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Universidad Central de Venezuela

Falta de conectividad y restricciones a libertad académica atentan contra la investigación universitaria
Páginas de varias instituciones desaparecieron del ciberespacio

En este mundo globalizado, gran parte de la universidad pública venezolana no existe. Hablar de su posicionamiento en internet parece un sinsentido, dada la ausencia en la web de un grueso número de las casas de estudio superior que dependen financieramente del Estado.

Las páginas de varias de estas instituciones, algunas de larga tradición como la Universidad del Zulia (fundada en 1891), la Universidad de Carabobo (1892), la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (creada en 1983, aunque ya existían institutos pedagógicos como el de Caracas, desde 1936 o de Barquisimeto, desde 1959) o la Universidad de Oriente (1958), desaparecieron del ciberespacio.

El drama de los dominios .edu.ve

La extensión del dominio .edu.ve se mantiene en muy pocas de las universidades nacionales sin que la empresa Cantv, principal proveedora del servicio de Internet en el país, dé explicaciones del porqué de esta irregularidad en varias instituciones académicas. Este “ninguneo” virtual atenta contra los llamados derechos digitales y la visibilidad del conocimiento, que en el caso de las universidades está preservado en las revistas científicas electrónicas, cuyo acceso se da a través de las páginas institucionales.

Estas revistas científicas deben cumplir con exigentes parámetros de calidad para ingresar a los principales índices internacionales que monitorean los procesos editoriales garantes de la validez del conocimiento científico publicado en ellas y del manejo ético de sus contenidos. Producto de un largo proceso de cumplimiento de esas normativas, muchas publicaciones venezolanas han logrado la indexación en plataformas de reconocido prestigio como Redalyc, Latindex, Doaj, Redib, Clase, Periódica, Scopus, Elsevier, Scielo y Dialnet, entre otras, pero entre las exigencias de permanencia está la presencia constante en la web. Eso no ocurre así.

Solo la Universidad de Los Andes tiene más de 100 revistas que divulgan conocimiento de las más diversas disciplinas. Muchas de esas publicaciones tienen décadas de funcionamiento. La Universidad Central de Venezuela tiene un repositorio de 57 revistas, mientras que la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado cuenta con 16. Aun así, muchas de estas publicaciones ya no están disponibles en la web. Algunas de las universidades autónomas y otras que han logrado elegir a sus autoridades, han conseguido apoyo foráneo para colocar sus publicaciones en plataformas internacionales que garantizan su visibilidad.

No obstante, aún quedan muchas otras casas de estudio que no han logrado la ayuda internacional para preservar su patrimonio intelectual y eso preocupa a los editores que ven como una amenaza la situación de conectividad o, lo que es peor, la intervención del gobierno a las instituciones.

Falta de conectividad, una piedra de tranca para la investigación universitaria

Para el sociólogo Carlos Meléndez Pereira, director del Observatorio de Universidades (OBU), la situación de conectividad en Venezuela atenta contra la libertad académica. “La digitalización en la investigación universitaria es un fenómeno avasallante en la sociedad global y eso hace que la ciencia que se produce en las casas de estudio superior dependa de sus capacidades tecnológicas instaladas. El mundo de la producción científica se construye en el espacio virtual, se intercambia y se distribuye en el ámbito digital. Sino se está allí,  no se existe, se está muerto”, afirma.

Meléndez sostiene que esta precarización asfixiante que provocó el Estado venezolano significa un grave problema en el contexto de la Venezuela actual. “Los parámetros de medición, la construcción de proyectos, de artículos, de redes de investigación se encuentran en un ámbito muy competitivo. La grave circunstancia de los servicios públicos, del fluido eléctrico y de internet atenta contra la investigación universitaria en el país que para la fecha ya se encuentra bastante deteriorada”.

De las universidades cuyas autoridades son designadas por el gobierno, son muy pocas las que tienen revistas científicas. Varias de esas publicaciones de las universidades bolivarianas o “socialistas” dejaron de circular hace más de tres años y no están registradas en los índices internacionales, que es uno de los parámetros de calidad académica de los rankings mundiales, como el de la Universidad de Jiao Tong, de China.

