Durante muchos años, desde 1999 hasta su muerte en el 2013, el presidente Hugo Chávez impuso la premisa de “no reprimir” a los delincuentes para diferenciarse de los gobiernos anteriores, sin considerar que todo Estado democrático tiene el deber de perseguir y castigar a quiénes infringen la Ley. Chávez no sólo “no reprimió”, tampoco desarrolló ningún tipo de política de prevención o de apoyo a las víctimas de la violencia, le abrió las puertas a los narconegocios de las FARC, no investigó a sus ministros o funcionarios sospechosos, premió a los que eran denunciados con cargos y prebendas, eliminó la autonomía del Poder Judicial y le entregó las prisiones a las mafias carcelarias. Por esos equivocados criterios, sostenidos a lo largo de demasiados años, Venezuela se convirtió en el segundo país del mundo con la peor tasa de homicidios y le dejó a su sucesor, el Presidente Nicolás Maduro, una situación insostenible en materia de seguridad ciudadana.

Después de ensayos inocuos como el desarme o desastrosos como las “Zonas de Paz” el Presidente Maduro le entregó totalmente el manejo de la seguridad a los militares, ministerio del interior, SEBIN, Policía Nacional Bolivariana y hasta la Universidad Experimental de la seguridad, UNES, para no mencionar otras áreas de gobierno.

Ya a cargo de la seguridad, a los militares, a los que nunca les tembló la mano para aplastar brutalmente las manifestaciones de calle de la oposición política en el 2014, idearon ahora una solución a su estilo, con las irónicamente llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo, OLP, instrumentadas durante un año completo a lo largo y ancho del país y con un saldo comprobado, según Provea y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos, de 20 ejecuciones extrajudiciales y 218 sospechosos abatidos, más de 14 mil detenciones arbitrarias temporales, detenciones permanente sin órdenes, destrucción de viviendas, denuncias de robo de teléfonos celulares, computadoras portátiles, artículos de primera necesidad y alimentos en los registros efectuados; la deportación arbitraria de 1.700 personas y el uso excesivo de la fuerza en desalojo de viviendas.

Ahora la represión ocurre tanto en el ámbito político como en el de la delincuencia común u organizada. Las recientes detenciones y encarcelamiento del periodista Braulio Jatar, de alcaldes y dirigentes del Partido Voluntad Popular, de estudiantes y manifestantes, sin razón, violando cualquier norma judicial, a la par de los excesos cometidos en las OLP, denunciados incluso por la Fiscal General de la República, deben llamar a reflexión a los oficiales, y altas y medias jerarquías de los cuerpos policiales, de la Guardia Nacional Bolivariana, del SEBIN y otros cuerpos policiales.

Desde hace ya mucho tiempo, las excusas esgrimidas por cuadros medios, el “yo sólo cumplía órdenes superiores” no es aceptado en ningún tribunal del mundo; como tampoco es válido el argumento del “yo no sabía que eso ocurría”, “yo nada podía hacer” o la simplista actitud de “mirar hacia otra parte” cuando sus compañeros de armas o de institución cometen arbitrariedades, abusos y violaciones a los derechos humanos.

@marcostarre

1º de julio. Ataque terrorista en Dacca, Bangladesh. 28 muertos y 50 heridos.

8 de julio. Atentado suicida en la ciudad iraquí de Balad. 35 muertos y 65 heridos.

9 de julio. Reservista afroamericano dispara contra policías de raza blanca en Dallas. Mata a 5 y hiere a 7 antes de ser muerto por la policía.

14 de julio. Tunecino residente en Francia, se lanza con un camión por el Paseo de los Ingleses en Niza, mata a 84 personas y hiere a más de 300 hasta caer abatido.

15 de julio. Un intento de golpe de estado en Turquía deja un saldo de 256 muertos, cerca de 1500 heridos y miles de detenidos.

22 de julio. En Munich, Alemania, un joven ataca con una pistola a sus compañeros de clase reunidos en un centro comercial. Mata a 8, hiere a 19 y luego se suicida.

23 de julio. En Kabul, Afganistán, estallan dos bombas al paso de una manifestación. 80 muertos y más de 260 heridos.

24 de julio. En Ansbach, Alemania, un terrorista suicida se hace explotar en un restaurante, durante un festival de música al aire libre. 15 heridos.

26 de julio. Dos hombres entran a la iglesia de Saint-Etienne-du-Rouvray, al norte de Francia, degüellan a un anciano sacerdote. Son abatidos por la policía.

26 de julio. Un hombre ataca en un centro para discapacitados en la ciudad de Sagamihara, Japón. Asesina a 19 pacientes, hiere a 26 y se entrega a la policía.

31 de julio. En Venezuela, sin titulares en los medios de comunicación, de acuerdo al promedio existente, habrán sido asesinadas unas 2.250 personas en éste mes.

