Luisana Solano, autor en Runrun

Luisana Solano

Personas se aglomeran en el río Guaire para recolectar agua #11Mar

LA MAÑANA DE ESTE LUNES decenas de personas se encontraban aglomeradas en el río Guaire, a la altura de Puente Hierro en Caracas, para recolectar agua.

A través de las redes sociales circularon varios videos donde se veía la gente con tobos y envases plásticos tratando de recoger agua, esto debido a que la crisis energética que lleva más de 80 horas en algunas zonas de Caracas y hace que el suministro del líquido a través de las empresas como Hidrocapital sea imposible.

El agua que proviene de quebradas y que convergen al Guiare no son aguas negras, pero tampoco son potables, según explica una nota del Diario TalCual.

 

De cómo Juan Guaidó ha ido asumiendo la presidencia interina

A Juan Guaidó , presidente encargado de Venezuela, le está saliendo bien el plan. Desde que se juramentó como presidente de la Asamblea Nacional, pasando por el momento en el que asumió las competencias del Ejecutivo, este inesperado líder de la oposición venezolana ha mantenido una ruta clara de tres puntos: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Sin embargo, para el ejercicio efectivo como presidente interino, ha ido tomando medidas, tanto nacional como internacionalmente, que lo ponen cada vez más cerca de su objetivo y el de la oposición, de aumentar la presión sobre Nicolás Maduro y el oficialismo para así lograr un traspaso de poder de manera pacífica.

 

Este es su checklist:

 

8 placebos para el mal de la hiperinflación

287.623%. ESA ES LA INFLACIÓN ACUMULADA ENTRE ENERO A OCTUBRE. de 2018, según la Asamblea Nacional. El organismo también señala que la inflación diaria de octubre fue de 3%. Estos son los únicos datos macroenómicos oficiales con los que cuenta Venezuela desde que, en diciembre de 2015, el Banco Central de Venezuela (BCV) decidiera dejar de publicarlo. Sin embargo, los entendidos en la materia concuerdan en una fecha: noviembre de 2017. Ese mes la inflación llegó al umbral de 50% y Venezuela se convirtió en el el segundo país que en pleno siglo XXI vive con hiperinflación.

Desde ese entonces, el presidente Nicolás Maduro y su gabinete han anunciado medidas que, abiertamente o no, buscan controlar esta situación. Desde una nueva criptomoneda, hasta la segunda reconversión del bolívar en 10 años. En Runrun.es hicimos un recuento de las acciones anunciadas o realizadas por el gobierno durante este año y analizamos junto a dos economistas, Luis Oliveros y Henkel García, por qué no funcionaron y en qué fallaron.

 

Resolución 27: El nuevo enemigo de la educación privada

Foto: EFE

 

Colegios privados deberán entregar a la SUNDDE información completa de los alumnos
La posibilidad de decidir sobre la matrícula, el salario de los maestros y la información que tienen que dar al gobierno, son algunos de los elementos de la resolución 27 del ministerio de Educación
La publicación coincide con el regreso de Aristóbulo Istúriz al ministerio de Educación

 

@LuisiSolano

TRES «CONSIDERANDO», CINCO PÁGINAS  y siete artículos. Así está conformada la nueva normativa que contiene el acuerdo entre asociaciones de educación privada y el gobierno de Nicolás Maduro para calcular la matrícula escolar: la resolución 27.

La resolución 27 fue firmada el pasado 3 de octubre. Por el gobierno, estuvieron presentes el ministro para la Educación, Aristóbulo Istúriz -reenganchado después de 11 años y varios cargos públicos- y la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Por las escuelas privadas los representantes de cuatro cámaras que agrupan unas 5.000 instituciones de todo el país: la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), la Asociación de Promoción de la Educación Popular (APEP), la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Andiep) y la Cámara Venezolana de la Educación Privada (Cavep).

Esta resolución, que fue publicada el jueves 15 de octubre, poco más de un mes después del inicio del año escolar 2018-2019, preocupa a los padres y representantes de las escuelas privadas y a la comunidad educativa por varios motivos. Entre otras cosas, les quitaría la posibilidad de decidir directamente sobre el pago del colegio de sus hijos, además de presentar otras trancas que entorpecen el funcionamientos de las instituciones educativas.

Citando el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica implementado por el gobierno desde agosto, la resolución introduce una nueva fórmula para el cálculo de la matrícula, en la que por un lado están los materiales, insumos educativos y costos indirectos; y por otro los gastos de personal docente, obrero y administrativo.

Estos elementos de costos ahora se deben sumar por separado y dividirse entre el número de estudiantes del colegio. En el caso de los gastos de personal, a la nómina mensual de cada plantel se le restará el subsidio que otorga el Estado por los tres meses establecidos. Estos dos resultados se sumarán y el total será lo correspondiente a la matrícula.

Según explicó el ministro Istúriz, los montos que resulten de la aplicación de dicha fórmula deberán ser acordados en asambleas de padres y representantes. El ministro de Comercio Nacional, Willian Contreras, también aseguró que “es una negociación, no imposición de precios, tratamos de no romper con los criterios de la resolución 114, agregando unos lineamientos para que los padres defiendan los derechos de sus hijos”.