“En el marco de un conjunto sistemático de violaciones al derecho a la educación es difícil hablar de libertad académica para el desarrollo del conocimiento. La restricción de este tipo de libertad en Venezuela, como en otros países dictatoriales, es similar a las restricciones aplicadas para otro tipo de libertades”, explica el director del OBU.

Restricciones financieras permanentes

Las restricciones de carácter permanente, afirma el sociólogo Méléndez, las encontramos en la asfixia presupuestaria para impedir y limitar las posibilidades de compra de tecnología, de licencias, de revistas; también en la imposibilidad de contar con servidores que soporten el cúmulo de información que se produce en la academia, en la falta de políticas que protejan los laboratorios y recursos de la universidad. “Las membresías son parte de los parámetros de medición de calidad y el gobierno incumple con ello. Los otros impedimentos pueden llegar a ser de carácter judicial; la persecución a profesores que investigan en áreas vinculadas a los derechos humanos, a los que son activistas políticos y desde su rol como docente asumen una posición política institucional en contra del gobierno”.

En estas circunstancias, a causa de las políticas gubernamentales, se generan impedimentos para el desarrollo de la investigación. Estas limitaciones, dice Meléndez, tienen matices por tipo de universidad. Por ejemplo, lo que ocurre en las  autónomas y algunas experimentales que lograron desarrollar espacios de autonomía entre los años 60 y el 2000. “Han sido muy duros con las que han logrado crecer cualitativamente sin el tutelaje oficial, esas que con limitaciones han podido investigar, aún con las graves violaciones a sus derechos, y sobre todo, con las que han confrontado al gobierno.

Hay otras instituciones que nacieron bajo los criterios restrictivos como las bolivarianas, donde se entiende lo universitario como instancias de adscripción política; estas tienen un rezago mucho más grande que las otras, porque la investigación significa el riesgo de ahondar en los problemas del gobierno, escudriñarlo y eso no es propio de una universidad, según las autoridades que se agrupan en la Asociación de Rectores Bolivarianos (ARBOL)”, finaliza el profesor Meléndez.

Con deficiente conectividad, universidades apelan a educación a distancia
Denuncian que no todos los estudiantes poseen acceso a internet 

 

Las universidades venezolanas apelan a los sistemas de educación a distancia para dar continuidad a las actividades académicas durante la cuarentena decretada ante el COVID-19, a pesar de la deficiente conexión a internet del país.

Entre las medidas tomadas por las entidades educativas, se estableció suspender las clases presenciales, eso aunado al llamado que se hizo a todos los niveles educativos a suspender clases en todo el país hasta nuevo aviso.

Una de las preocupaciones de la comunidad universitaria es prosecución académica que deben tener los estudiantes durante el período de aislamiento social impuesto ante la llegada del coronavirus a Venezuela, considerando que las plataformas tecnológicas de las casas de estudios superiores no garantizan la conectividad necesaria para que los jóvenes no abandonen los estudios durante la cuarentena.

La Universidad Central de Venezuela (UCV) se unió a las medidas para atender al llamado de “quedarse en casa”. “Naturalmente se ha seguido un proceso de sacar las actividades académicas adelante a través de los estudios a distancia y es una premisa que nosotros hemos apoyado, consecuentemente, para no retrasarnos con todo el tema del coronavirus”, explicó el Secretario de Asuntos Nacionales de la FCU-UCV, Miguel Barone.

Consultas a los jóvenes universitarios

Ante la propuesta de las autoridades universitarias de asumir los estudios a distancia como opción para proseguir con el lapso académico, algunos movimientos estudiantiles emprendieron una consulta al estudiantado para determinar la viabilidad de la estrategia planteada por las universidades.

En la UCV, el movimiento Gritemos con Brío realizó una encuesta hace unos días para determinar las posibilidades que tiene el estudiantado de recibir sus clases virtuales, señaló el Coordinador Nacional de ese movimiento, Miguel Barone. “Respondieron cerca de cuatro mil estudiantes, un número muy significativo de la comunidad universitaria de la UCV, para determinar quienes tenían la posibilidad de hacer este tipo de estudios a distancias”, afirmó.

“Hay una gran mayoría, entre el 70 y el 75 por ciento de personas que ya lo han hecho y lo seguirían haciendo porque han conseguido ese tipo de oportunidades con sus profesores, sin embargo, no es la norma general, sabemos que hay muchos casos que los profesores se ven limitados por eso”, añadió Barone.

