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“¿Y si soy yo el que sigue?” Miedo y desesperanza en el personal de salud venezolano al llegar a 309 colegas fallecidos por COVID-19
Así como el COVID-19 puede dejar secuelas físicas de larga duración, el personal de salud que ha trabajado incansablemente desde que se decretó la pandemia en Venezuela también evidencia secuelas emocionales. Cargan a cuestas vivencias muy difíciles de sobrellevar del pico de la primera ola, como pacientes que se desplomaron en las emergencias de los hospitales y colegas que murieron uno detrás de otro. El miedo a ser el próximo profesional de la salud en morir, o de ser el vector que contagie a su familia, es el mayor de sus temores

 

Por @GitiW

 

No había terminado la primera semana de enero de 2021, cuando el recuento no oficial que lleva la ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) asentó el hito de 300 miembros del sector salud fallecidos con sintomatología de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. 

Los reportes semanales o quincenales de MUV, publicados a través de su cuenta de Twitter desde junio de 2020, han sido la única forma de superar la censura de la gestión de Nicolás Maduro y de dar a conocer los nombres de los 230 médicos, 54 enfermeros, 7 odontólogos y 18 miembros del personal técnico, administrativo y obrero que han perdido su vida a causa del COVID-19. En total, son 309 profesionales de la salud fallecidos hasta el 12 de enero de 2021.  

Una encuesta realizada por MUV en octubre de 2020 evidenció que más de 70% del personal de salud venezolano presentaba síntomas de ansiedad y depresión, como consecuencia de los retos y riesgos que impuso el virus en la rutina de los centros de salud. Numerosos estudios internacionales dan cuenta del enorme costo emocional que ha dejado la pandemia en el personal de salud, como el publicado esta semana en el Reino Unido según el cual la mitad del personal de cuidados intensivos sufre de estrés post-traumático tras lidiar con la primera ola de la pandemia. 

 

Runrunes contactó a seis médicos y a una enfermera de los estados con más personal fallecido, a saber: Zulia (70), Distrito Capital (28), Carabobo (26), Bolívar (21), Anzoátegui (21) y Mérida (13), para hacerles una sola pregunta: ¿Cómo te sientes? 

 

“Nos estamos desangrando” 

 

Todos los médicos y todo el personal de salud tenemos miedo. Miedo no sólo a enfermarnos sino, peor aún, a enfermar a nuestros familiares, a nuestros padres, tíos, hermanos e hijos. Hay un miedo muy grande al laborar con este riesgo de enfermarse o de enfermar a los demás. Yo personalmente he tenido pánico de enfermarme o de enfermar a alguien porque sabemos que después de que estemos enfermos, la forma en la que vayamos a evolucionar solamente la sabe Dios. Realmente no podemos decir que hemos encontrado el tratamiento adecuado, incluso si se hace a tiempo. 

Después de un año de pandemia, yo puedo decir que en Venezuela estamos igual que al inicio. Estamos absolutamente paralizados, tenemos un país que no arranca, donde la cuarentena mantiene al país en un paro total, lo que hace que haya más hambre, pobreza y miseria. 

En el área de la salud, en el estado Zulia hemos sido afectados tan fuertemente con la pérdida de valiosos y preparados especialistas, que puedo asegurar que hay áreas de especialidades que van quedando prácticamente desiertas, y en aquellas en las que no hay una falta absoluta de especialistas, hemos perdido a las personas más capacitadas debido a su gran experiencia. 

En el estado Zulia, en el área de las especialidades hay una hemorragia, nos estamos desangrando. Estamos perdiendo algo tan valioso como el consejo de aquellos maestros que siempre se necesita para los casos más complejos. 

Freddy Pachano, cirujano pediatra

Estado Zulia | 70 médicos y enfermeras fallecidos por COVID-19 

 

“¿Cuándo nos va a tocar a cada uno de nosotros?”

 

Como parte del personal de enfermería al que le ha correspondido ser parte de la primera línea de atención de los casos de COVID-19, puedo decir que nos encontramos con una sensación de profunda indefensión. Por un lado tenemos que lidiar con la grave crisis económica que nos está afectando, producto de la desaparición total de nuestro salario que no tiene ningún poder adquisitivo. 

Por otro lado, muchas enfermeras tienen el dilema de ir o no a trabajar pues sólo en pasaje gastan 1.300.000 Bs., y cuando llegamos a los hospitales tenemos que lidiar con el temor a contagiarnos pues cada día se incrementan los casos, y encontramos que no tenemos las medidas de bioseguridad para minimizar el riesgo. Tampoco tenemos previsión social: si un profesional de enfermería se contagia, tiene que asumir el costo del tratamiento y eso ha generado una suerte de paranoia, de terror por no tener los insumos de bioseguridad requeridos. 

Cuando vemos las cifras del personal de salud fallecido por COVID-19 nos preguntamos ¿cuándo nos va a tocar a cada uno de nosotros? Esa pregunta es como una espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Trabajar con personas enfermas requiere que los profesionales de la salud mantengamos la serenidad y la calma, pero cuando vemos la catástrofe humanitaria en la cual estamos enfrentando esta pandemia caemos en la desesperanza. 

Nos sentimos angustiados, desesperanzados e impotentes porque estamos tratando de garantizar a los pacientes el derecho a la salud, pero no tenemos los insumos que se requieren para asumir con responsabilidad nuestras buenas prácticas profesionales. 

En el personal de enfermería vemos como la depresión ha cobrado campo y la desesperanza es muy generalizada. Cuando sumamos estas dos, la decisión de abandonar la profesión para la cual nos formamos es inminente y esto acarrea una arista más al problema de salud que es el déficit de personal. En el caso de enfermería, la ausencia del personal incide directamente en la recuperación del paciente. De hecho, hay estudios que concluyen que cuando en un hospital disminuye el número de enfermeras, exponencialmente aumenta el riesgo de morir de los pacientes pues no hay quien los cuide.  

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital

A nivel nacional | 54 enfermeras y enfermeros fallecidos por COVID-19 

 

“En cualquier momento yo puedo adquirir la enfermedad”

 

Me siento angustiado porque sé que en cualquier momento yo puedo adquirir la enfermedad por cualquier circunstancia, desde el uso inadecuado del equipo, por cansancio, o por el descuido al atender a un paciente asintomático. Ese estado de alerta permanente ha significado cansancio y agotamiento. 

El problema es que no solamente se puede enfermar el médico sino su familia. Yo tengo a mi madre de 94 años, la posibilidad de que yo sea el culpable de que se infecte es altísima, por suerte ella no vive conmigo. La cadena de enfermedad en nosotros es una angustia que la gente no ve. Esa doble angustia no la tienen otras profesiones. Saber que cada día puede ser el momento en el que adquieras la enfermedad es una angustia constante. 

¿Qué me motiva a seguir? Lo que soy: médico. Esa es mi gran motivación, eso y ver a la que manda en mi casa que tiene 13 años, por ver su futuro.

Jaime Lorenzo, cirujano general y especialista en Salud Pública

Distrito Capital | 28 médicos y enfermeras fallecidos por COVID-19 

 

“No somos superhéroes”

 

Debo decir que nos sentimos agotados, no sólo físicamente por el esfuerzo realizado en nuestros hospitales y en nuestras charlas a la ciudadanía, sino también emocionalmente. Hemos tenido que dedicar mucho de nuestro tiempo para tratar de frenar la propagación del virus. Hemos abandonado muchas veces nuestras familias, nuestro quehacer cotidiano, nuestra rutina y recreación, por lo que muchas veces también nos sentimos dolidos. Dolidos porque creemos que estamos arando en el mar. 

