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3 x 3 | Estados Unidos continuará con política de sanciones al gobierno de Maduro
Internacionalistas coinciden en que los candidatos a la presidencia, Donald Trump y Joe Biden no bajarán el tono frente a la administración venezolana  
Manifestaron que el voto de los venezolanos en suelo americano tendrá poca incidencia en los resultados de las elecciones de este 3 de noviembre 

@franzambranor 

El martes, 3 de noviembre tendrán lugar los comicios presidenciales en los Estados Unidos. El actual mandatario, Donald Trump, busca la reelección por el partido republicano, mientras que el candidato Joe Biden será la ficha que usen los demócratas.

Desde el gobierno de Barack Obama, la administración estadounidense ha aplicado una política de sanciones al gobierno de Maduro. En 2015, Obama firmó una orden ejecutiva en la que declaraba “una emergencia nacional por la amenaza extraordinaria e inusual que representa Venezuela”.

Desde entonces, a Maduro y sus acólitos le han caído una lluvia de sanciones provenientes del Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado que han perjudicado a 78 funcionarios, más de 150 empresas y revocado la visa estadounidense a 718 personas. 

Trump ha ido más allá de las sanciones a individuos y emprendió una especie de cerco económico que comenzó con la congelación de 7 mil millones de dólares en activos de Cisco, parte de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en suelo norteamericano.

Aunque el discurso oficialista se basa en recalcar que las sanciones son culpables de la hecatombe económica en Venezuela, un estudio de la institución Brookings y la Universidad de Harvard determinó que “al analizar varios resultados socioeconómicos en Venezuela a lo largo del tiempo, se observa claramente que el peso del deterioro de las condiciones de vida ocurrió mucho antes de que las sanciones fueran aplicadas”. 

Trump ha ganado adeptos entre sectores de la comunidad venezolana, incluyendo aquellos que abogan por una intervención armada. El republicano ha tenido un discurso frontal contra Maduro, llamándole dictador y violador de derechos humanos. 

Ante el inminente proceso electoral en Estados Unidos, los venezolanos se preguntan qué candidato será más conveniente para continuar luchando por la restitución de la democracia en Venezuela.

En Runrunes consultamos a los internacionalistas Mariano de Alba, Elsa Cardozo y Félix Arellano en procura de conseguir una referencia sobre la influencia de la política internacional estadounidense en el curso del futuro político de Venezuela. 

¿A la lucha por rescatar la democracia en Venezuela le conviene que siga Trump o gane Biden en las venideras elecciones en Estados Unidos?

Mariano de Alba: Es difícil dar una respuesta sencilla. En términos de presión internacional y especialmente medidas coercitivas que hagan más difícil el desenvolvimiento del régimen de Maduro, pienso que será difícil igualar lo que ha hecho el gobierno de Donald Trump. Quien considere que es con más medidas de ese tipo que se va a lograr una eventual recuperación de la democracia, entonces tiene sentido que se decante por una continuación del gobierno de Trump. Con Biden en la Casa Blanca, si bien a grandes rasgos es posible que el nivel de sanciones se mantenga, creo que los venezolanos podrían esperar que sea más probable una mayor coordinación internacional entre Europa, Latinoamérica y Estados Unidos sobre cómo responder a la crisis en Venezuela, especialmente en un momento donde no hay consenso y distintos países están siguiendo estrategias distintas. Asimismo, es más probable que con Biden haya un intento de utilizar las sanciones ya impuestas para presionar por una negociación en Venezuela, donde el eventual levantamiento de esas sanciones sería utilizado como una herramienta negociadora.

Elsa Cardozo: Visto desde Estados Unidos, su política hacia Venezuela se mantendría en lo esencial del compromiso con nuestra causa democrática. Pesan las coincidencias bipartidistas en torno a cuestiones de principios y geopolítica. Pueden y creo que deberían cambiar algunas estrategias y ajustarse algunos medios buscando más coordinación con Europa, a lo que Biden muestra más disposición, mientras que con Trump nunca se sabe.

Félix Arellano: Tanto el partido republicano como el demócrata han mostrado interés por el caso venezolano. Pareciera que a la gente se le olvidó la gira de Juan Guaidó por los Estados Unidos donde fue ovacionado de pie por representantes de ambos partidos en el Discurso de la Unión de Trump. Obviamente ambos partidos tienen estilos diferentes, Trump ha creado una expectativa en torno a un cambio inminente en Venezuela. De ganar el candidato a la reelección esperemos que siga con atención la fragilidad democrática en Venezuela. Considero que tanto Trump como Biden seguirán aplicando su política de sanciones, tal vez este primero con un estilo más confrontacional. Otro aspecto interesante es que Trump prestó ninguna o poca atención a los esfuerzos hechos por restablecer el diálogo en Venezuela a través de Noruega.

Trump ha vinculado el partido demócrata con el socialismo. Tanto así que recientemente dijo que Estados Unidos corría el riesgo de convertirse en una Venezuela a gran escala si ganaba Biden. ¿Tiene algo de sentido esa apreciación?

MDA: La apreciación es inexacta y exagerada. Por un lado, es cierto que en los últimos años han ido ganando relevancia militantes del partido demócrata que se identifican con las políticas públicas del modelo nórdico o escandinavo. Desde hace tiempo existen esas tendencias, como por ejemplo la sostenida por el senador por Vermont, Bernie Sanders, quien ha sido congresista desde el año 1991. Sin embargo, Biden y su equipo representan el grupo centrista dentro del partido y el socialismo que promueve elementos minoritarios de los demócratas, como Alexandra Ocasio-Cortez, se parece más al modelo escandinavo y no al socialismo venezolano.

EC: No tiene sentido comparar a los demócratas con los socialistas que Trump tiene en mente, que no son precisamente socialdemócratas ni respetuosos del estado de derecho ni de las instituciones de la democracia. Sin pretender restar influencia a los apoyos internacionales a la causa democrática, creo que lo fundamental  depende de lo que hagamos los venezolanos en organización y estrategia, cuyos ajustes ante los desafíos inmediatos han estado siendo anunciados.

FA: Eso forma parte de lo que el mismo Trump llama Fake News, experiencias pasadas nos demuestran que presidentes demócratas como John Kennedy, Bill Clinton y Barack Obama no aplicaron una política socialista o comunista en sus respectivos gobiernos. Quizás Trump lleve a cabo esa estrategia para exprimir al máximo la animadversión de los latinos contra las administraciones de los Castro en Cuba, de Maduro en Venezuela y Noriega en Nicaragua.

¿Qué tan importante es el voto venezolano en esas elecciones? Muchos venezolanos apoyan a Trump, especialmente en Florida porque promete restablecer la democracia en Venezuela.

MDA: Es poco importante, inclusive en un estado como Florida, el cual es clave para hacerse con la presidencia, ya que la carrera siempre está bastante cerrada. Los venezolanos forman un pequeño grupo dentro del voto latino en Florida, el cual está liderado por personas de origen cubano, dominicano, colombiano y puertorriqueño. Sin embargo, el apoyo venezolano a Trump es significativo. Desde que Venezuela entró en una senda dictatorial con la imposición fraudulenta de la asamblea nacional constituyente, el gobierno de Estados Unidos ha tomado distintas medidas para aumentar la presión y hacer más difícil que Maduro gobierne, sumado esto a una fuerte retórica que ha incluido tratar de generar la expectativa de la inminencia de una intervención militar. Pero el restablecimiento de la democracia en Venezuela sigue dependiendo en buena medida de la organización y coordinación entre los propios venezolanos.

EC: La verdad es que no conozco la proporción de los apoyos venezolanos a Trump y a Biden, pero sí la fantasía de la acción exterior decisiva que aunque descartada en dichos y hechos por su administración, acompaña a los más extremistas seguidores del candidato a la reelección. A eso hay que sumarle la fantasía de que Biden favorecería la continuidad del régimen venezolano.

FA: El voto venezolano no va ser determinante en esta elección, por supuesto que tiene alguna incidencia especialmente en el sector cubano que ven similitudes entre el castrismo y el chavismo, pero el voto verdaderamente importante es el mexicano y el centroamericano, sectores que tienen sus propios problemas, son la comunidad más gruesa dentro de los Estados Unidos y no están muy al tanto de lo que ocurre en sudamérica.

La cuarentena atenta contra la educación inicial
La pandemia y la situación país están haciendo que muchos niños se salten situaciones que son muy importantes para su aprendizaje y desarrollo 
La comunicación directa y fluida con los docentes facilitará el trabajo de los padres
Aunque el aprendizaje en esta etapa se puede adquirir desde la casa, los padres necesitan guías y acompañamiento profesional

 

@Yeannalyfermin

 

Mariana Martínez tiene dos hijos que están por comenzar el primer nivel de educación inicial, o preescolar -como también se le conoce- en una escuela pública en Catia. Martínez realizó la inscripción de sus morochos el pasado 16 de septiembre y desde entonces, la que será la maestra y guía de sus hijos se ha comunicado con ella en un par de ocasiones para informarle que los docentes están de paro y que mientras las condiciones para los ellos no cambien, no van a iniciar sus actividades. 

Mariana afirma que le da un poco de temor el inicio de este nuevo año escolar porque no cuenta con las herramientas tecnológicas adecuadas, y también porque no dispone de mucho tiempo, trabaja desde muy temprano hasta altas horas de la noche como distribuidora de frutas y verduras en varios mercados de Caracas. 

Sin embargo, Martinez le coloca tareas a su hija y le va enseñando poco a poco lo propio para su edad. “Es muy difícil cuando no cuentas con la ayuda de un familiar, ya no tienes el preescolar para que aprenda y no tienes mucha paciencia”, afirmó. 

Una base fundamental

La educación inicial es el primer peldaño en la escolarización de los niños y niñas. Este primer contacto con el mundo de las letras, los números, colores y formas, es clave y obligatorio debido a que facilitan un sinfín de herramientas que serán necesarias para la etapa de educación básica. Sin embargo, la mayoría de los niños venezolanos que estudian en colegios públicos no han empezado clases ni siquiera a distancia.

La psicóloga infantil y escolar, Carmen Chilina León explicó que es en esta etapa donde se construyen las bases del desarrollo y aprendizaje en todo niño. “Hay cuatro grandes líneas a evaluar en esta etapa. Primero, cómo se mueve, su desarrollo físico y motor. Segundo, cómo se comporta, su desarrollo afectivo, social, moral y lenguaje. Tercero, cómo se comunica, desarrollo del lenguaje y cognitivo. Cuarto, cómo juega, donde pone en acción sus logros de desarrollo cognitivo”.

León considera que las cuatro dimensiones antes descritas cambian todas juntas y muy rápido, por lo que día a día se puede ver cuánto aprenden en la etapa inicial.

En estos años se aprende todo lo que hace falta en la vida. Explorar el entorno, compartir, comunicarse, tolerar la frustración y controlar las emociones”, dijo León. 

Omisiones graves

La licenciada en educación pedagógica, Elizabeth Fernández, afirmó que debido a la pandemia y la situación país, muchos niños se están saltando situaciones que son muy importantes para el aprendizaje y desarrollo de los infantes. 

“Los niños necesitan de otros niños para aprender. Se aprende más rápido con tus iguales que con los adultos. El niño se está perdiendo el tiempo de compartir, se está perdiendo el arraigo con la maestra, el momento de sentirse grupo, de sentir pertenencia. Con esto estamos criando un niño aislado que en el futuro le va a costar trabajar en grupo porque va a preferir hacer sus tareas solo”, explicó. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmó en el mes de julio que los jardines de infancia y las guarderías son esenciales para que el niño tenga protección, afecto, estimulación y nutrición mientras desarrolla sus habilidades sociales, emocionales y cognoscitivas.

Trabajo en equipo

Juan Carlos Carrillo se define como ingeniero de profesión y padre de Sebastián por vocación. Desde que la madre del pequeño emigró a España en busca de mejores oportunidades en 2018, él ha cuidado del pequeño en todos los aspectos. Afirmó que aunque ha sido un reto, ha sabido manejar la situación y hasta los momentos ha logrado salir airoso. 

Juan Carlos comentó que se está estrenando en todo esto de la educación inicial y ahora con la complejidad de que es a distancia. “Me siento muy raro, a veces siento que no manejo la situación porque no tengo la pedagogía que requiere Sebastián, pero con la ayuda de las maestras hemos logrado avanzar”, dijo Carrillo. 

Sobre este punto, Chilina León afirmó que, aunque el aprendizaje en esta etapa se puede adquirir desde la casa, los padres necesitan guías y acompañamiento profesional.

“Hay algunas instituciones que lo están haciendo muy bien. Comparten con los papás su planificación, dejan claros los objetivos a lograr y combinan actividades síncronas y asíncronas que incluyen sesiones sociales, como celebrar cumpleaños y jugar bingo”, dijo la psicóloga escolar. 

León reiteró que los maestros están obligados a ordenar mejor su planificación para poder compartirla con los padres y que estos observen y reconozcan las habilidades y fortalezas de sus hijos. 

“Hay que hacer un equipo ganador para que los estudiantes de educación inicial, pues su desarrollo no puede esperar por la vacuna y hay que minimizar el inevitable rezago escolar que quedará de esta medida de contingencia”, afirmó Carmen Chilina León.

La licenciada Elizabeth Fernández afirmó que es importante que los niños estén bien consigo mismo para que el aprendizaje sea óptimo. “Si un niño ve que sus padres están angustiados o ansiosos por la situación económica, será un niño que no va a aprender”. 

Chilina León recomendó que en este momento lo más importante es que los padres mantengan una comunicación clara y directa con los maestros, que la escuela comparta sus planes e informe a los padres y que estos, a su vez, sepan cómo monitorear el desempeño de sus hijos. 

A juicio de León, la escuela debe dosificar las actividades e incluir el componente lúdico y recreativo -para que los niños no pasen tanto tiempo frente a la computadora- respetando siempre las horas de descanso, alimentación y aseo personal. 

