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La oposición y el reto de la unidad necesaria

Diseñando una clásica celada administrativa para colocar a las fuerzas democráticas ante el apuro de discutir con urgencia el nombre de otro candidato, luego de tener electo ya uno, el oficialismo chavista finalmente descorre el velo del panorama electoral de este año.

Los candidatos podrán ser postulados sólo hasta el 20 de marzo; las elecciones presidenciales serán el 28 de julio, la campaña electoral será otra vez de unos días.

La tarea que tiene frente a sí la oposición venezolana en 2024, con o sin María Corina Machado de candidata, luce especialmente apretada frente al monstruo de mil cabezas chavista, pero sí es cierto que el esfuerzo tendrá lugar en medio de un entorno político algo más favorable que en 2018.

Sobre todo, después de cuatro años inusualmente tranquilos y sin violencia en las calles, se siente en este momento una disposición a votar alta en los sondeos de opinión, y está a la vista una especie de consenso en torno a determinados procedimientos.

Las circunstancias políticas de hoy, distintas en alguna medida a las de 2018, tienen a las facciones opositoras operando en un solo terreno. Están menos dispersas, algo más obligadas, la consulta primaria ciertamente produjo un efecto que galvanizó un liderazgo.

La tesis del “quiebre político”, agotada, ha cedido paso, otra vez, a la fe en la herramienta del voto como instrumento movilizador (también agotada, y al mismo tiempo vuelta a nacer). “Claro que queremos votar”, declaró Machado hace poco, intentando zanjar con ello algunas críticas a sus posiciones del pasado. “No caigamos en ese chantaje. Pero no es sólo votar, es elegir; no es ser parte de una farsa, sino trazar una estrategia para conquistar la libertad”.

Al momento de escribirse estas líneas se desarrollaban prolongados encuentros entre la dirigencia de la Plataforma Unitaria y María Corina Machado para intentar encontrar una ranura a sus diferencias. La candidata es ella, pero parece que no puede, y no se sabe cómo es que lo hará posible.

Las relaciones de Machado con los dirigentes fundamentales de la oposición, por lo demás, no son particularmente buenas. El dilema consiste en cómo hacer efectivo el mandato que la haga candidata, y qué puede hacerse como alternativa en caso de que esto no sea posible.

La comprensible negativa de Machado a negociar su liderazgo choca, como estaba previsto, con el apremio de los partidos de la plataforma para tener resuelta la encomienda.

“En nuestras filas está uno de los mejores venezolanos para ser presidente, Manuel Rosales”, dejó caer, hace poco, con toda la intención y en el momento justo, Luis Emilio Rondón, uno de los dirigentes fundamentales de Un Nuevo Tiempo. “Estamos dispuestos a explorar, a buscar, a conseguir lo que sea necesario para que ese cemento se vuelva poderoso y la unidad sea una realidad”, dijo luego, procurando matizar, quizás confiando en que la ley de la gravedad consolide su interés.

La de Un Nuevo Tiempo es una de las pocas tarjetas disponibles para la oposición en el Consejo Nacional Electoral, y Manuel Rosales uno de los pocos políticos de la Plataforma Unitaria que es medianamente aceptado en el Palacio de Miraflores.

No será sencillo evitar, en esta parada, alguna ruptura a partir de desacuerdos insalvables entre las corrientes opositoras en negociación, sea ese u otro el nombre presentado. Tampoco sería en absoluto imposible que puedan retomar y acordar más adelante.

“Nunca habíamos estado en una posición como la actual para vencer electoralmente a la dictadura”, afirmó Julio Borges, máximo líder de Primero Justicia, al aproximarse a las negociaciones intra opositoras y las diferencias que persisten. “María Corina es la líder de este proceso. Me preocupa que no existe la unidad necesaria para poder vencer a Maduro”.

DDHH Olvidados | No hay quien cuide de las abuelas que se quedaron criando a sus nietos

Yolanda González tiene 67 años y desde 2018 está a cargo de sus nietos, tres varones de 15, 13 y 11 años. Su hija, Yesenia, desesperada por la situación económica, decidió emigrar a Perú en busca de un trabajo que le permitiera ayudar económicamente a su familia. En cinco años, Yesenia ha venido seis veces a Venezuela, especialmente en navidad y algunos cumpleaños. 

Yolanda vive en el sector La Dolorita, municipio Sucre, en el estado Miranda, comenta que sufre de la tensión y a diario padece por la falta de agua y la intermitencia en el servicio de gas doméstico. Se levanta a las 5:45 de la mañana para hacerle el desayuno a sus nietos y mandarlos al colegio. Luego, se ocupa de los quehaceres de la casa y a las 12 en punto ya tiene el almuerzo listo. En las tardes, se dedica a ayudar con las tareas escolares y otras labores domésticas. Asegura que se siente muy cansada, pero agradece que su hija vea por ellos y mensualmente envíe dinero porque “la situación en Venezuela es muy dura”. 

“Yo no puedo trabajar, tengo una mano que casi no me sirve y la tensión se me sube. Mi nieto mayor ayuda con las cosas pesadas de la casa y ahí vamos luchando entre todos. Me da pesar que mi  hija tenga que trabajar tanto y estar tan lejos, pero no podemos echarnos a llorar, hay que seguir. Solo le pido a dios vida y salud para sacar adelante a mis nietos”, dijo Yolanda. 

La situación de Yolanda no es única. Se repite con bastante frecuencia en las barriadas populares del país. Cifras del estudio realizado por la ONG Convite “Evaluación sobre las condiciones de vida y salud de las personas mayores en Venezuela 2023”, estiman que las mujeres mayores son las que tienen la mayor responsabilidad en las labores de cuidado. La encuesta, realizada a 1535 adultos mayores de 19 ciudades del país, arrojó que 36% de las abuelas están a cargo del cuidado de sus nietos bien sea porque los padres emigraron o porque están trabajando durante todo el día.

Abuelas indefensas ante la economía 

Uno de los grupos etarios más afectados por la prolongada crisis económica venezolana son los adultos mayores y en especial, las mujeres, debido a que las políticas de cuidados son prácticamente invisibles, los ingresos son insuficientes y el acceso a la salud pública es deficiente.

Según la última medición de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2023, la pobreza en Venezuela se ubicó en 50%, mientras que el estado de vulnerabilidad arropa, en su mayoría, a las mujeres. 89% de los hogares padece inseguridad alimentaria, término que describe cuando alguien no tiene acceso o no puede comprar suficientes alimentos nutritivos para su salud y bienestar general.

Actualmente, los adultos mayores que están pensionados por el Seguro Social venezolano reciben mensualmente 130 bolívares, unos 3.5 dólares, más un bono por concepto de “Guerra Económica”, por un monto de 900 bolívares, o 24 dólares. En total, 28 dólares mensuales que no todos reciben. Cabe establecer la comparación entre el ingreso que perciben las abuelas y la canasta alimentaria familiar de enero que tuvo un costo de 535,23 dólares, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM). 

De acuerdo con el estudio de Convite, el 71% de los encuestados que percibe la seguridad social que brinda el Estado lo califica como deficiente y afirman que no cubren las necesidades de las personas mayores. 

De los consultados, 58% afirmó que reciben la caja del Clap, de estos, 45% indicaron que dichos alimentos les duran 15 días independientemente de la cantidad de comidas que hagan al día. 

51% afirmó que algunas veces han tenido que reducir las porciones. 53% está consumiendo proteína animal de 2 a 3 veces por semana y 77% incluye los granos en su dieta para proporcionarse proteína vegetal cuando no pueden consumir carnes.