Los médicos, especialmente el gremio que represento, tenemos temor de contagiarnos. En nuestros hospitales no nos equipan con los equipos de protección personal, no hay insumos, no hay medicinas, y nos duele ver cómo muchas veces no tenemos cómo tratar a los pacientes que acuden a nosotros. 

Nos enfrentamos a un Estado indolente al que parece no importarle la salud del personal médico y sanitario. Ya tenemos más de 300 médicos fallecidos en Venezuela con sintomatología COVID-19, ¿y cuántos de ellos están reflejados en la estadística oficial? Parece que no les importa la vida de todo este personal valioso que se nos está yendo sin poder despedirse de sus queridos, y sin poder ser despedidos como ellos se merecen. 

También vemos cómo nos enfrentamos a la indiferencia de muchos de los ciudadanos que no acatan las medidas de prevención, parece que subestiman el virus y que no les importa contagiar a sus familiares. Es insólito ver cómo todavía hay gente que no practica las medidas de protección. 

Quiero cerrar con esta frase: nosotros no somos superhéroes, somos seres humanos con una familia que nos espera y que requiere no solamente de nuestro aporte económico, sino de nuestro aporte afectivo, tenemos metas y sueños por cumplir. No queremos aplausos, queremos que nos doten de los equipos de protección personal y que existan medicinas para que cada paciente pueda cumplir su tratamiento. Nos duele ver cómo el personal de salud, cuando está hospitalizado, tiene que recurrir a las redes para solicitar colaboración ya que es demasiado elevado el costo del tratamiento para el COVID-19. 

Jorge Pérez, obstetra ginecólogo

Estado Carabobo | 26 médicos y enfermeras fallecidos por COVID-19 

 

“Colegas psiquiatras me ayudan a sobrellevar mis emociones”

 

Es una mezcla de sentimientos: miedo porque siento que puedo contagiarme y no se si estaré en el porcentaje que se complica y requiere de terapia intensiva, y sin saber que pueda contar con los medicamentos que requiera. Frustración porque el material de protección es limitado y su reposición en los centros de salud es irregular, tanto así, que muchas veces no disponemos ni siquiera de un tapaboca N95. Frustrado también porque muchas personas no toman las medidas preventivas en serio, sobre todo en San Félix, donde podemos ver que la gran mayoría ya ni el tapaboca usa.

Siento dolor al ver cómo han muerto tantas personas que conforman el equipo de salud a causa del COVID-19. Indignado al ver cómo, de forma descarada, el gobierno oculta la verdad, haciendo un subregistro de los casos positivos y las muertes reales. Esto lo logran limitando el número de pruebas PCR en tiempo real. No pueden tomarse las medidas adecuadas sin un diagnóstico acertado.

La situación económica del venezolano no permite cumplir una cuarentena como se debe, ya que debemos salir a diario para poder conseguir el dinero que nos permita cubrir nuestras necesidades básicas de alimentación. He llegado a sentirme tan deprimido ante esta situación que he tenido que recurrir a colegas psiquiatras para que me ayuden a sobrellevar mis emociones.

José Chavero, pediatra neonatólogo

Estado Bolívar | 21 médicos y enfermeras fallecidos por COVID-19 

 

“Rezábamos todas las noches para que sobrevivieran”

 

Me tocó muy personalmente esta gran tragedia; esta gran pandemia que aún padecemos. Desde principios del 2020 veía con mucha preocupación cómo en el mundo entero se reportaban los casos de este terrible virus, porque sabía en qué situación estaba el sector salud en toda Venezuela y en particular en el estado Anzoátegui. Me preocupaba que no se estaban realizando planes ni programas por parte de los entes gubernamentales para prepararnos para afrontar la pandemia. 

Anzoátegui fue uno de los estados donde el personal de salud se expuso más y eso se tradujo en pérdidas muy valiosas para sus núcleos familiares, para la sociedad y para la comunidad médica. Agosto fue el mes en el que perdimos diez colegas. Perdí muchos amigos, en especial a una querida amiga de la infancia y la universidad, la Dra. Luz Marina Farías, médico ocupacional que trabajaba en la Clínica de los Trabajadores de Saludanz. 

Ese mes fue el más terrible para todos porque veías cómo cada colega se complicaba y caía en gravedad. Ya no quedaban camas para entubar, no había material farmacológico, no había cupos en terapia intensiva. Rezábamos todas las noches para que sobrevivieran y en la madrugada fallecía uno y al día siguiente otro. El que estaba atendiendo también caía grave. Recuerdo la historia de un camillero del Hospital Razetti de Barcelona (Pablo Márquez, 22 años), quien se ofreció para trasladar los cadáveres de terapia intensiva y de la sala de cuidados intermedios hasta la morgue, ese joven también murió. Tres emergenciólogos también fallecieron. 

El personal médico está preparado para afrontar situaciones de vida o muerte, pero lo que vivimos fue muy duro. Aquel mes de agosto los pacientes caían desplomados en la entrada de la emergencia y no daba tiempo de que el médico de guardia los atendiera. Fue un tiempo muy desesperante y agobiante. 

Belkis Rodríguez Salázar, cirujana general y cirujana vascular periférico

Estado Anzoátegui | 21 médicos y enfermeras fallecidos por COVID-19 

 

“¿Y si soy yo el sigue? ¿Y si me toca a mí?”

 

La situación es bastante difícil porque uno comienza su día con una dicotomía: o voy a cumplir con mi deber en mi hospital de cuidar a las personas, o cumplo con mi deber moral de cuidar a mi familia y quedarme en la casa para no correr el riesgo de ser el portador de la enfermedad.

Cuando vemos que nuestros compañeros se enferman, y nos ponemos a recordar que en una guardia no se tuvo el material adecuado, o que tuvo que entrar al área restringida con un traje roto, o que ya tenía mucho tiempo usando el mismo tapaboca, empezamos a pensar que esas muertes se pudieron haber evitado y nos queda un sentimiento de culpa porque no pudimos hacer algo más para evitarlo. 

Nosotros vemos en nuestros compañeros algo que tal vez la gente no ve: que el médico es un ser humano más, que es papá, es hijo, es esposo, hermano, primo, y que al morir deja una familia vacía, huérfana, y que entendemos que la pandemia es difícil y que en todas partes del mundo se ha muerto mucho personal de salud, pero hay muchas muertes que sentimos que se pudieron haber evitado con adecuada protección y tratamiento. 

¿Cuántos médicos han muerto porque no tuvieron el tratamiento necesario? No sabemos, pero son bastante. Eso nos llena de mucho pesar porque allí en esa persona había deseos, anhelos, un plan de futuro y, particularmente en los profesionales de la salud venezolanos, no solamente se pierde al médico o a la enfermera, sino que en la misma persona se pierde a un investigador, a un profesor, un desarrollador de políticas sanitarias, una persona que brindaba algo más a la comunidad. 

Todo esto lo analizamos con un miedo: ¿y si soy yo el sigue? ¿Y si me toca a mí? Capaz mañana otro dé la entrevista porque los que están aquí se murieron. Es bastante difícil esta situación y lo peor de todo es la incertidumbre, pues lo único seguro es que la incertidumbre va a seguir. 

