La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) desmanteló el pasado 13 de septiembre en la isla Barrio de Mantequero, en Amazonas, un laboratorio para el procesamiento de pasta de coca operado por ciudadanos colombianos, según informó este lunes el canciller de la República, Jorge Arreaza, mediante un comunicado.

El Departamento de Tesoro de Estados Unidos, a través de su oficina OFAC, sancionó a Diosdado Cabello por  a su hermano José David Cabello, a su esposa Marleny Contreras y a Rafael Sarria.

La Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense designó al segundo del chavismo por sus explotar sus posiciones oficiales para involucrarse en tráfico de drogas, lavado de dinero, malversación de fondos estatales y otras actividades corruptas, señaló el Secretario de Tesoro, Steven T. Mnuchin.

El Departamento de Tesoro acusa a Diosdado detalla que Cabello ha abusado de las posiciones de influencia que ha ocupado dentro del gobierno para fomentar sus actividades ilícitas y corruptas, para controlar y dirigir agencias gubernamentales y oficiales militares en Venezuela como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Entre las acusaciones que el Tesoro publicó sobre Cabello están sus actividades de narcotráfico. De acuerdo a la nota de prensa que publicó la institución en su portal web, Cabello trabajó con el vicepresidente Tareck El Aissami, sancionado por la OFAC en la ley Kingpin, para organizar envíos de droga desde Venezuela a través de República Dominicana con destino a Europa. También indica que trasladó dinero ilíticito a Panamá, República Dominicana y las Bahamas junto a Pedro Luis Martin Olivares, sancionado bajo la Ley Kingpin.

Igualmente detalla que «Cabello incautó cargas de drogas de traficantes de drogas en pequeña escala, y las combinó y exportó a través de un aeropuerto propiedad del gobierno venezolano. Cabello, junto con el presidente Maduro y otros, dividieron las ganancias de estos envíos de narcóticos».

Entre otras denuncias acusa a Cabello de afianzar «una red de seguidores al decidir quién es promovido dentro de agencias como el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Obras Públicas. Cabello a su vez utilizó esa esfera de influencia para beneficiarse personalmente de la extorsión, el lavado de dinero y la malversación de fondos», declaró el Tesoro.

La nota de prensa detalla que Cabello habría llevado a cabo una serie de negocios ilícitos con otros, especialmente con el sancionado Francisco Rangel Gómez. «Cabello, Rangel Gómez y sus asociados lavaron dinero de la malversación de fondos estatales venezolanos y de su trato con narcotraficantes a través de una serie de edificios de departamentos y centros comerciales».

También acusa a Cabello y Rangel Gómez de «acceder ilegalmente y explotar minas». Detalla que los individuos exrtrajeron hierro y lo exportaron a través de Ferrominera del Orinoco, que a pesar de ser una empresa legal, usó personal de la empresa para la extracción y exportación ilegal de hierro.

«A diciembre de 2016, las autoridades venezolanas han utilizado empresas estatales, Venezolana de Aluminio (Venalum) y Aluminos Nacionales S.A. (Alunasa), para lavar dinero a Costa Rica y Rusia. El presidente de Venalum, así como otra persona que realmente dirigía la compañía, se dedicaron al tráfico de drogas y al lavado de dinero, y utilizaron Venalum como cobertura para estas operaciones. Bajo la dirección de Rangel Gómez, en su calidad de gobernador del estado de Bolívar, Venalum utilizó embarcaciones para mover minerales y lavar dinero a través de Panamá a la sucursal costarricense de Alunasa. Cabello ordenó al ejército venezolano que colocara a varios empleados de Alunasa en Costa Rica para supervisar la operación. Además, Cabello blanqueó dinero a través de Venalum a Rusia».

A continuación la nota de prensa traducida:

El Tesoro sanciona a influyente ex funcionario venezolano y su red de corrupción

Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó al venezolano Diosdado Cabello Rondón (Cabello) de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692, por ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela. La OFAC también designó a otras tres personas por ser funcionarios actuales o anteriores, o por actuar en nombre de personas designadas como figuras clave en la red de corrupción de Cabello. Esos individuos son José David Cabello Rondón, hermano de Cabello, designado para ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela; Marleny Josefina Contreras Hernández, esposa de Cabello, designada para ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela; y Rafael Alfredo Sarria Díaz, frontman de Cabello («testaferro»), designado para actuar en representación de Cabello. Además, OFAC bloqueó tres compañías que son propiedad o están bajo el control de Sarria en Florida: SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC y 11420 Corp. OFAC bloquearon aún más 14 propiedades en Florida y Nueva York, propiedad de Sarria directamente o a través de sus compañías.

