ARMANDO SCANNONE VIVE EN EL COUNTRY CLUB, pero apenas entrar a su casa y sentarse a conversar con él, en una orilla de salida hacia su jardín, “El Country”, como todos le llamamos, adquiere de inmediato ese aire rural de solera caraqueña que hay, por ejemplo, en las novelas de Teresa de la Parra. Deja de ser nada más que una urbanización de ricos y famosos y evoca postales donde un grupo de personas aparecen en el porche de una casa de Altagracia o temperando en Los Chorros, pasando un rato de lo más sencillo, grato y casual. Sin poses, “a la manera de Caracas”, como bien reza el subtítulo de Mi cocina, el recetario que convirtió a Scannone en un personaje entrañable de la mitología criolla venezolana y que selló su vínculo con un oficio que don Armando práctica como si se hubiera creado para él: el oficio de gastrónomo. No contento con haber reeditado Mi cocina varias decenas de veces desde que se publicó en 1982 (es, posiblemente, el libro más vendido en Venezuela en toda su historia después de la Biblia, por la que nadie come) y de haber hecho recetarios de comida light, comida de menú, entre otros, ahora prepara Mi cocina para embarazadas. Él explica: “Es un libro con comida corriente venezolana pero sometida a cantidades de calorías por día de acuerdo con el progreso del embarazo. En realidad, más que para las embarazadas, es un recetario que puede funcionar como una herramienta para que el médico tratante controle la alimentación de la mujer”.
–¿No sé cansa, don Armando?
–¿Por?
–Trabaja y trabaja y trabaja. Tiene 93 años y está haciendo otro libro.
–¿Y tú no sabes que la vida es un reto permanente? La vida es un reto que tienes que vencer cada momento. Si no, es un fastidio. No significa que haya que “librar una batalla” ni mucho menos. Puedes acostarte un rato a hacer una siesta o pasar una mañana sentado en un sillón sin hacer nada. Pero mentalmente hay que estar siempre venciendo el desafío que es vivir. Vivir es un desafío con uno mismo. Tampoco es el reto de subir el Everest sino de estar activo y despierto. La reflexión nadie la prohíbe. Una de las cosas que hago naturalmente, sin obsesiones porque no tengo obsesiones de ninguna clase, es reflexionar sobre cualquier cosa, hecho o circunstancia. El que tiene la mente en off no es un ser viviente.
–Voy a cometer una indiscreción. Me dicen que usted está enfermo. ¿Qué tiene?
–Mi médula necesita estímulo para producir glóbulos rojos y glóbulos blancos. Me bajan los glóbulos rojos, la hemoglobina, los leucocitos, y necesito un tratamiento permanente. Es un síndrome mielodisplásico. Creo que no es tan grave. Tiene una cierta relación de origen con la leucemia, pero lejana. No tengo leucemia ni me voy a morir de esto. Puede que me muera mañana, pero me siento hábil para vivir. Si camino con andadera es por problemas en la columna, nada más.
–¿Le teme a la muerte?
–¡No, en absoluto! Y espero morir tranquilo, conversando. No le tengo ningún temor a la muerte. Lo cual más que una virtud es una ventaja. Yo hablo de la muerte como hablo de aquella mata de mango –dice, y señala un árbol del jardín.
–¿Le viene de familia?
–A lo mejor. Yo soy hijo de una familia de inmigrantes. Éramos 9 hermanos, yo era el octavo. Soy el que queda. Y nuestra casa era muy feliz. Mis padres tenían dos preocupaciones importantes: buena y variada alimentación de comida criolla y que todos estudiáramos una profesión que nos permitiera tener medios para vivir e independencia económica.
–¿Cómo es que en una casa de italianos tenían ustedes una alimentación criolla? Aquí es común que en casa de italianos se coma comida italiana.
–Por una razón: el hecho de ser 9 hijos y que todos estudiaran a la vez, obligaba a tener gente de servicio…
–…y era gente criolla.
–Gente criolla, sí. Gente que venía del Tuy, de Barlovento, de los Andes. La cocinera era de Paracotos. De modo que íbamos conociendo comidas de todas partes de Venezuela. Llegó un momento que en casa teníamos un repertorio de platos amplísimo. Tan amplio que hoy parece mentira. Hoy en día una familia venezolana tiene un repertorio de 15 o 20 platos distintos, no más. Nosotros teníamos 40, 50 platos.
–A pesar de ser usted un hombre plenamente venezolano, querido y respetado por el país, ¿no tiene nada, nada de italiano?
–No sé. Yo soy muy criollo. A mis amigos que más me conocen les extraña esta manera mía de ser. Si tengo algo de italiano es la sensibilidad por las artes, por la música. Soy bastante sensible a la cultura.
–¿Qué almorzó usted hoy?
–Primero, una crema de calabacín. Después, costillas de cochino guisadas, con papas. Arroz. Plátano. Y ensalada de lechuga. Luego, frutas. Y café.
–¿Y había pan?
–Lo que había era pan Bimbo. No había pan de panadería. Algo inusual porque en nuestra mesa siempre hubo pan, el pan francés, maravilloso. Un pan de magnífica costra y buena masa interior, con huecos.
–Es de suponer que el menú de su casa es de lo más variado, ¿cómo hace para abastecerse en medio de la escasez?
–En general nos surtimos en el Mercado de Chacao. Una ventaja porque se consigue más que en otros lugares. Una desventaja porque es más caro.
–¿Qué pierde un pueblo cuando se reduce su repertorio de platos?
–Lo básico: calidad en su alimentación. La variedad permite comer nutricionalmente completo. Pero hoy en día se come lo que hay cuando lo hay. Es la realidad.
–¿Es cierto que usted es un hombre de un gran pragmatismo?
–¿Qué quiere decir eso?
–Que es práctico en el vivir.
–Creo que sí. Yo no me hago ideas imposibles. Vivo la vida que puedo vivir. Sin obsesiones ni manías. Trato de estar en paz conmigo mismo, como todo el mundo. Eso no significa que no tengamos el derecho a soñar, incluso estando despiertos. Pero no tenemos por qué vivir sometidos a unos parámetros a los que haya que ajustarse obligatoriamente.
–Usted confía en la vida.
–¡Ah, claro! ¡Por supuesto! Y eso no quiere decir que no me preocupe, por ejemplo, la política, que me afecta muchísimo. Nos afecta a todos. No podemos abstraernos de lo que pasa. Vivir en este país te obliga a hacerlo de acuerdo con las circunstancias que se presentan. De más está decir que yo tengo una posición política.
–Hace dos semanas le escuché decir que todo esto empezó porque había que destruir al país…
–¡Sí, y lo mantengo!
–¿…pero a qué se refería exactamente?
–El comienzo de todo esto estuvo en el Foro de São Paulo, donde los señores Fidel Castro y Lula tuvieron la idea de “convertir” políticamente a este continente. Socialismo, comunismo duro, qué sé yo. Pero hacía falta dinero para lograr el resultado, y allí estaba Venezuela, un país con una riqueza del Estado excesiva, que era mal usada. Y para poder controlar a Venezuela, primero había que destruirla. Destruirla para tenerla agarrada por el pescuezo. Eso no lo podemos olvidar nunca. Ahora estamos arruinados, desgraciadamente. Porque Fidel y Lula se encontraron con un señor ignorante, infantil en cierto modo, el señor Chávez, a quien le llenaron la cabeza de cucarachas sencillamente para poder cogerse los reales, entre otras cosas. En fin. Harina de otro costal.
–Volvamos a usted. ¿La edad ayuda en algo?