Pedro Javier Fernández, urólogo

Estado Mérida | 13 médicos y enfermeras fallecidos por COVID-19 

#EnchufaDÍN | Felicita a Jorge Rodríguez por su nuevo cargo
Jorge Rodríguez es ahora diputado y presidente de la Asamblea Nacional

Jorge Rodríguez ha participado de forma permanente en los procesos de diálogos, como representante del oficialismo. Ahora, como diputado y presidente de la Asamblea Nacional, instaló una nueva mesa de diálogo, aunque ya advirtió que puede haber perdón, pero no olvido, por lo que podría aparecer nuevamente con una presentación de Power Point con presuntas pruebas en contra de algún dirigente opositor. 

 

La escasez de efectivo ahonda la desigualdad en Venezuela
El efectivo solo representa 2% de la liquidez monetaria. La insuficiencia de billetes deriva en un anárquico control de la cantidad de dinero a retirar en las agencias bancarias. El gobierno contempla tarjetas prepagadas para el transporte público

 

@vsalmeron

 

La insuficiencia de efectivo creó dos realidades: los venezolanos que pueden vivir sin billetes de la agonizante moneda nacional y quienes los buscan desesperadamente para pagar el transporte público o comprar en el comercio informal.

El incesante incremento de los precios pulverizó la capacidad de compra de los billetes al punto que el de 50 mil bolívares, el de mayor denominación, equivale al tipo de cambio oficial a 0,03 dólares y no alcanza para un pasaje.

La consecuencia es que el Banco Central no es capaz de proveer las piezas necesarias para aliviar la escasez de efectivo que castiga a la población que no tiene cuenta bancaria, está fuera del sistema de pagos digital o utiliza autobuses y busetas.

En los primeros diez meses de 2020 el Banco Central introdujo 232 millones de nuevas piezas de billetes, pero como por medios electrónicos crea dinero en grandes cantidades para financiar al gobierno y los precios escalan a un ritmo de dos dígitos al mes, el efectivo está muy lejos de la cantidad adecuada.

Al cierre de la semana pasada el efectivo representaba 2% de la liquidez monetaria (que aparte de monedas y billetes incluye los depósitos en la banca que se mueven por medios digitales) y en condiciones normales debería representar entre 10% y 13%.

Racionamiento bancario

La banca aplica un anárquico racionamiento de efectivo dependiendo de la cantidad de billetes que disponga. El martes de esta semana el Banco de Venezuela, la principal entidad financiera del Estado, permitía retirar 300 mil bolívares en cada agencia, pero en entidades financieras privadas otorgaban la mitad.

Algunos bancos permiten retirar un poco más a través de los cajeros automáticos, pero las colas son kilométricas porque la mayoría no tiene billetes.

Ana Martínez vive en el barrio Las Minas en Caracas y trabaja limpiando apartamentos. “Para llegar a mi trabajo debo tomar dos busetas y cada una me cobra 150 mil bolívares. Dejo de trabajar un día de la semana y camino cincuenta minutos hasta el centro comercial más cercano, allí hago colas de hora y media en agencias de los dos bancos donde tengo cuenta y así obtengo el efectivo para el pasaje. Regreso caminando”.

“Me pagan el equivalente a diez dólares por día en los apartamentos que limpio. Si pudiera trabajara los cinco días de la semana, pero solo trabajo cuatro porque tengo que perder un día completo para buscar efectivo”, dice Ana Martínez.

El dólar buseta

La hiperinflación, que estalló en noviembre de 2017, debilitó en extremo al bolívar y originó una dolarización de facto donde el dólar gana espacio en la economía y se emplea para fijar precios, tarifas o como medio de pago.

Pero la mayoría de los venezolanos no tiene ingresos en dólares o gana un salario exiguo. Además, si bien hay dólares en circulación, escasean los de denominaciones pequeñas y son contados los días en que trabajadoras como Ana Martínez reciben su pago en divisas.

Como los bolívares en efectivo escasean los choferes de las busetas aplican un descuento severo para recibir dólares y dar cambio en bolívares. “Hoy el dólar está a un millón y medio de bolívares y si pagas un pasaje de 150 mil bolívares con un dólar te lo reciben a un millón”, dice Ana Martínez.

Carlos González vive en los Valles del Tuy, una localidad a 67 kilómetros de Caracas. “Yo trabajo cinco días a la semana en un comercio donde ayudo descargando mercancía, me pagan ocho dólares por día. Para llegar a Caracas tengo que tomar un autobús y una buseta que ida y vuelta cuestan dos millones de bolívares”.

Explica que le pagan con billetes de dólares que vendedores de comida en el barrio donde vive se los cambian por bolívares en efectivo, aunque con un descuento de 20% respecto al tipo de cambio vigente.

“Prefiero eso a perder un día de trabajo para buscar efectivo en los bancos o pagarles a los choferes con los dólares porque ellos aplican un descuento mayor”, dice Carlos González.

La escasez de billetes también deriva en que si se paga con bolívares en efectivo alimentos básicos como arroz, café o harina de maíz son más baratos en el comercio informal.

Maduro digital

Para aliviar el malestar que genera la escasez de efectivo las autoridades del Banco Central solicitaron a las entidades financieras un plan que permita ampliar los medios de pago digitales, en especial en el transporte público.

El primero de enero el mandatario Nicolás Maduro afirmó que “nosotros vamos, este año 2021, hacia una economía digital más profunda, más en expansión. Yo he puesto la meta: 100% economía digital, que todo el mundo tenga sus métodos de pago en tarjeta de débito, de crédito”.

Banqueros consultados consideran que ir a un esquema donde desaparezca el efectivo es lo moderno y deseable, pero en Venezuela se intenta de una manera desesperada en medio de una economía sumergida.

La lista de inconvenientes para aumentar la digitalización incluye deficiente servicio de internet, constantes fallas en el sistema eléctrico, población no bancarizada en una magnitud relevante y atraso tecnológico en la banca.

En el interior del país a diario hay cortes en el suministro de energía y en Caracas el deficiente servicio de internet produce fallas en los puntos que procesan las tarjetas de débito y crédito.

En el transporte público es fundamental la rapidez en el pago para evitar largas colas y retrasos en el servicio, por eso se emplean tarjetas con un chip y antena incorporada que permiten pagar con solo acercar la tarjeta a un lector. Es lo que se conoce como pago sin contacto.

“Habría que cambiar las tarjetas y la mayoría de los puntos de venta para ir a un sistema sin contacto, actualmente esa tecnología no la tenemos en Venezuela en una magnitud importante eso cuesta dinero”, dice el presidente de un banco mediano.

Tarjeta prepagada

El gobierno planea ir a un sistema con tarjetas prepagadas que los usuarios del transporte público podrán comprar y recargar mediante pago móvil, tarjeta de débito en los puntos de venta o trasferencia bancaria.

La semana pasada comenzó un plan piloto que incluye a cinco mil transportistas de los Altos Mirandinos que recibieron dispositivos para procesar la tarjeta prepagada. Estos dispositivos no necesitan conexión a internet. Además, comenzó la venta de las tarjetas.

El 12 de enero Nicolás Maduro afirmó que “este año vamos a facilitar el uso de medios de pago, en moneda nacional, para el transporte público a través de sistemas de pago que no necesitan conexión en línea”.

Ejecutivos bancarios explican que el inconveniente es que para comprar y recargar las tarjetas prepagadas se requiere internet y servicio eléctrico eficiente para que funcione el pago móvil, las transferencias y las tarjetas de débito.

El gobierno no ha precisado en cuánto tiempo planea masificar esta iniciativa.