Un gran reto

Para la coordinadora de la mención integral y preescolar de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Ana Díaz, la escuela pasó de estar en manos de instituciones educativas a trasladarse al hogar, y entender ese proceso, ha sido complejo y se ha convertido en un gran reto para muchos. 

“La escuela se desdibujó de sus espacios institucionales para ahora ser una escuela plural que está en cada uno de los hogares. Ahora más que nunca es una responsabilidad que se asume más en el hogar y en los adultos responsables de la crianza de los niños”, dijo.

Astrid Pérez Bastidas es periodista, profesora y madre de una niña de cuatro años que acaba de iniciar el primer nivel de educación inicial en un colegio privado en El Paraíso.

Para Astrid todo esto es nuevo. Afirmó que aún no tiene una rutina establecida porque tanto ella, como su esposo trabajan en varios proyectos y es poco el tiempo libre que les queda para planificar. Sobre la metodología que está usando el colegio de su hija dice que ha estado a la altura de la situación. 

“En el colegio abrieron un aula virtual en Drive (una herramienta de Google) que va a ser el canal de comunicación oficial entre los estudiantes y los profesores. La maestra todos los días sube al aula virtual las asignaciones y los padres, junto con los niños, tienen que hacer las tareas que se le asignen y en la medida que se vaya avanzando hay que marcarlo con un check en la plataforma”, explicó Pérez.

Astrid Pérez afirma que hasta ahora, las actividades que han mandado son sencillas, muy mínimas. “Yo me imagino que están procurando el proceso de adaptación porque es muy complicado mantener la atención de un chamo de 4 años a ver 6 horas de clases frente a un dispositivo móvil”, dijo.

Sin embargo, a Pérez le preocupa el hecho de que su hija demanda más de lo que recibe en las clases online, pero tiene fe de que la complejidad de las clases aumente paulatinamente y se trate solo de un proceso de adaptación. 

“La escuela está presente en cada espacio y en cada hogar y eso implica hacer ajustes si se tienen los recursos tecnológicos. Las clases online son viables siempre y cuando se tomen en cuenta factores como la edad y el lugar donde se haga el estudio”, afirmó Ana Díaz. 

La coordinadora de la mención educación integral y preescolar de la Católica explicó que es necesario que se establezca un horario para realizar las actividades detrás de un computador. 

“Debe haber un balance y un equilibrio entre aquellas rutinas de exposición a lo escolar y lo académico, y aquellas rutinas de exposición al juego, a la recreación, al descanso y a la atención de sus necesidades básicas”, dijo.

Educación pública con fallas

Katiuska Rodríguez es licenciada en educación inicial con una maestría en ciencias de la educación. Trabaja para dos colegios públicos en Casalta y Propatria y afirma que actualmente la educación inicial presenta una gran debilidad.

“El Ministerio de Educación presenta muchísimas fallas. Hasta ahora no nos ha dado una inducción sobre cómo vamos a trabajar y eso es grave. Sin embargo, yo como docente me manejo con videos, videollamadas, notas de voz y llamadas normales para poder brindarle a mis alumnos sus clases al día, sin olvidar que muchos no cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias”.

Rodríguez comenta que en las barriadas la situación con la educación es mucho peor de lo que se piensa. “No es fácil trabajar a nivel público y mucho menos con niños vulnerables porque te tienes que enfrentar con abuelos que cuidan de niños, familias disfuncionales, madres que tienen que salir a trabajar y dejar a los niños solos, desnutrición que no tengan agua, que no tengan luz, comida..”, dijo Rodríguez. 

Una investigación realizada por la Federación Venezolana de Maestros (FVM) con la Fundación Para el Desarrollo Integral del Docente, la UCV y la Hanns Seidel, sobre el “Impacto del Coronavirus en Venezuela”, señaló que sólo 10 % de los alumnos encuestados reportó que tiene una conexión estable a internet; 67 % no dispone de recursos materiales para el trabajo en casa y 94 % de los docentes opina que la mayoría no tienen buen servicio de electricidad, ni capacitación digital para cumplir con la instrucción del programa Cada familia una escuela y que 92 % de las familias, estudiantes y padres no tienen servicios de electricidad, internet, computadoras, ni capacitación digital.

A los problemas de luz, agua, internet y gasolina, se le suma el paro activo que mantienen docentes y profesores de instituciones públicas de todo el país para exigir reivindicaciones laborales y mejores condiciones para el inicio del nuevo año escolar. 

La docente Katiuska Rodríguez por sus estudios y por dar clases en dos colegios gana 1.200.000 bolívares mensuales, unos 2,6 dólares aproximadamente. Ella afirma que para poder sobrevivir confecciona ropa, restaura cosas dañadas y da clases particulares, pero no olvida que siempre será, a pesar de las malas condiciones, la docente que  le gusta sacar a los niños adelante porque son el futuro del país, sin importar las condiciones. 

“Cuando salimos a protestar y defender nuestros derechos los colectivos nos tratan como delincuentes, como cucarachas. El gobierno no nos escucha”, dijo. 

Arranque a medias de las refinerías aumenta el riesgo de derrames petroleros
Las fosas residuales no están diseñadas para almacenar todas las corrientes de petróleo que no se usan en la refinación de gasolina, por lo que se rebosan causando un derrame petrolero eventualmente
El desperdicio de estas corrientes causa una gran pérdida de dinero para Pdvsa, ya que esas fracciones difícilmente pueden utilizarse después de almacenarse en fosas residuales

@fefamaya | Foto portada: The New York Times

El arranque a medias de las refinerías para tratar de producir gasolina y poner fin a la crisis de combustible podría ser la explicación del aumento de derrames registrados en las últimas semanas.

Durante 2020 han ocurrido al menos seis derrames petroleros en Venezuela. El primero se registró el 15 de enero en el sector Pirital de Punta de Mata, edo. Monagas. El derrame en la planta de Pdvsa, Ezequiel Zamora, fue ocasionado por la ruptura de un canal de comunicación de crudo hacia Anzoátegui. Según el dirigente sindical petrolero, Luis Hernández, el derrame tuvo una magnitud de 40 mil barriles de petróleo.

El 3 de junio ocurrió el segundo derrame petrolero del año en el municipio Sotillo del estado Anzoátegui. Según un comunicado de Pdvsa, el derrame se originó en la refinería Oriente y no afectó a las comunidades cercanas. El Circuito Refinación Oriente aseguró activar todos los protocolos operacionales. Se desconoce la magnitud del derrame.

Por otro lado, Golfo Triste se vio afectado por dos derrames constantes que se originaron en la refinería El Palito. Según imágenes satelitales del profesor Eduardo Klein, se estima que entre 10 mil y 40 mil barriles se esparcieron a lo largo de la costa el 22 de julio.

Casi un mes después, un segundo derrame se originó en la refinería El Palito. Tras ser una fuga de crudo constante durante tres semanas, la refinería detuvo su producción para revisar la fuente del derrame petrolero. Sin embargo, la producción inició de nuevo sin solventar el problema.

Durante los primeros días de agosto, imágenes satelitales de Klein registraron un derrame petrolero en un poliducto Río Seco, estado Falcón, que se originó en la refinería Cardón. La mancha de hidrocarburo de 32 kilómetros cuadrados de superficie aproximadamente se esparció en el golfo venezolano, afectando a las zonas Punta Maragüey y Zazárida. Klein aseguró que la fuga de petróleo de la refinería Cardón no ha sido contenida. 

La fecha de los derrames petroleros que afectaron el golfo venezolano coinciden con fechas de reactivación de las refinerías El Palito y Cardón para producir gasolina. 

Producir gasolina como sea

Petróleos de Venezuela se ha visto en la necesidad de arrancar de nuevo, bajo frágiles condiciones, la producción de gasolina. 

Transparencia Venezuela reseñó que Venezuela, el país con la mayor reserva petrolera del mundo, se quedó sin gasolina y lo ha hecho justo en medio de la pandemia de COVID-19 y de la caída histórica del precio del petróleo. 

“Este combustible se sumó a la larga lista de productos y bienes por los que los ciudadanos deben hacer largas filas o tienen que acudir a un mercado paralelo y pagar un precio superior. En un intento de evitar este tipo de negocios en medio de la crisis, la gestión de Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio Público anunciaron acciones contra civiles y uniformados implicados en hechos irregulares en torno al combustible, mientras obvian explicar por qué las refinerías del país están paralizadas”, aseguró Transparencia Venezuela en un comunicado.

La agravada escasez de gasolina obligó al mandato de Nicolás Maduro a reactivar ciertas refinerías petroleras, como El Palito y Cardón, para intentar producir gasolina y abastecer las estaciones de servicio del país. 

Sin embargo, debido al deterioro de Pdvsa, la reactivación de producción de gasolina no ha sido tan sencilla.

El ingeniero químico, Fernando Morales, aseguró que lo que sucede con la producción de gasolina, es que sobran las demás corrientes. “Se destila el petróleo y solo una fracción de eso es lo que se utiliza para producir el combustible. Lo que sobra del barril, se convierte en residuos”.

Según Ursula Ehrmann, ex trabajadora de la filial Investigación y Desarrollo de Petróleos de Venezuela, S.A. (Intevep-Pdvsa), cerca de 50% de un barril de petróleo termina convirtiéndose en gasolina. El combustible está compuesto por al menos cuatro corrientes distintas que se obtienen de diferentes procesos. De todos los productos de la refinería, la gasolina es la más complicada de mezclar.

Ambos expertos coincidieron en que probablemente las refinerías de Pdvsa no están llevando a cabo todos los procesos necesarios para bajar la cantidad de residuos que terminan en las fosas. Al no estar diseñadas para almacenar estas corrientes, las fosas se rebosan causando eventualmente un derrame petrolero.

Ehrmann afirmó que la manera más efectiva de prevenir un derrame petrolero es contar con una planificación estratégica para asegurarse de que se tenga la mínima cantidad de procesos necesarios para que no sobre ningún producto que se genere en la secuencia de la refinación.

Morales aseguró que el desperdicio de estas corrientes causan una gran pérdida de dinero para Pdvsa, ya que esas fracciones difícilmente pueden utilizarse después de almacenarse en fosas residuales.

“Las corrientes tendrían que dosificarse una vez que arranque la refinería completa. Si no se utilizan se pierden”, explicó el profesor de la USB.

Aumenta el desperdicio y el riesgo de contaminación

La profesora de la Universidad Simón Bolívar, Ursula Ehrmann, indicó que del petróleo se sacan entre ocho y 10 productos distintos, quizás más dependiendo de la complejidad de la refinería. Sin embargo, ningún producto se puede acumular en ningún lado. Los productos que salen de un proceso deben entrar directo a otro. Esto se debe a que los tanques tienen una capacidad finita de almacenamiento.

“Cada producto está destinado a un tanque específico y no pueden almacenarse en cualquier tanque ya que podrían contaminarse y dañarse. Si salen productos en grandes cantidades que están fuera de especificación tienen que ver dónde los disponen. Por eso es tan difícil arrancar una refinería, no puede arrancar una sola unidad porque aparecen una cantidad de productos secundarios y no se tiene que hacer con ellos”, reiteró la ex trabajadora de Intevep-Pdvsa.

“Es posible que esos productos secundarios están siendo vertidos en fosas residuales porque no lo pueden almacenar en tanques. Al no estar diseñadas para almacenar estas corrientes, las fosas se rebosan causando un derrame eventualmente”, dijo Ehrmann. 

Además, señaló que cuando la refinería opera de manera estable, no hay desechos, ya que todo se consume de un proceso a otro. Los desechos empiezan a existir cuando se arranca una refinería, porque hay un periodo de estabilización. 

Usualmente los desechos de las fosas suelen ser de muy poca volatilidad. Si la fosa está bien hecha, con un fondo impermeable, se supone que los desechos que se descargan allí no permean hacia el suelo. Tampoco deberían evaporarse porque los desechos de las fosas deberían ser muy pesados. 

“Si la refinería no arranca bien y no funcionan todos los procesos, es posible que también existan desechos que no sean tan pesados. Si los productos que se depositan en las fosas no son pesados, la atmósfera se contamina porque no hay manera de evitar que estos productos se evaporen. Las fosas no tienen ningún tipo de cubierta”, dijo Ehrmann.

Un riesgo para las comunidades

Tras el reinicio de operaciones de las refinerías El Palito y Cardón, ambas plantas petroleras sufrieron incendios por el funcionamiento a medias de sus instalaciones y fallas de maquinarias de diferentes procesos, lo que conllevó a que ambas refinerías detuvieran la producción de gasolina. 

La refinería El Palito fue reactivada el 5 de septiembre de 2020, tras permanecer 18 días inactiva. El Pitazo reseñó que la planta arrancó inicialmente produciendo 10 mil barriles de combustible, tras constante monitoreo, la planta logró producir 22 mil barriles de gasolina. Según Reuters, El Palito tiene capacidad para producir 146 mil barriles por día. 

Sin embargo, un mes después de estar operativa, se originó un incendio en la refinería El Palito que afectó la unidad de craqueo catalítico fluido (FCC, por su sigla en inglés), clave en la producción de gasolina.

Por su parte, Eudis Girot, director de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, aseguró que la refinería Cardón reactivó sus operaciones el 22 de septiembre para producir al menos 5 mil barriles de combustibles diarios. 

Girot aseguró que tras 21 días de su reinicio, la refinería Cardón sufrió un incendio que se produjo por falta de bombas para el desalojo de Nafta, compuesto líquido de hidrocarburos obtenido del proceso de refinación. 

Almacenar petróleo en buques es más seguro

Otra de las causas que podrían generar derrames petroleros es el almacenamiento de crudo en buques o plataformas de almacenamiento en el océano. 

Ursula Ehrmann indicó que luego del derrame de petróleo pesado en Alaska, causado por Exxon Valdez en 1989, los buques para almacenar petróleo adoptaron nuevas medidas de seguridad para evitar derrames petroleros en el océano. 