–Yo no sé. La experiencia es nueva cada día. Por ejemplo, tú no aprendes a morirte. Uno se enfrenta a situaciones nuevas a cada rato. De modo que la experiencia es relativa. ¡Sí!, ayuda en algo, pero cada día surge algo distinto.
–Cuando mira su propia vida en retrospectiva, ¿qué balance hace?
–No lo hago. Pero si me pones en ese trance, diría que mi vida ha sido fructífera. Yo me gradué, trabajé como ingeniero e intervine en la construcción de obras importantes en el país, como la represa del Guárico, por ejemplo. Desde el punto de vista profesional tuve una actuación exitosa. Y mi contribución a la gastronomía ha dado frutos. El venezolano siempre ha considerado que su cocina es barata, ordinaria, fea, vulgar. Se supone que es una cocina que no se puede llevar al restaurant porque no se puede presentar. ¡Claro que se puede presentar! La cocina venezolana es extraordinaria y es digna de estar con éxito en cualquier situación. Creo que mis libros contribuyeron a que el venezolano se diera cuenta de eso. Mis libros contribuyeron a que el venezolano tuviera fe y confianza en su cocina.
–Habla usted de su vida profesional, pero ¿no le hubiera gustado estar rodeado de nietos, por ejemplo?
–Me hubiera gustado muchísimo. Y tú me preguntarás por qué no me casé. No lo sé.
–¿No se enamoró nunca?
–Sí, cómo no. Me enamoré y aunque no llegué a compromisos formales, sí establecí relaciones o, mejor dicho, acercamientos. Quizá lo que me pasó fue que me dediqué con mucho empeño a mi trabajo.
–El mundo profesional abarcó de tal manera su vida que no hubo para más.
–En buena parte, sí, pero esa no es la única razón. Si tú te enamoras, vences cualquier obstáculo… No sé. No sé qué pasó conmigo. Yo soy un hombre absolutamente normal, digamos así, con respecto a su sexo. A lo mejor es que no me enamoré suficientemente. Quizás sea esa la razón. Si me hubiera enamorado suficientemente, como un loco, como es… quién sabe. Enamorarse, comprometerse, decidir hacer el resto de la vida con otra persona, de alguna manera es un acto de locura. Estás comprometiéndote con un futuro del cual no tienes salida, al menos aparente (risas).
–Sin embargo usted ha dicho mucho que nunca ha padecido la soledad.
–No, nunca la he sentido.
–¿Y cuál es el secreto para no sentirse solo?
–Estar conforme, satisfecho con uno mismo y no pensar en pajaritos preñados. Yo vivo mi vida de la mejor manera posible. Tú no planeas tu vida. La vida va pasando. Y uno contribuye haciendo cosas.
–¡Pero usted siempre ha tenido planes!
–Desde luego, pero dejo que ellos mismos se desarrollen.
–A ver, ¿lo que quiere decir es que la vida no está enteramente en nuestras manos?
–¡Sí! Porque la vida depende de muchas circunstancias. Para vivir hay que tener ilusiones, claro, pero no se puede ser iluso. Hay que tener los pies en el suelo y vivir en función de las posibilidades.
–Usted ha sido, en definitiva, un hombre feliz, don Armando.
–Absolutamente. Fui feliz el tiempo que viví con mis padres y con mis hermanos.
–¿Y hoy?
–Hoy lo sigo siendo. Sería más feliz si hubiese tenido hijos, pero tampoco me pongo a llorar porque eso no pasó. No pasó y ya está.
–De cierta manera, esa felicidad suya está en sus libros.
–Ojalá… –dice, y se incorpora–. ¡Chico!, he hablado este rato tan a gusto de mis cosas que se me olvidó pedir café… ¿No quieres un cafecito?
Son las 5 de la tarde y chillan unas guacharacas en El Country.
La Alianza Rebelde Investiga (ARI), formada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual explora, en este especial, cómo las nuevas construcciones del archipiélago violan el marco jurídico vigente y amenazan con destruir la belleza de un territorio prístino mediante la activación de complejos de turismo masivo que cumplan los deseos de la nueva elite económica y chavista
Mar de turquesas, aguas cristalinas, arena blanquísima, cielo despejado, sol incandescente, aves que vuelan en el horizonte, soledad. Las postales del Parque Nacional Archipiélago Los Roques suelen mostrar este paisaje paradisíaco que resulta irresistible para tantos turistas que se adentran a conocer el arrecife mejor conservado del Caribe Sur. Pero en los últimos años, hay planes que se encaminan a enturbiar esta imagen, porque lo primero que ven los visitantes que arriban en avión es una laguna marrón con mangles talados.
En El Gran Roque, la isla poblada del archipiélago, hoy se levanta con capital privado una serie de construcciones de concreto bajo el estupor y crítica de habitantes, ambientalistas y la comunidad científica vinculada desde hace décadas con esta área protegida. Esta, no solo rompe con la armonía del paisaje, sino que viola leyes ambientales y transgrede el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) del parque nacional, que estipula incluso cuál es el estilo y la altura que deben mantener todas las edificaciones. Como si esto no fuese suficiente, la administración de Nicolás Maduro promueve ruedas de negocios con planes para hacer campamentos de lujo en cayos pequeños y deshabitados que carecen de servicios básicos.
El primer parque nacional marino creado en Venezuela está en riesgo. Estudios académicos indicaron, desde 2004, que la capacidad de carga estaba al límite y por eso eso se emitió durante años un decreto que prohibía las construcciones. Los expertos coinciden en que modificar apenas una pequeña porción de territorio afectará el perfecto equilibrio que se ha mantenido durante siglos entre manglares, corales y praderas de Thalassia, que a su vez son hábitat y fuente de alimentación de cientos de especies de peces, tortugas, crustáceos, moluscos, mamíferos y aves que hacen vida en el archipiélago.
Este daño de concreto es consecuencia de un conjunto de cambios por los que atraviesa el parque nacional desde varios años. Se persigue transformar la faz de esta área protegida y abrirle la puerta, por un lado, a un turismo masivo y, por otro, a la nueva elite económica y chavista que busca satisfacer sus exigencias de exclusividad, privacidad y lujo al precio que sea.
Lee el especial “Los Roques: a la orilla de un desastre ambiental” al hacer click en la siguiente imagen.
Defender las selvas, montañas, bosques y ríos de América Latina nunca había sido tan peligroso.
Tanto así que seis de los 10 países más hostiles para líderes y comunidades que defienden el ambiente y sus tierras ancestrales están en la región, según un deshonroso listado que apareció en el informe que el ex relator especial Michel Forst presentó a Naciones Unidas en 2016.
Por eso, un equipo de más de 100 periodistas, fotógrafos, videógrafos y desarrolladores de 12 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Venezuela) nos juntamos desde 2018 para investigar episodios de violencia contra líderes ambientales y sus comunidades.
El resultado de este proyecto investigativo en el que hemos trabajado desde hace dos años documenta una base de datos con 2.460 hechos victimizantes en los últimos doce años (2009-2020) y 36 reportajesen profundidad.
No pretendemos contar con un retrato completo de los ataques ocurridos durante ese período, dado que el subregistro es grande. Pero sí aportar pistas de qué tan grave es el panorama con nuestra base de datos construida a partir de más de 100 fuentes, entre entidades oficiales, organizaciones sociales, archivos de prensa y reportería en terreno.
¿Qué encontramos?
En nuestra investigación encontramos 2.209 hechos victimizantes contra hombres y mujeres y 252 contra comunidades u organizaciones que defienden el medio ambiente y el territorio.