Sin embargo, en el artículo 4, punto 4.1, de esta nueva resolución sólo estipula que el plantel debe “declarar” los costos de la nómina del personal docente, administrativo, obrero y directivo ante los padres y representantes. No menciona en ningún momento que la matrícula debe ser decidida y aprobada en Asamblea de Padres y Representantes, como sí está estipulado en la resolución 114, vigente desde julio del 2014.

La resolución 114, diseñada cuando cuando Héctor Rodríguez era ministro de Educación, establece que para fijar el valor de las mensualidades, la directiva de cada colegio debe presentar ante la Asamblea Escolar la estructura de costos y gastos del presupuesto del año escolar siguiente para que pueda, luego de haber realizado un estudio económico, autorizar el monto a cobrar.

Para lidiar con estas diferencias, algunos colegios han decidido apegarse a ambas normativas. Es el caso de uno de los colegios más reconocidos de Caracas, ubicados hacia el este de la ciudad. A pesar de haber planificado y aprobado todo lo correspondiente a este año escolar en julio, realizó otra reunión de padres y representes a mediados de octubre para presentar – y posteriormente aprobar con un quórum de 80% y una aprobación de 99% – el presupuesto y la mensualidad resultante de la nueva fórmula estipulada por el ministerio.

 

Más restricciones

Sin embargo, esta posibilidad – o no – de que los padres elijan sobre el presupuesto del colegios de sus hijos, es solo una de las preocupaciones que genera la resolución 27. Tulio Ramírez, presidente de la Asamblea de Educación y director de doctorado en la educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), y Lila Vega, miembro de la Red de Madres, Padres y Representantes, coinciden en varias.

La primera es toda la información que pide el estado, tanto del personal como de sus alumnos, a través de esta resolución. En el artículo 1 obligan al personal de la institución a inscribirse en el sistema Patria para poder recibir el subsidio del Estado que no está estipulado en la fórmula original. Mientras que el artículo 4, punto 4.2, solicita al plantel presentar ante Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) una lista completa y detallada de los alumnos y el personal.

El punto 4.2 dice: “Deberán declarar antes lo padres, madres y representantes y la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) la cantidad de alumnos (matrícula escolar) y la cantidad de personal docente, administrativo, obrero y directivo que posee el plantel educativo y presentar una lista detallada del personal y estudiantes”.

Ramírez asegura que se trataría de una táctica de “chantaje y control político” al referirse al registro en la base de datos gubernamental pues “eso supondría que le den el carnet de la patria a una persona que quizá no tenía pensado sacárselo”.

«No nos pidan a nosotros que violemos el derecho a la privacidad de nuestra familias pidiendo que mandemos esa información a un órgano que no tiene que ver con eso», señala Vega, al tratar el tema de la Sundde, agregando que representaría una carga más para la institución.

Otro punto que también resaltan los representantes de la Asamblea de Educación y la Red de Madres, Padres y Representantes, es la desmejora salarial del personal de la institución educativa al señalar, en su artículo 5, que en “ningún caso excederá el tabulador aplicable por el Ministerio del Poder Popular para la Educación”.

Ramírez asegura que tras la reconversión monetaria, las tablas que maneja el Ministerio ya traen una reducción del salario pues recientemente pasó ser de Bs. 3.200 a aproximadamente a Bs. 2.500, una disminución del 22%.

A principios de septiembre el Ministro de Comunicación Jorge Rodríguez presentó la tabla salarial para los empleados de la administración pública nacional. Aunque para la fecha no se a oficializado, en ese momento se reportó que el personal administrativo bachiller percibirá un máximo de Bs. 2.160. Apenas Bs. 360 bolívares más que el salario mínimo (Bs.1.800).

Vega asegura que esta situación podría poner en peligro la estabilidad del personal en la institución, que en algunos casos lograba mejorar los sueldos estipulados por el ministerio y presentar otros beneficios para así garantizar su permanencia.

La otra preocupación también está relacionada con limitaciones presupuestarias, pues en el artículo 4, puntos 4.7 y 5, establece que los costos directos e indirectos no relacionados con el personal no pueden exceder 30% del costo total del servicio y que los gastos de personal no pueden exceder 70% de la estructura de costos.

Al respecto, Ramírez asegura que la resolución no toma en cuenta el ritmo de la hiperinflación, que se ubicaría en 233,3% solo en septiembre, según la Asamblea Nacional. Además de perjudicar a los colegios más pequeños, pues según la fórmula, que no considera viable , recaería una mayor responsabilidad de pago por alumno. “Los gastos aumentan, los alumnos no”.

Expone que en esta nueva fórmula, también quedan por fuera otro tipo de actividades académicas importantes para la educación que cada institución desee brindarle a sus alumnos, y que van más allá de una reparación o el pago de un servicio, como lo puede ser la planificación de un viaje de campo.

Más allá del texto, Ramírez y Vega indican que, y a pesar de lo que dice el gobierno, a la hora de firmar la resolución faltaba una de las patas de la mesa: la de los padres, representantes y responsables de los estudiantes. Las asociaciones y cámaras presentes el 3 de octubre solo encarnaba a los dueños de los colegios.

La Red de Madres, Padres y Representantes está inscrito en el Ministerio de Educación para ser consultado por este tipo de asuntos.

Cabe destacar que esta resolución es obligatoria y en su artículo 7 establece que su incumplimiento será sancionado según la Ley de Precios Acordados, la Ley de Precios Justos y la Ley de Educación.

