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Lo que ha costado diagnosticar y tratar el COVID-19 en sus distintas olas
El COVID-19 es una enfermedad de costoso diagnóstico y tratamiento para cualquier venezolano, en cualquiera de sus olas. En casos moderados a graves, y si hay más de un miembro de la familia afectado, los costos se incrementan de manera importante
El sistema de salud público del país no está en capacidad de facilitar la realización de análisis sanguíneos o estudios de diagnóstico por imágenes. Todo gasto de este tipo corre por cuenta del paciente
Jaime Lorenzo, director ejecutivo de Médicos Unidos, comentó que a diferencia de la clínica que presentaba el COVID-19 en la ola del año pasado, la repercusión pulmonar con esta variante ómicron «no se ve tanto»,  sino más bien a nivel de los bronquios
Todo paciente que necesite medicamentos básicos para tratar la fiebre, congestión nasal y dolor corporal debe invertir no menos de Bs 50.. Si el caso es moderado o grave, los costos aumentan de manera importante, ya que podría necesitar costosos antivirales o terapia de oxígeno
Las pruebas de diagnóstico del COVID-19 son limitadas en centros públicos. En los privados oscilan entre 25$ y 80$, según la técnica utilizada
El precio de aparatos como el oxímetro ha subido y bajado en función de la intensidad de las «olas», así como el de las pruebas diagnósticas, alquiler y recarga de bombonas de oxígeno, concentradores de oxígeno y antivirales  (estos últimos para casos moderados o graves)

 

@MrsYaky

 

El COVID-19 es una enfermedad de costoso diagnóstico y tratamiento para cualquier venezolano, en cualquiera de sus «olas». El salario mínimo apenas alcanza para adquirir 0,4% de la canasta básica alimentaria y los salarios en el sector privado no han crecido al mismo ritmo que el alza del costo de la vida en dólares.

Las pruebas diagnóstico son limitadas en instituciones del sector público. En los centros de diagnóstico integral o clínicas populares, según testimonios recabados recientemente por esta redacción, se les practican a personas que presenten, al menos, tres síntomas de la enfermedad y con más de tres días de duración. La concurrencia es alta y el paciente debe armarse de paciencia para esperar un turno y tener la posibilidad de testearse.

Quien no puede acudir a un CDI (porque no tiene uno cercano o no puede esperar) y decide pagar una prueba debe contar, como mínimo, con 25 dólares para hacerse una prueba de antígenos (hisopado nasal) y confirmar si es positivo al virus.

En el caso de las pruebas de anticuerpos en sangre (para identificar si el paciente sufrió una infección reciente o pasada de COVID-19) tienen un costo aproximado de entre 25$ y 60$, según el método empleado. Y quienes busquen una prueba más específica para diagnosticarse, como la PCR molecular, deben invertir entre 70$ y 100$.

Aunque la mayoría de los contagiados atraviesa las fases agudas sin complicaciones mayores, se debe gastar, como mínimo, 60 Bs. por persona para adquirir los medicamentos recetados para tratar los síntomas en casos leves (analgésicos para reducir fiebre y dolor corporal, antialérgicos y jarabes para la tos).

Si el médico recomienda adicionalmente la ingesta de vitaminas (como la C, D y zinc), gotas nasales, antisépticos locales para el dolor e irritación de la garganta o antibióticos (estos últimos solo los debe recetar el médico en caso de infección bacteriana) el gasto será aún mayor.

Cuando se contrae el COVID-19, un valor que recomiendan monitorear a diario es el de la saturación de oxígeno, principalmente en las personas con enfermedades crónicas de base (hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades autoinmunes o respiratorias crónicas).

Para medir este nivel se necesita un oxímetro, y el precio de este aparato suele subir según la intensidad de la “ola”: En marzo-abril de 2021 llegaron a cotizarse hasta en $40, luego bajaron dramáticamente de precio y hasta diciembre de 2021 se podía conseguir incluso en $5. En enero de 2022, subió un poco el valor del producto y puede costar entre 20$ hasta 30$.

En los casos de pacientes con enfermedad moderada y/o patologías de base, los médicos también pueden ordenar la realización de análisis de sangre para evaluar la actividad del virus en el cuerpo y determinar si hay mucha inflamación, alteraciones de la coagulación o aumento de valores específicos que son predictores de complicación o gravedad (como la ferritina, el dimero D, el LDH, entre otros).

Los llamados perfiles “COVID-19” que incluyen, además de esas pruebas sanguíneas específicas, hematología, PCR, VSG, entre otras, tienen un costo actual que oscila entre los 40$ y 90$ según los laboratorios y el centro médico al que se acuda.

Perfil COVID-19 que ofrece el Laboratorio Clínico y Molecular «Tu Buen Doctor», ubicado en Las Mercedes, Caracas

Pero el mayor gasto ocurre si la persona infectada presenta un cuadro grave o con compromiso respiratorio o de otro tipo. La recomendación en esos casos es ser ingresados en un centro de salud, pero en olas como la de marzo-abril de 2021, la saturación en los centros públicos y privados llevó a miles de ciudadanos a ser hospitalizados en sus propias casas.

Los familiares debían invertir importantes sumas de dinero en bombonas o concentradores de oxígeno y tratamientos sofisticados (esteroides y antivirales intravenosos, anticoagulantes subcutáneos, entre otros) que deben ser estrictamente recetados y supervisados por un médico y administrados por profesionales de la enfermería.

Los gastos de atención de un paciente con COVID-19 con estos requerimientos en casa fácilmente exceden los 250$ diarios entre medicamentos, insumos para la aplicación (yelcos, agujas, suero, etc) y el pago de honorarios al personal de salud.

Manuel Jiménez, director de Oxi.Caracas, empresa de venta, alquiler y suministro de oxígenos, explicó que los requerimientos de oxígeno varían según el compromiso respiratorio del paciente. Las bombonas grandes son las más recomendadas en casos de hipoxia moderada a severa porque la pureza del oxígeno que suministran es de 99,5%:.

“El talón de Aquiles es que se gastan muy rápido, y, dependiendo de los niveles de saturación del paciente, se compensa en cantidad de litros: a menor saturación más litros de oxígeno hay que darle por minuto al paciente”, opinó.

Actualmente, el alquiler de una bombona grande de oxígeno oscila entre 150$ y 200$ por semana con todos sus equipos (mascarilla, manómetro, vaso humidificador). Si la familia lleva por sí misma la bombona a los centros de recarga, cada una le saldría en 30$, pero si se opta por recarga a domicilio, se duplica el valor (60$). En algunas ocasiones, según el nivel de oxígeno del paciente, puede ser necesario hasta cargar tres veces por día la bombona, lo que encarece mucho este servicio.

En este contexto, los concentradores de oxígeno son otra opción. Se enchufan a la pared y “toman” el aire del ambiente, lo procesan y lo suministran al paciente. La ventaja es que producen oxígeno ilimitado y no necesitan recarga, pero la pureza del oxígeno que generan es inferior a la de las bombonas (95% ó 96%).

 

 

Para uso en pacientes con COVID-19 los recomendables son los superiores a 5 litros (que se alquilan desde 150$ por semana) o de 10 litros (alquiler desde 250$ por semana). Si una familia desea comprarlos, debe disponer, como mínimo, de 1.000$ a 2.000$.

Menos solicitud de oxígeno, más pruebas y consultas

Un proveedor privado de servicios de alquiler, recarga de bombonas de oxígeno y controladores de oxígeno en Caracas comentó que luego de la “demoledora” ola de marzo-abril 2021 (en la que había que hacer colas de horas y hasta días para recargar), la demanda había disminuido de forma importante en los últimos meses, lo que causó que los precios también se redujeran notablemente hasta el mes de noviembre.

Eso mismo lo hizo cambiar de ramo en su negocio y se dedicó recientemente al servicio de test para diagnóstico. Indicó que, en las primeras semanas de enero, el nivel de contagios de COVID-19 estaba “muy fuerte” en la zona capital. “De cada 50 pruebas que estamos haciendo a diario, unas 30 salen positivas”, informó en conversación con Runrunes el pasado 13 de enero.

Por su parte, Jaime Lorenzo, director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, declaró en Runrunes que las primeras semanas de 2022 llegaron con un aumento de consultas en hospitales y clínicas de personas que presentan síntomas gripales. 

Recordó que es común que en los meses de diciembre y enero haya más casos de gripe en el país por la disminución de temperaturas y el contacto de muchas personas en las celebraciones de las festividades navideñas. Pero en un contexto de alta transmisión de ómicron, es necesario aclarar el diagnóstico.

«En los actuales momentos es alta la transmisión de ómicron como también lo es la de estos procesos gripales. La diferencia debe hacerla un médico con la toma de muestras, porque la ómicron se parece mucho a procesos gripales. Por suerte, la gente está acudiendo a instituciones públicas y privadas y hay un aumento de consultas en los pacientes que radica en un aumento de estudios y uso de medicamentos tipo antigripales en la población y manejo de los casos de manera ambulatoria, certificados por síntomas muy claros o por la prueba COVID-19″, explicó, al tiempo que aclaró que las pruebas disponibles para los pacientes solo pueden determinar si una persona es positiva para coronavirus, no qué tipo de variante tiene. Solo centros especializados como el Instituto Nacional de Higiene o el IVIC pueden especificar si una persona se contagió con la variante ómicron, delta o cualquier otra circulante.