Ehrmann explicó que los buques tienen doble casquete, uno externo y uno interno que se dividen por un espacio vacío. En el caso de que encalle un buque, solo se romperá el caso externo, evitando que se derrame el petróleo a bordo de la embarcación. Internamente, el buque está constituido por compartimentos, de manera que si uno de ellos se daña y ocurre un derrame, solo se derramará una parte del crudo. 

“Hoy en día los buques están diseñados para minimizar las posibilidades de derrames por accidentes de barcos”, dijo la profesora de la USB.

Fiesta iberoamericana por la poesía de Yolanda Pantin

@diegoarroyogil

 

Uno de los lectores más entusiastas de la poesía de Yolanda Pantin, el también poeta Samuel González-Seijas, ha dicho de su obra que “parece trasladarse de la historia personal y doméstica, a una zona más impersonal, donde se desdibujan los contornos de la crónica particular de una persona y sus límites comienzan a fusionarse con las imágenes más primordiales de la vida colectiva, con sus fuerzas y tonalidades, con sus ritmos”. Es, quizá, de los apuntes más hermosos que puedan hacerse sobre la obra de un escritor, de una escritora en este caso: que su trabajo ha logrado rozar el mito.

El comentario viene a cuento siempre, pero hoy en especial puesto que Yolanda Pantin, nacida en Caracas en 1954, acaba de obtener el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, un galardón literario de mucho prestigio en la lengua española, instaurado en 2004 por el Ayuntamiento de Granada y el cual es otorgado por segunda ocasión a un poeta venezolano. El primero fue Rafael Cadenas, en 2015.

Es una fiesta para la cultura, la iberoamericana en todo su alcance, pero sobre todo para la de Venezuela, un país que, como no es un secreto para nadie, atraviesa una zona oscura desde hace demasiado tiempo, pero en el que la voz de los poetas, el hilo de la voz, no ha dejado un segundo de abrir claros para los hallazgos de la interioridad, del alma, vamos. Lo dijo Hölderlin hace siglos y se sabe: “Lo que permanece lo fundan los poetas”, y he aquí una poeta, Yolanda Pantin, que ha hecho y hace lo propio entre nosotros, por lo demás, con una discreción continua y entrañable. Mayor alegría ha sido ver en los periódicos de España, ilustrando la noticia del García Lorca, fotografías en las que Yolanda aparece sonriente como suele estarlo dondequiera que sea. Es la piedad, digamos así, que acompaña desde dentro la sobriedad y la seriedad de su obra. Una obra que, como indica González-Seijas, “señala dónde se abrió la herida”.

La poeta Jacqueline Goldberg se une a la celebración: “Con sus muchos premios e invitaciones a festivales alrededor del mundo, sus muchos libros, su peso en nosotros, Yolanda Pantin es una de las personas más sencillas, accesibles y cálidas que conozco. La suya ha sido una poesía de aliento sostenido, siempre inquieta, anhelante, curiosa, de gran plasticidad. Admiro su capacidad de gustar a todo público, incluso muy joven, y de convocar a la vez un lenguaje hermético, comedido, de sequedades. Pienso, de pronto, en qué poeta venezolano merecería el Premio Federico García Lorca y, que me perdonen amigos y buenos poetas, no se me ocurre nadie más que Yolanda”.

Autora, entre otros libros de poesía, de Casa o lobo, Correo del corazón, El cielo de París, Los bajos sentimientos, La quietud, El hueso pélvico, La épica del padre, País, 21 caballos, Bellas ficciones o Lo que hace el tiempo, a finales de los años setenta Yolanda Pantin asistió al taller Calicanto, de Antonia Palacios, y, a comienzos de los ochenta, fundó y formó parte del grupo Tráfico junto con Armando Rojas Guardia, Igor Barreto, Alberto y Miguel Márquez y Rafael Castillo Zapata. Dice este último: “Desde que conocí a Yolanda en las reuniones de Calicanto, donde surgió la semilla rebelde de Tráfico, sentí y presentí en ella a la poeta, más allá de sus poemas, en su mirada, en su sonrisa, en su perplejidad asombrada, en su manera de escuchar, en su parquedad. Esa actitud, esa presencia, esa manera de estar, se corresponden perfectamente con la naturaleza de su poesía, introspectiva, reflexiva, reticente, oscuramente luminosa, desde Casa o lobo hasta sus más recientes poemas”.

Son características que hacen de la obra de Yolanda Pantin un bien que transmite su vigor y su vigencia, como sugería Jacqueline Goldberg, a las nuevas generaciones. Alejandro Sebastiani Verlezza, un poeta venezolano nacido en 1982 cuyo libro Los hilos subterráneos ha sido recién publicado por Eclepsidra, una editorial a la cual también pertenece Pantin, expresa: “La poesía de Yolanda ha contribuido a darle una dimensión más profunda a la palabra país. Esta palabra, en ella, más allá de unas coordenadas geográficas y políticas, me remite al lugar de las fidelidades, los afectos y las imágenes más entrañables. Lejos de todo sentimentalismo, Yolanda sabe volver a los mundos más personales: la casa, los álbumes familiares, los viajes, los amigos, las lecciones amargas, los poetas leídos. Todo, todo habla para ella y resuena en su voz, presto a pasar al otro lado, allí donde ‘lo que hace el tiempo’ bien sabe obrar”.

Ricardo Ramírez Requena, director de La Poeteca –un espacio dedicado, desde su sede en Caracas, a la promoción de la poesía– suma esta frase: “Yolanda Pantin es una de las voces de la conciencia venezolana”, y asimismo recuerda que su obra ocupa un lugar en el ámbito literario español sobre todo gracias al sello Pre-Textos, de Manuel Borrás, uno de los editores más finos y acertados de Iberoamérica, no en vano gracias a quien, en buena medida, Louise Glück, la Premio Nobel 2020, está publicada en castellano. Borrás, quien en 2011 lanzó una antología de Yolanda Pantin en España –País se titula–, es uno de los mejores amigos de nuestra literatura en Europa. Hoy estará feliz, de eso no hay duda. El Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca ha reconocido una obra que pertenece, no solo a nosotros, sino a toda la lengua española.

Acreedores rodean a Venezuela, el país más endeudado del planeta
Trasnacionales e inversionistas con facturas sin cobrar avanzan en el terreno legal y solo esperan por algún cambio en la política de protección de activos que mantiene Estados Unidos para embargar acciones de Citgo. La deuda equivale a 16 veces las exportaciones anuales.

 

@vsalmeron

 

El pasado 30 de septiembre la juez Analisa Torres, a cargo de un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, decidió a favor de dos pequeños fondos y una firma poco conocida de Florida -Pharo Gaia Fund, Pharo Macro Fund y Casa Express- que exigen a Venezuela el pago de 390 millones 682 mil dólares por capital e intereses vencidos de la deuda, soportada en bonos, que el gobierno venezolano no les paga desde 2018.

Ocho días después Altana Credit Opportunities, una compañía que principalmente opera en las Islas Caimán, introdujo una demanda similar por 108 millones de dólares en el mismo distrito de Nueva York apoyándose en el fallo de la Juez Analisa Torres, que desestimó la petición de los abogados del gobierno interino, liderado por Juan Guaidó, de postergar cualquier decisión hasta tanto no se restaure la democracia en Venezuela.

“Los derechos de los demandantes no se pueden suspender en espera de desarrollos geopolíticos que pueden ocurrir o no”, argumentó la juez Analisa Torres.

Estas escaramuzas forman parte de la batalla legal que libra Venezuela por el atraso en el pago de capital e intereses de bonos que, en su mayoría, fueron emitidos por el gobierno y Pdvsa durante la administración del expresidente Hugo Chávez. A la lista de acreedores se suman trasnacionales a las que el Socialismo del Siglo XXI les arrebató empresas sin pagar por ellas. 

Las demandas de los acreedores exponen a Venezuela al embargo de activos en el exterior como cuentas bancarias y las acciones de Citgo, la filial de Pdvsa en Estados Unidos, que le facilita la venta de petróleo en este estratégico mercado.

Por ahora, la única barrera que impide el embargo de Citgo es la política exterior de Estados Unidos. La administración de Donald Trump, al igual que una larga lista de países, considera fraudulentas las elecciones que Nicolás Maduro esgrime como piso para su reelección en mayo de 2018 y reconoce como presidente legítimo de Venezuela a Juan Guaidó, el actual presidente del Parlamento.

Tras desconocer al gobierno de Nicolás Maduro Estados Unidos aprobó una serie de sanciones y medidas de protección que impiden a los acreedores cobrarse la deuda con activos de Pdvsa en el exterior, sin la autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC).

Pero los acreedores avanzan en sus demandas a la espera de cambios en el gobierno de Estados Unidos.

Dos en uno

En la deuda venezolana hay un juicio clave: el de Crystallex en la Corte del Distrito de Wilmington, Delaware, en Estados Unidos, a cargo del juez Leonard Stark. Crystallex acudió al Centro de Arbitrajes del Banco Mundial (Ciadi) y obtuvo una decisión a favor, que le permite cobrarle a Venezuela 1.400 millones de dólares porque en 2008 le fue expropiada la mina de oro Las Cristinas en Guayana, sin compensación alguna.

Posterior a este fallo Crystallex, una compañía canadiense, recibió un pago de 400 millones de dólares por el gobierno de Nicolás Maduro, pero continúa reclamando el resto. Para cobrarlo introdujo una demanda en Estados Unidos y el juez Leonard Stark decidió en 2018 que Pdvsa y el gobierno venezolano son una misma entidad, por tanto, Crystallex puede cobrar la deuda mediante una subasta de acciones de la filial de Pdvsa, PDV Holding, propietaria de Citgo Holding.

La decisión según la cual Pdvsa y el gobierno de Venezuela son una misma entidad, conocida jurídicamente como la tesis del alter ego, sentó un precedente del cual pueden apoyarse todos los acreedores en sus demandas.

 El Supervisor especial

Tres acreedores de peso concentran sus acciones en la Corte de Delaware: Crystallex, ConocoPhillips y Owens Illinois. Fuentes que siguen de cerca el proceso explican que el pasado 17 de septiembre Crystallex le solicitó al juez Leonard Stark que apruebe la subasta de acciones cuanto antes, porque tras este paso solo la licencia de la OFAC le impediría cobrar la deuda.

ConocoPhillips obtuvo un fallo a favor por dos mil millones de dólares de la Cámara de Comercio Internacional, tras la disolución anticipada de contratos de asociación con Pdvsa. En 2018 Conoco firmó un acuerdo con Pdvsa para cobrar este monto, pero argumenta que Pdvsa incumplió el trato y le solicita al juez Stark que reconozca su deuda y le otorgue prioridad sobre Crystallex en la eventual subasta de acciones de PDV Holding.

Owens Illinois exige el pago de 400 millones de dólares por la expropiación de dos plantas en Venezuela en 2010 y también le solicita al juez Stark que le permita cobrarse subastando acciones de la propietaria de Citgo.

El juez Stark evalúa nombrar un Special Master, un supervisor especial, para que se encargue de llevar adelante la eventual subasta de acciones, en este caso, ni los deudores ni Pdvsa tendrían bajo su control las acciones de Citgo.

Un aspecto clave en las próximas decisiones a tomar en Delaware y en la OFAC respecto a Crystallex, es que Estados Unidos podría estar impidiendo que se cumpla con una decisión del Centro de Arbitrajes del Banco Mundial, algo que de acuerdo a fuentes consultadas comienza a generar preocupación en la administración de Donald Trump.

Acto de Estado

La presión sobre Citgo también proviene de un grupo de inversionistas. En diciembre de 2016 el gobierno de Nicolás Maduro hipotecó a Citgo al emitir unos bonos de Pdvsa que vencen en 2020 que, a diferencia de otras obligaciones, está garantizado con el 50.1% de las acciones del holding que controla la empresa.

El gobierno interino, presidido por Juan Guaidó, considera ilegal la emisión de estos bonos, bajo el argumento de que no podía comprometerse el 50,1% de las acciones de Citgo Holding sin la autorización de la Asamblea Nacional, por lo tanto, introdujo una demanda ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que todavía evalúa el caso.

Un aspecto que puede indicar que comienza a enfriarse la protección de activos es que el pasado 16 de septiembre el gobierno de Estados Unidos decidió no opinar sobre un aspecto clave en el juicio de los bonos: si aplica o no la doctrina de acto de Estado, que establece que sus tribunales deben abstenerse de decidir sobre la validez o no de decisiones tomadas por un Estado extranjero en su territorio.

“Estados Unidos respetuosamente no toma posición sobre la cuestión de si la doctrina del acto de Estado se aplica en este caso, a la luz de cuestiones de hecho y del derecho venezolano”, dice el escrito entregado a la juez.

Todo cambia

José González, especialista en mercados emergentes y quien ha participado en el diseño de bonos de Pdvsa, explica que el escenario es incierto: “Si Joe Biden gana las elecciones del próximo 3 de noviembre cambiarán los funcionarios de la OFAC y si no continúa la protección de activos, cosa que todavía no sabemos, el embargo de Citgo será inmediato. Por otro lado, nada garantiza que Donald Trump, en caso de continuar en la Casa Blanca, no cambie de opinión”.

“Otro aspecto relevante es el juicio por los bonos de Pdvsa respaldados con acciones de Citgo, allí es probable que la Corte sentencie a favor de los inversionistas. Hasta ahora a estos inversionistas se les deben intereses, pero el próximo 27 de octubre caerá en incumplimiento el pago del principal, esto hace que la ejecución de un eventual embargo sea más rápida”, dice José González.

“Creo que Citgo está prácticamente perdida, salvo que la declaren en quiebra. La quiebra detiene todo embargo”, agrega José González.

Maduro intenta jugar

El pasado 12 de octubre el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior emitió un comunicado oficial donde prorroga hasta el próximo 13 de noviembre el plazo para que los inversionistas que tienen en sus portafolios bonos de la República, Pdvsa y La Electricidad de Caracas, firmen un acuerdo que extiende el período en el que los deudores pueden tomar acciones legales.