Por su parte, Yeissel Pérez, dirigente estudiantil y candidata a la presidencia de la Federación de Centros Universitaro (FCU) de la Universidad del Zulia, exige a los Consejos Universitarios y a las autoridades rectorales la garantía de que todos los estudiantes tendrán acceso a los estudios a distancia. “Esta medida se ha implementado en casi todas las universidades, pero queremos garantizar el derecho a todos los estudiantes”, señaló Pérez.

Pérez, denuncia que no se cuenta con los recursos tecnológicos para recibir clases virtuales. “La Universidad del Zulia y la Universidad de Los Andes no contamos con servicios básicos o tecnológicos como el internet, de hecho, la mayoría de los estudiantes de la Universidad del Zulia son estudiantes foráneos que no viven en este municipio (Maracaibo) y se les dificulta aún más el acceso a la tecnología, a Whatsapp y a internet”, aseguró.

Según Yeissel Pérez, hace una semana realizaron una consulta a la comunidad universitaria, tomando en cuenta las medidas de contingencia. “Lanzamos una encuesta de participación para todos los estudiantes para que puedan dar ideas y planteársela a las autoridades, hoy cerramos la encuesta, ya tenemos el formato del comunicado, solo hay que agregar las propuestas para lanzarlo”.

Pérez hizo referencia a las gestiones que realiza el movimiento estudiantil para cooperar con el desarrollo de las actividades académicas. Además, “estamos trabajando todas las federaciones en aprovechar los cursos online que se están dando para que a través de nuestras plataformas hacerle llegar información a los estudiantes”, puntualizó Pérez.

La dirigente estudiantil de LUZ hizo un llamado a los profesores a tomar las medidas y ver cómo se pueden reprogramar los semestres, sin detener las actividades académicas. 

Por su parte, Jesús Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA), hizo énfasis sobre las dificultades de la visualización de clases a distancia. “La continuidad académica en modalidad virtual es un poco cuesta arriba, ya que nuestra plataforma en estos momentos se encuentra inhabilitada, incluso, muchos profesores que impartían clases semipresenciales tuvieron que emigrar a la presencialidad totalmente porque la plataforma no responde a la situación”, expresó Suárez.

En la UCLA también se movieron las interrogantes por la preocupación de los estudios a distancia. “Hemos estado haciendo encuestas para conocer la realidad de cada estudiante, cada semestre, cada carrera, sabiendo que la UCLA tiene siete decanatos y cada decanato tiene una realidad totalmente distinta, ya que van en periodos diferentes”, señaló el presidente de la FCU.

Al igual que en el resto de las casas de estudios, en la Universidad de Carabobo (UC) se proyecta como opción para la continuidad académica un sistema de educación a distancia, sin embargo, la propuesta no contempla la plataforma tecnológica de la UC.

Gabriel Cabrera, presidente de la Federación Nacional de Estudiantes de Derecho (FENEDE), considera como alternativa el uso de plataformas independientes. “Nosotros estamos proponiendo utilizar plataformas como Class room, que es de Google, para poder seguir las clases, evidentemente, eso es para los estudiantes que puedan tener acceso a internet. Sabemos que es difícil, pero es la herramienta más fácil que podemos utilizar ahora”, comentó Cabrera.

 

Prensa Aula Abierta

En la UCV cambian elecciones por acto solemne en defensa de la autonomía
Este 27 de febrero vence el período impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia para llevar a cabo comicios en la principal casa de estudios del país 

 

Hoy no habrá elecciones en la Universidad Central de Venezuela.

De acuerdo a la sentencia 0324, este 27 de febrero se vence el lapso impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia para la elección de autoridades en la UCV, evento que daría inicio a la renovación de rectores en todas las universidades autónomas y experimentales del país.

En su lugar, la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV convocó para este jueves 27  a un acto solemne en defensa de la autonomía.

La sentencia 0324 obliga a incluir a los trabajadores y obreros en la población universitaria, contrariando a la Ley de Universidades y a la Constitución Nacional.

Según el artículo 104 de la Ley de Universidades: “La universidad venezolana es autónoma y está integrada por sus estudiantes, sus profesores y sus egresados”.

