «manera de intimidar y decir “te tenemos vigilado”». Confesó que muchas veces personas allegadas al gobierno les toman fotos cuando están en manifestaciones, las cuales señala como otra forma de coaccionar a los estudiantes. 

Carrillo recordó que John Álvarez no es el único estudiante torturado: Wilber Vázquez y Osvaldo Castillo llevan cinco años presos por razones y circunstancias similares. 

«Es difícil saber que en cualquier momento tú puedes estar preso», expresó.

Según Flores, en otros casos, como la amenazas relacionadas a la violencia sexual, la represión parece más frecuente, pero las víctimas temen denunciar tanto a líderes estudiantiles como las ONG especializadas. «Es un detalle que expresa la magnitud del miedo como un elemento que juega un papel dentro de las represiones», dijo.

«Eso pasa con más frecuencia en el interior del país, donde las universidades no están en zonas densamente urbanizadas. En Gritemos con Brío tenemos casos de estudiantes que protestan por el cambio de rector que han sido amenazados por miembros administrativos de la Universidad de Carabobo (UC) —casa de estudios a la que recientemente el Tribunal Supremo de Justicia le negó hacer elecciones— que tienen presuntas conexiones con el gobierno local o de la USB, con amenazas de expulsión de la academia o raspar alguna materia que prefieren no denunciar a la opinión pública. Los estudiantes prefieren ausentarse un tiempo de la universidad, perdiendo clases en el proceso y regresar a la academia con un bajo perfil, sin ejercer la protesta, para poder graduarse sin problemas», agregó. 

Asfixiando la justicia, la academia y la ciencia

«A los estudiantes de Derecho de las diferentes facultades del país en Venezuela: no decaigan  por estas cosas que estamos viendo. Ustedes son el futuro del país que van a ocupar los cargos de quienes no merecen llamarse hoy ni fiscales ni jueces», dijo Joel García, abogado de John Álvarez, este 20 de noviembre, cuando el Ministerio Público no le permitió defender al estudiante en una sala preliminar.

Para el director de Aula Abierta, declaraciones como la de García son una denuncia en sí misma contra la represión estudiantil indirecta. Las amenazas a los profesionales  por parte del Estado venezolano «reduce la cantidad de información de valor científico que pueden consultar y producir conocimiento con la sociedad y da un mensaje cuando sean se gradúen». 

«El ejemplo que puedo dar, muy gráfico, es el documento produjo la Academia de las Ciencias Matemáticas, Físicas y Naturales de Venezuela en el 2020 sobre el posible repunte de los casos de covid-19 en el país. Publicaron un informe, con estimaciones estadísticas, y fueron víctimas de las amenazas de Diosdado Cabello (dirigente del PSUV) en su programa “Con el mazo dando”. No solo se afecta a los académicos en relación a su producción científica, a su actuar al compartir y difundir, se vulnera también el desarrollo, la democracia y la libertad académica», explicó Gómez.

Lo mismo ocurre a nivel económico: las universidades públicas reciben el 2 % del presupuesto que piden para mantenerse. Sin la capacidad de pagarles al personal o renovar las instalaciones, los estudiantes son más vulnerables a la delincuencia. 

«Y sin organismos de seguridad propios de las academias, el caso entra a los índices de delincuencia, sin la oportunidad de discernir si es parte de la represión o no», advierte el director de Gritemos con Brío, aludiendo al caso de la sede de la Universidad de Oriente (UDO) en el estado Sucre, que en los últimos tres años ha sido completamente destruida. 

«Esa precariedad económica, y del transporte y seguridad dificulta a la sociedad civil recabar datos y denuncias en otras partes del país», agregó.

¿Habrá participación estudiantil en 2024?

La ONU, dentro de sus informes, advirtió que el Estado venezolano puede aumentar sus represiones bajo el contexto de las elecciones presidenciales del próximo año. 

«Una de las consecuencias de restringir de nuevo al movimiento estudiantil es atentar contra la democracia misma», advierte el director de Aula Abierta. 

Por un lado, el director de la OBU establece que la participación ha bajado mucho: el 90% de los universitarios encuestados en 2021 admitieron no estar en un movimiento estudiantil, pero ese mismo porcentaje estaría dispuesto a participar en actividades políticas y democráticas organizadas por estas instituciones. 

