El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este viernes, 21 de agosto, la muerte de un preso en la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, mientras recibía tratamiento de diálisis tras contraer hepatitis.
Mediante una publicación hecha en redes sociales, el OVP cuestionó cómo se contagia de hepatitis un paciente renal bajo custodia del Estado. El fallecido fue identificado como César Enrique Ostos Patiño, de 44 años, y murió el pasado 19 de agosto mientras recibía diálisis en el Seguro Social Pastor Oropeza.
Según la organización, Ostos Patiño era un paciente renal que requería tratamiento de diálisis y que, durante su permanencia en Fénix Lara, se contagió de hepatitis. “Su delicada condición de salud requería vigilancia médica permanente, tratamiento especializado y condiciones sanitarias compatibles con una enfermedad que por sí sola demandaba cuidados especiales”, señaló el OVP.
El Observatorio instó a explicar si se investigó el origen del contagio, si se cumplieron los protocolos sanitarios durante el tratamiento y cuál fue el seguimiento recibido dentro del penal, así como indicar cuánto tiempo convivió con ambas patologías. Además, cuestionan las acciones que emprendieron las autoridades judiciales frente a la condición del fallecido.
“Ostos estaba a la orden del Tribunal Primero de Ejecución del estado Aragua, por lo que resulta necesario conocer si el tribunal tenía información sobre el deterioro de su salud y qué medidas fueron evaluadas para proteger su vida”, añadió la organización.
Por otra parte, el OVP recordó que una persona privada de libertad con una enfermedad renal no puede procurarse por sí misma la diálisis, escoger dónde recibirá tratamiento ni abandonar la cárcel “cuando sus condiciones de reclusión representan un riesgo adicional para su salud”. Según la ONG, “depende absolutamente del Estado para sobrevivir y esa dependencia impone una responsabilidad que no desaparece porque eventualmente sea trasladada a un centro asistencial”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