El 79% se concentra en hombres, quizás porque son quienes tradicionalmente han ejercido posiciones de liderazgo comunitario. Sin embargo, también encontramos 457 ataques contra mujeres – incluidos los que pueden leer en las historias sobre la dirigente mapuche Francisca Linconao, la pemona Lisa Henrito Percy en Venezuela, la siona Martha Liliana Piaguaje en Colombia o la kichwa Patricia Gualinga en Ecuador.
Desde asesinatos y atentados hasta acoso judicial y desplazamiento forzado, han pagado un precio muy alto por defender su derecho a un ambiente sano y proteger ecosistemas estratégicos -selvas, montañas, bosques, lagos, ríos y humedales- dentro de sus territorios.
Las minorías étnicas muy golpeadas
El blanco de un alarmante 48,8% de esos episodios de violencia (1202 registros) pertenece a alguna minoría étnica, demostrando que los territorios indígenas y afrodescendientes son especialmente vulnerables a estos intereses criminales.
Los datos nos arrojan 947 ataques contra integrantes de 160 etnias indígenas diferentes. Las que más presentan ataques son los lenca de Honduras (69), pueblo al que pertenecía la asesinada líder Berta Cáceres, seguidos por los guarani-kaiowá (54) y munduruku (39), ambos de Brasil.
Diecinueve de nuestros reportajes documentan ataques y afectaciones contra comunidades indígenas que buscan salvaguardar sus tierras ancestrales – los mapuche en Chile, los lenca en Honduras, los kollas y atacamas en Argentina, los pemones en Venezuela, los shuar y kichwa en Ecuador, los piratapuyo, tucano, pijaos, siona, zenú, nasa y nutabe en Colombia, los guarani-kaiowá, munduruku, karipuna y uru-eu-wau-wau en Brasil, los rarámuri y ódami en México, los moxeños trinitarios y torewa en Bolivia o los asháninka y tikuna en Perú.
La base de datos también muestra 150 casos de violencia contra poblaciones afrodescendientes y 105 contra los garífuna, otra minoría étnica también de origen afro, en Honduras. Tres de nuestras investigaciones evidencian ataques sufridos por comunidades afro en el Pacífico colombiano y en el noreste de Brasil.
¿Qué defienden y de qué se defienden?
Aunque en muchos casos los líderes ambientales intentan proteger más de un recurso natural, en esta investigación tuvimos en cuenta el recurso principal defendido por ellos.
De igual manera, en muchos casos los líderes y comunidades se vienen defendiendo de distintos tipos de actores. En nuestra investigación solo tuvimos en cuenta el principal sector que las comunidades defensoras citan como aquel al que se han intentado oponer o que tiene un interés directo en el área donde han ocurrido los ataques: desde agroindustria, explotación petrolera, minería, hidroeléctricas y carreteras hasta narcotráfico o comercio ilegal de madera.
Los siguientes son los tipos violencia contra los líderes que mapeamos con la base de datos, sin dejar de mencionar que en varios casos los líderes o comunidades defensoras del medio ambiente han sufrido más de un hecho victimizante, por lo que decidimos escoger el principal o el primero registrado.
Aunque los patrones de violencia cambian entre los distintos países y también en el tiempo, se ven algunas posibles correlaciones en los datos: por ejemplo, hay un alto número de asesinatos donde se sospecha la influencia del narcotráfico, uno de amenazas donde se le atribuye al sector forestal y uno de hostigamientos judiciales donde hay proyectos de infraestructura. En otras zonas con presencia de agroindustria o minería se han presentado todo tipo de violencias.
Comprobamos que un porcentaje significativo de los hechos victimizantes han ocurrido en las vastas regiones de la selva que albergan parte importante de la riqueza natural que ha convertido a América Latina en la región más biodiversa del mundo.
La Amazonia, centro de ataques
Un número importante de ataques contra líderes, comunidades y funcionarios públicos ambientales se concentra en la Amazonía, la selva tropical continua más grande del mundo y cuya conservación constituye una de las mayores contribuciones de la región a mitigar la crisis climática global.
Acá se puede ver el número y tipo de ataques en todos los estados, departamentos o provincias situadas en la Amazonia.
Asimismo, la mitad de nuestros reportajes se centran en casos de violencia que han ocurrido la cuenca amazónica – en seis países distintos. Estos 17 reportajes evidencian cómo decenas de territorios indígenas, comunidades ancestrales y parques nacionales en toda la cuenca amazónica han sido blanco constante de ataques, de intereses criminales y de una ausencia casi absoluta de administración de justicia.
Allí encontramos y documentamos casos de colonos que invaden tierras comunales y de militares que agreden a dirigentes indígenas, de petroleras que omiten su responsabilidad por fuentes de agua contaminadas y narcotraficantes que obligan a comunidades a cultivar coca, de guardaparques asesinados por cumplir su vocación de conservar patrimonios colectivos y de taladores de maderas finas que persiguen a quienes protegen las especies que codician.
La deuda de la justicia
La información más difícil para nosotros ha sido entender el estado actual de los casos en la justicia. Solamente encontramos datos concluyentes de decisiones judiciales (bien sean sentencias condenatorias o absolutorias) en 296 casos -o 12% del total- mostrando que la administración de justicia tiene una inmensa deuda con los defensores ambientales – algo que el recién estrenado Acuerdo de Escazú busca corregir.
En buena parte de estos casos esas sentencias cobijan a los autores materiales, mas no a los intelectuales, como sucedió con las sentencias en México y Honduras a los asesinos de Isidro Baldenegro y Berta Cáceres, ambos ganadores del Premio Ambiental Goldman.
En todo caso, en más de mil casos –el 46% del total- no encontramos información sobre el estatus de las investigaciones.
Igual de alarmante fue haber encontrado indicios de que, al menos en 1.366 casos (o 55% del total) las víctimas o sus comunidades habían interpuesto denuncias ante las autoridades, tanto instituciones estatales hasta instancias internacionales. Eso sucedió de manera marcada en casos de acoso judicial, amenazas y asesinato.
Encontramos que ni siquiera llevar un caso ante la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los dos organismos encargados de velar por los derechos humanos en América Latina, traduce en todos los casos en medidas efectivas de protección.
Trágicamente, a pesar de que la sabiduría popular dice que soldado advertido no debería morir en guerra, la violencia continuó o inclusive arreció contra líderes y comunidades en cinco países –Brasil, Colombia, Honduras, México y Venezuela– cuyos Estados no hicieron lo suficiente por proteger a esos ciudadanos pese a contar con medidas cautelares o haber sido alertados del riesgo que corrían a nivel internacional.
Esa situación es particularmente aguda en Honduras, México y Brasil, donde hay información que sugiere que –en muchos casos de asesinatos y de ataques físicos- sí existían alertas de que algo podría suceder.
Si bien la nuestra no es una medición científica sino periodística, observamos un número incremental de casos entre 2017 y 2018 (que creemos se extiende hasta 2019, cuyos datos aún no tenemos completos en todos los países). En general, los datos del año más reciente –en este caso de 2020- son fragmentarios porque al cierre de nuestra base de datos muchas de las fuentes consultadas no habían cerrado sus investigaciones.
Aunque aún no tenemos una foto del problema durante el año que lleva la pandemia, los asesinatos de decenas de líderes mostraron que ni la crisis de salud pública y económica lograron frenar la violencia.
Estos defensores protegen la tierra que les da vida a ellos, pero también las montañas que nos proveen de agua y los bosques que nos traen aire limpio a las ciudades. Están siendo amenazados y asesinados en números francamente aterradores.
