El alcalde de El Hatillo, David Smolansky, en su balance de seguridad número 37 correspondiente el mes de enero, informó que el municipio cumple 30 días continuos sin registrar homicidios y destacó que hubo una disminución de 25,7% en delitos comparado a enero de 2016.

“A pesar de que en Caracas hubo más de 500 muertes violentas en el mes de enero, en El Hatillo podemos decir que este ha sido el mejor mes en lo que corresponde a seguridad ciudadana desde que asumimos la Alcaldía hace tres años”, expresó Smolansky.

El Alcalde recordó que la jurisdicción también cumple 145 días continuos registrando un solo homicidio, además resaltó varios operativos exitosos por parte de PoliHatillo, en donde se recuperaron dos vehículos, dos motos y hubo 17 detenciones de delincuentes, incluyendo la del presunto homicida de Baruta, alias “El Osito”.

Aseguró que estas cifras se deben al enorme esfuerzo que realizan diariamente los funcionarios de PoliHatillo y el trabajo articulado que mantienen con La policía del estado Miranda, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalistas (CICPC), y la Guardia Nacional Bolivariana, específicamente en la zona rural a través de los puntos de control rotativos. “Como lo hemos dicho desde hace tres años, cuando los cuerpos de seguridad de este país se articulan y cooperan entre sí, gana el ciudadano y pierde el delincuente”, afirmó Smolansky.

Por último el primer mandatario municipal invitó a todo su equipo de la dirección de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía, Protección Civil y PoliHatillo, a que estos éxitos no los embriaguen de arrogancia sino que los comprometan aún más a seguir mejorando y prestando el mejor servicio de resguardo y seguridad a los vecinos y visitantes de El Hatillo.

 

 

 

Una situación de rehenes se presentó la mañana de este jueves en la escuela Ciudad Cuatricentenaria, ubicada en la urbanización Ruiz Pineda, de Caricuao, cuando delincuentes armados se ocultaron en dicho centro educativo para resguardarse de la Guardia Nacional.

Los malandros “brincaron el paredón y se metieron en la parte de educación primaria y preescolar, y tomaron como rehenes a los niños y a los docentes.  La situación se prolongó por una hora y media, aproximadamente”, contaron vecinos a Prensa Unidad Venezuela.

El terror y la angustia se apoderaron de inmediato de los padres y representantes, quienes acudieron desesperados a la escuela para rescatar a sus menores hijos, añadieron las fuentes.

“Mi familia estaba en crisis porque tengo tres primitos estudiando ahí, dos en secundaria y uno en primer grado”, añadió la fuente.

Las versiones indican que unos malandros intentaron robar la panadería City Pan, ubicada en la avenida principal, pero al fracasar en su intento, huyeron. Al ver que eran perseguidos por efectivos de la Guardia Nacional, se ocultaron en la escuela Ciudad Cuatricentenaria donde, finalmente, fueron atrapados.

*Con información de Unidad Venezuela

 

 

La ONG Una Ventana a la Libertad considera que el nuevo plan de seguridad anunciado por el Presidente Nicolás Maduro será un total fracaso, si no hay nuevos recintos carcelarios a dónde llevar a los responsables de hechos delictivos que sean detenidos.

Para el Coordinador General de la organización, Carlos Nieto Palma, tanto las cárceles nacionales, que dependen del Ministerio para el Servicio Penitenciario, como los Centros de Detención Preventiva, que están adscritos a los diferentes cuerpos policiales, no tienen espacios para albergar nuevos detenidos, por lo que no habrá lugar para recluir a quienes sean aprendidos en el marco de la nueva fase del Plan Patria Segura, anunciado por el Presidente Maduro el martes 17 de enero.

Un informe elaborado, en el mes de diciembre, por Una Ventana a la Libertad dio como resultado que en los Centros de Detención Preventiva hay un 378% de hacinamiento y en las cárceles a cargo del Ministerio para el Servicio Penitenciario supera el 250%. “Tenemos una población de 100 mil reclusos y solo hay cupo para 20 mil, se necesitan espacios para tener 80 mil reclusos, lo que equivaldría a 80 nuevas cárceles para mil reclusos cada una”, explicó Nieto Palma.

Estos nuevos recintos carcelarios deberían reunir unas condiciones mínimas, para garantizar el respeto de los derechos humanos de los privados de libertad; entre las que destacan: contar con espacios para la recreación y la recepción de vistas y proveer a los presos de insumos fundamentales como alimentos, servicios médicos y agua potable.