José González explica que “la administración de Nicolás Maduro con esta acción busca obtener reconocimiento de los inversionistas, dice que reconoce la deuda y que está dispuesto a pagar, pero nadie va a renunciar a su derecho a litigio”.

En un reporte enviado a sus clientes Credit Suisse afirma que la deuda venezolana está emitida con base a la ley de Nueva York y Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente, por lo tanto, “no hay fundamentos legales para que los bonistas negocien con sus funcionarios”.

La deuda inútil

Entre 2004 y 2014 Venezuela disfrutó del boom petrolero más largo de su historia, pero Hugo Chávez, para ese entonces presidente de la república, disparó el gasto con tal intensidad que la lluvia de petrodólares quedó pequeña y la deuda en divisas se quintuplicó a una velocidad centelleante. Tras no crear un fondo de ahorro, malbaratar buena parte del dinero y sufrir una catastrófica caída de la producción de petróleo -el producto que provee 96 de cada 100 dólares que ingresan al país- la bancarrota es un hecho.

La economía venezolana, en recesión desde 2014, se ha reducido a menos de la mitad y las exportaciones se han derrumbado. De acuerdo con las proyecciones de Miguel Ángel Santos, investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, la deuda supera 16 veces a las exportaciones anuales, una relación que convierte a Venezuela en el país más endeudado del mundo.

El equipo económico del gobierno interino considera que al cierre de 2019 la deuda venezolana, tomando en cuenta bonos, créditos de otros países y un estimado por los fallos del Centro de Arbitraje del Banco Mundial, se ubicó en 140 mil millones de dólares.

En 1999, cuando Hugo Chávez se convirtió en presidente de la República, la deuda de Pdvsa por la emisión de bonos era insignificante, de apenas tres mil millones de dólares y al cierre de 2016 se ubicó en 32 mil millones. Este endeudamiento no se tradujo en mayor producción de petróleo, al contrario, todos los planes de “siembra petrolera” quedaron en el papel y en los largos discursos del presidente.

Ecuador y Argentina

Cuando los países no están en capacidad de pagar la deuda inician un proceso de negociación con los acreedores, que tiene como meta una reestructuración de largo alcance que suele incluir una rebaja en el monto adeudado, plazos más largos, nuevo financiamiento, un período de gracia en el que no hay que realizar amortizaciones y tasas de interés más favorables.

Para Venezuela será imposible recuperar su economía sin una reestructuración que, de acuerdo con la mayoría de los analistas, necesitará del aval del Fondo Monetario Internacional y un plan sólido de reformas que garantice el crecimiento.

Las dos últimas reestructuraciones de deuda en América Latina indican que Argentina logró una reducción importante en el monto de la deuda de 45% a valor presente neto y Ecuador logró una rebaja de 52%.

José González considera que “las últimas reestructuraciones de deuda nos dicen que Venezuela podría ir a una negociación fluida y es posible que haya cambios en el corto y mediano plazo que la permitan”.

“Joe Biden ha dicho que considera a Nicolás Maduro como un dictador, pero también ha dicho que va a reabrir las negociaciones con Cuba. Si Biden gana las elecciones y esto se concreta, se abre una ventana con Venezuela y las sanciones podrían disminuir en su rigor. Si esto ocurre viene una negociación. Si se va Trump puede cambiar todo”, añade José González.

Dado que Venezuela es un país petrolero muy probablemente los deudores, en caso de llegarse a una negociación, pondrán sobre la mesa la opción de firmar un acuerdo donde el país se compromete a pagar más en la medida en que recupera su producción de petróleo y el precio del barril aumente.

 

#Monitor de Víctimas | 28 ejecuciones extrajudiciales deja “cacería” policial contra banda de “Santanita” en Lara
Josué Ángel Santana Peña, alias “Santanita”, es el presunto líder de una banda dedicada a la extorsión. Se ha convertido en un “objetivo” de los cuerpos de seguridad y su búsqueda ha sido utilizada como excusa para arremeter contra hombres de sectores populares de al menos 3 municipios del estado Lara. 30 por ciento de las muertes a manos de la fuerza pública, ocurridas en la entidad en cuatro meses de pandemia, estarían relacionadas con la supuesta persecución a este grupo delictivo 

Anderson Piña Pereira  | Karina Peraza | Liz Gascón | Montaje de portada Abrahan Moncada | Infografía Mayerlin Perdomo

 

En el estado Lara, 28 hombres fueron ejecutados por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) entre mayo y agosto de 2020. Aunque no se conocían y no murieron el mismo día, todos tenían algo en común: perdieron la vida en supuestos operativos de búsqueda de Josué Ángel Santana Peña, alias “Santanita”, líder de una banda criminal que opera en cuatro estados del país.

Esta cifra equivale a 30 por ciento del total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en Lara entre mayo y agosto por cuerpos de seguridad del Estado. 92 hombres murieron en manos de funcionarios de la fuerza pública en ese período, la mayoría menores de 35 años de edad.

Este reportaje hace parte de Monitor de Víctimas en Lara, una iniciativa periodística de Runrun.es y Caracas Mi Convive, que busca registrar y analizar los homicidios. La extensión del proyecto al estado Lara comenzó el 1ro de mayo y cuenta con un equipo de periodistas expertos en cobertura de violencia, quienes recolectan los datos y cuentan las historias de las víctimas.

Aunque todos los hechos fueron presentados como enfrentamientos con presuntos integrantes del grupo delictivo, familiares de algunas víctimas descartan esa versión y aseguran que no guardaban relación con la banda que opera en Lara, Yaracuy, Carabobo y Aragua.

Por otra parte, entre enero y agosto de 2020, periodistas de la fuente de sucesos en el estado Lara contabilizaron 181 casos de personas muertas a manos de los cuerpos de seguridad del Estado, la mayoría de estos hechos entran en la categoría de ejecuciones extrajudiciales, similares a las denunciadas en el informe de la Misión Internacional de Determinación de Hechos sobre Venezuela de ONU.

Alias “Santanita”, de 25 años de edad, forma parte de la lista de los más buscados del Ministerio de Interior y Justicia por los delitos de homicidio, secuestro y extorsión. Está solicitado desde 2017, el mismo año en el que se fugó del Hospital Central Antonio María Pineda, tras fingir que estaba enfermo y ser sacado del Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como Uribana, en Lara.

Los presuntos enfrentamientos entre cuerpos de seguridad del Estado y supuestos miembros de la banda comenzaron en mayo, mes en el que fueron asesinados ocho hombres, incluyendo el padre de “Santanita”. En junio, julio y agosto continuaron los procedimientos con un saldo de siete, ocho y cinco víctimas, respectivamente.

Tres organismos de seguridad participaron en el operativo que ha dejado 28 fallecidos. Según datos recabados por Monitor de Víctimas entre mayo y agosto. Pero las FAES suma la mayor cantidad de presuntas ejecuciones extrajudiciales con 15 casos; seguida por el Cicpc, con 11 fallecidos; y el CONAS, con 2.

La difusión de un video en el cual “Santanita” aparece escoltado por dos hombres armados, con los rostros cubiertos, y se atribuye la autoría de un ataque con granada a un concesionario del este de Barquisimeto, el 7 de mayo, desencadenó una serie ejecuciones extrajudiciales encubiertas en el operativo de búsqueda de los miembros de la banda.

 

En la grabación, “Santanita” extorsiona y amenaza de muerte a los propietarios de al menos ocho ventas de vehículos nuevos y usados de la ciudad.

Por otra parte, desde que el director nacional del CICPC, Douglas Rico, anunció que “Santanita” estaba “identificado y activamente buscado”, a mediados de mayo, los organismos de seguridad comenzaron a señalar a las víctimas de supuestos de enfrentamientos como presuntos integrantes de esa banda.

En agosto, Rico ofreció otras declaraciones sobre el cabecilla de la banda dedicada a la extorsión, quien se había convertido “en una prioridad para todos los cuerpos de seguridad”.

El sociólogo Nelson Fréitez, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), asegura que en los últimos años en Venezuela, los organismos de seguridad actúan de manera improvisada y se evidencia en las irregularidades en los operativos policiales. 

Agrega que en los recientes despliegues policiales para dar captura a Santana Peña, no hay rastro de labores de inteligencia por parte de los organismos de seguridad, aunque disponen de recursos del Estado para hacerlo.

Fréitez advirtió que sobre las ejecuciones extrajudiciales relacionadas con la búsqueda de “Santanita” priva la impunidad, como sucede con el resto de las muertes en manos de cuerpos policiales como las FAES.

Empezaron por su barrio y mataron a su papá

Entre el 11 y 14 de mayo, pocos días después de la explosión de la granada en el concesionario Autos 251, las FAES reportaron la muerte de cinco presuntos miembros del grupo criminal en la urbanización La Carucieña, al suroeste de Barquisimeto, antiguo lugar de residencia y centro de operaciones de “Santanita”.

Entre las víctimas de esa incursión destaca Rafael Antonio Santana, papá de “Santanita”, quien fue asesinado por las FAES tras la activación del operativo de búsqueda. El hombre tenía 50 años de edad y dos de sus hijos relataron a Monitor de Víctimas que Santana fue torturado y sacado de su casa el 14 de mayo para simular un enfrentamiento.

Ambos denunciaron que su padre fue obligado a posar con un arma larga y fue fotografiado por los funcionarios, antes de que le dispararan.

En la minuta, Santana –quien presentaba registro por homicidio de 1980– fue señalado como uno de los líderes de la banda de su hijo. “Es falso que él era de la banda, no quiere decir que porque seamos familia seamos de la banda”, comentaron los hijos de la víctima, quienes prefirieron que su identidad no fuera publicada pues temen convertirse en blanco de las autoridades. Además negaron que su padre mantuviera contacto con Josué Ángel Santana Peña en los últimos meses.

En este mismo procedimiento, la FAES también mató a Adrián Douglas Sánchez Ochoa, un buhonero de 33 años de edad que no vivía ni trabajaba en La Carucieña, contaron familiares al Diario La Prensa de Lara que desconocían si la víctima tenía nexos con “Santanita”.

Yeferson José Mendoza Pérez, de 24 años de edad; Geison Griman Acosta, de 27 años y Koli José Álvarez, de 24 años son las identidades de las primeras víctimas que cobró las FAES en La Carucieña relacionadas con el caso de “Santanita”. Un allegado indicó que los jóvenes fueron acusados de figurar en el video de Santana Peña.

“Los señalan a ellos por el color de piel. Imagino que los asociaron con Santanita porque él era de La Carucieña, pero ninguno firma Santana”, precisó la fuente al explicar que ninguno de los asesinados se apellidaba Santana. Asimismo, advirtió que hubo excesos en la incursión de las FAES que ocurrió el 11 de mayo en horas de la mañana.

Los funcionarios detonaron una granada aturdidora para irrumpir en la casa que le pertenecía a Griman. “Cada quince minutos se escuchaban los disparos y a las 6:30 de la mañana en una camioneta de las Faes sacaron los tres cuerpos, pero siguieron las detonaciones hasta las ocho de la mañana”, agregó el testigo.

El mismo patrón

La madrugada del 18 de junio, en el kilómetro 11 de Pavia, al oeste de Barquisimeto, funcionarios del Cicpc llegaron al lugar. No tenían orden judicial y entraron a la fuerza a la vivienda de la familia Suárez Mújica. Preguntaron por José Luis, de 29 años de edad, y le ordenaron a las otras cuatro personas que se encontraban en la casa que salieran del inmueble.

Era tan temprano que los familiares no entendían qué pasaba. Sin embargo, accedieron a la solicitud y abandonaron la vivienda escoltados por funcionarios. Un familiar develó que en el momento en el que se iban alejando escucharon las detonaciones. Suspiró profundamente y solo dijo: “Ahí supe que a José Luis lo habían matado”.

Pocos minutos después, al oeste de la capital larense, en el sector El Mamón de Pavia, el patrón se repitió. Asdrúbal José Yajure Mendoza, de 26 años de edad, fue asesinado por el mismo cuerpo policial. Los uniformados llegaron a la vivienda y, como las puertas tenían candados, las tumbaron y al entrar apuntaron a los seis miembros de la familia, incluyendo una adolescente de 13 años de edad.

Los funcionarios llevaban los rostros tapados y todos estaban armados. Les hicieron lo mismo que a la familia Suárez Mújica, los obligaron a salir de la vivienda, mientras que a Asdrúbal lo tenían vigilado. A una mujer que se resistía a abandonar la casa, la halaron por el cabello y la sacaron. Poco después el hombre de 26 años fue ejecutado.

Ese mismo día, a Pavia, llegó una comisión de la División Antiextorsión y Secuestro del Cicpc, con competencia nacional con el objetivo de ubicar a presuntos integrantes de la banda del “Santanita”, pero en medio del operativo murieron dos personas que no pertenecían al grupo hamponil. 

El 23 de junio, una comisión de las FAES ingresó pasadas las 3:00 pm a la comunidad La Concordia y se llevaron consigo a Dubian Valencia Barboza, de 41 años de edad. Sus vecinos pensaron que había sido por andar sin tapabocas y por incumplir el decreto regional que en el momento prohibía la circulación de personas después de las 2:00 de la tarde.

La familia de Dubian lo encontró la tarde del 24 de junio en la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto. Ese mismo día su cuerpo había sido trasladado por funcionarios de las FAES al centro de salud. La comisión alegó que Dubian fue herido en un enfrentamiento en el sector Simón Rodríguez, un barrio localizado detrás del cementerio municipal de la ciudad donde han ocurrido otras ejecuciones extrajudiciales.

Familiares declararon que Dubian no frecuentaba esa zona donde fue asesinado y existen testigos que vieron cómo se lo llevaron con vida un día antes; de la misma forma aseguraron que la víctima no manejaba armas de fuego, como apunta la versión oficial.

“Seguro por tener antecedentes fue que decidieron matarlo, pero Dubian hacía años se había regenerado y su experiencia la usaba como pastor evangélico para predicar dentro de los penales”, manifestó su hijastro, quien además reiteró que el hombre tenía cinco años trabajando como vendedor de boletos en el Terminal de Pasajeros.