«Hemos visto que, al menos en Caracas, la intención del voto joven de cara a las presidenciales es considerable, pero se enfrentan a un Consejo Nacional Electoral que no los registra. Entonces se ven truncados y con más vulneraciones, lo que puede reducir la incidencia estudiantil a futuro», advirtió Flores. 

Lo que sí no descartan ni la sociedad civil ni los movimientos estudiantiles es que el año que viene es crucial para la participación juvenil en la democracia. 

Informe Otálvora |  Petro entrega embajada en Caracas al chavismo

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Gustavo Petro en el Palacio de Miraflores en Caracas el 18NOV23. Foto: @presidencialven

Proceso judicial por narcotráfico contra Maduro comenzó a sonar nuevamente en Washington

   

@ecotalvora

Una cumbre ambiental diseñada por Gustavo Petro y Nicolás Maduro, que tendría lugar en Caracas los primeros días del mes de noviembre, debió ser suspendida ante la decisión de Lula da Silva de no asistir. La reunión, que debió congregar a los mandatarios de Brasil, Bolivia, Ecuador (incluyendo al presidente electo Daniel Noboa) y de Colombia, con Maduro como anfitrión, fue sorpresivamente suspendida antes de que fuera anunciada públicamente.

Si bien el tema de la reunión sería el “cambio climático”, en medios diplomáticos de los países involucrados se estimó que el evento sería utilizado por Maduro para publicitar el conflicto por la Guayana Esequiba. Petro aspiraba a obtener de ese evento una posición que lo convirtiera en vocero de los países amazónicos en la reunión de San Francisco 17NOV23 del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, a la cual el colombiano fue invitado como observador.

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Luego de su visita a San Francisco el 17NOV23, la segunda a territorio estadounidense en menos de un mes, Gustavo Petro incluyó en su agenda una visita a Maduro el 18NOV23. En la agenda de Petro en Caracas a donde esta vez viajó con su esposa Verónica Alcocer, incluyó una recepción en la Quinta Colombia, la residencia oficial del embajador colombiano. Se trataría de la primera fiesta que un mandatario colombiano organiza y celebra en Caracas en más de una década. Pero Petro finalmente se marchó a Bogotá luego de su encuentro con Maduro en el Palacio de Miraflores, donde anunciaron que Colombia se asociaría para la explotación petrolera y gasífera en territorio venezolano.

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El nuevo embajador de Gustavo Petro ante Nicolás Maduro, Milton Rengifo Hernández, ya habría creado una red de extrañas relaciones con altos jerarcas del  régimen chavista. Luego de los escándalos por corrupción que acompañaron al anterior embajador colombiano en Caracas, Armando Benedetti, Petro envió como su embajador ante el régimen chavista a quien había sido su empleado en la Alcaldía de Bogotá y su “asesor jurídico” cuando ejerció como Senador. Sin experiencia diplomática previa, con solo un curso rápido recibido en la cancillería colombiana, Rengifo llegó a Caracas el 09AGO23 para asumir la jefatura de la misión diplomática.

Desde entonces habría incorporado en la gestión cotidiana de la embajada al venezolano Juan Carlos Churio, quien sería familia directa de Jesús Rafael Suárez Chourio. El ahora general Suarez Chourio forma parte del alto chavismo desde cuando participó en el cuartelazo de 1992 encabezado por Hugo Chávez. Ya desde tiempos del gobierno de Chávez existe un largo historial de casos de corrupción que involucran al apellido Churio. 

