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Sociedad civil internacional denuncia que «externalizar» la frontera de EE. UU. no frenará a migrantes
Más de 95 ONG opinan que los protocolos «obstaculizan el acceso a su derecho a solicitar Protección Internacional»

Créditos: TalCual

Ocho organizaciones no gubernamentales vinculadas a la Compañía de Jesús emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su inconformidad por la puesta en práctica de políticas de varios gobiernos latinoamericanos, de común acuerdo con Estados Unidos, que permiten al gobierno de Joe Biden que «externalice» sus fronteras en terceros países, lo que «deshumaniza» el derecho a migrar y obliga a quienes intentan llegar a EEUU a emprender travesías cada vez más peligrosas.

Dicen que «es esencial contar con la participación activa de la sociedad civil que atiende los flujos migratorios» y reivindican que «la vivencia del acompañamiento dignificante» que ofrecen las ONG firmantes les da base para formular sus observaciones. El texto cuenta con la adhesión de otras 95 instituciones sin fines de lucro, entre ellas una decena venezolanas.

Preven que «el probable aumento de personas expulsadas y deportadas» obligará a las ONG a tener mayor coordinación y más recursos.

El documento precisa que esperan que estas «alertas regionales» sirvan para «prevenir y revertir» los impactos de las políticas gubernamentales «restrictivas y securitistas que se han ido replicando en otras fronteras en el intento de contener la migración» sin ningún éxito porque » ninguna de estas medidas de control y contención logra su cometido» dado que las personas migran buscando protección.

Opinan que los acuerdos entre Estados Unidos, España, Canadá «priorizan la migración laboral, omitiendo las circunstancias de riesgo que viven las personas y obstaculizando el acceso a su derecho a solicitar Protección Internacional».

Aumenta la vulnerabilidad

«Las personas refugiadas, migrantes y desplazadas forzadas en las Américas están viviendo los impactos de políticas nacionales y acuerdos regionales, basados en las estrategias de gestión de las migraciones que, al intentar controlar la migración, la deshumanizanEstas decisiones están alejadas del enfoque de protección y garantía de Derechos Humanos que afectan también a las comunidades receptoras y de tránsito».

A los Estados y gobiernos, el documento advierte que «los acuerdos entre países aumentan la vulnerabilidad que viven las personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados; dentro de ellos, las mujeres, niñas y niños requieren un enfoque diferencial e interseccional de protección».

«El aumento de controles migratorios por parte de militares puede ocasionar mayores violaciones de Derechos Humanos, dado que no es el personal idóneo para gestionar la migración». «Realizar deportaciones y retornos forzados sin garantías utilizando la figura de corredores humanitarios, la desdibujan y pueden generar nuevos flujos migratorios.

«La práctica de Estados Unidos de externalizar su frontera —y su aceptación por parte de otros países— genera situaciones de vulneración de derechos y obliga a las personas a emplear rutas migratorias cada vez más peligrosas. Por ejemplo, los recientes acuerdos con Guatemala y Colombia para establecer Centros Regionales de Procesamiento estadounidenses en sus territorios constituyen en la práctica acuerdos de terceros países seguros y externalización de frontera».

«La expectativa que se crea con estos Centros puede implicar un efecto llamada que, junto con una baja capacidad institucional, genere escenarios de represamiento y confinamiento en estos países, convirtiéndolos en destinos forzados. Las condiciones de inseguridad y de violencia generalizada que persisten en estos países y en la región les impide ser un tercer país seguro».

El documento titulado «Alertas sobre la gestión migratoria y la protección en las Américas» hace un llamado a los Estados a:

adherirse y fortalecer los mecanismos multilaterales regionales para abordar estas realidades.

recuperar los altos estándares de la región y iii) proponer soluciones desde un enfoque de Derechos Humanos que garantice la Protección Internacional y el Derecho Internacional Humanitario.

En este sentido, la salvaguarda de los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia son esenciales para el cumplimiento del mandato de las agencias de las Naciones Unidas (ACNUR y OIM).

Puede ver más detalles del documento, proponentes y adherentes haciendo clic aquí.