 

El especialista en cirugía general y en Salud Pública reiteró que hay un aumento en las consultas de hospitales y clínicas «claramente definidas por estos procesos que están apareciendo en simultáneo y son difíciles para la población  diferenciarlos».

Además, agregó que, por los momentos, predominan las manifestaciones «leves, de manejo ambulatorio» en los pacientes.

«Los diferentes médicos han dicho que, a diferencia de la clínica que presentaba el COVID-19 en la ola del año pasado, la repercusión pulmonar con esta variante ómicron no se ve tanto, sino más bien a nivel de los bronquios, lo que se traduce entonces en una bronquitis con tos seca, sensación de pesadez y congestión nasal.  Puede haber o no fiebre y en algunos casos síntomas gastrointestinales, pero sobre esto último también hay que entender que las virosis pueden tener otras patologías sobreagregadas», abundó. 

Para la fecha de realización de esta entrevista (14 de enero de 2022), Lorenzo no documentaba un aumento importante de pacientes en terapias intensivas u hospitalizaciones, aunque aclaró que las hospitalizaciones estaban aumentando. 

No obstante, el médico cirujano llamo a no confiarse y a no bajar la guardia: «Estos síntomas en personas sanas pasan como una gripe normal, pero en una persona mayor de 60 años y si le agregas una condición crónica de salud como cáncer, hipertensión o patología o enfermedad de colágeno  que disminuya su respuesta inmunológica, puedes correr siempre el riesgo de sufrir una fase grave de la enfermedad.

Por eso, insta a los ciudadanos a mantener las medidas de prevención ya conocidas: asumir su deber de protegerse y proteger a los suyos.

«Acudir a vacunarse, completar sus esquemas y ponerse las dosis de refuerzo.  Sin olvidar que aún estando vacunados con su esquema completo y dosis de refuerzo, podemos contraer la enfermedad y difundirla aunque no presentemos síntomas. Por ello, hay que mantener uso adecuado de tapabocas, distanciamiento social y evitar hacer reuniones», insistió. masivas.

También, recordó a los venezolanos que los sistemas de salud pública están indirectamente «privatizados», así que la atención de cualquier enfermedad leve, moderada o severa implica importantes gatos. 

 «Todo paciente que acuda a un ambulatorio u hospital para hacer diagnóstico o seguimiento de una enfermedad debe acudir a juro a hacerse análisis de laboratorio o estudios de imágenes en centros privados. 85% de los pacientes tienen que ir al privado. Y si ameritan ser hospitalizados, el paciente debe costear los materiales y medicamentos, así como pagar los estudios de seguimientos», acotó.

En conclusión, lo más barato siempre será la prevención.

CLAVES | Conflicto entre Rusia y Ucrania repercute en Venezuela

 

El gobierno de Maduro salió a relucir en la disputa por ser aliado de este primero y posible resguardo de armamento de acuerdo al canciller de Moscú 

 

La relación militar entre los gobiernos de Putin y Maduro es reconocida y avalada por autoridades de ambas naciones  


@franzambranor

Los acercamientos de los gobiernos ucranianos a la Unión Europea y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) han provocado la ira del presidente ruso Vladimir Putin, quien asegura que Ucrania podría convertirse en un aliado estratégico de los Estados Unidos. Como una especie de afrenta al gobierno norteamericano, el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov asomó que es posible el despliegue de armamento militar en sus países aliados de Rusia y Venezuela. “Todo depende de la acción de nuestros homólogos estadounidenses”, dijo Ryabkov. 

 

El conflicto entre las naciones vecinas de Rusia y Ucrania no es nada nuevo y se remonta al período cuando existía la Unión Soviética, pero el punto álgido de la confrontación sucedió a partir de 2014, cuando los rusos anexaron a Crimea a su territorio y desencadenaron una guerra que hasta la fecha ha dejado alrededor de 14 mil víctimas mortales y 1,5 millones de desplazados.

 

La declaración de Ryabkov trajo a colación la crisis de los misiles en 1962 durante el gobierno del presidente estadounidense John Kennedy, cuando organismos de inteligencia americana descubrieron la presencia de misiles nucleares de la antigua Unión Soviética en la isla caribeña, lo que representó el clímax de la llamada guerra fría.  

 

Ante la amenaza de Ryabkov, el presidente interino Juan Guaidó dijo que se trataba de una transgresión a la soberanía nacional. “Venezuela no puede ser utilizada como un peón en un juego geopolítico entre las potencias del mundo”.   

 

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, escribió un tuit donde descalificó la posición de Guaidó y sus aliados y sostuvo que desde hace años, Venezuela y Rusia tienen cooperación en materia militar.  

 

“No asombra ver a la vil vocería de la antipatria hablar de soberanía nacional después de rogar intervención militar y sanciones contra Venezuela, cuando Rusia asoma la posibilidad de profundizar las relaciones de cooperación militar de nuestras naciones, las cuales ya existen”, indicó Padrino López. 

 

 

El ministro sostuvo posteriormente que la OTAN está ganando terreno en América Latina: “La OTAN pretende adueñarse del mundo extendiéndose más al este de Europa. Al mismo tiempo la organización transatlántica se proyecta en Latinoamérica con Colombia como peón y la presencia cada vez más resuelta de medios militares y navales en nuestra área de influencia”. 

`Por su parte, Manuel Cristopher Figuera, ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin),  calificó a Padrino López como “el más grande traidor que ha tenido Venezuela”. 

“Se ufana en su falsa política patriotera de recuperar la soberanía nacional, cuestión que está en entredicho, basta con referirse a los equipos y medios militares comprados a Rusia, China, Irán y hasta Cuba, su mayoría chatarra repotenciada”.  

 

Figuera aseguró que en Venezuela funcionan bases militares rusas en Valencia, estado Carabobo y en Manzanares, Miranda: “Es evidente que el régimen dictatorial y delincuencial de Maduro es una amenaza no solo para la seguridad de los Estados Unidos sino para la región latinoamericana y el resto del mundo libre”, indicó el ex directivo del Sebin. 

Runrunes preparó las claves para entender el conflicto entre rusos y ucranianos que salpica a Venezuela por su vinculación con estos primeros. 

 

Expulsión de Rusia del G8 y sanciones

En 2012, Ucrania estableció un acuerdo de asociación con la UE, pero la presión del Kremlin fue tal que en noviembre de 2013 se suspendieron las conversaciones y, a pocos meses, el presidente ucraniano Viktor Yanukóvich se vio obligado a renunciar a su cargo a raíz de una serie de protestas. El comportamiento de Rusia al adueñarse de Crimea provocó su expulsión del G8 (países más industrializados del mundo) e hizo que la UE le impusiera una serie de sanciones, algunas aún vigentes.   

Crimea representa un punto estratégico para los rusos, allí funciona su principal base naval. “Después de una navegación fatigosa, Crimea ha regresado a su puerto de origen”, sostuvo Putin en ese momento. Las tropas rusas no se conformaron y también invadieron el este de Ucrania, conocida como la región de Donbas.

 

Putin «jugando con fuego»                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Ucrania acusa a Rusia de tener desplegados hasta 90 mil soldados en la frontera y el Kremlin hace lo propio y argumenta que sus vecinos poseen miles de hombres armados. ”El momento más probable en que se de la escalada es para finales de enero”, dijo el ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Rezkinov.

Un portavoz de Rusia aseveró que tienen derecho a desplegar tropas en su territorio, mientras que el director de la Central de Inteligencia Americana (CIA), William Joseph Burns, sentenció que Putin está jugando con fuego y que los soldados rusos tienen la capacidad de causar bastante daño.

Putin se está arriesgando mucho porque podría haber una respuesta contundente si pone misiles en Cuba y Venezuela. Podrían ponerle misiles también en países cercanos. Cualquier acción militar implica altos costos económicos y si se prolonga en el tiempo golpea más a la débil economía rusa”, sostuvo el internacionalista Emilio Figueredo.    

 

Tensión Rusia-EEUU

A principios de diciembre de 2021, Putin y su homólogo estadounidense Joe Biden sostuvieron una conversación a través de una videollamada en la que hablaron sobre el conflicto con Ucrania. Putin dejó claro que su gobierno no mirará de forma pasiva una eventual incursión de tropas rusas en territorio ucraniano y amenazó con sanciones al gobierno ruso si este propicia una invasión. Por su parte, el Kremlin por medio de un comunicado, reconoció que las relaciones entre ambas naciones no atraviesan su mejor momento, pero que tienen disposición a conversar para evitar un derramamiento de sangre innecesario.

La posición de la OTAN

La OTAN y su alianza militar a través del secretario Jens Stoltenverg ha dicho que depende de Ucrania su incorporación a este organismo y Rusia no tiene potestad ni voto alguno en este sentido. “Depende de Ucrania y 30 aliados decidir cuando este país esté listo para unirse a la alianza, los rusos no tienen derecho a intervenir en ese proceso”, manifestó Stoltenverg. Inglaterra por medio de su canciller Vicky Ford ha dicho que están considerando un aumento del apoyo defensivo que dan a Ucrania. Alemania ha evaluado retrasar la apertura de un gasoducto que tiene con Rusia y el cual causaría efectos devastadores en el desarrollo energético del gobierno de Putin.

