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Investigación

Venezuela: el líder indígena que enfrentó a la minería y acabó exiliado
  • El líder de la etnia pemón lleva más de ocho meses lejos de su casa. Huyó no solo del peligro que representan los mineros para la comunidad y el parque nacional Canaima, sino de la criminalización de la cual es víctima
  • Detrás de él está el aparato gubernamental que lo culpa de un alzamiento militar en el que no participó

Este artículo es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y Runrun.esde Venezuela.

Desde finales de 2019, Juvencio Gómez vive en una de las carpas que la Organización de Naciones Unidas dispuso para los refugiados en la frontera entre Venezuela y Brasil. “Ya me voy a construir pronto una casa”, comentó optimista quien dejó su vivienda en Kumarakapay, a unos 200 kilómetros de distancia, para vivir en una nueva comunidad indígena que poco se parece a la que dejó atrás.

Hasta allí, a Tarauparu, llegó huyendo porque se supo perseguido: lo vincularon al fallido asalto armado al Batallón 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla, conocido como el Fuerte de Luepa, por la zona en la que está, una fortaleza militar dentro del sector Gran Sabana del Parque Nacional Canaima (declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO), al sur del estado Bolívar de Venezuela. El hecho ocurrió la madrugada del pasado 22 de diciembre, cuando un grupo de militares e indígenas —que habían prestado servicio militar— se unió para emprender un ataque y apropiarse de un armamento que fue recuperado horas después por efectivos de la Guardia Nacional. Todo formaba parte de la “Operación Aurora”, una sublevación de uniformados contra Nicolás Maduro que dejó un soldado muerto y otro herido, además de 18 detenidos y 15 órdenes de aprehensión. Una de estas es la de Juvencio Gómez, líder indígena de la etnia Pemón-Taurepán, quien lleva décadas en la defensa de su territorio y con una férrea posición en contra de la minería.

Gómez, desde el principio, negó su enlace con lo sucedido en diciembre. Pocas horas después del asalto, fue detenido en un punto de control de tránsito de Santa Elena de Uairén, la capital del municipio Gran Sabana. Allí defendió su inocencia frente a los militares y aclaró que, aunque los jóvenes pemones que habían participado en el asalto solían reunirse en su casa, él no tenía nada que ver con lo que había pasado.

Juvencio Gómez está fuera de su comunidad desde hace más de ocho meses. No sabe cuándo podrá volver. Foto: Glorimar Fernández.

“Ese mismo día yo hablé con el general (Adolfo) Rodríguez de la Guardia Nacional (Comandante de la Zona Nº 62 de ese cuerpo militar). Después me llevaron a Luepa para explicar mi posición. Allí estaban el gobernador (Justo Noguera) y el Jefe de la Zona de Defensa Integral Guayana, Humberto Núñez, y el de la Región Estratégica de Defensa Integral. Estuve cuatro horas conversando y pidiendo que dejaran libre a los muchachos”, comentó Gómez en una entrevista con Mongabay Latam y Runrun.es. Al final del día, los uniformados lo liberaron.

Pero la calma duró poco. El 28 de diciembre unos militares le confirmaron lo que había comenzado como un rumor: un tribunal militar había ordenado su detención. Debía escapar si no quería caer preso, porque lo señalaban como planificador. A los pemones ya capturados los acusaron semanas después por conspiración para destruir la forma política republicana, terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo y asociación.

Gómez salió ese mismo día de Kumarakapay por la Troncal 10, la carretera que conecta a Venezuela con Brasil, con rumbo a Santa Elena de Uairén. De allí tomó una trocha de más de cien kilómetros hasta Ikabarú, en el límite con Brasil. Así cruzó la frontera hasta arribar a Tarauparú, la misma comunidad indígena pemón-taurepán de donde proviene su padre.

Gómez tenía a donde llegar. En esa comunidad viven varios de sus familiares y por eso no le era totalmente ajena. Días después de instalarse, arribaron su esposa y sus cuatro hijos (de 21, 19, 8 y 5 años de edad). Hoy, a ocho meses de haber abandonado Kumarakapay y sin posibilidad de regresar a su hogar en un futuro cercano, ya se ha hecho a la idea de quedarse en Brasil durante más tiempo del que esperaba. Sabe que atrás quedó su casa, parte de su familia y amigos, aquel conuco o parcela donde sembraba plátanos y las 50 reses que tenía y que su suegra cuida en su ausencia.

¿En qué momento se convirtió Juvencio Gómez en un obstáculo para el gobierno?¿Qué tiene que ver el Arco minero del Orinoco y la defensa del parque Canaima con su desplazamiento? Mongabay Latam y Runrun.es contactaron al líder indígena pemón en Tarauparú y desde allí reconstruyeron la serie de eventos que lo llevaron a este exilio no deseado. Para este reportaje se contactó al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y a la Fiscalía General Militar a fin de buscar su versión sobre la persecución contra Gómez y la etnia pemón, pero no se obtuvo respuesta.

De la lucha a las amenazas

La historia de Juvencio Gómez en la defensa de su territorio se remonta al siglo pasado. Era un veinteañero cuando fue elegido capitán de Kumarakapay y sucedió a su padre en el cargo en el que había permanecido por seis años. Aunque al principio no estaba convencido, tomó el mando en 1994 y allí estuvo hasta 2002. Fue en ese período cuando se enroló en la lucha en contra de dos proyectos que para los pemones atentaban contra sus derechos y territorios: Turisur y el tendido eléctrico sobre la Gran Sabana.

Juvencio Gómez y su padre, ambos capitanes de Kumarakapay. Crédito: libro La Historia de los Pemón de Kumarakapay

La construcción del Complejo Hotelero Empresa Nacional de Turismo del Sur (Turisur) era un ambicioso proyecto privado que se instalaría en la entrada norte de la Gran Sabana y que amenazaba con convertir la puerta de ingreso al parque nacional en un resort de lujo. A los propietarios les habían otorgado los permisos a través de Inparques, pero nunca se consultó a los indígenas. Gómez, junto a líderes como Silviano Castro y Alexis Romero, encabezó las manifestaciones que los pemones hicieron en Ciudad Bolívar y Caracas. Finalmente, el Ministerio del Ambiente detuvo el proyecto en octubre de 1996 tras determinar que la edificación violaba el Plan de Zonificación de Canaima.

La pelea contra la instalación del tendido eléctrico no tuvo el mismo resultado. Tras la elección de Hugo Chávez, quien promocionaba una agenda en pro de los derechos indígenas, y en medio de trancas y protestas, el proyecto se convirtió en un hecho.

Gómez continuó como líder de su comunidad hasta que fue elegido presidente de la Federación Indígena de Bolívar, una posición que ocupó hasta 2003. De allí salió con la mira puesta en el Consejo Legislativo, que integró hasta 2008. El poder y los intereses dentro de la política del gobierno chavista lo desilusionaron.

“Para mí era un avance ese reconocimiento, pero después fue solamente retórica, discurso. Me di cuenta de eso estando en el consejo legislativo”, confesó.

Tras terminar su período, Gómez regresó a su comunidad y así volvió a sus orígenes: nuevamente fue capitán de Kumarakapay hasta 2014. Ideológicamente, se mantuvo en la oposición al gobierno, una postura que le ganó varios enemigos.