Guaidó pide a comunidad internacional evitar normalizar relaciones con Gobierno de Maduro
Reiteró que regresará a Venezuela «cuando sea seguro para él y su familia» y descartó pedir asilo político en EE.UU.

Con información de EFE

El opositor venezolano Juan Guaidó pidió este domingo a la comunidad internacional evitar la normalización de las relaciones con Nicolás Maduro bajo el estatus de dirigente del poder ejecutivo de Venezuela y mantener la «presión», a través de todos los mecanismos de lucha posibles, para lograr «elecciones libres» en ese país.

«No podemos normalizar relaciones con la dictadura de Maduro. Si se quiere evitar la crisis migratoria o la cercanía de Maduro con (el presidente de Rusia, Vladímir) Putin, y otros agentes de desestabilización global, eso solo se puede hacer con democracia y progreso en Venezuela y la región», dijo el político venezolano en un video publicado en Twitter.

Guaidó, quien viajó a Miami el pasado 24 de abril, con la ayuda del Departamento de Estado de la nación norteamericana, tras denunciar que fue «obligado» a salir de Colombia por el Gobierno de Gustavo Petro, aseguró que en sus reuniones con distintos políticos de EE.UU.

Ha pedido a sus aliados «impulsar las elecciones libres y justas como solución al conflicto que atraviesa Venezuela, con especial énfasis en proteger a los que están en terreno, a la primaria».

Guaidó busca promover el debate

También insistió en la importancia de mantener la «presión internacional» y promover un acuerdo para la nación petrolera.

 «El debate no es entre elegir sanciones o la negociación, entre la movilización interna o el respaldo diplomático. Cambiemos ese ‘o’ por ‘y’. Primaria y unión, sanciones y negociación, movilización interna y presión diplomática, todos los mecanismos de lucha son importantes», aseveró.

Además, el dirigente opositor reiteró que su intención es regresar a Venezuela, y que lo hará «cuando sea seguro» para él y para su familia.

Mientras tanto, dijo que seguirá una agenda de reuniones y que viajará a Europa para «sumar esfuerzos» en la comunidad internacional y evitar que Maduro alcance nuevamente el poder en las elecciones presidenciales, previstas para 2024.

El opositor descartó pedir asilo en EE.UU., y los distintos encuentros mantenidos durante su estadía en esa nación se enmarcan en las primarias en las que la oposición venezolana elegirá a su próximo candidato presidencial, y que se celebrarán el próximo 22 de octubre. 

México recibirá 1000 migrantes al día que expulse Estados Unidos al implementar el Título 8
El secretario de Relaciones Exteriores de México aseveró que el 11 de mayo 942 migrantes fueron repatriados: 909 de Venezuela; 17 de Cuba; 15 de Guatemala y una de Haití
El ministro de Seguridad Pública de Panamá informó  que el flujo de migrantes que «viene en aumento»

Con información de EFE

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó este viernes, 12 de mayo, que el país centroamericano no aceptará el retorno de más de mil migrantes al día que sean expulsados de Estados Unidos debido a la culminación del Título 42 del Código de EE.UU. sobre la estadía y migración irregular norteamericana. 

«México les ha hecho saber que no podrían en ningún caso recibir a más de 1.000 personas al día, no podríamos, no tendríamos la capacidad, ni lo aceptaríamos», dijo Ebrard durante una rueda de prensa reseñada por la agencia EFE. «Eso estaba vigente, no de ahora, desde el Título 42. Ellos lo saben, no vamos a aceptar más de ese número porque no podríamos».

El funcionario mexicano dijo que su país se opone a estas normas de endurecimiento de políticas migratorias por parte de Estados Unidos, pero dijo que respetaban su aplicación. Al finalizar el Título 42, el jueves 11 de mayo, más de 26 mil personas se encontraban en la frontera entre México y Estados Unidos.

Ebrard señaló que el Instituto Nacional de Migración (INM) ordenó a todas sus oficinas no otorgar más Formatos Múltiples Migratorios, ni otro documento que autorice el tránsito por el país.

El secretario de Relaciones Exteriores de México aseveró que el 11 de mayo 942 migrantes fueron repatriados: 909 de Venezuela; 17 de Cuba; 15 de Guatemala y una de Haití. 

