Lo único nuevo que ofrece la versión más reciente de Patria Segura es la incorporación abierta de formaciones políticas para la recopilación de inteligencia en materia criminal

Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

El presidente Nicolás Maduro anunció la reformulación de las operaciones conocidas como Liberación del Pueblo (OLP). Ahora supuestamente tendrán una cara más amigable, y por eso se llamarán Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP). La primera conocida luego de este anuncio se llevó a cabo en la Cota 905, justo en el mismo lugar donde se llevó a cabo la primera OLP en julio de 2015. En aquella oportunidad, las reseñas periodísticas dieron cuenta de por lo menos doce muertos en supuestos enfrentamientos con agentes de la ley. En la de este 23 de enero fueron tres. Claro está, entre ambos extremos se llevaron a cabo otras tres OLP en la Cota 905. En algunas, con participación de militares, fueron abarcados también los sectores de Cementerio y El Valle.

Las OLP de entonces y las OLHP que comenzamos a ver desde enero de 2017 obedecen al mismo formato: son redadas en espacios geográficos más o menos delimitados que intentan mitigar la criminalidad mediante la «neutralización», ya sea por muerte o detención, de determinados individuos o conglomerados que operan en esos sectores. En la Policía Nacional las llaman «operaciones de saturación», puesto que las calles de estos barrios se ven inundadas de uniformados, quienes abandonarán el lugar a la vuelta de unas horas o, en casos excepcionales, un par de días.

Decir que las OLP u OLHP se inspiraron en las experiencias de Brasil y Colombia es una expresión de ignorancia, cuando no de un interés deliberado por engañar a la gente. En las comunas del Medellín colombiano y las favelas brasileñas se hicieron operaciones de saturación, con tanta o más violencia que las vistas en Venezuela, pero el propósito no era matar a los líderes de las bandas. De hecho, por lo menos en Brasil, en las últimas versiones los funcionarios de la Policía Militar han anunciado su entrada mediante perifoneos, de manera que los criminales han abandonado el territorio. Y estos sectores han sido ocupados y reinstitucionalizados. Esto quiere decir que los policías permanecen allí, y son construidas escuelas, comedores, dispensarios, bibliotecas y desde luego estaciones para los cuerpos de seguridad. Todo esto en las partes altas, lo que permite ejercer un mayor control sobre la actividad del barrio.

Este es el error de concepto de las OLP, con o sin H.

La reformulación de estas operaciones fue decidida ante las numerosas críticas, algunas incluso de sectores afines al Gobierno, que advertían la creciente impopularidad de las OLP en lo que llaman la «base de sustentación política» del chavismo-madurismo.

Ahora bien, esta decisión se inscribe dentro del llamado relanzamiento del plan Patria Segura. La primera versión de este plan fue en 2013 por iniciativa del entonces ministro de Relaciones Interiores, general Miguel Rodríguez Torres, que luego incorporó un sistema de patrullajes por circuitos, calcado de la experiencia en algunas ciudades de Colombia.

El gran problema con este sistema, según me comentó el actual director de PoliMiranda Elisio Guzmán, es que resulta inviable en Venezuela debido a la crónica carencia de recursos en las policías. Este déficit se incrementará ahora, puesto que el Gobierno planea aumentar 15% el total de circuitos en el país y cada uno deberá tener un «estado mayor».

Me pregunto cómo llevar a la práctica esta expansión de los circuitos de patrullaje, cuando actualmente las flotas de patrullas y motocicletas de todos los cuerpos policiales, incluida la PNB, están inservibles en más del 45%, de acuerdo con diagnósticos disponibles. La situación es tan grave que los propios funcionarios motorizados deben pagar de su bolsillo los repuestos y las reparaciones. En la PNB además se ha admitido ya que algunos vehículos sean «canibalizados», es decir, despojados de las piezas que aún sirven para colocárselas a otros y ponerlos en funcionamiento.

También está el problema del llamado «pie de fuerza» de los cuerpos de seguridad. En Caracas solamente son necesarios unos 30.000 policías, pero no se dispone de más de 9.000. A esto hay que restar los agentes que no van a trabajar porque están de reposo, presos, de permiso académico, en comisión de servicio en otros cuerpos, en grupos de apostamiento (vigilancia de detenidos) o son escoltas de algún jerarca. Además, hay otros que no van a sus cuarteles porque no les da la gana, se jubilan y se ponen a trabajar como parceleros o custodios de pequeños comercios, léase abastos o panaderías.

Estas carencias terminarán por desvirtuar el plan Patria Segura II. Sin embargo, Maduro cree que las podrá afrontar mediante la incorporación de nuevos recursos humanos desde varias procedencias: 1) 10.000 nuevos oficiales de la Policía Nacional; 2) 10.000 tropas de la Fuerza Armada Nacional; 3) el pie de fuerza del Sebin, y 4) miembros de colectivos y unidades de batalla que actúen como «patriotas cooperantes» y aporten pie de fuerza en determinadas operaciones.

Sobre el último punto hay que señalar que la participación de colectivos y miembros de formaciones políticas oficialistas ya venía ocurriendo en asuntos de seguridad ciudadana. Para esto se tomaban en consideración las disposiciones de las leyes orgánicas de Seguridad de la Nación, los Consejos Comunales y las Comunas. Hubo experimentos en sectores como Catuche, Mérida, Juan Pablo II y Ciudad Caribia. En esto se avanzó hasta tal punto que ciertos colectivos de «inteligencia popular» participan en operativos de control a transeúntes en Catia y Sabana Grande, tal y como quedó en evidencia a finales del año pasado.