 

No es la primera vez

Esta no sería la primera vez que el gobierno ha buscado influir en el sistema educativo privado de alguna manera.

La resolución 27 es publicada poco más de un mes – 4 de septiembre – de que Aristóbulo Istúriz regresara al Ministerio de Educación en sustitución de Elías Jaua, quien se desempeñaba como titular del despacho desde enero de 2017.

Durante estos 19 años años de chavismo, han pasado 10 gestiones distintas por el despacho del Ministerio de Educación, dirigidas por 8 ministros distintos. Solo han repetido Héctor Navarro e Istúriz, quien ha sido el que más ha durado en el cargo.

Uno de los primero episodios que recuerda Vega ocurrió en 2005, cuando Istúriz anunció que sería el gobierno quien decidiría las matrículas de todos los colegios. Tal fue la reacción de los padres y representantes, agrega, que para el siguiente año escolar Istúriz anunció que serían ellos quienes decidiera sobre el colegio de sus hijos, pero el Estado colocaría un techo máximo, que no podían exceder.

«Nos restituyó nuestro derecho de elegir en asamblea. Un derecho encorsetado, pero nosotros decidíamos”, afirma Vega.

Otro episodio ocurrió con la resolución 058, publicada en 2012, pero no fue hasta 2014, cuando en se realizó una consulta educativa nacional y la mayoría de los instituciones empezaron a ponerla en práctica, que apareció en el debate público. Esta resolución crea los consejos educativos, quienes, en la práctica, adquirían el poder de decisión que poseían las sociedades de padres y representantes, similar a la sustitución de las asociaciones de vecinos por los consejos comunales.

También destaca precisamente la resolución 114, en el año 2014, que establece la fijación de una estructura de costos similar a la resolución 27, pero le da el ministerio la atribución de decidir cualquier monto cuando la Asamblea Escolar Extraordinaria no pudiese constituirse por falta de quórum o que ésta no haya logrado un acuerdo para fijar dichos montos.

Ramírez señala que más allá de la coincidencia del regreso de Istúriz al ministerio y la aparición de esta resolución, estas diez gestiones se han encargado de entorpecer la educación privada, cada uno con un ángulo distinto, pero todo bajo cinco ejes de acción: el proyecto educativo, ideologización, control de los docentes, control de los estudiantes y la escuela como punta de lanza de la revolución.

“La resolución (27) forma parte de una política que ha venido sosteniendo el gobierno a través del ministerio para hacer inviable la gestión privada en educación en este país”, sentencia el presidente de la Asamblea de Educación.

Se muestra esperanzado al señalar que ha sido la resistencia civil la que ha impedido “ese intento de imponer esa política en materia educativa” y sea a través de la misma la que impida la implementación.

#Hambrómetro | Cajas clap aumentan casi 40.000%
El aumento, que estaba programado para el 1 de septiembre, fue pospuesto para octubre

«No trae ni azucar ni leche ni grano, y quieren cobrar en efectivo», es la queja de un usurio en Twitter. Y no es el único. Medios de comunicación independientes han reportado protestas en el municipio Libertador y en los estados Vargas y Guárico; solo en los últimos tres días. ¿La razón? El aumento de las cajas de comida que comercializan los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Las CLAP aumentaron 59.900 % luego de la reconversión monetaria. Así, pasaron de costar 0,25 bolívares soberanos (25.000 bolívares fuertes) a valer 100 (Bs.F 10.000.000).

La noticia se difundió, sin mucho ruido, el 28 de agosto. Uno de los primeros en dar a conocer el incremento fue el director de Soberanía Agroalimentaria del municipio Independencia de los Valles del Tuy, Alexander Hidalgo, según reportes de El Pitazo. Le siguió el responsable estadal de la mesa de alimentación y de los CLAP en Nueva Esparta, Kendy Graterol, de acuerdo con una nota de prensapublicada por el equipo del jefe político (del oficialismo) de la entidad y ministro para la Agricultura y Pesca, Dante Rivas. Y finalmente anunciado por el jefe nacional de los Clap, Freddy Bernal, a través de su cuenta de Twitter.

Todos estos funcionarios aseguran que el precio de la caja, con sus 16 productos regulados, oscilaría entre Bs.S 1.000 (Bs.F 100.000.000) y Bs.S 1.500 (Bs.F 150.000.000), cifras que demuestra que el gobierno subsidia entre 85% y 90% del contenido.

El aumento estaba pensado para ser de Bs.S 150 (Bs.F 15.000.000), casi 60.000%, y comenzar el sábado 1 de septiembre, según todas las declaraciones de los funcionarios.

Sin embargo, dos días después de los anuncios, comenzaron a cambiar las ordenes. Se supo que fue pospuesto por un mes y se hará efectivo para el 1 de octubre. Dante Rivas explicó en su cuenta de Twitter que la medida se tomó para que el “pueblo pueda adecuarse al cono monetario y al nuevo salario…”

“Escuchamos sus inquietudes y la propuesta fue elevada a las autoridades de Seguridad Alimentaria y decidimos postergar la fecha para garantizarles a todos la tranquilidad que merecen”, aseguró el funcionario.La misma explicación se habría dado en los Valles del Tuy y Cúa, según reportes de El Pitazo.