Ante esa avanlancha de atentados, crímenes, atrocidades y muertes, algunos pueden preguntarse: ¿En qué tipo de mundo vivimos? Pero quizás sería más acertado preguntarnos ¿Qué tipo de conflicto estamos viviendo?

Cuando viajaba hacia Cracovia, en esas informales declaraciones que suelen darse en el avión, el Papa Francisco sorpendió a los periodistas señalando que estamos en guerra y quizás aportando algunas luces sobre el conflicto que vivimos: “Esta es la guerra. ¿Alguno piensa en la guerra de religión? No, todas las religiones quieren la paz. La guerra la quieren los otros. ¿Entendido? Quiero aclarar una cosa: cuando hablo de guerra, hablo en serio de eso pero no hablo de guerra de religión. Es una guerra por el dinero, por los recursos, por la naturaleza, por el dominio”.

Desde el ya famoso libro “La guerra sin límites” escrita en 1999 por los coroneles chinos Qiao Liang y Wang Xiangsui, en cierta forma precursores de las nuevas teorías de los conflictos, han ocurrido hechos en el mundo que han marcado la historia y lo siguen haciendo, como los atentados de Alqaeda, el más reciente surgimiento del terrorismo de Daesh y también se han publicado otros analisis con esclarecedores puntos de vista sobre los nuevos tipos de conflictos. Uno de ellos es de la inglesa Mary Henrietta Kaldor, profesora del London School of Economics. En su libro “Las nuevas guerras – violencia organizada en la era global” señala: “Las nuevas guerras surgen en situaciones en las que los ingresos del Estado disminuyen por el declive de la economía y la expansión del delito, la corrupción y la ineficacia, la violencia está cada vez más privatizada, como consecuencia del creciente crimen organizado y la aparición de grupos paramilitares, mientras la legitimidad política va desapareciendo. Por tanto, las distinciones entre la barbarie externa y el civismo interno, entre el combatiente cómo legítimo portador de armas y el no combatiente, entre el soldado o policía y el criminal, son distinciones que están desvaneciéndose. La barbarie de la guerra entre Estados puede acabar siendo una cosa del pasado. En su lugar surge un nuevo tipo de violencia organizada que está más extendida, pero que es, tal vez, menos extrema.”

Desde muy temprano, el fallecido presidente Hugo Chávez comenzó a mencionar los términos de “guerra asimétrica” o “guerras de cuarta generación”. Según un analista argentino, el doctor Mariano César Bartolomé, nunca estuvo muy claro a qué se referia exactamente Chávez y asoma hasta cinco interpretaciones en su trabajo “Las guerras asimétricas y de cuarta generación dentro del pensamiento venezolano en materia de seguridad y defensa”, publicado en la “Military Review” de enero-febrero de 2008. El analista separa definitivamente los conceptos de “guerra asimétrica” del de “guerra de cuarta generación”, aclara que la “guerra asimétrica” no es una vía del imperialismo para subyugar estados revoltosos, como tampoco es una herramienta de resistencia contra el imperialismo; y que la “guerra asimétrica” y “guerra de cuarta generación” adquieren en Venezuela contenidos diferentes a los que predominan en el campo de la seguridad intenacional…

Cada quién entonces estaría usando éstas terminologías a su conveniencia. El gobierno de Nicolás Maduro insiste en presentarse como “víctima” de una guerra mediatica, económica, política y social, responsabilizando a factores externos por sus fracasos sistemáticos y jamás asumiendo o rectificando los errores cometidos. Pero, una de las hipótesis del investigador Bartolomé que sugiere que la “guerra asimétrica” venezolana sería una gigantesca operación orientada a profundizar e incrementar el control sobre la ciudadanía, no deja de presentar elementos que llaman la atención.

En primer lugar, una retorcida y sistemática estrategia del fallecido presidente Chávez siempre fue acusar a otros, a terceros, de procederes incorrectos que él mismo, en secreto, instrumentaba. De ese modo, se presentaba como “víctima” de una agresión asimétrica internacional cuando en realidad aplicaba interna y localmente técnicas de la guerra asimétrica para controlar a su país. En segundo lugar, sólo en el marco de ésta hipótesis tiene sentido la permisividad del gobierno frente a la criminalidad y haber permitido, o propiciado, que Venezuela se convirtiera en pocos años en el segundo país del mundo con la peor tasa de homicidios, según las Naciones Unidas; igualmente se entendería la impunidad sistemática, la tolerancia fente a los criminales, el triste invento de las “Zonas de Paz” o la entrega de las cárceles a las mafias, todo como parte de un plan maquiavélico de dominio y control interno… En tercer lugar, llama poderosamente la atención que en ningún régimen comunista o radical socialista, entiéndase Cuba, Nicaragua, China o Corea del Norte; o los antiguos países de la Cortina de Hierro, los respectivos gobiernos mostraron o muestran mano dura frente a la delincuencia común y reprimen de forma brutal y hasta despiadada a los criminales, lo que en ningún momento ha ocurrido en Venezuela.