Todas estas decisiones acentuarán la politización de la actividad de los cuerpos policiales, algo que es rechazado no sólo por buena parte de los funcionarios de tales instituciones sino también por la población en general. Quede claro entonces que el problema de fondo no será proteger a la ciudadanía sino incrementar el control político a través de cuerpos profundamente ideologizados.

Ahí está el sentido de la segunda versión de Patria Segura.

Breves

* La Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionará el 9 de febrero en San José de Costa Rica para debatir sobre una posible denegación de justicia por parte del Estado venezolano en el caso del homicidio del estudiante de la Guardia Nacional Johan Alexis Ortiz. Esta muerte se produjo el 15 de febrero de 1998 durante un ejercicio en una cancha del destacamento 19 de ese componente militar en Táchira. Por este caso ha sido imputado Jean Carlos Rafael Malpica, un efectivo de tropa que se suponía debía disparar salvas con un fusil M61 calibre 7.62mm. Malpica se encuentra en libertad. Además, de acuerdo con el papá de la víctima, Edgar Ortiz, él no fue el responsable por este homicidio. Las pruebas de planimetría y experticias balísticas indican que los dos disparos que mataron a Johan Ortiz fueron hechos desde un lugar distinto al que ocupaba el imputado, presumiblemente por un oficial que entonces tenía el grado de capitán y hoy es flamante general de brigada de la GN, gracias a un ascenso otorgado por Maduro en 2013.

* La Policía Nacional adelanta un plan para el «rescate de la imagen» de ese cuerpo. El documento correspondiente no hace un diagnóstico preciso sobre las condiciones de hecho que motivaron esta iniciativa. Pero es obvio que la evaluación general de la PNB entre la ciudadanía no es positiva. Una de las evidencias más claras al respecto es que se trata del cuerpo armado civil con mayor número de procesados por diversos delitos, en especial homicidios, robos y extorsiones. El plan establece dos frentes de acción: puertas adentro y hacia las comunidades. En el primero se intentará incrementar el «sentido de pertenencia» y el orgullo de formar parte de las filas de esta policía. Algunas historias relativas a procedimientos exitosos serán exaltadas, al punto que un comité escogerá al «héroe del mes». Hacia afuera la cuestión es más complicada. El plan reconoce de antemano las dificultades para transmitir una sensación de efectividad. La Dirección de Comunicaciones será reestructurada. Se ordenó un monitoreo constante a las redes sociales, los medios y los periodistas que general opinión en cuestiones de seguridad. El mensaje a transmitir es que «los funcionarios que roban y matraquean son lunares en la institución».

* El criminólogo y docente Luis Gerardo Gabaldón llevó a cabo una encuesta de victimización para la región centro-norte-costera del país, que incluye a los estados Aragua, Carabobo, Vargas, Miranda y Distrito Capital. Se hicieron entrevistas en hogares para determinar si esa persona había sido afectada por secuestros y extorsiones, lesiones personales, robo y hurto genéricos, corrupción, abuso sexual, estafa, amenaza y el homicidio de algún familiar directo. Por razones metodológicas, las preguntas abarcaron el lapso julio 2014 a julio 2015. Los resultados indican hasta qué punto la criminalidad violenta arremete contra la población. Por ejemplo, se proyectó una cifra de 28.241 secuestros y 32.151 extorsiones solo para los referidos estados, así como 845.406 robos y 12.285 homicidios. Este último dato es muy relevante, pues la región centro-norte-costera suele abarcar el 50% de tales crímenes. Por lo tanto, durante el año objeto de investigación la cifra homicidios para el país debió estar alrededor de 24.570. Esto se acerca mucho a los cálculos hechos por el Observatorio Venezolano de la Violencia. Gabaldón fue miembro de la Comisión Nacional para la Reforma Policial y corredactor del Estatuto para la Función Policial.

* En la medida en que avanza la disolución del Estado venezolano, los medios para el ejercicio legal de la fuerza son reemplazados por agrupaciones de diversa índole. Llámelas comités de vigilancia, frentes bolivarianos o colectivos. En este último caso, es claro que algunos gozan de beneficios clientelares a través de instituciones estatales como Petróleos de Venezuela o el Ministerio para las Comunas, por citar algunos. Pero el flujo de dinero también ha mermado para estos grupos. La crisis finalmente les llegó, y para mantener las lealtades ahora es necesario acudir a otros mecanismos. El primero es la extorsión. Los comerciantes de la avenida Sucre de Catia pueden hablar de esto. También los habitantes de los barrios ubicados a partir del kilómetro 7 de la vía a El Junquito. En octubre del año pasado un colectivo se reunió con los residentes para exigir el pago de 2 mil bolívares mensuales a cambio de garantizar la seguridad. Posteriormente, pasaron casa por casa para reunir los aportes. El dinero era recibido por una mujer acompañada por un sujeto encapuchado. En una oportunidad, colocaron una pancarta con los números telefónicos a los que se podía llamar para comunicar las novedades. Pero los robos continuaron y el colectivo no dio respuesta, así que la removieron.