El jueves 6 de septiembre Bernal y la cuenta oficial de los Comité oficializaron el nuevo precio y la fecha estipulada. “Se informa a los estados mayores de los CLAP que por instrucciones del vicepresidente económico Tareck El Aissami la caja CLAP tendrá un valor de 100 bolívares soberanos, los cuales serán cobrados a partir del 1 de octubre”.

 

 

No sería la primera vez en el año que aumentan las cajas de comida ofrecidas por el gobierno. A principios de enero, fue el Ministerio de Alimentación quien informó de un aumento de 150 %. El combo pasó de Bs.S 0,10 (Bs.F 10.000) a 0,25 (Bs.F 25.000).

Todo va enmarcado el décimo mes de hiperinflación. Según la firma Econométrica, solo en julio la inflación se ubicó en 126 %, mientras que el Fondo Monetario Internacional proyectó la anualizada en 1.000.000 %.

No todos son iguales

A pesar de los precios establecidos y los parámetros estipulados por el gobierno para este programa social, no a todos les llega la bolsa o la caja Clap con los mismos productos ni por el mismo valor.

Un caso particular es el de los empleados públicos. Un jubilado del Banco Central de Venezuela, que prefirió mantener anónima su identidad, aseguró a Runrun.es que la caja de comida que venden en la entidad es la más cara de la administración pública.  

Afirmó que desde el banco le anunciaron que el siguiente combo llegará con 21 productos a Bs.S 106 (Bs.F 10.600.000). La caja cuenta con: 1 lata de sardina, 2 kilos de arroz, 3 litros de aceite, 2 latas de atún, 1 kilo de caraotas, 1 kilo de lentejas, 1 kilo de frijol, 2 kilos de harina de trigo, 6 kilos de harina de maíz y 2 kilos de pasta.

Los encargados de la venta justifican el precio de la caja al señalar que no está compuesta por “productos de Mercal”. Sin embargo, ni el contenido ni el precio se mantienen inalterables. La persona jubilada ya ha pagado hasta Bs.S 140 (Bs.F 14.000.000) y los únicos productos recurrentes son las harinas, de maíz y de trigo, el arroz y la pasta.

Los habitantes de las zonas más populares también sufren los vaivenes de la caja. Una de ellas es Jenny Amaya, quien trabaja como personal de limpieza en casas particulares y reside en Petare.

En su última bolsa de comida le llegaron 3 kilos de pastas, 3 kilos de arroz, 4 kilos de harina de maíz, 1 litro de aceite y 1 kilo de azúcar. Por todo eso pagó Bs.S 0.55 (Bs.F 55.000), más Bs.F 0.4 (Bs.F 4.000) por la logística. Todo en efectivo.

“Todos los meses nos suben 5 bolívares (Bs.S 0.05)”, asegura, y recuerda que a principio de 2018 también traía leche, atún, más aceite y azúcar. “La bolsa tarda hasta un mes sin llegar”, comenta Amaya, quien comparte la comida con una de sus hijas.

Por una condición de salud, el diputado Requesens debe alimentarse cada tres horas y tomar sol
Después de una cirugía bariátrica, el parlamentario debe tomar vitaminas y seguir una dieta especial. De no ser así, su estado físico podría verse gravemente comprometido
El último familiar en verlo fue su hermana Rafaela. A sus abogados se les niega en el Sebin la visita los días que les corresponde

 

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Además del encierro, la falta de comunicación y las irregularidades del proceso; la familia del parlamentario por el estado Táchira Juan Requesens deben preocuparse por un factor más después de su detención el pasado 7 de agosto: que se alimente correctamente.

Requesens es el primer diputado principal de la actual Asamblea Nacional tras las rejas. Después de especulaciones y acusaciones de funcionarios del gobierno, incluso del propio presidente Nicolás Maduro, se hace público el por qué: fue señalado como “cómplice necesario” en el atentado fallido contra el mandatario el 4 de agosto por supuestamente haber facilitado la entrada al país al acusado de organizar el acto, Juan Monasterio, por solicitud del también diputado Julio Borges.

Una semana después de su detención, el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, informó que al diputado se le acusaba de: traición a la patria, homicidio calificado en grado de frustración, homicidio calificado por motivo innoble, terrorismo, asociación para delinquir, instigación pública continuada y posesión ilícita de armas y municiones.

Horas después la jueza Carol Padilla decide que será imputado por esos mismo siete delitos.

Juan Guillermo Requesens, padre del parlamentario y médico cirujano, le explica a Runrun.es que sin duda una de sus principales preocupaciones después de 31 días detenido es la salud de su hijo.

El diputado se sometió a una cirugía bariátrica en agosto de 2015, antes de las elecciones de la Asamblea Nacional, porque sufría de un síndrome metabólico que le afectaba la tensión arterial, la tiroides, los niveles de insulina y le ocasionaba problemas respiratorios.

Explica el doctor que este tipo de pacientes debido a que con la operación su estómago es reducido, tienen un horario de comida estricto, de cada dos o tres horas; además de necesitar un régimen de vitaminas, entre ellas una inyección de B12 mensual, y una buena hidratación.

Una bolsa para el Sebin

Al diputado lo detiene un martes, pero es dos días después, el jueves, cuando permiten la entrada de la comida suministrada por sus familiares. Desde ese momento, ha sido su madre, Paula Martínez, la encargada de llegar todas las mañanas a la puerta de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Helicoide con una bolsa en la que tiene lista todas sus comidas.