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La protección de la Embajada de Colombia en Caracas habría sido puesta en manos de militares a cargo de Juan Carlos Churio. Algunos de los guardianes habrían sido previamente personal de la Casa Militar que protege a Maduro y su familia. Usualmente los escoltas de embajadores son personal de seguridad procedente del país del diplomático ya que solo la protección externa de las edificaciones diplomáticas está en manos del país anfitrión y la sede diplomática es inviolable de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

El actual embajador colombiano se mueve en Caracas con escoltas que previamente fueron espalderos de Cilia Flores, portan armamento visible y están involucrados directamente en la seguridad interna de la sede diplomática según fuentes consultadas en Caracas y Bogotá. Según fuentes en Caracas, los militares venezolanos que ahora actúan dentro de la sede diplomática colombiana han incluso revisado los antecedentes del personal local (no diplomáticos) contratado y obligado al despido de algunos empleados. En medios diplomáticos de Caracas se estima que el embajador colombiano se muestra “torpe” en su “relaciones diplomáticas” pero ha logrado una comunicación directa con “el mundo militar” por intermedio de su amigo Churio, quien gestiona incluso las reuniones entre el enviado colombiano y el jefe militar Vladimir Padrino.

“Una extraña agenda paralela” estaría adelantando el embajador de Petro, según la valoración de un veterano funcionario diplomático del gobierno colombiano basado en Bogotá, pero que hace seguimiento a los vaivenes de las relaciones con Venezuela. Las instrucciones dadas a Milton Rengifo fueron “ampliar las relaciones con todos los sectores en Venezuela”, “lo mandaron a integrar a los dos países y llama la atención que se le ve muy entregado a algunos personeros de acá”, comentó un diplomático suramericano basado en Caracas.

Por cierto, el 17NOV23 se produjo en la zona fronteriza venezolano-colombiana, en la población de San Antonio del Táchira, un encuentro del ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino y su homólogo colombiano Iván Velásquez, en el cual acordaron diseñar en los próximos sesenta días, una “hoja de ruta a nivel ministerial en materia de Seguridad y Defensa”. El nivel de cooperación e interacción entre los militares de ambos países, diseñados y establecidos a principios de los años noventa fueron desarticulados con la llegada de Chávez al gobierno en 1999 y jamás han sido reactivados.

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El proceso judicial por narcotráfico contra Nicolás Maduro, anunciado por EEUU el 26MAR20 durante el gobierno de Donald Trump, comenzó a sonar nuevamente en  la capital estadounidense. 

Los senadores republicanos Jim Risch (Idaho) y Chuck Grassley (Iowa), ambos con posiciones relevantes en el comité de relaciones exteriores y en el comité judicial respectivamente, enviaron el 15NOV23 una carta dirigida a dos altos funcionarios del gobierno Biden reclamando “que nos informe antes del 26 de noviembre de 2023 qué acciones legales, si las hubo, tomó para buscar el arresto y la extradición de Nicolás Maduro durante sus viajes internacionales desde enero de 2021”. Los destinatarios de las cartas de los senadores fueron el fiscal general (Departamento de Justicia) Merrick Garland y el secretario de Estado Antony Blinken.

En su misiva, Risch y Grassley refieren que Maduro ha viajado a México y Brasil, países que mantienen tratados de extradición con EEUU. Según los senadores “el hecho de no hacer cumplir la acusación estadounidense contra Nicolás Maduro prolonga la crisis de inmigración ilegal y drogas ilícitas que amenaza la seguridad de EEUU y del hemisferio occidental en general”.

Risch ha sido en el pasado reciente, particularmente crítico contra la línea del gobierno Biden hacia Venezuela. En enero de 2023, cuando un sector de la oposición venezolana decidió disolver el gobierno interino de Juan Guaidó, Risch apuntó su dedo hacia la diplomacia de Biden: “El fin del gobierno interino de Venezuela es una noticia terrible para los intereses de EEUU y el futuro del pueblo de Venezuela. Las políticas de la administración Biden tuvieron mucho que ver con este resultado, y nos preocupa aun más que la administración parezca lamentablemente no estar preparada para las consecuencias diplomáticas, legales y de seguridad” declaró el 05ENE23 en un texto emitido junto al representante por Texas Michael McCaul, quien lideraba la representación republicana en el comité de asuntos exteriores de la Cámara. 