Ya para aquel momento, comenzaron las preocupaciones de algunos líderes indígenas sobre la minería en la zona. Gómez asegura que en la Gran Sabana se practicaba a una escala muy pequeña. Pero lo que realmente le inquietaba era el alcance que tendría el decreto del Arco Minero del Orinoco, ideado por Chávez y dictado por Nicolás Maduro, que declaró casi 112 mil kilómetros cuadrados en el estado Bolívar como aptas para la exploración y explotación de múltiples minerales, incluyendo el oro.

 Nicolás Maduro muestra una barra de oro supuestamente excavada y procesada en el Arco Minero de Venezuela. Foto: Prensa Presidencial .

“Es inconcebible que dentro del Parque Nacional Canaima se desarrolle la actividad minera y menos aún si esta área está protegida como Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Muchos de los efectos de esta actividad son irreversibles y afecta tanto a la biodiversidad del parque como a sus habitantes. El gran potencial turístico de esta zona es una alternativa que ha sido evaluada como una fuente de ingresos importante en la región si se realiza de manera controlada, pero se está perdiendo con la minería”, destaca la consultora ambiental y presidenta encargada de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, Isabel Novo.

El parque nacional tiene una importancia crucial por las cuencas hidrológicas que lo surcan. Está ubicado en la cuenca alta y media del río Caroní y toca parte de las cuencas del Cuyuní (Sierra de Lema) y del Mazaruni (Kamorián y sus afluentes). “Estas aguas, además de ser la materia primordial para la generación de Guri y Macagua (embalses que generan más de 70% de la energía eléctrica que sostiene a Venezuela), son utilizadas para el consumo humano y son el hábitat de peces, mamíferos, reptiles y aves. En esta área protegida han sido reportadas 52 especies de peces de las cuales 14 son especies endémicas”, recalca Novo.

La bióloga recuerda, además, que Canaima cumple con los cuatro criterios de selección establecidos por UNESCO en la Convención sobre Protección de Patrimonio Mundial: “es una muestra relevante que representa las mayores etapas de la historia de la evolución de la tierra; es un ejemplo sobresaliente que representa significativos procesos geológicos y biológicos actuales en la evolución y desarrollo de ecosistemas terrestres y acuáticos y de comunidades de plantas y animales; contiene fenómenos naturales raros o únicos, así como formaciones y áreas de excepcional belleza (como los Tepuyes), y es hábitat en donde sobreviven poblaciones de especies de plantas y animales raros o en peligro de extinción, además de poblaciones indígenas”.

A pesar de estos argumentos, la minería ilegal y la devastación de la zona continuó.

 

Arco Minero: el comienzo de una pesadilla

“Yo nunca he estado de acuerdo con el Arco Minero del Orinoco…Siempre pensé que si la minería artesanal había destruido el ambiente, cómo sería un proyecto autorizado por el gobierno. Quienes lo defienden dicen que es minería ecológica. Pero eso es mentira, no creo eso”, afirma Gómez.

El antiguo capitán de Kumarakapay relató que en las reuniones indígenas, las autoridades comunitarias sí estaban a favor del Arco Minero porque apoyaban al gobierno y estaban ganados a respaldar cualquier iniciativa del Ejecutivo. Fue en esas asambleas en las que comenzó a exponer su posición contraria a la explotación de minerales.

“Ellos contaban a quienes tenían en contra del proyecto. En Kumarakapay no se hicieron manifestaciones para frenar la minería, pero sí se debatía siempre en las asambleas”, dice. Los primeros señalamientos en su contra surgieron en estas reuniones.

Salto Soroape Gran Sabana, Parque Nacional Canaima. Foto: Lorena Meléndez.

De esas rencillas da cuenta Vilisa Morón, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE), quien durante sus visitas a la Gran Sabana pudo ver cómo la política enfrenta a los pemones. Mientras los pro oficialistas aceptan todo lo que se ordena desde el gobierno, los opositores se resisten a cumplir con medidas como, por ejemplo, el pago en “gramas” de oro para los traslados en avionetas de sus alimentos. Los roces, precisa, han alejado a comunidades y a miembros de una misma familia.

Para sobrevivir, Gómez siempre se dedicó a la educación y a la actividad turística de la Gran Sabana. Pero sabía que varios pemones se decantaban por la minería y, para eso, iban a Imataca o a Ikabarú, en los límites del parque nacional.

“Algunos hermanos que vivían de la minería nos cuestionaban por eso, porque nos dedicábamos al turismo y no necesitábamos la mina. Yo mantenía mi posición pese a las críticas. En Kumarakapay no se veía la minería y por eso nos cuestionaban. ‘No se metan en ese asunto’, nos decían”, precisa.

La minería se ha expandido tanto por el parque nacional que organizaciones no gubernamentales como SOS Orinoco han registrado que más de 1000 hectáreas de este Patrimonio Natural de la Humanidad han sido destruidas por la práctica extractivista. Tan solo entre 2018 y 2020, los 33 sectores mineros que habían sido identificados por SOS Orinoco pasaron a 59. Es decir, en solo un par de años, la cantidad de puntos de extracción de oro dentro de Canaima creció 78%.

“Teniendo en cuenta la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela y la política de Estado abiertamente minera y desconsiderada con las leyes ambientales, se hace necesario que UNESCO incluya a Canaima en la Lista de Sitios de Patrimonio Mundial en Peligro, como una acción política que empuje a las autoridades a actuar de forma decisiva y asertiva para lograr el cese de las operaciones extractivistas”, dijo SOS Orinoco en un comunicado emitido en junio pasado.

La misma institución apuntó que la fiebre del oro ha sido promovida por la administración de Nicolás Maduro a través del Arco Minero del Orinoco.

“Esta es la ‘marca’ de una política de apertura total a la minería, pero que tiene como ambición principal el oro, el coltán y cualquier otro mineral que pueda ser fácilmente traficado”,  y que busca ampliar el ámbito de operación hasta “abarcar todo el sur del Orinoco más allá de las zonas que muestran los mapas oficiales, como es el caso del Parque Nacional Canaima”, señala la organización.

La presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE) explica que las imágenes satelitales de Canaima previas a la instauración del Arco Minero comprueban que la actividad extractivista se intensificó luego de este. “Hubo evaluaciones que se hicieron entre 2007 y 2008 en las que la minería aparecía como una amenaza al parque, pero era algo muy puntual”, señala.

La bióloga menciona iniciativas gubernamentales como la Misión Piar, que desde 2011 se orientó a dotar de maquinaria a la pequeña minería de los pueblos que están al norte del parque. Ese movimiento de equipos se hizo todavía mayor con el Arco Minero.

“El Arco Minero coincide con la escalada de la crisis humanitaria que azota al país. Entonces, tienes una conjunción de cosas. Están estas misiones, como la Misión Piar, donde empezaron a darle motobombas a la gente y, mientras haces eso, el país se está viniendo abajo”, añade la especialista, que sumó al problema el abandono de los conucos por parte de comunidades que habían estado volcadas al turismo durante los últimos años y que ahora, con la caída del flujo de viajeros, no pueden sustentarse.