El pasado 28 de enero el Consejo Universitario de UCV instó al TSJ a suspender la sentencia y en diciembre de 2019, el ministro de universidades César Trompiz solicitó una extensión en el lapso. Ninguno de los dos ha obtenido respuesta del TSJ.

Otras ocho casas de estudios del país (Universidad de Zulia, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Universidad de Carabobo, Universidad de Los Andes, Universidad de Oriente, Universidad Nacional Experimental del Táchira, Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, Universidad Pedagógica Experimental Libertador y la Universidad Simón Bolívar) también fueron conminadas por el TSJ a establecer un cronograma electoral a través de una comisión designada por el Consejo Nacional de Universidades, dicha comisión no se ha constituido.

“Nosotros queremos elecciones justas, libres y transparentes, pero queremos que cualquier participación que se vaya a producir tiene que ser producto de la discusión académica de la universidad (…) no se trata de negar la participación de nadie, esto no es un voto político, esto es un voto académico que debe regirse por la parte académica “, dijo la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha.

La ONG Aula Abierta insistió en que la intervención en la política electoral universitaria por parte del TSJ es una violación a los derechos humanos.

 

 

 

Ucevistas marcharán el #27Feb contra la sentencia 0324
Los estudiantes adelantan que se postrarán frente al arco de la puerta tamanaco de la UCV con la intención que se cumplan sus exigencias de no intervenir con la autonomía universitaria

Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) anunciaron que se convocará una movilización el próximo 27 de febrero, en rechazo a la sentencia 0324 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que viola la autonomía universitaria, ordena y condiciona elecciones en distintas casas de estudio autónomas.

“Vamos a defender nuestra casa de estudio, con nuestras vidas de ser necesario, este es nuestro bastión de democracia, vamos a alzar nuestra voz, justo este año se cumplen 51 años de la operación canguro, que violo la autonomía universitaria y fue causante de la muerte de muchos ucevistas”, exclamó el secretario de Finanzas de la Federación de Centros Universitarios (FCU), Carlos Capozzi.

A 14 días de que se cumpla la sentencia, los estudiantes adelantan que se postrarán frente al arco de la puerta tamanaco de la UCV con la intención que se cumplan sus exigencias de no intervenir con la autonomía universitaria de la UCV. “Hoy nuestros derechos como estudiantes están siendo pisoteados con esta sentencia”, añade Capozzi.

Lea más en Tal Cual

Denuncian que desde el TSJ se pretende disolver la Asamblea Nacional
Afirman que es falsa la afirmación de los representantes del régimen sobre la invalidez de la emisión no presencial del voto parlamentario

 

La Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela aprobó un pronunciamiento el día 31 de diciembre de 2019 explicando el plan del régimen autoritario para la disolución de la Asamblea Nacional, teniendo como instrumento de su ejecución a la Sala Constitucional. En dicho documento se hace una completa relación de la obstaculización del ejercicio de la soberanía popular, desde el mismo inicio del presente periodo legislativo el 5 de enero de 2015 y demuestran que esa Sala del TSJ desacata sistemáticamente la Constitución.

Ante la proximidad de la renovación de la directiva de la Asamblea Nacional advierten sobre todas las maniobras dirigidas a evitar la instalación y funcionamiento del órgano máximo de representación nacional. La más reciente maniobra montada para anular las reglas de debate parlamentario y producir la nulidad de todos los actos del Poder legislativo. Explican la evolución histórica de las prerrogativas del Parlamento para demostrar que el reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional es un acto privativo del parlamento.

En el documento demuestran con ejemplos concretos que es falsa la afirmación de los representantes del régimen sobre la invalidez de la emisión no presencial del voto parlamentario. Al contrario de lo afirmado por Diosdado Cabello, en el sistema comparado del mundo occidental se han consagrado reformas estatutarias que permitan vencer los obstáculos y dificultades que sufren los parlamentarios para manifestar la voluntad popular y cumplir su función.

La mejor justificación para establecer el voto no presencial en el Parlamento son los actos de persecución personal contra diputados que se traducen en 28 enjuiciamientos por parte del Tribunal Supremo de Justicia sin respetar la inmunidad parlamentaria; tres diputados objeto de medidas privativas de libertad sin formula de juicio que cumpla con los requisitos mínimos de un debido proceso; y 27 parlamentarios inhibidos de cumplir su función ante la necesidad de ausentarse del país por las amenazas y agresiones de las que han sido objeto.

