Más de 95 ONG opinan que los protocolos «obstaculizan el acceso a su derecho a solicitar Protección Internacional»
Créditos: TalCual
Ocho organizaciones no gubernamentales vinculadas a la Compañía de Jesús emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su inconformidad por la puesta en práctica de políticas de varios gobiernos latinoamericanos, de común acuerdo con Estados Unidos, que permiten al gobierno de Joe Biden que «externalice» sus fronteras en terceros países, lo que «deshumaniza» el derecho a migrar y obliga a quienes intentan llegar a EEUU a emprender travesías cada vez más peligrosas.
Dicen que «es esencial contar con la participación activa de la sociedad civil que atiende los flujos migratorios» y reivindican que «la vivencia del acompañamiento dignificante» que ofrecen las ONG firmantes les da base para formular sus observaciones. El texto cuenta con la adhesión de otras 95 instituciones sin fines de lucro, entre ellas una decena venezolanas.
Preven que «el probable aumento de personas expulsadas y deportadas» obligará a las ONG a tener mayor coordinación y más recursos.
El documento precisa que esperan que estas «alertas regionales» sirvan para «prevenir y revertir» los impactos de las políticas gubernamentales «restrictivas y securitistas que se han ido replicando en otras fronteras en el intento de contener la migración» sin ningún éxito porque » ninguna de estas medidas de control y contención logra su cometido» dado que las personas migran buscando protección.
Opinan que los acuerdos entre Estados Unidos, España, Canadá «priorizan la migración laboral, omitiendo las circunstancias de riesgo que viven las personas y obstaculizando el acceso a su derecho a solicitar Protección Internacional».
Aumenta la vulnerabilidad
«Las personas refugiadas, migrantes y desplazadas forzadas en las Américas están viviendo los impactos de políticas nacionales y acuerdos regionales, basados en las estrategias de gestión de las migraciones que, al intentar controlar la migración, la deshumanizan. Estas decisiones están alejadas del enfoque de protección y garantía de Derechos Humanos que afectan también a las comunidades receptoras y de tránsito».
A los Estados y gobiernos, el documento advierte que «los acuerdos entre países aumentan la vulnerabilidad que viven las personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados; dentro de ellos, las mujeres, niñas y niños requieren un enfoque diferencial e interseccional de protección».
«El aumento de controles migratorios por parte de militares puede ocasionar mayores violaciones de Derechos Humanos, dado que no es el personal idóneo para gestionar la migración». «Realizar deportaciones y retornos forzados sin garantías utilizando la figura de corredores humanitarios, la desdibujan y pueden generar nuevos flujos migratorios.
«La práctica de Estados Unidos de externalizar su frontera —y su aceptación por parte de otros países— genera situaciones de vulneración de derechos y obliga a las personas a emplear rutas migratorias cada vez más peligrosas. Por ejemplo, los recientes acuerdos con Guatemala y Colombia para establecer Centros Regionales de Procesamiento estadounidenses en sus territorios constituyen en la práctica acuerdos de terceros países seguros y externalización de frontera».
«La expectativa que se crea con estos Centros puede implicar un efecto llamada que, junto con una baja capacidad institucional, genere escenarios de represamiento y confinamiento en estos países, convirtiéndolos en destinos forzados. Las condiciones de inseguridad y de violencia generalizada que persisten en estos países y en la región les impide ser un tercer país seguro».
El documento titulado «Alertas sobre la gestión migratoria y la protección en las Américas» hace un llamado a los Estados a:
adherirse y fortalecer los mecanismos multilaterales regionales para abordar estas realidades.
recuperar los altos estándares de la región y iii) proponer soluciones desde un enfoque de Derechos Humanos que garantice la Protección Internacional y el Derecho Internacional Humanitario.
En este sentido, la salvaguarda de los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia son esenciales para el cumplimiento del mandato de las agencias de las Naciones Unidas (ACNUR y OIM).
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