Responsabilidades individuales, por Marcos Tarre
Sep 27, 2016 | Actualizado hace 4 años
Responsabilidades individuales, por Marcos Tarre

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Durante muchos años, desde 1999 hasta su muerte en el 2013, el presidente Hugo Chávez impuso la premisa de “no reprimir” a los delincuentes para diferenciarse de los gobiernos anteriores, sin considerar que todo Estado democrático tiene el deber de perseguir y castigar a quiénes infringen la Ley. Chávez no sólo “no reprimió”, tampoco desarrolló ningún tipo de política de prevención o de apoyo a las víctimas de la violencia, le abrió las puertas a los narconegocios de las FARC, no investigó a sus ministros o funcionarios sospechosos, premió a los que eran denunciados con cargos y prebendas, eliminó la autonomía del Poder Judicial y le entregó las prisiones a las mafias carcelarias. Por esos equivocados criterios, sostenidos a lo largo de demasiados años, Venezuela se convirtió en el segundo país del mundo con la peor tasa de homicidios y le dejó a su sucesor, el Presidente Nicolás Maduro, una situación insostenible en materia de seguridad ciudadana.

Después de ensayos inocuos como el desarme o desastrosos como las “Zonas de Paz” el Presidente Maduro le entregó totalmente el manejo de la seguridad a los militares, ministerio del interior, SEBIN, Policía Nacional Bolivariana y hasta la Universidad Experimental de la seguridad, UNES, para no mencionar otras áreas de gobierno.

Ya a cargo de la seguridad, a los militares, a los que nunca les tembló la mano para aplastar brutalmente las manifestaciones de calle de la oposición política en el 2014, idearon ahora una solución a su estilo, con las irónicamente llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo, OLP, instrumentadas durante un año completo a lo largo y ancho del país y con un saldo comprobado, según Provea y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos, de 20 ejecuciones extrajudiciales y 218 sospechosos abatidos, más de 14 mil detenciones arbitrarias temporales, detenciones permanente sin órdenes, destrucción de viviendas, denuncias de robo de teléfonos celulares, computadoras portátiles, artículos de primera necesidad y alimentos en los registros efectuados; la deportación arbitraria de 1.700 personas y el uso excesivo de la fuerza en desalojo de viviendas.

Ahora la represión ocurre tanto en el ámbito político como en el de la delincuencia común u organizada. Las recientes detenciones y encarcelamiento del periodista Braulio Jatar, de alcaldes y dirigentes del Partido Voluntad Popular, de estudiantes y manifestantes, sin razón, violando cualquier norma judicial, a la par de los excesos cometidos en las OLP, denunciados incluso por la Fiscal General de la República, deben llamar a reflexión a los oficiales, y altas y medias jerarquías de los cuerpos policiales, de la Guardia Nacional Bolivariana, del SEBIN y otros cuerpos policiales.

Desde hace ya mucho tiempo, las excusas esgrimidas por cuadros medios, el “yo sólo cumplía órdenes superiores” no es aceptado en ningún tribunal del mundo; como tampoco es válido el argumento del “yo no sabía que eso ocurría”, “yo nada podía hacer” o la simplista actitud de “mirar hacia otra parte” cuando sus compañeros de armas o de institución cometen arbitrariedades, abusos y violaciones a los derechos humanos.

@marcostarre