El informe de Convite sobre Victimización de las Personas Mayores correspondiente al segundo semestre 2023 reveló que aunque las mujeres mayores están menos expuestas a las muertes violentas en comparación con los hombres, el 28% de las víctimas mujeres (54) que fallecieron en circunstancias violentas fueron mayores de 55 años.

Adultas mayores también necesitan cuidados 

Angelina Sosa vive en Petare, municipio Sucre en el Estado Miranda, tiene 68 años y está a cargo de dos nietas de 14 y 12 años. Sufre del corazón y también de hipertensión. Afirma que cuidar de sus nietas es una bendición y una gran responsabilidad porque ellas no tienen mamá, pero al mismo tiempo, se siente cansada y quisiera llevar una vida más tranquila. 

“Ya soy mayorcita, a veces siento que necesito unas pilas nuevas. Yo las cuido y hago todo por ellas, pero a mi edad es difícil llevarles el ritmo a las niñas. Cuando me enfermo se complica todo porque no hay quien cuide de mí y tampoco de ellas”, dijo Sosa. 

El estudio de Convite arrojó que el 55% de las mujeres encuestadas se encuentran a cargo de otra persona o adulto mayor, 36% de niños, niñas y adolescentes, 11% cuidan de varias personas y 8% de alguna persona con discapacidad. 

A juicio de la psicóloga clínico Vanessa Nunes, el cuidado de los nietos es una cuestión de decisión. Asegura que hay personas que ejercen el rol de abuelos por decisión, vocación y amor y otros por obligación moral o presión de los miembros de la familia, «pero de manera objetiva, una persona de avanzada edad ya no tiene la energía y capacidad (física, emocional ni cognitiva) para todo lo que implica el cuidado de un niño».

La mayoría de las abuelas tienen el rol de ser consentidoras y amorosas con sus nietos. Tanto Yolanda como Angelina coinciden en que sus nietos son el motor que las anima día a día. Sin embargo, para ellas, no solo es acompañar y consentir, la labor implica tareas de higiene, educación alimentación y demás actividades extracurriculares. 

“Las abuelas están para que las cuiden, si bien es cierto que es común en nuestra cultura que las abuelas se encarguen de los nietos, hay que diferenciar entre ‘echar una mano’ o  que sean un apoyo a asumir el total cuidado de los nietos”, dijo Nunes. 

A toda la situación económica y social de las abuelas venezolanas se le suma que la salud mental podría verse afectada bien sea por las responsabilidades y la situación económica o la merma de la capacidad física. 

En este tema, la psicóloga Nunes enfatizó que a esa edad lo más añorado por los adultos mayores es estar tranquilo, descansando y disfrutando de los nietos, “lo cual es muy distinto a estarlos cuidando y formando”.

“Sí se puede ver afectada su salud mental por sentirse presionados con tantas responsabilidades impuestas o «elegidas». Estos abuelos pueden presentar síntomas como ansiedad, culpa,  tristeza, dificultad para dormir, estrés entre otros”, dijo Nunes.

Sobre la obligación de los abuelos de cuidar de sus nietos, Nunes comentó que actualmente se han ido introduciendo términos como el “síndrome del abuelo esclavo» que se refiere a cuando las responsabilidades del cuidado de los nietos sobrepasan sus capacidades reales.

“Estos abuelos lo hacen por obligación moral (lo que esperan de ellos, porque sus hijos lo necesitan), pero a costa de olvidar que son seres que también necesitan cuidados, atención y recreación, por cuestión de salud mental y bienestar emocional”, explicó. 

Vanessa Nunes afirmó que últimamente he escuchado muchos hijos quejarse de sus padres porque no quieren cuidar a sus nietos y aconseja que la decisión no debe ser percibida como algo malo, pues ellos están en su derecho de decidir si quieren o no tener esa responsabilidad o sólo ser abuelos presentes, consentidores que apoyan pero que no crían.

“La plata no alcanza” 

El esfuerzo físico de cuidar a los niños se agrava para los adultos mayores debido a la falta de recursos. Según las mediciones de Convite, el 79% de los encuestados usa medicamentos para tratar alguna patología, siendo la hipertensión arterial la enfermedad más común y también la que más afecta a las mujeres (60% de 858 personas con la enfermedad).

De las encuestas realizadas, el 61% respondió que no acude a consultas médicas periódicas para controlar su enfermedad. 51% indicó que puede adquirir las medicinas con dificultad, 26% solo puede comprar algunos de los recetados, para el 10% es difícil adquirirlos y el 7% los tienen cuando se los donan. 

Coromoto Rangel tiene 56 años y cuida de un nieto de cuatro años porque “le nace”. Desde hace varios años dejó de trabajar debido a dos hernias discales y osteoporosis en la columna y cadera que le impiden hacer trabajos pesados. Sus hijos la ayudan, pero aún así, afirma que costear sus tratamientos para la hipertensión y los huesos resulta bastante costoso. 

“Nada más el tratamiento que tengo que tomarme mensualmente para los huesos sale en 25 dólares, más la pastilla de la tensión, son como $40, eso sin contar las vitaminas, el calcio y la alimentación. De verdad es casi imposible cubrir todo”, dijo.  

En la encuesta de Convite 55% de las personas consultadas estiman recurrir a gastos mensuales superiores a 100 dólares, 75% de las personas mayores manifestaron estar siendo apoyados económicamente por sus familias, tanto las que permanecen en el país como las que están en el exterior; 24% indicó que se ayudan con varias alternativas como pedir dinero prestado.

Dos años sin ajuste del salario mínimo: el derecho vital que el chavismo olvidó

Dos años han pasado y el salario mínimo fue olvidado. Fue el 15 de marzo de 2022 cuando el gobernante Nicolás Maduro decretó el último ajuste salarial de los venezolanos a 130 bolívares. Desde entonces y hasta ahora, ese es el monto que perciben mensualmente millones de trabajadores como salario base, así como también los jubilados y pensionados. 

El oficialismo ha tratado de ignorar el hecho de que el salario mínimo está “pulverizado”, como lo denuncian sindicatos y defensores de los derechos de los trabajadores, y la única alternativa de “solución” que ha presentado ha sido la bonificación de los ingresos. 

Hace ya dos meses, el 15 de enero de 2024, Maduro ajustó el “ingreso mínimo mensual” de los trabajadores venezolanos. La medida no significó un aumento del salario base, sino del pago que se hace mediante el Sistema Patria, el Bono de Guerra Económica, a 60 dólares mensuales. El bono de alimentación sigue, según el oficialismo, en 40 dólares indexados a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Ese “ingreso mínimo mensual” lo perciben completo solo los trabajadores activos de la administración pública y no genera pasivos laborales, es decir, no influyen en el pago de vacaciones, utilidades ni liquidación. Los jubilados de la administración pública reciben el 70% de ese monto, es decir, 70 dólares, mientras que los pensionados solo perciben 25 dólares mensuales.

La aniquilación del salario mínimo como germen de la crisis humanitaria

De acuerdo con el informe anual del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), durante el año 2023, los trabajadores venezolanos protestaron en 4.100 ocasiones exigiendo salarios dignos. Esta cifra representa un aumento de 59 % en comparación con 2022.

“El reajuste de salario digno y suficiente sigue siendo el principal motivo de protestas en Venezuela”, señaló el OVCS en su informe.

La organización señaló que los ingresos por salario mínimo del trabajador venezolano resultan “precarios e insuficientes para alcanzar el acceso a vivienda adecuada, alimentación, cuidado a la salud física y mental de las familias”.

En el marco de un foro virtual organizado  el 8 de marzo de 2024 por el Observatorio Social Humanitario el representante de la firma de investigación Anova Policy Research, Omar Zambrano, destacó que la crisis humanitaria no ha desaparecido en los años de leve recuperación económica, pues las condiciones de vida de las personas dependen fundamentalmente de los salarios.