«El pueblo venezolano sufre bajo políticos corruptos que refuerzan su control del poder mientras forran sus propios bolsillos. Estamos imponiendo costos a figuras como Diosdado Cabello, que explotan sus posiciones oficiales para involucrarse en tráfico de narcóticos, lavado de dinero, malversación de fondos estatales y otras actividades corruptas», dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. «Esta Administración está comprometida a responsabilizar a aquellos que violan la confianza del pueblo venezolano, y continuaremos bloqueando los intentos de abusar del sistema financiero de los EE. UU.»

Estas designaciones reflejan el compromiso de los Estados Unidos de utilizar todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para responsabilizar a los funcionarios corruptos y apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano para restaurar su democracia. Estados Unidos continuará tomando las medidas apropiadas, incluida la designación de personas para sanciones, para responder a la situación en Venezuela a medida que se desarrolla. Las sanciones de EE. UU. No necesitan ser permanentes; están destinados a cambiar el comportamiento. Sin embargo, consideraríamos levantar sanciones para las personas sancionadas bajo E.O. 13692 que tomen medidas concretas y significativas para restablecer el orden democrático, se nieguen a tomar parte en abusos contra los derechos humanos y denuncien los abusos cometidos por el gobierno, y combatan la corrupción en Venezuela.

Diosdado Cabello Rondón

Cabello es el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, o el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el partido político del presidente venezolano, Nicolás Maduro Moros (Maduro), a quien la OFAC designó de conformidad con E.O. 13692 el 31 de julio de 2017. Cabello es un ex teniente del ejército que forjó un estrecho vínculo en la academia militar venezolana con el ex presidente venezolano, ahora fallecido, Hugo Chávez (Chávez). Cabello es también ex presidente y diputado de la Asamblea Nacional venezolana, el cuerpo legislativo venezolano, y permaneció como diputado de la Asamblea Nacional hasta que el régimen de Maduro usurpó los poderes de la Asamblea Nacional y creó la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, de la cual Cabello es actualmente un miembro. Cabello ha ocupado numerosos cargos dentro del gobierno venezolano, habiéndose desempeñado previamente como Ministro de Obras Públicas y Vivienda, Ministro del Interior y Justicia, Ministro de Infraestructura, Director de la Comisión Nacional Venezolana de Telecomunicaciones (CONATEL) y Gobernador del estado de Miranda.

A menudo se lo menciona como el segundo hombre más poderoso en Venezuela, después de que Maduro-Cabello ha mantenido importantes posiciones de liderazgo en el gobierno venezolano desde que Chávez lo elevó a la posición de Ministro de Interior y Justicia. Cabello ha abusado de estas posiciones influyentes en el fomento de sus actividades ilícitas y corruptas para controlar y dirigir agencias gubernamentales y oficiales militares en Venezuela como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, o el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminales (CICPC ), y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el servicio de inteligencia nacional venezolano. Cabello ha afianzado una red de seguidores al decidir quién es promovido dentro de agencias como el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Obras Públicas. Cabello a su vez utilizó esa esfera de influencia para beneficiarse personalmente de la extorsión, el lavado de dinero y la malversación de fondos.

A mayo de 2017, Cabello había llevado a cabo una cantidad significativa de negocios ilícitos con otros, incluido Francisco José Rangel Gómez (Rangel Gómez), que informó a Cabello. Rangel Gómez fue designado por la OFAC de conformidad con E.O 13692 el 5 de enero de 2018 como funcionario actual o ex funcionario del Gobierno de Venezuela. Cabello, Rangel Gómez y sus asociados lavaron dinero de la malversación de fondos estatales venezolanos y su trato con narcotraficantes a través de una serie de edificios de departamentos y centros comerciales. Además, Cabello, Rangel Gomez y sus asociados trabajaron juntos para acceder ilegalmente y explotar minas. En particular, extrajeron y extrajeron hierro y lo exportaron a través de Ferrominera del Orinoco (FdO), una subsidiaria del conglomerado venezolano de propiedad estatal, Corporación Venezolana de Guyana; aunque FdO era un negocio legítimo, Cabello y sus asociados tenían líderes dentro de la empresa que facilitaban la extracción ilegal y la exportación de hierro. A diciembre de 2016, las autoridades venezolanas han utilizado empresas estatales, Venezolana de Aluminio (Venalum) y Aluminos Nacionales S.A. (Alunasa), para lavar dinero a Costa Rica y Rusia. El presidente de Venalum, así como otra persona que realmente dirigía la compañía, se dedicaron al tráfico de drogas y al lavado de dinero, y utilizaron Venalum como cobertura para estas operaciones. Bajo la dirección de Rangel Gómez, en su calidad de gobernador del estado de Bolívar, Venalum utilizó embarcaciones para mover minerales y lavar dinero a través de Panamá a la sucursal costarricense de Alunasa. Cabello ordenó al ejército venezolano que colocara a varios empleados de Alunasa en Costa Rica para supervisar la operación. Además, Cabello blanqueó dinero a través de Venalum a Rusia.