Cada uno de ellos es más que un número. Estas son sus historias de vida, de lucha, de resistencia.
El líder de la etnia pemón lleva más de ocho meses lejos de su casa. Huyó no solo del peligro que representan los mineros para la comunidad y el parque nacional Canaima, sino de la criminalización de la cual es víctima
Detrás de él está el aparato gubernamental que lo culpa de un alzamiento militar en el que no participó
Este artículo es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y Runrun.esde Venezuela.
Desde finales de 2019, Juvencio Gómez vive en una de las carpas que la Organización de Naciones Unidas dispuso para los refugiados en la frontera entre Venezuela y Brasil. “Ya me voy a construir pronto una casa”, comentó optimista quien dejó su vivienda en Kumarakapay, a unos 200 kilómetros de distancia, para vivir en una nueva comunidad indígena que poco se parece a la que dejó atrás.
Hasta allí, a Tarauparu, llegó huyendo porque se supo perseguido: lo vincularon al fallido asalto armado al Batallón 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla, conocido como el Fuerte de Luepa, por la zona en la que está, una fortaleza militar dentro del sector Gran Sabana del Parque Nacional Canaima (declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO), al sur del estado Bolívar de Venezuela. El hecho ocurrió la madrugada del pasado 22 de diciembre, cuando un grupo de militares e indígenas —que habían prestado servicio militar— se unió para emprender un ataque y apropiarse de un armamento que fue recuperado horas después por efectivos de la Guardia Nacional. Todo formaba parte de la “Operación Aurora”, una sublevación de uniformados contra Nicolás Maduro que dejó un soldado muerto y otro herido, además de 18 detenidos y 15 órdenes de aprehensión. Una de estas es la de Juvencio Gómez, líder indígena de la etnia Pemón-Taurepán, quien lleva décadas en la defensa de su territorio y con una férrea posición en contra de la minería.
Gómez, desde el principio, negó su enlace con lo sucedido en diciembre. Pocas horas después del asalto, fue detenido en un punto de control de tránsito de Santa Elena de Uairén, la capital del municipio Gran Sabana. Allí defendió su inocencia frente a los militares y aclaró que, aunque los jóvenes pemones que habían participado en el asalto solían reunirse en su casa, él no tenía nada que ver con lo que había pasado.
Juvencio Gómez está fuera de su comunidad desde hace más de ocho meses. No sabe cuándo podrá volver. Foto: Glorimar Fernández.
“Ese mismo día yo hablé con el general (Adolfo) Rodríguez de la Guardia Nacional (Comandante de la Zona Nº 62 de ese cuerpo militar). Después me llevaron a Luepa para explicar mi posición. Allí estaban el gobernador (Justo Noguera) y el Jefe de la Zona de Defensa Integral Guayana, Humberto Núñez, y el de la Región Estratégica de Defensa Integral. Estuve cuatro horas conversando y pidiendo que dejaran libre a los muchachos”, comentó Gómez en una entrevista con Mongabay Latam y Runrun.es. Al final del día, los uniformados lo liberaron.
Pero la calma duró poco. El 28 de diciembre unos militares le confirmaron lo que había comenzado como un rumor: un tribunal militar había ordenado su detención. Debía escapar si no quería caer preso, porque lo señalaban como planificador. A los pemones ya capturados los acusaron semanas después por conspiración para destruir la forma política republicana, terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo y asociación.
Gómez salió ese mismo día de Kumarakapay por la Troncal 10, la carretera que conecta a Venezuela con Brasil, con rumbo a Santa Elena de Uairén. De allí tomó una trocha de más de cien kilómetros hasta Ikabarú, en el límite con Brasil. Así cruzó la frontera hasta arribar a Tarauparú, la misma comunidad indígena pemón-taurepán de donde proviene su padre.
Gómez tenía a donde llegar. En esa comunidad viven varios de sus familiares y por eso no le era totalmente ajena. Días después de instalarse, arribaron su esposa y sus cuatro hijos (de 21, 19, 8 y 5 años de edad). Hoy, a ocho meses de haber abandonado Kumarakapay y sin posibilidad de regresar a su hogar en un futuro cercano, ya se ha hecho a la idea de quedarse en Brasil durante más tiempo del que esperaba. Sabe que atrás quedó su casa, parte de su familia y amigos, aquel conuco o parcela donde sembraba plátanos y las 50 reses que tenía y que su suegra cuida en su ausencia.
¿En qué momento se convirtió Juvencio Gómez en un obstáculo para el gobierno?¿Qué tiene que ver el Arco minero del Orinoco y la defensa del parque Canaima con su desplazamiento? Mongabay Latam y Runrun.es contactaron al líder indígena pemón en Tarauparú y desde allí reconstruyeron la serie de eventos que lo llevaron a este exilio no deseado. Para este reportaje se contactó al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y a la Fiscalía General Militar a fin de buscar su versión sobre la persecución contra Gómez y la etnia pemón, pero no se obtuvo respuesta.
De la lucha a las amenazas
La historia de Juvencio Gómez en la defensa de su territorio se remonta al siglo pasado. Era un veinteañero cuando fue elegido capitán de Kumarakapay y sucedió a su padre en el cargo en el que había permanecido por seis años. Aunque al principio no estaba convencido, tomó el mando en 1994 y allí estuvo hasta 2002. Fue en ese período cuando se enroló en la lucha en contra de dos proyectos que para los pemones atentaban contra sus derechos y territorios: Turisur y el tendido eléctrico sobre la Gran Sabana.
Juvencio Gómez y su padre, ambos capitanes de Kumarakapay. Crédito: libro La Historia de los Pemón de Kumarakapay
La construcción del Complejo Hotelero Empresa Nacional de Turismo del Sur (Turisur) era un ambicioso proyecto privado que se instalaría en la entrada norte de la Gran Sabana y que amenazaba con convertir la puerta de ingreso al parque nacional en un resort de lujo. A los propietarios les habían otorgado los permisos a través de Inparques, pero nunca se consultó a los indígenas. Gómez, junto a líderes como Silviano Castro y Alexis Romero, encabezó las manifestaciones que los pemones hicieron en Ciudad Bolívar y Caracas. Finalmente, el Ministerio del Ambiente detuvo el proyecto en octubre de 1996 tras determinar que la edificación violaba el Plan de Zonificación de Canaima.
La pelea contra la instalación del tendido eléctrico no tuvo el mismo resultado. Tras la elección de Hugo Chávez, quien promocionaba una agenda en pro de los derechos indígenas, y en medio de trancas y protestas, el proyecto se convirtió en un hecho.
Gómez continuó como líder de su comunidad hasta que fue elegido presidente de la Federación Indígena de Bolívar, una posición que ocupó hasta 2003. De allí salió con la mira puesta en el Consejo Legislativo, que integró hasta 2008. El poder y los intereses dentro de la política del gobierno chavista lo desilusionaron.
“Para mí era un avance ese reconocimiento, pero después fue solamente retórica, discurso. Me di cuenta de eso estando en el consejo legislativo”, confesó.
Tras terminar su período, Gómez regresó a su comunidad y así volvió a sus orígenes: nuevamente fue capitán de Kumarakapay hasta 2014. Ideológicamente, se mantuvo en la oposición al gobierno, una postura que le ganó varios enemigos.