“Esa transacción es fundamental en la constitución de los ingresos de los hogares, por lo tanto, en el bienestar de las familias y de las personas. Lo que pasó en Venezuela tiene todo que ver con lo que pasó en el mercado laboral”, argumentó. 

Para Zambrano, esa caída “estrepitosa, brutal y abrupta” de los salarios reales es uno de los factores que explica la crisis humanitaria en Venezuela.

“El valor del trabajo en Venezuela se hizo trizas, se desapareció, se diluyó completamente a partir de 2015, 2016, 2017”, expresó.

“La crisis humanitaria se gestó en el colapso de los salarios y en la debilidad del mercado laboral y, mientras eso no se revierta, está para permanecer. Está pasando muy poco para revertir esta fragilidad económica. Mientras esto no se revierta seguirá la migración, porque el ciudadano no podrá cubrir sus necesidades básicas, el cambio debe ser en conducción de políticas, conductores y en los programas”, opinó. 

La caída del ingreso real de los venezolanos es uno de los factores que explica que al menos unos 14.000.000 de ciudadanos tengan necesidades críticas, es decir, que tienen comprometida su vida, integridad y seguridad “a un nivel importante”, como señaló en el referido foro virtual del Observatorio Social Humanitario Jo D’Elia, defensor de derechos humanos y coordinador de la plataforma Hum Venezuela.

El activista advirtió que, de no recibir asistencia inmediata, muchos venezolanos de ese grupo podrían pasar al grupo de “necesidades severas”, con riesgo de  sucumbir o tener daños severos, “desde pérdida de la vida hasta daños irreparables, como rezagos desde el punto de vista educativo, extenuación de medios de vida, miseria, explotación, trata, tráfico y desplazamiento”.

Por su parte, la novena edición de Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi 2023),  elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES), concluyó que la  pobreza de ingreso “sigue siendo uno de los grandes escándalos que padece la sociedad venezolana”.

La Encovi registró cinco años consecutivos de aumento de la pobreza de ingresos entre 2014 y 2019. En el año 2020 tocó su techo. Entre 2021 y 2022 la “liberalización económica” redujo la pobreza a niveles similares de 2017, pero en 2023 se detuvo esa leve mejor.

Este estudio también determinó que 89% de los hogares padece inseguridad alimentaria y que la mitad de los hogares encuestados no perciben ingresos suficientes para cubrir la canasta alimentaria, lo que se categoriza como una situación de pobreza extrema.

El salario mínimo fue “pulverizado”

Leida Marcela León, presidenta de la  Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI), señaló que el concepto de salario mínimo “no existe” hoy en Venezuela. “Fue pulverizado, y con él, todos los derechos y reivindicaciones derivadas del valor humano del trabajo”.

“El salario mínimo es tan mínimo, tan bajo, tan ínfimo, que no proporciona ni a los trabajadores ni a sus familias condiciones de vida adecuadas”, denunció León en conversación con Runrun.es

Para Leida Marcela León, desde el gobierno y la patronal privada existe “un juego en usar términos que disfrazan la desaparición del salario”.

Señaló que tanto patronos públicos como privados hablan del “concepto de ingreso”, que no es más que la bonificación de los derechos laborales, todo con el objetivo de “seguir desapareciendo el salario mínimo”.

León denuncia que esta política de congelar el salario en lugar de los precios de la canasta y servicios básicos, “ha aumentado las desigualdades y nos ha convertido en hogares muy pobres”.

“Hoy, la inflación, la corrupción, la crisis política, las tres reconversiones, las sanciones y la errada política de congelación del salario y los contratos colectivos, desvanecieron la calidad de vida, ya el salario no es suficiente para comer, no es suficiente para cubrir la salud y no es suficiente para cubrir la educación”, lamentó.

Leida Marcela León advierte que se ha perdido la salud, el futuro del país, beneficios de contratos colectivos, vacaciones, aguinaldos, horas extras, bonos nocturnos, dotaciones y prestaciones al tener “un salario mínimo tan invisible”.

¿Es posible la “recuperación progresiva” del salario?

La presidenta de la Central de Trabajadores ASI, Leida Marcela León, explicó que desde la organización han hecho varias propuestas de acuerdo al momento. Por ejemplo, recordó que en los momentos de la pandemia de COVID-19 plantearon un “ingreso de emergencia” y una ley de emergencia laboral.

“En el contexto actual, de disminución de la inflación y del inicio de un proceso de recuperación y crecimiento económico, así como la mejora en el ingreso fiscal, en el ingreso de divisas y en la recuperación petrolera, pedimos una reconstrucción y recuperación progresiva del salario mínimo nacional”, señaló.

Para conseguir esa recuperación, explicó León, al revisar los indicadores y la canasta de consumo mínimo de los trabajadores que realizan mensualmente en Central ASI y ante la no publicación de la canasta normativa del Instituto Nacional de Estadística (INE), plantean “un salario mínimo de arranque de 200$, que debe ir recuperándose progresivamente en la medida que mejore el crecimiento económico, es decir bajo un método de equilibrio entre la producción y el consumo, hasta llegar al salario mínimo vital”.

León considera que el ajuste del salario mínimo nacional constituye un “potente estímulo económico”, pues el salario más alto fomenta el consumo, “lo que conduce a una mayor demanda agregada e incluso a una mayor productividad”. 

“El salario mínimo debe tener en cuenta el costo de vida, y debe actualizarse periódicamente para garantizar que los salarios reales de los trabajadores no se deterioren con el tiempo y no hagan que la brecha sea tan descomunal como ocurre actualmente”, señaló.

Bonificación del salario es insuficiente

Leida Marcela Moreno señaló que con el Bono de Guerra Económica, que para trabajadores activos en la administración pública equivale a 60 dólares “se produce el cuento del real y medio” con el que apenas pueden pagar la electricidad, internet, gas, subsidio de gasolina, y bolsa CLAP. “Es decir, se lo devolvemos al Estado”.

Recordó además que hay diversos montos de bonificaciones además del de “Guerra Económica” para funcionarios públicos. Por ejemplo, los trabajadores de alto nivel, dependiendo del grado de responsabilidad y jerarquía, pueden recibir unos 120 dólares mensuales, lo cual también “es insuficiente para cubrir las necesidades básicas esenciales que permitan vivir dignamente”.

En el caso de los funcionarios de cuerpos de seguridad como el Cicpc y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), perciben una bonificación de al menos dólares. Sigue siendo insuficiente “y menos aún ante el medio ambiente de trabajo de ese sector”, dijo.

Se refirió a otros beneficios o bonos del Sistema Patria que no son para los trabajadores , sino para sectores comunitarios, por ejemplo, Hogares de la Patria, Amor Mayor, José Gregorio Hernández, Escolaridad, entre otros. Además, recordó que los trabajadores de la economía informal son los de la “mayor fuerza de trabajo” y estos no reciben el Bono de Guerra Económica.

Depender de las remesas y dedicarse a la economía informal

Leida Marcela León señaló que para poder sobrevivir ante los ingresos insuficientes, los trabajadores dependen, en muchos casos, de las remesas que envían los familiares que migraron. 

Sobre los migrantes que envían remesas, León señaló que muchos están en el exterior con una baja calidad de vida y en condiciones de trabajo difíciles, pues algunos “no son bien remunerados, sufren humillaciones, xenofobia, maltrato y discriminación”.

“Hoy vemos que los montos de esas remesas son de 30, 50 hasta 100 dólares, lo cual también es insuficiente, pero ayuda a paliar”, señaló.

En segundo lugar, indicó que la mayoría de trabajadores se han trasladado al sector informal de la economía, en “emprendimientos caseros de emergencia”, sin formalidad laboral en pequeños negocios como “venta de alimentos, delivery, manicure y pedicure, repostería, ventas por catálogo, ventas por internet, ruletas, rifas online”, entre otros.