Además del lavado de dinero y las exportaciones ilegales de minerales, Cabello también está directamente involucrado en actividades de narcotráfico. Trabajando con el actual vicepresidente ejecutivo venezolano Tareck El Aissami (El Aissami), a quien la OFAC designó de conformidad con la Ley Kingpin el 13 de febrero de 2017, Cabello organiza los envíos de droga que se trasladan desde Venezuela a través de la República Dominicana y luego a Europa. Cabello también dirige a Pedro Luis Martin Olivares, quien fue designado de conformidad con la Ley Kingpin el 7 de mayo de 2018, en actividades ilícitas. A fines de 2016, Cabello y Martin trabajaron juntos para trasladar dinero ilícito a Panamá, la República Dominicana y las Bahamas. A partir de marzo de 2017, Cabello incautó cargas de drogas de traficantes de drogas en pequeña escala, y las combinó y exportó a través de un aeropuerto propiedad del gobierno venezolano. Cabello, junto con el presidente Maduro y otros, dividieron las ganancias de estos envíos de narcóticos. También a partir de principios de 2017, Cabello exigió información de la burocracia del gobierno venezolano sobre personas adineradas que habían realizado grandes compras, que pueden haberlo ayudado a identificar otras drogas.

José David Cabello Rondón

José David Cabello Rondón (José David) es el actual Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, o la Administración Nacional Integrada de Aduanas e Impuestos (SENIAT). Anteriormente se desempeñó como Ministro de Infraestructura y Ministro del Poder Popular para las Industrias. José David ha utilizado su acceso como el jefe de la agencia venezolana de impuestos y aduanas para extorsionar dinero para beneficio personal de los venezolanos. A fines de 2017, Cabello, en su rol de Primer Vicepresidente Ejecutivo del PSUV, y José David como Jefe del SENIAT, fueron los principales beneficiarios de los esquemas de extorsión contra empresas privadas nacionales y extranjeras. Los hermanos compartieron un porcentaje de las ganancias de extorsión con otros ministros y funcionarios en el círculo interno de Maduro. Un esquema típico de extorsión involucraba a funcionarios del SENIAT que auditaban un negocio e identificaban irregularidades tanto reales como falsas. Los funcionarios del SENIAT le darían a la empresa la opción de pagar una sola multa grande al SENIAT o una multa más pequeña al SENIAT con una comisión menor a los funcionarios. Las compañías registrarían los sobornos como transacciones comerciales. Los funcionarios del SENIAT reciben cada vez más los sobornos pagados a cuentas bancarias venezolanas temporales establecidas específicamente por temor a las sanciones financieras de los Estados Unidos contra altos funcionarios y para evitar un mayor escrutinio de las cuentas bancarias extranjeras.

Más allá de extorsionar las ganancias de la Administración de Aduanas e Impuestos de Venezuela, en septiembre de 2017, los hermanos Cabello, actuando en calidad de altos funcionarios del gobierno venezolano, aprobaron un plan de lavado de dinero basado en actividades financieras ilícitas dirigidas a la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA).

Rafael Alfredo Sarria Diaz

Rafael Alfredo Sarria Díaz (Sarria) ha lavado dinero para funcionarios venezolanos mediante la compra de bienes inmuebles desde 2010. Sarria actúa en nombre o representación de Cabello como su principal líder, o «testaferro», asesorándolo, ayudándolo y beneficiándose a sí mismo de Cabello. ganancias corruptas y ganancias ilegales. Los dos han mantenido una relación comercial ilícita desde al menos 2010, cuando Sarria y Cabello tenían sociedades y corporaciones en Panamá, y Sarria poseía varias propiedades inmobiliarias en Florida que se registraron con su propio nombre. En realidad, Sarria actuó como el representante nombrado de Cabello en la propiedad de estas propiedades. A partir de 2015, Sarria continuó administrando múltiples propiedades y arreglos financieros para Cabello, y en 2016, estuvo involucrado en actividades de narcotráfico en nombre de Cabello. A partir de 2018, Sarria asesora y asesora a Cabello, y se beneficia de la inversión de la riqueza corrupta de Cabello.
Simultáneamente con la designación de Sarria, OFAC bloqueó tres compañías en Florida que son propiedad o están bajo el control de Sarria: SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC y 11420 Corp., a través de las cuales Sarria posee 12 propiedades en Florida. Sarria posee una propiedad adicional en Florida y otra propiedad en Nueva York a su nombre.

Marleny Josefina Contreras Hernández

Marleny Josefina Contreras Hernández está casada con Cabello y es la Ministra del Poder Popular para el Turismo, así como la Presidenta del Instituto Nacional de Turismo de Venezuela.
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de los EE. UU. Deben ser bloqueadas e informadas a la OFAC. Las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las relaciones entre personas de los EE. UU. O dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en la propiedad de personas designadas.

