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OVV: “Venezuela ha sido azotada por dos epidemias: la COVID-19 y la violencia”
“La epidemia de la violencia resultó once veces mas letal que la epidemia de COVID-19”, afirmó el el balance realizado por la ONG 

 

Venezuela fue el país con más muertes violentas de América Latina en 2020, pese a que hubo una reducción del número de homicidios, informó este martes el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en su acostumbrado informe anual. 

A través de una rueda de prensa virtual, el director del OVV Roberto Briceño-León aseguró que, en 2020, hubo 11.891 personas que fallecieron por causas violentas, lo que implica una tasa de 45,6 por cada cien mil habitantes.

Briceño-León aseguró que, en 2020, “Venezuela ha sido azotada por dos epidemias: la de la COVID-19 y la epidemia de la violencia”.

“La epidemia de la violencia resultó once veces mas letal que la epidemia de COVID-19”, afirmó acerca de la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus y que, según datos oficiales, se ha cobrado la vida de 1.018 venezolanos.

Entre las muertes violentas, hubo 4.231 personas que fallecieron en casos de “resistencia a la autoridad”, 4.153 homicidios y 3.507 muertes que están en averiguación que, según aclaró el director del OVV, son “muertes claramente violentas” a juicio de la ONG.

Frente a esos datos, aseguró que 2020 “fue un año muy atípico en muchos aspectos” que ha llevado a “reconsiderar muchas interpretaciones sobre la dinámica de la criminalidad”.

Epidemia de violencia policial

Briceño-León también denunció que hay una “epidemia de violencia policial”, puesto que desde 2016 ha habido “un aumento sostenido de la letalidad policial” y, desde entonces, “cada año hay más víctimas por haberse resistido a la autoridad que los homicidios de cualquier otro tipo”.

El director de la ONG mostró los datos de que disponen y que recogen que, en 2016, “por cada cien homicidios hubo 28 personas que fallecieron en actuaciones policiales que calificaron como muertes por haber resistido a la autoridad”.

La cifra creció a 34 en actuaciones policiales por cada cien homicidios en 2017, 72 en 2018 y 88 en 2019.

En 2020, por primera vez hubo más muertos a manos de policías que por los delincuentes: 101 casos provocados por los agentes, por cada 100 homicidios delincuenciales.

El 90 % de las víctimas de la resistencia a la autoridad tenía entre 18 y 40 años.

De las 4.231 “víctimas de la letalidad policial”, 82 tenía entre 12 y 17 años, así como tres niños menores de 11 años que “supuestamente murieron por haber resistido a la autoridad”.

La mitad de los muertos “cayeron en acciones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

En el caso de la PNB, el 82 % de las víctimas las ocasionó las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo cuya disolución ha pedido la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En el 12 % de los casos, fueron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), un cuerpo policial adscrito a las Fuerzas Armadas, y en el 20 % a los grupos de policía de cada estado.

Esas cifras muestran que hubo cuatro veces más muertes por resistencia a la autoridad que por la covid-19.

Debilitamiento de bandas

La OVV también observó que en 2020 hubo un debilitamiento de las bandas pequeñas y un fortalecimiento de las grandes, dedicadas al crimen organizado.

“Ese proceso estuvo acompañado de una disminución del delito depredador, del robo, hurto y secuestro de las bandas pequeñas”, observó la organización, según explicó su director, quien subrayó que, en “Venezuela, el delito está dolarizado”, así como casi el 70 % de las transacciones cotidianas.

En paralelo, ha habido un “incremento del delito de extorsión aplicado a las pocas actividades económicas activas y con acceso a moneda extranjera en las bandas grandes”.

La destrucción de la actividad económica y la dolarización “ha llevado al crimen organizado a concentrarse en los nichos económicos que puedan sobrevivir y que tienen acceso a moneda extranjera”, agrega el informe.

En el debilitamiento del crimen, Briceño-León explicó que, “ciertamente, hay menos delincuentes porque han emigrado”, pero destacó que no se puede reducir el impacto que ha tenido la letalidad policial en las bandas.

Distribución de la violencia

Las cinco entidades federales con la mayor tasa de violencia en 2020 se han mantenido casi iguales en los últimos años. De esas cinco, tres corresponden al eje centro norte costero del país: Miranda (70,7), Distrito Capital (56,2) y Aragua (60,5), que ha sido el núcleo tradicional de la violencia en el país, y dos se corresponden a los nuevos territorios de la violencia: los estados Bolívar (62) y Sucre (61,3), dos entidades donde se ha concentrado la actividad del crimen organizado dedicado al tráfico de drogas, minerales preciosos y personas.