Ya para aquel momento, comenzaron las preocupaciones de algunos líderes indígenas sobre la minería en la zona. Gómez asegura que en la Gran Sabana se practicaba a una escala muy pequeña. Pero lo que realmente le inquietaba era el alcance que tendría el decreto del Arco Minero del Orinoco, ideado por Chávez y dictado por Nicolás Maduro, que declaró casi 112 mil kilómetros cuadrados en el estado Bolívar como aptas para la exploración y explotación de múltiples minerales, incluyendo el oro.
Nicolás Maduro muestra una barra de oro supuestamente excavada y procesada en el Arco Minero de Venezuela. Foto: Prensa Presidencial .
“Es inconcebible que dentro del Parque Nacional Canaima se desarrolle la actividad minera y menos aún si esta área está protegida como Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Muchos de los efectos de esta actividad son irreversibles y afecta tanto a la biodiversidad del parque como a sus habitantes. El gran potencial turístico de esta zona es una alternativa que ha sido evaluada como una fuente de ingresos importante en la región si se realiza de manera controlada, pero se está perdiendo con la minería”, destaca la consultora ambiental y presidenta encargada de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, Isabel Novo.
El parque nacional tiene una importancia crucial por las cuencas hidrológicas que lo surcan. Está ubicado en la cuenca alta y media del río Caroní y toca parte de las cuencas del Cuyuní (Sierra de Lema) y del Mazaruni (Kamorián y sus afluentes). “Estas aguas, además de ser la materia primordial para la generación de Guri y Macagua (embalses que generan más de 70% de la energía eléctrica que sostiene a Venezuela), son utilizadas para el consumo humano y son el hábitat de peces, mamíferos, reptiles y aves. En esta área protegida han sido reportadas 52 especies de peces de las cuales 14 son especies endémicas”, recalca Novo.
La bióloga recuerda, además, que Canaima cumple con los cuatro criterios de selección establecidos por UNESCO en la Convención sobre Protección de Patrimonio Mundial: “es una muestra relevante que representa las mayores etapas de la historia de la evolución de la tierra; es un ejemplo sobresaliente que representa significativos procesos geológicos y biológicos actuales en la evolución y desarrollo de ecosistemas terrestres y acuáticos y de comunidades de plantas y animales; contiene fenómenos naturales raros o únicos, así como formaciones y áreas de excepcional belleza (como los Tepuyes), y es hábitat en donde sobreviven poblaciones de especies de plantas y animales raros o en peligro de extinción, además de poblaciones indígenas”.
A pesar de estos argumentos, la minería ilegal y la devastación de la zona continuó.
Arco Minero: el comienzo de una pesadilla
“Yo nunca he estado de acuerdo con el Arco Minero del Orinoco…Siempre pensé que si la minería artesanal había destruido el ambiente, cómo sería un proyecto autorizado por el gobierno. Quienes lo defienden dicen que es minería ecológica. Pero eso es mentira, no creo eso”, afirma Gómez.
El antiguo capitán de Kumarakapay relató que en las reuniones indígenas, las autoridades comunitarias sí estaban a favor del Arco Minero porque apoyaban al gobierno y estaban ganados a respaldar cualquier iniciativa del Ejecutivo. Fue en esas asambleas en las que comenzó a exponer su posición contraria a la explotación de minerales.
“Ellos contaban a quienes tenían en contra del proyecto. En Kumarakapay no se hicieron manifestaciones para frenar la minería, pero sí se debatía siempre en las asambleas”, dice. Los primeros señalamientos en su contra surgieron en estas reuniones.
Salto Soroape Gran Sabana, Parque Nacional Canaima. Foto: Lorena Meléndez.
De esas rencillas da cuenta Vilisa Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE), quien durante sus visitas a la Gran Sabana pudo ver cómo la política enfrenta a los pemones. Mientras los pro oficialistas aceptan todo lo que se ordena desde el gobierno, los opositores se resisten a cumplir con medidas como, por ejemplo, el pago en “gramas” de oro para los traslados en avionetas de sus alimentos. Los roces, precisa, han alejado a comunidades y a miembros de una misma familia.
Para sobrevivir, Gómez siempre se dedicó a la educación y a la actividad turística de la Gran Sabana. Pero sabía que varios pemones se decantaban por la minería y, para eso, iban a Imataca o a Ikabarú, en los límites del parque nacional.
“Algunos hermanos que vivían de la minería nos cuestionaban por eso, porque nos dedicábamos al turismo y no necesitábamos la mina. Yo mantenía mi posición pese a las críticas. En Kumarakapay no se veía la minería y por eso nos cuestionaban. ‘No se metan en ese asunto’, nos decían”, precisa.
La minería se ha expandido tanto por el parque nacional que organizaciones no gubernamentales como SOS Orinoco han registrado que más de 1000 hectáreas de este Patrimonio Natural de la Humanidad han sido destruidas por la práctica extractivista. Tan solo entre 2018 y 2020, los 33 sectores mineros que habían sido identificados por SOS Orinoco pasaron a 59. Es decir, en solo un par de años, la cantidad de puntos de extracción de oro dentro de Canaima creció 78%.
“Teniendo en cuenta la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela y la política de Estado abiertamente minera y desconsiderada con las leyes ambientales, se hace necesario que UNESCO incluya a Canaima en la Lista de Sitios de Patrimonio Mundial en Peligro, como una acción política que empuje a las autoridades a actuar de forma decisiva y asertiva para lograr el cese de las operaciones extractivistas”, dijo SOS Orinoco en un comunicado emitido en junio pasado.
La misma institución apuntó que la fiebre del oro ha sido promovida por la administración de Nicolás Maduro a través del Arco Minero del Orinoco.
“Esta es la ‘marca’ de una política de apertura total a la minería, pero que tiene como ambición principal el oro, el coltán y cualquier otro mineral que pueda ser fácilmente traficado”, y que busca ampliar el ámbito de operación hasta “abarcar todo el sur del Orinoco más allá de las zonas que muestran los mapas oficiales, como es el caso del Parque Nacional Canaima”, señala la organización.
La presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE) explica que las imágenes satelitales de Canaima previas a la instauración del Arco Minero comprueban que la actividad extractivista se intensificó luego de este. “Hubo evaluaciones que se hicieron entre 2007 y 2008 en las que la minería aparecía como una amenaza al parque, pero era algo muy puntual”, señala.
La bióloga menciona iniciativas gubernamentales como la Misión Piar, que desde 2011 se orientó a dotar de maquinaria a la pequeña minería de los pueblos que están al norte del parque. Ese movimiento de equipos se hizo todavía mayor con el Arco Minero.
“El Arco Minero coincide con la escalada de la crisis humanitaria que azota al país. Entonces, tienes una conjunción de cosas. Están estas misiones, como la Misión Piar, donde empezaron a darle motobombas a la gente y, mientras haces eso, el país se está viniendo abajo”, añade la especialista, que sumó al problema el abandono de los conucos por parte de comunidades que habían estado volcadas al turismo durante los últimos años y que ahora, con la caída del flujo de viajeros, no pueden sustentarse.
Los venezolanos llegan de todos lados para trabajar extrayendo coltán, oro y diamante en el Arco Minero de Venezuela. Foto: Jorge Benezra.
En Canaima, la minería utiliza diversas técnicas para extraer el oro y en todas se emplea el mercurio. Mientras que la minería aluvial se practica en las “bullas” o pequeños yacimientos, en los ríos se usan las “balsas mineras”, que arrasan con el lecho de los ríos del parque.