Otra reconversión 

La noche del 17 de agosto de 2018 Nicolás Maduro anunció una nueva era: “Vamos a un proceso virtuoso de crecimiento con justicia, con igualdad, con distribución de la riqueza, el programa de recuperación económica es el más completo, mejor concebido y con la mayor pertinencia con la realidad histórica”.

El programa incluyó el lanzamiento del bolívar soberano, tras restarle cinco ceros a la moneda anterior, el bolívar fuerte. Pero el bolívar soberano, que comenzó a circular a una tasa de 60 bolívares por dólar, hoy se cotiza sorbe el millón de bolívares por dólar y la disparada de los precios ha hecho que los equipos informáticos tengan severos problemas para procesar cifras con una larga fila de ceros a la derecha.

Fuentes del Banco Central explican que el gobierno contempla la posibilidad de una nueva resta de ceros durante el primer semestre de este año o la emisión de billetes de mayor denominación, aunque las sanciones de Estados Unidos complican esta alternativa.

“A nuestro juicio, el anuncio del 100% de digitalización prepara el terreno para la reconversión monetaria que inevitablemente ocurrirá en los próximos meses”, dice el informe El Tesorero de la firma Síntesis Financiera.

Sigue el vértigo

Tras no ahorrar durante el período de los altos precios del petróleo, endeudarse masivamente, no realizar las inversiones necesarias para mantener la producción petrolera y caer en una profunda recesión que merma la recaudación de impuestos, el gobierno se quedó sin recursos para cubrir el gasto y recurrió a la creación de dinero.

En agosto de 2018 Nicolás Maduro admitió que “tuvimos que ir a la emisión de dinero para respaldar las misiones socialistas, la construcción de viviendas, el sistema de bonos, los aumentos bimensuales de salarios. Diría así es la vida, nos tocó jugar así”.

Inmediatamente prometió “una disciplina fiscal prusiana” para controlar la inflación, pero la caída en la recaudación de impuestos se profundizó y las sanciones de Estados Unidos, que consideran ilegítimas las elecciones en las que Maduro se reeligió como presidente, aceleraron el declive de la producción petrolera.

En este entorno el gobierno continuó y todo indica que continuará financiándose con la creación de dinero, por lo que la inflación seguirá a un ritmo acelerado. Según el último informe de Focus Economics, la firma AGPV proyecta que este año la inflación será de 2.230% y Fitch Solutions estima 2.149%. 

Lideresa indígena Lisa Henrito fue elegida como nueva capitana de la comunidad pemón de Maurak

@moreliamurillo

Santa Elena de Uairén.- El martes 05 de enero de 2021, las autoridades comunales y sectoriales juramentaron a la nueva capitana de Maurak, Lisa Henrito, quien tendrá la responsabilidad de guiar a su comunidad en el período 2021-2025. Al sonido de la música autóctona, entró a la Casa Comunal de Maurak donde tuvo lugar el acto, escoltada por un grupo de niños y con un sencillo cintillo de plumas blancas y salió con su hermosa diadema de plumas azules y rojas de guacamaya, el símbolo que durante siglos han llevado los líderes de su pueblo.

Maurak es una comunidad localizada a 12,5 kilómetros de Santa Elena de Uairén, la ciudad principal del municipio Gran Sabana, territorio ancestral del Pueblo Indígena Pemón, en el sureste de Venezuela, fronterizo con Brasil.

Lisa recibió a sus credenciales de manos del coordinador de la Comisión Electoral de Maurak, Walter Martínez; luego fue juramentada por el capitán general del Sector 6- Akurimó, Jorge Gómez y finalmente de manos del capitán saliente, Jorge Yánez, recibió las llaves de la Casa Comunal y el equipo de comunicación que la mantendrá en contacto con su grupo de Seguridad Interna. Al acto, fundamentado en los usos y costumbres de este Pueblo y en concordancia con la Constitución de Venezuela, asistieron además el coordinador general del Consejo de Caciques Generales, Jean Carlos Velásquez; representantes de las capitanías generales de los sectores 3-Urimán y 7-Ikabarú y capitanes comunales.

En su intervención, Gómez, el líder de mayor experiencia y arraigó de los Pemón, reflexionó sobre la importancia de que los líderes y lideresas mantengan “un solo pensamiento y sentimiento indígena”, al margen de los comentarios, que provocan los malos entendidos y las divisiones. Lisa, así vez, celebró el ser juramentada por un líder cuyo trabajo obedece fundamentalmente a las necesidades de su gente, a los usos y costumbres de su Pueblo.

La capitana compartió con todos los presentes su compromiso de velar por los derechos de cada uno de quienes la apoyaron, pero también de quienes prefirieron otra opción y a los líderes los llamó a reflexionar acerca de lo que puede hacer cada uno por el drama social, por el dolor que sufren los miembros de su Pueblo. “Qué no olvide nadie por qué y para qué estamos aquí”, dijo.

¿Quién es Lisa Henrito?

Nació en 1973 en la comunidad indígena de Paruima, a las orillas del río Kamoiran, Alto Mazaruni, Región 7, Esequibo, en la República Cooperativa de Guyana. Ahora vive en los márgenes del Uairén, el río del cual tomó su nombre la capital de Gran Sabana ¿Ella es extranjera? Sí y no: aunque nació en Guyana, sus padres son indígenas venezolanos, por ellos es venezolana y además los pueblos originarios no conocían fronteras.

Debido al desempeño y constante formación de su papá, quien fue pastor adventista, de niña, estudió en Trinidad y Tobago y en Guyana y ya adulta se formó como administradora en el Instituto Universitario Adventista de Venezuela (Nirgua, Estado Yaracuy). Pero con certeza el título que mejor honra es el de defensora de la naturaleza y de los derechos colectivos e individuales de su pueblo, un título que comparte con muchas de las mujeres que la antecedieron en ese camino y con muchas de quienes en el ahora acompañan su andar.

Fundó y es asesora del Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón y ha recorrido buena parte del planeta dando a conocer su cultura y formándose para ser cada vez mejor en la defensa y representación de los Pueblos Indígenas y en especial del Pemón.

Lisa habla, escribe y lee tres idiomas: pemón, ingles y español y entiende y se hace entender en portugués, como buena parte de los habitante de esta frontera. En cualquiera de los idiomas que domina es una mujer de coraje y de esa mezcla de capacidad de encantamiento, inteligencia y conocimiento definida como carisma.

Como lo indican los usos y costumbres, al finalizar la juramentación, todos los asistentes fueron invitados a compartir la mesa: Tumá sero. Esa es la tradición del Pueblo Indígena Pemón, invitar a quien llega a compartir el tumá (consomé picante) el kasabe (pan de yuca); la presa (proteína);  fruta (cambur cosechado en el conuco) y el Kachirí,  bebida típica hecha de yuca amarga fermentada.

Lea el reportaje Ataques contra comunidades indígenas tienen como objetivo militarizar nuestro territoriodel especial Tierra de Resistentes haciendo click a la foto de Lisa Henrito

#NáufragosDeGüiria | Trinidad y Venezuela comparten responsabilidades en caso de los 41 migrantes que salieron de Güiria
El Ministerio de Interior y Justicia venezolano, sin siquiera procurar una investigación independiente, desestimó las denuncias de los familiares de las víctimas que aseguraban que habían llegado a Trinidad y Tobago y fueron obligados a regresar en una sola embarcación
Trinidad y Tobago negó a las personas que llegaron a su territorio la oportunidad de explicar su caso, presentar su documentación de soporte y esperar una decisión de las comisiones de refugiados 

@GITIW y @ValeriaPedicini / Foto: César Toledo

 

 

El Estado venezolano y el trinitense comparten la responsabilidad de violaciones de derechos humanos en el caso de las víctimas que partieron de Güiria el pasado 6 de diciembre.