 

 

Un recluso de Tocorón entre las víctimas

Ocho personas fueron asesinadas en presuntos enfrentamientos en un lapso de nueve días del mes de julio.

Seis de los hombres murieron en manos de la Brigada Antiextorsión y Secuestro del Cicpc de Lara, en conjunto con el Eje de Vehículos y la Subdelegación de Quíbor. Según las informaciones policiales los procedimientos fueron parte de una investigación en donde supuestamente lograron frustrar el secuestro del hijo de un empresario de Quíbor, municipio Jiménez.

El primer hecho fue el viernes 17 de julio cuando efectivos de la policía científica mataron a  José Damian Hernández Mendoza, de 35 años de edad, en el sector Quebrada Grande del municipio Jiménez. Alegaron que portaba un fusil y una granada y era uno de los hombres que movilizaban al resto de la organización.

Pasaron tres días y nuevamente el Cicpc volvió a incursionar en Jiménez, esta vez habrían asesinado a William Jesús Barrios Fréitez, de 28 años de edad, conocido como “Chuchú”, este joven ya había sido señalado de participar en el secuestro del comerciante árabe y debía estar recluido en la cárcel de Tocorón.

El tercer procedimiento del Cicpc fue el viernes 24 de julio en el barrio El Tostao, al oeste de la ciudad. Luis Emigdio Perdomo Villegas, Harold Enrique García Yoleaney y una tercera persona que no fue identificada fueron asesinadas, supuestamente porque formaban parte de la banda del “Santanita”. La sexta persona fue Juan Carlos González Mendoza, de 33 años, murió el 25 de julio en el sector La Ermita.

Estas víctimas eran de Lara, Carabobo, Aragua y Trujillo. Por esta razón los familiares demoraron varios días para retirar los cadáveres.

Con estos hechos, el comisario Douglas Rico, director nacional del CICPC, emitió un pronunciamiento y anunció que se había desmantelado parcialmente la banda de “Santanita”.

A la vez, Rico informó que “Santanita” se convertía en un “objetivo nacional” para todos los cuerpos de seguridad y reveló que estaba refugiado en el penal de Tocorón. Asimismo, afirmó que en la búsqueda de Wilexis Alexander Acevedo, alias “Wilexis”, en Petare, supieron que “Santanita” había estado compartiendo en esa zona 

Las FAES también pusieron su cuota en el mes de julio y mataron a dos personas a quienes identificaron como supuestos miembros de la banda del “Santanita”: Wilmer Wilson Martínez López, de 25 años de edad y José Alejandro Mendoza Díaz, de 22 años de edad.

Martínez residía en el sector 19 de abril de la comunidad El Jebe, ubicada al norte de Barquisimeto. El 22 de julio, en horas de la madrugada, las FAES ingresaron a su vivienda porque supuestamente se había robado un teléfono celular, pero en medio del interrogatorio al que fue sometido el joven le contó a los funcionarios que trabajaba en la venta de vehículos Súper Autos, ubicado en la carrera 18 con carrera 22 de Barquisimeto 

El 12 de junio ese concesionario donde trabajaba Martínez fue atacado con un artefacto explosivo y sirvió de coartada para que las FAES lo incriminara con la banda de “Santanita”. La familia de la víctima denunció que se trató de una ejecución extrajudicial, aclaró que Martínez no se encontraba armado y mucho menos que formara parte de esa banda. El entorno de Martínez aseguró que el joven tenía más de siete años trabajando con los dueños del concesionario y que era un empleado de confianza.

De la misma forma, la familia dijo que en el momento en que las FAES llegó a la vivienda, separaron a los familiares de Martínez y los encerraron en una patrulla, mientras que al joven lo asesinaron en la vivienda.  

 

 

En medio del operativo de búsqueda de “Santanita”, los habitantes de La Carucieña se han sentido atemorizados por los procedimientos de los cuerpos de seguridad que no solo intimidan y amenazan a las personas, sino que también les roban sus pertenencias. Temen por la vida de sus hijos porque los policías no “investigan quienes son”, sino que “asesinan a cualquiera”, sostienen.

Un vecino de la comunidad que prefirió mantener el anonimato declaró a Monitor de Víctimas que los funcionarios de las FAES utilizaron como pretexto la búsqueda de “Santanita” para cometer abusos de poder en La Carucieña.

Explicó que el 11 de mayo, día en el que se registraron tres ejecuciones extrajudiciales en el sitio, La Carucieña entró en una especie de toque de queda, debido a la presencia de las FAES.

“Ese día, nadie entraba, ni salía”, dijo la fuente, quien precisó que los funcionarios aprovecharon la “balacera” para detener a cuatro personas, vecinos de la familia paterna de “Santanita”, que no tenían relación con la banda.

La fuente señaló que uno de las aprehendidos pagó la suma de 200 dólares para quedar en libertad, mientras que los otros tres detenidos salieron gracias a la mediación de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

“Fueron días de terror, a algunos vecinos los robaron, mientras les allanaron sus casas con la excusa de que “Santanita”, estaba merodeando la zona. Otros eran amedrentados por la FAES”, subrayó.

De acuerdo con esta misma fuente, el despliegue de las FAES en el sector popular se extendió por espacio de 20 días. A la fecha, la presencia de los uniformados continúa, pero no como en meses pasados. La Carucieña comunidad donde creció “Santanita” está ubicada en la parroquia Ana Soto, antigua Juan de Villegas y fue precisamente donde se registraron la mayor cantidad de incursiones de los cuerpos de seguridad.

De las 28 muertes, 25 se perpetraron en el municipio Iribarren.

En la parroquia Ana Soto se concentraron los procedimientos, allí fueron asesinadas 18 personas, tres crímenes se cometieron en la parroquia Catedral, mientras dos fueron en Tamaca, 1 en la parroquia Unión y sólo en un caso no existe información. Las otras tres víctimas fueron en el municipio Jiménez. 

Para el sociólogo Fréitez, que también forma parte de la Red de Derechos Humanos del estado Lara, los organismos de seguridad cometen ejecuciones extrajudiciales para enviar un mensaje de control y terror a la población en lugar de obtener resultados efectivos para disminuir los índices delictivos.  

 

¿Quién es alias “Santanita”?

Josué Ángel Santana Peña es señalado de ser el autor de al menos siete homicidios cometidos por supuesta venganza o en medio de la ejecución de robos. El último asesinato en el que estaría implicado es el del comerciante árabe Tamman Alschaer, secuestrado en una alcabala falsa el 6 de enero de 2020 en el municipio Palavecino; asesinado el 9 de enero y hallado el 16 de enero.

El crimen de Alschaer estremeció a Lara porque desde el 2013 no se registraban secuestros, ni hechos de esa magnitud en la entidad.

El comisario Douglas Rico, director nacional del Cicpc, señaló a “Santanita” como el autor intelectual y material del secuestro y posterior asesinato del comerciante árabe. Esta sería la primera incursión de “Santanita” en un secuestro.

Según fuentes policiales que esclarecieron el caso, alias “Santanita” habría actuado en conjunto con el pran de la cárcel de Tocorón, Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, quien también dirige la banda criminal Tren de Aragua. De acuerdo con las autoridades, en la alcabala falsa donde interceptaron a Alschaer estaba un recluso de Tocorón que habría salido para delinquir. Los captores portaban chalecos antibalas y armas largas. 

 

Una joyería en el estado de cuenta: los pagos sospechosos de una transnacional del oro a empresas anónimas en Venezuela

Sin oficina conocida en el país, la comercializadora de oro Kaloti Jewellery International, investigada por Estados Unidos por lavado de dinero y señalada de contrabando de metales preciosos, tocó Venezuela de forma indirecta. Entre 2011 y 2012, miles de dólares entraron en cuentas en el extranjero de pequeños comerciantes de libros, pescado, pan, entre otros, prácticamente desconocidos, en un contexto de sequía de dólares. Los pagos ponen en evidencia un enrevesado costado de las distorsiones del control de cambio que rigió en Venezuela por más de 15 años. Son transacciones que no involucraron oro como mercancía aunque el pagador fuese una de las corporaciones auríferas más grandes del mundo.

@boonbar

@marcosdavidv

Maracaibo, Barquisimeto, Caracas, Lechería, Güiria. En estas cinco ciudades tan dispares como equidistantes a lo largo de 1.300 kilómetros, que se extienden del occidente al oriente de Venezuela, se encuentra un puñado de pequeñas empresas que tienen como denominador común haber recibido pagos de una compañía con sede en los Emiratos Árabes Unidos: Kaloti Jewellery International Company Limited, de Kaloti Jewellery Group. 

Se trata de una de las corporaciones de refinación, fabricación y comercialización de oro más extendidas del mundo, que por tres años fue investigada por una fuerza de tarea conjunta liderada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), pesquisas que incluso llevaron a funcionarios estadounidenses a recomendar en 2014 que la empresa fuera designada como una amenaza de lavado de dinero utilizando la Ley Patriota, basados en todas evidencias que habían acumulado. El gobierno de Estados Unidos decidió cerrar el caso por consideraciones diplomáticas con sus aliados emiratíes, pero las alertas llevaron a que algunos bancos les cerraran las cuentas y perdieran una importante certificación de su principal refinería. 

¿Por qué la megacorporación del oro fundada en Dubái depositó miles de dólares a las cuentas bancarias en el extranjero pertenecientes a una empresa pesquera, un instituto oncológico, una editorial de medicina y odontología, el propietario de una panadería y el dueño de una importadora en Venezuela sin aparente relación con el sector aurífero? 

Las inusuales transacciones entre Kaloti y las empresas venezolanas con participación de bancos extranjeros y agentes intermediarios que operan en jurisdicciones de “alto riesgo” levantaron las alarmas de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su acrónimo en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que investiga datos financieros relacionados  con lavado de dinero y terrorismo. 

La filtración de más de 2.100 reportes de actividades sospechosas (en inglés Suspicious Activity Report, o SAR), obtenida por BuzzFeed News, compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y a la que tuvieron acceso más de 400 reporteros de 88 países para dar origen a la investigación global de los FinCEN Files, reveló que entre 2011 y 2012 Kaloti transfirió al menos seis pagos a 2 particulares y 3 compañías registradas en Venezuela que suman un total de 420.070 dólares, equivalentes a unos 8,4 kilos de oro calculados según promedio del precio del oro en la época. Una cifra que podría lucir intrascendente en el millonario panorama del mercado internacional de oro pero que en realidad se adiciona a las miles de operaciones que efectuó la transnacional a un centenar de compañías en otros países de América Latina, Asia y África, tal como registran los documentos del FinCEN. 

Las operaciones bancarias de Kaloti Group identificadas como dudosas por el Departamento del Tesoro estadounidense suman miles de transferencias por un valor de  9.300 millones de dólares, realizadas entre 2007 y 2015 dentro del sistema financiero internacional. Un cuarto de los SAR recogidos en la filtración están relacionados con oro. Venezuela figura como el tercer país con mayor número de reportes de actividades sospechosas de estar vinculadas con lavado de dinero a través del comercio de oro. 

La web de Kaloti Jewellewry International describe que la corporación mantiene “altos estándares de integridad, excelencia y conformidad”

Que un nombre de persona o empresa aparezca en un SAR del Departamento del Tesoro norteamericano no es una buena noticia pero no necesariamente es indicativo de algún delito o conducta criminal. Los bancos en Estados Unidos están obligados a enviar a la FinCEN informes que indiquen si se “sabe, sospecha o tiene alguna razón de sospechar” que una transacción tenga un origen ilícito o dudoso objetivo de negocio. No son en sí denuncias formales pero sí alertan a las autoridades sobre posibles operaciones de lavado de dinero proveniente de la corrupción, narcotráfico y crimen organizado. En los FinCEN Files no está la totalidad de los miles de informes emitidos durante los años analizados.

 Si bien las empresas venezolanas que recibieron pagos de Kaloti fueron registradas en el país, las transacciones se hicieron entre cuentas de bancos internacionales por orden de compañías domiciliadas en “sitios conflictivos” como Curazao y Guyana. Todo esto ocurrió justo en una época en la que regía el control de cambio implantado por el gobierno chavista desde 2003, que bajo la gestión de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) bloqueaba la libre convertibilidad de la moneda y por lo tanto el intercambio entre cuentas bancarias de bolívares venezolanos a dólares. 

Aunque el objeto de estas operaciones bancarias fue descrito como “comercialización de oro” por la empresa emiratí, no hay registro de exportaciones por parte de las empresas venezolanas ni particulares involucrados. En los balances aduaneros de los años que figuran en los reportes a la FinCEN no existe la venta de lingotes dorados provenientes de Venezuela a Kaloti ni a ninguna otra compañía extranjera, según recoge la base de datos de comercio internacional Import Genius. 

Las transferencias de Kaloti “por comercio de oro” a empresas venezolanas ocurrieron entre 2011 y 2012, cuatro años antes de la creación del controversial Arco Minero Minero del Orinoco, un megaproyecto de minería concebido y anunciado por Hugo Chávez en 2011 e instaurado definitivamente por Nicolás Maduro para la explotación de materiales estratégicos, que derivó en una cantera de corrupción, devastación ambiental, masacres y desapariciones. También ocurrieron antes de que fuera establecido por ley el monopolio de la comercialización del oro por parte del Estado, cuando las reglas de la compra y la venta del oro explotado en las minas del sur del país estaban aún menos claras. El Banco Central de Venezuela es el organismo que autoriza la venta del material aurífero tanto dentro como fuera del país. 

Una de las entradas al Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar, Venezuela. Foto: Bram Ebus

Las empresas señaladas tienen en común alguna formalidad estructural como identificación fiscal, registro de empresa, reporte de importación de mercancía con su correspondiente registro en aduana. Incluso dos de las cinco compañías  aparecen en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), aunque hoy en día están inhabilitadas para contratar con el Estado. Pero en todos los casos resultó difícil conseguir el contacto y la sede física a partir  de la dirección, correo electrónico y números telefónicos reflejados en los SAR y algunas cuentas de redes sociales. La falta de datos muestra también la dificultad de los bancos, ubicados en la primera línea de prevención del lavado de dinero, para seguir las trazas del dinero que consideran sospechoso. 