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La venganza de Lula da Silva contra Jair Bolsonaro y contra quienes lo procesaron judicialmente por casos de corrupción sigue adelante. En un proceso judicial iniciado ante el Tribunal Superior Electoral por el PT, el partido de Lula, Bolsonaro fue inhabilitado para competir en nuevas elecciones presidenciales hasta 2030. El PT acusó a Bolsonaro de haber realizado un acto en el presidencial Palacio de la Alvorada en el cual reunió al cuerpo diplomático acreditado en Brasilia para exponerle sus consideraciones sobre “fallas” y “falta de transparencia” del proceso electoral brasileño. Por esa acusación, el 30JUN23 Bolsonaro fue condenado a ocho años de inhabilitación política. Posteriormente, el 31OCT23 el Tribunal Superior Electoral nuevamente emitió sentencia inhabilitando por ocho años a Bolsonaro, esta vez acusándolo de haber utilizado los actos oficiales del 07SEP22 para hacer propaganda electoral.

La más reciente acción punitiva de Lula contra Bolsonaro fue iniciada por el Instituto Brasileño del Medio Ambiente IBAMA dependiente del Ministerio del Medio Ambiente encabezado por la dirigente izquierdista Marina Silva. El 14NOV23 el Ministerio Público Federal, a partir de la denuncia del IBAMA, abrió un proceso judicial contra el expresidente Bolsonaro acusándolo de haber molestado a una ballena jorobada, entre el 16-17JUN23, en la región de São Sebastião en el estado de São Paulo. El gobierno Lula acusa a Bolsonaro de haberse aproximado en una moto acuática a 15 metros de la ballena… No es broma. El proceso fue publicado en el Diario Oficial del Ministerio Público Federal de Brasil el 17NOV23.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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El Mañanero del #21Nov: las ocho noticias que debes conocer

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En El Mañanero de Runrun.es de este 21 de noviembre resumimos las noticias más importantes de la jornada: exigen justicia por asesinato de mujeres trans en Venezuela, presiones a docentes y trabajadores de empresas básicas para participar en simulacro de referéndum del Esequibo,  la exigencia de investigar un fármaco de origen indio que causó infección y efectos secundarios graves en niños del Hospital J.M. de los Ríos y mucho más. 

AI insta a firmar petición para liberar a presos políticos venezolanos

Añaden pruebas a juicio contra cinco efectos de Policarabobo

Cecodap ofrece cinco herramientas para hablar con niños sobre política

Plataforma Unitaria felicita a Milei y le pide proteger derechos de migrantes venezolanos en Argentina

98 mujeres trans han sido asesinadas en Venezuela desde el año 2008

El silencio del Estado sobre el Metrotexato que afectó a pacientes oncológicos infantiles

Denuncian presiones a docentes y trabajadores de la CVG para participar en simulacro de referéndum sobre el Esequibo

Monitor de Víctimas: Detenidos dos PNB y un civil por asesinato de jeepsero en Catia

 

 

 

Ni la inseguridad alimentaria ni el CLAP se arreglaron en Venezuela

Petro asoma posibilidad de que Ecopetrol se asocie con Pdvsa

Gobierno mexicano insiste en plan de desarrollo para frenar migración forzada

El miedo, por Juan Eduardo Fernández “Juanette”

https://twitter.com/giraltpablo/status/1726763832511463479

Muchas personas trans y familiares de otras víctimas han esperado justicia por parte del Ministerio Público y, a la fecha, la justicia brilla por su ausencia. Por eso es importante que cada 20 de noviembre  nos hagamos sentir en las calles del país y sepamos expresar nuestro dolor, el estado de humillación en el cual nos sostiene el Estado venezolano y destaquemos que, a la fecha, la omisión es la regla con la cual ha jugado el Estado para dar respuesta a nuestras necesidades. Es decir, no existe respuesta, no hay justicia, estamos en total abandono por parte del Estado venezolano». Richelle Briceño, abogada y defensora de DDHH.

93 mujeres trans han sido asesinadas en Venezuela desde el año 2008

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Glorielys Pérez, estudiante de Sociología y miembro del OVV LGBTIQ+, denunció que desde el año 2008 hasta la fecha, en Venezuela han sido asesinadas 93 personas trans, todas mujeres
La abogada Richelle Briceño dijo que, cuando una persona trans es asesinada, los cuerpos de seguridad del Estado llevan a cabo sus investigaciones con base “en los prejuicios”

Texto y fotos: @Andrea_GP21

Activistas y defensores de los derechos de las personas LGBTIQ+ exigieron este lunes 20 de noviembre justicia a las autoridades venezolanas por los recientes asesinatos de dos mujeres trans ocurridos en el país.