Venezuela incluso desestimó las denuncias de los familiares y parece dar por terminada cualquier investigación relacionada con el caso. El 25 de diciembre, la ministra de Relaciones Interiores, Carmen Meléndez, firmó un comunicado en el que aseguró que “el pasado 6 de diciembre se produjo un naufragio de la embarcación identificada como Mi  Recuerdo, aproximadamente a 11 millas náuticas del punto de zarpe… en la embarcación iba un grupo de personas que se dirigían a la República de Trinidad y Tobago a pasar las fiestas navideñas”. 

Aunque esta versión en este caso no ha sido confirmada, las autoridades de Trinidad y Tobago al parecer hicieron lo que ya han hecho antes: devolver de manera “caliente” a los migrantes venezolanos violando tratados internacionales.

Para Venezuela parece ser suficiente la versión trinitense. La Guardia Costera de ese país aseguró en un comunicado que sus funcionarios no interceptaron ninguna embarcación proveniente de Venezuela. Mientras que el primer ministro Keith Rowley tachó como “mentira” la versión de que los venezolanos fueron expulsados de territorio trinitense. 

Pero desde que se supo la noticia de la desaparición, los familiares de los migrantes aseguraron que las embarcaciones habrían alcanzado las costas trinitenses.  ¿La razón para creerlo? Los primeros cadáveres fueron hallados muy cerca del puerto de Güiria. “Que los primeros cuerpos fueran encontrados a solo 6 millas náuticas de la costa venezolana quiere decir que se estaban devolviendo”, dicen los familiares, convencidos de que sus parientes sí pisaron territorio insular. 

A pesar de las denuncias y las evidencias, se ha negado el derecho de saber efectivamente qué ocurrió con la embarcación o las embarcaciones. 

El gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, incluso manifestó no saber qué pasó con la embarcación que naufragó y admitió no tener la capacidad para controlar zarpes ilegales. Por su parte, la Fiscalía venezolana, a través de su vocero, Tarek William Saab, declaró que investigaría lo ocurrido bajo la presunción del delito de trata de personas y casi de inmediato fueron detenidos Luis Ramón López y Luis Martínez, este último conocido como “Che María”. Sin embargo ambos ya se encuentran en sus casas. Adicionalmente, según denuncias de los habitantes de Güiria, los siete militares detenidos por extorsionar a Luis Martínez están libres y sólo fueron cambiados de zona.

La primera responsabilidad es de Venezuela

 

Imágenes de migrantes alcanzando de manera precaria las costas de otro país se generan todos los días: llegan a las islas Canarias, a las costas de Italia, a las del Reino Unido y llegan a los Estados Unidos cruzando el Río Grande. Lo que no se ve es que alguno de esos países obligue a devolverse por sus propios medios a los migrantes, y que el país de origen de estas personas no provea medios de transporte seguros para su devolución, arriesgándolos a asumir una travesía mortal. 

Casos de naufragios, desapariciones y denuncias de trata de personas se han documentado entre Venezuela y Trinidad y Tobago al menos desde 2017. Nada más en 2019 fueron reportadas como desaparecidas tres embarcaciones entre ambas naciones.  

“El naufragio del sábado 12 no es el único. Ha habido antes varios que conocemos mediáticamente, y otros que probablemente ni nos enteramos, responde a patrones más amplios de desplazamiento forzado de venezolanos”, explica Betilde Muñoz, directora del departamento de inclusión social de la Organización de Estados Americanos (OEA), experta en temas de migración y desplazamiento forzado. 

Para Erika Guevara-Rosas, de Amnistía Internacional, en el caso de Venezuela se trata “de personas que no solo escapan del hambre y del desabasto de medicinas y alimentos en esta crisis humanitaria compleja, sino que también escapan muchas veces de la persecución individualizada dada las políticas de represión violenta que han sido muy bien documentadas que ocurren en Venezuela”. Es por ello que se hace imprescindible que los gobiernos respeten el principio de no expulsión forzada y proteger a personas que como estas, escapan de sus países por persecución o masivas violaciones de derechos humanos. 

El caso es que los venezolanos, sin importar los riesgos, siguen huyendo. Solo en noviembre de 2020, las autoridades de Trinidad y Tobago deportaron a más de 200 venezolanos, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Según el más reciente informe, en uno de los casos se informó que un grupo de 29 personas, incluidos 16 niños, fueron escoltados fuera de las aguas trinitenses, aunque algunos regresaron a la isla después.

Hasta el 30 de noviembre, Acnur registró 20.143 refugiados en Trinidad y Tobago, lo que representa 200 menos que en el mes de octubre. De ese total, el 85,8% son venezolanos. 

No pueden ser devueltos

 

La Convención de 1951 genera obligaciones en los países que reciben refugiados; una de ellas, es no devolverlos al país del que salen. “Hay una obligación de darle el derecho a pedir ese reconocimiento y de no devolverlo cuando está procesando ese reconocimiento. Así sea que esté retrasado el proceso judicial para definir si se le otorga o no el estado de refugiado, no los puede devolver”, señaló Muñoz.  

La politóloga manifiesta que los estados deben darle oportunidad a las personas que llegan a su territorio de explicar su caso, presentar su documentación de soporte y esperar una decisión de las comisiones de refugiados en cada país. “Esa persona tiene el derecho a que no la devuelvan hasta que no se concluya el proceso. Lo que deben respetar con la Convención del 51 de los refugiados es el derecho de los venezolanos a solicitar asilo y el derecho a la no devolución. Ese es el principal tratado y las dos cosas claves que tienen que ser centrales en la respuesta de Trinidad y Tobago ante la llegada de venezolanos”.  

Riesgo evidente

 

La internacionalista experta en derechos humanos y relaciones multilaterales, María Alejandra Aristeguieta, explicó que de acuerdo con el principio de no devolución, si los migrantes corren peligro en su país no pueden ser devueltos. Si el país receptor argumenta que no tiene los recursos para atender a los migrantes, hay al menos dos vías para actuar.  

“Las autoridades de Trinidad y Tobago tenían dos opciones: la primera, hablar con el consulado venezolano y que ellos se encargaran de buscar a los migrantes y de repatriarlos de manera segura. La segunda es hablar con una tercera nación y alegar que ellos no tienen la capacidad para atenderlos y, si se llega a un acuerdo, trasladarlos hasta el nuevo destino”, explicó Aristeguieta. 

 ¿Por qué las autoridades consulares de Venezuela no se encargaron de repatriar a los migrantes? “La comunicación entre Trinidad y Tobago y el consulado venezolano es fluida, esa información la tengo confirmada directamente de las oficinas de Naciones Unidas. Una hipótesis es que los quieren usar de ejemplo porque el nivel de crueldad de esta gente está tatuado en su ADN. Quieren hacer de esta tragedia un caso ejemplarizante”, argumentó la internacionalista.  

“La violación de los derechos humanos de esos migrantes fue de común acuerdo porque alternativas hay para resolver ese tema de otro modo, que no las quieran explorar o no las quiera llevar a cabo es clarísimo. No es que no tengan mecanismos en sus manos: Trinidad y Tobago podría estar hablando con Acnur y otras agencias para la atención de esos migrantes, o podría estar tomando alguna medida para repatriarlos responsablemente”, dijo Aristeguieta. 