La llegada del Título 8

Tras el fin del Título 42 en la legislación estadounidense se impondrá un nuevo reglamento: el Título 8. La medida que dejará de estar vigente tenía como objetivo detener la propagación del COVID-19. La orden permitía a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos.

Por su parte, el Título 8, que pertenece al Código de Estados Unidos y que entrará en vigencia desde el 12 de mayo de 2023, permite que los migrantes sean detenidos hasta ser deportados a sus países, en caso de que no puedan establecer una base legal para permanecer en territorio estadounidense.

Distintas ONG internacionales mostraron su preocupación ante el nuevo código migratorio en EE.UU., porque crearía mayores restricciones y repatriaciones a migrantes que escapan de países donde sus Derechos Humanos no son garantizados de por sí. 

El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino, durante un recorrido por el Tapón del Darién este 12 de mayo, aseveró que el flujo de migrantes que «viene en aumento» por la selva centroamericana. Recordó que el año pasado Panamá recibió en sus estaciones migratorias a casi 250.000 personas en movilidad, una cifra inédita y que se podría duplicar este año si se mantiene el ritmo de llegadas.

Exjefe paramilitar colombiano: «En Venezuela quedaron por lo menos 200 personas desaparecidas a manos del Bloque Catatumbo»
Advierten que El Tren de Aragua mantiene casas donde se cometen desapariciones forzadas y descuartizan a las víctimas en la Península de La Guajira venezolana
FundaRedes reportó 334 desapariciones y secuestros en la frontera colombovenezolana
En su segundo día de audiencia ante la JEP, Salvatore Mancuso dijo que existen fosas en San Cristóbal, Ureña, San Antonio, La Fría y Boca de Grita, todas ciudades del estado Táchira (Venezuela)
Mancuso: «Esto tiene profundidades más amplias porque hubo coordinación también con militares y fuerza pública del lado de Venezuela para este tipo de operaciones»

Créditos: El País, Revista Semana y TalCual

Salvatore Mancuso, uno de los exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, reveló que la frontera entre Venezuela y Colombia fue utilizada por esta organización criminal como «depósito» para los cuerpos de al menos 200 personas desaparecidas entre 2000 y 2001.

Durante su segunda comparecencia ante la Junta Especial de Paz (JEP) de Colombia, a la cual espera adherirse, Mancuso relató, entre otros temas, la existencia de hornos crematorios en los que su grupo desapareció a cientos de personas y de cómo esa desaparición se extendió a Venezuela.

«En la finca Las Palmas, cerca de Puerto Santander, el frente nuestro asesinó a 19 personas, entre 2001 y 2002. Se incineraron en un hueco al que le echamos llantas», narró.

Del lado venezolano, confirmó la existencia de fosas en San Cristóbal, la capital del estado Táchira, y otras localidades de esa entidad como Ureña, San Antonio, La Fría y Boca de Grita usadas por el Bloque Catatumbo, que comandó.

Incluso se ofreció a viajar hasta Venezuela para identificar las fosas, como ya lo había hecho el martes en un acto de reconocimiento y no repetición de la Cancillería colombiana en uno de los hornos en Juan Frío.

Mancuso relató que «Carlos Castaño (excomandante) recibe el pedido de que son tantas las víctimas que se estaba llamando la atención. (…) Producto de estas presiones, Castaño ordena a todos los comandantes desaparecer a estas víctimas en hornos para incinerar personas».

Desapariciones forzadas siguen en la frontera

Las cifras de las desapariciones entre colombianos y venezolanos en por el río Táchira y la península de La Guajira es indeterminada. Pero organizaciones no gubernamentales afirman que la desaparición de migrantes en los últimos dos años por las bandas delictivas se ha vuelto una acción sistemática.

En una entrevista al portal periodístico El País, Enrique Pertuz, presidente de la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos de Norte de Santander, aseguró que existen más de 724 casos de desapariciones en la provincia donde se ubica la ciudad de Cúcuta, que hace frontera con Venezuela.

