DESDE PRINCIPIOS DE AÑO, cuando comenzó la represión de Nicolás Maduro contra el pueblo Pemón que abogaba por el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, se han desplazado más de 900 indígenas de 14 comunidades fronterizas.
“Luego de un recorrido de más dos meses por Boa Vista, pude constatar que al menos 900 pemones se encuentran desplazados en tres comunidades de Brasil, tras el ataque sistemático de cuerpos de seguridad del Estado y grupos colectivos armados registrado en Kumarakapay el pasado 22 y 23 de febrero”, afirmó Olnar Ortiz, coordinador de pueblos indígenas de Foro Penal en el estado Bolívar.
Desde esa fecha Kumarakapay, comunidad ubicada en el municipio Gran Sabana, fue militarizada. “Siete personas, entre ellos cuatro indígenas, fueron asesinados. Otros 57 resultaron heridos y hubo 62 detenidos, la mayoría en allanamientos entre el 22 y 28 de febrero, cuando los perseguían por tener fotos y videos de lo ocurrido en sus celulares (…) El pueblo Kumarakapay ha sido vilmente masacrado”, denunció Ortiz.
Recordó que las violaciones de derechos humanos al pueblo pemón datan del año 2006, cuando grupos armados irregulares llegaron al municipio Gran Sabana. “Esta comunidad era la que le hacía el frente por más de 10 años a la explotación minera”, dijo.
Adicionalmente, Ortiz alertó que las condiciones de los indígenas desplazados son precarias, pese al apoyo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) brinda a un grupo de ellos.
“Kumarakapay es una comunidad turística que pese a la situación de Venezuela estaba trabajando para sustentarse, pero ahora están desplazados en una zona en la que se encuentran a la intemperie. Aquí hay albergados 46 indígenas, de los cuales 26 son niños con traumas por lo que están viviendo”, apuntó.
Mencionó el caso de Cliver Pérez, de 24 años, asesinado en Kumarakapay, cuya familia tuvo que abandonar sus comunidades tras los hechos. “También hay indígenas afectos al oficialismo que están amenazando a nuestros hermanos pemones”, señaló en rueda de prensa este lunes.
Ortiz informó que en la Procuraduría General de Roraima reposa un expediente sobre este caso para que el Estado brasileño realice las investigaciones pertinentes.
El pasado 28 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) dictó una serie de medidas cautelares de protección para los pemones de Kumaracapay y para el propio Olnar Ortiz, por solicitud del Foro Penal. “El próximo 9 de mayo se llevará a cabo una audiencia sobre este caso en Jamaica”, agregó el coordinador de Pueblos Indígenas de Foro Penal.
Más de mil arrestos en lo que va de año
Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, insistió en que este año ha sido el peor en las últimas dos décadas en cuanto a la detención de personas por motivos políticos. Al día de hoy, la ONG registra 775 presos políticos, y desde el 1 de enero registra 1.683 personas detenidas arbitrariamente.
“Se ha llevado a cabo una persecución muy particular (…) por un lado hemos visto personas que prestan el sonido o las tarimas a Juan Guaidó (…) hemos visto más de 10 personas por lo menos que han detenido por montar sonido, técnicos de sonido y de tarimas. También de Roberto Marrero y Gilbert Caro. Los trabajadores de Corpoelec y otras industrias básicas”, manifestó.
Por último, Romero denunció la aparición de un nuevo centro de reclusión conocido por policías y detenidos como el “inframundo”, ubicado en zona 7 de Boleíta norte, estado Miranda, donde se practican torturas y violaciones a los derechos humanos.