Morón indica que los indígenas desconocen los efectos de la actividad minera sobre la salud y que los mecanismos para controlar la exposición al mercurio son inexistentes. “Desde el punto de vista ambiental, es un desastre. A donde consiguen la ‘bulla’, se van y, como las hormigas, dejan el rastro de lo que hicieron (…) Se ven a lo largo de los caminos pequeños cráteres con agua azul que están cerca de morichales, en el tope de las lomas en la sabana y están desperdigadas por todos lados. Entonces, no hay un cierre de mina y todos esos químicos que están en los pozos van percolando y pueden afectar a los morichales o riachuelos que están al lado (…) No ven el efecto a largo plazo ni la distancia a la que pueden ir esos contaminantes a través de los ríos”, refiere Morón.
Juvencio Gómez insiste en que el extractivismo en la Gran Sabana está motivado por la necesidad. “En el Parque Nacional Canaima, con grandes potencialidades recreativas y turísticas, se pueden desarrollar y fomentar otras actividades económicas sin necesidad de explotar la mina”, indica. Pero de inmediato aclara que en su territorio se acabaron las garantías para desarrollar esas otras actividades y por eso, la explotación minera se impuso. “Ahora más, porque el gobierno la fomenta. Hay muchos involucrados en la cuestión de la minería”, denuncia.
“Un importante número de pueblos y comunidades indígenas se han opuesto a la destrucción producida por la creciente invasión de la minería de depredación en sus territorios. Sobre eso hay una cantidad importante de declaraciones, denuncias y pronunciamientos por parte de organizaciones indígenas Ye’Kwana, Hottuja, Pemón, y Yanomami, entre otros. Estas voces críticas han sido debilitadas principalmente a través del hostigamiento, amenazas, cooptación de sus organizaciones y desarticulación entre las mismas (…) Estas últimas situaciones aceleradas por las profundas distorsiones que genera la economía minera”, señala Alejandro Álvarez Iragorri, defensor de derechos ambientales y coordinador general de la ONG Clima21.
Vista de los tepuyes —mesetas con paredes verticales— que se encuentran en el sudeste de Venezuela, zona donde se encuentra el Arco Minero de Venezuela. Foto: Antolín Martínez A. bajo la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.
Al experto le preocupa que la violencia sobre las comunidades indígenas haya generado, “además de muerte, encarcelamiento, tortura y daños sobre personas, un progresivo proceso de ruptura del tejido social, aculturación, enfrentamientos internos y desconocimiento de los modos de organización tradicional de cada uno de los pueblos indígenas”. De esa manera, explica, se destruye su identidad y modos de ser. “A largo plazo estas situaciones, en conjunto con el resto de los daños generados por la minería, pueden llevar a un etnocidio”, concluye.
Para Juvencio Gómez, lo que pasó en Kumarakapay —donde 3 pemones murieron y 14 fueron baleados, tras apoyar el ingreso de cargamentos de ayuda humanitaria a través de la frontera— ha sido un punto de fricción política para el gobierno y por eso han aplicado una “presión psicológica” contra el pueblo, que van desde la masacre hasta la presencia constante de militares en la zona.
Diez meses después de esta masacre, Gómez saldría de su pueblo para evitar que lo apresaran al relacionarlo con el alzamiento militar de Luepa.
Aunque las mafias y bandas armadas del Arco Minero del Orinoco todavía no controlan los yacimientos del parque nacional, la violencia en la zona ha aumentado. Los cuerpos de seguridad del Estado tienen choques constantes con los pemones. Tras la masacre de Kumarakapay, ocurrió en noviembre la de Ikabarú, un enclave minero en los límites del parque en donde mataron a ocho personas vinculadas con la actividad extractivista. Un mes después, sucedió la “Operación Aurora” que provocó la huida de Gómez.
Los ataques no han parado. El pasado 27 de julio, la Guardia Nacional irrumpió en la comunidad de San Antonio del Morichal, en la frontera con Brasil, para amedrentar a los pemones que denunciaban estar aislados en medio de la “cuarentena radical” impuesta por el gobierno a raíz de la pandemia.
Esta violencia es la que obligó al líder indígena pemón a desplazarse con su familia a cientos de kilómetros de su comunidad y la que lo mantiene en el exilio.
La esperanza en una casa de madera
En esa nueva vida que se forja lejos de su tierra, Juvencio Gómez tiene una pequeña siembra de yuca y plátano, y ha empezado a beneficiarse de algunas políticas del Estado brasileño que le han aportado tarjetas para comprar alimentos, educación gratuita para los niños, e incluso unas piezas de madera que le servirán para construir la vivienda que tanto desea levantar.
“Pronto vamos a hacer una casa de madera con unas tablas que nos dieron y la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA, organización humanitaria de la Iglesia Adventista del Séptimo Día) nos dio 60 tejas. Vamos a inventar cómo ampliarla y conseguir más madera. Además, aquí la tierra es buena para sembrar”, asegura.
A pesar de haber tenido que dejarlo todo, está agradecido de haber salido de la comunidad. “Estábamos pasando mucha necesidad. Aquí al menos se consigue comida en Pacaraima y a bajo costo. Allá está muy dura la situación, no hay combustible (…) Aquí nos han apoyado mucho”, apunta.
Aunque la pandemia ha hecho que todo se paralice, sus hijos menores han continuado estudiando dentro de la comunidad, a donde les envían los materiales que necesitan para su educación y cada 15 días entregan sus deberes. En julio pasado, les instalaron internet inalámbrico para ayudarlos con las tareas. A Gómez, que fue docente, le han ofrecido la posibilidad de dar clases en Brasil, lo mismo que a su esposa. Pero ambos necesitan que les traduzcan sus documentos que se quedaron en Kumarakapay para que les puedan homologar sus estudios. Su segundo hijo cursa actualmente una nivelación para que le reconozcan su bachillerato.
Kumarakapay, el pueblo pemón en la Gran Sabana donde ocurrió el asalto militar que dejó cuatro indígenas muertos y 13 heridos. Foto: Lorena Meléndez.
Aunque no se hizo una prueba, Gómez está seguro de que sufrió de COVID-19 en mayo pasado: estuvo dos semanas con dolor de cabeza, fiebre y con pérdida absoluta del gusto y el olfato. Para combatirlo, se bañaba con hojas de plantas, tomaba té con limón y antigripales. Un primo suyo, de 70 años y residente de Tarauparu, no corrió con la misma suerte. Lo mató el virus tras un cuadro que se complicó porque padecía de diabetes.
Gómez sabe que volverá a Kumarakapay y por eso intenta ver el vaso medio lleno pese a las circunstancias. “Uno extraña sus cosas: mi cama, mi cocina, mi televisor, las comodidades de la casa, pero nos hemos adaptado (…) Cuando uno sale de su comunidad motivado por cualquier presión no es nada agradable, uno lo hace por su seguridad. Es triste dejar tu sitio, tu casa, la familia (…) Pero cuando quieres conservar tu vida, tu libertad, lo tienes que hacer con la esperanza de volver a tu casa cuando termine todo”, añade.
Asegura que la religión le ha dado fuerzas para seguir de pie. “Él no nos va a abandonar. Creo que estamos aquí por la voluntad de Él (…) y cuando tenga que regresar lo haremos por la voluntad de Él. Cuando se presente el momento, vuelvo, porque de que regresamos, vamos a regresar”, pronunció completamente convencido el antiguo capitán de Kumarakapay.
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Mongabay Latam reúne en el especial Defensores ambientales: la violencia del desplazamiento seis historias de líderes ambientales en Colombia, México, Honduras, Guatemala y Venezuela que han tenido que abandonar sus territorios para proteger sus vidas y a sus familias. Algunos se han desplazado en varias ocasiones, otros permanecen en el exilio y hay quienes han decidido volver a pesar del peligro que supone su regreso.