Otra forma de subsistir es el trueque de víveres contenidos en las bolsas de alimentos, por vegetales, frutas y hortalizas, “como complemento de la dieta nutricional”, acotó León.

SenosAyuda cumple 18 años luchando junto a la mujer venezolana contra el cáncer de mama

SenosAyuda celebra su 18 aniversario luchando junto a la mujer venezolana contra el cáncer de mama. Fundada en octubre del 2006 por Bolivia Bocaranda, Beatriz Ottengo e Ingrid Borges, tres sobrevivientes de cáncer de mama, SenosAyuda se ha convertido en una gran aliada de la mujer venezolana en la lucha y prevención contra el cáncer de mama. 

18 años después de su fundación, SenosAyuda tiene el mismo leit motiv: superar la enfermedad y celebrar la vida. 

Según cifras de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, al menos 22 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama al día en nuestro país y lamentablemente, nueve de estas 22 mujeres fallecen por no tener la posibilidad de acceder a un tratamiento oportuno. 

SenosAyuda reporta que desde el año 2018 vienen experimentando un alarmante crecimiento en la cantidad de personas que llegan a sus puertas solicitando algún tipo de apoyo, que va desde una ayuda económica para una mamografía hasta consultas con alguno de los especialistas que ofrecen en su sede en Caracas. Lo mismo se puede apreciar en sus sedes regionales en Nueva Esparta y Anzoátegui. 

Con motivo de la celebración de estos 18 años, su presidenta, Bolivia Bocaranda comentó: “Hoy, cuando llegamos a este aniversario de 18 años, no me queda más que agradecer a todo y cada uno de estos aliados que nos han apoyado a lo largo de estos años. Esto comenzó como una lucha personal que emprendí junto a dos amigas y hoy estamos recibiendo más de 400 mujeres mensualmente en la fundación”.

 

En sus declaraciones, Bocaranda enfatiza que esta es una batalla que libran durante los doce meses del año, si bien es cierto que en octubre -catalogado como el “mes rosa” para la lucha y prevención del cáncer de mama- reciben el apoyo de mucha gente.

Por esa razón, una de las metas que tienen para 2024 es concientizar a la gente que el cáncer de mama es un flagelo que ataca todo el año y es una lucha que se puede dar si se tienen los recursos para hacerlo.

 “Este es mi anhelo hoy, poder seguir ayudando, sumando esfuerzos y apoyando a las mujeres  (y hombres) en Venezuela a vencer un diagnóstico de cáncer de mama. Sabemos que podemos hacer más, pero cada vez es más cuesta arriba por la falta de recursos”, recalcó Bocaranda.

SenosAyuda
Foto/Cortesía SenosAyuda/

Atención temprana para vencer

“La mejor arma para lograr vencer el cáncer de mama es un diagnóstico temprano”, declaró Isis Cobos, gerente de atención al paciente en SenosAyuda. Cobos informó que desde el año 2022 reciben más de 500 solicitudes mensuales de apoyo en consultas, exámenes de detección y tratamientos. 

“Sin la ayuda que recibimos por parte del gremio médico en Venezuela esto no sería posible. Tenemos a unos doctores y doctoras que no solo velan por la salud de sus pacientes, sino que muchas veces terminan siendo un apoyo emocional fundamental en esta lucha. La sensibilidad, delicadeza y ganas de ayudar son temas que vivimos a diario en nuestra sede. Y a todo este maravilloso equipo de médicos no podemos sino darle las gracias y reconocer el gran esfuerzo que hacen por seguir apoyándonos”, agradeció Cobos. 

 

Por su parte, Vanessa Ochoa, vicepresidenta de la fundación, reconoció la labor del voluntariado que les acompaña en esta titánica labor, semana a semana. “Como sobreviviente de cáncer de mama, puedo asegurar que, una vez superada la enfermedad, no vuelves a ser la misma mujer. Algo cambia y las ganas de ayudar y acompañar a otras mujeres es algo tangible y palpable. Es por eso que contamos con el apoyo de grandes mujeres y hombres que se acercan todas las semanas a nuestras puertas a preguntar en qué nos pueden colaborar”. 

Ochoa afirmó que entre los planes que tienen para este año está una serie de eventos y alianzas en busca de recaudación de fondos. 

“El cáncer de mama está presente todo el año y desde SenosAyuda estamos decididos a dar la pelea los 365 días del año. No puedo dejar de reconocer de igual forma el apoyo invaluable que hemos recibido de empresas durante estos últimos meses, quienes de forma desinteresada aportan su granito de arena en esta lucha”, remarcó. 

Primera causa de muerte oncológica en venezolanas

La Sociedad Anticancerosa indica que el cáncer de mama sigue siendo la principal causa de muerte oncológica en las mujeres en Venezuela, aunque hace 20 años era el cáncer de cuello uterino.

Las estadísticas de proyección señalan que los nuevos casos de cáncer de mama en las mujeres pueden suceder con mayor frecuencia entre los 45 y 54 años. El no diagnosticarse a tiempo puede restar hasta 20 años de vida a las pacientes.

Se calcula que la mortalidad femenina por esta enfermedad se ubique en 3.515 personas al cierre de 2023, con una incidencia que llegaría a 8.691 casos, según los datos proyectados por la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), e incluidos en su informe anual. 

¿Cómo colaborar con SenosAyuda?

Hay muchas formas de colaborar con la asociación y los pacientes que benefician: como voluntario, servicio comunitario o mediante patrocinio empresarial.  Usted también puede contribuir con sus donativos a través de distintas entidades bancarias.  Haga clic acá para conocer más información y sumarse a esta lucha por la vida y contra el cáncer de mama, que no es exclusiva de las mujeres, sino de todos. Su apoyo puede marcar la diferencia.

Para más información, visite el sitio web de SenosAyuda o redes sociales. Instagram: senosayuda.

“Simón” reaviva el debate sobre las protestas y la tortura en Venezuela

A pocos días de su estreno el 1 de marzo en la plataforma de streaming Netflix, la película “Simón”, del director Diego Vicentini, escaló hasta el puesto número uno de las más vistas en Venezuela. También se metió entre las diez más reproducidas en Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y el 5 de marzo se ubicó entre las diez películas más vistas en todo el mundo en Netflix. 

La cinta, que relata la historia de un activista venezolano que fue detenido y torturado tras liderar un grupo estudiantil que protestaba contra el gobierno y que huyó a Estados Unidos, fue estrenada en 2023, proyectada en las salas de cine del país y hasta recibió una nominación a los Premios Goya. Pero fue su incorporación en Netflix lo que movilizó un amplio debate  en redes sociales y masificó su impacto. 

No en vano el tópico #Simón permaneció entre las tendencias más comentadas en la red social X  en Venezuela durante los primeros cinco días de marzo de 2024, en una especie de ejercicio colectivo de catarsis, reflexión e identificación con los temas que trata, que no son ajenos a la vivencia de miles de venezolanos en la convulsionada y compleja última década de crisis política y económica, en donde las detenciones arbitrarias y denuncias de tortura han originado investigaciones de organismos internacionales, como la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. 

Testimonial abierto sobre la represión y la tortura

En X predominan los comentarios de quienes se vieron tocados de cerca por “Simón”, tanto por ser víctimas directas o indirectas de persecución, detenciones arbitrarias y/o torturas o tratos crueles por motivos políticos o por participar en las masivas protestas tanto del año 2014 como de 2017. 

Benjamín Scharifker, exrector de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Metropolitana, opinó que la película “expone descarnadamente la barbarie de la tiranía en Venezuela”.