Los catedráticos explican que la estrategia no solo se limita al control político-institucional sino que ha tenido por objeto levantar todo control que impida la disposición y enajenación de los recursos del país. En este sentido, vinculan tal estrategia con el desorden de las finanzas públicas, el imprudente endeudamiento y el desastre monetario.

También señalan la forma inconstitucional en que se ha comprometido el patrimonio de la República mediante empréstitos y la asunción de obligaciones económico-financieras que han sido suscritas en forma inconstitucional; además del otorgamiento indiscriminado de concesiones desconociendo las más elementales normas de preservación del medio ambiente, irrespetando las regulaciones en materia de tierras ancestrales de las comunidades autóctonas y sacrificando la soberanía nacional.

Finalmente, destacan el deber ciudadano de defender la institucionalidad como única opción de defensa del ideal democrático y que la tiranía se apoya en las falencias de los mecanismos democráticos y en los errores de la dirigencia política para tratar de aplastar a la Asamblea Nacional como institución. Por ello afirman la necesidad de declarar la emergencia legislativa y la sesión permanente de la Asamblea Nacional al momento de designar de nuevo a su directiva en uso de las atribuciones previstas en la Constitución y en el Reglamento Interior y de Debates.

También ratifican el pedimento de instalación del Consejo Consultivo presidido por el Presidente de la Asamblea Nacional, integrado por la directiva, las presidencias de comisiones permanentes y los ciudadanos representativos de los factores comprometidos en la restauración democrática de la República, ante la absoluta ilegitimidad y la usurpación ejecutada por el Régimen de Facto que sigue destruyendo a Venezuela.

 

 

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PNB reprime estudiantes de la UCV tras asamblea en la que participó Guaidó
La represión inició luego de que los estudiantes marcharan en la casa de estudios acompañados del presidente encargado Juan Guaidó

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) reprimieron a los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) este jueves 14 de noviembre tras efectuarse una asamblea estudiantil.

En el encuentro participó el presidente encargado Juan Guaidó, quien invitó al movimiento estudiantil a participar en la movilización nacional de este sábado 16 de noviembre.

“Todos nos necesitamos. Yo vine a pedirles ayuda, no para mí… para Venezuela. Hoy Venezuela nos necesita a todo”, expresó el mandatario interino en la asamblea.

Tras culminar la reunión, tanto Guaidó como los estudiantes se dispusieron a marchar en los espacios de la casa de estudios y se encontraron con un piquete de la PNB.

Según videos publicados en Twitter, los manifestantes caminaban y el piquete de funcionarios con escudos y armas les impidió continuar con el recorrido.

Estudiantes y profesores defienden la autonomía universitaria con asamblea y protestas

ESTUDIANTES, PROFESORES Y TRABAJADORES UNIVERSITARIOS realizaron este lunes 13 de octubre en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en defensa de la autonomía universitaria.

Durante la asamblea, la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, se refirió a la sentencia 0324 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que exige a las universidades adelantar las elecciones internas de las casas de estudios, decisión que la autoridad universitaria rechaza.

“Nos oponemos a la reciente sentencia 0324 dictada por la Sala Constitucional del TSJ del régimen, luego de 10 años que los rectores de las universidades nacionales interpusimos ante esa sala demanda de nulidad por inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación”, dijo García Arocha.

Por otra parte, García Arocha informó que se comunicará con la ONU y su alta comisionada por los derechos humanos, Michelle Bachelet, por la violación sistemática de los DDHH.

Lea también: Vicente Díaz considera que las parlamentarias no resolverán el problema, “pero deben realizarse”

“Insistiremos en todas las acciones que signifiquen el rescate de nuestra academia (…) Para ella y por ella estamos aquí”, añadió la rectora de la UCV.

Estudiantes protestaron

Luego de que finalizara la asamblea, estudiantes salieron a protestar en las adyacencias de la casa de estudios de Caracas, a pesar de la presencia de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana.

Durante la manifestación, los estudiantes y el resto de los participantes de la protesta cantaron el himno nacional de Venezuela frente al piquete policial.