En las posiciones siguientes y con tasas entre 40 y 50 muertes por cada cien mil habitantes se encuentra el estado Zulia (47,5), que ha tenido una tradición de violencia. Pero aparecen nuevas entidades con una nueva criminalidad, el estado Monagas (49,3), en el cual el desplome de la actividad petrolera ha cambiado la dinámica del crimen, que antes podía vivir de las rentas que extraía de las compañías petroleras y sus contratistas, y ahora ha debido modificar sus áreas de actuación y competir en nuevos territorios, moviéndose hacia la actividad agrícola. El estado Guárico (48,5), de vocación agropecuaria, y que se ha convertido en foco de actividad de grupos armados que se mueven entre el centro del país y el llano, y que controlan las rutas de alimentos y de la droga. El Delta Amacuro (48,1), que se ha convertido en un territorio fértil para la actuación del narcotráfico, por lo intrincado de su geografía, y el estado Portuguesa (47,5) donde las bandas se dedicaron a la extorsión de la agroindustria. También el estado Yaracuy (45,5) hacia donde se han movilizado bandas del estado Carabobo y Aragua.

 

*Puede leer el informe completo AQUÍ

OVV: Presencia y actuación de grupos armados en Táchira aumentó en 2020
Testimonios afirman que el ELN es muy violento en su proceder y que gestionan la distribución de las cajas Clap, el suministro de combustible y gas doméstico

 

Los datos obtenidos mediante el observatorio de prensa del Observatorio Venezolano de Violencia en Táchira (OVV Táchira) revelan que la vinculación de los grupos armados irregulares en el estado con hechos violentos ha ido en un aumento sostenido, pues, en el primer semestre de 2019, sus acciones representaron el 8%, mientras que, en el mismo período del año en curso, aumentaron exponencialmente a 29%, siendo superado, únicamente, por las muertes por resistencia a la autoridad.

En cuanto a las víctimas fatales a manos de los grupos armados irregulares, en los primeros 6 meses de 2020, ascienden a 21, de las cuales el 90% de ellas son de sexo masculino, entre 19 y 25 años; es decir, jóvenes en edad de formación académica y profesional que, lejos de ello, se dedican a actividades anti sociales.

“El pronóstico de la situación no es alentador, si se toma en cuenta que el Coronavirus agravará aún más la crisis económica que ya existía en el país, y que cada día pueden ser más los jóvenes interesados en integrar algún grupo armado irregular, para poder hacer frente a la crisis”, expone la criminóloga Anna María Rondón Trejo, coordinadora del OVV Táchira.

Testimonios de algunos habitantes del municipio Pedro María Ureña, señalan que los miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) son especialmente violentos en su proceder para resolver sus asuntos con todo aquel que tenga una posición contraria a sus intereses; y se les distingue en la gestión y control de servicios básicos como la distribución de las cajas CLAP, la coordinación para el suministro de combustible y gas doméstico, y otros asuntos comunales.

En el ejercicio de la justicia, tienen también un papel preponderante, pues son llamados y consultados en caso de victimización por un delito común, como robos, hurtos, y lesiones, desplazando a las instituciones y desdibujando la autoridad.

Expone Rondón que “es inexplicable que esto ocurra en un territorio que fue declarado en estado de excepción hace cinco años -específicamente los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Ayacucho, Panamericano y García de Hevia, entre otros- y es justamente allí donde existen más muertes a causa de sicariatos, ajustes de cuenta o venganza.

Por otra parte, la presencia militar y policial ha aumentado desde el cierre de frontera a causa del Coronavirus, incluso, se puso en marcha la operación Escudo Bolivariano 2020, que supone mayor vigilancia y control en los pasos fronterizos; no obstante, se han tenido resultados contrarios, pues el ELN ha ido ocupando más espacios, como ocurrió hace pocas semanas en el municipio Seboruco, donde se instalaron, abierta y públicamente”.  