A propósito del “Día Internacional de la Memoria Trans”, los activistas acudieron al Ministerio Público para entregar un documento donde piden que se investiguen estos asesinatos “y se informe debidamente a la sociedad civil de la naturaleza y el contexto de estos hechos”.

 

El primer caso, el cual según el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ es un “transfemicidio”, ocurrió el 7 de noviembre cuando una mujer trans apodada “La Gocha” y cuyo nombre asignado al nacer era Jorge Guerrero, de 44 años. En Venezuela no existe ninguna Ley integral de Identidad que reconozca las identidades de las personas trans, intersex, queer y no binarias. Aunque existe el artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil que permite a las personas cambiar de nombre, todavía no se ha hecho efectiva la norma para las personas LGBTIQ+

“La Gocha” fue apuñalada 40 veces en el tórax por cuatro personas no identificadas en su residencia en El Valle, Caracas.

Cuatro días después, en el estado Aragua, fue asesinada otra mujer trans de 27 años de apellidos Grancé Hidalgo, quien era trabajadora sexual. El hecho ocurrió en horas de la madrugada en la avenida Bolívar de Maracay cuando varias personas intentaron robarle sus pertenencias y, al oponer resistencia, le dispararon en la cabeza y en el rostro.

Por estos hechos, el OVV LGBTIQ+ exige al Ministerio Público, también, suministrar información sobre los casos que llevan sus oficinas y el estatus actual de los mismos, con el fin de cotejar con los reportes recibidos por el Observatorio y suministrar los datos necesarios para que se lleven a cabo las denuncias y procesos correspondientes.

 

Asimismo, pidieron una revisión de iniciativas y políticas públicas implementadas en el último año como respaldo del debido proceso, instalar una mesa de trabajo para determinar directrices de procesos penales donde se encuentren involucradas personas de la comunidad y que se aborden con perspectiva LGBTIQ+ y derechos humanos.

 

“La omisión es la regla”

Richelle Briceño, abogada y defensora de derechos humanos, recordó a aquellas personas trans violentadas y que perdieron la vida “por una sociedad intolerante”, pero también a aquellas que perdieron su vida a “manos de la violencia del Estado” por no reconocer sus identidades, sus DDHH y sus derechos fundamentales.

Asimismo, la abogada señaló que muchas personas trans han esperado justicia por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en cuanto al derecho a la identidad y muchas otras esperan por el cambio de nombre por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Muchas personas trans y familiares de otras víctimas han esperado justicia por parte del Ministerio Público y, a la fecha, la justicia brilla por su ausencia. Por eso es importante que cada 20 de noviembre  nos hagamos sentir en las calles del país y sepamos expresar nuestro dolor, el estado de humillación en el cual nos sostiene el Estado venezolano y destaquemos que, a la fecha, la omisión es la regla con la cual ha jugado el Estado para dar respuesta a nuestras necesidades. Es decir, no existe respuesta, no hay justicia, estamos en total abandono por parte del Estado venezolano”, denunció.

 

93 personas trans asesinadas desde 2008

Glorielys Pérez, estudiante de Sociología y miembro del OVV LGBTIQ+, denunció que desde el año 2008 hasta la fecha, en Venezuela han sido asesinadas 93 personas trans, todas mujeres.

De acuerdo con las cifras que presentó la activista, 13 de estos asesinatos ocurrieron en el año 2016, 11 en el año 2013 y 11 en el año 2015.

Asimismo, precisó que 51,09 % de estos asesinatos han ocurrido principalmente en  Zulia, Distrito Capital y en Miranda.

Este año 2023, según explicó Pérez, se contabilizan cuatro casos: dos mujeres trans indígenas, de 34 y 38 años; una estilista, de 45 años; y una trabajadora sexual, de 27, de los cuales los últimos dos ocurrieron “en una misma semana en el mes de noviembre”.

“Esta fecha es sumamente importante para recordar y exigir justicia por las muertes y por los asesinatos de cada una de estas personas, así como también es importante que acompañemos las voces de las personas trans, las exigencias por sus demandas y el derecho a una vida libre de violencia”, agregó Glorielys Pérez.