 

Vínculos de Rusia con el madurismo

 En marzo de 2019, dos meses después que Guaidó se juramentara como presidente interino de Venezuela y fuese reconocido por casi 60 países, el gobierno ruso defendió la presencia militar en Venezuela luego que dos aviones de esa nación aterrizaran en el aeropuerto internacional de Maiquetía con alrededor de 100 uniformados.

En el informe “Fuerza Armada Nacional Bolivariana, adquisición, recepción e incorporación de armamento y material militar 2017-2019”, la ONG Control Ciudadano afirma que solo Rusia y China se mantienen como principales proveedores de armas a Venezuela en los últimos cinco años.

En 2021, únicamente se registró una adquisición no determinada de vehículos aéreos rusos de reconocimiento.  

 

El informe detalla la opacidad en los procesos de compra. “Las adquisiciones no están centralizadas en el Ministerio de Defensa sino que son realizadas por distintos entes de la administración pública, no hay control previo y auditable”, reza el documento.

 

Hace un par de meses, Félix Plasencia, ministro de Relaciones Exteriores de Maduro, se reunió con su homólogo en Moscú, Serguei Lavrov, para tratar temas de interés común y evaluar las sanciones que mantiene Estados Unidos a Venezuela.

 

En marzo del año pasado, unas fotos en redes sociales revelaron la supuesta presencia de militares rusos en el estado Apure, donde miembros de la Fuerza Armada Nacional enfrentaron a un eventual grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Remigio Ceballos, entonces Comandante Estratégico Operacional de la Fanb (Ceofanb) se limitó a decir “eso es viejo”. 

 

 

¿Despliegue militar es factible?

El internacionalista Emilio Figueredo sostuvo que Rusia no tiene la capacidad económica para enviar material bélico y tropas a Venezuela y Cuba. Considera que las declaraciones del canciller de Putin son más un acto de propaganda para tratar de amedrentar a Estados Unidos.

 

Asevera que tal despliegue requiere un dinero y una logística que Rusia no posee en este momento. “Creo que es una táctica de negociación, considero que Rusia no tiene la fortaleza económica para ejercer algunas de esas acciones que conllevarían severas sanciones económicas”. 

 

Cuestionada presencia en la ONU

Tanto Venezuela como Rusia forman parte del Grupo de Amigos de la Defensa de la carta de las Naciones Unidas junto a otros 17 países. Estados Unidos ha criticado la presencia de estas dos naciones en ese grupo, considerando que en ambos la democracia está cuestionada. Justamente un día antes de las declaraciones del canciller ruso se conoció que el gobierno de Maduro perdió su derecho a voto en la Asamblea General de la ONU por la deuda de 39,8 millones de dólares correspondientes a pagos rutinarios del organismo. Venezuela también es uno de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU junto a otros países con regímenes cuestionados por su política en torno a los DDHH como Irán, Somalia, Congo y Sudán. 

 

Más allá de lo militar

La relación entre Rusia y Venezuela va más allá de lo militar y muestra de ello es que la primera vacuna para combatir el coronavirus que llegó al país fue la Sputnik V en febrero de 2021.

Unas 100 mil dosis de la vacuna llegaron a Maiquetía procedentes de Moscú a bordo de un avión de Conviasa , en medio de un acto proselitista encabezado por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez y el ministro de la Salud, Carlos Alvarado.

Asimismo, a través de convenios, turistas rusos han arribado a la isla de Margarita. Tan solo en un fin de semana del pasado mes de septiembre llegaron a Nueva Esparta 440 rusos informó el ministro de Turismo, Alí Padrón.

El funcionario suscribió un acuerdo de cooperación con la Agencia Federal de Turismo de Rusia. “Estamos bajo el método burbuja, para garantizar una estadía responsable y hacer de esta una operación turística exitosa”, dijo entonces el ministro. 

Venezuela: el desplome del microcrédito acrecienta la exclusión
El país permanece al margen del auge de las Fintech en Latinoamérica y necesita reformas que impulsen la inclusión financiera

@vsalmeron

Cuando necesitó un repuesto para reparar el taxi que le mantiene a flote, Ricardo Montilla recurrió “al bolso”: se juntó con nueve amigos y cada uno depositó 20 dólares a la semana durante diez semanas. Cada semana, por sorteo, se decidió cuál de ellos disponía de los 200 dólares en el bolso. Solo es posible ganar una vez.

 “Gané en la segunda semana, así conseguí el dinero. Este sistema se usa mucho en el barrio, para ayudarnos, porque no hay crédito” dice Ricardo Montilla quien vive en Las Minitas, una zona de bajos ingresos al este de Caracas.

La hiperinflación pulverizó los préstamos que los bancos especializados en microfinanzas otorgan a dueños de pequeñas bodegas, transportistas o vendedores de vestido y calzado en los barrios de bajos ingresos.

El caso de Bangente, un banco dedicado a la base de la pirámide, es emblemático: en 2014 el monto promedio de sus créditos equivalía a 224 dólares. Al cierre de 2017, tras el hundimiento de la moneda, el promedio equivalía a 5,6 dólares y la cartera de clientes se esfumó junto a la mayor parte del patrimonio.

En noviembre de 2014, antes de que comenzara la recesión y el ascenso de la inflación, los préstamos de la banca especializada en microfinanzas equivalían, al dólar libre de la época, a 83 millones.

Al cierre de noviembre de 2021 el total de préstamos de los bancos especializados en microfinanzas que continúan activos, Bancrecer y Mi Banco, apenas equivale a 3,9 millones de dólares.

Morir de sed

Durante años las normas obligaron a la banca tradicional a otorgar microcréditos, pero mayoritariamente los bancos evitaron los sectores de bajos ingresos y cumplieron mediante préstamos a empresas medianas o profesionales independientes como abogados y odontólogos.

 Actualmente el crédito es ínfimo para todos los estratos. Para ayudar a la estabilidad del tipo de cambio, el gobierno quiere que haya pocos bolívares que puedan utilizarse para la compra de dólares y obliga a los bancos a congelar más de dos tercios del dinero que gestionan.

 La banca tradicional incluye en sus balances “créditos a microempresarios”, mayoritariamente fuera de la base de la pirámide, que en total al cierre de noviembre de este año solo representan 8,4 millones de dólares, una cifra enana.

 Aparte del “bolso” la opción en las zonas populares son prestamistas informales que exigen tasas mensuales de 20% en dólares o sobrevivir con un emprendimiento que reporta muy poco, que en realidad, es la única opción ante la falta de un empleo formal.

 Irene Contreras, quien tiene una pequeña bodega que funciona en su propia casa, en la que vende galletas, refrescos, jugos y harina precocida explica que “cada semana me ingresan alrededor de 150 dólares, pero prácticamente todo se va en reponer mercancía, la ganancia es mínima”.

 “Si tuviera crédito podría aumentar la mercancía, vender más”, agrega.

Lejos de Latinoamérica

Mientras en Venezuela el financiamiento a las pequeñas empresas y personas de bajos ingresos se seca, en el resto de Latinoamérica el crédito se expande de la mano de las Fintech, empresas que utilizan nuevas tecnologías para incursionar en el mercado bancario y aumentar la inclusión financiera.

Históricamente el microcrédito avanzó lentamente por lo costoso que resulta medir el riesgo. Un ejército de analistas tenía que visitar, asesorar y recopilar datos de empresas y personas con poca o ninguna documentación. 

Ahora, las Fintech utilizan big data para analizar grandes volúmenes de datos provenientes de distintas fuentes y machine learning para desarrollar patrones y automatizar la aprobación de créditos. El dinero proviene de fondos de inversionistas locales y extranjeros como Softbank o Kaszek.

Fintech como Zinobe en Colombia, Ualá en Argentina o SuperSim en Brasil son ejemplos de estos nuevos actores financieros. Entre el segundo y el tercer trimestre de 2021 la inversión en las Fintech latinoamericanas, que no solo incluye microfinanzas, sumó 8.600 millones de dólares de acuerdo con CB Insights. 

Zinobe otorga créditos al consumo y a pequeñas empresas. Los préstamos al consumo son de cien dólares, a plazos de dos meses y tasas que están por debajo de lo que en Colombia se denomina la tasa de usura, que funciona como un techo para los intereses a cobrar.

 “Estamos conectados a una cantidad de base de datos y nuestro modelo en 18 segundos hace el análisis de crédito. Si es aprobado, en dos horas el dinero está en la cuenta del cliente”, dice Nelson Ortiz director de finanzas de Zinobe.

 Este sistema complementa la información del buró de crédito que registra la historia crediticia de las personas y las empresas. “El 60% de las personas a las que les prestamos nunca han tenido un crédito en su vida o tienen un score negativo en el buró de crédito”, dice Nelson Ortiz.

 Explica que “con la cédula de la persona y acceso a datos de la seguridad social, nuestros sistemas calculan variables implícitas como el salario. Otra fuente es la localización. Con el machine learning se puede calcular la probabilidad de que alguien que viva en determinada zona de Bogotá no pague el crédito”.