Hospitales sin agua, rayos X ni respiradores atienden a pacientes de COVID-19 en Venezuela cuando la curva de contagios creció 93% al pasar de 944 a 1.818 casos confirmados en la última semana de mayo. Un inventario del Ministerio para La Salud al que tuvo acceso la Alianza Rebelde Investiga (ARI) registra las insuficiencias de los 47 hospitales centinela designado por el gobierno de Nicolás Maduro para enfrentar la pandemia en el país.
El reportaje basado en el análisis de datos y cobertura regional muestra las inconsistencias de las cifras oficiales y pone en evidencia que la debilidad del sistema de salud previa a la pandemia no ha sido corregida. Con un pico de contagios en ascenso, la crisis del COVID-19 rebasará la ya reducida capacidad de un gobiernos que no construyó más centros asistenciales en los últimos 12 años.
La fuga del oro venezolano no solo ocurre por rutas del contrabando sino también por vías institucionales.
Lisseth Boon y Lorena Meléndez
Valiéndose de sus competencias en la comercialización del oro y como custodio de las reservas internacionales, el Banco Central de Venezuela está dilapidando los recursos de la Nación hasta alcanzar mínimos históricos en un contexto de sequía financiera y de hiperinflación.
Hasta 2013, Venezuela estaba entre los primeros 30 países del mundo con mayores reservas de oro monetario, pero en cuestión de cinco años se han ido desvaneciendo gracias a los manejos del BCV. Controlado por figuras del entorno de Nicolás Maduro, el otrora organismo autónomo se ha convertido en el eje de un ecosistema sobre el cual pesan sospechas de lavado de dinero, sanciones y negocios millonarios que también han incluido recursos auríferos extraídos del controversial Arco Minero del Orinoco.
Este reportaje de Runrun.es en alianza con Connectas y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) revela los mecanismos de los cuales se vale el BCV para obtener recursos alternativos y lograr liquidez tras el desmantelamiento de la industria petrolera como principal fuente de ingresos de Venezuela
El periodista y escritor se regresó a España en el mismo avión que lo trajo a Maiquetía
@franzambranor
HORAS ANTES QUE Sudáfrica asegurara su pase a los cuartos de final del Mundial de Rugby de Japón 2019, a John Carlin, el periodista y escritor inglés que reflejó en su libro “El Factor Humano” la heróica gesta de Nelson Mandela a través del deporte, le fue negado el acceso a Venezuela.
Carlin no pudo ver por TV a la versión actual de la selección que en 1995 obtuviese el título mundial e inspira la obra bibliográfica que a la postre se convirtió en la película Invictus dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Morgan Freeman y Matt Damon, así como tampoco dictar la conferencia “Mandela y el camino de la paz, horizontes posibles para Venezuela” en el hotel Marriott de Caracas este martes 8 de octubre.
El gobierno de Nicolás Maduro le impidió la entrada por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía sin emitir hasta ahora una declaración al respecto. El Instituto para las Transiciones Integrales, organizador del evento calificó la medida como inexplicable y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa dijo que se trataba de otra “ilegal deportación que atenta contra la libertad de expresión y el debate plural de las ideas”.
“No entendemos por qué esta medida. Él estaba sumamente desconcertado y se regresó frustrado”, dijo el abogado y jurista Pedro Nikken, miembro del Instituto para las Transiciones Integrales.
Nikken señaló que a Carlin le dijeron en Maiquetía que para ofrecer una conferencia en Venezuela necesitaba una visa especial. “No vamos a dejar de hacer este tipo de iniciativas por el error que cometieron unos funcionarios en Maiquetia. Estas cosas no ayudan en la reconciliación nacional”.
Nikken sostuvo que Carlin regresó a España en el mismo avión que lo había traído a Maiquetía.
“Queríamos que John le hablase a la gente de la oposición y también del chavismo sobre la experiencia sudafricana; él fue un hombre muy cercano a Mandela en todo ese proceso de pacificación. Venezuela tiene que apuntar a eso. Tenemos que dejar de pelear entre nosotros”, dijo Nikken.
El abogado indicó que cuando trajeron al premio Nobel de la Paz, el tunecino Hassine Abassi, para una iniciativa similar en junio de este año no hubo problema alguno. “Tanto Carlin como Abassi son partidarios del encuentro entre las personas que piensan distinto”, dijo.
“No puedo referirme al hecho de la deportación de Carlin porque no sé qué sucedio. El gobierno hasta ahora no ha dicho nada. Entiendo que él en 2007 escribió para el diario El País un artículo polémico sobre el chavismo, pero también tengo entendido que el periódico o él mismo pidieron disculpas”, dijo la sociólogo y analista de medios, Maryclen Stelling.
Stelling se refiere al texto “La conexión venezolana”, publicado por el El País, el 16 de diciembre de 2007 y en el que Carlin denunciaba una supuesta cofradía entre el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez y las Farc. “Yo estaba invitada a la conferencia y tenía grandes expectativas con esta porque sin duda Carlin es un referente del periodismo internacional”, dijo Stelling.
Stelling aclaró que no pertenece al Instituto para las Transiciones Integrales y que está a favor de cualquier diálogo. “El señor Pedro Nikken y yo coincidimos en que el diálogo entre factores de la sociedad civil es primordial en este momento”.
Este movimiento pro diálogo unió fuerzas apenas a mediados de este año y además de Nikken y Stelling está integrado por simpatizantes del chavismo y oposición como Héctor Navarro, Carlos Azpúrua, Vladimir Villegas, José Virtuoso, Gustavo Márquez, Inés Quintero, Óscar Schemel y Manuel Teixeira.
Carlin es considerado uno de los periodistas con mayor conocimiento sobre el apartheid y el ascenso al poder del ya desaparecido pacifista Mandela. Su paso por Argentina en tiempos de dictaduras militares a finales de los 70 con el Buenos Aires Herald y por Centroamérica en 1986 como corresponsal del diario The Independent en época de guerrillas, le proporcionaron experiencia en el área de conflictos. Asimismo, su tránsito por El País de España le hizo curtirse en el periodismo deportivo. Fue el primero en entrevistar a David Beckham con el Real Madrid en 2003 y un artículo sobre Maradona sirvió como base para un documental sobre el astro del balompié en el medio británico Channel 4.
La combinación de lo bélico y también lo deportivo fueron pilares para que Carlin escribiera la que hasta ahora ha sido su obra cumbre, el relato de cómo el rugby unió a blancos y negros en un país donde los primeros despreciaban a quienes no fuesen caucásicos y los segundos clamaban por venganza luego de la llegada de Mandela al poder en 1994.
MÁS SANCIONES CAYERON ESTE VIERNES 27 de septiembre sobre funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. En esta oportunidad fueron siete miembros de los cuerpos de seguridad del Estado los amonestados por la Unión Europea.
La institución continental sancionó a cuatro funcionarios de la Dgcim, Rafael Blanco, Rafael Franco, Alexander Granko y Hannover Guerrero; uno de la Guardia Nacional Bolivariana, Néstor Blanco; otro del Conas, Alexis Escalona y uno del Sebin, Carlos Calderón.
La Unión Europea considera que los efectivos están implicados en torturas y otras violaciones graves a los derechos humanos, entre ellos la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.