Las últimas medidas aplicadas por Estados Unidos contra operadores de oficialismo venezolano tienen un carácter netamente administrativo, y es posible que estén ligadas a casos judiciales. Eso sí: siempre tienen un propósito político

Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones a otros tres venezolanos. Dos de ellos, Pedro Luis Martín y Mario Antonio Rodríguez Espinoza, son comisarios generales jubilados de la policía política (Disip-Sebin), mientras que el tercero (Walter del Nogal) es propietario de empresas registradas tanto en el país como en Panamá, está ligado a escándalos de toda índole, desde homicidios hasta tráfico de drogas, y fue indultado por Chávez.

Este hecho, conocido el 7 de mayo, coloca nuevamente sobre el tapete el tema de las sanciones de EEUU a venezolanos. Algunas veces, parecieran ser la reafirmación de una posición del gobierno de Washington frente a la crisis venezolana. En otras, tendrían propósitos más punitivos, consecuencia de investigaciones criminales cuyo contenido generalmente se desconoce. Entre una y otra cosas, el ciudadano tiende a confundirse, a meterlo todo en un mismo saco, y esto sienta las bases para que el gobierno de Maduro eche la culpa al “imperio” por cuestiones tan cotidianas como la escasez ya crónica de comida y de medicamentos. Si leemos Aporrea, entenderemos que mucha gente así lo cree.

Lo primero que se debe explicar es que todas las sanciones son el producto de “órdenes ejecutivas”, emitidas por el presidente de Estados Unidos. Pero el mandatario no puede decidirlas sin contar con una ley aprobada previamente por el Congreso de ese país, que le sirva de marco regulatorio.

En el caso venezolano, hasta el año 2015 la principal ley utilizada para imponer sanciones individuales fue el Acta para la Designación de Capos Extranjeros de la Droga (Kingpin Act). Otra utilizada en términos más genéricos ha sido el Acta de Asistencia Foránea, vigente desde 1961, mediante la cual se llevan a cabo los criticados procesos de certificación en materia de cooperación antidrogas. Desde hace diez años, por cierto, Venezuela no pasa este examen, pero el Presidente de turno en la Casa Blanca se ha negado a aplicar las sanciones previstas, entre ellas el cese de todo tipo de cooperación financiera a organizaciones civiles, pues entiende que eso afectaría más a la población del país que a su gobierno.

A finales de 2014, a la luz de la represión a manifestantes venezolanos durante el proceso conocido como La Salida, el Congreso estadounidense aprobó el Acta de Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela. En los últimos tres años, este ha sido el instrumento jurídico mayormente invocado por los presidentes Obama y, especialmente, Trump, para sancionar a operadores del oficialismo venezolano, negándoles los visados y ordenando el congelamiento de los bienes y cuentas que puedan tener en la banca de ese país.

A propósito de estas medidas se han planteado situaciones de extremada rareza. Por ejemplo, la de una nación cuyo Presidente en ejercicio ha sido sancionado por violaciones a los Derechos Humanos y cuyo Vicepresidente Ejecutivo simultáneamente ha sido incorporado a la lista de capos de la droga.

En el caso venezolano, además, un mismo funcionario ha sido colocado tanto en la lista relativa al tráfico de drogas como en la de violaciones a los Derechos Humanos. Se trata de Freddy Bernal, ex alcalde de Libertador, actual ministro de Agricultura Urbana y Protector del estado Táchira.

En tercer lugar, Venezuela también figura en los listados de financiamiento al terrorismo. Dos agencias de viajes cuyas oficinas están en la avenida Baralt, Hilal y Biblos, así como sus propietarios, han sido señalados como conductos del dinero utilizado para respaldar las operaciones del grupo Hezbollah. Pero esa es otra lista.

Todos estos aspectos, que podrían ser considerados anecdóticos, son el producto de largos procesos de acumulación de información por parte de distintas agencias estadounidenses, pero no necesariamente están ligados a juicios penales. Lo importante para EEUU es enviar un mensaje al gobierno de Maduro, con la intención de que desista de su línea. De allí que muchos sancionados ni siquiera tuviesen un visado norteamericano. Este es el caso del fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, quien era considerado no elegible para obtener el permiso de entrada a EEUU, a propósito de su afinidad con grupos islámicos. Por lo tanto, sin permiso de entrada, era poco probable que tuviese cuentas o bienes en territorio estadounidense. Y aún así lo sancionaron en 2017.