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En Lara: “La gente vive con la desesperanza aprendida”
En los municipios Torres, Palavecino, Morán e Iribarren hay constantes protestas por la ausencia de servicios básicos como electricidad y agua

“Cuando estamos ante la presencia crónica y sistemática de violación de derechos humanos, nos convertimos en personas con la desesperanza aprendida. Somos un cuerpo sin alma. Sentimos que no poseemos y no tenemos los medios para cambiar o modificar este contexto difícil que estamos viviendo”, son las reflexiones que hace el sociólogo Nelson Freitez, miembro de la Red de Derechos Humanos (DD.HH.) de Lara, tratando de ubicarse en la perspectiva de quienes padecen la violencia.

Durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, muchos de los habitantes del estado Lara vivieron episodios de violencia, expresada, entre otras formas, en represión y criminalización de la protesta por parte del gobierno. El profesor Freitez, coordinador de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) y representante de la red, explicó que hay un proceso de violencia continuada por parte de los agentes de seguridad del Estado y de los planificadores que deben garantizar los servicios públicos. “Lara, como el resto del país, sigue estando sujeta a grandes privaciones. La vida diaria de la gente que aquí vive es, desde hace unos cuatro años, un acercamiento al colapso, que genera frustración si no se buscan mecanismos de defensa emocional”, dijo.

En los municipios Torres, Palavecino, Morán e Iribarren hay constantes protestas por la ausencia de los servicios básicos como electricidad, agua, recolección de desechos, despacho de gasolina, desaparición del dinero en efectivo. La respuesta ha sido represión y, en varios casos, la cárcel. “Las personas no hayan salidas para organizar sus vidas. Deben pasar los días solventando problemas. Eso significa someter a la población a situaciones de incertidumbre permanente. Hay quienes terminan por considerar que la vida es un horror, generando amargura”, explicó Freitez.

El sociólogo Freitez observa con preocupación que el saldo de las actuaciones militares y policiales en las protestas es desproporcionado, indiscriminado y con actos ilegales. “Algunas de las imputaciones y allanamientos han sido sin órdenes judiciales. Eso es muy grave”, aseveró.

Violación de los DD.HH.

En Lara, hay denuncias de abuso de autoridad en contra de la población más vulnerable, como es el caso de los migrantes que regresaron a la entidad desde Colombia y Apure, y que se les confinó en unos espacios en condiciones inhumanas, como lo denunciaron varios de ellos. Este hecho es considerado, por el representante de la Red de DD.HH. de Lara, como una violación a los derechos humanos. “Esas personas migraron del país precisamente por la situación de emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela y que dada la pandemia que afecta también a los países a los que migraron, cayeron en una situación de vulnerabilidad y desprotección que los obligó a regresar. Sin embargo, son recibidos con amenazas y malos tratos”.

Según Freitez, a los migrantes que siguen llegando no se les ha dado la atención suficiente, según los protocolos técnicos y médicos que una población que esté bajo protección por parte del Estado requiere. Recordó la denuncia de un niño que falleció por no contar con la atención necesaria. “Eso equivale a violencia”, destacó.

La protesta en forma de cacerola

Apelar al “cacerolazo”, como medio para exigir respeto, es una práctica común en Venezuela y otros países en Latinoamérica. No obstante, en Venezuela es castigada por efectivos de seguridad del Estado, a través de la represión y el amedrentamiento, comenta Freitez. “A los ciudadanos, cuando expresan su rechazo a las medidas de racionamiento de los servicios públicos, les son enviadas patrullas de efectivos militares que realizan acciones de control a partir de alcabalas y puntos móviles para atemorizar a la población civil”.

La Red de DD.HH. de Lara publicó un comunicado sobre el Coronavirus en el estado. En él, denuncian las condiciones en las que se está abordando la pandemia a través de las diversas voces de los actores que hacen vida en la red. “Hay una fuerte represión, amparada por el Decreto 04039. Quedó evidenciado que no existe un buen manejo de la situación y que poco importa el tema básico de los servicios públicos”, asegura Freitez.

El sacerdote Alfonso Maldonado, coordinador de la Vicaría de DD.HH., catalogó de «abominables» los hechos ocurridos en la urbanización Antonio José de Sucre, en el mes de mayo y junio, además de las otras 27 detenciones que se han aplicado en municipios foráneos de la entidad larense. «Incurren en abuso de autoridad; no es posible que desplieguen a un ejército contra los ciudadanos. Pretenden aplicar un toque de queda, pero hacen que las comunidades actúen como una olla de presión, porque los problemas por las fallas en el servicio de electricidad no son solucionados. No pueden culpar a la sociedad por protestar en cuarentena, cuando los principales culpables son quienes detentan el poder, quienes no han invertido en recuperar el sistema eléctrico», mencionó.