Muchos no creen que el oficialismo tenga capacidad para ejecutar un plan tan elaborado; o que no son suficientemente perversos, que el problema de la inseguridad es por simple ineficiencia gerencial; o que quizás al principio fue parte de un plan pero se les fue de las manos… Pero, al margen de sus causas y orígenes, la realidad es que hoy en Venezuela estamos viviendo y padeciendo un escenario de “guerra asimétrica” contra la sociedad civil, la gente y los ciudadanos, tal como la afirma el Papa Francisco y como bien señala la analista inglesa Kaldor: “También la nueva guerra intenta evitar el combate y hacerse con el territorio a través del control político de la población… …la nueva guerra toma prestadas de la contrarrevolución unas técnicas de desestabilización dirigidas a sembrar “el miedo y el odio”. El objetivo es controlar a la población deshaciéndose de cualquiera que tenga una identidad distinta (e incluso una opinión distinta). Por eso el objetivo estratégico de estas guerras es expulsar a la población mediante diversos métodos.”

Entonces estamos en Venezuela en medio de un diferente tipo de violencia, de insurgencia criminal, que demandará por parte de nuevas autoridades unas políticas, unas estrategias y unas medidas muy distintas a las tradicionales para poder combatirla con posibilidades de éxito.

@marcostarre

Los venezolanos estamos empezando a descubrir, al sufrir en carne propia sus efectos, como la corrupción es un delito que nos afecta a todos y cuyo impacto deteriora directamente nuestra calidad de vida.

Durante demasiado tiempo, cuando el dinero alcanzaba, existió cierta tolerancia social hacia el corrupto. Era el vivo, el pícaro, el “pájaro bravo” que sabía aprovechar la oportunidad. El famosos “a mi no me den, pónganme dónde haiga...” era aceptado como un chiste simpático… Total, al meterle la mano a la hacienda pública no se afectaba a nadie en particular. Pero, la crisis en la que nos ha metido el chavismo, agravada a extremos nunca antes vistos con Maduro, han hecho que en las interminables colas para acceder a los productos regulados, o al sacar la billetera del bolsillo y constatar que el dinero no alcanza para nada, y menos para pagar los inaccesibles precios que cobran los bachaqueros y otros proveedores, comenzamos, tardíamente, pero con sobradas razones, a hacernos preguntas, exigir respuestas y establecer responsabilidades.

La corrupción generalizada y sobre toda la que desde el Alto Gobierno ha generado la inflación, desabastecimiento e inseguridad, está logrando que el venezolano reaccione indignado hacia los causantes y responsables de la lamentable situación que hoy padecemos.

Un factor adicional que impacta especialmente al ciudadano, tanto en la confianza que pueda tener hacia las instituciones, como cuando requiere de apoyo o servicio policial, bien sea en una situación de emergencia o de otro tipo, es el problema de la corrupción policial.

A diario vemos en los medios de comunicación como funcionarios policiales, guardias nacionales o militares están involucrados en delitos, bien sea directa o indirectamente. El nivel de desconfianza del venezolano en sus cuerpos de seguridad, salvo contadas excepciones, es muy alto y parecieran existir elevados niveles de corrupción en ellos. Un especialista en la materia, el peruano Mauricio García Mejía, señala al respecto:

“La democracia efectiva implica el que los funcionarios públicos usan el poder de maneras en que no privan a los ciudadanos comunes de sus derechos como ciudadanos. En este sentido, la corrupción es particularmente grave, pues significa que los funcionarios públicos no están prestando los servicios en la manera en que la ley los obliga a hacerlo. Por el contrario, proveen los servicios solo a un grupo privilegiado de personas que pueden darse el lujo de comprar estos servicios a cambio de favores o pagos extras. Como la corrupción distribuye los privilegios de una manera altamente discriminatoria y selectiva, afecta al ciudadano quitándole el poder y por tanto también afecta la efectividad de la democracia. Es decir, atenta contra la igualdad política y contra la soberanía del pueblo.”

Traducido en términos más sencillos, esto significa que la corrupción imperante en las policías es altamente discriminatoria. Es una forma ilegal y criminal de privatizar un servicio público del Estado. Sólo aquellos que tienen el poder o capacidad económica para pagar a funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado serán atendidos, y seguramente favorecidos, alterando los procedimientos ordinarios y regulares en su favor, y generando, por tanto, esquemas de funcionamiento que desvirtúan la esencia del servicio que todos los ciudadanos deberían recibir por igual.

Como podemos ver, la corrupción en general, y la corrupción policial en particular, son males que afectan muy directamente nuestra calidad de vidad y que debemos comenzar a enfrentar con firmeza, inteligencia y asertividad, para lograr mejorar nuestros cuerpos policiales, el servicio que prestan y el nivel de confianza de la gente hacia ellos.

@marcostarre