Las dos últimas rondas de sanciones, aplicadas este año contra siete personas en total, han afectado si se quiere a operadores de segundo plano. No es lo mismo señalar por violaciones de Derechos Humanos a Tibisay Lucena, jefa del Poder Electoral, que al presidente de los Seguros Sociales, cuyo nombre pocos recuerdan. No es lo mismo tachar al presidente del TSJ Maikel Moreno que a un oscuro comisario jubilado del Sebin. Esto sucede por dos razones. En primer lugar, de acuerdo con fuentes consultadas en EEUU, las medidas verdaderamente fuertes vendrán luego de las elecciones del 20 de mayo. Pero durante los meses previos no se quería enviar el mensaje equivocado en el sentido de que la administración Trump habría perdido interés en el caso venezolano. Lo otro es que, con la salida del subsecretario de Estado Thomas Shannon, en febrero, se abrió un paréntesis en cuanto a las decisiones gruesas sobre el caso venezolano.

Esto quiere decir, entonces, que probablemente Washington elevará el perfil y el alcance de las sanciones en los próximos días. Sin embargo, para el momento de hacer las consultas referidas a este trabajo, no existía un consenso sobre el sector que podría ser atacado con las próximas decisiones. Algunos piensan que debería ser la renta petrolera, mientras que otros prefieren apuntar a las fuerzas armadas.

Hay además la clara intención de involucrar a otros países en las próximas medidas. “EEUU no quiere ser el dueño absoluto de problema, de allí la necesidad de lograr soluciones consensuadas”, explicó un consultor y exfuncionario del Servicio Exterior de ese país, que declaró bajo la reserva de su nombre. Pero eso implica procesos de negociación que podrían retardar las medidas, y mitigar el impacto inmediato.

En el caso venezolano, la mayoría de las sanciones ha tenido carácter individual. En otras palabras, afectan a personas o a empresas específicas. Pero ya se han tomado algunas decisiones, como por ejemplo negar los visados a funcionarios oficialistas y a sus familiares, restringir el financiamiento a la industria petrolera y prohibir operaciones con la moneda virtual Petro, que podrían marcar la pauta luego del domingo electoral.

Breves

*En un punto muerto se encuentra el proceso judicial por el fraude masivo a través del Banco Peravia, una entidad financiera de República Dominicana que fue usada como vehículo para el desvío de fondos de los ahorristas, el cohecho con funcionarios militares y el lavado de dinero. Por este caso, los fiscales del Distrito Nacional de República Dominicana Yeni Berenice Osorio, Ysidro Vásquez Peña y Milcíades Guzmán solicitaron la extradición de los venezolanos José Luis Santoro, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Daniel Morales Santoro, Cristina Martidona de Santoro, Maria Cristina Santoro Martidona, Máximo Bartilomo y Lorenzo Labiosa, además de cinco dominicanos. La entidad fue disuelta en noviembre de 2014, al verificarse un recurrente estado de insolvencia, a pesar de los “planes de fortalecimiento” ordenados por la Superintendencia de Bancos de la isla. La solicitud de extradición indica que Santoro “se vinculó al mundo del narcotráfico y el lavado de activos a través del capitán de la Policía Nacional Brezhnev Jiménez Jiménez”, quien por cierto era propietario de una compañía de alquiler de vehículos en Florida, EEUU. Según el abogado César Amadeo Peralta, quien ha participado activamente en la querella contra los venezolanos, el Ministerio Público dominicano está al tanto de que la Constitución aprobada en 1999 prohíbe la extradición de nacionales. Sin embargo, la entidad tampoco está ganada a intentar la detención y el procesamiento en Venezuela de los propietarios del banco. “No creen que allá (en Venezuela) los juzgarán con el rigor necesario por los delitos que cometieron aquí (Dominicana), y por eso no ha querido participar (…)”. Para el abogado, tanto Santoro como los demás implicados algún día cometerán el error de pisar un territorio donde las autoridades se percaten de que tienen una notificación roja de Interpol, y ejecutarán la extradición.  

*Escribió un lector al correo crimenessincastigo@gmail.com, con información sobre la terrible situación que viven los pobladores de Caucagua debido a la inseguridad. La capital del municipio Acevedo no se recupera todavía del impacto negativo del programa de “zonas de paz”. Actualmente, las bandas se dedican a asaltar los transportes colectivos que cubren las rutas aledañas a Los Cerritos, Mendoza y San Rafael. No les importa si las unidades pertenecen al servicio de transporte comunal o si son privadas. Los pasajeros son despojados incluso de las viandas con comida. Este año, los delincuentes del mismo sector secuestraron a un conductor cerca de la almacenadora de refrescos. Las víctimas son interceptadas mediante la colocación de objetos en la vía, o la simulación de “puntos de control” policiales, en una carretera escasamente iluminada.