¿Por qué no asumen la segunda opción y buscan un tercer país que los reciba? “Probablemente porque no se quieren convertir en un destino de tránsito”, argumentó la internacionalista.  

Venezuela y Trinidad y Tobago han mantenido una estrecha relación en las dos décadas de chavismo. Lo que inició por interés comerciales no solo se quedó ahí: desde el gobierno trinitense se han rechazado los intentos de intervención militar de Estados Unidos a Venezuela. 

Se ha hablado de “lazos de hermandad”, de cooperación y de desarrollo para beneficio común de ambas naciones. Se han firmado acuerdos de cooperación energética. 

Hace apenas tres meses, a mediados de agosto de 2020, Nicolás Maduro se reunía con el primer ministro trinitense Keith Rowley para mantener la coordinación entre ambos gobiernos “al más alto nivel” y “profundizar la histórica relación bilateral y a fortalecer los mecanismos de integración de América Latina y el Caribe”.

Autoridades de Venezuela y Trinidad y Tobago se reúnen con frecuencia, tienen buena relación, firman acuerdos. Existen elementos para pensar que entre ambos gobiernos hay comunicación.  ¿Por qué no un acuerdo para la repatriación segura y digna de venezolanos? 

Trinidad y Tobago podría conversar con Venezuela para hacerlo. “Si es un grupo de migrantes irregulares a ser retornados, tendrían que coordinar los países. Si es asilo, ninguna coordinación. El Estado que recibe debe proteger a quien solicita asilo de su país de origen”, explica Betilde Muñóz. 

Para el Comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para los migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, Trinidad y Tobago está actuando al margen de al menos dos compromisos internacionales: la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Ginebra del Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967. “En ambas, los estados suscriben que tienen el compromiso de proteger a una población en condición de vulnerabilidad, de ir a otra nación y ahí obtener la protección y el refugio. Y en esas dos convenciones actúa también el principio de no devolución”. 

Convención que Trinidad y Tobago firmó y ratificó, pero no cumple al regresar a los venezolanos “en caliente”, como se ha documentado en algunas ocasiones, sin tener en cuenta sus derechos a la movilización. “Los venezolanos corren mucho peligro por la forma cómo los están deportando. Sin salvavidas, y en este momento que estamos con COVID-19 tampoco con mascarillas; en embarcaciones pequeñas de madera donde van con exceso de capacidad, con limitación de combustible en una zona donde son recurrentes las condiciones climatológicas adversas y fuertes precipitaciones. Obviamente la vida de estas personas está en riesgo”, aseguró Smolansky. 

Necesitados de protección

 

Para la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, lo ocurrido con el naufragio de Güiria “nuevamente es una muestra de la falta de protección que se les está dando a estas personas [venezolanos] que terminan en una situación de altísimo riesgo, sujetas  muchas veces a redes de trata y grupos de crímenes organizados, precisamente por la falta de protección y porque se ha criminalizado la entrada irregular de personas venezolanas necesitadas de protección internacional”. 

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se refirió al caso y dijo: “Pedimos a los gobiernos que detengan las devoluciones en el mar en violación del principio de no devolución y la prohibición de las expulsiones colectivas y suspendan todos los retornos forzosos en medio de la pandemia de COVID-19 para salvaguardar la salud de los migrantes y las comunidades. Alentamos a los gobiernos a que, en cambio, proporcionen vías seguras y legales para que los migrantes regularicen su estatus y eviten el riesgo de deportación”.  

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) exhortó en 2018 a los países de la región a garantizar que los venezolanos tuvieran acceso a los territorios y a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado. “Si bien no todos los venezolanos son refugiados, cada vez resulta más claro que un número significativo necesita protección internacional (…). En vista de la situación en Venezuela, es crucial que las personas no sean deportadas o forzadas a retornar”.  

La experta en relaciones multilaterales explicó que la capacidad de instrumentación y exigibilidad de cumplimiento por parte de los Estados a los acuerdos de protección a los migrantes, es bastante laxa porque no hay una herramienta que los obligue. “Si hay un tratado internacional bilateral y una de las dos partes incumple, la otra parte puede recurrir; pero en el caso del derecho internacional humanitario son medidas de exhortación, no hay capacidad para obligar al Estado miembro a cumplir con lo que él mismo firmó y ratificó”.

Aristeguieta, quien se desempeñó como embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó ante Suiza, argumentó que los países democráticos se cuidan mucho de cumplir con los tratados y acuerdos en materia de derechos humanos porque tienen una sociedad civil y una institucionalidad muy sólida, temen a la opinión pública y todo eso sirve de mecanismo de presión y balance. “En el tercer mundo eso no es así, todo es más laxo porque la institucionalidad es muy débil. Ese es el contexto real en el que vivimos y sobre esa realidad hay que trabajar”.  

Un ejemplo de cómo en democracias más sólidas hay más vigilancia y control en el trato hacia los migrantes irregulares, es Italia. En agosto de 2019, el ex ministro de Interior Matteo Salvini impidió que la embarcación “Open Arms” con 116 migrantes a bordo, atracara en isla italiana de Lampedusa. Los migrantes pasaron 10 días en el mar mientras sus condiciones de salud se deterioraban. Salvini argumentó en su momento que aplicaba una política de “puertos cerrados” para negar el acceso de los migrantes. En enero de 2021, el ex ministro y líder del partido italiano de extrema derecha La Liga, enfrenta un juicio por secuestro y abuso de poder

 

¿Nueva categoría para venezolanos? 

 

Aristeguieta explicó que si bien no hay obligación para ningún país de calificar de refugiados a los migrantes que lleguen a sus tierras, sí hay un conjunto básico de acciones que esa nación está obligada a seguir. 

 “No tenemos cómo reclamarle que no los trate como refugiados, pero sí tenemos derecho a exigirles que cumplan con el principio básico de no devolución, con el debido proceso tanto jurídico como administrativo para la evaluación de cada caso de manera individual; y con la tramitación de la devolución de esas personas a su país de origen de manera segura”, dijo Aristeguieta.  

Cuando se habla de venezolanos que han dejado la nación, se utilizan los conceptos de migrantes y refugiados. Los primeros lo hacen de forma voluntaria, por razones laborales o reunificación familiares. El derecho a migrar está reflejado en la Convención Internacional de la Organización de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990, que toca todas las dimensiones de protección a migrantes. 

Por otra parte, la Convención de Ginebra del Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967 definen qué es un refugiado, sus derechos fundamentales a ser protegidos y la determinación que no deben ser devueltos al país donde temen ser perseguidos.  

En el caso de Latinoamérica, se firmó una declaración que expande la definición de refugiados para incluir personas que sufren y huyen de la violencia, que escapan porque el orden público de su país es inestable o porque existen violaciones de derechos humanos, aunque no los reciban directamente. Eso es lo que ha utilizado México y Brasil para darles la condición de refugiados a miles de venezolanos. Así lo explicó Betilde Muñoz, directora del departamento de inclusión social de la Organización de Estados Americanos (OEA), experta en temas de migración y desplazamiento forzado.  

Pero la situación de los venezolanos es difícil de definir. “Lo que está ocurriendo en la mayoría de los países de la región, sobre todo donde hay más venezolanos, no necesariamente están usando esa definición de Cartagena para reconocer a los venezolanos, pero tampoco caen entre los migrantes voluntarios. Tenemos una gran cantidad, millones de venezolanos diría yo, que no son reconocidos en ninguna de las dos categorías en este momento y eso está generando una necesidad de protección”, afirma. 