El principal llamado de atención de los bancos a la FinCEN es que las empresas que recibieron pagos de Kaloti desviaron sus actividades para vender oro y asomaron que los movimientos bancarios sospechosos se inscriben dentro de patrones de lavado de dinero estudiados por la DEA y organizaciones como Global Witness.  

Pero en el caso de Kaloti y las empresas venezolanas la relación no resulta tan directa. Un grupo de pequeñas y medianas empresas venezolanas sin relación entre sí y desconectadas del sector aurífero quedaron envueltas en inusuales transacciones entre comercializadoras de oro extranjeras, que se valieron del control de cambio en Venezuela para ejecutar esas operaciones identificadas como sospechosas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y lo hicieron sin saberlo. 

 

Una deuda de pescado 

Cuando vio el nombre de Kaloti Jewellery International en el balance bancario de su empresa pesquera, Alí Saab Saab tuvo un mal presentimiento. ¿Por qué una joyería extranjera le estaba transfiriendo los más de 100 mil dólares correspondientes al pago pendiente de la deuda acumulada de un cliente por compra de pescado? “Esto nos puede traer problemas”, pensó con inquietud. Pocos meses después, el First Bank of Miami cerró la cuenta corporativa y nueve años más tarde, el nombre de la mediana compañía ubicada en Güiria, al extremo oriental del estado Sucre, apareció en la filtración de los FinCEN Files como receptora de una transacción sospechosa que relaciona a la corporación del oro de Dubái y la comercializadora El Dorado Trading, ubicada en Guyana.

 Según el reporte de actividad sospechosa llenado en marzo de 2012 y dedicado a Inversiones Rosu C.A., el First Bank de Miami señaló que el 19 de diciembre de 2011 Kaloti Jewellery Internacional hizo dos transferencias por un total de 109.452 dólares a beneficio de la empresa pesquera de Güiria desde su cuenta del Deutsche Bank de Londres usando la entidad intermediaria Deutsche Bank Trust de Nueva York, por concepto de “comercio de oro por orden de El Dorado Trading”.

El banco estadounidense confirmaba en su reporte que la empresa de los hermanos Roston, Rafik y Ali Saab Saab se dedicaba a la industria pesquera y operaban cuatro barcos con autorización para trabajar en Venezuela, Surinam, Guyana y la Costa Atlántico Sur hasta Brasil. En el documento ante la FinCEN, el First Bank de Miami explicó que “las  transacciones (de Inversiones Rosu C.A) no parecían tener “un razonable propósito y se desvían de la actividad esperada por el cliente”. También dijo que el cliente “no pudo proporcionar documentación para soportar las transacciones”.

Alí Saab Saab aseguró en una entrevista del 23 de septiembre de 2020 que no había manera de presentar documentos de una transacción en un país de extrema informalidad financiera y poca fiscalización como Guyana, operación por la que además no fueron previamente consultados. Lo dice quien es oriundo de una región de Venezuela ahora azotada por el contrabando de gasolina, narcotráfico y bandas criminales. 

 Los propietarios de Inversiones Rosu C.A son tajantes: “Nunca hemos tenido ningún tipo de relación con la empresa (Kaloti Jewellery International Group.), y jamás hemos comercializado con oro. Lamentablemente, todo lo que trajo esa transferencia fue un incidente ajeno a nuestra voluntad y control”

En una respuesta enviada por email el 23 de septiembre, Saab Saab despeja las sospechas sobre las embarcaciones de la empresa en aguas extraterritoriales. “Güiria siempre se ha caracterizado por ser un área de producción pesquera y agrícola. Es costumbre que toda las embarcaciones pesqueras, llámese pargueras y polivalentes, tanto de Güiria, como de otros puertos del Oriente, realicen faenas de pesca en aguas de Guyana, Suriname e incluso Guyana Francesa, con licencias legales obtenidas o auspiciadas por los clientes que existen en esos puertos, permitiendo descargar o vender parte de la producción pesquera”. 

Saab Saab confirmó que aquel cliente de Guyana les adeudaba varias faenas o campañas de pesca. “El hecho de que esos fondos fueran abonados a nuestra cuenta sin nuestro consentimiento en lo que respecta al remitente de la transferencia, nos costó no solo la relación comercial, sino también el cierre de la cuenta. Inclusive, los fondos fueron abonados sin control previo por parte del banco, que de haberlo realizado, nunca habríamos aceptado el depósito de los mismos”.

Descartan asimismo cualquier vinculación con El Dorado Trading. “No existía relación con esa empresa; obviamente exigimos una explicación a nuestro cliente en Guyana, que sin consultarnos o solicitar nuestra autorización pidieron por su cuenta que nos hicieran la transferencia cuyo concepto original era producción pesquera”.

 

Derecho de autor

Un caso similar ocurrió con Actualidades Médicas y Odontológicas Latinoamericana, Amolca C.A (Actualidades Médico Odontológicas) una editorial de textos de medicina fundada hace 36 años en Caracas y que en 2019 mudó su sede principal a Medellín empujada por la crisis generalizada de Venezuela, aclararon sus propietarios. Conservan la oficina de la capital venezolana en un pequeño edificio tan discreto como desvencijado del este de la ciudad. 

En un informe de actividad sospechosa de la FinCEN de diciembre de 2011, el Ocean Bank reportó que Amolca C.A registró actividades sospechosas con algunos giros provenientes de ubicaciones geográficas  de “alto riesgo” como Emiratos Árabes Unidos y Siria. Agregaron que la actividad era inconsistente con el negocio y la historia del cliente.

En la sede en Caracas de Actualidades Médicas Odontológicas (Amolca C.A) sigue funcionando en un pequeño edificio en el este de la capital. Oficina principal se mudó a Medellín en 2019. Foto Lisseth Boon / Runrunes

El SAR reporta que en diciembre de 2011, la empresa propiedad de Rafael Ángel Cortez, Margarita Florez de Cortez y Guillermo Cortez recibió un pago único de 9.976 dólares por parte de Kaloti Jewellery International de Dubái a través de la cuenta del Deutsche Bank y del intermediario Deutsche Bank Trust de Nueva York por concepto de “comercio de oro al cuidado de Haig’s Internacional N.V”. Identificaron esta operación como “inusual” y “altamente irregular” emitida desde una jurisdicción “de alto riesgo” y relacionada a una actividad comercial muy diferente a la editorial. 

En su momento, a Margarita Florez de Cortés, una de las propietarias de Amolca C.A, le extrañó recibir en su cuenta del Ocean Bank de Miami un depósito de casi 10  mil dólares por parte de una “joyería internacional”. En diciembre de 2011, la editorial necesitaba obtener divisas para cubrir algunas operaciones en el extranjero para la compra y venta de derechos de autor por lo que debieron recurrir al mercado negro, costumbre arraigada en la Venezuela de aquellos años sumida bajo el control cambiario que solo permitía el acceso a dólares preferenciales a reducidos sectores de la economía como el de alimentos y medicinas. 

“Aquella transacción fue producto de la compra de dólares en el mercado secundario a una persona que nos recomendaron para cambiar las divisas a fin de honrar compromisos de la editorial en el exterior. La operación se hizo de esa manera debido al control cambiario en Venezuela; era además una práctica común que hacían las empresas que tenían compromisos en el exterior”, aseguró Florez en una carta enviada el 21 de septiembre de 2020. En ese tiempo regía, sin embargo, la Ley de Ilícitos Cambiarios que establecía multas y prisión a quienes compraran o vendieran divisas fuera del Banco Central de Venezuela, una legislación que fue derogada en 2019. 

La propietaria de Amolca C.A subraya que se trató de una operación puntual y no consecutiva que se efectuó hace nueve años. No conserva detalles de esa transacción, como por ejemplo la identidad de la persona en Caracas que gestionó el cambio de bolívares a dólares, o si se hizo mediante cheque o transferencia bancaria. “Con la mudanza, se desecharon muchos documentos que la empresa no consideró importantes”. De lo que sí está completamente segura, insiste, es que la editorial nunca vendió oro y jamás tuvo relación con Haig’s International ni Kaloti. 

¿Por qué Haig’s International, una comercializadora de oro afincada en Curazao, de conocida gestión en el mercado global, querría tener una moneda tan devaluada como el bolívar fuerte venezolano en 2011? La respuesta podría apuntar hacia el sur minero del país. Para aquel año en que Hugo Chávez nacionalizó la actividad aurífera en Venezuela, la compra y venta del oro en la región minera del estado Bolívar aún se efectuaba con bolívares y en efectivo. Además, denuncias oficiales y reportajes periodísticos han confirmado que la ex antilla neerlandesa ha servido de puente para la legitimación del oro venezolano promoviendo su salida legal hacia el mercado internacional. 

 

Un apartamento y la banca clandestina 

Un esquema parecido se aplicó con el Instituto Oncológico del Occidente, centro de salud registrado en 1981 en Maracaibo, capital del estado Zulia, al occidente del país. La clínica está apuntada en el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela aunque hoy en día está inhabilitada para firmar contratos con el Estado.

Un reporte de actividades sospechosas de finales de 2012 subraya el alerta de Century Bank sobre la familia propietaria de la clínica zuliana, José Luis Padilla Viloria, Mirna Yolanda Parra de Padilla y María Carola Padilla Parra, así como también del emisor de la transacción, Kaloti Jewellery International de Dubái. Observaron que se trataba de “una actividad que no está en línea con su actividad habitual” y que los titulares de la cuenta abierta en 2009 no pudiesen presentar documentación que justificara la operación. 

Según el reporte del banco que analizó los movimientos, no estaba claro el objetivo del depósito de 165.690 dólares a los propietarios de centro para el tratamiento de cáncer realizado el 23 de julio de 2012 por parte de Kaloti desde su cuenta del Deutsche Bank de Londres, usando como banco corresponsal el Deutsche Bank NYC y cuyo objetivo de pago era el “comercio de oro” por parte de Haig’s International. 

Hacia 2012, Haig’s International, ubicada en la zona franca de Curazao, contaba con  25 años de experiencia en comercio, transporte y distribución de metales preciosos. “No se encontró relación entre los clientes del banco y el emisor de la transferencia (Kaloti) o la comercializadora de oro de Curazao (Haig’s)”, indicó el documento agregando que “no se puede asegurar la legitimidad de la transacción que parece ser un pago a terceros”, que los oficiales de cumplimiento describieron en el SAR “como un mecanismo o red de personas que reciben dinero con el fin de hacer equivalencias de los fondos de terceros en otra ubicación geográfica”.

Estas operaciones entrarían en un sistema informal de transferencia de valor  o IVTS (por las siglas en inglés de Informal Value Transfer System) que se manejan fuera del sistema bancario convencional a través de instituciones financieras no bancarias u otras entidades comerciales, la llamada “banca clandestina”.  Se trata de un mecanismo o red de personas que reciben un monto de dinero cuyo valor equivalente es pagadero a un tercero situado en otra ubicación geográfica, como algunas redes de envío  de remesas, por ejemplo. Es lo que podría haber ocurrido con las empresas  venezolanas en cuestión salvo por un detalle: aseguran que no estaban al tanto de formar parte del sistema de intercambio. 

Por la versatilidad y anonimato que proporciona al usuario, este sistema puede ser muy atractivo para cometer ilícitos como lavado de dinero, financiar el terrorismo y otras actividades criminales, evalúan expertos.  

Las severas restricciones que impuso desde 2003 el régimen cambiario en Venezuela derivó en el mercado negro, un espacio de compra y venta ilegal de dólares  que no sólo promovió la masiva fuga de capitales y de dinero público pese a la Ley de Ilícitos Cambiarios sino también permitió a venezolanos anónimos a que tuvieran acceso a dólares y terminaran involucrados en esquemas de operaciones poco transparentes y al menos cuestionables como la que tanta suspicacia despertó entre los analistas de los bancos que reportaron a la FinCEN.

El Ocean Bank consultó en su momento a María Carola Padilla Parra, quien aseguró que la transferencia de 2012 era producto de la venta de un apartamento en Caracas, en el capitalino municipio Baruta e incluso presentó la fotocopia del contrato por 3.380.000 bolívares (786.046 dólares a la tasa de cambio oficial de 2012). En esa rendición de cuentas del cliente al banco, ni Kaloti de Dubái ni Haig’s International V.D. de Curazao fueron mencionadas. 

El Instituto Oncológico de Occidente es un conocido centro para tratamiento del cáncer en Maracaibo ubicado cerca de la transitada avenida Las Delicias de la capital de Zulia. Ninguno de los teléfonos fijos de su cuenta de Instagram funciona y el último post informativo fue publicado en septiembre de 2019. Sin embargo, se pudo comprobar que han seguido activos recibiendo pacientes incluso durante la pandemia de COVID-19. Sus propietarios no respondieron a las peticiones de entrevistas enviadas el 21 y 24 de septiembre de 2020 vía correo electrónico para este reportaje. Pero sí se logró obtener la versión de la compradora del apartamento vendido por la familia Padilla que confirma el esquema aplicado en las sospechosas operaciones de Kaloti con titulares venezolanos de cuentas bancarias en el extranjero.

A.V. (quien pidió mantener su nombre en reserva) es gerente en uno de los principales bancos de Venezuela. Compró en 2011 el inmueble ofertado por los Padilla, que para el momento residían en Miami. Pagó una inicial con un cheque en bolívares y contrató un crédito hipotecario aprobado por la misma entidad bancaria donde trabaja hace 13 años para cubrir el resto de las cuotas valuadas en moneda venezolana. El contrato de la venta del apartamento fue firmado en Caracas por Héctor Luis Parra Mejías, tío de María Carola Padilla, en calidad de apoderado. No hizo ninguna transacción con oro para pagarlo. 

