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Acciones violentas en el estado Bolívar involucran cuerpos armados paramilitares y delincuenciales

 

Ángel Medina, diputado a la Asamblea Nacional (AN) denunció este lunes 25 de noviembre que, desde el año 2016 hasta la fecha en el estado Bolívar se han registrado más de 40 masacres de pemones, relacionadas con la fiebre del oro impulsada por el Arco Minero del Orinoco.

En rueda de prensa Medina precisó que todos los cadáveres presentaban disparos en el cráneo. «Es importante saber con qué armas fueron asesinados, de qué calibre eran las armas; tener y hacerle la autopsia legal a los cuerpos y los procedimientos legales necesarios para hacer justicia», agregó.

 

 

El parlamentario dijo que activistas de derechos humanos y dirigentes indígenas aseguraron que habían pasado 48 horas después de la masacre y las autoridades no habían retirado los cuerpos para realizar las autopsias de rigor.

Ángel Medina manifestó que se trató de una arremetida violenta con armas de fuego de alto calibre que busca tomar por la fuerza el pueblo pemón para seguir con la explotación minera en Guayana.

 

 

Afirmó que estas acciones involucran cuerpos armados paramilitares y delincuenciales, que en la zona se hacen llamar sindicatos o sistemas. También señaló la actuación violenta de miembros del Ejército de Liberación nacional para controlar el territorio.

 

Foro Penal: Represión de Maduro desplazó a más de 900 indígenas

DESDE PRINCIPIOS DE AÑO, cuando comenzó la represión de Nicolás Maduro contra el pueblo Pemón que abogaba por el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, se han desplazado más de 900 indígenas de 14 comunidades fronterizas.

“Luego de un recorrido de más dos meses por Boa Vista, pude constatar que al menos 900 pemones se encuentran desplazados en tres comunidades de Brasil, tras el ataque sistemático de cuerpos de seguridad del Estado y grupos colectivos armados registrado en Kumarakapay el pasado 22 y 23 de febrero”, afirmó Olnar Ortiz, coordinador de pueblos indígenas de Foro Penal en el estado Bolívar.

Desde esa fecha Kumarakapay, comunidad ubicada en el municipio Gran Sabana, fue militarizada. “Siete personas, entre ellos cuatro indígenas, fueron asesinados. Otros 57 resultaron heridos y hubo 62 detenidos, la mayoría en allanamientos entre el 22 y 28 de febrero, cuando los perseguían por tener fotos y videos de lo ocurrido en sus celulares (…) El pueblo Kumarakapay ha sido vilmente masacrado”, denunció Ortiz.

Recordó que las violaciones de derechos humanos al pueblo pemón datan del año 2006, cuando grupos armados irregulares llegaron al municipio Gran Sabana. “Esta comunidad era la que le hacía el frente por más de 10 años a la explotación minera”, dijo.

Adicionalmente, Ortiz alertó que las condiciones de los indígenas desplazados son precarias, pese al apoyo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) brinda a un grupo de ellos.

“Kumarakapay es una comunidad turística que pese a la situación de Venezuela estaba trabajando para sustentarse, pero ahora están desplazados en una zona en la que se encuentran a la intemperie. Aquí hay albergados 46 indígenas, de los cuales 26 son niños con traumas por lo que están viviendo”, apuntó.

Mencionó el caso de Cliver Pérez, de 24 años, asesinado en Kumarakapay, cuya familia tuvo que abandonar sus comunidades tras los hechos. “También hay indígenas afectos al oficialismo que están amenazando a nuestros hermanos pemones”, señaló en rueda de prensa este lunes.

Ortiz informó que en la Procuraduría General de Roraima reposa un expediente sobre este caso para que el Estado brasileño realice las investigaciones pertinentes.

El pasado 28 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) dictó una serie de medidas cautelares de protección para los pemones de Kumaracapay y para el propio Olnar Ortiz, por solicitud del Foro Penal. “El próximo 9 de mayo se llevará a cabo una audiencia sobre este caso en Jamaica”, agregó el coordinador de Pueblos Indígenas de Foro Penal.

Más de mil arrestos en lo que va de año

Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, insistió en que este año ha sido el peor en las últimas dos décadas en cuanto a la detención de personas por motivos políticos. Al día de hoy, la ONG registra 775 presos políticos, y desde el 1 de enero registra 1.683 personas detenidas arbitrariamente.

“Se ha llevado a cabo una persecución muy particular (…) por un lado hemos visto personas que prestan el sonido o las tarimas a Juan Guaidó (…) hemos visto más de 10 personas por lo menos que han detenido por montar sonido, técnicos de sonido y de tarimas. También de Roberto Marrero y Gilbert Caro. Los trabajadores de Corpoelec y otras industrias básicas”, manifestó.