Aunque se hable de migración forzada, ese concepto no está en ningún marco jurídico internacional, lo que no genera obligaciones a los Estados que reciben a venezolanos cuyo desplazamiento es forzado. “Hay que seguir empujando la conversación para que se haga el reconocimiento de refugiados según la Convención de Cartagena, pero también está la conversación de si el fenómeno venezolano nos va a obligar a pensar en nuevas categorías de protección internacional”, alega Muñoz. 

Sin tenerlos en cuenta

 

Pero sin importar el estatus migratorio, todos los países que reciben migrantes, refugiados o no, tienen la obligación de garantizar los derechos humanos de las personas. “Los Estados están obligados a darles protección. La protección pasa por darles su documentación, por reconocer sus derechos, por regularizarlos”, plantea Smolansky, lo que facilitaría a los venezolanos acceder a la salud, educación e insertarse a los mercados laborales en Trinidad y Tobago.  

Pero Trinidad y Tobago no ha dado esa oportunidad. Smolansky aseguró que en el registro que hiciera el gobierno trinitense en 2019, se identificaron 16 mil venezolanos. “Pero realmente en Trinidad y Tobago lo que manejamos es que hay aproximadamente 40 mil migrantes y refugiados venezolanos. Si un registro duró solo dos semanas, no da tiempo para que la gente haya podido obtener su documentación en tan solo 15 días o no se enteraron. Y en año y medio ha sido mucha la gente que ha llegado a Trinidad y Tobago y no les han dado oportunidad de registrarse”.  

¿Por qué Trinidad y Tobago no les da el reconocimiento de refugiado a los venezolanos? Aunque Beatriz Muñoz no tiene una respuesta certera, atribuye la razón a una complejidad de factores.  

Para ella, que hace apenas un año Trinidad y Tobago tenga una oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en la isla, da a entender cómo ven el tema de los refugiados. “Para ellos no existía una agenda de protección de refugiados, aunque han ratificado la convención. No ha sido parte de su dinámica porque no han recibido históricamente refugiados, quizá eso no es parte de la conversación con la ciudadanía o los políticos”. 

Sin importar la cantidad de venezolanos llegando a su territorio ni las condiciones en las que lo hacen ni de qué huyen, el gobierno de Trinidad y Tobago mantiene su posición de rechazar cualquier ingreso ilegal: la única forma de entrar a la isla es por una solicitud de visa. 

“En el país hay cerca de 16.000 venezolanos registrados y protegidos y no recibimos ayuda de ninguna agencia para cuidar de estos inmigrantes, muchos de los cuales son recién llegados que ingresaron a nuestro país ilegalmente. El año pasado, por empatía, los registramos a todos y les permitimos vivir honestamente dentro de nuestras fronteras”, dijo el primer ministro.

La ley migratoria de Trinidad y Tobago pone en manifiesto su actitud con la llegada de migrantes, algunos artículos que pueden ser considerados discriminatorios y que se prestan para interpretaciones según el ojo con el que se mire. Prohíben la entrada a personas con enfermedades o “físicamente defectuosos”; a personas que se puedan convertir en una carga económica para el Estado; a personas que no puedan costearse su permanencia en la isla; a “idiotas, imbéciles, débiles mentales, personas que sufren demencia o psicópatas”; ni se le permite la entrada o permanencia a cualquier “persona indeseada”.

Sin importar esto, cuando un Estado firma y ratifica un tratado internacional, como lo es la Convención de 1951, tiene como obligación reacomodar y alinear sus marcos legislativos a los estándares de la convención internacional. “Puede ser que haya una discrepancia entre lo que dice el tratado de refugiados y lo que dice la ley de Trinidad y Tobago. Pero la obligación es que progresivamente se hagan los ajustes legislativos para que conversen lo que tiene la ley y lo que tiene el tratado internacional”, aseguró la funcionaria de la OEA. 

¿Qué dice Trinidad y Tobago?

 

Amnistía Internacional, el Centro Caribeño de Derechos Humanos y más de otras 20 organizaciones han escrito dos cartas abiertas al primer ministro Keith Rowley, pidiendo que su gobierno reconozca la gravedad de las violaciones de derechos humanos de las que huye la población venezolana. 

Hasta la fecha, las misivas no han sido contestadas. 

Para Erika Guevara-Rosas, el gobierno de Trinidad y Tobago está anteponiendo intereses políticos en menoscabo de los derechos humanos de las personas necesitadas de protección internacional. 

Para el abogado David Smolansky, tiene que haber un giro de 180 grados por parte del gobierno de Trinidad y Tobago en el reconocimiento de los venezolanos, además de aprender de otros países vecinos como Colombia o Brasil en los que se mantiene una política de fronteras abiertas, donde no piden visa para entrar y donde se les da el estatus de refugiado.  

“Si se les trata diferente y se les brindara apoyo y oportunidades, más bien pudiese verse beneficiada esa isla en cuanto a su economía. El destierro representa muchas oportunidades para países de América Latina y el Caribe de recibir una población que quiere trabajar, que quiere emprender, que quiere estudiar y todo aportar a la economía. Trinidad y Tobago le está dando una patada a eso, está privilegiando su relación política con Maduro”, dijo Smalasky. 

Estos son los rostros de los náufragos de Güiria
El 6 de enero se cumplió un mes de la desaparición de una, dos, o quizás tres embarcaciones que partieron ilegalmente de las costas del estado Sucre, al oriente de Venezuela, con más de 40 personas. Tenían como destino Trinidad y Tobago, pero pasó algo, aún confuso, que convirtió este viaje en la más grave tragedia migratoria de 2020 en América Latina: 34 cadáveres han sido recuperados, mientras que otras 7 personas continúan desaparecidas. Las autoridades venezolanas han asegurado que se trató de un naufragio. La Alianza Rebelde Investiga recopiló, fotos, nombres y otros detalles de identidad de 35 víctimas. Además de datos sobre otros 5 desaparecidos

 

Alianza Rebelde Investiga 

 

El supuesto naufragio de una embarcación venezolana con 41 ocupantes, según informó el Ministerio de Relaciones Interiores de Venezuela, es la tragedia migratoria más grave ocurrida en este país suramericano. Se trata de personas que intentaban huir de la emergencia humanitaria compleja, para refugiarse en Trinidad y Tobago. Lo que ocurrió en alta mar o en las costas de la isla caribeña aún se desconoce. Hasta finales de diciembre habían sido localizados 34 cadáveres en las costas de Güiria, en el estado Sucre, mientras que otras siete personas continúan desaparecidas.

Entre las víctimas hay nueve niños y una mujer embarazada. Varios de los ocupantes viajaban con sus familias o con sus parejas. Algunos de los fallecidos eran familia del propietario de la embarcación Mi Recuerdo, Luis Martínez, conocido como “Che María”, que supuestamente zarpó de una playa del municipio Valdez con las 41 personas. Hasta el momento se desconoce que haya sobrevivientes.

La Alianza Rebelde Investiga recopiló las fotos de 35 víctimas y logró obtener datos de identidad de 40 de las personas que murieron o están desaparecidas.