Aún así, casi todos los días Martínez tiene que esperar hasta entrada la tarde, la 1:00 p.m aproximadamente, para que le acepten la bolsa con los alimentos que le preparó a su hijo, lo que de por sí representa una alteración en el régimen alimenticio que llevaba el diputado. “¿Cómo le está llegando? No lo sé. Eso lo sabremos después. Ese es el problema que hay con esto”, señala el doctor Requesens.

“Estaba comiendo todo el día. En pocas porciones pero siempre se estaba alimentando”, recuerda Rafaela Requenes, hermana del diputado y presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela.

Rafaela también relata que su hermano siempre fue delicado con la alimentación. Pero después de la operación, cuidaba mucho más lo que tenía que comer y, además de tomarse los medicamentos necesarios, empezó hacer más ejercicio, entre ellos correr.

En la bolsa que preparan con la alimentación del diputado, explica Rafaela, van sus tres comidas, que puede ser por ejemplo un enrollado con vegetales y cualquiera de las proteínas, y sus meriendas, que van desde barras energéticas, hasta dulces o cotufas.

Por su condición, el diputado también necesita al menos 20 minutos de exposición al sol para complementar la absorción de la vitamina D, de lo contrario, a largo plazo pudiese desarrollar problemas como osteoporosis.

El doctor Requesens expone que su hijo debe realizarse chequeos médicos, para medir todos sus niveles, al menos una vez al mes. “De no llevar a cabo su rutina, corre el riesgo de su deterioro físico, electrolítico, nutricional, y puede conllevar al deterioro final hasta la muerte”, señala el padre del diputado.

“Hubo mucha confusión, incluso entre ellos”

De la noche del 7 de agosto, Rafaela recuerda que pasadas las 8:00 p.m, Juan la acompañaba a la puerta del edificio, ubicado en la Urbanización Terrazas del Club Hípico, al Sureste de Caracas, cuando se encontraron con un grupo grande de funcionarios del Sebin, encapuchados y con armas largas. Ellos entran al edificio, pero los persiguen, se genera un forcejeo entre su hermano y los funcionarios, y ambos son detenidos.

En redes sociales circuló esa misma noche un vídeo de la cámara de seguridad del edificio donde en el que los hermanos se ven saliendo apurados del ascensor y posteriormente regresan perseguidos por al menos seis oficiales del Sebin. Se observa como Juan es golpeado y la cámara es volteada hacia un punto muerto.

Los funcionarios los trasladan en carros distintos hasta la sede de El Helicoide, donde son reseñados. “Durante todo ese tiempo nunca pude hablar con Juan, solo intercambiamos miradas (…) Nunca hubo una explicación. Nunca hubo una orden. Hubo muchísimas amenazas”, señala Rafaela.

Les revisan sus celulares y el resto de sus pertenencia para luego notificarle que ella sería liberada. “Me dicen: ya tú te vas; Juan, tu hermano, se queda”, señala la líder estudiantil y agrega: “tampoco me dijeron por qué a mí me liberaban y por qué Juan se quedaba. Por qué estaba sucediendo eso. Hubo mucha confusión incluso entre ellos.”

Rafaela sale de El Helicoide a las 11:00 p.m, poco más de tres horas después de su detención, no sin antes ser amenazada de que si “hablaba de más” volverían por ella. Los funcionarios la dejan en la puerta de su edificio y hacen que el vigilante de guardia firme un papel en el que constaba que la habían dejado en su apartamento en buen estado.

“Tuve la oportunidad de despedirme de él, de abrazarlo. Más allá del terror que yo tenía por estar ahí, me dijo que tuviera mucha fuerza, que me amaba, y que le mandaba mucho besos a sus bebés”.  

Sin saber de él

Ya han pasado 31 días desde que el último familiar, su hermana, pudo ver al parlamentario y constatar su estado físico. Desde este entonces, han sido publicados dos videos y solo han podido hablar directamente con él en una llamada telefónica.

En el primer video, presentado como prueba por el gobierno apenas tres días después de su detención, se ve al diputado declarando sobre los hechos de los que se le acusa. En el segundo, aparentemente filtrado por funcionarios del Sebin, se observa al parlamentario en ropa interior y en condiciones degradantes.

Sobre la llamada, su padre asegura que: “fue extraña, con una voz extraña. Era él, obviamente, simplemente que esa era una llamada inducida por esta gente y estaba siendo grabada. Le expliqué que estábamos bien, que tuviese fortaleza y que estaba pendiente de sus niños”.

Los únicos que han podido verlos después de su detención han sido sus abogados defensores, Joel García, Charity Flores y Alejandra Tosta. Fue durante la audiencia de presentación, el lunes 13 y martes 14 de agosto.

Sin embargo, desde que se le acusara formalmente, se ordena su privativa de libertad y regresa al Sebin, a los abogados no se les le ha permitido la visita correspondiente los días establecidos para ellos, que son los lunes y jueves. Tampoco han tenido acceso al expediente del caso.

Requesens, de 29 años de edad, fue electo diputado por el estado Táchira en las parlamentarias del 7 de diciembre de 2015 como militante de Primero Justicia. Comenzó su carrera política como dirigente estudiantil y llegó a ocupar el cargo en el que actualmente está su hermana, presidente de la FCU-UCV.