Los venezolanos llegan de todos lados para trabajar extrayendo coltán, oro y diamante en el Arco Minero de Venezuela. Foto: Jorge Benezra.

En Canaima, la minería utiliza diversas técnicas para extraer el oro y en todas se emplea el mercurio. Mientras que la minería aluvial se practica en las “bullas” o pequeños yacimientos, en los ríos se usan las “balsas mineras”, que arrasan con el lecho de los ríos del parque.

Morón indica que los indígenas desconocen los efectos de la actividad minera sobre la salud y que los mecanismos para controlar la exposición al mercurio son inexistentes. “Desde el punto de vista ambiental, es un desastre. A donde consiguen la ‘bulla’, se van y, como las hormigas, dejan el rastro de lo que hicieron (…) Se ven a lo largo de los caminos pequeños cráteres con agua azul que están cerca de morichales, en el tope de las lomas en la sabana y están desperdigadas por todos lados. Entonces, no hay un cierre de mina y todos esos químicos que están en los pozos van percolando y pueden afectar a los morichales o riachuelos que están al lado (…) No ven el efecto a largo plazo ni la distancia a la que pueden ir esos contaminantes a través de los ríos”, refiere Morón.

Juvencio Gómez insiste en que el extractivismo en la Gran Sabana está motivado por la necesidad. “En el Parque Nacional Canaima, con grandes potencialidades recreativas y turísticas, se pueden desarrollar y fomentar otras actividades económicas sin necesidad de explotar la mina”, indica. Pero de inmediato aclara que en su territorio se acabaron las garantías para desarrollar esas otras actividades y por eso, la explotación minera se impuso. “Ahora más, porque el gobierno la fomenta. Hay muchos involucrados en la cuestión de la minería”, denuncia.

“Un importante número de pueblos y comunidades indígenas se han opuesto a la destrucción producida por la creciente invasión de la minería de depredación en sus territorios. Sobre eso hay una cantidad importante de declaraciones, denuncias y pronunciamientos por parte de organizaciones indígenas Ye’Kwana, Hottuja, Pemón, y Yanomami, entre otros. Estas voces críticas han sido debilitadas principalmente a través del hostigamiento, amenazas, cooptación de sus organizaciones y desarticulación entre las mismas (…) Estas últimas situaciones aceleradas por las profundas distorsiones que genera la economía minera”, señala Alejandro Álvarez Iragorri, defensor de derechos ambientales y coordinador general de la ONG Clima21.

Vista de los tepuyes —mesetas con paredes verticales— que se encuentran en el sudeste de Venezuela, zona donde se encuentra el Arco Minero de Venezuela. Foto: Antolín Martínez A. bajo la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.

Al experto le preocupa que la violencia sobre las comunidades indígenas haya generado, “además de muerte, encarcelamiento, tortura y daños sobre personas, un progresivo proceso de ruptura del tejido social, aculturación, enfrentamientos internos y desconocimiento de los modos de organización tradicional de cada uno de los pueblos indígenas”. De esa manera, explica, se destruye su identidad y modos de ser. “A largo plazo estas situaciones, en conjunto con el resto de los daños generados por la minería, pueden llevar a un etnocidio”, concluye.

Para Juvencio Gómez, lo que pasó en Kumarakapay —donde 3 pemones murieron y 14 fueron baleados, tras apoyar el ingreso de cargamentos de ayuda humanitaria a través de la frontera— ha sido un punto de fricción política para el gobierno y por eso han aplicado una “presión psicológica” contra el pueblo, que van desde la masacre hasta la presencia constante de militares en la zona.

Diez meses después de esta masacre, Gómez saldría de su pueblo para evitar que lo apresaran al relacionarlo con el alzamiento militar de Luepa.

Aunque las mafias y bandas armadas del Arco Minero del Orinoco todavía no controlan los yacimientos del parque nacional, la violencia en la zona ha aumentado. Los cuerpos de seguridad del Estado tienen choques constantes con los pemones. Tras la masacre de Kumarakapay, ocurrió en noviembre la de Ikabarú, un enclave minero en los límites del parque en donde mataron a ocho personas vinculadas con la actividad extractivista. Un mes después, sucedió la “Operación Aurora” que provocó la huida de Gómez.

Los ataques no han parado. El pasado 27 de julio, la Guardia Nacional irrumpió en la comunidad de San Antonio del Morichal, en la frontera con Brasil, para amedrentar a los pemones que denunciaban estar aislados en medio de la “cuarentena radical” impuesta por el gobierno a raíz de la pandemia.

Esta violencia es la que obligó al líder indígena pemón a desplazarse con su familia a cientos de kilómetros de su comunidad y la que lo mantiene en el exilio.

La esperanza en una casa de madera

En esa nueva vida que se forja lejos de su tierra, Juvencio Gómez tiene una pequeña siembra de yuca y plátano, y ha empezado a beneficiarse de algunas políticas del Estado brasileño que le han aportado tarjetas para comprar alimentos, educación gratuita para los niños, e incluso unas piezas de madera que le servirán para construir la vivienda que tanto desea levantar.

“Pronto vamos a hacer una casa de madera con unas tablas que nos dieron y la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA, organización humanitaria de la Iglesia Adventista del Séptimo Día) nos dio 60 tejas. Vamos a inventar cómo ampliarla y conseguir más madera. Además, aquí la tierra es buena para sembrar”, asegura.

A pesar de haber tenido que dejarlo todo, está agradecido de haber salido de la comunidad. “Estábamos pasando mucha necesidad. Aquí al menos se consigue comida en Pacaraima y a bajo costo. Allá está muy dura la situación, no hay combustible (…) Aquí nos han apoyado mucho”, apunta.

Aunque la pandemia ha hecho que todo se paralice, sus hijos menores han continuado estudiando dentro de la comunidad, a donde les envían los materiales que necesitan para su educación y cada 15 días entregan sus deberes. En julio pasado, les instalaron internet inalámbrico para ayudarlos con las tareas. A Gómez, que fue docente, le han ofrecido la posibilidad de dar clases en Brasil, lo mismo que a su esposa. Pero ambos necesitan que les traduzcan sus documentos que se quedaron en Kumarakapay para que les puedan homologar sus estudios. Su segundo hijo cursa actualmente una nivelación para que le reconozcan su bachillerato.

Kumarakapay, el pueblo pemón en la Gran Sabana donde ocurrió el asalto militar que dejó cuatro indígenas muertos y 13 heridos. Foto: Lorena Meléndez.

Aunque no se hizo una prueba, Gómez está seguro de que sufrió de COVID-19 en mayo pasado: estuvo dos semanas con dolor de cabeza, fiebre y con pérdida absoluta del gusto y el olfato. Para combatirlo, se bañaba con hojas de plantas, tomaba té con limón y antigripales. Un primo suyo, de 70 años y residente de Tarauparu, no corrió con la misma suerte. Lo mató el virus tras un cuadro que se complicó porque padecía de diabetes.