Para A.V., la sorpresa no pudo ser mayor cuando se entera ocho años  después que aquella inicial por el apartamento que pagó en bolívares haya sido presentada por la vendedora del inmueble como justificación de los dólares supuestamente recibidos de una comercializadora de oro en Curazao. Y que su nombre aparezca entre los movimientos bancarios sospechosos reportados ante el Departamento del Tesoro de EEUU. “No tengo ninguna vinculación con Kaloti, ni Haig’s ni ventas de oro. Tras concretarse la compra del apartamento, no supe más de los Padilla”.

 

Pan y divisas

La historia de las transacciones de Kaloti en Venezuela alcanzaron a un panadero portugués. En un reporte basado en una transacción de 2011 se detalla la transferencia de 34.976 dólares por parte de Kaloti a través del Deutsche Bank. El beneficiario principal de esta transferencia fue Evangelista Antonio da Conceiao (aunque en el SAR está registrado como Antonio Evangelista da Conceiao), descrito como propietario de una panadería en Venezuela. 

Esa panadería a la que hace referencia el SAR estaba ubicada en Barquisimeto y está registrada en el documento como Pan Norte, C.A. Sus abogados panameños, del grupo Castillero, Sieiro & Asociados se limitaron a confirmar tanto el fallecimiento de Evangelista Antonio Da Conceiao en 2019 como la autenticidad de la información del SAR respecto de la propiedad de la panadería Pan Norte, vendida a mediados de la década de 2010. 

Otra transacción calificada de “alto riesgo” une a Kaloti con Venezuela. En marzo de 2011, la corporación depositó 99.976 dólares en la cuenta personal de Jorge Enrique Navarro Ordóñez, director de la importadora Orientinvest C.A, domiciliada en Lechería, en el estado Anzoátegui. 

En Linkedin, Navarro Ordóñez se presenta como egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y como exdirector de zona del Banco Provincial. Desde 2008, según ese mismo perfil, es director de Orientinvest, C.A. No hay sitio web oficial que exponga datos de la compañía. Tampoco los sitios externos: en Import Genius hay apenas una mención sobre operaciones en 2010. En su foto de perfil se ve a Navarro Ordóñez de chaqueta y casco escoltado por una moto de alta cilindrada.

Navarro Ordóñez y Orientinvest aparecen en ese reporte de actividad sospechosa. “Se trata de una cuenta comercial a nombre de Orientinvest, C.A., que fue abierta el 23 de marzo de 2011. La compañía fue registrada el 7 de marzo de 2008 en el estado Anzoátegui. Los directores son el señor Navarro Ordóñez y Luis Arturo Salazar Martínez. Se dedican a la importación y comercialización de productos pesados y equipo para uso industrial”.

Tres elementos llamaron la atención a los agentes bancarios. El primero fue que las transferencias electrónicas “para personas físicas y entidades comerciales” se mueven en bancos con sedes “extraterritoriales”: Curazao, Antillas Neerlandesas y las Islas Caimán. El segundo factor: con el seguimiento a las transacciones, en un lapso de doce meses entre 2011 y 2012, se corroboró que los fondos “se desembolsan a través de transferencias electrónicas a una lista de personas físicas y entidades para que se acrediten en sus cuentas en otras instituciones financieras de Estados Unidos”. Lo tercero es la complejidad de las transacciones: un vaivén de transferencias que saltan de una empresa pequeña (literalmente: en su haber cuenta con un solo trabajador), como Desarrollos Galope (con sede en la avenida Libertador, en Caracas), a la cuenta de Navarro Ordóñez.

Una de esas transacciones fue por 13.200 dólares desde la cuenta de Navarro a la cuenta de la empresa Alidelta, con sede en Nueva Esparta. Su propietario es Luis Alexander Paredes Guillén.

Paredes Guillén accedió a conversar por vía telefónica para este trabajo. Lo primero que aseguró fue que no conoce ni a Navarro Ordóñez ni a su empresa. ¿Cómo explica entonces las transferencias? Un caso similar al de Amolca C.A, la obtención de divisas en la aridez cambiaria de Venezuela, podría explicar el vínculo desconocido.  

Alidelta es parte del Grupo Diorca, una distribuidora de alimentos fundada en el oriente del país en el año 2000. “Representamos a Colombina (empresa colombiana productora y distribuidora de alimentos) en el oriente del país. En 2009, 2010 y 2011 comenzaron las dificultades cambiarias. El sistema bancario no satisfacía la necesidad que teníamos para distribuir 30.000 cajas en el oriente para Colombina. Cuando se secan las arcas del Estado quedamos con una deuda con Colombina. Las casas de cambio no existían”, explica.

La desaparición gradual de estas agencias (había más de diez cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999) fue una de las consecuencias del control cambiario. Hubo cada vez menos divisas por los controles, lo que llevó a muchas empresas a buscar alternativas mientras boqueaban en la marea inflacionaria. En junio de 2020 se anunció la reapertura de algunas casas de cambio.  

Fue en ese dilema, el de subsanar una deuda en divisas, cuando Navarro Ordóñez y Orientinvest aparecieron, según lo que deduce Paredes Guillén. “A través de alguien que trabajaba en una casa de bolsa comprábamos divisas. Él nos daba la cuenta, nosotros depositábamos los bolívares y recibíamos los dólares. No sabíamos de dónde venían y eso fue todo lo que sucedió. Eso puede explicar una de las transferencias que recibió Alidelta”, añade. 

Interrogado sobre Kaloti, asegura que no ha escuchado sobre esa empresa. “No supe de una investigación (…) No tenemos nada que ocultar y tenemos más de 20 años en esta actividad”.

Para este reportaje se intentó establecer contacto con Navarro Ordóñez a través de Matthyse y Asociados, la firma de abogados que representaba a su empresa en Panamá, Victoria Consulting Group; y a través de Lazarus Corporate Filing Services, la empresa de servicio de archivo corporativo que registró Oriente Invest Group LLC en Miami, Estados Unidos. Ambas empresas están inactivas. 

Kaloti negó con vehemencia haber comprado oro venezolano, como el que se explota en el pueblo minero de Tumeremo al sur de Venezuela. Foto: Lorena Meléndez / Runrunes

Salvo en el caso de Inversiones Rosu, cuya cuenta fue cerrada por el banco meses después del reporte de sospecha, así como el de Evangelista Antonio Da Conceiao y María Carola Padilla Parra, ambos interrogados por sus correspondientes bancos al respecto, no se conoce que las empresas y particulares que recibieron transferencias de Kaloti  hayan sido sancionadas por parte de las entidades bancarias que presentaron los reportes ante la FinCEN.  

Kaloti Jewellery Internacional negó cualquier participación en Venezuela, aunque su nombre aparezca en los estados de cuentas de empresas venezolanas. En una carta de respuesta enviada al ICIJ, socio de Runrun.es y Armando.info en este reportaje, el 4 de septiembre de 2020, el portavoz de la corporación  aseguró que “nunca (se) ha realizado ningún pago a personas o empresas en Venezuela (de terceros o de otro tipo) en ningún momento”. Aseguró además que “Kaloti jamás ha comprado oro a ninguna entidad (o persona) en Venezuela en ningún momento ni ha tenido ninguna relación con el gobierno venezolano ni con ningún miembro del mismo, incluido Nicolás Maduro”. Puntualizó también que desde 2013 en adelante, “Kaloti se ha negado a comerciar con cualquier entidad que identificara, o le diera a Kaloti una sospecha razonable para creer que el oro venezolano podría estar en su cadena de suministro”.

Una explicación que se inscribe en el hecho de que las transacciones realizadas entre 2011 y 2012 se realizaron entre cuentas de bancos fuera de Venezuela, aunque los titulares fueron venezolanos.

 

Los intermediarios 

Como parte de las transferencias que hace Kaloti a las empresas venezolanas desvinculadas del sector oro resaltan dos traders o comercializadoras ubicadas en países que la FincCEN califica de “alto riesgo”: Curazao y Guyana. En los SAR analizados, los pagos de Kaloti fueron ordenados por terceras partes identificadas con B/O, siglas en inglés de la frase “by order of” por concepto de comercio de oro.

Una de las B/O es Haig’s Internacional con sede en Curazao, que ordenó al menos tres de las cinco transacciones de la corporación del oro de Dubái entre 2011 y 2012 y que fueron registradas por los informes sobre movimientos sospechosos de la FinCEN.

Sede de Haig’s International en la Zona Franca de Curazao, una de las gestoras de los movimientos bancarios entre Kaloti y empresas venezolanas. Foto: Lisseth Boon / Runrunes

Archak Bedrossian Liberatoscioli, propietario y director de Haig’s International V.D. aseguró que desconoce por completo las  empresas venezolanas con las que aparece vinculado en los reportes de actividad sospechosa de la FinCEN. En una carta de respuesta para este reportaje enviada el 29 de septiembre de 2020, explicó que para 2011 la compañía con sede en Curazao compraba el oro a personas y éstas recibían el pago correspondiente de Kaloti por orden de Haig’s Internacional V.D. “No hacíamos operaciones de cambio de divisas. Kaloti es una refinería que pagaba el oro directamente a los vendedores por indicación de nosotros que nos encargábamos de verificar el peso y calidad y por ello nos ganábamos una comisión. Estamos hablando de pequeñas cantidades, prendas de oro, llamada también chatarra de oro”.

Bedrossian explicó también que entre 2011 y 2012 el oro subió de precio —como está ocurriendo en 2020— y mucha gente optó por vender sus ahorros en el metal. “Nuestra actividad principal en Curazao siempre fue comprar oro que luego exportábamos a las refinerías en el extranjero como Kaloti, que desde Dubái pagaba la mercancía a los vendedores vía transferencia a terceros y así los clientes recibían su pago de manera más fácil y rápida. Las operaciones en Curazao, por la aduana y vía Dubái eran todas legales”.

El trader agregó que en aquellos años el venezolano trataba de salvarse de la devaluación y viajaba con sus prendas de oro hasta Panamá, Miami, Nueva York, Bogotá y el Caribe a vender el oro y cambiarlo por divisas fuertes. “Nosotros aprovechamos ese comercio físico del oro”.

El director de Haig’s remarca que nunca actuó como cambista. “No necesitaba ni usaba bolívares porque el oro no lo comprábamos en Venezuela sino en Curazao, donde ningún cliente quería que le pagaran en bolívares sino con dólares. Ni siquiera pagábamos los dólares ni florines en efectivo. Todo el oro comprado se pagaba a través de transferencia bancaria y salía exportado legalmente por la aduana”.

Haig’s International es una empresa dedicada a la importación, exportación, compra, venta, procesamiento, y refinación de oro así como su embalaje y transportación en el mercado internacional, registrada en 1994 con un capital de 200.000 dólares según indica su ficha del registro mercantil ubicada en Willemstad. Archak “Archie” Bedrossian Liberatoscioli es un economista venezolano que desde hace tres décadas se ha dedicado al comercio de oro en la región, especialmente el proveniente de Venezuela. En mayo de 2018, tras recibir el mote de  “zar del oro” por parte de la prensa de la ex antilla neerlandesa, fue detenido por la policía RTS holandesa en Willemstad, Curazao por supuesto “contrabando de oro y blanqueo de capitales”. 

La prensa de Curazao reseñó la detención de Archak Bedrossian en 2018 y lo tildó como “el zar del oro”

Al mes de estar en prisión, Bedrossian fue liberado porque Venezuela nunca presentó las pruebas incriminatorias ante Interpol. En junio de 2018, el Ministerio Público de Curazao confirmó que los cargos no eran por contrabando sino por estafa. 

La detención de Bedrossian coincidió con la “Operación Manos de Metal”, lanzada por el gobierno de Nicolás Maduro en junio de 2018 para “atacar a las mafias de contrabando de extracción de metales” en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, donde se encuentra el controversial Arco Minero del Orinoco. Por este operativo se emitió orden de captura de unas 35 personas por presunta vinculación con la explotación y tráfico de oro ilegales. Una decisión oficial que evidenciaba el desplazamiento de poderes dentro de una compleja estructura instaurada alrededor de la actividad minera al sur del país. 

Para el momento de la detención de Bedrossian en Curazao, Haig’s International V.D. ya no comercializaba oro. Detuvo sus operaciones en 2016, según confirmó su director al ser consultado para este reportaje. “Nunca tuve problemas con las autoridades en Curazao y como venezolano tampoco con las autoridades de Venezuela, a excepción del caso particular y falso que me inventaron en 2018. Nunca he sido cuestionado por ninguna autoridad por algún caso en ninguna parte del mundo”.

Además de Haig`s, el segundo trader que aparece en las transacciones de Kaloti con Venezuela es El Dorado Trading. Más por algunas conexiones con Kaloti o por pagos de transparencia difusa, esta empresa, con sede en Georgetown, capital de Guyana, fue noticia en octubre de 2019 cuando, en un tiroteo en frente de una de sus oficinas, un comerciante de oro fue asesinado. Pero el propietario del local, Tamesh Jagmohan, siempre ha preferido el bajo perfil, salvo cuando de algún logro se trata, tal y como fue a finales del año pasado, cuando una escueta nota de prensa señalaba que la compañía encabezó las exportaciones de oro en Guyana: 629.000 onzas en 2019. 

 

Curazao es considerada como una de las jurisdicciones de alto riesgo por las autoridades bancarias. La Zona Franca de la isla es uno de los ejes de la trama que involucra a Kaloti. Foto: Lisseth Boon / Runrunes

Su nombre figura en la lista de los SAR como uno de los participantes de la red de transferencias sospechosas. Aun cuando el nombre de su empresa está vinculado con un esquema de lavado, Jagmohan argumenta sus “estrictos” procedimientos para blindar cada una de las etapas de sus transacciones de oro. “La documentación generada por esos procedimientos es constantemente examinada por nuestros supervisores locales y extranjeros”. 