Advirtió que a lo largo de la frontera existen «casas de pique» que las bandas, como el Tren de Aragua, mantienen para desmembrar a las víctimas. El Tren de Aragua tiene varias de ellas en Villa del Rosario, ciudad ubicada en el Estado Zulia.

«El delito de la desaparición, con frontera cerrada o abierta, siempre ha existido; se dispara por la migración», explicó.

Pese a que se reintegró el paso legal entre Colombia y Venezuela en octubre del 2022, el paso por las trochas y otros caminos controlados por grupos paramilitares y delictivos armados sigue su flujo alto.

La Fundación Progresar, en Cúcuta, ubicó 25 posibles fosas comunes donde han enterrado cuerpos de personas desaparecidas de manera forzada en la frontera en su informe del 2022. A pesar de que ha puesto en alerta a las autoridades colombianas y venezolanas, no hay respuesta todavía.

La fundación colombiana acompaña 715 casos de desaparecidos en el marco del conflicto armado, 150 de ellos transfronterizos. Pero advirtió que solo el 1% de los casos ha tenido algún resultado bajo la jurisdicción neogranadina.

Cifras y personas desaparecidas en Venezuela

En Venezuela no se tiene un registro oficial sobre las violaciones al Derecho de la Libertad Personal

En 2022, la ONG FundaRedes reportó 334 desapariciones y secuestros en la región venezolana fronteriza. Al menos 118 casos se registraron en el estado Táchira, en los pasos irregulares o trochas límites con el Norte de Santander, Colombia. 

Provea publicó que se identificaron al menos 5 desapariciones forzadas bajo el contexto de detenciones por cuerpos de seguridad de el Estado venezolano en su informe más reciente sobre las violaciones a los Derechos Humanos en el país. La ONG advirtió que entre el año 2000 y el 2021 se han identificado 211 víctimas de desaparición forzada. 

El diputado venezolano Juan Carlos Palencia solicitó en marzo del 2023 al Congreso de Colombia crear una comisión binacional para investigar las desapariciones. En sus exploraciones ha logrado establecer que algunos desaparecidos fueron reclutados por grupos armados ilegales, otros fueron víctimas de trata de personas y secuestros. Afirmó que desde 2015, cuando se cerró la frontera, el delito alcanzó su mayor pico

Cadena de mando entre Colombia y Venezuela

Según Salvatore Mancuso, las órdenes fueron ejecutadas por Jorge Iván Laverde, alias Iguano, quien tras las denuncias e investigaciones de la Fiscalía de Cúcuta sobre la existencia de hornos para incinerar personas, decidió que las víctimas fuesen enterradas en territorio venezolano.

Además, el exjefe paramilitar explicó que esto se hizo para no afectar los ascensos de militares colombianos. «Esto tiene profundidades más amplias porque hubo coordinación también con militares y fuerza pública del lado de Venezuela para este tipo de operaciones», agregó.

Explicó que la expansión de su grupo a la zona del Catatumbo se relaciona con altos mandos del Ejército colombiano.

«Cuando ingresamos al Catatumbo se coordinó con el Ejército. Se planificó con el general Mario Fernando Roa. (…) En la zona ya se habló con el coronel Matamoros. Y sobre el terreno con el comandante del batallón Héroes de Saraguro, el mayor Mauricio Llorente Chávez».

También mencionó al general Iván Ramírez cómo la persona que le abrió el acceso a las Autodefensas Unidas de Colombia a los batallones militares, lo que derivó en entrenamiento a los paramilitares y el uso de helicópteros pertenecientes al Ejército colombiano.

ONG advierte sobre detenciones de venezolanos tras apertura de fronteras con Curazao
Acnur calcula que 31 mil venezolanos viven en las islas caribeñas de Países Bajos, representando cerca del 10% de la población de la zona

Con información de Tal CualCrónicas del Caribe

La Unión Panamericana y del Caribe por los Derechos Humanos (Pacuhr, por sus siglas en inglés) expresó a través de un comunicado su «profunda preocupación» por el impacto de las medidas tomadas por los gobiernos de Aruba y Curazao en materia de deportación y detención de migrantes venezolanos.