*El territorio venezolano fue usado activamente como punto de origen de los mensajes dirigidos al público de habla castellana para apoyar la independencia catalana. Oculto en el respaldo abierto que el gobierno venezolano dio al movimiento separatista, a través de declaraciones emitidas por el propio presidente Maduro, había toda una actividad a través de los medios electrónicos que pretendía mantener sobre el tapete, como trending topic, aspectos del conflicto como por ejemplo la represión a los manifestantes. Este es un tema que concita mucha atención entre expertos académicos y estudiosos de los conflictos de cuarta generación, o híbridos. En una presentación, realizada recientemente a puertas cerradas, se divulgó el resultado del análisis de más de cinco millones de mensajes relacionados con esta crisis, emitidos a través de las principales redes sociales entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 2017. Venezuela fue, luego de Rusia, el principal origen de tales divulgaciones. 29% de las cuentas usadas se identificaban abiertamente con el oficialismo nacional; otro 28% solo era utilizado para hacerse eco a las noticias de agencias como Russia Today y Sputnik, que poseen emisiones en español, aunque mezclados con otros contenidos; otro 36% solo rebotaba las emisiones de estas agencias, y 7% era de emisores que fueron suspendidos, por decisión de los administradores de las herramientas, al verificarse que se trataba de robots.

Pence pidió a países OEA suspender a Venezuela del organismo

El vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence, solicitó este lunes a las naciones que integran mla OEA que suspendan a Venezuela de este organismo internacional por considerar que ha violado los principios democráticos.  Además, instó a los países americanos a que impidan que las autoridades venezolanas puedan “lavar dinero en sus sistemas financieros”, “les impongan restricción de visas” y que hagan que “Maduro rinda cuentas por destruir la democracia venezolana”. Durante su participación en una sesión especial del Consejo Permanente de la OEA, criticó la gestión del presidente, Nicolás Maduro y reiteró que los comicios del 20M “no serán más que un fraude y una farsa”, por lo que instó al jefe de Estado a suspender el proceso electoral. Unión Radio

Florido pidió en gira internacional extensión de pasaportes venezolanos

El diputado a la Asamblea Nacional, Luis Florido ofrece balance de su gira por países de Latinoamérica y se pronunció sobre las denuncias hechas por Diosdado Cabello en su contra. El presidente de la Comisión de Política Exterior explicó que solicitaron ante el Grupo de Lima la extensión de los permisos y pasaportes vencidos de los venezolanos en el exterior. “Constatamos la terrible situación de nuestros refugiados en Colombia, Chile y Brasil. Estamos buscando soluciones innovadoras para brindar identidad a nuestros venezolanos en el extranjero”. Unión Radio

EEUU agregó a tres funcionarios venezolanos a la «lista negra» por narcotráfico

El Departamento del Tesoro de EEUU incluyó en su «lista negra» de narcotraficantes a Pedro Luis Martín Olivares, poseedor de un alto cargo en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). «Esta acción es en respuesta a las extensas actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero de Martin. La corrupción sistémica y el colapso del estado de derecho son características definitorias del gobierno de Venezuela», señaló el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. Globovisión

Venezuela y Palestina firman acuerdos en materia de salud, minería y turismo

Venezuela y Palestina firmaron acuerdos para el sector turismo con el objetivo de establecer alianzas comerciales y fortalecer la prestación de servicios hoteleros. Estas alianzas forman parte de los acuerdos de cooperación en el sector económico entre ambas naciones para fortalecer las actividades económicas, comerciales e industriales, ampliando la cooperación e inversión en Venezuela. El Mundo

Pdvsa anunció el cierre de la oficina de inteligencia ubicada en Viena

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) anunció este lunes el cierre de la oficina de Inteligencia de Mercado y Política Petrolera, ubicada en Viena, Austria.  La información fue publicada mediante Gaceta Oficial número 41.389. Las autoridades de la empresa no han dado las causas del cierre. Caraota Digital

Trump anunciará martes decisión que podría liquidar acuerdo nuclear con Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump, confirmará este martes si cumple su amenaza de reanudar sanciones contra Irán y así romper con el acuerdo alcanzado en 2015 para evitar que Teherán adquiera armas nucleares. El anuncio de Trump de que una decisión es inminente coincide con los últimos esfuerzos diplomáticos de sus socios europeos por convencerle que no abandone el pacto para evitar riesgos de un nuevo período de turbulencias. AFP

Almagro pide sanciones sin dudas para acabar con la “dictadura” de Venezuela

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió este lunes sanciones “sin dudas” para acabar con la “dictadura” de Venezuela y “rescatar” al pueblo venezolano. “Pedimos sanciones para acabar con una dictadura. Sin indulgencias, sin dobleces, sin dudas”, dijo Almagro en su discurso en una sesión especial del Consejo Permanente de la OEA para recibir al vicepresidente de EEUU, Mike Pence, reseñó EFE. El Pitazo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones a tres venezolanos que estarían involucrados en una red de narcotráfico y lavado de dinero a través de 20 empresas, 16 en Venezuela y cuatro en Panamá.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) anunció este lunes las sanciones a los venezolanos Walter Alexander Del Nogal Márquez, Pedro Luis Martín Olivares y Mario Antonio Rodríguez Espinoza, quienes fueron incluidos en la conocida «lista Clinton» o «lista negra» bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros para Narcóticos (Kingpin Act).