Gómez sabe que volverá a Kumarakapay y por eso intenta ver el vaso medio lleno pese a las circunstancias. “Uno extraña sus cosas: mi cama, mi cocina, mi televisor, las comodidades de la casa, pero nos hemos adaptado (…) Cuando uno sale de su comunidad motivado por cualquier presión no es nada agradable, uno lo hace por su seguridad. Es triste dejar tu sitio, tu casa, la familia (…) Pero cuando quieres conservar tu vida, tu libertad, lo tienes que hacer con la esperanza de volver a tu casa cuando termine todo”, añade.

Asegura que la religión le ha dado fuerzas para seguir de pie. “Él no nos va a abandonar. Creo que estamos aquí por la voluntad de Él (…) y cuando tenga que regresar lo haremos por la voluntad de Él. Cuando se presente el momento, vuelvo, porque de que regresamos, vamos a regresar”, pronunció completamente convencido el antiguo capitán de Kumarakapay.

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Mongabay Latam reúne en el especial Defensores ambientales: la violencia del desplazamiento seis historias de líderes ambientales en ColombiaMéxicoHondurasGuatemala y Venezuela que han tenido que abandonar sus territorios para proteger sus vidas y a sus familias. Algunos se han desplazado en varias ocasiones, otros permanecen en el exilio y hay quienes han decidido volver a pesar del peligro que supone su regreso. 

Conozca todas las historias del especial #HuirParaVivir La otra tragedia de los defensores ambientales en Latinoamérica haciendo click a la ilustración

 

INVESTIGACIÓN | COVID-19: La crisis de hospitales no es un caso importado

Hospitales sin agua, rayos X ni respiradores atienden a pacientes de COVID-19 en Venezuela cuando la curva de contagios creció 93% al pasar de 944 a 1.818 casos confirmados en la última semana de mayo. Un inventario del Ministerio para La Salud al que tuvo acceso la Alianza Rebelde Investiga  (ARI) registra las insuficiencias de los 47 hospitales centinela designado por el gobierno de Nicolás Maduro para enfrentar la pandemia en el país.

El reportaje basado en el análisis de datos y cobertura regional muestra las inconsistencias de las cifras oficiales y pone en evidencia que la debilidad del sistema de salud previa a la pandemia no ha sido corregida. Con un pico de contagios en ascenso, la crisis del COVID-19 rebasará la ya reducida capacidad de un gobiernos que no construyó más centros asistenciales en los últimos 12 años.

Lea el reportaje completo haciendo click aquí. 

Oct 24, 2019 | Actualizado hace 1 año
BCV: la exprimidora oficial del oro venezolano
La fuga del oro venezolano no solo ocurre por rutas del contrabando sino también por vías institucionales.

Lisseth Boon y Lorena Meléndez

Valiéndose de sus competencias en la comercialización del oro y como custodio de las reservas internacionales, el Banco Central de Venezuela está dilapidando los recursos de la Nación hasta alcanzar mínimos históricos en un contexto de sequía financiera y de hiperinflación.

Hasta 2013, Venezuela estaba entre los primeros 30 países del mundo con mayores reservas de oro monetario, pero en cuestión de cinco años se han ido desvaneciendo gracias a los manejos del BCV. Controlado por figuras del entorno de Nicolás Maduro, el otrora organismo autónomo se ha convertido en el eje de un ecosistema sobre el cual pesan sospechas de lavado de dinero, sanciones y negocios millonarios que también han incluido recursos auríferos extraídos del controversial Arco Minero del Orinoco.

Este reportaje de Runrun.es en alianza con Connectas y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) revela los mecanismos de los cuales se vale el BCV para obtener recursos alternativos y lograr liquidez tras el desmantelamiento de la industria petrolera como principal fuente de ingresos de Venezuela

Para acceder al especial haga clic en la imagen

A John Carlin le pidieron una visa especial para dar conferencia
El periodista y escritor se regresó a España en el mismo avión que lo trajo a Maiquetía

@franzambranor

HORAS ANTES QUE Sudáfrica asegurara su pase a los cuartos de final del Mundial de Rugby de Japón 2019, a John Carlin, el periodista y escritor inglés que reflejó en su libro “El Factor Humano” la heróica gesta de Nelson Mandela a través del deporte, le fue negado el acceso a Venezuela.

Carlin no pudo ver por TV a la versión actual de la selección que en 1995 obtuviese el título mundial e inspira la obra bibliográfica que a la postre se convirtió en la película Invictus dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Morgan Freeman y Matt Damon, así como tampoco dictar la conferencia “Mandela y el camino de la paz, horizontes posibles para Venezuela” en el hotel Marriott de Caracas este martes 8 de octubre. 

El gobierno de Nicolás Maduro le impidió la entrada por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía sin emitir hasta ahora una declaración al respecto. El Instituto para las Transiciones Integrales, organizador del evento calificó la medida como inexplicable y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa dijo que se trataba de otra “ilegal deportación que atenta contra la libertad de expresión y el debate plural de las ideas”. 

“No entendemos por qué esta medida. Él estaba sumamente desconcertado y se regresó frustrado”, dijo el abogado y jurista Pedro Nikken, miembro del Instituto para las Transiciones Integrales. 

Nikken señaló que a Carlin le dijeron en Maiquetía que para ofrecer una conferencia en Venezuela necesitaba una visa especial. “No vamos a dejar de hacer este tipo de iniciativas por el error que cometieron unos funcionarios en Maiquetia. Estas cosas no ayudan en la reconciliación nacional”.

Nikken sostuvo que Carlin regresó a España en el mismo avión que lo había traído a Maiquetía.

“Queríamos que John le hablase a la gente de la oposición y también del chavismo sobre la experiencia sudafricana; él fue un hombre muy cercano a Mandela en todo ese proceso de pacificación. Venezuela tiene que apuntar a eso. Tenemos que dejar de pelear entre nosotros”, dijo Nikken.

El abogado indicó que cuando trajeron al premio Nobel de la Paz, el tunecino Hassine Abassi, para una iniciativa similar en junio de este año no hubo problema alguno. “Tanto Carlin como Abassi son partidarios del encuentro entre las personas que piensan distinto”, dijo.

“No puedo referirme al hecho de la deportación de Carlin porque no sé qué sucedio. El gobierno hasta ahora no ha dicho nada. Entiendo que él en 2007 escribió para el diario El País un artículo polémico sobre el chavismo, pero también tengo entendido que el periódico o él mismo pidieron disculpas”, dijo la sociólogo y analista de medios, Maryclen Stelling.

Stelling se refiere al texto “La conexión venezolana”, publicado por el El País, el 16 de diciembre de 2007 y en el que Carlin denunciaba una supuesta cofradía entre el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez y las Farc. “Yo estaba invitada a la conferencia y tenía grandes expectativas con esta porque sin duda Carlin es un referente del periodismo internacional”, dijo Stelling.

Stelling aclaró que no pertenece al Instituto para las Transiciones Integrales y que está a favor de cualquier diálogo. “El señor Pedro Nikken y yo coincidimos en que el diálogo entre factores de la sociedad civil es primordial en este momento”.

Este movimiento pro diálogo unió fuerzas apenas a mediados de este año y además de Nikken y Stelling está integrado por simpatizantes del chavismo y oposición como Héctor Navarro, Carlos Azpúrua, Vladimir Villegas, José Virtuoso, Gustavo Márquez, Inés Quintero, Óscar Schemel y Manuel Teixeira. 

