El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó este lunes, 24 de agosto, que Robinson Johan Esquivel Fajardo, de 45 años, falleció en la Comunidad Penitenciaria Fénix, en el estado Lara, cuando presentó complicaciones de salud.
De acuerdo con el OVP, Esquivel Fajardo, fue trasladado al Hospital Central Antonio María Pineda, donde falleció. Es el segundo recluso proveniente de este penal que recibía tratamiento de diálisis y que muere en menos de una semana. El primero fue César Enrique Ostos, quien falleció el pasado 19Ago mientras se dializaba.
A través de su cuenta en X, el OVP afirmó que estas dos muertes “dejan en evidencia cómo estar enfermo en prisión puede convertirse en una pena de muerte, ante la inexistencia de una asistencia médica integral para las personas privadas de libertad”.
La ONG cuestionó si en ambos casos ¿se cumplieron los protocolos necesarios durante su tratamiento? o si ¿existe una investigación sobre estos fallecimientos? Asimismo, denunció que todas las muertes que han expuesto mediante informes y comunicados “han sido ignoradas”.
“El régimen viola sistemáticamente los derechos a la salud, a la integridad personal y a la vida de las personas privadas de libertad. Al no garantizarles una asistencia médica adecuada y oportuna, simplemente las condena a muerte”, se lee en el post.
Muere en #Lara el segundo preso que recibía diálisis
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) August 24, 2026
Robinson Johan Esquivel Fajardo, de 45 años, se encontraba recluido en la Comunidad Penitenciaria Fénix cuando presentó complicaciones de salud. Debido al deterioro de su condición, fue trasladado al Hospital Central Antonio… pic.twitter.com/UkxElS74Q4
Las muertes bajo custodia no cesan
El pasado 11 de agosto el OVP denunció la muerte bajo custodia de Anthony Portillo (Tocuyito), Víctor Salgado (Rodeo IV) y Adrián Felipe (Fénix Lara), todos en contextos de desatención médica.
En lo que va de 2026, y hasta el pasado mes de julio, el OVP contabilizó 28 fallecidos en custodia del Estado.
El OVP exigió al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo investigar estas vulneraciones a los derechos de las personas bajo custodia del Estado venezolano.
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