“No puede ser eficiente un plan de seguridad que no tiene un lugar a dónde llevar a los delincuentes que sean detenidos. El Estado venezolano debe avocarse a solucionar este problema si pretende desarrollar un plan de seguridad que sea exitoso y beneficie a la comunidad”, acotó Nieto Palma.

Una Ventana a la Libertad ve con preocupación que, a pesar de los muchos ofrecimientos de construir recintos carcelarios, esto no se haya cumplido y no haya espacios para recluir a nuevos detenidos, lo que sin duda frenará la acción efectiva de los cuerpos policiales a la hora de detener a responsables de delitos.

“Es necesario que el Ministerio para el Servicio Penitenciario trabaje en la búsqueda de soluciones a esta problemática, pues los cuerpos policiales están en la obligación de cuidar a los ciudadanos, en lugar de permanecer en sus comisarias cuidando presos”, señaló Nieto Palma.

De igual forma, la organización considera fundamental que la aplicación de este plan de seguridad se sustente en un espíritu de respeto a los derechos humanos.

 

 

 

Después de unos días de descanso por las festividades navideñas me reincorporo hoy a mi columna semanal deseándoles a mis lectores un feliz año 2017, que este nuevo año les traiga muchas cosas buenas y que nuestra lucha por el respeto a la Constitución y el retorno a la democracia vea sus frutos en este 2017, queremos que Venezuela sea un país de paz, reconciliación, respeto a la diversidad y a los derechos humanos.

Quiero iniciar mis escritos de este mes hablando de la inseguridad, problema que se ha convertido en un verdadero azote para todos los venezolanos, el pasado 28 de diciembre el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), respetada organización no gubernamental dedicada al estudio de la violencia en Venezuela, presento su informe anual del año 2016 y las cifras que nos da son verdaderamente alarmantes, ubicando a Venezuela como el segundo país más violento del mundo y a Caracas como la ciudad más peligrosa del mundo.

Según el informe presentado por el OVV nos alarma ver que “Contando con fuentes primarias oficiales y con las informaciones de terreno recabadas en los seis observatorios regionales de violencia, para este año 2016 estimamos una tasa de 91,8 muertes violentas por cada cien mil habitantes y un total de 28.479 fallecidos en todo el territorio nacional, que deriva de la suma de los homicidios legalmente aceptados como tales, que estimamos en 18.230 casos; las víctimas de los actos clasificados como resistencia a la autoridad, que alcanzaron 5.281 muertos; y los 4.968 fallecidos incluidos en los casos de muertes violentas consideradas en averiguación, por no haber tenido una intencionalidad conocida. Con una tasa de 91,8 muertes violentas por cada cien mil habitantes, Venezuela se ubica en el segundo lugar de los países con mayor violencia letal en el mundo. En primer lugar calculamos que, al igual que el año 2015, se volverá a ubicar El Salvador, con una tasa de alrededor de los 100 homicidios por cien mil habitantes (el año pasado fue de 103); y en tercer lugar se situará Honduras, con una tasa cercana a los 60 homicidios por cien mil habitantes (el año pasado fue de 56). Nuestros estimados indican que al finalizar 2016, Venezuela tendría una tasa de muertes letales 3,6 veces mayor que las de Colombia y Brasil. Colombia continúa su proceso de disminución de los homicidios, y con una tasa de 25,3 al finalizar este año, igualaría a la tasa de 25,1 que ha venido presentando Brasil”.

Como dato curioso tenemos que en el año 2016 en Siria murieron un aproximado de 17 mil personas, entre ellas 2000 niños, en Venezuela sin guerra oficial superamos esta cifra en casi 12 mil personas, es evidente que los más de 20 planes de seguridad que se han implementado para combatir la inseguridad han sido un completo fracaso aunado a las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos que se han cometido por los funcionarios policiales, las recientes muertes atribuidas a la Operación Liberación del Pueblo (OLP) en las masacres de Cariaco y Barlovento es una clara muestra de ello.

Según el informe del OVV “En el año 2016 aumentó el uso de un armamento más poderoso y letal por parte de los delincuentes. Un aspecto que llamó mucho la atención fue la proliferación del uso de granadas en enfrentamientos con los cuerpos policiales, situaciones de secuestros y en conflictos a lo interno de las prisiones. El uso de armamento de guerra permitió no solo enfrentamientos abiertos en batallas defensivas con las fuerzas de seguridad, sino el pase a la ofensiva con emboscadas y ataques a las sedes policiales.