Un veterano de mil batallas 

Carlin es considerado uno de los periodistas con mayor conocimiento sobre el apartheid y el ascenso al poder del ya desaparecido pacifista Mandela. Su paso por Argentina en tiempos de dictaduras militares a finales de los 70 con el Buenos Aires Herald y por Centroamérica en 1986 como corresponsal del diario The Independent en época de guerrillas, le proporcionaron experiencia en el área de conflictos. Asimismo, su tránsito por El País de España le hizo curtirse en el periodismo deportivo. Fue el primero en entrevistar a David Beckham con el Real Madrid en 2003 y un artículo sobre Maradona sirvió como base para un documental sobre el astro del balompié en el medio británico Channel 4

La combinación de lo bélico y también lo deportivo fueron pilares para que Carlin escribiera la que hasta ahora ha sido su obra cumbre, el relato de cómo el rugby unió a blancos y negros en un país donde los primeros despreciaban a quienes no fuesen caucásicos y los segundos clamaban por venganza luego de la llegada de Mandela al poder en 1994. 

PERFIL | Estos son los funcionarios de seguridad de Maduro sancionados por la Unión Europea

@yeannalyfermin/@Andrea_GP21/@franzambranor

 

MÁS SANCIONES CAYERON ESTE VIERNES 27 de septiembre sobre funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. En esta oportunidad fueron siete miembros de los cuerpos de seguridad del Estado los amonestados por la Unión Europea.

La institución continental sancionó a cuatro funcionarios de la Dgcim, Rafael Blanco, Rafael Franco, Alexander Granko y Hannover Guerrero; uno de la Guardia Nacional Bolivariana, Néstor Blanco; otro del Conas, Alexis Escalona y uno del Sebin, Carlos Calderón.

La Unión Europea considera que los efectivos están implicados en torturas y otras violaciones graves a los derechos humanos, entre ellos la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

Previamente la Unión Europea había sancionado a la Dgcim y a otros 18 funcionarios del gobierno venezolano entre los que destacan: el presidente de la asamblea nacional constituyente, Diosdado Cabello; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; la vicepresidenta, Delcy Rodríguez; el vicepresidente para el área económica, Tareck El Aissami; el fiscal general de la República, Tarek William Saab; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el inspector general de la Fuerza Armada, Sergio Rivero Marcano; el director de la Dgcim, Iván Hernández Dala; el ex Ministro de Educación, Elías Jaua; las rectoras del CNE, Sandra Oblitas y Socorro Hernández; el director de los Clap, Freddy Bernal; la ex vice fiscal, Katherine Harrington; el ex secretario general del CNE, Xavier Antonio Moreno Reyes, el jefe del Estado Mayor de la Comandancia de la FAN, Jesús Suárez Chourio, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol; el ex comandante de la GNB, Antonio José Benavides y el director del Sebin, Gustavo González López.

Las sanciones implican la congelación de activos y la prohibición de entrar en territorio europeo.

Aquí un perfil de los nuevos sancionados: 

 

Rafael Ramón Blanco Marrero

Actualmente es director adjunto de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Por orden del gobernante Nicolás Maduro, Blanco Marrero fue ascendido al rango de General de División el 5 de julio del 2019, según la Resolución 030846 del Ministro del Poder Popular para la Defensa, solo seis días después del fallecimiento del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

En diciembre del año 2018 la periodista Sebastiana Barráez lo acusó de amenazarla a través de la cuenta de Twitter “@EscudoPatria” que, según señaló, también utilizaba para intimidar a otros trabajadores de la prensa.

En el mes de julio de este año, cuando un grupo de 10 mujeres del Instituto de Orientación Femenina (INOF) fueron trasladadas a los sótanos de la Dgcim, Blanco Marrero fue señalado por las víctimas de privar sus derechos a recibir visitas, hacer llamadas telefónicas y a ver la luz del día.

Blanco Marrero también fue sancionado en julio por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, al ser acusado de cometer abusos sistemáticos de los derechos humanos y represión de la disidencia, de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13850.

 

Rafael Antonio Franco Quintero

Es un coronel del Ejército que se graduó en la Academia Militar en la II promoción “General en Jefe Rafael Urdaneta” en el año 1995. Fue jefe de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), casualmente cuando el capitán de la GNB Juan Carlos Caguaripano Scott fue víctima de torturas dentro de la Dgcim.

En ese tiempo, específicamente en el año 2017, un oficial que estuvo en las celdas que estaban a cargo del coronel Franco Quintero, reveló que el funcionario cambió la rutina y condiciones de encarcelamiento a “condiciones infrahumanas”.

Según denuncias de Tamara Sujú, abogada defensora de los derechos humanos, Franco Quintero, quien ahora es agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), es acusado de inducir y ser cómplice de delitos de lesa humanidad como “tortura y violencia sexual” contra detenidos.

La periodista Sebastiana Barráez denunció que Franco Quintero fue el autor de varios expedientes “arreglados para inculpar oficiales”. Asimismo, indicó que el coronel formó equipo con el mayor general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Néstor Blanco Hurtado alias “Ezequiel”, quien prepara los interrogatorios y amenazaba a los detenidos para dejarlos recluidos.

Franco Quintero también fue incluido en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro en el mes de julio de este año, por acusaciones de tortura y violación de derechos humanos.

 

Néstor Neptali Blanco Hurtado  

Tiene 37 años de edad. Es un mayor de la Guardia Nacional Bolivariana y al menos desde diciembre de 2017 trabaja en conjunto con funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). La abogada experta en derechos humanos, Tamara Suju le acusó de ser el promotor de torturas a los 27 militares encarcelados por el alzamiento en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana de Cotiza el pasado 21 de enero de 2019. Los maltratos habrían sido con cadenas, manoplas, bolsas plásticas y gas lacrimógeno.

 

Alexis Enrique Escalona Marrero

Tiene 57 años. Fue jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. También ejerció como Viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana del Ministerio de Relaciones Exteriores y Justicia así como Jefe del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (Conas). Escalona Marrero fue detenido el pasado 17 de septiembre de 2019 en una residencia de la urbanización Bosque Park en Colinas de Carrizal, estado Miranda.

El Ministerio Público le abrió una investigación al general por la presunta asignación de bienes incautados a terceros mientras ejercía como jefe de la Oncdoft de enero a mayo de 2018. Según el expediente MP 191331 2019, al momento de su aprehensión al militar le incautaron seis municiones 9mm, 22 municiones .40mm, ocho municiones .45mm, siete municiones 22mm, ochenta y cuatro cartuchos cal. 12 mm y veinte municiones 30-30mm. A Escalona Marrero le fueron imputados los cargos de peculado doloso propio, legitimación de capitales y ultraje violento a funcionario público.