Junto a otros compañeros parlamentarios como José Manuel Olivares, Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Freddy Guevara y Juan Andrés Mejías, ganaron visibilidad en las protestas del Movimiento Estudiantil de 2007 en contra del cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV).

Además, fue una de las caras más visibles de la Asamblea Nacional durante las protestas que se desarrollaron en el país por más de tres meses en 2017. Tanto, que en más de una ocasión terminó en el hospital con puntos en la cara.

De acuerdo a un análisis realizado por Runrun.es, al menos cinco artículos de la Constitución, el Código Penal y la Ley contra Tortura han sido violados en la detención de Requesens.

Entre ellos está el artículo 200 de la Constitución, que establece:“Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo…” Y, en caso de delito flagrante, -el que se detecta en el mismo momento de cometerlo- “la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”.

En el caso de Requesens, fue el TSJ el que primero declaró procedente enjuiciarlo y luego la asamblea nacional constituyente decidió allanar su inmunidad parlamentaria.

Si bien Requesens es el primer diputado principal de este parlamento detenido, ya suman diez entre parlamentarios de oposición y suplentes, que han sido desincorporados de sus funciones por persecución política o inhabilitación.

“Yo quiero ver a mi hijo”, pide Requesens. Además, como padre y médico, solicita constatar su estado de salud, que se le realice una evaluación médica con los especialistas que la familia considere, que se le permita la asistencia legal y, en última instancia, su libertad plena y la de todos los detenidos por pensar distinto.

Rafaela señala que este último mes ha sido duro y les preocupa la salud de su hermano. Sin embargo, se mantienen fuerte por sus dos sobrinos, Sabina de dos años y Adriano que pronto cumplirá un año. “Se ha hecho difícil explicarle a ella que él no está, que está trabajando o de viaje, y por eso no lo puede ver”, señala la hermana del diputado

A finales de la semana pasada, los familiares del diputado solicitaron ante la Cruz Roja Internacional una mediación humanitaria para que se le realice un estudio médico y se solicite el ingreso de medicamentos y alimentos adecuados.

Un grupo de parlamentarios y dirigentes políticos, introdujo este martes un documento ante la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público en Caracas para solicitar su liberación inmediata.

La detención del parlamentario ha generado el llamado de atención de varios países, entre ellos los 14 miembros del Grupo de Lima, la Unión Europea y Estados Unidos; además de pronunciamientos de organizaciones como Human Rights Watch y más recientemente, del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. 

En su más reciente mensaje sobre el caso, el secretario general de la OEA sentenció que: “Definitivamente exigimos la libertad de Requesens. Definitivamente Requesens tiene que estar libre. Definitivamente no es este el camino del atropello a los derechos el camino hacia la libertad de Venezuela”,

#Hambrómetro | ACNUR: El hambre es el principal motivo para emigrar de los venezolanos
Según datos de la organización, 1.3 millones de venezolanos sufren de malnutrición

“El éxodo de venezolanos es uno de los movimientos de población masivos más grandes de América Latina en la historia”. Esa afirmación la hace la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados la misma semana en la que revela que esa emigración se debe, principalmente, al hambre que sufren los habitantes del país.

Stéphane Dujarric, portavoz de la ONU, explicó en una rueda de prensa el pasado 14 de agosto que, hasta junio de este año, unos 2. 3 millones de venezolanos habían abandonado la nación y se trasladaban, sobre todo, a países vecinos. La mayoría de los migrantes, explicó, citaba la falta de comida como motivo esencial para migrar, además de la escasez de medicina y suministros médicos.

La situación, afirmó Dujarric, ocurre en un país donde 1.3 millones de habitantes sufre de malnutrición. De acuerdo con datos de una firma privada de análisis económico citada por el Hambrómetro, esto también sucede en el mismo lugar donde el costo de la canasta básica el pasado julio llegó a Bs. 131.003.683, lo que equivale a 25 salarios mínimos (que hoy está en Bs. 5.196.000 si se le suma el bono de alimentación). La escasez de alimentos y bebidas se ubicó en 76,1%, mientras que la de productos de primera necesidad está en 75,6 %.

La situación es tal que, debido al movimiento de venezolanos, países como Ecuador han declarado estado de emergencia en varios estados, especialmente los fronterizos, a fin de poder dirigir más recursos a las zonas más afectadas por el fenómeno.

Según registros de ACNUR, desde comienzos de 2018, 547.000 venezolanos han ingresado a Ecuador a través de la frontera colombiana, un promedio diario de entre 2.700 y 3.000. Sin embargo, la afluencia está aumentando y, en la primera semana de agosto, ingresaron al país cerca de 30.000 venezolanos, más de 4.000 por día.

La ONU y sus socios humanitarios advierten, además, que los emigrantes venezolanos que han escapado del país necesita asistencia con su estatus legal, documentación, acogida, acceso a la sanidad y otros servicios básicos.