Por último, Romero denunció la aparición de un nuevo centro de reclusión conocido por policías y detenidos como el “inframundo”, ubicado en zona 7 de Boleíta norte, estado Miranda, donde se practican torturas y violaciones a los derechos humanos.

No hay detenidos por los siete asesinatos en la Gran Sabana

SIETE MUERTOS Y DECENAS DE HERIDOS se han contabilizado hasta el 6 de marzo, como consecuencia de las arremetidas militares del régimen entre el 22 y 23 de febrero en Kumarakapay y Santa Elena de Uairén, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar. De los más de 60 detenidos, ninguno ha sido por los asesinatos cometidos a manos de funcionarios del Ejército y la Guardia Nacional.

El Ministerio Público designó a cuatro fiscales para investigar estos crímenes: fiscal 91 indígena, 54 con competencia plena, segundo de derechos humanos y sexto de delitos comunes. Sin embargo, hasta ahora no hay ni un funcionario militar apresado.

Este miércoles la Asamblea Nacional debatió sobre los hechos ocurridos al sur de Bolívar, donde se han contabilizado cuatro pemones asesinados (tres de ellos de la comunidad Kumarakapay) y otros tres criollos, luego que militares les dispararan.

“El día 22 de febrero, los pemones fueron atacados, mataron a una mujer (Zoraida Rodríguez), hubo 14 heridos, los diputados nos dirigimos al hospital, los heridos fueron llevados a Boa Vista, en Brasil, porque en el hospital no tenían cómo atenderlos”, recordó la diputada Gladys Guaipo.

Fueron al menos 20 lesionados los trasladados hasta Boa Vista y Pacaraima. Entre el 27 de febrero y el 3 de marzo murieron tres de ellos: Kliver Pérez (27 de febrero), Rolando García (2 de marzo) y Jorge González (3 de marzo). Los dos primeros eran pemones de Kumarakapay, víctimas del ataque del Ejército la madrugada del 22 de febrero.

Rolando García, además, era esposo de Zoraida Rodríguez, la primera víctima de ese día. Jorge González era oriundo de Upata, municipio Piar, y resultó herido en los hechos del 23 de febrero en Santa Elena de Uairén, poblado al que había viajado para comprar un repuesto del carro.

“A los indígenas no les perdonan que tengan una pancarta que diga presidente Juan Guaidó en la entrada de la comunidad. No les perdonan su resistencia al saqueo del oro en sus tierras (…) ellos heredaron la difteria, paludismo, sarampión, sida, enfermedades que no eran registradas en la Gran Sabana y el pueblo pemón. Quienes usurpan el poder quieren usurpar las tierras de los pemones para saquear sus tierras. El alcalde Emilio González es perseguido, tiene orden de captura, está a punto de ser destituido, están buscando la forma, así como persiguen a los capitanes indígenas que se han rebelado contra la narcodictadura”, denunció el diputado Américo De Grazia.

La diputada Olivia Lozano, quien junto a otros 14 parlamentarios estuvo en Santa Elena de Uairén, recordó que “esta no es la primera vez que sucede una masacre, ha habido muchas en el estado Bolívar. En Santa Elena de Uairén, el ministerio de propaganda del régimen se ha declarado defensor de los indígenas, pero es solo una pantomima”.

“Quieren destruir la voluntad del pueblo, los quieren aniquilar. Hoy (6 de marzo) la frontera sigue cerrada, sigue la persecución, Justo Noguera quiere tomar a la fuerza ese pueblo, pero jamás tendrán control de la tierra ancestral. Es una masacre continuada la que se está dando en Santa Elena de Uairén y el sur de nuestro país, más de 10 días que no reciben alimentos en la zona”, intervino el diputado Ángel Medina.

Mientras la frontera con Brasil sigue cerrada, al igual que la vía a la altura del Fuerte Escamoto en Santa Elena de Uairén, la población se ha mantenido en zozobra por la militarización del pueblo. Niños que estudian en Pacaraima tampoco han podido asistir a clases. En territorio brasileño quedan venezolanos varados, a la espera de poder ingresar a Venezuela.

Dos muertos en la Gran Sabana por ataque de la Guardia Nacional

ESTE 22 DE FEBRERO a las 7:00 a.m. una alcabala de indígenas del grupo Aretauka trató de impedir el paso de seis convoyes de la Guardia Nacional por la troncal 10, a la altura de Kumaracapay, que iban con destino a Santa Elena de Uairén. Los pemones fueron repelidos por los militares con armas de fuego y bombas lacrimógenas, acción en la que resultaron asesinadas dos personas y otras 15 heridas.