Revictimización por no reconocimiento de la identidad de género

La abogada Richelle Briceño lamentó que cuando una persona trans es asesinada los cuerpos de seguridad del Estado llevan a cabo sus investigaciones con base “en los prejuicios”.

Briceño detalló que las investigaciones se llevan a cabo basándose en la identidad legal de las personas trans, por lo que una mujer trans es tratada en masculino y un hombre trans en femenino. Esto se aplica a actas y expedientes de la Fiscalía.

“Ese enfoque de perspectiva de género, lamentándolo mucho, no existe, y eso en definitiva redunda en la revictimización de estas personas”, dijo Briceño en declaraciones ofrecidas a Runrun.es.

Además, acotó que no existen cifras del Ministerio Público en cuanto a resolución de casos relacionados con asesinato de personas trans y que “no hay ninguna perspectiva que indique que la investigación se está llevando a cabo con un enfoque de género, tampoco el motivo de las circunstancias por las cuales ocurrieron estos hechos delictivos y si tienen relación con la orientación sexual y con la identidad de género”.

 

Recalcó también que la Fiscalía no aborda estos asesinatos bajo la presunción de que pudieron ocurrir “como un delito de odio causado por motivos orientación sexual e identidades de expresión de género, sino que son tratados como un asesinato común, como el resto”.

Con relación al cambio de nombre de personas trans, Briceño señaló que este año se celebraron tres reuniones con el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero esto se retrasó por el cambio de rectores.

Añadió la abogada que en la web del CNE se hizo pública la noticia del cambio de nombre en la sede administrativa y se publicó en Gaceta Electoral la resolución que permite el cambio de nombre, sin embargo, esto no se ha podido materializar porque no ha salido en Gaceta Oficial.

Añaden pruebas a juicio contra cinco efectivos de Policarabobo

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El proceso continuará este viernes 24 de noviembre 

 

La mañana del pasado viernes, 17 de noviembre, fueron consignadas dos pruebas documentales de protocolos de autopsia de las 69 personas que murieron en un incendio el 28 de marzo de 2018 en los calabozos de la Comandancia General de Policarabobo en Valencia.

El aporte fue hecho por los abogados del “Comité de Víctimas Indirectas de la Tragedia Navas Spinola”, donde perecieron 66 privados de libertad y tres mujeres que se encontraban de visita.

Lyli López, responsable del Comité de Víctimas, sentenció que se fijó como nueva fecha para la continuación del juicio el viernes 24 de noviembre a las 10:30 de la mañana en el Tribunal de Juicio 5 a cargo del doctor Rafael Sánchez Moreno.

La abogada indicó que por la masacre, que sucedió en la calle Navas Spinola de la zona norte del municipio metropolitano de Valencia, están siendo acusados los funcionarios policiales José Luis Rodríguez Ramírez, José Antonio Carrera Loaiza, Aníbal Antonio Padrón Pacheco, José Rafael Colina Palencia y Sergio Enrique Rodríguez Rodríguez.

A Rodríguez se le imputó homicidio calificado a título de dolo eventual en grado de coautor con los agravantes de omisión al socorro y el delito de introducción de arma de fuego y municiones en retenes policiales, así como corrupción propia.

Carrera Loaiza está acusado de homicidio calificado a título de dolo eventual en grado de coautor; omisión al socorro y el delito de introducción de arma de fuego y municiones en retenes policiales.

Mientras que Colina, Rodríguez y Padrón están señalados de corrupción propia, previsto y sancionado en el artículo 64 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción.

La masacre de Policarabobo está considerada la segunda más grave en prisiones venezolanas detrás del incendio en la cárcel de Sabaneta en Maracaibo, estado Zulia, donde fallecieron 127 personas.

Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos responsabilizaron también a la entonces ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Valera y exigieron una investigación. 

 

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Cecodap ofrece cinco herramientas para hablar con niños sobre política

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Activistas de la ONG consideran que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener una visión sobre el acontecer nacional en función de hacer valer sus derechos
Admiten que mientras más conozcan la realidad, menos oportunidad habrá de que sean víctimas de adoctrinamiento y proselitismo 

 

Para la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) el hecho de que los niños, niñas y adolescentes (NNA) no pueden ejercer el derecho a voto por ser menores de edad no quiere decir que no puedan estar enterados y tener un punto de vista sobre el acontecer político en Venezuela y el resto del mundo.

Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, dijo que los NNA tienen el derecho de participar en asuntos que les afecten directamente y en la toma de decisiones que influyan en sus vidas.

“Hablar de derechos políticos es más que votar. Este derecho está respaldado por la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales”, dijo en una nota de prensa compartida en el sitio web de la organización. 

El activista comentó que si bien los NNA poseen derecho a participar políticamente en función de hacer valer sus derechos, estos tienen que recibir el acompañamiento de sus padres y representantes. 

“Tenemos que recordar que la participación política es un punto de inicio para hablar de convivencia y cumplir consensos en la comunidad. Es esencial que los niños y niñas lo tengan presente, para que ejerzan con libertad su derecho a dar opinión a los problemas que le afectan directamente”, sentenció. 

Para Oscar Misle, psicólogo y fundador de Cecodap, no conversar con los NNA de política los hace más vulnerables al adoctrinamiento al que apelan regímenes autoritarios para perpetuarse en el poder.

“Cuando no converso con él lo hago vulnerable a que sea víctima de proselitismo político. Los niños deben estar informados, de forma adecuada a su edad y con un lenguaje que no lo agreda, porque de lo contrario el tema llegará de manera inadecuada”, indicó.

¿Cómo podemos hablar de política a los niños, niñas y adolescentes?

Abel Saraiba, coordinador adjunto de Cecodap enumeró cinco claves para hacer de esto algo más llevadero.

  1. Preguntarles qué piensan sobre la situación del país: antes de asumir qué saben, es mejor preguntarles qué conocen, de forma tal que pueda tenerse un punto de partida desde el cual puedan aclarar dudas, completarse vacíos e intercambiar ideas. Por más que nos parezca que están ajenos a la dinámica del país, esta les toca y van formando sus propias interpretaciones de la realidad.
  2. Recordar cómo deberían ser las cosas: aunque nuestra realidad diste del deber ser, o lo plasmado en la Constitución es clave no perder de vista los referentes de la sociedad que tenemos. Debemos analizar la realidad actual en relación a lo que debería ser, recordando que el hecho de que algunas personas no cumplan con su deber no significa que ese deber no exista.
  3. Evitar reproducir mi propia postura política en los niños: puede parecerme una respuesta madura el que los niños (especialmente si son mis hijos) repitan mis conceptos políticos tal como yo los digo, pero ¿realmente comprenden lo que están planteando? ¿Esa es su verdadera opinión? Cuando se nos presenta una opinión política de niños es muy importante preguntar, repreguntar, parafrasear para tratar de favorecer que estos desarrollen su punto de vista, permitiéndonos comprender qué quieren decir. Puedo estar de acuerdo o adversar una postura política, pero mi trabajo en la crianza no es reproducir una mirada del mundo, sino generar las condiciones para que los niños tengan su propio punto de vista. 
  4. Evitar ofender y ofenderme: debo evitar el uso de calificativos o insultos cuando me refiero a quienes piensan políticamente diferente, dado que enseñaremos que cuando alguien piense distinto tengo todo el derecho del mundo a descalificar. Puedo decir que no estoy de acuerdo e inclusive molesto, pero no perder de vista la importancia del modelo que representó para los niños y adolescentes. Del mismo modo, conviene que no me ofenda o tome de manera personal cuando piense de manera diferente, debo permitir que forme su propio criterio. Puedo cuestionar, reflexionar junto a él, pero comprender que su postura política no es un ataque hacia mí.
  5. Reconocer mis límites: si no tengo una respuesta a una pregunta o planteamiento es válido reconocerlo y tomarse el tiempo para buscarla. Es recomendable mostrarse abierto ante este escenario, dado que podemos dar respuestas poco adecuadas e inclusive hostiles cuando no sabemos qué decir. Incluso reconocer cómo me siento frente a un tema o situación, puesto que si no estoy en condiciones para poder hablar sobre un tema sensible es mejor posponer la reflexión, antes de generar daño.

Con información de Cecodap

 

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