“Miles de jóvenes lo han sufrido en carne propia. Muchos, millones de venezolanos, se han visto obligados a desplazarse fuera del país”, señaló Scharifker en su cuenta de X.

Elisa Trotta, defensora de DDHH y fundadora del Foro Argentino por la Democracia, también coincidió en que la película es un testimonial de  “la tortura, la represión, el terror, la detención arbitraria, los calabozos hechos para martirizar a los presos políticos del chavismo”.

“La película ha provocado lágrimas y conmoción en algunos, destapando realidades ocultas (e ignoradas) por demasiado tiempo. Otros sienten temor al enfrentar el dolor y revisar sus acciones durante esos años críticos. Estas reacciones, humanas, evidencian que como sociedad e individuos, aún nos queda camino por recorrer”, reflexiona Trotta en una publicación de redes sociales.

Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, consideró que el régimen venezolano “convirtió en mártires a los miles de ‘Simón’ que salieron a las calles a protestar por la economía, la inseguridad, el hambre y la falta de oportunidades”.

“Simón es una película que nos interpela, nos hace reflexionar sobre la necesidad de hacer memoria histórica y nos ayuda a recordar siempre que los responsables son aquellos que han usado y disparado las armas de la República contra su pueblo, esos que hoy son investigados ante la CPI por crímenes de lesa humanidad”, añadió Guanipa en un mensaje que publicó en X.

Y más allá de las reflexiones, afloraron las historias de quienes vivieron en papel protagónico lo que “Simón” recrea en ficción.  Leonardo Manrique, coordinador de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, fue preso político en Venezuela. Lo detuvieron en el estado Táchira en el año 2014, momento político del país al que justamente hace referencia “Simón”. Fue la primera oleada de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en el marco de un movimiento denominado “La Salida”.

A propósito del filme, Manrique consideró que todo lo que refleja  el personaje principal  “es verdad”, y expresó que respecto a estos temas “hay heridas abiertas, sentimientos encontrados y miles de personas que quieren olvidar lo que ha pasado en sus vidas”.

“No sé si llamarlo resiliencia o aprendizaje, mi admiración a todos los que hemos vivido algo similar”, escribió Manrique en X.

Una ciudadana que pidió asilo fuera de Venezuela y quien prefirió mantener su identidad bajo resguardo comentó a Runrun.es que no ha sido capaz de ver la cinta. ¿La razón?: “Mi hijo, de alguna forma, fue Simón. No puedo recordar todo lo que pasó sin llorar”.

“A él lo detuvieron en una protesta, lo torturó un funcionario con acento cubano disfrazado de guardia nacional y le dispararon perdigones a quemarropa, aún cuando ya lo tenían esposado en el suelo. Fueron días de no saber de él, de angustias. Lo querían responsabilizar por terrorismo. Finalmente, logramos su libertad y tomé la decisión de sacarlo del país”, expresó.

Dylan Canache, quien fue detenido aún siendo menor de edad el 14 de enero de 2018 por el Sebin, también publicó en X memorias de su experiencia como preso político. Su detención se produjo en enero de 2018. Había protestado en 2017, pero meses después su familia denunció que le tendieron una emboscada mediante una “amiga” y lo arrestaron en una estación del Metro de Caracas. Fue excarcelado en junio de 2018.

«Cuando entré a El Helicoide (una de las sedes del Sebin) , luego de la primera sesión de golpes en busca de una confesión (que no obtuvieron), me llevaron al ‘C2’. Ahí me sentaron en un típico escritorio, frente a un comisario que me dice: ‘¿No te acuerdas de mí? ‘Yo soy el diablo, y tú estás en mi infierno”, narró a partir de lo que asegura fue su experiencia.

El comentario lo hizo tras citar en X un extracto de una escena de “Simón” en la que el actor  Franklin Virgüez, quien personifica al “coronel Lugo” – un militar de rango superior que da órdenes en los centros de tortura- incita al protagonista a firmar una orden para llamar a detener las protestas, no sin antes sugerir que un grupo de muchachos “que usan mascaritas de terroristas” son incapaces de lograr  con esas acciones un cambio político en el país.

Según lo relatado por el expreso político Canache su historia, sin duda, tiene muchos paralelismos con lo que se exhibe en “Simón”.

Me dieron un guion donde decía que yo era el líder de una célula terrorista financiada por María Corina, y estaba organizando actos desestabilizadores. Obviamente, no grabé nada diciendo esto, por ende, me golpearon una vez más antes de llevarme a poner las huellas. Me toman mis datos, y entra el tercero al mando del Sebin y me pregunta: ‘Que querías hacer tú, carajito? ¿Tú no sabes que eres un terrorista? ¿Sabes  lo que es un terrorista? Tú eres un terrorista, con tu mascarita, asustando a la gente, causando terror”, recordó. 

Esta escena a la que hizo alusión Canache también despertó la frustración de algunos ciudadanos por las detenciones y las bajas civiles en las protestas y por la impunidad en estos casos.

La usuaria en X @MMvickitoria expresó que este monólogo le afectó sensiblemente porque  “los muertos quedaron en el 2014, los presos siguen presos, y no pasó nada”.

El debate pospuesto de una herida nacional

Rafael Uzcátegui, defensor de los derechos humanos y codirector del Laboratorio de Paz, comentó que una película como “Simón” abona en el proceso de construir memoria colectiva, una reconstrucción que la sociedad hace de su pasado y que solo es posible con la suma de todos los recuerdos individuales que le dan sentido y explicación a un hecho sociopolítico.

Para Uzcátegui, la importancia de una película como “Simón”  es que “rompe un silencio impuesto y nos obliga a recordar que estas consecuencias crudas y horribles de la represión que, insisto, motivaron a la primera investigación en América Latina por parte de la Corte Penal Internacional continúan allí, impunes. esas prácticas continúan siendo ejercidas en el presente por el gobierno y por los organismos policiales y militares y, por supuesto, necesitamos mecanismos para que eso se investigue y se sancione”.

En Venezuela, así como es tarea pendiente la justicia y la reparación de las víctimas, también lo es reconstruir un aprendizaje colectivo sobre los sucesos sociopolíticos que han marcado esta última década. 

“Lamentablemente, esa suma de recuerdos individuales no la hemos hecho en Venezuela con respecto a las protestas del año 2017 En mi opinión, esas manifestaciones han sido las más importantes, tanto por su magnitud como por su duración, después de las ocurridas en el año 1958 (…) Las de 2017 han sido un fenómeno que, en una situación normal, hubiese generado discusiones, libros, debates interminables sobre aquello que generó y significó ese proceso de movilización ciudadana”, argumentó.

Uzcátegui recordó que la represión y la instauración por vía ilegítima de una Asamblea Nacional Constituyente derrotaron esas protestas.  Y a pesar de que han transcurrido siete años, desde entonces,  “no hemos podido procesar como país ni como movimiento democrático esa derrota, no hemos podido hablar sobre lo que pasó para extraer los aprendizajes necesarios que le den sentido al momento en el que estamos ahora”.

La represión, el temor y el miedo entre los ciudadanos ha impedido tener esa conversación abierta. “En 2017 más de 140 personas perdieron la vida, muchas fueron detenidas, hubo casos horribles que motivaron la actuación de organismos internacionales de protección de DDHH por lo que pasó. Hay miedo, temor, y mucha gente ha preferido pretender olvidar aquella circunstancia”, recalcó Uzcátegui. 

Pero también, según destaca el defensor de derechos humanos, el propio liderazgo de partidos opositores intentó pasar la página con respecto a estos hechos. “Y este olvido o amnesia inducida lo que intentaba era no reconocer su propia responsabilidad en lo ocurrido como líderes de aquel movimiento, y además no solo no reconocer su responsabilidad, sino también evitar decir en qué falló la estrategia y por qué camino o por cuál otra nueva estrategia iba a ser sustituida o cambiada. Esa valoración política, que la hubiese hecho cualquier liderazgo responsable en otra parte del mundo, eso en Venezuela no ha ocurrido”, opinó.