 “También contamos con una herramienta de Digital Footprint que nos indica si el equipo desde el que se conecta la persona es caro o no. Nuestra cartera de crédito suma unos 20 millones de dólares y la tasa de morosidad de nuestro crédito al consumo está entre 5% y 6% cuando el promedio en Colombia es entre 7% y 8%”.

Cómo renacer

Juan Uslar, expresidente de Bangente, considera que asumiendo que Venezuela alcance la estabilidad en variables clave como la inflación y el crecimiento, es posible plantearse una serie de reformas para impulsar la inclusión financiera.

 “Es perfectamente posible una política pública que extienda rentablemente los medios de pago, de ahorro, crédito y seguros a millones de personas. Un aspecto clave es permitir el acceso a nuevos jugadores, por ejemplo, empresas tecnológicas y probablemente de telecomunicaciones poseedoras de grandes bases de datos”, dice Juan Uslar.

 “Se trata de crear ambientes propicios al desarrollo de ecosistemas financieros que le abran las puertas a la innovación para que las pequeñas empresas puedan desarrollarse y competir sanamente”, agrega.

 “Un entorno regulatorio que permita que nuevos esquemas y modelos comerciales de negocios financieros puedan ser probados antes de ser regulados. Esto es lo que se denomina actualmente como cajas de arena de regulación (regulatory sandboxes) donde se puede “jugar” con las alternativas hasta llegar a modelos sostenibles”, explica Juan Uslar.

 “Contar con un buró de crédito, normar el acceso a la data, desarrollar la capacidad financiera de los clientes, acercar los servicios financieros a la gente en los lugares donde vive, extender la cobertura de los seguros, estas son cosas fundamentales de una política de inclusión financiera”, señala.

 Finanzas de cromañón

Por ahora nada indica que Venezuela camina hacia la modernidad. Consciente de la falta de financiamiento, el gobierno de Nicolás Maduro comenzó a hacer un “registro de emprendedores” y el 15 de enero hizo un llamado a los bancos para que aumenten el crédito.

 “Vamos a una expansión del crédito, financiamiento y de apoyo a los emprendimientos del país, Llamo a la banca pública, privada a poner el ojo sobre el emprendimiento”, dijo Maduro. 

 No están planteadas reformas profundas, a lo sumo, tratar de revivir el esquema sepultado por la hiperinflación y la recesión.

Desafíos ambientales de Venezuela en 2022: acción ciudadana para defender los parques nacionales y actuar ante el cambio climático
El 2022 será un año decisivo para la defensa y futuro de los parques nacionales, entre ellos El Ávila y el Archipiélago Los Roques, que enfrentan el avance y presión de los proyectos inmobiliarios impulsados por el propio Estado
Defender el arbolado urbano, reforestar e impulsar una agenda de adaptación y mitigación ante el cambio climático son algunas de las tareas que han asumido los ciudadanos, ante la inacción y desdén del poder Ejecutivo y los gobiernos locales
Científicos e integrantes de organizaciones no gubernamentales coinciden en que entre los desafíos están el obligar al propio Estado a cumplir las normativas ambientales, pero también trabajar para que la sociedad identifique que la degradación de los recursos naturales tiene consecuencias en su cotidianidad y en las generaciones futuras

 

Este artículo es una colaboración periodística entre Runrun.es  y Mongabay Latam

 

Las asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales vinculadas a temas ambientales parecieran haber llegado a un punto de hartazgo con respecto a las exigencias que hacen ante el Estado venezolano. Es precisamente desde el Poder Ejecutivo —tanto nacional como local— de donde provienen los permisos y hasta los proyectos que atentan contra los parques nacionales, alientan la economía extractivista o eliminan el arbolado urbano. Por eso, los desafíos ambientales de 2022 vienen con la impronta de una ciudadanía activa que busca impedir más  daños a los recursos naturales.

En Caracas se deberán unir esfuerzos contra una promesa presidencial que amenaza al principal e icónico pulmón vegetal de la capital venezolana: el Parque Nacional El Ávila, donde Nicolás Maduro pretende erigir una “ciudad comunal” que va a tono con el proyecto de Ley de Ciudades Comunales que se discute en la Asamblea Nacional. Según este instrumento, esa ‘ciudad’ no es más que la articulación de las comunas que ya existen en la zona de Galipán, una de las pocas áreas pobladas del parque, pero ambientalistas y defensores de derechos humanos apuntan a que así se favorecerá a quienes buscan  levantar más construcciones en el lugar. A esto se suma que está todavía en evaluación la modificación del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de este parque, en el que podrían aceptarse nuevos asentamientos y actividades prohibidas como el ciclismo.

En el interior venezolano, donde los derrames petroleros continúan, la clave será seguir informando para ejercer presión sobre las instituciones que deben actuar ante un problema que afectará a las generaciones futuras. Lo mismo aplica para el Parque Nacional Archipiélago Los Roques, donde se levantan nuevas edificaciones que violan las normativas y atentan contra los delicados ecosistemas de esta área protegida.

Estos son los desafíos ambientales de 2022 en Venezuela.

Al archipiélago Los Roques lo protege una barrera de arrecifes coralino que peligra por el avance de las construcciones. Foto: Lorena Meléndez G.

1.Resistir e insistir en Los Roques

Desde 2019, distintos frentes han denunciado el levantamiento de nuevas construcciones en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques en áreas no permitidas y con diseños que violan lo establecido en las normativas vigentes. La pandemia no fue excusa para que estas edificaciones se retrasaran. Durante los 10 meses en los que este territorio estuvo completamente confinado, las únicas vías para arribar fueron los vuelos y embarcaciones oficiales y así, de acuerdo con habitantes de la zona, llegaron los materiales necesarios para que estas operaciones no se detuvieran. Muestra de ello es que un hotel, de los varios que se construyen, está cerca de ser inaugurado. Las otras construcciones privadas han seguido su avance y están casi terminadas.

“El problema con estas construcciones es de fondo y tiene que ver con la violación de la zonificación del parque nacional. Al lado de la pista de aterrizaje (donde están las nuevas estructuras) no se podía construir nada, ni siquiera algo eco amigable. No es un asunto de diseño, ni de impacto visual, sino de la lógica del ordenamiento del uso del espacio”, reclamó José Ramón Delgado, oceanógrafo, director de la Fundación Caribe Sur y miembro venezolano de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

 

 

El experto explicó que para hacer cualquier construcción dentro de Los Roques debía cumplirse con dos pasos: el primero, referido a la ocupación del territorio, contempla que todo lo que se planee debe ser en concordancia con el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) y con una aprobación del Instituto Nacional de Parques (Inparques), que es la autoridad en el lugar. El segundo es mostrar todos los detalles de la construcción en cuanto a forma y  dimensiones, y un estudio de impacto ambiental que certifique que el proyecto será realizado con la menor intervención posible a la naturaleza. Esto también debe tener la aprobación de Inparques. A pesar de que las construcciones no se hicieron en concordancia con el PORU, provocaron la tala de mangle y pusieron en riesgo los frágiles ecosistemas de la zona, todo siguió adelante.

“El problema apunta a un solapamiento de las autoridades. En el pasado hubo una autoridad única de área, luego se impusieron las figuras de varias autoridades y ahora (desde 2011) tienen un jefe del Territorio Insular, que es algo militar. Eso evidencia un conflicto de poderes y el que tiene mayor poder es el que hace cumplir su deseo. Pero es un parque nacional y hay que respetar lo que dice la norma”, recalcó Delgado.

Las nuevas construcciones en Los Roques dejaron una laguna turbia con manglares talados. Foto: Lorena Meléndez G.

El oceanógrafo subrayó que la lejanía de Los Roques con respecto a la costa (a 176 kilómetros al norte de Caracas) impide que se pueda hacer una vigilancia ambiental efectiva, sobre todo ante el supuesto “movimiento de construcciones de posadas” en los cayos, que también prohíbe el PORU.

Ante todas estas amenazas contra el parque nacional, el experto insistió en que la resistencia a estas construcciones debe hacerse desde el apego a las normativas. Aseguró que ya hay  denuncias de estos hechos ante el Ministerio Público, pero ningún fiscal ambiental ha actuado para detenerlas. Queda, entonces, continuar la labor de alertar e informar a la población sobre lo que sucede, y presionar a las instituciones  para evitar más daños ambientales.

Delgado recordó el proyecto en el que la fundación que representa ha insistido durante años: la creación de un corredor ecológico marino transfronterizo que comprenda los espacios marítimos de Venezuela (tanto insulares como continentales) y de Países Bajos (Curazao y Bonaire) y proteja la alta biodiversidad de la zona y su buen estado de conservación. Esto, como instancia internacional, limitaría el avance de este tipo de proyectos.

 

 

“Este corredor refuerza los lazos entre ambos países y genera un espacio de conservación dentro de un esquema de conectividad ecológica. Además, posee un importante potencial para ser incluido en la Lista del Patrimonio Mundial Natural de la UNESCO, lo cual sería un paso significativo hacia la sostenibilidad de esta ecorregión”, señala un documento que explica la importancia de esta iniciativa.