Venezuela es el país de América Latina donde los policías matan más
Durante 2017, 4.998 personas murieron a manos de miembros de cuerpos de seguridad del Estado en el país, el 25,8% de los homicidios cometidos en general, según la investigación Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América Latina: Un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela
El estudio recogió cifras e historias emanadas de Monitor de Víctimas y Runrun.es 

 

@franzambranor

 

UN ESTUDIO COMPARATIVO DE BRASIL, Colombia, El Salvador, México y Venezuela realizado por el Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina arrojó que más de un cuarto de los homicidios ocurridos en 2017 en Venezuela se produjeron debido a la intervención de los agentes de seguridad del Estado.

La investigación elaborada por profesionales de la Universidad Central de Venezuela, el Laboratorio de Análisis de Violencia de Brasil, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, el Centro de Investigación y Docencia Económica de México y la Fundación Ideas para la Paz de Colombia – entre quienes destacan el investigador Ignacio Cano y la experta en derecho, Catalina Pérez Correa González – evidenció que según cifras oficiales, en Venezuela durante 2017 fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado un promedio 14 personas diarias. 

Las cifras de 2017 indican que uno de cada cuatro homicidios ocurridos en Venezuela fue consecuencia de la intervención de funcionarios del gobierno.

En 2017 se produjeron 19.387 homicidios en Venezuela, de los cuales se informó oficialmente que 4.998 fueron ocasionados por la fuerza pública. Esto quiere decir que un 25,8% de los homicidios ocurridos fueron por intervención estatal. En 2010, el porcentaje era apenas de 4.

El porcentaje de 25,8 en 2017 es  superior al de Brasil de 7,3, a pesar de contar con una población casi siete veces menor. 

Con base a datos del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MRIJP) y del Instituto Nacional de Estadística (INE), se concluye que la tasa de civiles muertos por agentes de los cuerpos de seguridad del Estado fue de 15,9 por cada 100.000 mil habitantes, la mayor de los cinco países evaluados: El Salvador (6,18), Brasil (2,3), Colombia (0,3) y México (0,3).

“Brasil, Venezuela, Colombia, El Salvador y México destacan por la militarización de sus policías, por una lógica bélica que impregna la seguridad ciudadana”, indicó Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales, profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela y coautor del Monitor del Uso de Fuerza Letal.

Pese a que en Latinoamérica existen gobiernos con ideologías distintas, la represión está unida por un mismo hilo conductor. “Vemos en todos discursos oficiales que promueven este tipo de prácticas como una solución, las justificaciones de las muertes posteriores y la impunidad total”, dijo Ávila.

En Venezuela, el aumento de las muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado se acelera a partir del año 2013 y presenta grandes saltos en 2015 y 2016, lo que coincide con la implementación de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), en julio de 2015. 

En 2010, la tasa por cada 100.000 habitantes de casos de personas fallecidas por intervención de la fuerza pública era de 2,3, y en 2016 llegó a 19, es decir un incremento de 726%. El 60% de estas muertes ha ocurrido durante los últimos dos años de acuerdo a datos del MRIJP.

Runrunes y Monitor de Víctimas: referencia

El estudio realizado por el Monitor de Uso de la Fuerza Letal se concentra en el año 2017. Se emplearon fuentes oficiales provenientes de la misma policía y en los casos donde no hubo acceso a la información se usaron reportes de prensa, que incluyeron a medios digitales como Runrun.es.

Además se usaron datos de la ONG Provea y de Monitor de Víctimas -una plataforma periodística de recolección de datos de homicidios en Caracas-, que aportó 165 casos, (41%) de los asesinatos que ocurrieron en el área metropolitana de Caracas en 2017.

En total la base de datos realizada con información de prensa sumó 1.516 víctimas, que representan 30,33% de la cifra oficial de muertes en manos de la fuerza pública durante 2017, la cual fue de 4.998. 

De éstos 1.516 fallecidos, 1.497 (99%) fueron por armas de fuego accionadas por agentes durante la prestación del servicio.

77,34% de las 1.516 muertos fueron identificados de la siguiente manera: con apellido y nombre (68,7%), sólo nombre (0,46%), sólo apellido (0,13%), sólo apodo (8,05%). 

El perfil de la víctima es el siguiente: El 99% fueron hombres de una edad promedio 25 años. El 65% de las víctimas tenían entre 18 y 27 años de edad, un 7,4% no había cumplido los 18 años.