Luisana Solano Ago 15, 2018 | Actualizado hace 5 años
Venezuela: laboratorio de criptomonedas
Ya otros activos digitales, viendo el avance de Dash, están pensando en crear comunidad en el país

 

@LuisiSolano

8:30 AM DE UN SÁBADO Y AL COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA, en el Este de Caracas, van llegando personas en sus carros particulares o en autobuses dispuesto desde Chacaíto para el evento. En la entrada del teatro se forma una fila de al menos 50 asistentes. Otro grupo de 10, dispuestos en mesas pequeñas con laptos y teléfonos inteligentes, van recibiendo a los invitados: verifican la lista, recargan monederos virtuales (wallet) y ponen brazaletes. Uno tras otro. Antes de entrar hay tres mesas con comida y bebida para hacer tiempo a que inicie la conferencia. Por todos lados se lee “Dash: dinero digital”.

En un país que entra en su décimo mes de hiperinflación, en el medio de una postergada reconversión monetaria, con fuerte control cambiario y escasez de efectivo, lo menos que se creería -¿o no?- es que sus habitantes estén pensando en monedas virtuales (criptomonedas) o cadena de bloques (blockchain).  

En Venezuela habría que considerar un factor más: en diciembre de 2017  el gobierno abrió la conversación sobre la adopción de esta joven tecnología con el lanzamiento de su propio criptoactivo, el Petro, y la creación de una Superintendencia de la Criptomoneda y Actividades Conexas.

Sin embargo, para ese momento ya había un camino recorrido con, por ejemplo, páginas con cotización en tiempo real, como localbitcoin.com, o páginas para el cambio e intercambio de las criptomonedas, como cryptobuyer.io. Incluso ya había criptomonedas con representantes y proyectos de largo plazo en el país, como es el caso de Dash y su ciclo de conferencias.

El profesor Aarón Olmos y Eugenia Alcalá

A las 10:00 am, con sala a medio llenar, sale la presentadora ofreciendo las palabras de bienvenida y arranca la charla. En esta oportunidad, la décima para este tipo de encuentros, el título era “¿Por qué un Dash vale lo que vale?”. La primera ponente en subir al escenario es una mujer joven de estatura promedio, cabello negro, de lentes, con pantalones de vestir azul oscuro -el color de los organizadores- camisa de colores claros y un blazer beige. Con voz calmada pero segura se presenta. Es Eugenia Alcalá, psicóloga de profesión y fundadora de Dash Caracas.

Alcalá es la responsable de crear la primera comunidad de esta criptomoneda en el país en septiembre de 2017, cuando iniciaron las conferencias. Cuenta que, como venezolana, se sentía frustrada al no poder aportar nada más. Empezó a investigar hasta que dio con una youtuber americana que terminó convirtiéndose en su inspiración, Amanda B. Johnson, y decidió presentar ante la tesorería de Dash la oportunidad de darla a conocer en el país.

Durante su presentación, Alcalá se centra en relatar su historia y presenta cifras del progreso del proyecto. A la fecha, explica, ya cuentan con 4 programas (comunidades, emprendedores, propuestas y empresas) y unas 23 comunidades. Además, al menos 11 mil personas se han registrado para recibir información sobre Dash y más de 530 comercios en todo el país aceptan esta moneda virtual como forma de pago, lo que convertiría a Venezuela en el país con más establecimientos en el mundo en manejar este activo digital como forma pago.

Todo eso se debe, asegura Eugenia, a que en Venezuela se da la tormenta perfecta para una criptomoneda del estilo de Dash, que puede ser utilizada para micropagos, y le permite al usuario sobrepasar las barreras económicas de un país en el que hubo más de 15 años con control de cambio.

Una ciudad dentro de la ciudad

Pasadas las 12:00 pm, llegó la hora de poner en práctica la teoría y usar los 0.0166 Dash, equivalentes a $ 3,47, que recargaron al principio de la jornada en la denominada “Ciudad Dash”. Este es un espacio ideado para que los interesados en esta nueva forma de pago prueben con emprendedores, comerciantes y organizaciones civiles que ya adoptaron la moneda digital. La experiencia fue acompañada por el almuerzo: hamburguesa o sushi; de postre, tortas o bombones temáticos. Y, para brindar, un vino hecho con moras de la Colonia Tovar.

 

Ciudad Dash

 

Reposteros, mayoristas y fundaciones

En esta oportunidad hay 8 organizaciones y más de 20 emprendimientos participando,  todos con el código de su monedero virtual a la vista y precios expresados en Dash. Uno de ellos era el de Yotibel Moreno, creadora de La Negra Reposteria, postres pensados en la cultura y tradición del país. Moreno recuerda que se enteró de Dash gracias a unos compañeros de una feria gastronómica y se inscribió para participar en las charlas. Ella no sólo inscribió su emprendimiento, si no a la organización donde trabaja, Fundación Habla, dedicada a la prevención y erradicación del abuso sexual infantil y adolescente.

En esta, su segunda conferencia, explica que si bien los montos no son particularmente grandes, aceptar criptomonedas como forma de pago para su repostería le ha servido para ahorrar y así poder sortear la hiperinflación. En la última feria gastronómica que participó, recibió unas 25 transacciones en cinco días. Con la fundación, las donaciones en criptomonedas los han ayudado a comprar ciertas cosas, como pendones, y les han servido de plataforma para darse a conocer.

“A mi me parece que es como cuando en los años 90 veíamos a la gente con los celulares grandotes”, asegura Moreno, haciendo referencia a la posibilidades y aceptación que se pudiesen tener las criptomonedas en el país en un futuro quizá no tan lejano.