La fracción opositora de los pemones, liderada por el alcalde de Gran Sabana, Emilio González, y el exalcalde Ricardo Delgado, había anunciado desde este jueves 21 de febrero que impedirían el paso de los militares y lucharían por mantener abierta la frontera con Brasil para el paso de la ayuda humanitaria. Esta acción le costó la vida a dos personas.

Sucedió en la comunidad de San Francisco de Yuruaní. Los dos fallecidos fueron identificados como Zoraida Rodríguez, de 46 años, y Rolando García, de 51. Rodríguez recibió tres impactos de bala de FAL en el pecho, tres decirle a los funcionarios de la GN que desistieran de su actitud. Estaba junto a su esposo, amasando maíz para las empanadas que vendía en su casa. Era madre de cinco muchachos.

García quedó herido de gravedad y fue trasladado primero al hospital de Santa Elena de Uairén. Por falta de insumos lo llevaron en unidades de Protección Civil a un centro de salud en Pacaraima, pero no lograron salvarle la vida.

Los lesionados fueron identificados como Alfredo Perez, 48 años, herido de bala en el tórax; Onégimo Fernández, 48 años; Ever Pérez, 21 años; Fidel Pulido, 36 años; y Neil Fernández, 26 años; Cliver Pérez, de 24 años; Evencio Soca, 44 años; Alfredo Pérez (48), Alberto Delgado (42), Juvencio Pulido (39), Oliver Pérez (21), Regina Pérez (47), Yoenci Fernández (22), Yuman Fernández (24) y Emiliano Pérez.

Hay otros heridos tanto en Pacaraima (Brasil) como en el hospital Rosario Vera Zurita de Santa Elena de Uairén y en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Akurima (Venezuela). En redes sociales, pobladores de la Gran Sabana pidieron apoyo de vehículos a los operadores turísticos ya que no había suficientes ambulancias para transportarlos.

En el mismo mensaje solicitaban donaciones de gasas estériles, guantes quirúrgicos, solución fisiológica, yelcos números 18 y 22, bebidas con electrolitos, agua, betadine, alcohol y hasta algodón para poder atender a los heridos en los centros asistenciales.

Los indígenas colectaron los cartuchos de las balas y bombas lacrimógenas usadas para reprimir su alcabala.

Tras la arremetida, los pemones detuvieron al general de brigada José Miguel Montoya Rodríguez, comandante zonal de la GN en el estado Bolívar (comando zonal Nº 62), y cuatro oficiales: el teniente de fragata Roselino Jose Leal Contreras, primer teniente Jose Antonio Gómez Sifontes, teniente Grecia del Valle Roque Castillo y el sargento Carlos Alfredo Chirvita Marino.  Permanecen retenidos en Kumaracapay a la espera de un pronunciamiento las autoridades nacionales sobre la arremetida armada contra el pueblo pemón. También retuvieron un rústico chasis largo de la GN y una planta eléctrica portátil.

 

*Vea la nota completa en El Pitazo

Pemones lograron abrir paso vehicular en Santa Elena de Uairén para ayuda humanitaria

PORTANDO ARCOS Y FLECHAS los pemones salieron a las calles en Santa Elena de Uairén para exigirle al ejercito venezolano el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela.

De acuerdo a la ONG Kapé Kapé, el Ejercito cerró la vía que conecta Venezuela con Brasil, pero indígenas presionaron a las autoridades y lograron abrir el paso vehicular.

 

Consejo Misionero Nacional asegura que el Estado maltrata dignidad de pueblos indígenas

EL CONSEJO MISIONERO NACIONAL (CMN) y la Red Eclesial Panamazónica (Repam) manifestaron su rechazo ante los recientes acontecimientos de violación a los DDHH de indígenas venezolanos y señalaron la responsabilidad del Estado en el maltrato y la pérdida de vidas de integrantes de las etnias autóctonas de la nación.

“Condenamos la violencia de Estado que maltrata la dignidad de los pueblos indígenas y les arranca vidas por el afán de dominio territorial y de aprovechamiento ilícito de las riquezas de esas tierras ancestrales”, expresaron los organismos mencionados a través de un comunicado conjunto.

En el documento, el CMN y la REPAM solicitan a las autoridades competentes esclarecer las acciones violentas ocurridas en Canaima y otras zonas indígenas del país, y que se juzgue a los responsables.