En respuesta a través de su abogado, Kaloti niega haber participado en un esquema de lavado mediante pagos a terceros, incluido El Dorado Trading. Pero Jagmohan deja claro que 2011 fue el año del despegue de los intercambios con Kaloti. También admite que en un momento prefirió deslindarse. “Alrededor de 2011 comencé a operar oro con Kaloti y todo fue bien hasta que en algún momento del 2014 me encontré con un informe de noticias de la BBC que mencionaba que Kaloti estaba siendo investigado por malas prácticas con el comercio con África. Al enterarme de esto, inmediatamente terminé todos los tratos con Kaloti a pesar de que más tarde me indicaron que habían sido absueltos de todo delito en los procedimientos del tribunal”.

En una segunda carta al ICIJ se muestra menos abierto a aclarar las dudas. Por ejemplo, sobre pagos en efectivo de Kaloti a su empresa. En esa misma respuesta insta al ICIJ y a los medios que participan en la investigación de los FinCEN Files “a evitar las habladurías, las alegaciones especulativas y no verificadas en su prisa por cumplir con sus plazos”, pues, según razona, ello podría suponer “la ruina financiera de mi empresa”. 

En 2012 Jagmohan fue detenido en el aeropuerto de Miami por no haber declarado 27 lingotes de oro. Tuvo que pagar 40.000 dólares de multa y salió de Estados Unidos con la visa revocada, de acuerdo con una investigación del portal Infoamazonía, donde además se asegura que El Dorado Trading compró oro venezolano hasta 2019, poco antes de que la Asamblea Nacional de Venezuela lo designara como “oro de sangre”. 

 

La sospecha original 

El que una corporación del oro de alcance global transfiera miles de dólares a pequeñas empresas en Venezuela sin relación con el sector aurífero y con cuentas bancarias en el extranjero, pagos que a la vez fueron ordenados por comercializadoras del oro que operan en países de “alto riesgo” como Curazao y Guyana, reúne suficientes elementos para identificar un sofisticado esquema de lavado de dinero, analizan expertos consultados. 

“Aquí se presenta una dinámica de lavado de dinero en la que Kaloti participa pero no técnicamente”, considera Frédéric Massé, codirector de la Red de Monitoreo del Crimen Organizado en América Latina (Red Coral) y experto en tráfico de oro. 

Massé considera que uno de los esquemas más comunes para lavar el oro ilegal, es crear empresas de maletín de duración temporal o bien utilizar compañías completamente desvinculadas del sector oro que no levanten sospechas. “Intermediarios formales en el mercado aurífero internacional se encargan de comercializar ese “material estratégico” fuera de Venezuela valiéndose de cuentas en bancos ubicados en países sin muchos controles fiscales. De esta manera, una corporación de las dimensiones de Kaloti no compraría el oro directamente a un restaurant o lavandería en Venezuela, por ejemplo, sino a través de traders conocidos en el sector que no averiguan mucho de dónde viene el metal”. Así, dice el especialista, se legalizaría el oro de origen injustificado. 

Pero en el caso de Venezuela, se añadiría un eslabón más en la dudosa cadena de las transacciones. Terceras partes fungieron como un nebuloso cash exchange: cambiaron bolívares por dólares a particulares y empresas venezolanas. Con la moneda venezolana era posible comprar el oro en el mercado negro local que luego sería entregado a Kaloti, el comprador original.

Las transacciones escaladas obedecerían a la fórmula de lavado de dinero en la que se suman intermediarios para dificultar la trazabilidad de las operaciones bancarias que dé con la emisión de origen, describe Massé. “Mientras más transacciones se registren, mejor se puede esconder la ruta de las transacciones. Una de las reglas del lavado es multiplicar los intermediarios para borrar la huella que permite dar con la emisión de origen”. 

Un minero muestra una pieza de oro procesada de forma rudimentaria en las minas del estado Bolívar. Foto: Lorena Meléndez / Runrunes

El sociólogo Fernando Fernández, experto en contrabando de materiales estratégicos, recuerda que en Venezuela existen vacíos legales en materia del oro que son “un incentivo para cometer lavado de dinero y contrabando”. “No hay que olvidar que aún el mundo empresarial de los metales preciosos es un terreno de mucha informalidad y de indiferencia moral donde muchos se tapan los ojos sin preguntar de dónde viene la mercancía por ser una atractiva oportunidad de negocios”, agrega.

El portavoz de Kaloti enfatizó que los pagos a terceros, tal como los que hizo a Inversiones Rosu, Amolca, Instituto Oncológico de Occidente y a los propietarios de Pan Norte y Orieninvest  “no eran ilegales ni generalmente infrecuentes hasta 2013”. Agregó que eran “completamente transparentes” y se hacían en representación de los clientes aprobados. Dijo que identificaban claramente la fuente, el remitente y el destinatario y que “nunca prestó ningún servicio que no sean aquellos para los que tenía licencia completa” y que “cumplió plenamente con todos los requisitos legales y reglamentarios relacionados con su negocio y todas las transacciones en las que ha sido parte”. El abogado subrayó: “Kaloti nunca ha comprado oro de ninguna entidad (o persona) en Venezuela en ningún momento”.

En 2015, el grupo Kaloti abrió base de operaciones a Surinam e inauguró una refinería conjunta con el gobierno de Dési Bouterse, la Kaloti Surinam Mint House, sobre la que ha habido denuncias de que pudo haber sido un aliviadero de la frenética extracción en el Arco Minero del Orinoco. El canciller Jorge Arreaza negó en junio de 2019 que el gobierno venezolano tuviera alguna relación con la compañía del oro en Surinam y atribuyó a EEUU el forjamiento de expedientes en contra del país. 

Kaloti también aseguró que dejaron de realizar pagos a terceros en 2012, justo cuando se establecieron regulaciones internacionales en pro de la lucha antilavado. 

No sólo Kaloti insiste en que ese tipo de operaciones pueden ser legales. También en ello coinciden algunos expertos financieros consultados para este reportaje. En el trepidante mercado del oro existen las llamadas cuentas mancomunadas o pool accounts de metales preciosos donde corporaciones como Kaloti pueden hacer pagos por orden de otras empresas del sector.  El intercambio sería dólares por oro. Se usan estos mecanismos informales para controlar el negocio del metal entre refinerías, bancos de lingotes y manufacturas, porque permiten un suministro “rápido, seguro y sin interrupciones”. 

Esto explicaría el pago de Kaloti a empresas pequeñas sin relación con el sector oro siguiendo orden de comercializadoras como Haig’s International y El Dorado Trading, que sí están vinculadas con el mercado aurífero. Pero de esta relación nunca se enteraron las pequeñas empresas venezolanas que recibieron los pagos en sus cuentas en dólares sin conocer el origen. 

(*) Este reportaje contó con la colaboración de: Kyra Gurney y Emilia Díaz-Struck (ICIJ) desde Washington DC, Mary Triny Zea (La Prensa) desde Panamá y Ángel Van Delden desde Curazao (Noticias Curazao)

3 x 3 | Ley Antibloqueo deja a  Maduro por encima de la Constitución
El instrumento que fue aprobado este jueves 8 de octubre por la asamblea nacional constituyente habla sobre desaplicar leyes a conveniencia del Ejecutivo 

@franzambranor

Este jueves 8 de octubre la asamblea nacional constituyente aprobó en primera discusión la Ley Antibloqueo, un instrumento de 44 artículos con el que el chavismo pretende desaplicar normativas constitucionales a fin de burlar las sanciones emitidas por los Estados Unidos.

El gobierno de Maduro diseñó una ley de categoría aparentemente constitucional que no está prevista en el ordenamiento jurídico, con la cual se dejan sin efectos algunos postulados y principios de la propia Carta Magna.

El instrumento abarca tres capítulos, el primero va del artículo 1 hasta el 16 y trata sobre los mecanismos de validación del documento, órganos de supervisión y definición de medidas coercitivas unilaterales, el segundo comienza en el artículo 17 y finaliza en el 35 y es sobre medidas económicas productivas y el tercero se refiere a otras formas de protección y comprende el espacio entre los artículos 36 y 44. 

El artículo 19 habla sobre “cuando resulte necesario para superar los obstáculos o superar los daños de las sanciones, el Ejecutivo Nacional procederá a inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente”.  

Diosdado Cabello, presidente de la anc, sostuvo que con esta ley el pueblo venezolano dota a Nicolás Maduro de un instrumento para hacerle frente a los bloqueos y sanciones.

Cabello indicó que la ley fue respaldada por el 89% de un universo de 13 millones de venezolanos consultados a través de la página Patria.org.ve.

El constituyentista Hermann Escarrá manifestó en la sesión de este jueves que la ley es una medida de protección para el país. “Desde el 2015, Venezuela es víctima de sanciones y bloqueos por parte del imperio norteamericano con el fin de desestabilizar la economía y provocar un colapso”.

Desde el propio chavismo han surgido voces disidentes con respecto a la ley como la de Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela quien dijo que la ley “crea las condiciones para que la política de entrega de bienes se pueda profundizar”.

En Runrunes consultamos a tres especialistas en materia de leyes:  la diputada Tamara Adrián y los abogados constitucionalistas, Allan Brewer Carias y Juan Manuel Raffalli. 

Uno de los objetivos de la Ley Antibloqueo es devolver las empresas expropiadas a manos de privados. ¿No es esa una buena noticia? 

Allan Brewer Carias: Sería una buena noticia si la medida de devolución respondiera a un cambio de política económica realizada en un marco legalidad y transparencia. Realizar la devolución de empresas expropiadas, confiscadas u ocupadas a sus antiguos dueños, suspendiendo el orden jurídico en la materia, y en un marco de sigilo y secreto, solo levanta suspicacia. No hay que olvidar, como lo dijo un ex juez de la Suprema Corte de Estados Unidos, el mejor antídoto contra la corrupción es la luz del sol. 

Tamara Adrián:  No hay ninguna certeza. Parece populismo para lograr apoyo para otras barbaridades. Básicamente es poder privatizar, vender activos, dar concesiones, otorgar derechos en secreto sin contraloría y control presupuestario. 

Juan Manuel Raffalli: La Ley permite entregar empresas a manos privadas sin respetar la Ley de Concesiones y de Contrataciones Públicas o a actividades reservadas al Estado. Se reserva la confidencialidad y el contenido de los expedientes administrativos. Con esta Ley, Maduro puede hacer un contrato con una empresa privada o pública sin consultar a nadie. Es decir, puede entregarle la Faja del Orinoco a Irán sin rendir cuentas y manejar los haberes como una partida secreta. Esta Ley es un adefesio, es el Ejecutivo haciendo lo que le da la gana, incluso le otorga a Maduro más poder que el que tiene con el decreto de Emergencia Económica.  

El artículo 19 de la ley habla sobre la desaplicación de normas legales. ¿Eso significa ignorar la Constitución?

ABC: “Suspender las normas” que colindan con lo que se establece en la Ley Antibloqueo, como lo dice la Disposición Transitoria Segunda, implica poner a la misma por encima de la propia Constitución Nacional,  eliminando, por ejemplo, como resulta del artículo 19, las potestades aprobatorias de la Asamblea Nacional. 

TA: Eso no es una ley. Las leyes solo pueden dictarse a través de la Asamblea Nacional. Es totalmente inconstitucional, pues permite desaplicar la Constitución, dejando supuestamente a salvo los derechos humanos, que son indivisibles de los demás derechos. Crea un sistema secreto de cuentas donde irían los fondos, que no se sabe de quién, cómo llegarían ni en qué se usarían. En el fondo es un medio para hacer de Maduro una especie de rey sol. Lo demás son justificaciones cosméticas para quienes creen en la revolución. 

JMR: Esto significa que Maduro puede decidir unilateralmente no aplicar una ley que deba emplearse en cualquier procedimiento. Puede acordar no aplicar normas de la Ley de Concesiones y con ello otorgar contratos sobre actividades reservadas al Estado como los hidrocarburos y la minería. Puede desaplicar la Ley de Presupuesto con el fin de no tener que rendir cuentas, también dejar de aplicar las normas sobre contratación pública y hasta puede ignorar la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Esto significa el fin del Estado de Derecho. La desaplicación de una norma jurídica solo la pueden hacer los jueces a través de lo que se llama el control difuso de la constitucionalidad, cuando la aplicación de una norma en un caso concreto pueda lesionar un derecho constitucional. Lo que limita al poder es la ley y si el propio funcionario puede desaplicarla entonces no hay límites. Además quien supervisa el control de la ley es el Consejo de Estado, que es un órgano consultivo de Maduro, integrado por quien él decida y la Contraloría General de la República, que ya todos conocemos su grado de docilidad ante el gobierno  

¿Qué pasará con Pdvsa. Podría haber una recuperación de la empresa si la ponen en manos de privados? 

ABC: Si el gobierno lo que quiere es cambiar la política económica e ir hacia la privatización de las actividades petroleras, ello debe hacerlo dentro de un marco regulatorio abierto y público; pues de lo contrario podemos terminar en un esquema de “privatización” secreta, como el que ocurrió cuando se derrumbó la Unión Soviética, cuando las antiguas empresas del Estado pasaron a manos de amigos del régimen, conocidos después como los “oligarcas.”

TA: Ya se ha manejado la mitad de la riqueza petrolera en secreto, sin presupuesto ni rendición de cuentas. Ahora lo que se busca es dejar sin efecto toda la madeja de leyes restrictivas y sobre todo, volarse los requisitos constitucionales, por ejemplo, de contratos de interés nacional y de interés público, que requieren acuerdo parlamentario, y sobre todo mecanismos transparentes. Se trata de eliminar cualquier vestigio de transparencia y rendición de cuentas, así como en la mafia. 

JMR: El presidente puede reestructurar cualquier empresa del Estado y órganos o entes de la administración pública, pero eso requiere un procedimiento, unos requisitos previos, transparencia en lo que se está haciendo y en este caso con esta Ley Antibloqueo, Maduro puede conceder cualquier contrato petrolero o mineral saltándose la autorización de la Asamblea Nacional