El sacerdote manifestó su preocupación por la agresividad de los cuerpos policiales y en especial de los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). “Los diferentes sectores de la ciudad de Barquisimeto, protestaron a través de los “cacerolazos” en reclamo de energía eléctrica. No obstante, la respuesta del Estado fue desplegar las fuerzas represivas y practicar la detención de ciudadanos, quienes, además, fueron maltratados físicamente”, dijo.

Además, cuestionó el «ensañamiento» que, a su juicio, han tenido contra los habitantes de “La Sucre”. “Ha sido una acción ejemplar, porque los han venido atacando, acosando y torturando desde 2017 por protestas políticas, pero siguen denunciando; esto evidencia que la gobernadora Carmen Meléndez no vela por espacios de diálogo», señaló.

Para el abogado Henderson Maldonado, integrante de la ONG Movimiento Vinotinto, las agresiones de los cuerpos de seguridad del Estado hacia los larenses, por solicitar mejoras en los servicios públicos, es permanente. “Las FAES y otros organismos salen fuertemente armados y en recorridos por los barrios, tratando de atemorizar a la gente. Asimismo, afirmó que “los larenses seguirán protestando porque no soportan que las suspensiones de servicio eléctrico se produzcan todos los días, por espacio de varias horas, y les causen problemas, como el daño a sus electrodomésticos”.

Maldonado tiene una medida cautelar en el Ministerio Público, por haber documentado las irregularidades que estaban ocurriendo cuando un grupo de enfermos renales solicitaba los pases para recargar combustible. El defensor de DD.HH. fue aprehendido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con el argumento de alteración del orden público y resistencia a la autoridad. El tiempo que estuvo detenido fue sometido a malos tratos.

Se sobrevive con la solidaridad

“No se puede vivir para sufrir”, es la frase que utiliza el sociólogo para convocar a los habitantes del estado Lara a organizarse a partir de redes de apoyo y solidaridad. “La familia, la Iglesia, las ONG, la sociedad civil, han creado maneras de sobrellevar la situación precaria y de vulnerabilidad en la cual se encuentran muchos. Es una manera de constituir formas de resistencia para afrontar las carencias. Se debe prestar ayuda, apoyo, para no perder el sentido de la vida”, dijo.

Otra manera de tener soporte ante la crisis y la violencia es la asistencia moral de la familia. “La fortaleza debe surgir de las personas que en nuestra familia tienen un peso de dignidad y reconocimiento de sus valores. También las organizaciones de la sociedad civil, como los centros de ayuda, aunque algunos con capacidad limitada, están haciendo un trabajo de hormiga para tratar de mitigar la situación de vulnerabilidad”, concluyó.

Ni siquiera la dolarización merma problemática del combustible en Bolívar
Colas de hasta 3 días se producen para poder surtir 20 o 40 litros

Jesús Alberto Vega Medina es trabajador de una funeraria. Con la intención de surtir combustible se trasladó desde muy temprano hasta la estación de servicio ubicada en la avenida Antonio de Berrio, diagonal a la redoma de Sutiss en San Félix, en la cual el pago se realiza en divisas, para solicitar el apoyo para surtir el vehículo en el que estaba trasladando el cuerpo de una persona fallecida.

Eran más de las 12:00 del mediodía y a Vega no le prestaban el apoyo. El hombre, en señal de protesta, sacó de la parte trasera del vehículo el cadáver que debía transportar, el cual estaba en una especie de bandeja de aluminio, semidesnudo y que fue tapado con una chaqueta. El caso se dio a conocer a través de un vídeo que circuló en redes sociales, el cual fue grabado por otro conductor que también estaba en dicha estación de servicio esperando para surtir.

Horas después, una comisión de la División de Inteligencia de la Policía del estado Bolívar y uniformados del comando de Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), detuvieron a Vega, imputándole instigación al odio.

Esta situación es tan solo una de las tantas que se viven a diario en el estado Bolívar con el tema del combustible. Colas de hasta 3 días para poder surtir 20 o 40 litros, protestas e incluso algunas en las que se han ido hasta los golpes usuarios y bomberos de las estaciones. En los municipios del sur del estado la situación no es distinta; habitantes afirman que 70 litros de combustible pueden alcanzar un precio de hasta 150 dólares, en el “mercado negro”.