Además de lo anterior, el gobierno capitalizó el estado de ánimo de esa derrota colectiva adelantando las elecciones presidenciales de 2018; se instaló en 2019 un gobierno interino que no logró el cambio político que prometió y el poder nuevamente se aprovechó de ese rosario de derrotas para desmoralizar. Luego, la pandemia emergió en el panorama para mantener a la población en confinamiento y se sumó a los factores que contribuyeron con la “amnesia colectiva” sobre la herida abierta de las protestas. 

A juicio del experto, la proyección de una película como “Simón” hace que esa discusión pendiente tenga lugar siete años después y en los términos en los que debía haber ocurrido a finales de 2017: “Con toda la rabia, frustración, con todas las interpretaciones posibles y con el estrés postraumático que la situación generó. Fue algo que nos obligaron a olvidar, y cuando apenas se presenta una oportunidad para el recuerdo, nos genera todas unas situaciones como si lo hubiésemos acabado de vivir, porque no hemos procesado como campo democrático todo aquello que ocurrió, porque no hemos hablado. Se ha convertido en un tabú político no solo para el gobierno, sino también para la oposición”.

El ADN crítico del cine venezolano

Bernardo Rotundo, presidente del Circuito Gran Cine y distribuidor y productor independiente, enfatiza que el cine venezolano, en el transcurso de su historia, ha sido “crítico y disidente”.

“Si revisas las obras cinematográficas de los 70 financiadas por el gobierno, cuestionaban la sociedad, al país, y hacían juicios sobre cómo se llevaban las prácticas democráticas. Es decir que en el ADN constitutivo del cine nacional siempre ha habido un pensamiento crítico y reflexivo. Y pienso que eso no debería cambiar, al contrario, ese sentimiento debería mantenerse y esa forma de narrar y de contar historias no debería perder su esencia o mirada crítica”, opinó. 

Sobre “Simón”, precisa que muestra una visión de los hechos ocurridos en las protestas populares que se registraron en todo el país en 2014 y 2017 y que la elite gobernante llamó “guarimbas”. 

“La represión se concentró fuertemente en los sectores populares y asfixió que se desarrollara cualquier expresión de inconformidad (….) pero en otros sectores de la ciudad hubo movilizaciones que fueron reprimidas. Que hubo excesos y situaciones que se salieron de control, eso sin duda, porque las tensiones eran sumamente altas. Pero hubo alta represión, mucha gente en las calles, y Simón recrea esos parajes, eso ocurrió en el país”, describió.

Rescató que las protestas, más allá de algunos excesos, fueron la expresión de un pueblo “lleno de mucho pesar, inconformidad y descontento por la realidad que le ha tocado vivir”. Se refirió también a la cifra de más de 8.000.000 millones de migrantes -dato que indica, es tomado de las investigaciones del Observatorio Venezolano de la Diáspora, a cargo del sociólogo Tomás Páez– que han abandonado el país  y que también son el símbolo del “desgaste” por la situación. 

“Películas como Simón deberían generar una reflexión crítica de lo que ha estado ocurriendo en el país. Ha sido la película más vista a nivel nacional en las salas de cine y ahora al llegar a Netflix va a multiplicar sus visualizaciones. Esta reflexión de cómo en el país se han aplicado tratos crueles e indignos contra los ciudadanos es una situación que está latente. Recientemente, en el penoso caso del militar venezolano que fue encontrado muerto en Chile, aparentemente hay una publicación donde él escribió situaciones bastante cuestionables acerca de las prácticas inhumanas que se han llevado a cabo en los centros de detención del país y esa expresión la vemos en la película Simón”, mencionó Rotundo.

El caso al que hace referencia es el del exteniente Ronald Ojeda, quien estaba como asilado político en Chile, fue secuestrado dentro de su propia residencia por personas no identificadas y días después apareció muerto y sepultado.

Javier Ojeda, hermano del exteniente, reveló que el exmilitar asesinado en Chile dejó un escrito de 185 páginas en las que contaba sobre las torturas que sufrió cuando la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) lo detuvo. Javier explicó que Ronald, tras salir de Venezuela huyendo de la prisión, comenzó a escribir sus vivencias y dejar registro de ello.

Chavismo busca contrarrestar el impacto

La ONG Cazadores de Fake News reveló que, tras estrenarse la película “Simón”, el oficialismo comenzó a promover la narrativa de que el asesinato de Oscar Figuera es un “crimen de odio”, para contrarrestar el impacto del filme “e invisibilizar las muertes a manos del Estado venezolano en el marco de las protestas gubernamentales de 2017”.

Figuera fue un joven de 22 años que murió el 4 de junio de 2017, 15 días después de ser apuñalado y quemado vivo en Altamira, Caracas, por terceros mientras se desarrollaba una protesta antigubernamental en la misma zona el 20 de mayo de 2017.

En su momento, el oficialismo promovió la versión de que Figuera fue atacado por miembros de la oposición por el hecho de “ser chavista”, y calificó el delito como un crimen de odio toda vez que ofreció un balance de 29 personas que fueron quemadas vivas, supuestamente por discriminación racial, política y socioeconómica, recordó Cazadores de Fake News.

Sin embargo, los informes del Ministerio Público sobre las víctimas fallecidas y lesionadas durante manifestaciones entre abril y junio de 2017 contradicen esta versión gubernamental.

¿Cómo procesar el “efecto” Simón?

 Rafael Uzcátegui, defensor de los derechos humanos y codirector del laboratorio de Paz, cree que apostar nuevamente al olvido y al silencio sobre el dolor colectivo que ha dejado en el país la represión y las protestas no puede ser una opción.

Obligarnos a olvidar lo que pasó no hará que eso mágicamente desaparezca: ni las protestas, ni los términos en los que ocurrieron, ni las consecuencias políticas, económicas, sociales y prácticas que de ellas se derivaron”, argumenta.

Mientras que Bernardo Rotundo, presidente del Circuito Gran Cine, considera que todos los venezolanos “debemos asumir la responsabilidad de lo que está ocurriendo en nuestro país”.

“Falta un punto de acuerdo donde podamos tratar de buscar un espacio para la coexistencia. Las expresiones de intolerancia y de desbordada emocionalidad que se ven en las redes sociales deben tratar de canalizarse, para evitar que sea la confrontación violenta la que trate de resolver nuestros problemas (…) Tenemos que intentar dialogar y negociar para propiciar que tanto la élite gobernante transite hacia la democracia como que los factores que hacen vida en la oposición también la ejerzan, porque el autoritarismo está presente en ambos lados”, concluyó.

Andrea González y Yakary Prado

El apagón cumple 5 años y los venezolanos siguen prendiendo velas  

Cerca de las 5 de la tarde del pasado 7 de marzo de 2019, cuando la mayoría de los venezolanos se disponían a regresar a sus hogares después de la jornada laboral, un apagón los agarró desprevenidos.

En un principio, y como era costumbre hasta ese entonces, se pensó que el servicio eléctrico iba a volver luego de unas horas, pero la espera fue prolongada y lo que comenzó como una anécdota se transformó en días de angustia que decantó en tragedia para algunos.

Cifras extraoficiales hablan de casi 30 muertes producto de la deficiencia de energía en hospitales, clínicas, centros asistenciales y hogares. En algunos estados la agonía se prolongó hasta por siete días, las pérdidas fueron mil millonarias y el desgaste emocional y físico de ese entonces provocó que algunos aún se exalten y afloren los nervios cuando hay una fluctuación eléctrica.