Guardia Nacional Bolivariana (GNB), policías estatales, municipales y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) aportaron aproximadamente la misma cantidad de víctimas (entre 18% y 20%).

65% de estos funcionarios no se encontraban en actos de servicio, 60% no estaba uniformado y 55% no estaba identificado como agente de seguridad del Estado. Apenas 12% de los casos sucedieron en el contexto de un enfrentamiento real. 

El CICPC no se encuentra entre los primeros lugares con mayor cantidad de funcionarios víctimas de homicidio (14%). 

En su último informe anual sobre el año 2017, Provea denunció un incremento de las violaciones al derecho a la vida de un 17,8%. Las violaciones del derecho a la integridad personal se incrementaron en un 411%.

“El año 2017 fue muy sui generis, el tema de las protestas hizo que la violencia institucional se trasladara de los barrios donde se hacen operativos policiales letales a control de manifestaciones, así como a detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, torturas y excesos policiales”, dijo Keymer Ávila.

La opacidad como norma

El Estado separa los homicidios de los casos tipificados como resistencia a la autoridad -que son aquellos cometidos por agentes de la fuerza pública- en sus registros. “Nosotros excluimos o separamos de los delitos de homicidio lo que llamamos la resistencia a la autoridad, porque la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en su clasificación internacional, excluye la muerte por intervención legal, que significa muerte de un delincuente por agentes de seguridad”, manifestó el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol en una rueda de prensa ofrecida en diciembre de 2017.

Sin embargo, esto contradice los criterios que utiliza el propio MRIJP para recopilar sus datos de criminalidad, pues -aunque están separados- dentro de los nueve delitos que registra este despacho en sus estadísticas nacionales se incluye la resistencia a la autoridad. Es decir ellos mismos lo consideran un delito.

“Algo con que nos encontramos en esta investigación es la dificultad para conseguir información oficial y cuando la hallábamos no sabíamos si era fiable y de calidad”, dijo Keymer Ávila.

Más muertos que heridos 

Los indicadores intentan medir en qué grado se presentan patrones de uso excesivo de la fuerza letal.

Es posible que la fuerza letal haya sido elevada en respuesta a un ambiente violento.

Se espera un mayor número de víctimas fatales entre los que se enfrentan a los agentes de la ley por diversas razones: los policías suelen actuar en grupo, están entrenados y usan chaleco antibalas. 

Por otra parte, la existencia de armas de fuego entre los civiles es un factor para justificar el uso de la fuerza.

Entre los resultados de la investigación se tiene que por cada civil herido fallecen otros 16. A juicio de los investigadores esta cifra es preocupante porque aún en contextos bélicos lo que se espera es que el número de muertos no sobrepase al número de heridos.

“En los conflictos bélicos se espera que el número de heridos sea mayor al de fallecidos y por ende en situaciones de seguridad ciudadana no se debe esperar lo contrario. Paradójicamente encontramos en nuestros países que la cifra de muertos es superior al de heridos y esto es el principal indicativo de masacres”, dijo Ávila.

En 2017, el promedio de víctimas por intervención policial fue de 1,5 víctimas por caso.

Por otra parte, al analizar la relación entre muertos y heridos civiles con los ataques mortales que sufren los funcionarios, se constata una gran asimetría entre ambos: por cada funcionario fallecido pueden morir 26 civiles; por cada civil herido mueren 16 civiles y en contraste, por cada funcionario herido, fallecen tres funcionarios.

La investigación cierra con una serie de recomendaciones entre las que se encuentran: el cese de operativos policiales militarizados, suspender a cualquier funcionario sospechoso de participar en violaciones de derechos humanos, proteger a víctimas del uso de la fuerza letal, prohibir la práctica de detenciones arbitrarias y desmilitarizar la seguridad ciudadana.

“Si el Estado no condena este tipo de actuaciones las promueve. Peca por acción y omisión”. dijo Ávila.

La presentación del Monitor del Uso de la Fuerza Letal se llevó a cabo este jueves 29 de agosto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México.

“La idea es que esta sea la piedra fundacional de algo que debe crecer. Esperamos continuar con esta iniciativa que exista mayor apoyo institucional y que se sumen nuevos países”, dijo Ávila.

Según el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el derecho a la vida es inviolable y el Estado “está obligado a proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad, prestando servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier forma”.