Hicieron referencia específicamente a la situación que viven los integrantes del pueblo Pemón en la zona de Canaima, estado Bolívar, así como los acontecimientos sucedidos en la comunidad de Picatonal (municipio Atures, estado Amazonas) el 4 de noviembre de 2018 y los permanentes abusos de los que, aseguran, son víctimas las comunidades indígenas por parte de miembros de la Fuerza Armada Nacional, grupos irregulares de la guerrilla y el hampa común, así como los acontecimientos de violación de los DDHH sucedidos el 8 de diciembre, que provocaron la muerte de Charlie Peñaloza, indígena de la etnia pemón.

Advirtieron que los indígenas, llevados por la pobreza y el abandono “se ven obligados a participar en acciones que destruyen y socavan su dignidad».

A continuación, el texto completo del comunicado:

Comunicado del Consejo Misionero Nacional y la REPAM
ante los acontecimientos de violación de los DDHH de
los Indígenas Venezolanos

La situación de dolor e injusticia que viven hoy nuestros hermanos del
Pueblo Pemón en Canaima, Estado Bolívar, así como los obscuros
acontecimientos sucedidos en la comunidad de Picatonal (Municipio
Atures del Edo. Amazonas, 04 Noviembre 2018) y los permanentes
abusos de los que son víctimas las comunidades indígenas, por parte de
miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales, de grupos irregulares de
la guerrilla y del hampa común, nos mueven a levantar la voz de
denuncia y solidaridad que el profeta Isaías reclama: “Aprendan hacer el
bien, esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan
justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda” (Is 1,17)
Ante los acontecimientos de violación de los DDHH sucedidos el pasado
sábado 8 de diciembre que provocaron la muerte de Charlie Peñaloza
Rivas de la comunidad indígena de Canaima y dejaron heridos a otros
dos hermanos pemones, el Consejo Misionero Nacional y la Red Eclesial
Panamazónica se pronuncia:

1. El indígena es de naturaleza pacífica y da siempre muestras de
paciencia, pero se ha venido cargando de indignación y rabia, ante las
continuas formas de irrespeto a sus más elementales derechos, y por
el maltrato, vejación y humillación que sufre por los órganos de
seguridad del Estado Venezolano, quienes deberían velar por su
integridad personal y el respeto a sus espacios territoriales y a su
cultura.

2. Los grupos indígenas se preguntan ¿Hasta cuándo? El irrespeto no es
nuevo, sino que se viene dando constante y sistemáticamente, a pesar
de las leyes existentes. ¡Basta de irrespeto a los indígenas! Los
indígenas son tan venezolanos como cualquier otro venezolano.

3. La minería ilegal, con todas sus prácticas asociadas, de contrabando
de gasolina, prostitución, contaminación, violencia armada y organizada,
y mafias económicas, genera un ambiente de profunda degradación
humana. Todo esto es aún más grave cuando las propias autoridades
que deben poner un límite y control a las actividades ilícitas, pareciera
que las aúpan y algunos de sus miembros hasta participan en ellas de
modo abierto e irrespetuoso.

4. La situación social generada en los territorios al sur del Orinoco, es
inhumana y hostil a la vida decente; atenta contra las comunidades
indígenas y las poblaciones criollas asentadas en las riberas de los ríos.

5. Los indígenas, llevados por la pobreza y el abandono, se ven
obligados a participar en acciones que destruyen y socavan su
dignidad. La voracidad del estado minero debe detenerse para respetar
y promover en aquellos territorios formas de desarrollo menos agresivas
contra el medio ambiente y contra la dignidad de los pueblos que los
habitan.

6. Los indígenas de nuestras comunidades cristianas y los misioneros
que les sirven, nos sentimos convocados a anunciar la Buena Nueva
para todos los pueblos “Que todos tengan vida y vida en
abundancia” (Juan 10,10). Es por ello que exigimos justicia y respeto
a todos los hermanos indígenas, especialmente para con aquellos que
sufren el peso de la exclusión y el irrespeto continuo, así como con los
que viven el dolor por la pérdida de sus familiares.

7. Condenamos la violencia de Estado que maltrata la dignidad de los
pueblos indígenas y les arranca vidas por el afán de dominio territorial y
de aprovechamiento ilícito de las riquezas de esas tierras ancestrales.

8. Solicitamos a las autoridades competentes que se haga luz sobre las
acciones de violencia sucedidas en Canaima y en otras zonas indígenas
del país, y se juzgue a los responsables.

9. Nos encomendamos a la protección de la Virgen de Coromoto,
patrona de Venezuela para que nos ayude a todos a gestar una nación
en paz donde todos tengamos lugar.