#NáufragosDeGüiria | Enviar provisiones desde Trinidad y Tobago a Venezuela ya no es rentable
Irse a Trinidad y Tobago y enviar remesas y paquetes para ayudar a la manutención de sus familias en Venezuela ya no es rentable para los inmigrantes venezolanos
Desde 2019 entre las aguas de Sucre y Trinidad y Tobago se reportan 60 personas desaparecidas en dos naufragios de las embarcaciones Jhonailys José y Ana María

Sentada en el sofá de su casa en Güiria, vestida con ropa negra y con las fotos de sus nietos en las manos, María Guerra, toma aire y hace una pausa en su llanto: “Mi hijo está destrozado y solo en Trinidad. Lamentablemente perdió a su esposa y sus dos hijos en este naufragio del 6 de diciembre. Cada quince días les enviaba 50 dólares, pero aquí, en Venezuela, eso se vuelve nada. Por eso pensó que era mejor llevárselos para allá”.

Los dos nietos y la nuera de María Guerra -quien pidió cambiar su nombre por temor a represalias- están entre las 34 víctimas del supuesto naufragio de la embarcación Mi Recuerdo, que según versiones oficiales zozobró en las costas del estado Sucre, al oriente de Venezuela, con 41 ocupantes. Otras siete personas aún permanecen desaparecidas.

Hace dos años el hijo de Guerra emigró a Trinidad y Tobago, dejó en Güiria a su esposa y a sus dos hijos. La vida como pescador no le daba el dinero suficiente para mantener a una familia de cuatro personas en Venezuela. A pesar de la distancia nunca abandonó a su familia, enviaba remesas de dinero y alimentos con periodicidad. Pero últimamente su aporte se iba haciendo insuficiente. 

Esta es otra de las razones que ha impulsado a los habitantes de Güiria a seguir huyendo hacia Trinidad y Tobago de forma clandestina. A la situación de hambre e hiperinflación que se vive en tierra firme se ha sumado la imposibilidad de enviar provisiones desde el territorio insular caribeño para ayudar a la subsistencia de los venezolanos que siguen en el país. 

Irse a Trinidad y Tobago y enviar remesas y paquetes para ayudar a la manutención de sus familias en Venezuela ya no es rentable para los inmigrantes venezolanos. Las personas que se han establecido en la isla caribeña ya no pueden ayudar a sus parientes debido al elevado costo de las encomiendas y a las restricciones que coloca el gobierno insular.

Las empresas de encomiendas “cobran hasta 15 dólares trinitenses (2,5 dólares estadounidenses en promedio) por cada kilo que pesa un paquete de alimentos enviado a Venezuela”, explica Guerra. Además, las autoridades trinitenses colocan muchas restricciones a los migrantes.

Los familiares de algunas víctimas del naufragio en Güiria detallan que no sólo el costo de las encomiendas y la hiperinflación en Venezuela incide para que los güireños que están en Trinidad y Tobago trabajando manden a buscar a sus familias, y las embarquen en un viaje que les puede costar la vida.

“Las autoridades de Trinidad se pusieron estrictas con los migrantes y los que no tienen sus papeles en regla viven perseguidos para ser deportados. Por eso mucha gente que está allá prefiere no venir a buscar a su familia y optan por esperarlos allá”,  narró un pescador, quien vio partir hace nueve meses a sus hijos de forma ilegal a la isla.

Desde 2019 entre las aguas de Sucre y Trinidad y Tobago se reportan 60 personas desaparecidas en dos naufragios de las embarcaciones Jhonailys José y Ana María. La mayoría de los ocupantes de estos botes aún permanecen desaparecidos, a diferencia del supuesto naufragio de Mi Recuerdo, del que han sido encontrados 34 cadáveres.

Los familiares de las víctimas del naufragio del 6 de diciembre, aseguran que sus parientes se iban del país buscando mejoras económicas porque están pasando hambre en la zona pesquera ubicada en el estado Sucre. 

*Con información de Yesenia García.

Tras ser imputados, detenidos por caso de #NáufragosdeGüiria regresaron a sus casas
La presión de los habitantes del pueblo hizo que los dos detenidos fueran regresados a sus casas, en paralelo las protestas en Güiria se mantenían
Hasta el 24 de diciembre de 2020 se habían reportado 34 víctimas mortales y siete desaparecidos

En sus casas y protegidos por sus familiares y vecinos se encuentran los dos hombres detenidos por el naufragio de una embarcación en Güiria, en el estado Sucre. Desde el viernes 18 de diciembre fueron trasladados a sus viviendas, según la Alianza Rebelde Investiga (ARI).

Tanto Luis Ramón López, de 60 años de edad, como Luis Martínez, conocido como “Che María”, de 54 años, fueron devueltos a sus casas después de que la Fiscalía 3º de Güiria y la Fiscalía Nacional 66º les imputaran los delitos de trata de personas y de asociación para delinquir.

López es el dueño de la Finca El Rincón cercana al muelle desde donde presuntamente zarpan de forma ilegal embarcaciones hacia Trinidad y Tobago, mientras que Martínez es el propietario de la embarcación “Mi Recuerdo”, que es una de las involucradas en el supuesto naufragio ocurrido el entre el 6 y el 12 de diciembre.

La presión de los habitantes del pueblo hizo que los dos detenidos fueran regresados a sus casas, en paralelo las protestas en Güiria se mantenían.

Mientras esto ocurría en tierra firme, el mar seguía arrastrando cadáveres. Hasta el 24 de diciembre se habían reportado 34 víctimas mortales y siete desaparecidos. El naufragio aún no tiene explicación para los habitantes que se han mantenido en las calles de la capital del municipio Valdez con pitos, cacerolas y consignas pidiendo justicia. Entre la multitud se encuentra una de las hijas del dueño de la finca, Rosi López.

 “¿Qué culpa tenemos nosotros de que la gente rompa el alambre para meterse por el terreno de nuestra finca para cortar camino y llegar a la playa? Nosotros no somos dueños de la playa”,  precisa López.

Explica que su padre estuvo hospitalizado el 18 de diciembre cuando lo liberaron con la medida de casa por cárcel y orden de presentación cada 45 días. “Mi papá sufre de la tensión y es diabético”.

Al lado de la mujer está su mamá, Segunda Rondón Martínez, quien es la esposa de López. Aclara que son dueños de la propiedad desde hace 60 años. Son una familia de comerciantes dedicados a trasladar encomiendas en botes de fibras desde Güiria hacia Trinidad y Tobago, y viceversa.

Los familiares de Luis Martínez, mejor conocido como “Che María”, se mantenían en su casa repleta de personas porque 11 de sus familiares, entre ellos dos de sus hijos, iban en la embarcación.

En total, Martínez, perdió a dos hijos, un nieto, dos sobrinos, una nuera, tres primos y a dos hijos de crianza. Martínez dijo a ARI que no podía dar declaraciones, pero sugirió conversar con su esposa. Pero el llanto no la dejó hablar, no pudo articular palabras.

Una de las hijas de “Che María”, Maryuris Martínez, tiene nueve años radicada en Trinidad y Tobago. En un contacto teléfonico manifestó que su padre no es delincuente y que se dedica a la pesca. Sostiene que sus hermanos y familiares iban a la isla a trabajar porque en Venezuela la vida es cara y el sueldo mínimo no alcanza para mantener a una familia completa

“Mi papá no es culpable de nada. Allí también iba su familia. Esa embarcación si llegó a Trinidad y los devolvieron”, precisa.

Habitantes de Güiria también denunciaron que los siete militares detenidos por extorsionar a Luis Martínez están libres y sólo fueron cambiados de zona.

Los pobladores han mantenido sus protestas para exigir respuestas oficiales sobre lo que pasó con sus familiares, que salieron del país para buscar mejores condiciones económicas en Trinidad el pasado domingo 6 de diciembre.

*Con información de Yesenia García.