 

Carlos Calderón

Es un comisario adscrito al Servicio Bolivariano de Inteligencia. En mayo de 2015, Jesús Ramírez, entonces secretario general adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela denunció al comisario ante la Corte Penal Internacional junto al ex ministro y hoy en día encarcelado Miguel Rodríguez Torres por crímenes de lesa humanidad. Inés González, quien estuvo presa en el Sebin por emitir sus opiniones en Twitter afirmó que Calderón fue quien ordenó darle una golpiza en junio de 2015. En enero de 2016, la dirigente de Voluntad Popular, Ana Karina García, dijo que luego de emitir unas declaraciones a las puertas del Sebin en El Helicoide, en las que afirmó que los presos en ese recinto eran sometidos a tratos crueles, Calderón ordenó desnudarse y saltar a la mujeres que visitaron a los detenidos ese día. Francisco “Pancho” Márquez, ex preso político y miembro de VP,  declaró en 2017 en una audiencia en la Organización de Estados Americanos que Calderón es ampliamente conocido por ordenar y participar en torturas, labor que le ha servido para ascender y recoger premios en el Sebin. 

 

Alexander Enrique Granko Arteaga 

Es un oficial de la GNB con jerarquía de Mayor, egresado de la EFOFAC en el año 2004, II Promoción Toma de las Flecheras. Tiene 38 años. El 29 de junio de 2016 en la resolución 014717 fue ascendido al Grado Mayor en la categoría Efectivo de comando. Actualmente ocupa el cargo de director de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). 

Granko Arteaga es hombre de absoluta confianza del general Iván Hernández Dala. Está acusado de haber liderado personalmente la ejecución extrajudicial del inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) Óscar Pérez el pasado 15 de enero de 2018 en la localidad de El Junquito, estado Miranda. 

Alexander Granko es señalado como uno de los hombres clave del terror en que se han convertido los sótanos de la Dgcim. En una publicación en el Diario Miami, la periodista Maibort Petit afirma que el director de asuntos especiales del Sebin mantiene estrechos vínculos delictivos con el Mayor General Pascualino Anguiolillo Fernández en las operaciones de extracción de material estratégico en la Redi Guayana.

 

Hannover Esteban Guerrero 

El coronel del Ejército Hannover Esteban Guerrero Mijares (48) ocupó el lugar número 60 de la promoción de 1996 “General de Brigada José Florencio Jiménez”, un lugar nada privilegiado para los cargos que ha ocupado. Hannover ha sido el más cruel director de Investigaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar que ha pasado por esa institución, según la periodista especializada en la fuente militar, Sebastiana Barráez

El pasado 14 de agosto fue destituido de la dirección de la Dgcim por los tratos crueles que le causaron la muerte al Capitán Rafael Acosta Arévalo y el aparente suicidio del funcionario Luis Armando Monsalve Estaba, quien según la Dgcim se lanzó del piso 3 de esa institución.

Renacer de las visas para los venezolanos

A raíz de la migración de 4,307,930 venezolanos a distintos destinos en el mundo, la migración venezolana se ha topado con el renacer de las visas en la mayoría de los países latinoamericanos. Desde 2017, once naciones acudieron a la implementación y exigencia de algún tipo de control de acceso para moderar la entrada de venezolanos a sus territorios.

Colombia es el principal receptor de migrantes del país suramericano, con alrededor de 1,3 millones de venezolanos en su territorio. El Gobierno colombiano exige una Tarjeta de Movilización Fronteriza (TMF) desde el 27 de noviembre de 2018 a los migrantes venezolanos.

Perú es el segundo país con mayor número de venezolanos dentro de su territorio. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la cifra corresponde a 768.000 venezolanos. El 15 de junio de 2019, el Gobierno peruano informó que los venezolanos deberían solicitar una visa de turista o una visa humanitaria para ingresar al país suramericano. La visa humanitaria puede ser tramitada desde Venezuela, Colombia y Ecuador, en el consulado peruano correspondiente a cada país.

Desde el 9 de abril de 2018, Chile solicita a los migrantes venezolanos una visa de responsabilidad democrática. De acuerdo con ACNUR, la nación ubicada al sur del continente americano cuenta con 288.233 personas provenientes de Venezuela, a quienes se les pide desde 2018 la Visa de Responsabilidad Democrática (VRD), que permite una residencia temporal por un año.

Por otro lado, ACNUR aseguró que en Ecuador residen alrededor de 263.000 venezolanos. Por ello, el 26 agosto de 2019 Ecuador afirmó que los ciudadanos venezolanos requerirán visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias o la visa consular de turismo para ingresar a su territorio. 

A partir de final de año de 2021, la Unión Europea pedirá a los ciudadanos venezolanos deberán llenar un formulario del ETIAS, Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, en línea para solicitar la autorización a los 28 países que conforman el organismo.

El 2 de octubre de 2019, el ministro holandés de Asuntos Exteriores, Stef Blok, dijo que para mediados de 2020, los venezolanos necesitarán una visa para ingresar al Caribe holandés. Aruba, Bonaire y Curazao se sumarán a la lista de naciones latinoamericanas que solicitan visado a los venezolanos. Blok aseguró que solo se otorgarán 8000 visas por año.

En el mapa a continuación, podrás observar cuáles son los países que desde 2017 han implementado la exigencia de visa a los venezolanos. 

Series y películas de televisión usan al país como el principal destino de los villanos

@franzambranor

 

ANTES QUE LLEGARA EL CHAVISMO AL PODER, Venezuela era un sitio predilecto por las productoras cinematográficas para rodar películas, series y comerciales debido a lo bajo de sus costos. Papillon (1973) con Dustin Hoffman y Steve McQueen mostró las costas venezolanas, La Ley de Murphy (1971) con Peter O Toole se paseó por el Delta del Orinoco, en la francesa Le Sauvage (1975) vimos escenas en el aeropuerto internacional de Maiquetía y en Aracnofobia (1990) con Jeff Daniels y John Goodman y producida por Steven Spielberg, presenciamos el Amazonas en todo su esplendor. 

Con Hugo Chávez y posteriormente Nicolás Maduro en Miraflores, el flujo de producciones se redujo considerablemente y Venezuela quedó como una mera referencia en el mapa para hacer visible un lugar donde los villanos pueden convivir porque no hay ley aparente.

“Punto de Quiebre con Edgar Ramírez en 2016 fue la última gran producción que se filmó en Venezuela. El tema hiperinflacionario y de la devaluación, aunado a las relaciones con Estados Unidos hace que prácticamente nada se haga en Venezuela en materia cinematográfica”, dijo José Pisano, director general de Blancica. 

Desde comedias como Un zoológico en Casa, pasando por Los Simpsons y más recientemente la serie de Amazon, Jack Ryan, a Venezuela la reflejan en pantalla o solo la nombran para señalar la guarida preferida de los malos, una etiqueta que antes estaba en manos casi exclusivas de extremistas del Medio Oriente.

“El cine siempre ha manejado históricamente unos estereotipos basados en las relaciones políticas de los países, desde la primera guerra mundial hasta la más reciente. En el caso de Venezuela desde hace varios años tenemos esa imagen y es el reflejo de un país donde la gente no quiere venir a vacacionar”, sostuvo Pisano.