“Pareciera que las personas se olvidan que para disfrutar de Los Roques, tal como está ahora, se necesitó un esfuerzo muy largo de horas hombre, dinero, capacitación, de estudio, no fue un capricho. Los Roques se convirtió en parque nacional porque era un lugar donde la pesca no estaba regulada y podía poner en peligro esa cuna de recursos. Luego entraron variables como el turismo y se acordó que todo debía estar supeditado al PORU que se aprobó en 1991”, rememoró. La insistencia de las denuncias públicas es la vía que queda para evitar cualquier avance.

Las fugas de petróleo salen desde las instalaciones de Pdvsa en tierra firme hacia el Lago de Maracaibo. Foto: @diodon321

2.Derrames petroleros como problema generacional

La falta de mantenimiento de las instalaciones petroleras en una industria en declive como la venezolana ha traído como consecuencia que los derrames de hidrocarburos, tanto en el Lago de Maracaibo como en las costas, sean una constante que poco impacto genera en la opinión pública. Sin embargo, hay quienes como el biólogo marino Eduardo Klein, confían en que mientras más información tengan los ciudadanos sobre los impactos de estas fugas, más fuerte será la presión sobre los organismos que deben actuar y no lo hacen.

“Aquí hay un problema estructural. El causante principal de los derrames es la industria petrolera que está bajo el control del Estado y todas las instituciones (ministerios, institutos ambientales) que, de alguna manera, deben vigilar las operaciones de esta industria también están sometidas a la políticas del Estado. Entonces, no hay un contrapeso de organizaciones gubernamentales que te ayude a solventar ese problema”, afirmó Klein, quien también es profesor universitario y coordinador del Centro de Biodiversidad Marina de la Universidad Simón Bolívar (USB). “Básicamente, todo el mundo está alineado en no hacer nada en relación con los derrames”, lamentó.

 

 

Pese al desaliento, el experto valoró el trabajo de organizaciones no gubernamentales y de la prensa nacional que insiste en denunciar la ocurrencia de estos eventos. “Eso hay que mantenerlo, hay que identificar a los actores más involucrados en el tema de los derrames y mantener el nivel de información de la gente al día, porque no contamos con información oficial”, puntualizó.

Los derrames de petróleo están provocando diversos daños a ecosistemas como los lagos y ríos. Foto: Cortesía

El biólogo consideró que “bombardear a la sociedad con información más detallada posible” sobre los derrames es una alternativa para hacer que, cada vez más, las instituciones responsables actúen en pro de evitar los vertidos. Se trata, dijo, de una presión externa debido a que la interna no ha sido efectiva.

En esa comunicación, advirtió al experto, siempre se debe destacar la gravedad de los derrames. “Hay que mantener la conciencia de la gente, no es un problema más sino un problema serio. La contaminación y la continua afectación del ambiente es un problema generacional. Eso no nos está afectando solamente a nosotros sino que va a afectar a tus hijos, porque el efecto del ambiente va a ser tan duradero que tus hijos son quienes van a encontrar un ambiente deteriorado como consecuencia de estos derrames”, acotó.

Esa información, además, sirve como insumo para varias organizaciones no gubernamentales que llevan un monitoreo de los vertidos y pueden actuar ante instancias internacionales, valiéndose no solo de la perspectiva ambiental sino de los derechos humanos ambientales que son violentados con estas fugas que no se detienen y que, incluso si se paran ahora, tardarán años en resolverse. “Es un problema enorme del país y presión enorme del ambiente marino en Venezuela”, insistió Klein.

Maduro, en Galipán, durante el anuncio de constitución de una ciudad comunal en el Ávila. Foto: Prensa Presidencial

3.La defensa del Ávila

Hay dos amenazas que se ciernen sobre el Parque Nacional El Ávila, la gran montaña verde al norte de Caracas: que el ciclismo, actividad prohibida hasta ahora dentro de sus lides, se legalice; y que se construya una “ciudad comunal” en ese territorio, tal como lo anunció el presidente de la república, Nicolás Maduro, en una alocución televisada, sin que se dieran más detalles sobre ese plan. En el pasado, las acciones ciudadanas han detenido el avance de ciertas actividades. En 2022, está por verse si estas surten o no efecto.

“Creo que todos los ciudadanos, caraqueños o no, tenemos que manifestarnos, al menos con la duda, para saber cuál es el impacto de ciertas actividades en el parque nacional. Debemos estar alertas, manifestarnos, defender la constitución y las leyes que preservan este ambiente”, afirmó Alejandro Luy, director de la ONG ambientalista Tierra Viva.

 

 

Para el biólogo es fundamental que se respete el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) de esta área protegida y que se sepa que todavía está vigente, a pesar de que durante el primer semestre de 2021 se realizaron una serie de charlas y talleres con el fin de hacer modificaciones a esta normativa. El nuevo PORU continúa en evaluación.

Luy insistió en que hay dos instituciones que, desde el Estado, tienen responsabilidades sobre estas amenazas y pueden actuar: el Ministerio Público, a través de los fiscales especializados en Defensa Ambiental, y el Instituto Nacional de Parques (Inparques), que al ser el encargado de la administración del parque, también debe garantizar la seguridad y el orden dentro del mismo.

Ciudadanos protestaron en el parque nacional poco después del anuncio de Maduro. Foto: Cortesía

“El Estado debe velar por el cumplimiento de la Constitución de la República y las leyes. Los organismos del Ejecutivo deben ser técnicos y no ideológicos para que, en el marco de lo que establecen las leyes, respeten los fines para los cuales crearon los parques nacionales. No es otra cosa lo que ambas partes tenemos que pedir. El manejo técnico con el que se les puede explicar a los ciclistas por qué no se puede hacer ciclismo en el Ávila, también funciona para indicar al Ejecutivo por qué no se puede construir una ciudad”, apuntó Luy.

El experto insiste en que, a pesar de que hasta ahora ha ocurrido lo contrario, lo que se debe esperar es que quienes están detrás de la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Ecosocialismo o Inparques defiendan los lineamientos legales basados en criterios técnicos. “Para el manejo ambiental de Venezuela, lo primero que debemos recuperar es una institucionalidad ambiental donde la movilización de los principales actores del Estado esté fundamentada en lo que dicen las leyes, no en excepciones, no en quién manda más”, recalcó.

 

 

4.Sociedad civil contra el cambio climático

El informe presentado por el Estado venezolano en la más reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2021 (COP26) recibió duras críticas por parte de la comunidad científica venezolana que vio en este documento una serie de “contribuciones” que no fueron tales.

“El documento que actualiza la Contribución Nacionalmente Determinada (CND) de Venezuela, se define en el marco de una política nacional de ‘acción para el empoderamiento climático’ que, en realidad, no toma medidas hacia una transición justa para superar el modelo de desarrollo. Las contribuciones presentadas se orientan a la ‘remediación’ de algunos de los impactos del extractivismo depredador, reconocidos en el documento, presentando falsas soluciones como una supuesta ‘ecologización’ de la política minera, o la revitalización o mantenimiento de proyectos prácticamente inexistentes o que no se encuentran activos, como el parque eólico de Paraguaná, mientras persiste la insistencia con la ampliación de la explotación del carbón en el norte del estado Zulia”, dice el artículo “COP26 de Glasgow y el rol de Venezuela ante la crisis climática: un balance crítico”, publicado por el Observatorio de Ecología Política de Venezuela.

En 2021, las fuertes lluvias afectaron a cientos de viviendas en Mérida, Venezuela. Foto: Gobernación de Mérida

Además, la delegación venezolana “no suscribió el acuerdo para frenar la deforestación y la degradación de los bosques globales, ni tampoco el del impulso para salir del carbón, ni el de reducción de emisiones de metano, así como tampoco fijó la fecha para alcanzar el ‘cero neto’ de emisiones, quedándose así al margen de los pocos acuerdos contraídos en esta COP”, añade la nota.

Pero hay quienes no esperan al Estado para actuar contra el cambio climático. Por esa razón, una veintena de organizaciones no gubernamentales, universidades e instituciones académicas se unieron durante 2021 en la Alianza para la Acción Climática Venezuela, a fin de articular acciones contra este problema y buscar en 2022 “incidir en la agenda de adaptación y mitigación ante la emergencia climática del país”.

Consciente de que la sociedad civil no sustituye al Estado, la Alianza se propone desde la realización de estudios e investigaciones, hasta acciones dirigidas a la “incidencia, formación y comunicación sobre el cambio climático”, indicó Antonio De Lisio, investigador, geógrafo y presidente del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (Invesp), una de las organizaciones que forma parte del grupo.

 

 

“Para 2022, vamos a trabajar en esas áreas para fortalecer las posiciones de la sociedad civil venezolana en esta materia porque, hasta ahora, el cambio climático lo ve como una cuestión que todavía no es parte de su cotidianidad cuando sí lo es”, sentenció De Lisio. “Se piensa, por ejemplo, que el problema del suministro del agua en Venezuela es porque no hay mantenimiento de las tuberías. Y es cierto que no lo hay, pero también hay un problema de deforestación. En una evaluación que hicimos en 2019 identificamos que hay 30 kilómetros cuadrados que están alrededor de 100 represas en Venezuela donde hace falta mejorar la cobertura vegetal”, detalló.