“La posibilidad de que eso suceda otra vez sigue latente, porque no se ha hecho correctivo alguno, no se ha invertido un centavo en el Sistema Eléctrico Nacional…estamos igual o peor”, dijo un extrabajador de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) que prefirió no dar su nombre.

Como es tradición, el Gobierno nacional no asumió la responsabilidad del apagón nacional y echó la culpa a agentes externos

Como una “guerra eléctrica”  definió el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez. Nicolás Maduro sostuvo que se trataba de una arremetida del imperio estadounidense en complicidad con el entonces presidente interino, Juan Guaidó

El ministro de Comunicación de ese momento, Jorge Rodríguez, involucró al senador estadounidense, Marco Rubio, en el supuesto sabotaje contra las instalaciones venezolanas.

“El apagón y la devastación que lastiman a los venezolanos no se debe a Estados Unidos. No se debe a Colombia, ni a Ecuador, ni a Brasil, ni a Europa, ni a ningún otro lugar. La falta de energía y el hambre son el resultado de la incompetencia del régimen de Maduro”, dijo Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos.

“Los pacientes están muriendo”, expresó en medio de esas dramáticas horas el dirigente sindical de clínicas y hospitales de Caracas, Mauro Zambrano.

El entonces diputado y también médico, José Manuel Olivares, asomó la muerte de 34 pacientes en todo el territorio nacional.

Con el apagón qué cosa sucede 

Aunque en el canal de propaganda del chavismo Venezolana de Televisión (VTV) anunciaban el sábado 9 de marzo que en la mayoría de los estados se había restablecido el servicio, la realidad era que en el interior del país la penumbra seguía siendo la constante.

Miles de personas empezaron a temer por la alimentación con comida descompuesta en sus refrigeradores. En Caracas varias personas cargaban agua de las riberas del contaminado río Guaire, las operadores telefónicas estaban prácticamente fuera de servicio, hubo saqueos, conatos de revueltas sociales, represión por parte de policial y militar y no había forma de cancelar por un producto en un establecimiento.

La dolarización de facto tuvo sus inicios con un apagón que no dejó otro recurso que sacar las divisas que se tenían guardadas para un imprevisto. 

“Eso pasó porque los equipos son viejos y no reciben mantenimiento, no hay repuestos, ni tampoco personal capacitado”, declaró a CNN Miguel Lara, exejecutivo de Corpoelec.

Mientras NetBlocks informaba que 96% de la infraestructura de telecomunicaciones se encontraba fuera de servicio, el entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, declaraba en VTV que 70% del país ya tenia luz eléctrica. 

El domingo 10 de marzo, Juan Guaidó, quien para entonces había jurado como «`presidente interino». decretó un “estado de emergencia nacional” y desmintió a Cabello al señalar que 16 de 23 estados continuaban sin electricidad. Sentenció que el sector había perdido hasta el momento 400 millones de dólares.

El fiscal impuesto por la ANC, Tarek William Saab, anunció una investigación contra Guaidó por su supuesta responsabilidad en el apagón y Pompeo anunció la salida del personal de la embajada de los Estados Unidos en Caracas. “La presencia de diplomáticos se ha vuelto una limitación para la política estadounidense”, indicaba entonces. 

Interrupciones eléctricas viven, la lucha sigue

De acuerdo a una encuesta efectuada por el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos (OVSP) en noviembre de 2023, en al menos doce ciudades del país sus usuarios reportaron sufrir interrupciones eléctricas diarias.

Según los resultados, las ciudades con mayores porcentajes de cortes diarios son Barinas (93,8%), San Cristóbal (90,3%) y Mérida (85,9%). 

La peor valoración del servicio eléctrico la encabezan los habitantes del estado natal de Hugo Chávez con 91,%, seguido de Maracaibo (89,9%) y Mérida (89,8%). 

La única ciudad con una valoración positiva es Caracas con 54,2%.

43,9% de los habitantes de doce ciudades en el país consideran que la razón de su evaluación negativa son las constantes fluctuaciones, mientras que 28,8% se decanta por el racionamiento.

“No hay esperanza de que esto mejore mientras sigan los mismos a cargo del SEN”, enfatizó el exempleado de Corpoelec consultado para este trabajo.

 

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La candidatura de María Corina y el debate adelantado

De manera subrepticia, y con alguna progresividad, ciertos políticos y activistas civiles comienzan a deslizar a la audiencia consultas en las redes sociales en torno a la hipotética elección de un candidato de consenso que sustituya a María Corina Machado, ante la aparente inexorabilidad de su inhabilitación política.

 Apenas salió ganadora de las primarias opositoras, algunas voces comenzaron a dudar de la posibilidad de que llegase a ser la abanderada opositora y parecían poner la prioridad en su sustituto en vez de forzar la participación. Casi de inmediato, Sergio Garrido, gobernador de Barinas, advirtió que “no nos vamos a parar por ella y escogeremos entre todos un nuevo candidato o candidata”.

 Es una proposición que parte de una aproximación anímica mucho más frágil con el compromiso político que generaron las elecciones primarias el pasado 22 de octubre, y -todavía más evidente- de un desencanto personal respecto al candidato ganador.

 Estos planteamientos por ahora lucen relativamente marginales y por ahora la mayoría de la oposición rechaza sustituir a Machado y también Estados Unidos. “En este momento estamos enfocados en la inhabilitación. Ella es la candidata de oposición y debe tener el derecho a participar”, afirmó el jefe de Misión de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri, en entrevista realizada con la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por los medios El Pitazo, Runrun.es y TalCual, el 1 de febrero de 2024.

Las voces que piden un reemplazo de consenso parecen destinadas a aumentar en intensidad y frecuencia en unas semanas. Sin embargo, no parece sencillo. “Luego de Machado, pocos cuentan con ese puntaje de intención de voto”, estimó Jesús Seguías, director de Datincorp, en conversación con la Voz de América.

Machado, firme en su candidatura

 Parece muy obvio que, así como el gobierno difícilmente le permita participar, Machado no declinará en nadie su papel como candidata presidencial y líder del campo democrático en esta hora y así lo ha ratificado tanto la propia candidata como los principales partidos de la oposición.

No se trata sólo de los votos de las primarias.  María Corina Machado en este momento triplica a Maduro en intención de voto; en un escenario democrático normal, no trastornado por el autoritarismo como el nuestro, sería capaz de derrotar a todos sus enemigos unidos, chavistas alacranes y opositores, si decidieran enfrentarle.

 Por mucho que a algunos en la oposición les moleste, habría que reconocer que tal renuencia a entregar el mando, mucho más si es antes de tiempo, es legítima, puesto que Machado es portadora de un capital político gigantesco, bastante inusual en estos tiempos, por lo demás.

 Como vivimos en una sociedad mediatizada por el miedo y el oportunismo, es obvio que el contenido, las dimensiones y los quilates de este liderazgo emergente no pueden ser evaluados por la opinión pública, medios de comunicación, programas de opinión y firmas encuestadoras, con la misma naturalidad, cabalidad y libertad de consciencia con la cual fue analizado el arrastre que tuvo Hugo Chávez en un año como 2005.

 Cuesta figurarse que las dificultades legales planteadas coloquen a Machado en trance de ofrendar sus logros personales voluntariamente a un adversario interno. Es mucho más probable que la veamos haciendo sus recorridos, exigiendo su legitimidad, cuestionando los procedimientos institucionales chavistas que la han sacado del juego. María Corina Machado tiene algunas herramientas para jugar un papel en las presidenciales de 2024, y va a usarlas.