Previamente la Unión Europea había sancionado a la Dgcim y a otros 18 funcionarios del gobierno venezolano entre los que destacan: el presidente de la asamblea nacional constituyente, Diosdado Cabello; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; la vicepresidenta, Delcy Rodríguez; el vicepresidente para el área económica, Tareck El Aissami; el fiscal general de la República, Tarek William Saab; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el inspector general de la Fuerza Armada, Sergio Rivero Marcano; el director de la Dgcim, Iván Hernández Dala; el ex Ministro de Educación, Elías Jaua; las rectoras del CNE, Sandra Oblitas y Socorro Hernández; el director de los Clap, Freddy Bernal; la ex vice fiscal, Katherine Harrington; el ex secretario general del CNE, Xavier Antonio Moreno Reyes, el jefe del Estado Mayor de la Comandancia de la FAN, Jesús Suárez Chourio, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol; el ex comandante de la GNB, Antonio José Benavides y el director del Sebin, Gustavo González López.
Las sanciones implican la congelación de activos y la prohibición de entrar en territorio europeo.
Aquí un perfil de los nuevos sancionados:
Rafael Ramón Blanco Marrero
Actualmente es director adjunto de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Por orden del gobernante Nicolás Maduro, Blanco Marrero fue ascendido al rango de General de División el 5 de julio del 2019, según la Resolución 030846 del Ministro del Poder Popular para la Defensa, solo seis días después del fallecimiento del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.
En diciembre del año 2018 la periodista Sebastiana Barráez lo acusó de amenazarla a través de la cuenta de Twitter “@EscudoPatria” que, según señaló, también utilizaba para intimidar a otros trabajadores de la prensa.
En el mes de julio de este año, cuando un grupo de 10 mujeres del Instituto de Orientación Femenina (INOF) fueron trasladadas a los sótanos de la Dgcim, Blanco Marrero fue señalado por las víctimas de privar sus derechos a recibir visitas, hacer llamadas telefónicas y a ver la luz del día.
Blanco Marrero también fue sancionado en julio por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, al ser acusado de cometer abusos sistemáticos de los derechos humanos y represión de la disidencia, de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13850.
Rafael Antonio Franco Quintero
Es un coronel del Ejército que se graduó en la Academia Militar en la II promoción “General en Jefe Rafael Urdaneta” en el año 1995. Fue jefe de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), casualmente cuando el capitán de la GNB Juan Carlos Caguaripano Scott fue víctima de torturas dentro de la Dgcim.
En ese tiempo, específicamente en el año 2017, un oficial que estuvo en las celdas que estaban a cargo del coronel Franco Quintero, reveló que el funcionario cambió la rutina y condiciones de encarcelamiento a “condiciones infrahumanas”.
Según denuncias de Tamara Sujú, abogada defensora de los derechos humanos, Franco Quintero, quien ahora es agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), es acusado de inducir y ser cómplice de delitos de lesa humanidad como “tortura y violencia sexual” contra detenidos.
La periodista Sebastiana Barráez denunció que Franco Quintero fue el autor de varios expedientes «arreglados para inculpar oficiales». Asimismo, indicó que el coronel formó equipo con el mayor general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Néstor Blanco Hurtado alias “Ezequiel”, quien prepara los interrogatorios y amenazaba a los detenidos para dejarlos recluidos.
Franco Quintero también fue incluido en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro en el mes de julio de este año, por acusaciones de tortura y violación de derechos humanos.
Néstor Neptali Blanco Hurtado
Tiene 37 años de edad. Es un mayor de la Guardia Nacional Bolivariana y al menos desde diciembre de 2017 trabaja en conjunto con funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). La abogada experta en derechos humanos, Tamara Suju le acusó de ser el promotor de torturas a los 27 militares encarcelados por el alzamiento en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana de Cotiza el pasado 21 de enero de 2019. Los maltratos habrían sido con cadenas, manoplas, bolsas plásticas y gas lacrimógeno.
Alexis Enrique Escalona Marrero
Tiene 57 años. Fue jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. También ejerció como Viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana del Ministerio de Relaciones Exteriores y Justicia así como Jefe del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (Conas). Escalona Marrero fue detenido el pasado 17 de septiembre de 2019 en una residencia de la urbanización Bosque Park en Colinas de Carrizal, estado Miranda.
El Ministerio Público le abrió una investigación al general por la presunta asignación de bienes incautados a terceros mientras ejercía como jefe de la Oncdoft de enero a mayo de 2018. Según el expediente MP 191331 2019, al momento de su aprehensión al militar le incautaron seis municiones 9mm, 22 municiones .40mm, ocho municiones .45mm, siete municiones 22mm, ochenta y cuatro cartuchos cal. 12 mm y veinte municiones 30-30mm. A Escalona Marrero le fueron imputados los cargos de peculado doloso propio, legitimación de capitales y ultraje violento a funcionario público.
Carlos Calderón
Es un comisario adscrito al Servicio Bolivariano de Inteligencia. En mayo de 2015, Jesús Ramírez, entonces secretario general adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela denunció al comisario ante la Corte Penal Internacional junto al ex ministro y hoy en día encarcelado Miguel Rodríguez Torres por crímenes de lesa humanidad. Inés González, quien estuvo presa en el Sebin por emitir sus opiniones en Twitter afirmó que Calderón fue quien ordenó darle una golpiza en junio de 2015. En enero de 2016, la dirigente de Voluntad Popular, Ana Karina García, dijo que luego de emitir unas declaraciones a las puertas del Sebin en El Helicoide, en las que afirmó que los presos en ese recinto eran sometidos a tratos crueles, Calderón ordenó desnudarse y saltar a la mujeres que visitaron a los detenidos ese día. Francisco “Pancho” Márquez, ex preso político y miembro de VP, declaró en 2017 en una audiencia en la Organización de Estados Americanos que Calderón es ampliamente conocido por ordenar y participar en torturas, labor que le ha servido para ascender y recoger premios en el Sebin.
Alexander Enrique Granko Arteaga
Es un oficial de la GNB con jerarquía de Mayor, egresado de la EFOFAC en el año 2004, II Promoción Toma de las Flecheras. Tiene 38 años. El 29 de junio de 2016 en la resolución 014717 fue ascendido al Grado Mayor en la categoría Efectivo de comando. Actualmente ocupa el cargo de director de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Granko Arteaga es hombre de absoluta confianza del general Iván Hernández Dala. Está acusado de haber liderado personalmente la ejecución extrajudicial del inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) Óscar Pérez el pasado 15 de enero de 2018 en la localidad de El Junquito, estado Miranda.
Alexander Granko es señalado como uno de los hombres clave del terror en que se han convertido los sótanos de la Dgcim. En una publicación en el Diario Miami, la periodista Maibort Petit afirma que el director de asuntos especiales del Sebin mantiene estrechos vínculos delictivos con el Mayor General Pascualino Anguiolillo Fernández en las operaciones de extracción de material estratégico en la Redi Guayana.
Hannover Esteban Guerrero
El coronel del Ejército Hannover Esteban Guerrero Mijares (48) ocupó el lugar número 60 de la promoción de 1996 “General de Brigada José Florencio Jiménez”, un lugar nada privilegiado para los cargos que ha ocupado. Hannover ha sido el más cruel director de Investigaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar que ha pasado por esa institución, según la periodista especializada en la fuente militar, Sebastiana Barráez
El pasado 14 de agosto fue destituido de la dirección de la Dgcim por los tratos crueles que le causaron la muerte al Capitán Rafael Acosta Arévalo y el aparente suicidio del funcionario Luis Armando Monsalve Estaba, quien según la Dgcim se lanzó del piso 3 de esa institución.