Para De Lisio, el retroceso en la gestión ambiental que existe en el país se manifiesta también en un rezago en el cambio climático. El investigador apuntó que la reciente adición de la Alianza a la Climate Action Network de América Latina (CANLA) —una red global de organizaciones no gubernamentales que trabajan contra las causas y efectos nocivos del cambio climático—, les ayudará a incidir en una agenda mundial en la cual Venezuela es un estado ausente.

Parte de las actividades de la Alianza se centran en incidir, a través de redes sociales, en el público joven. Pero próximamente ejecutarán procesos de educación no formal y otras acciones que persiguen crear conciencia sobre la disminución de los gases de efecto invernadero vinculadas a hábitos y sistemas de producción.

La Alianza está conformada por las organizaciones Acción Campesina, CIDIAT ULA, CISP, Clima 21 Ambiente y DDHH, Colectivo de Montañismo Ecológico Tatuy, Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica, Escuela de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería UCV, Dirección de Sustentabilidad Ambiental de la UCAB, Foro para el Estudio del Cambio Climático de la Universidad de Los Andes (FECC-ULA), Todos por el Futuro Universidad Nacional Experimental del Táchira, Fundación Desarrollo Sustentable de Venezuela, Fundación Tierra Viva, Grupo Social CESAP, INVESP, Más acciones más planeta y Provita. La intención, afirmó De Lisio, es que en 2022 esta red sea cada vez más robusta y más amplia.

Los árboles mutilados se convirtieron en paisaje cotidiano. Foto: @QPEV

5.Por una Caracas reforestada

El sábado 27 de noviembre de 2021 ocurrió un hecho inédito en Caracas: decenas de ciudadanos se reunieron para manifestarse y marchar en favor de los árboles que, durante los últimos meses, habían sido mutilados o eliminados del paisaje urbano por orden de las alcaldías que componen el Área Metropolitana de la capital venezolana. 

Antes de comenzar la caminata, uno de los convocantes tomó un megáfono para leer un documento: “Casi a diario el sonido de la motosierra nos perturba cerca de casa o desde el altavoz del celular denunciando una nueva tala en algún lugar de la ciudad. Suele ser este ruido feroz un alerta que nos conmina a defender nuestros árboles, pero hasta ahora un paso atrás de los perpetradores que, en grosera exhibición de poder, nos convierten en espectadores de lo irreversible: la tala, el desmoche, la poda severa, la desfiguración, la ridiculización del árbol”, pronunció José “Cheo” Carvajal, periodista, activista y director de la asociación civil Ciudad Laboratorio @ciudlab.

 

 

Él mismo aseguró a Mongabay Latam que la eliminación de árboles sucede porque ninguna institución protege a la vegetación urbana y los gobiernos locales solo responden a las demandas de vecinos, comercios e inmobiliarias sin hacer evaluaciones pertinentes.

De esa crítica, poco después, vino un llamado a la acción. “Si nosotros los ciudadanos no ponemos una parte de nuestros esfuerzos en el fortalecimiento de las instituciones que deben proteger nuestros árboles a escala local, estatal y nacional, si no desarrollamos una acción pedagógica sostenida, en todos los ámbitos posibles, pero sobre todo en las escuelas, poco lograremos reforestando la ciudad, pues de antemano todos los árboles que sembremos quedarán bajo sospecha y amenaza”, leyó Carvajal.

Las pancartas usadas durante la manifestación en defensa de los árboles en Caracas, Venezuela. Foto: @yendrive

Con la lectura de ese manifiesto se presentó públicamente “Plantados”, una plataforma/ coalición de organizaciones ciudadanas en defensa de los árboles de Caracas que lidera Carvajal y que desde ese momento señaló cuáles serían sus actividades concretas para frenar las talas indiscriminadas. La primera es la contención ciudadana y el monitoreo de los árboles, que requerirá el fortalecimiento y ampliación constante de una red que pueda revisar y registrar la situación del arbolado.

Como segunda meta está una reforestación planificada con árboles que, en principio, sean mantenidos en viveros hasta que tengan una altura y fortaleza adecuada para ser plantados sin correr riesgos.

“Ese tipo de cosas las queremos hacer los ciudadanos. El grupo ecológico San Pedro tiene su vivero. Nosotros, como Ciudad Laboratorio, tenemos también un año preparando un vivero y hay otras organizaciones que están en lo mismo y queremos ver cómo ampliar esto como una gran red y ver dónde están las oportunidades y ver cómo podemos empezar a sembrar. Lo ideal es hacerlo de la mano de las instituciones, porque se supone que las alcaldías deben monitorearlo. Pero si estas no están disponibles para ello, tendrán que ser los ciudadanos acompañados de un saber, que afortunadamente lo hay y está reunido en esta plataforma, para hacerlo de manera correcta”, explicó el activista.

La tercera acción será la pedagógica, dirigida tanto a instituciones como a comunidades para que comprendan no solo la importancia y beneficios de un arbolado sano sino también su mantenimiento y cuidado que evite su derribo. Y la cuarta: la presión estratégica para que las instituciones recuperen y asuman su rol de protección del arbolado urbano con miras a una política integral de sostenibilidad. La intención del grupo es discutir los programas y planes de poda y reforestación con los alcaldes y los concejos municipales.

 

Crónica | El 2022 me recibió con COVID-19 y con los bolsillos casi vacíos
A pesar de que los malestares seguían y eran muy incómodos, yo preferí quedarme en cama y con lo que tenía

Después de compartir el 31 de diciembre con mi familia, comer hallacas, escuchar música y ver los fuegos artificiales del año nuevo, el 1 de enero comencé con malestares de lo que ahora la gente llama “la gripe fuerte que está dando”.

Los síntomas comenzaron con mucho dolor corporal, dolor de cabeza, ardor en los ojos y mucha fatiga. Todavía estaba en casa de mi madre en Catia y pensé lo que comúnmente solemos pensar en esta época de “pacheco capitalino”: “Tal vez fue el sereno del 31”. Pero no había analizado todas las veces que salí en diciembre y las personas con las que tuve contacto.

Un día después, el 2 de enero, celebrando el cumpleaños de mi mamá, comencé a tener un malestar mucho más fuerte. Llegaron los escalofríos y la debilidad en todo el cuerpo. Así pasé todo el día y después me vine a mi casa. Todavía me quedaba una semana libre y quería aprovecharla para descansar.

El peor malestar apareció de domingo a lunes: mucha tos, fiebre y los escalofríos eran insoportables. Yo no tenía nada más en mi casa que acetaminofén y eso fue lo que empecé a tomar para bajar la fiebre.

Llegado el lunes 3 de enero, mi mamá me dice que me haga una prueba. Lo mismo me dijo mi novio, quien también tenía malestar, pero más leve. En ese momento comencé a averiguar de algún laboratorio que hiciera las pruebas a domicilio, pues no tengo vehículo, no me sentía bien para subirme al transporte público y no tenía cómo pagar un taxi.

Revisé varias cuentas de Instagram de laboratorios que hacían pruebas a domicilio, pero cuando vi los precios no sabía qué hacer. Creo que empeoró el malestar: las pruebas moleculares, conocidas como PCR, costaban entre 80 y 100 dólares. Yo no disponía de ese dinero, así que busqué los costos de las pruebas de antígenos (test rápido). Los costos seguían siendo altos, porque no solo era mi prueba, también era la de mi novio. Algunas costaban entre 40 y 60 dólares a domicilio, pero si lo multiplicaba por dos, no podía cubrirlo.

En un momento me sentí muy mal porque no encontraba un lugar donde pudiéramos hacernos la prueba. Esto era importante para mí porque no puedo decir “esto es una gripe y ya”, no, debía estar segura de lo que tenía y era un acto de responsabilidad conmigo misma y el resto de las personas con las que tuve contacto en días previos.

 

Pensé incluso en acudir a alguna clínica por el seguro que tengo en mi trabajo, pero un compañero que presentaba síntomas similares me contó su experiencia y yo desistí. En varias clínicas le cerraron las puertas cuando estuvo en proceso de descarte y tratamieNto del COVID-19 y yo no quería estar ‘del timbo al tambo’ sin carro, sin dinero para taxi y, para colmo, sintiéndome mal.

Después de algunas horas de búsqueda, preguntar por Instagram y por WhatsApp, un familiar de mi novio nos facilitó el contacto de un laboratorio donde las pruebas de antígenos costaban 25 dólares. Este fue el sitio más económico que encontré y con lo que me quedaba de dinero podía pagar ambas pruebas y comprar algunas medicinas.

El laboratorio envió a un médico muy amable a hacernos los tests. Nunca me habían hecho un hisopado, porque desde que empezó la pandemia no me había enfermado. Fue muy desagradable, pero necesario. Después de unos minutos la especialista le dice a mi novio: “Tú estás negativo, pero quizás no tengas mucha carga viral”. Luego me ve a mí y me dice lo que ya yo presentía: “Estás positiva, tienes COVID”.

Como ya era algo que veía venir no lo tomé tan mal. Lo primero que hice fue avisar a todos en mi familia que estaba positiva, que pude hacerme la prueba y lo que me costó.

Después de la prueba

Después de conocer los resultados, con el dinero que me sobró de las pruebas compré en Farmatodo algunas medicinas que me sugirió la doctora y otras personas que tuvieron COVID-19 por esos días: acetaminofén, antialérgicos, una solución granulada para tomar disuelta en agua caliente y alimentos fáciles de preparar, para no tener que cocinar. Necesitaba un oxímetro porque me lo recomendó la doctora para hacer una medición periódica de los niveles de saturación de oxígeno, pero el más barato costaba 20 dólares y escapaba de mi presupuesto, por lo que preferí no comprarlo.