Aquí vamos con algunas series y películas que reflejan el lado oscuro de Venezuela comenzando por la más reciente:

Jack Ryan: Temporada 2: amenaza mundial

Ya no solo lo dice Mike Pompeo, Elliot Abrams o el mismo Donald Trump, ahora el agente de la CIA Jack Ryan también está claro que Venezuela es actualmente una de las mayores amenazas a escala mundial. En la segunda temporada de la serie de Amazon lanzada el 31 de agosto de 2018, Ryan, interpretado por John Krasinski tendrá como misión salvar a Venezuela, algo que no ha logrado nadie en 20 años de chavismo. El personaje creado por el escritor Tom Clancy intentará investigar un envío de armas a Venezuela desde Rusia. En el trailer de la serie que se estrenará el 1 de noviembre de 2019, Ryan se pregunta lo mismo que millones de venezolanos, por qué el país con las mayores reservas de petróleo atraviesa por una crisis humanitaria. En el abreboca audiovisual, el presidente venezolano se apellida Reyes y es interpretado por el actor español Jordi Mollá. En un meeting una mujer, que puede ser cualquiera en Venezuela, dice: “presidente Reyes, usted nos ha traicionado a todos”

 

 

Punto de quiebre: el Salto Ángel y una guarida de criminales 

Regularmente el actor Edgar Ramírez pide hacer alguna referencia a Venezuela en cada una de las películas en las que aparece. Así lo hizo en Carlos interpretando a El Chacal; en Joy, cuando uno de sus hijos le pide la bendición; en Domino, haciendo de un caza recompensas latino y por supuesto en Libertador. Cuando le tocó encarnar al criminal Bodhi en el remake que hizo Hollywood de Punto de Quiebre en 2016, Ramírez sugirió hacer la escenas de escalada en el Salto Ángel. Pero la infortunada adaptación de la cinta original no solo muestra las bellezas naturales de Venezuela, sino también plasma la alfombra roja que le tienden en el país a los delincuentes. En una escena antes de escalar el monumento natural, el jefe del detective que persigue a Bodhi le dice: “Se fue a Venezuela; es hábil, sabe que nuestro gobierno no tiene política de extradición con ese país”. 

 

True Detective 2: Llegan a Barquisimeto huyendo de la ley 

En 2015, en el último capítulo de la segunda temporada de la serie de HBO creada por Nic Pizzolatto, la detective Ani Bezzerides, interpretada por Rachel McAdams, viaja a Venezuela, específicamente a Barquisimeto, donde huyeron desde Los Ángeles los presuntos responsables del asesinato del segundo a bordo de la alcaldía de la ficticia ciudad de Vinci. 

Antes de abordar un avión, Frank Semyon (Vince Vaughn) le dice a Bezzerides que debe conseguirse con su esposa Jordan (Kelly Reilly) en una plaza de Barquisimeto llamada El Obelisco. Cuando está comprando los pasajes, la vendedora le dice a Semyon: “Barquisimeto es bonita”. Ya en la capital larense, Bezzerides y Jordan se introducen en una celebración nocturna callejera que en apariencia es la correspondiente a la Divina Pastora. El contrapicado final muestra a un gentío bailando a los pies de un afiche gigante de Hugo Chávez.

 

House of cards: Puerto La Cruz es refugio de quienes huyen de la justicia americana

También en la tercera temporada de la serie de Netflix House of Cards en 2015, Doug Stamper (Michael Kelly) mano derecha del despiadado congresista y posterior presidente de los Estados Unidos, Frank Underwood (Kevin Spacey), agarra un avión a Venezuela para perseguir a un periodista que estuvo hurgando en los oscuros manejos de su jefe. “Bienvenidos a Caracas, la hora local es 3:21 de la tarde y la temperatura es 24 grados centígrados”, dice el piloto del avión mientras enfocan en un asiento del aparato un ejemplar del periódico El Nuevo País donde puede leerse: “Estados Unidos posiblemente han enviado Marinos Seals al Valle de Jordán (sic)”; el impreso tiene una foto de Underwood en la portada. 

Stamper llega a un muelle llamado Vista Marina en una supuesta Puerto La Cruz donde hay gente bailando salsa en un local. Se introduce en una embarcación donde está el periodista a quien golpea, roba una laptop y amenaza con matarlo. En House of Cards son algunos miembros del gobierno quienes transgreden las normas e integrantes de la sociedad civil los que luchan por recuperarlas. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. 

 

Homeland y la Torre de David: hogar de terroristas

En el tercer capítulo de la tercera temporada de la serie de Fox emitida en 2013, el marine sospechoso de haberse pasado a las filas del terrorismo, Nicholas Brody (Damian Lewis), llega en una embarcación a Catia La Mar y luego es trasladado al hogar donde estará escondido e incógnito: la torre de David en Caracas. Brody está mal herido y cuando despierta es atendido por un doctor en la accidentada construcción, hogar de decenas de damnificados y “homeless” hasta que Maduro decidió desalojarla en 2015. “Es un loco edificio venezolano”, le dijo el galeno al militar estadounidense. “La llaman la torre de David, no es por el Rey David, Dios no lo quiera. Es por David Brillembourg, el banquero ególatra que la encargó. Desafortunadamente David murió, la economía cayó, llegaron los okupas y voilá”, comentó el doctor. “¿Y por qué estás aquí?”, preguntó Brody. “Porque es el único lugar que nos acepta”, respondió el médico. 

Posterior a la transmisión del capítulo, tanto Venezolana de Televisión, como el resto de los medios públicos se dedicaron a criticar la supuesta saña contra la revolución chavista. Argumentaron que era la serie favorita del entonces presidente Barack Obama y que no exhibía los reales monumentos arquitectónicos de la ciudad. También señalaron que era una especie de preámbulo a una agresión estadounidense. Lo cierto es que Lewis nunca estuvo en Catia La Mar, era una playa en Puerto Rico. Y menos en la torre de David.

 

Un zoológico en casa: Entrevista a dictadores 

En la película de 2011 dirigida por Cameron Crowe, Benjamin Mee (Matt Damon) hace de un periodista y escritor que acaba de enviudar y para darle sentido a su vida compra un zoológico en decadencia y lo recupera con el apoyo de familiares y amigos. Para ubicar al espectador al principio de la cinta, la voz de uno de los hijos de Mee relata con orgullo la versatilidad de su padre. Mee es capaz de ser rodeado por miles de abejas africanas, estar en la cabina de un avión en medio de una tormenta y entrevistar a dictadores latinoamericanos. “Nosotros le dimos un crédito por 10 millones de dólares a China en petróleo, trágate esa Mister Danger”, le dice un hombre con una verruga en la frente a Mee, mientras este anota en una libreta en un autobús con hombres ataviados de rojo. Mee le pregunta al líder que cuál es su película favorita y en vez de decir El Acorazado Potemkin o Diarios de Motocicleta responde Toy Story. Seguidamente le pregunta a sus acólitos si la 1 o la 2, a lo que ellos al unísono dicen: la segunda.

 

Los próximos tres días: la casa de los fugitivos en Caracas

En la película de 2010, Los próximos tres días, John Brennan (Russell Crowe) interpreta al esposo de Lara Brennan (Elizabeth Banks), enjuiciada y encarcelada por un asesinato que afirma no haber cometido. Cansado de que las apelaciones no tengan el resultado esperado, Brennan y su esposo idean un plan de escape a una nación donde los gringos no se atreverán a ir: Venezuela. “El tiempo de vuelo a Caracas será de 5 horas y 32 minutos”, dice la aeromoza mientras los Brennan se toman de la mano en clase económica. En otra escena, en su casa de Pittsburgh, el padre de John (Brian Dennehy) abre un atlas mundial y ubica el mapa de Venezuela, segundos después los Brennan ocupan el asiento trasero de un viejo taxi mientras van por una carretera aledaña a una playa que parece del estado Vargas. La brisa de la libertad y también de la impunidad despeina la melena de Crowe. 