 Estas tendencias contrapuestas podrían generar momentos de tensión dentro de la Plataforma Unitaria. El “consenso Machado” puede comenzar a ser cuestionado cuando aumente el apremio ante el llamado a presentar algún candidato, y la grieta puede venir con la consigna de las enseñanzas del escenario Barinas 2021.

La oposición “ tiene el reto de tomar prontas decisiones estratégicas ante el escenario que impulsa el Gobierno para adelantar las elecciones”, considera Benigno Alarcón,  director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello.

Y es cierto que el tiempo será un factor que juegue. Independientemente de la popularidad de Machado, existen en la oposición venezolana tendencias con ópticas diferentes, y estas aproximaciones tiene expresión ciudadana cotidiana en las calles. Alguna válvula de desahogo, algún desarrollo alternativo, será invocado por ciertos sectores minoritarios, y esta tentativa podría tomar vuelo en un escenario desesperado.

 Lo que no es posible, de momento, es interpretar que hará Machado ante la magnitud del desafío que se aproxima. Independientemente de sus atributos y las reflexiones electorales sobre el arrastre, el oficialismo chavista, que ha tomado nota del ocaso de su arrastre popular, ha ido achicando todas las opciones de la política, e impulsa con total descaro sus pareceres desde la fuerza de los hechos.

 

Impuestos absorben más de dos tercios de las ganancias de las empresas

En un entorno en el que los ingresos del gobierno se han desplomado la administración de Nicolás Maduro ha convertido a Venezuela en el país con la mayor carga tributaria de América Latina, obligando a las empresas a pagar impuestos en cantidades que absorben buena parte de las ganancias.

De acuerdo con datos de Conindustria al cierre de 2022, último año para el que se pueden sumar todas las declaraciones de impuestos, las empresas venezolanas cancelaron tributos por un monto equivalente a 68,6% de las ganancias mientras que el promedio en América Latina es 40% y en el resto del mundo 46%.

La Asociación Venezolana de Derecho Tributario advierte en un comunicado divulgado esta semana que esta elevada proporción reduce “la posibilidad de ahorro e inversión” y agrega que “este porcentaje se incrementa aún más en ciertos sectores económicos, incididos por tributos especiales”.

Aparte de los impuestos clásicos como el IVA, el impuesto sobre la renta o los tributos de las alcaldías, las empresas cancelan un Impuesto a los grandes patrimonios y realizan aportes establecidos en distintas normas a organismos del Estado como el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces).

Un factor relevante es que la carga tributaria viene acompañada de una larga lista de trámites. Ana Azevedo, contadora y quien trabaja en el área de impuestos para la firma de Consultoría PwC Venezuela, explica que las empresas catalogadas como contribuyentes especiales hacen al año, al menos, 193 declaraciones.

“Hablamos de 24 declaraciones de IVA y 24 anticipos del impuesto sobre la renta porque son quincenales. Cando agregas las que deben hacerse por el impuesto a las grandes transacciones financieras, retenciones del impuesto sobre la renta más otros trámites, llegas a ese número”, dice Ana Azevedo.

“Si se trata de empresas de sectores como telecomunicaciones aumenta el número de declaraciones al punto que hay empresas que hacen 220 declaraciones al año”, agrega Ana Azevedo.

Saúl Medina, socio de servicios tributarios de EY, indica que lo engorroso del sistema obliga a las empresas a buscar personal especializado en el tema tributario, que en estos momentos es escaso; a entrenarlo o a contratar un servicio externo.

Litsay Guerrero, economista, explica que los trámites burocráticos “inciden en los costos de las empresas en términos monetarios y del tiempo que destinan a cumplirlos, son costos de oportunidad para nuestro aparato productivo”.

“Necesitamos una mejora importante en las condiciones para el desarrollo de negocios, simplificar tramites. El resto de los países de la región está utilizando la tecnología de blockchain para mejorar sus procesos”, agrega.

Problemas de caja

El trasfondo de la alta carga tributaria es un gobierno que ha sufrido una fuerte reducción de sus ingresos. La producción petrolera, por ejemplo, es de 800 mil barriles diarios una cifra muy inferior a los 3,2 millones de barriles diarios que producía el país en 1999 cuando el chavismo llegó al poder.

A esto se agrega que la administración de Nicolás Maduro tiene cerrada la posibilidad de obtener financiamiento en el exterior porque el país está atrasado en el pago de sus compromisos desde 2017.

Litsay Guerrero afirma que es un Estado «con una necesidad de ingresos importantes que básicamente se ha volcado a obtener estos ingresos vía tributos porque no tiene posibilidades de endeudamiento”.

Un aspecto relevante es que tras la recesión 2014-2020 el tamaño de la economía venezolana se redujo a la cuarta parte, por lo tanto, la posibilidad de obtener ingresos vía impuestos se ve reducida.

A pesar de que las empresas pagan más de dos tercios de sus ganancias en impuestos la recaudación en Venezuela equivale a 6% del PIB mientras que en América Latina esta proporción es del 16%, de acuerdo con datos de Conindustria.

La explicación es que la recaudación en Venezuela recae sobre pocas empresas, porque el sector formal de la economía se achicó.

“Pareciera que en el país hay un acelerado proceso de informalización, por lo que urgen reformas impositivas que estimulen la formalidad y así incorporar más agentes económicos que paguen impuestos”, dice el informe de Conindustria.

Recaudar más

El pasado 15 de enero Nicolás Maduro precisó ante la Asamblea Nacional que la recaudación tributaria se ubicó en el equivalente a 5 mil 750 millones de dólares en 2023 y la meta es que este año se incremente hasta 10 mil millones de dólares.

Posteriormente el dos de febrero advirtió que “le digo a todo el que me quiera escuchar, se acabaron las excepciones tributarias”.

En una muestra de la urgencia por aumentar los ingresos, el Instituto Postal Telegráfico (Ipostel) publicó en la gaceta oficial del pasado 5 de febrero una resolución en la que estableció el registro y cobro de impuestos a las empresas que realizan entregas a domicilio (delivery) mediante plataformas digitales, redes sociales, postales o comerciales.

No obstante el camino para detectar nuevas oportunidades de renta no luce del todo despejado. Ante las fuertes críticas en el sentido de que el cobro del registro, impuestos y aporte especial al Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación aumentan los costos y crean distorsiones, el gobierno retrocedió y dejó sin efecto la resolución.

Ampliar la base

Richard Obuchi, profesor del IESA, señala que en 2014 el sector formal de la economía -a través de la manufactura, construcción, servicios y comercios- empleaba a 25% de los trabajadores y actualmente solo 11%.

“Ya tenemos una carga fiscal muy elevada y aumentarla más va hacer que eventualmente cierren empresas y se agudice ese proceso en el que el sector privado cada vez emplea menos personas”, dice Richard Obuchi.

Agrega que esto “favorecería a una economía donde es mejor importar porque es menos riesgoso, sale menos caro y no tengo que invertir demasiado pero en ese proceso hay una enorme destrucción de capital social y económico”.

La Asociación Venezolana de Derecho Tributario recomienda en su comunicado que “en el corto plazo, una mayor recaudación pasa por ampliar la base de contribuyentes. La informalidad en la industria y en el comercio genera desinversión, pobreza y baja recaudación”.

“Creemos que los mayores esfuerzos de fiscalización deben recaer sobre aquellos que no cumplen sus deberes formales, los que no se inscriben en los registros respectivos, los que no facturan, los que no tienen contrataciones formales, los que traen productos de contrabando o pagan menos aranceles de los que corresponden”, señala la Asociación.

Agrega que “allí vemos un importante desaguadero fiscal que, de ser detenido, resultaría en una fuente más beneficiosa y eficiente para la administración y para la sociedad venezolana que continuar recargando a los contribuyentes que sí cumplen sus deberes y que sí mantienen inversiones productivas en el país”.