Con todo lo que compré, quedé “pelando”, como coloquialmente decimos en Venezuela. Pero seguía necesitando el oxímetro, más que por tener alguna dificultad respiratoria, para cerciorarme de que todo estaba bien con mi saturación de oxígeno, pues mi malestar se hizo poco más fuerte.

Terminé el lunes con mucha fiebre y todos los malestares que ya he mencionado, sumado a los mareos que me daban con solo levantarme de la cama. Después de dormir unas cuatro horas, volví a la búsqueda del oxímetro, de un mejor precio a ver si era posible comprarlo. Sin éxito.

 

Una compañera de trabajo amablemente se ofreció a ayudarme con la búsqueda del oxímetro y cuando le conté cuánto costaba el que había visto en Farmatodo se sorprendió. Me dijo que habían llegado a costar hasta 5 dólares hasta hace un mes y medio, pero ahora aumentaron. Quizás sea porque hay mayor demanda con tantos contagios recientes, el efecto ómicron, la presión que genera en los precios la alta demanda. No lo sé.

Tras escribirle a varias tiendas para comprar el oxímetro, una de ellas me indicó que tenía un costo de 10 dólares. Pensé que iba a ser posible comprarlo, pero cuando le pregunté por el delivery, me dijo que eran 10 dólares más. Increíble, ¿cómo es posible que el costo de la entrega a domicilio fuera el mismo del producto? Agradecí y seguí buscando opciones en otras tiendas. Nuevamente sin éxito, porque quien ahora disponía de dinero era mi novio y ninguna tienda contaba con el método de pago que él tenía.

A resolver con lo que tienes

Ya estaba bastante estresada y agotada por buscar tantas opciones y no poder adquirir un oxímetro de una manera sencilla. En ese momento pensé en todas las personas que han pasado por algo peor, que caen en hospitales o que ni siquiera pueden pagar parte de su tratamiento porque no les alcanza el salario, o porque ya agotaron todos los recursos que tenían.

A pesar de que los malestares seguían y eran muy incómodos, yo preferí quedarme en cama y con lo que tenía. Con el acetaminofén controlé la fiebre, con un jarabe controlé la tos y me tomé los antialérgicos en las noches, como me lo recetó el médico.

Muchos me decían “ve al médico”, pero yo pensaba en todo lo que eso conllevaba y preferí no hacerlo. Me quedé en mi casa, me aislé y me traté cómo pude. Quizá la misma decisión que toman actualmente millones de venezolanos, ante la imposibilidad incluso de hacerse una prueba para determinar si son positivos al COVID-19.

Afortunadamente la fiebre solo duró tres días y después solo sentí un malestar similar al de la gripe. Así estaban muchos conocidos, de los cuales varios no pudieron ni siquiera hacerse la prueba rápida porque no tenían cómo pagarla. Así le pasa a mucha gente y no los puedo juzgar. No todos tienen el dinero para pagar una prueba, un oxímetro, un tratamiento, ni análisis de sangre para monitorear el impacto del virus. Es del denominador común al enfermarse con COVID-19 en Venezuela.

 

Ya han pasado dos semanas y estoy mucho mejor, pero analizando todas esas dificultades que tuve, pienso en aquellos que no han tenido la misma suerte que yo. La COVID-19 es una enfermedad costosa y, mientras más grave sea, más caro será todo. Puede agotar tus limitados recursos financieros en cuestión de horas. A veces es difícil prevenirla porque en cualquier lugar te puedes contagiar, pero lo mejor siempre va a ser cuidarse, pues después no sabemos lo que se nos viene encima y cómo lo tendremos que afrontar económicamente.

Cabe acotar que yo ya tengo las dos dosis de la vacuna. Me vacuné en julio del año pasado y quizás por esa razón no me afectó tanto. No sé si en otro momento hubiera sido más fuerte, pero sí sé que en comparación de otras personas que se contagiaron en 2020, para mí fue mucho más leve.

*También puede leer: Cifras de Covid-19 en cárceles siguen siendo un misterio

Matan a comunicador y líder social en Apure luego de denunciar a un jefe de la GNB por violar DD. HH.
En medio del conflicto armado que se desarrolla a ambos lados de la frontera colombo-venezolana desde el inició de 2022, y que ha dejado más de 30 muertos, destaca el homicidio de José Urbina
El activista y comunicador popular fue asesinado luego de ser amenazado por un teniente coronel de la GNB, a quien denunció por encabezar una ola de detenciones arbitrarias en busca de presuntos miembros de una categoría criminal denominada por Nicolás Maduro como «Tancol»
Este homicidio guarda similitud con los casos de José Odreman (2014) y Dorancelys Tocuyo Martínez (2021)

El dirigente José Urbina fue asesinado de varios disparos la noche del 10 de enero en la localidad de Puerto Páez, municipio Pedro Camejo del estado Apure, luego de denunciar en un video que había sido amenazado públicamente por el teniente coronel Ramón Sánchez, comandante de la Guardia Nacional en esa localidad.

Urbina era comunicador popular en la emisora comunitaria Frontera 92.5 FM, líder social y militante del Partido Comunista de Venezuela (PCV), y había cuestionado una serie de detenciones arbitrarias contra habitantes de Puerto Páez que calificó como «falsos positivos» y que fueron ordenadas por Sánchez. 

El activista y comunicador acusó al militar de detener a personas inocentes con el argumento de que eran miembros de grupos «Terroristas, Armados, Narcotraficantes de Colombia (Tancol)», una categoría creada por el presidente Nicolás Maduro en octubre de 2021 para identificar a supuestos criminales colombianos, los cuales históricamente han sido conocidos como guerrilleros (ELN), exguerrilleros (Disidencias de las FARC y FARC Segunda Marquetalia) y narcotraficantes.

En principio, se dijo que José Urbina, quien militó en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), había sido asesinado justamente por miembros de estos grupos armados no estatales que operan entre Apure y Arauca (Colombia), en medio del sangriento enfrentamiento que vienen librando desde finales de diciembre de 2021 y comienzos de 2022 el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Pero el martes 11 de enero comenzó a circular un video en redes sociales en el que se observa a Urbina advertir sobre la amenaza que había recibido del militar. 

Aunque todavía no hay certeza sobre el móvil y los responsables del crimen ocurrido en un territorio marcado por el conflicto, la denuncia y el posterior asesinato del líder social guarda similitud con otros dos homicidios ocurridos en Venezuela en 2014 y  2021, donde las víctimas alertaron que sus vidas corrían peligro al ser amenazados por funcionarios gubernamentales.

En Venezuela ni videos, ni declaraciones públicas te salvan

Urbina no es la primera persona que hace una denuncia y, antes de ser asesinada, responsabiliza a funcionarios públicos por lo que le pueda ocurrir. 

Tal fue el caso de José Odreman, líder del colectivo Frente 5 de Marzo, que fue asesinado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) el 7 de octubre de 2014, luego de haber responsabilizado en una transmisión de televisión a Miguel Rodríguez Torres, entonces ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, por cualquier cosa que le pudiera ocurrir. 

De acuerdo a Runrun.es, el 7 de octubre la policía científica, con sus efectivos de la Brigada de Acciones Especiales, ingresaron a la residencia Manfredir para hacer un allanamiento. Allí fue asesinado Carmelo Chávez, de 34 años de edad y miembro del colectivo Frente 5 de Marzo. 

Tras el asesinato, José Odreman declaró que el joven era el vigilante y había sido ejecutado mientras dormía. Odreman rechazó el allanamiento, pidió al ministro Rodríguez Torres, que cesara el ataque contra los movimientos sociales y realizó el señalamiento público contra el funcionario. 

Momentos después, en medio de un supuesto enfrentamiento con la policía, José Odreman fue ejecutado por uno de los jefes de la policía judicial, como fue captado en un video doméstico.

Un segundo caso similar fue el Dorancelys del Valle Tocuyo Martínez, una mujer residente del municipio El Callao en el estado Bolívar, quien fue asesinada cinco días después de denunciar piblicamente al alcalde de El Callao, Alberto Hurtado por irregularidades relacionadas con el uso del nuevo billete de 50.000 bolívares. 

El señalamiento de Tocuyo Martínez fue grabado mientras la mujer lideraba una protesta el 24 de mayo de 2021, en la que también señalaba al alcalde de ser cómplice de las redes de prostitución que operan en el poblado, mientras que los habitantes pasaban hambre.

La mujer advirtió que si la mataban era responsabilidad del alcalde. Según La República, Tocuyo fue encontrada sin vida el 1 de junio de 2021.

Semejanzas o coincidencias

Es importante destacar que en todos estos casos hay varias similitudes:  

José Urbina, José Odreman y Dorancelys Tocuyo eran líderes sociales, denunciaron públicamente lo que consideraban atropellos cometidos por las autoridades contra personas de su entorno o de sus comunidades, mencionando incluso con nombre y apellido a los funcionarios a quienes consideraban responsables.