“Sabemos el peligro que existe, pero también requerimos tener nuestros vehículos con combustible, para comprar alimentos o para una emergencia. Nadie hace un mercado de 3 meses, bueno, al  menos no el ciudadano común, de a pie. Uno se va rebuscando con el diario”, señaló un usuario de Ciudad Guayana.

Le suman las dificultades que ya se están presentando hasta en los sectores priorizados o con salvoconducto. “Antes veníamos a una hora razonable, 6:00 de la mañana, marcábamos y surtíamos, pero ya con salvoconducto solo están atendiendo 40 carros diarios y toca venirse a las 3:00 de la madrugada para poder entrar en ese lote y echar; lo próximo que va a venir que es nos tocará hacer la cola desde el día anterior, como hacen los que no tienen salvoconducto”.

Desde el Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar) exhortamos al Estado a actuar con sensatez y evaluar las dimensiones de las medidas adoptadas en la región. Hay que adecuarlas al contexto social y económico que nos signa, puesto que, si bien es cierto que resulta imperante adoptar los protocolos de higiene y salud, así como quedarse en casa para prevenir el contagio, es una verdad innegable que las necesidades de alimentación, medicamentos e incluso trabajo no conocen de fechas ni horarios.

Múltiples expresiones de violencia en Lara durante la cuarentena social
Durante los meses de cuarentena social, ciudadanos del estado Lara han denunciado el  incremento de robos y hurtos a la propiedad

Desde el inicio del confinamiento por el Coronavirus anunciado por el gobierno central en marzo de este año, en el estado Lara se han producido varias formas de violencia, unas de tipo delincuencial y otras de tipo policial.

Con respecto a la de tipo policial, el diario La Prensa de Lara registró durante el mes de abril un total de 27 muertes violentas, de las cuales 23 se debieron a presuntos enfrentamientos con funcionarios de seguridad del Estado: Fuerzas de Acciones Especiales (FAES); Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); Policía de Lara (Polilara); Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Policía Nacional Bolivariana (PNB).

“La violencia de los cuerpos de seguridad es la más letal y no ha disminuido. Desde que se estableció la cuarentena y el decreto 04039 de la gobernación de Lara, continúan las prácticas de detenciones arbitrarias y ejecuciones, con el argumento de resistencia a la autoridad”, explicó el coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Lara (OVV Lara), Carlos Meléndez.

Por otra parte, la exigencia de derechos a través de la protesta, que habitantes de comunidades afectadas han manifestado por la deficiencia de servicios públicos, en especial en los municipios Torres, Urdaneta, Morán, Iribarren y Palavecino, ha tenido una respuesta violenta por parte de los cuerpos de seguridad. Éstos han detenido a personas que solicitaban eliminar los cortes del servicio eléctrico -que en algunas ocasiones son de hasta 12 horas diarias-, además de reclamar mejoras en la distribución de agua potable, gas doméstico y, como agregado, la falta de gasolina.

Delitos contra la propiedad

Durante los meses de cuarentena social, ciudadanos del estado Lara han denunciado el  incremento de robos y hurtos a la propiedad en varios municipios de la entidad. Los protagonistas del delito forzan cerraduras y vulneran cercos eléctricos para irrumpir en comercios, desde donde sustraen artefactos, víveres y alimentos; mientras que en las viviendas hurtan bombonas de gas, cocinas eléctricas y hasta tanques, bombas de agua, ropa y calzados. También ha sido sistemático el hurto de equipos en las universidades de la región, en las escuelas y en las iglesias católicas.

La adaptabilidad del crimen a un entorno de emergencia compleja ha tenido expresiones como las que se padecen en Lara. Se ha observado la maximización de las tendencias que el delito había mostrado en los últimos meses antes de anunciado el estado de alarma en Venezuela. Por una parte, mayor hegemonía de los cuerpos policiales en algunas formas de violencia, también el robo a la propiedad y, por otra, el delito famélico, explicó el profesor Meléndez.