 

Los Simpson: Liberen a Willie 

No podía faltar la serie más longeva en la historia de la televisión estadounidense. Después de cometer una atrocidad, Willie, el bedel de la escuela donde estudian Bart y Lisa Simpson conduce a toda velocidad hacia la frontera de los Estados Unidos gritando: “Venezuela ahí voy” 

 

El confortable paso de Rafael Correa por Canaima
El expresidente ecuatoriano, que tiene un proceso judicial abierto en su país, hizo turismo y cantó el tema Venezuela rodeado de las lagunas de un Patrimonio de la Humanidad. 

@gchenriquez1

A principios del mes de agosto, la Corte Nacional de Ecuador dictó una segunda orden de prisión preventiva y pidió que se oficie una nueva solicitud de búsqueda y captura ante la Interpol de Rafael Correa. A finales del mismo mes, el expresidente ecuatoriano disfrutaba de las atracciones turísticas del Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar, al sur de Venezuela.  

Correa llegó en un avión privado y se alojó por al menos una noche en la posada Waku Lodge, a orillas de la Laguna de Canaima, frente a los saltos de agua Ucaima, Golondrina, Wadaima y Hacha, todas escenas de un Parque Nacional que es Patrimonio de la Humanidad. Esto lo confirman varias fuentes de la zona que coincidieron con el expresidente ecuatoriano que es solicitado por la justicia de su país.

Correa se encontraba junto con cuatro personas civiles y con un quinto acompañante con vestimenta militar quien, según informantes del lugar, es un militar venezolano. También señalaron que todos trataron al expresidente y aliado de Nicolás Maduro con particular esmero y cuidado, y comentaron la posibilidad de que se hubiera alojado por más días en el Campamento Venetur Canaima, empresa mixta del Estado. Esta última versión no había podido ser confirmada al momento del cierre de esta nota. 

Personas de la comunidad indicaron que la visita de Correa coincidió con una repartición de equipos otorgados por el programa oficial Mi Casa Bien Equipada, presuntamente realizada por la esposa de un funcionario del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Esto se corroboró con imágenes que se hicieron públicas a través de la red social Twitter, en las cuales Correa y más de una decena de indígenas venezolanos posan con electrodomésticos Haier a sus espaldas. 

La ausencia de un personal particular de seguridad que lo acompañase lo hizo camuflajearse entre otros turistas que estuvieron en el Parque Nacional. El entusiasmo que otros viajeros manifiestan cuando visitan este Patrimonio de la Humanidad fue el mismo en Correa: algunos lo escucharon cantando  la famosa canción Venezuela, de los españoles Pablo Herrero Ibarz y José Luis Armenteros Sánchez, que habla de desiertos, nieves y dudoso volcanes. 

Solicitado por la justicia de Ecuador

Rafael Correa terminó su periodo en la presidencia de Ecuador el 24 de mayo de 2017, tras diez años ininterrumpidos de gobierno. Llegó al poder el 15 de enero de 2007 y, en la actualidad, es el jefe de gobierno que más tiempo ha durado en el cargo de su país de forma contínua. 

Justo al salir de la presidencia, en septiembre de 2017, se radicó en Bruselas, Bélgica, ciudad de donde es oriunda su esposa Anne Malherbe. Diez meses después, en julio de 2018, la Corte Nacional de Ecuador dictó orden de prisión preventiva en su contra por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita y secuestro del asambleísta opositor Fernando Balda en 2012. El expresidente se negó a regresar a su país para presentarse ante la justicia. 

La jueza encargada del caso, Daniella Camacho, también solicitó la detención internacional a Interpol. El organismo la rechazó en diciembre de 2018 tras considerarla “incompatible con el respeto de los Derechos Humanos”. Este caso, que está en fase de juicio, quedó suspendido por la ausencia del exmandatario en su país. 

Un año más tarde, el 8 de agosto de 2019, la misma jueza dictó una nueva orden de prisión preventiva para Correa y cuatro exfuncionarios de su gobierno. En esta oportunidad, por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias, enmarcados en el caso conocido como “Sobornos 2012-2016”. Al igual que otros mandatarios de la región, se trata de un caso en el que señala a Correa como líder de una “organización criminal” que recibía sobornos de empresas, incluida la barasilera Odebrecht, a cambio de contratos públicos.

Aunque no hay orden de captura de Interpol, el artículo IX del Acuerdo sobre Extradición, suscrito por las Repúblicas del Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela, establece que “se efectuará la detención provisional del prófugo, si se produce por la vía diplomática un mandato de detención mandado por el Tribunal competente. Igualmente se verificará la detención provisional si media un aviso transmitido aun por telégrafo por la vía diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado requerido de que existe un mandato de detención”.

En consecuencia, el Estado venezolano no está obligado a colaborar con la justicia ecuatoriana, a menos de que la misma haya realizado una solicitud de extradición de Correa a su territorio. Además, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, reconoce a Juan Guaidó en su interinato y no a Nicolás Maduro. Los vínculos diplomáticos entre ambos países, otrora aliados en tiempos de Hugo Chávez, están rotos.

De paseo por Venezuela

Sin temor a ser detenido en Venezuela, Correa se alojó en una de las posadas más tradicionales, confortables y reconocidas de Canaima. Waku Lodge cuenta con 19 habitaciones y una suite, todas con comodidades como aire acondicionado, agua caliente, y un un porche con hamaca y poltronas. 

Para el 30 de junio del 2019, los planes de estadía de tres días y dos noches oscilaban entre los $520 y los $655 por persona; mientras que el plan de cuatro días y tres noches rondaba los $775 y $785 por persona. Waku Lodge es un sitio de alojo exclusivo, operado por  Canaima Tours, una empresa con más de 40 años en la zona. 

Pero lo que parece un edén para quienes visitan Canaima, es un lugar completamente distinto para quienes residen en la zona. Bienes básicos como el combustible y las toallas sanitarias son comercializados en divisas a precios difíciles de pagar. Un tanque de combustible para avión puede costar entre USD 5 y 6 el litro, mientras que el precio en el mercado estadounidense -según GlobalPetrolPrices.com es de USD 0,79; un paquete regular de toallas sanitarias cuesta unos 50 dólares, cuando en Caracas oscila el precio entre medio dólar y un dólar. 

El turismo, principal fuente de ingreso de la zona, dio en 2018 un aporte de USD 6.392 millones al Producto Interno Bruto de Venezuela, lo que representa una caída del 34,4%, en comparación con el año 2017 y de 81% en comparación con el año 2013, que fue el período de mayor contribución. Esto según una información publicada en abril de 2019 en un informe de Ecoanalítica. 

En este destino turístico venezolano, tan paradisíaco para unos pero tan enrevesado para otros, es el lugar en donde Rafael Correa cantó y disfrutó mientras la justicia de su país lo solicita.