Caracas, 14 de Diciembre de 2018

+Excmo. Mons. Jonny Eduardo Reyes S.
Obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho.
Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, Indígenas y
Afrodescendientes.
Presidente del COMINA

+Excmo. Mons. José Ángel Divasson
Obispo Emérito del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho
Presidente de la REPAM

Maduro critica daños ambientales en Canaima, pero no menciona los del Arco Minero

NICOLÁS MADURO, PRESIDENTE DEL REGIMEN, aseguró este miércoles que el Ejecutivo está en un combate contra la minería ilegal en todo el país, pero principalmente en el estado Bolívar, a propósito del reciente ataque armado de un componente de seguridad pública en una mina del Parque Nacional Canaima, en donde un indígena pemón resultó muerto. Una vez más acusó a los dirigentes del partido La Causa R Andrés Velásquez y Américo De Grazia de estar detrás de las mafias del oro en Guayana.

“Los daños en el Parque Nacional Canaima y el sistema de ríos circundantes son dolorosos”, dijo.

En una rueda de prensa con medios internacionales, sostuvo que es doble delito para un indígena, ante las leyes de la República y ante las leyes de Dios, involucrarse en mafias, “que destruyan el río, el parque, su comunidad y que van a dejar en la orfandad absoluta a sus familias y a su comunidad en los años que están por venir”, afirmó.

“Estamos obligados a liberar todos los parques nacionales del estado Bolívar y todas las regiones mineras de mafias ecocidas, porque es un ecocidio lo que se está cometiendo allí”, agregó.

Maduro no se refirió a los daños ambientales que ocasiona la creciente minería ilegal en zonas que forman parte del proyecto estatal Arco Minero del Orinoco y que son dominadas por grupos violentos y por irregulares que han sido vinculados al Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN). Tampoco se refirió a la creciente actividad minera en estados como Amazonas, en donde se ha documentado la presencia de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ELN. Si bien la crisis minera existe desde hace décadas, se ha acrecentado en los últimos años debido al descontrol del Ejecutivo y la complicidad militar en el negocio de extracción de minerales como oro, coltán y diamante.

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Consejo de Caciques Pemón le pide la renuncia a Padrino López

EL PUEBLO PEMON DE LA GRAN SABANA le respondió al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien este miércoles se refirió a la incursión militar en Canaima que terminó en la muerte de Charlie Peñaloza y dejó otras 4 personas heridas.Una vez más, el ministro se refirió al pueblo pemón como una víctima “de las mafias que se han venido enquistando desde la Colonia” y que desde antes de 1999, “la clase política podrida comenzó a infiltrarse con ayuda de varias ONG internacionales para alienar la mente de las comunidades indígenas y explotarlos”.

Padrino López afirmó que la muerte de Charlie Peñaloza requiere la actuación del Ministerio Público, que hará la investigación con pesquisas “imparciales” y “transparentes”.

En declaraciones oficiales, detalló que el enfrentamiento fue parte de una operación en el sector Arenales del del Parque Nacional Canaima, en el marco de la operación “Tepuy Protector”, en una incursión armada que les permitió dar un “golpe” contra la minería ilegal.

Luego de las declaraciones de Padrino, que llegan tres días después de registrado el incidente, el Consejo de Caciques del Pueblo Pemón realizó una asamblea producto de la cual emitieron un comunicado en respuesta.

En el mismo, el pueblo pemón ratifica su protesta y acusa al ministro y sus funcionarios de maltratarlos, al tiempo que desestiman el llamado a diálogo propuesto “¿una operación militar es un método de diálogo donde muere 1 persona y 2 heridos?”.

Negaron que haya habido enfrentamiento como apuntó Padrino López, a quien además le piden la renuncia al cargo.

Aseguran que su reclamo no está inducido por intereses de ninguna ONG u otras instancias internacionales, sino de su principio de identidad ancestral.

A la par del comunicado, el pueblo pemón continúa su protesta con el cierre de la circulación entre Venezuela y Brasil, y mantiene retenidos a 3 de los funcionarios del Dgcim que participaron en el operativo.

Ricardo Delgado, ex alcalde de Gran Sabana, confirmó a Kapé Kapé que en las últimas horas han llegado indígenas de otras comunidades para apoyar al pueblo pemón de Canaima. Este miércoles arribó a la zona un grupo de al menos 500 indígenas de la comunidad de Urimán.

De igual manera sigue vigente la medida del INAC de suspender la circulación aérea desde y hasta Canaima y Santa Elena de Uairén hasta el 14 de diciembre.