Delitos famélicos

Por muchos años se ha discutido en la literatura sobre el crimen, las vinculaciones entre la pobreza y el delito; muchas de las tesis reduccionistas que afirmaban que se delinque  por la condición de pobreza fueron superadas con los avances de los estudios sobre la violencia. Contraria a esas tesis, existen algunos consensos importantes que explican, por ejemplo, que ser pobre te hace más propenso a sufrir los difentes tipos de violencia que en las sociedades latinoamericanas existen, y sin duda es así, los pobres venezolanos, en la medida que las condiciones de emergencia se profundizan, se hacen más vulnerables.

Sin embargo, han cambiado algunas realidades. Las guerras entre bandas en algunos barrios de las grandes ciudades han disminuido, por ende, morir de una bala perdida es menos probable que en la primera década del siglo XXI. Ahora es más probable que se hurte la comida de la casa o que asalten para robar la bolsa de los alimentos comprados en el mercado. Ahora es más probable que en las noches, a propósito de los cortes eléctricos, se lleven las bombonas de gas de las zonas más pobres. El empobrecimiento estructural en Venezuela ha dado nuevas forma al delito famélico en las distinas regiones del país.

Por estas razones, para el profesor universitario, Carlos Meléndez, “debe existir una política pública integral que garantice la estabilidad jurídica, el abastecimiento y distribución de insumos, el mejoramiento de la educación, equipamiento a los cuerpos policiales y, en general, una visión humana de la seguridad”, afirmó.

Los que no se rinden | OVV: El reto es vencer la censura
Desde hace 15 años, el Observatorio Venezolano de Violencia refleja cifras e historias de criminalidad en colaboración con las principales universidades del país para atender a personas que son víctimas de los distintos tipos de violencia

@franzambranor

Frente a la ausencia de una política de Estado dirigida al control y prevención de la delincuencia, el Observatorio Venezolano de Violencia se ha planteado desde 2005 articular planes y programas en materia de seguridad ciudadana.

El OVV se basa en cuatro derechos fundamentales: derecho a la vida, a la integridad personal, al acceso a la justicia y a la libertad y forma parte del Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) 

La Organización No Gubernamental fue creada entre centros de investigación de ocho universidades nacionales, entre las que destacan la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad del Zulia (LUZ) y la Universidad Católica del Táchira (UCAT). 

En cada uno de sus informes anuales, esta ONG ofrece al venezolano datos sobre la violencia interpersonal en Venezuela. En 2019, por ejemplo, daban cuenta de 5286 casos de víctimas por resistencia a la autoridad y una tasa de más de 60 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. La más alta de América Latina.

En Runrunes conversamos con su director, Roberto Briceño León para conocer con mayor propiedad los alcances de esta organización.  

-¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer la ONG y cuánto ha empeorado el entorno hasta ahora?

-El OVV surge después del paro petrolero, tras un período de conflicto político en Venezuela y en un momento en el cual hay una decisión de cerrar el acceso a las fuentes informativas del país y de iniciar un proceso de mayor control de los mecanismos de información. Nace con estas tres universidades, como una respuesta desde ellas, a la censura oficial de los datos sobre violencia y criminalidad, que tiene lugar a partir del 2004 y que se ve claramente establecida en el año 2005, cuando no se publican las cifras oficiales del año anterior, como por varios años se había hecho. 

A lo largo del tiempo, el OVV ha ido creciendo con la incorporación de otras universidades nacionales: la Universidad de Oriente (UDO), la Universidad Católica Andrés Bello de Guayana (UCAB-Guayana), la Universidad Centro-occidental Lisandro Alvarado (UCLA), la Universidad de Los Andes (ULA) y la Universidad de Carabobo, sede Aragua (UC-Aragua). En la actualidad cuenta con un total de ocho Observatorios Regionales en: Aragua, Bolívar, Lara, Mérida, Región Capital (Miranda y Distrito Capital), Sucre, Táchira y Zulia. 

El OVV nace en el marco de una situación de empeoramiento en el acceso a la información y en las condiciones de violencia. Justamente la censura en el país ocurre después que se había dado un incremento muy importante en los homicidios en los años 2002 y 2003; la tasa llegó prácticamente a duplicarse, en comparación con el momento del inicio del gobierno de Hugo Chávez. A partir de allí, lo que ha ocurrido en el país es un continuo empeoramiento de las condiciones de acceso a la información pública y el cierre de medios de comunicación, que han sido fuentes de información con las que el OVV ha venido trabajando. Sin embargo, a pesar de todas las restricciones, el OVV ha buscado cumplir con su misión, observando, analizando la situación de violencia en el país e informando a la sociedad.   