«Nuestra preocupación se centra en la apertura de las fronteras de Aruba y Curazao con Venezuela y que esto pudiese generar aprehensiones masivas y expulsiones de venezolanos en situación migratoria irregular, constituyendo una inobservancia del ordenamiento jurídico internacional», señala Pacuhr, federación que dice agrupar a más de 89 organizaciones de la sociedad civil en las Américas, el Caribe y Europa.

La organización hizo referencia a una redada que ejecutó el gobierno de Curazao el viernes 14 de abril, que concluyó con la detención de 18 mujeres. «No todas son venezolanas, pero seis de ellas, según comunicado de prensa, quedaron bajo privación de libertad para ser deportadas. En este sentido, reiteramos que se deben respetar las garantías jurídicas y brindar un tratamiento digno y justo a las mismas».

También señaló «los migrantes venezolanos merecen un trato humano y justo, y deben tener acceso a servicios básicos, protección y atención médica adecuada».

Preservar las garantías humanitarias

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estima que existen más de 7,13 millones de refugiados y migrantes venezolanos en el mundo. En Curazao y Aruba se calcula que residen 14 mil y 17 mil venezolanos, respectivamente. Estas cifras equivalen a casi 10% de la población de esas islas.

La plataforma humanitaria también solicitó a los Estados involucrados, incluido el Reino de los Países Bajos, a garantizar el debido proceso, estudiar cada caso de manera individual y respetar «el principio de no devolución, de conformidad con las obligaciones internacionales en materia de asilo, refugio y protección internacional».

El principio de no devolución hace referencia al derecho de una persona a no ser devuelta, expulsada o rechazada de un Estado hacia un territorio donde su vida, libertad e integridad física corran riesgos.

OVP pide pronunciamiento de organismos internacionales sobre incendio en centro de migrantes de Ciudad Juárez
La ONG venezolana denunció ante los organismos multilaterales de Derechos Humanos que la Embajada Venezolana no ha reclamado públicamente la investigación del incendio en Ciudad Juárez, México

Con información de EFE

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este sábado, primero de abril, ante organismos internacionales de derechos humanos la investigación sobre la muerte de 39 migrantes en México, en un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos.

La ONG señaló, en nota de prensa, que se envió la denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Relator Especial de Migrantes de Naciones Unidas y el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Asimismo, pidió un pronunciamiento a estos organismos sobre este hecho que se registró el pasado 27 de marzo donde murieron 7 venezolanos, 6 hondureños, 7 salvadoreños, 18 guatemaltecos y un colombiano.

Además, la ONG exhortó a que designen a un funcionario de sus respectivas oficinas para que se trasladen hacia el sitio de los hechos e inicien una investigación, contando con el permiso del Gobierno de México.

Tratos inhumanos

El OVP sostuvo que los recintos donde son detenidas estas personas no cumplen «las condiciones mínimas de respeto a los derechos humanos».

«Las estaciones migratorias no son albergues donde las personas están alojadas, por el contrario, son centros donde las personas se encuentran detenidas a fin de resolver su estatus migratorio, de manera que, durante este breve alojamiento, es responsabilidad del Estado ocuparse de la seguridad y salud de los migrantes», agregó.

El centro del Instituto Nacional de Migración (INM), donde se produjo el incendio, cerrará de forma definitiva, anunció el 30 de marzo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Icela Rodríguez.

Los migrantes que ahí se encontraban, explicó, serán trasladados al centro integrador Leona Vicario, también situado en la ciudad fronteriza con Estados Unidos y que depende de la Secretaría de Trabajo, y no del INM.

Cortina de humo venezolano por la justicia

Tres días después del incendio, el gobierno de Nicolás Maduro se pronunció a través de redes sociales. El texto no incluía una condena sobre los hechos, ni siquiera un saludo de solidaridad con las víctimas.

 Distintas organizaciones internacionales de derechos humanos atribuyeron el incendio y las muertes a la negligencia y a los tratos crueles contra los migrantes. 

Por su parte, la fiscal especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de México, Sara Irene Herrerías, indicó que las cinco personas detenidas por el incendio se encuentran en prisión provisional y se enfrentarán a una audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso el próximo martes.