Igualmente este informe nos dice “La incorporación de nuevos delincuentes y el ejercicio de mayor violencia por ellos ha tenido una respuesta policial y militar de mayor envergadura y letalidad, que ha sido cuestionada por actuaciones violentas que pueden calificar como ajusticiamientos y abuso de poder. Si bien la población acosada por los delincuentes y la violencia requería una acción represiva y de contención por parte de las autoridades, ahora teme y ve con tristeza e impotencia los abusos que se han cometido bajo la pretensión de lucha contra las bandas criminales. En nuestros estimados de los años anteriores, habíamos calculado que el 65% de los casos clasificados como de resistencia a la autoridad eran fatales. Este año, a partir las cifras primarias que disponemos de nuestros estudios, nos muestran que ese porcentaje se incrementó de una manera importante y para el año 2016 estimamos que al menos el 80% de los casos de resistencia a la autoridad concluyeron en muertes. En estas condiciones los delincuentes perciben que la actuación policial es violenta, los condena a la muerte, y por lo tanto, responden en consecuencia, haciendo más violenta la sociedad. Tanto el delito como la acción de respuesta de las autoridades se volvieron letales”.

En relación al Sistema Penitenciario Paralelo que tanto he denunciado, el OVV dice “Las penurias y los enfrentamientos violentos en las cárceles que se dan entre las bandas para controlar los penales y las rentas económicas que de allí derivan, se mantuvieron durante todo el año y a pesar de los reiterados esfuerzos de los defensores de los derechos humanos y de las autoridades. Lo singular de este proceso en Venezuela es que paralelo al sistema penitenciario formal se ha creado una estructura de reclusión temporal que equipara en magnitud de internos a los que se encuentran en las cárceles. Estos centros de detención provisional no fueron diseñados, ni tienen las instalaciones físicas, para albergar miles de reclusos y de manera permanente. Algunos detenidos llevan varios años en esos centros temporales y, aunque ya tienen sentencia y orden de traslado a las cárceles por un juez, no son admitidos en las cárceles formales por las autoridades penitenciarias”.

Venezuela clama por tener seguridad, por salir a las calles sin miedo, ojalá en este 2017 podamos avanzar ante este oscuro panorama.

 

@cnietopalma 

cnietopalma@gmail.com

 

La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana emitió este martes un comunicado para repudiar el método que ejecuta la Operación Liberación del Pueblo (OLP) “la manera en que se llevan a cabo los operativos de seguridad pública realizados de manera indiscriminada, y en los cuales las autoridades del estado no han cumplido sus deberes de prevenir violaciones a los derechos humanos y respetarlos”.

Además, “la actitud soberbia y sorda de las autoridades del Estado, quienes se han negado y se niegan a acatar la jurisprudencia internacional, los actos de órganos internacionales de protección de los DDHH y las recomendaciones de las organizaciones no gubernamentales para el respeto y la garantía de todos los DDHH de todas las personas”.

En ese sentido, la CEV exhortó a los entes gubernamentales garantizar los Derechos Fundamentales para los ciudadanos, a fin de evitar que se repitan lo sucesos ocurridos en localidad mirandina.

Para leer comunicado pulse AQUÍ

 

En una zona cerca de Caracas hay cinco urbanizaciones populares conectadas entre sí en nombre y en servicios. Y en gobierno de pranes. Un pran mayor coordina a cinco pranes subalternos. Una banda de malandros controla la vida de los habitantes en cada zona. Si usted va de visita lo detendrán a la entrada y lo revisarán unos sujetos con armas a la vista. Conocen bien a la gente del lugar pero usted es sospechoso porque puede ser policía o malandro de otro sitio. La banda fija las leyes de funcionamiento y convivencia. Así, por ejemplo, a los niños que estén en la calle más allá de las 10:00 de la noche los recogen, se los esconden a las madres y sólo después de que éstas se desesperan por la angustia se los entregan. Cada cierto tiempo deciden que hay limpieza de calles. Convocan a la gente. Por lo menos una persona por familia tiene que presentarse. Si se da el caso de alguna ausencia, se presentan bien armados en la casa y obligan bajo amenazas. Los consejos comunales, quieran o no, tienen que acatar lo que el pran decida. Él es quien convoca a reuniones y en ellas se coloca al frente con sus luceros armados y “con lenguaje malandro”, dicen los testigos, fija la decisiones que se deben tomar. A las reuniones acuden sobre todo las mujeres. Los hombres no asisten porque no saben qué les pueden hacer. Los miembros de la banda no sólo consumen en público la droga sino que también la distribuyen sin ningún tipo de control. Ellos son la autoridad. Si surge algún problema entre vecinos, intervienen armados para “poner paz” porque se llaman “Movimiento de Paz”. Si el conflicto se mantiene, expropian las casas y hasta expulsan a los implicados de la urbanización. Ya ha pasado varias veces. Sus decisiones, fundadas o no, son inapelables. Cobran impuestos (vacunas) a los buhoneros que ahí viven así ejerzan su comercio fuera, a las bodegas, a los bachaqueros y a cada familia “para servicios a la comunidad”. Queman las manos a los que consideran ladrones. A más de un inocente también. Llevan gente de fuera y los asesinan en un lugar ya establecido. La policía recoge los cadáveres. Han amenazado con saqueo a los bodegueros que según ellos venden caro. Ya no venden ni caro ni barato. ¿Sigo?