Protestas y detenciones arbitrarias en Aragua por escasez de gasolina      

-¿En qué áreas se desempeña la organización?

-El OVV recolecta, genera, analiza e interpreta datos e información de calidad sobre la violencia en Venezuela, en base a cuatro derechos fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho al acceso a la justicia y el derecho a la libertad.

El LACSO-OVV han trabajado en conjunto para construir una metodología confiable de estimación estadística de las muertes violentas en Venezuela, dadas las restricciones en la publicación y acceso de la estadística oficial de violencia. Gracias a este método, anualmente, se ha podido ofrecer a la sociedad venezolana, una cifra estimada de la cantidad de muertes violentas ocurridas en el país. 

-¿A qué se dedicaban los fundadores antes de crear esta ONG?

-Cuando surge el OVV, el grupo de investigadores del LACSO, del Instituto de Ciencias Penales de la UCV y del Instituto de Criminología de LUZ, tenía un proyecto de cooperación científica, financiado y apoyado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) de Venezuela, para investigar sobre el tema de la violencia y criminalidad. Es por ello que, en un primer momento, lo que se hizo fue transformar ese grupo de investigadores en esta organización. 

De igual manera, ese equipo ya tenía la coordinación del grupo de trabajo latinoamericano sobre violencia y sociedad, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); había trabajado y publicado varios libros, pero pasó de ser sólo un proceso de investigación, a uno de observación pública, de defensa de los derechos y de acceso a la información y a la justicia en Venezuela.      

Desde el año 1995, el LACSO ha desarrollado estudios y aplicado encuestas a nivel nacional para medir la percepción que tienen los venezolanos y residentes en el país en torno al tema de la violencia e inseguridad ciudadana, desde las siguientes aristas: actitudes hacia la violencia, motivación al respeto, victimización, temor, inhibición, acciones extrajudiciales, protección a las personas, actuación de la policía, desempeño de las instituciones públicas, evaluación del gobierno, democracia, entre otras. 

Asimismo, se ha dedicado a la investigación de proyectos generales de sociología, que forman parte de cultura política, y de enfermedades transmisibles –prevención en Chagas, malaria y dengue-. También ha trabajado en encuestas comparativas internacionales.  

Trujillo tiene la mayor tasa de suicidios durante cuarentena

-¿Qué servicios ofrece?

-Asesoría, cooperación, investigación y análisis, tanto en el área específica de violencia, como en torno a las condiciones sociales que generan la conflictividad social y, por ende, la violencia. Los investigadores que conforman el OVV tienen capacidad para aplicar encuestas, hacer grupos focales y entrevistas a profundidad, hacer análisis de coyuntura, en las distintas áreas del país, en conjunto con las universidades nacionales, como con universidades a nivel mundial que integran las distintas redes de las cuales forma parte y participa. 

-¿Cuántas personas trabajan en la organización?

-En el LACSO-OVV trabajan 40 personas, entre los equipos central y regionales. Estos equipos están conformados, principalmente, por docentes-investigadores de distintas disciplinas científicas y humanísticas –son sociólogos, educadores, estadísticos, arquitectos, trabajadores sociales, médicos, abogados, geógrafos, criminólogos, entre otras- y periodistas. 

-¿Con quién tienen alianzas estratégicas?

Además de las alianzas estratégicas con las universidades mencionadas anteriormente, con las cuales el OVV ha establecido ocho sedes regionales, hemos tenido alianzas y desarrollado investigaciones conjuntas con el Centro Comunitario de Aprendizaje (CECODAP); Paz Activa; el Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (INCOSEC); la UCAB, la UCV y la Universidad Simón Bolívar (USB) para la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), entre otras instituciones. 

-¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

El OVV observa, se preocupa y atiende a las personas que son víctimas de los distintos tipos de violencia que hay en el país -interpersonal, autoinfligida, delincuencial, policial-; busca solidarizarse y hacer evidente y público su dolor, y busca, además, entender las condiciones por las cuales ocurren tales violencias.  

OVV: Casi la mitad de las muertes violentas en Lara son ejecutadas por la FAES

-¿En qué zonas operan?