En los casos de Urbina y Odreman las denuncias estaban relacionadas con violaciones de derechos humanos, como lo son las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales. También, ambas víctimas estuvieron políticamente vinculadas al chavismo.

En los tres casos los denunciantes alertaron sobre el riesgo que corrían sus vidas luego de hacer públicos los señalamientos contra los funcionarios. Sus declaraciones y advertencias quedaron registradas en videos y declaraciones televisadas que circularon en las redes sociales donde apuntaban hacía figuras del Gobierno. Todos mencionaron a quienes consideraron podrían ser sus potenciales victimarios. Sin embargo, esto no impidió que fueran asesinados.

Los casos de Odreman y Tocuyo están impunes, o al menos, los señalados por las víctimas no fueron considerados sospechosos, ni fueron investigados. El exministro Rodríguez Torres está en prisión pero por razones políticas. 

En el caso de Urbina, la posibilidad de que se haga justicia parece lejana en un estado donde desde hace más de un año se libra una batalla entre grupos criminales, entre las disidencias de las FARC y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y donde los casos de “falsos positivos” son cada vez más comunes.

Vacunarse es más un deber que un derecho 
La posible deportación de Australia del tenista Novak Djokovic ha abierto un debate entre los derechos de quienes están a favor y en contra de inmunizarse 
Expertos en materia legal y de salud coinciden en que cada país tiene su propia normativa en materia de resguardo sanitario 

Una tormenta entre los movimientos pro y anti vacunas contra la Covid-19 ha ocasionado la posible deportación de Australia del número uno del tenis mundial, Novak Djokovic.

El serbio, quien se niega a inmunizarse contra el virus, pidió una exención para participar en el Abierto de ese país que comienza el venidero 17 de enero, pero su caso está en veremos. Aunque un juez le concedió el permiso para jugar todavía está latente una eventual expulsión por parte de las autoridades migratorias oceánicas por no apegarse a las normas.

Djokovic dijo que no es un experto en el tema, pero quiere tener la opción de elegir lo que es mejor para su cuerpo. “Me guardaré la decisión de vacunarme o no. Es una decisión íntima y no quiero entrar en este juego de los que están a favor y en contra que desgraciadamente están creando los medios de comunicación estos días”.  

Australia ha tenido una política férrea en cuanto a la pandemia. En marzo de 2020 cerró sus fronteras y desde el pasado 1 de noviembre permiten la entrada de ciudadanos australianos y residentes permanentes vacunados sin tener que realizar una cuarentena en las ciudades de Sydney y Melbourne.

De acuerdo con el gobierno de ese país, 70% de la población está vacunada y en algunos sectores como educación y salud es imperativo estar inmunizado para trabajar.

Con sello nacional

El abogado Juan Antonio Rafalli explica que cada país tiene su propia legislación en cuanto al manejo de la salud pública y quienes habiten allí tienen que someterse a esos designios.

“Este es un asunto muy delicado, pero se remite a la legislación interna, en el momento en el que él decide entrar a esa territorio esta se habilita, hay que respetar la soberanía de cada Estado y las medidas que estos puedan tomar para lograr el bienestar de la gente”, dijo Rafalli. 

El doctor Jaime Lorenzo, directivo de la organización Médicos Unidos por Venezuela coincidió con el abogado constitucionalista.   

“Cada país tiene sus normas para el manejo de las situaciones de epidemia, siempre y cuando respeten al ciudadano”, recordó.

Rafalli aseveró que, si bien la gente no está en la obligación de vacunarse porque no hay ordenamiento jurídico que así lo estipule, los derechos individuales no pueden estar por encima de los colectivos.

“Usted puede ser una estrella del deporte, pero no puede estar sobre la soberanía interna de cada país. Hay un ordenamiento jurídico internacional que protege los derechos humanos y parte de una premisa que es preservar la salud. La salud pública debe estar por encima de cualquier derecho internacional”.

En algunos países como Estados Unidos han optado por la medida de pedir certificados de vacunación para ingresar a ciertos establecimientos. Por ejemplo, en Washington, exigirán una tarjeta para lugares públicos de entretenimiento a partir del 15 de enero de 2022.

En Europa no hay consenso al respecto y depende de cada nación. En lugares más azotados por la pandemia, como Inglaterra, piden un certificado de vacunación y una PCR negativa para acceder a ciertos espacios.    

En Venezuela, el gobierno de Maduro asomó la posibilidad de poner un semáforo de control para el ingreso a lugares públicos.

“Se trata de una aplicación en el teléfono que te dice si estás calificado para tener vida social en esta época de pandemia, si la luz se pone verde significa que estás vacunado y puedes entrar al lugar, si es amarillo quiere decir que está sano pero no vacunado”, dijo la vicepresidenta, Delcy Rodriguez. La funcionaria sostuvo que la medida sería una iniciativa entre el Ministerio de Sanidad en acuerdo con el empresariado venezolano.

Lorenzo dijo que esa propuesta quedó solo en promesa. “Fue un fracaso estrepitoso porque no hay organización y planificación, además carecen entre otras cosas de recursos humanos. Tecnológicamente puede ser posible, pero no lo veo viable”. 

Derecho a no vacunarse

Según Lorenzo, por posición de principios, los médicos están de acuerdo con la premisa de que la gente tiene derecho a no vacunarse luego de consultar a varias fuentes y evaluar condiciones específicas.

Miguel es un profesional de la docencia en Venezuela que optó por no vacunarse. Se contagió de coronavirus a finales de 2020 y considera que ya está inmunizado. “Nunca he estado a favor de las vacunas, eso de inyectar un virus a tu cuerpo no me parece, considero que no sirven para nada en este caso, he visto a gente vacunada morir de covid-19, para mi no tiene sentido”.

“Allí entramos en el derecho a la sociedad y es que los individuos no pueden estar por encima de los demás. Hay dos grandes estrategias para enfrentar a la enfermedad comprobadas y estudiadas por científicos en el mundo entero y son la vacunación, que aumenta la capacidad inmunológica contra el virus, y la práctica de las normas de bioseguridad como uso del tapabocas, lavado frecuente de manos y distanciamiento social”, reitera Lorenzo.

Según el especialistas, quienes conforman los movimientos antivacunas deben ser los primeros en apoyar esta segunda estrategia. “Pero vemos una contradicción, porque son los primeros que incumplen las normas de prevención, allí está el primer problema para lograr el derecho individual y el colectivo, el único equilibrio que podemos alcanzar es respetar la decisión de cada quien, pero también respetando las normas de convivencia y de sanidad”.

Lorenzo sostuvo que en Venezuela no hay movimientos antivacunas como tal, sino gente que las rechaza por miedo, tabú o simplemente desconocimiento.

“Venezuela siempre ha sido un país provacuna y eso se lo debemos a médicos que emprendieron una cruzada en los años 30 y 40 como Arnaldo Gabaldón, Enrique Tejera, Martin Vega, entre otros. Ellos crearon todo ese movimiento que logró erradicar enfermedades como el polio, la difteria, la tosferina, el sarampión y la lechina”.

De acuerdo al Vacunómetro, para finales de octubre del año pasado, casi 60% de la población venezolana tenía al menos una dosis de la vacuna. 

Por otro lado, la precariedad del sistema de salud público venezolano y lo costosa de la enfermedad ha servido de aliciente a la gente a insistir en el tema de estar vacunados y prevenir una eventual hospitalización antes de enfrentar a un monstruo de mil cabezas.    

“Las vacunas han sido parte de nuestra formación, las madres tenían muy claro que la vacunación era una forma de evitar las enfermedades, que prevenir es más barato que curar”, agregó Lorenzo. 

#EnchufadIN 2021: Los que no se despegaron de la regleta
El reciclaje de nombres y la acumulación de cargos por las mismas figuras del oficialismo fue la constante de los nombramietnos en altos cargos y la fuente de inspiración del #EnchufadÍN

En 2020 Runrunes lanzó la sección #EnchufadIN para recoger los nombramientos más sonoros de la administración pública. Una y otra vez los mismos nombres rotan y ocupan cargos para el que no están claras sus credenciales. A veces son premios por lealtad y a veces parecen castigos. 

Pero siguen allí, donde hay, o esperando su momento para regresar al roster principal. Jorge Rodríguez comenzó 2021 como presidente de la Asamblea Nacional. Era el séptimo cargo que ocupaba desde que irrumpió en la opinión pública como rector del Consejo Nacional Electoral.

En la regleta no hay para todos, porque siempre se enchufan los mismos. Pero ser #EnchufadIN no es cuestión de género. Delcy Rodríguez, Carmen Meléndez, Jacqueline Farías son algunas que no han quedado desconectadas. Entre las tres suman al menos 25 cargos en la administración pública. Como para que no se diga que las mujeres no tienen oportunidad.

Más recientemente otra mujer reapareció estrenando cargo. Tibisay Lucena es desde octubre ministra del poder popular para la educación universitaria, luego de hacer carrera en el Consejo Nacional Electoral y tras una breve pasantía como rectora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, Unearte.

Del mundo militar destacó el almirante Remigio Ceballos Ichaso, quien es ahora el nuevo ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Desde que fuera edecán del fallecido presidente Hugo Chávez, es el octavo cargo que se le conoce. 

El resto del catálogo #ENchufadín está disponible aquí.