El régimen está, pues, calcado sobre el que ejercen los pranes en cada cárcel.

¿Puede darse algo así sin la anuencia del gobierno?

¿Cada una de nuestras comunidades estará destinada a convertirse en un régimen dictatorial carcelario con un pran en el poder?

¿Es esta la organización comunitaria del socialismo del siglo XXI?

 

El Nacional

ciporama@gmail.com

 

Durante muchos años, desde 1999 hasta su muerte en el 2013, el presidente Hugo Chávez impuso la premisa de “no reprimir” a los delincuentes para diferenciarse de los gobiernos anteriores, sin considerar que todo Estado democrático tiene el deber de perseguir y castigar a quiénes infringen la Ley. Chávez no sólo “no reprimió”, tampoco desarrolló ningún tipo de política de prevención o de apoyo a las víctimas de la violencia, le abrió las puertas a los narconegocios de las FARC, no investigó a sus ministros o funcionarios sospechosos, premió a los que eran denunciados con cargos y prebendas, eliminó la autonomía del Poder Judicial y le entregó las prisiones a las mafias carcelarias. Por esos equivocados criterios, sostenidos a lo largo de demasiados años, Venezuela se convirtió en el segundo país del mundo con la peor tasa de homicidios y le dejó a su sucesor, el Presidente Nicolás Maduro, una situación insostenible en materia de seguridad ciudadana.

Después de ensayos inocuos como el desarme o desastrosos como las “Zonas de Paz” el Presidente Maduro le entregó totalmente el manejo de la seguridad a los militares, ministerio del interior, SEBIN, Policía Nacional Bolivariana y hasta la Universidad Experimental de la seguridad, UNES, para no mencionar otras áreas de gobierno.

Ya a cargo de la seguridad, a los militares, a los que nunca les tembló la mano para aplastar brutalmente las manifestaciones de calle de la oposición política en el 2014, idearon ahora una solución a su estilo, con las irónicamente llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo, OLP, instrumentadas durante un año completo a lo largo y ancho del país y con un saldo comprobado, según Provea y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos, de 20 ejecuciones extrajudiciales y 218 sospechosos abatidos, más de 14 mil detenciones arbitrarias temporales, detenciones permanente sin órdenes, destrucción de viviendas, denuncias de robo de teléfonos celulares, computadoras portátiles, artículos de primera necesidad y alimentos en los registros efectuados; la deportación arbitraria de 1.700 personas y el uso excesivo de la fuerza en desalojo de viviendas.

Ahora la represión ocurre tanto en el ámbito político como en el de la delincuencia común u organizada. Las recientes detenciones y encarcelamiento del periodista Braulio Jatar, de alcaldes y dirigentes del Partido Voluntad Popular, de estudiantes y manifestantes, sin razón, violando cualquier norma judicial, a la par de los excesos cometidos en las OLP, denunciados incluso por la Fiscal General de la República, deben llamar a reflexión a los oficiales, y altas y medias jerarquías de los cuerpos policiales, de la Guardia Nacional Bolivariana, del SEBIN y otros cuerpos policiales.

Desde hace ya mucho tiempo, las excusas esgrimidas por cuadros medios, el “yo sólo cumplía órdenes superiores” no es aceptado en ningún tribunal del mundo; como tampoco es válido el argumento del “yo no sabía que eso ocurría”, “yo nada podía hacer” o la simplista actitud de “mirar hacia otra parte” cuando sus compañeros de armas o de institución cometen arbitrariedades, abusos y violaciones a los derechos humanos.

@marcostarre