El OVV es una red nacional que opera en ocho estados del país: Aragua, Bolívar, Lara, Mérida, Región Capital (Miranda y Distrito Capital), Sucre, Táchira y Zulia, a través de sus Observatorios Regionales. Asimismo, monitorea y analiza eventos de la misma naturaleza en las entidades aledañas. 

En la actualidad, el OVV se está extendiendo a otros estados del país.  

-¿Cuentan con voluntariado y cómo pueden ayudar personas que estén interesadas en hacerlo?

El LACSO-OVV siempre ha estado vinculado con los estudiantes universitarios, quienes cooperan en la recolección de datos e información. Los interesados pueden ingresar a la Web (https://observatoriodeviolencia.org.ve/) y, en la sección Contactos, optar por el correo electrónico de sus sedes en Caracas o en regiones.  

-¿Cuáles son los mayores retos de la organización? ¿Las mayores amenazas?

Los mayores retos y amenazas de la organización tienen que ver con el incremento de la censura y las limitaciones para el ejercicio de la ciencia, para poder, de esta manera, comprender e informar sobre lo que realmente ocurre en el país en relación a la situación de violencia y criminalidad, y, en consecuencia, ayudar a prevenirla y evitar tantas muertes y heridos.  

-¿Un caso emblemático?

-El OVV ha significado una voz en el silencio durante todos los años de censura. Ha estado allí presente para evitar que la sociedad venezolana y el mundo no conozcan los datos y la información de lo que ocurre en el país, o que sólo se escuche la voz oficial y no las voces independientes que representan las universidades nacionales. 

Briceño León está convencido que la violencia puede ser prevenida y no es un destino que no se puede contrariar.

OVV: Casi la mitad de las muertes violentas en Lara son ejecutadas por la FAES
Entre enero y febrero de 2020, la ONG registró 71 muertes violentas: 43 en enero y 28 en febrero.

Por José Escalona para El Impulso

Carlos Meléndez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Lara (OVV Lara), aseguró que 6 de cada 10 personas asesinadas en la entidad son ejecutadas por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

“Desde el año 2018, ésta es una realidad constante. Se mantiene la situación que describimos en el Informe Anual de Violencia en el estado Lara en 2019, elaborado por el OVV. Hay una reducción de los homicidios y un aumento de las muertes por “resistencia a la autoridad”. En el 2020 esto parece que no cambiará, pese a las múltiples exigencias que el gobierno ha recibido por parte de los organismos multilaterales con competencia en materia de Derechos Humanos”, destacó Meléndez, quién además es sociólogo y profesor en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA).

Entre enero y febrero de 2020, la ONG registró 71 muertes violentas: 43 en enero y 28 en febrero. Los asesinatos a manos de los cuerpos de seguridad del Estado representaron 48,7% del total de este tipo de muerte, justificados 25,7% por ser “resistencia a la autoridad” y 23% por tratarse de presuntos ataques a cuerpos policiales.

El OVV Lara da cuenta de estadísticas en las que se destaca que, entre los cuerpos de seguridad en Lara, es las FAES la principal responsable de la violencia policial en 67% de los casos, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) le sigue con 16% y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), con 13%.

Transportistas de alimentos en Aragua denuncian pago de vacuna en divisas para echar gasolina
De no hacerlo solo le suministran 40 litros de combustible

Durante las últimas cuatro semanas de cuarentena obligatoria en el estado Aragua, transportistas que distribuyen alimentos desde y hacia la entidad, denuncian que tienen que pagar vacunas en divisas a los funcionarios responsables de las diferentes estaciones de servicio que abastecen al transporte pesado, para que autoricen el llenado del tanque, ya que de no hacerlo sólo le suministran 40 litros de combustible, que no les permite hacer el recorrido de ida y vuelta a la capital del país.

Explican los afectados, quienes no quisieron revelar su identidad por temor a ser víctimas de represalias, que esta situación implica un incremento económico en los costos del traslado y también representa una pérdida innecesaria de tiempo, que termina compensándose con el incremento final que tienen los diferentes rubros a nivel del consumidor.

Los entrevistados finalizan denunciando que el Estado debe identificar y controlar a estos inescrupulosos funcionarios que, valiéndose de su investidura, negocian y se enriquecen ilícitamente a costa de provocar la pérdida de la poca y maltrecha soberanía alimentaria que afecta la disponibilidad y acceso de los alimentos de la población aragüeña y de la zona centro norte costera y central del país.