 

 

 

ONU logra acuerdo internacional para la protección a los ecosistemas oceánicos
La propuesta del acuerdo busca que los 60 países miembros de la ONU tengan reglas compartidas para la conservación y explotación sustentables de los ecosistemas marinos fuera de la jurisdicción de los Estados.

Con información de EFE

Países de la ONU alcanzaron este 5 de marzo un consenso para establecer un tratado para proteger la altamar y los ecosistemas oceánicos.

El instrumento jurídico multilateral se negociaba desde hace más de 5 años. El consenso llegó tras una ronda de negociaciones que arrancó el pasado 20 de febrero y que tenía previsto su cierre para el pasado viernes, pero continuó durante toda la noche y la jornada del sábado, con más de 35 horas seguidas de discusiones, para limar las últimas diferencias.

«Celebro el acuerdo sobre la altamar; un tratado que protegerá el océano más allá de las jurisdicciones nacionales», escribió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Twitter.

El texto sienta las bases para el establecimiento de zonas marinas protegidas, lo que debe facilitar que se cumpla la promesa internacional de salvaguardar al menos el 30 % de los océanos para el año 2030.

Sin embargo, el acuerdo solo entrará en vigor una vez que haya sido ratificado por los 60 países pertenecientes a la ONU.

Reconocimiento del primer tratado

Por primera vez, recordó el organismo multilateral este domingo, el tratado exigirá que se evalúe el impacto de las actividades económicas sobre la diversidad en alta mar y se apoyará a los países en desarrollo a implementarlo, por ejemplo, con la construcción de capacidades, la transferencia de tecnología y un mecanismo para distribuir de forma igualitaria los potenciales beneficios de los recursos genéticos marinos.

Para los expertos de la ONU, hasta ahora las aguas situadas a más 200 millas marinas de la costa y que son compartidas por todos los países han estado gestionadas bajo una serie de acuerdos y organismos internacionales sin una jurisdicción clara, sin demasiada coordinación y con unas normas inadecuadas para su protección.

El nuevo tratado se establecerá en el marco de la ya existente Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y busca «asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional».

«Los Gobiernos y la sociedad civil deben asegurar ahora que el acuerdo se adopte y entre en vigor rápidamente, y que sea implementado de forma efectiva para salvaguardar la biodiversidad en altamar», señaló en un comunicado Liz Karan, directora de la campaña para los océanos de la organización Pew Charitable Trusts.

Más de 400 venezolanos varados en Estados Unidos por la pandemia del coronavirus piden vuelo humanitario para regresar al país

420 venezolanos que se encontraban en Estados Unidos cuando fue ordenada la cuarentena por la pandemia del coronavirus solicitan a las autoridades correspondientes la aprobación de un vuelo humanitario para poder regresar al país.

En una carta fechada el 21 de abril de 2020, dirigida a organizaciones gubernamentales de Venezuela, el grupo de venezolanos varados en EEUU por el Covid-19, subrayan que muchos se encuentran “a la deriva, sin recursos económicos para mantenernos por más días y con la imperiosa necesidad de regresar a nuestros hogares en Venezuela”.

Carta de solicitud de vuelo… by runrunesweb on Scribd

Los connacionales que se ven imposibilitados de regresar al país por la pandemia  también solicitaron ayuda ante la embajada de Venezuela en EEUU, que representa al gobierno interino de Juan Guaidó. Recibieron como respuesta que los servicios han revisado opciones con las autoridades norteamericanas correspondientes y han coordinado con las aerolíneas que tienen rutas autorizadas hacia Venezuela. Sin embargo, les advirtieron vía whatsapp que ”el régimen de Maduro mantiene el bloqueo del espacio aéreo y la negativa de que a través de los mecanismos gestionados los venezolanos varados en EEUU y el mundo puedan regresar”.

La embajada de Venezuela en EEUU agregó que la administración de Maduro «solo gestionó un vuelo de Venezuela a México para ciudadanos americanos en Venezuela, y desde Toluca, México, retornaron algunos venezolanos en México y EEUU por una lista decidida por el régimen. Esos venezolanos son mantenidos en «cuarentena» en Los Caracas, estado Vargas”.