Puesto de la Charcutería Virgen del Valle en Ciudad Dash

Como emprendedora, Moreno se pensaría que tiene el perfil indicado para probar y expandir esta nueva tendencia. Sin embargo, de acuerdo a la página de Dash Venezuela, ya están presentes en la industria de alimentos, automotriz, diseño, moda, turismo, tecnología, salud y bienestar e incluso ya llegó a espacios del día a día. Este es el caso de la Charcutería Virgen del Valle, ubicada en Puente Hierro, al oeste de la ciudad.

Jefferson Reyes afirma que también tienen su “cartel de Dash” en la puerta. Relata que fueron a la primera conferencia en septiembre de 2017 y después de varias charlas, se animaron en participar en “Ciudad Dash”. “Ha crecido tanto que personas mayores se acercan y pagan con Dash”, asegura.

Reyes afirma que ya tiene al menos cinco clientes que le escriben para pagar su pedido con Dash y los clientes de mayor edad lo llaman “la nueva moneda”. Por los 0.0160 Dash en la wallet, en esta nueva ciudad puedes comprar medio cartón de huevo, una bandeja de queso y otra de jamón.

También había nuevos en este experimento. Alexis De Sousa es dueño de la mayorista ARJ Electronic, ubicada en Vargas. De Sousa comenta que años atrás tenía una tienda de electrodomésticos de cuatro pisos que se vio en la necesidad de cerrar después del Dakazo.

Luego de un tiempo decidió volver a su profesión para venderle a otras tiendas y comenzó en la versión online. Escuchó de esta moneda virtual gracias a otro amigo comerciante y decidió probarla por ser una herramienta que lo ayuda a romper el cerco cambiario. Acaba de hacer su primera venta en Dash: un control remoto de Directv.

Una parte importante de toda esta experiencia es la participación de las organizaciones que se han capacitado para recibir donaciones en activos digitales, que según los registros de Dash, ya son más de 20.

Puesto de Unidad de Apoyo y Transmisiones Carlos Delgado Chalbaud en Ciudad Dash

 

Uno de los que han acompañado esta iniciativa desde el principio es la Unidad de Apoyo y Transmisiones Carlos Delgado Chalbaud, adscrito a Protección Civil y que ofrece apoyo a bomberos y paramédicos de autopista en materia de prevención y atención prehospitalaria.

Natalie Castellano, coordinadora de finanzas de la Unidad, explica que el servicio tiene

ocho años y con Dash están desde principios de 2018. Al ser un grupo de voluntarios, agrega, solo cuentan con recursos propios para poder equipar la Unidad, y aceptar donaciones en criptomonedas les he permitido repotenciar equipos de comunicación, obtener insumos para la atención prehospitalaria e incluso comprar uniformes.

Desde que empezaron con Dash, ya han recibido más de 100 donaciones y en esta oportunidad no solo están en la conferencia como organización civil, si no que prestan el apoyo en el área médica para la conferencia.

Un puerto para la innovación

Roger Rodríguez en Ciudad Dash

Después de conocer, comer, comprar y donar; los organizadores guardaron un espacio para quienes desearan, incluido medios de comunicación, tuvieran un cara a cara con los ponentes y otros representantes. Uno de los invitados fue Roger Rodríguez, líder de la comunidad de Dash en La Guaira.

Este joven licenciado en publicidad y su equipo han logrado que en menos de un año La Guaira se convirtiera en la comunidad más activa y con más comercios con esta nuevo forma de pago en el país, con alrededor de 25 establecimientos.

Asegura que cuando comenzó, no muchos a su alrededor conocían de los activos digitales y de la cadena de bloque, pero que poco a poco ha logrado que el varguense lo utilice como forma de pago en su día a día o manera de inversión o ahorro. “Yo salía a la calle y nadie hablaba de criptomonedas. Me tocó, en el caso particular, en la calle del hambre Caribe un chamo me dijo ‘¿tú eres el de las criptomonedas? necesito saber de criptomonedas, ayúdame'».

Continuará …

Desde la creación de la blockchain y el bitcoin en 2009, han surgido miles de criptomonedas. Y está claro que el ecosistema cripto seguirá creciendo aún más en el país. De acuerdo al blog de BitcoinVenezuela.com, además de esta primera criptomoneda, entre las monedas digitales más populares están: Ethereum, Litecoin y Monero.

Eugenia Alcalá explica que ya hay varias casas de estudio en Venezuela que tienen materias electivas en pregrado y postgrado, cursos o diplomados sobre criptomonedas y la cadena de bloques, como es el caso del IESA.

Igualmente revela que ya hay criptomonedas interesadas en realizar proyectos en el país y asegura que es muy interesante que otras personas se estén dando cuenta de que Venezuela tiene las condiciones para que sus ciudadanos las adopten como método de pago.

Alcalá y el profesor concuerdan en afirmar que incluso a nivel macroeconómicos, las criptomonedas están ayudando a Venezuela hoy y que no importa qué ocurra con la economía del país, los activos digitales ya llegaron y van a estar.

A pesar de todo esto, el verdadero impacto se nota cuando, saliendo de las fronteras de esta ciudad hecha a la medida, llena de entusiastas y expertos en el tema, caminas por la feria de centro comercial caraqueño para comprar una brownie y lees “Dash Accepted Here”.