El ciudadano Pedro Luis Martín Olivares fue identificado por la entidad estadounidense como un «importante narcotraficante extranjero», y adjuntó a Walter Alexander Del Nogal Márquez y Mario Antonio Rodríguez Espinoza por ayudar materialmente, o brindar apoyo financiero o tecnológico para, o proporcionar bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de narcotráfico de Martin, según afirma el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Las 20 compañías propiedad de los tres sancionados supuestamente se utilizan para blanquear ganancias ilícitas tanto del tráfico de narcóticos como de la extorsión, y supuestamente se involucran en una variedad de actividades, que incluyen seguridad privada, transporte, instalación de productos electrónicos, bienes raíces, construcción, productos petroleros terminados, consultoría y servicios financieros, detalló OFAC.

Las personas estadounidenses o que se encuentren en tránsito en el país tienen prohibido realizar negocios con los sancionados. Además, los activos y todas las propiedades que tengan en Estados Unidos o estén en posesión o control de personas estadounidenses serán bloqueados.

«Esta acción es en respuesta a las extensas actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero de Martin. La corrupción sistémica y el colapso del estado de derecho son características definitorias del gobierno de Venezuela «, dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. «Negaremos el acceso al sistema financiero de los funcionarios corruptos del régimen venezolano mientras trabajamos con socios internacionales para apoyar al pueblo venezolano en la restauración de la democracia y el retorno a la prosperidad».

El comunicado afirma que Martin es un ex Jefe de Inteligencia Financiera de la Dirección Nacional de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) de Venezuela, que ahora se conoce como Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). El 24 de abril de 2015, Martin fue acusado formalmente por un gran jurado en el Distrito Sur de Florida de conspirar intencionalmente para distribuir una sustancia controlada en los Estados Unidos y posesión con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos.

«Martin explotó su posición en el gobierno y aceptó sobornos de narcotraficantes que operan en Venezuela y Colombia como parte de un plan más amplio para facilitar el movimiento de narcóticos desde y hacia el espacio aéreo venezolano; específicamente, Martin cerró el radar militar y sobornó a otros funcionarios venezolanos en apoyo de estas actividades. Martin también facilitó el movimiento de cocaína hacia Venezuela y pagó a oficiales militares venezolanos en la frontera de Venezuela con Colombia, lo que permitió a los asociados de Martin vender la cocaína a otras organizaciones de narcotráfico y corromper a funcionarios venezolanos. Martin ha trabajado estrechamente con otros funcionarios del gobierno venezolano para lavar ganancias de narcóticos y otros fondos ilícitos, incluido Hugo Armando Carvajal Barrios, designado por la OFAC el 12 de septiembre de 2008 como Narcotraficante Especialmente Designado de conformidad con la Ley Kingpin».

Martin ha facilitado el movimiento de cargas de coca de varias toneladas y utiliza varios métodos de lavado de dinero, incluido el movimiento de dólares estadounidenses a granel por avión, mensajeros y contratos con terceros.

Del Nogal es uno de los socios de Martin, y ayuda a Martin con la distribución de medicamentos y los movimientos de dinero a Europa, así como con el lavado de narcóticos ilícitos provenientes de Venezuela. Rodríguez es el mejor asociado y mano derecha de Martin en Venezuela. Rodríguez ayuda a Martin a usar sus negocios para lavar ganancias ilícitas del narcotráfico y la extorsión de Venezuela.

A continuación la lista de las 20 empresas sancionadas:

1. D2 IMAGINEERING, C.A., Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7, Ofic. 72, Chacao, Caracas, Venezuela; RIF # J-29766946-9 (Venezuela) [SDNTK].
2. DEL BROS OVERSEAS, S.A., Calle 73, Edificio Mirador, Piso 8, Of. A, San Francisco, Panama, Panama; RUC # 1182190-1-578348 (Panama); Folio Mercantil No. 578348 (Panama) [SDNTK].
3. DMI TRADING INC., Av. Cuba y Calle 30 Edificio Policentro, Piso 4, Of. 3, Panama, Panama; RUC # 1794418-1-704269 (Panama); Folio Mercantil No. 704269 (Panama) [SDNTK].
4. FINANCIAL CORPORATION (FINCORP INTERNATIONAL), S.A., Panama City, Panama; RUC # 1182193-1-578349 (Panama); Folio Mercantil No. 578349 (Panama) [SDNTK].
5. FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A., Cto. Ciudad Comercial Tamanaco, Torre A, piso 3, Ofic. 308, Urb. Chuao, Caracas, Venezuela; RIF # J-31118020-6 (Venezuela) [SDNTK].
6. GRUPO CONTROL 2004, C.A., Av. Fco. Solano, con Calle Acueducto, Edif. Torre Banvenez, piso 9, Ofic. C y D, Sabana Grande, Caracas, Venezuela; RIF # J-31153379-6 (Venezuela) [SDNTK].
7. GRUPO CONTROL SYSTEM 2004, C.A., Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre A, piso 10, Of. 10-02, Urb. El Rosal, Caracas, Venezuela; RIF # J-29469218-4 (Venezuela) [SDNTK].
8. INMUEBLES Y DESARROLLOS WEST POINT, C.A. (f.k.a. PLM INMOBILIARIA C.A.), Av. Principal de Los Ruices, Edif. El Doral, piso 6, Ofic. 62, Urb. Los Ruices, Caracas, Venezuela; RIF # J-31242224-6 (Venezuela) [SDNTK].
9. INVERSIONES MALAMAR R, C.A., Av. Intercomunal El Valle, Resid. Radio Caracas, Edif. Canaima, piso 9, Apto. 905, El Valle, Caracas, Venezuela; RIF # J-31267002-9 (Venezuela) [SDNTK].
10. INVERSIONES PMA 243, C.A., Calle Argentina, entre 3a y 4a Avenida, Casa No 86, Catia, Caracas, Venezuela; RIF # J-30835786-3 (Venezuela) [SDNTK].
11. MATSUNICHI OIL TRADER, C.A., Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4, Ofic. 48, Urb. Chuao, Caracas, Venezuela; RIF # J-29812490-3 (Venezuela) [SDNTK].
12. MATSUNICHI OIL TRAEADEZ 12, C.A., Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4, Ofic. BB, Urb. Chuao, Caracas, Venezuela; RIF # J-29732037-7 (Venezuela) [SDNTK].
13. P L M SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A., Caracas, Venezuela; RIF # J-30877708-0 (Venezuela) [SDNTK].
14. P.L.M. GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A., Caracas, Venezuela; RIF # J-31254454-6 (Venezuela) [SDNTK].
15. PLM CONSORCIO, C.A., Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7, Ofic. 72, Chacao, Caracas, Venezuela; RIF # J-31241977-6 (Venezuela) [SDNTK].
16. PLM CONSULTORES, C.A., Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre B, piso 10, Ofic. 102-B, El Rosal, Caracas, Venezuela; RIF # J-31241965-2 (Venezuela) [SDNTK].
17. PLM SECURITY CONTROL GROUP, C.A., Caracas, Venezuela; RIF # J-31403007-8 (Venezuela) [SDNTK].
18. PLM TRANSPORTE, C.A., Av. Caurimare, Edif. San Antonio de Padua, piso 2, Apto. 4, Urb. Colinas de Bello Monte, Caracas, Venezuela; RIF # J-31242244-0 (Venezuela) [SDNTK].
19. TECHNO TRANSPORTE ML, C.A., Av. Humboldt, Quinta San Jose, Local 23, Urb. Bello Monte, Caracas, Venezuela; RIF # J-29732032-6 (Venezuela) [SDNTK].
20. VIC DEL INC. (OFF SHORE), Aquilino de la Guardia, PH Plaza Banco General, Piso 20, Of. 20A, Panama, Panama; RUC # 1794835-1-704338 (Panama); Folio Mercantil No. 704338 (Panama) [SDNTK].

Gobierno colombiano y ELN arrancaron negociaciones el 07FEB17. A la derecha Roy Chaderton y Ramón Rodriguez los enviados de Maduro.  Foto: Cancillería Ecuador

El presidente del Consejo Permanente de la OEA, el colombiano Andrés Gonzalez Díaz, convocó para el lunes 30ABR18 una sesión extraordinaria de ese organismo para tratar “la situación humanitaria que vive la población venezolana y su impacto en los países de la región”. La reunión fue solicitada el 17ABR18 por los representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, EEUU, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. La OEA se había centrado en los aspectos políticos internos de la crisis venezolana, pero ahora los países de la región sienten en su interior el temido y anunciado impacto de la llegada masiva de venezolanos procedentes de los estratos más pobres de la población.

Venezuela se ha convertido en un problema para el vecindario como exportador de pobreza y ya algunos gobiernos comienzas a reaccionar virulentamente. Luego de deportar a 82 venezolanos a los que calificó como “inmigrantes económicos”, el Primer Ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, dijo el 25ABR18 a la prensa local que “no podemos y no permitiremos que los voceros de la ONU nos conviertan en un campo de refugiados [venezolanos]”. El impacto de la crisis venezolana es de tal magnitud, que como parte de la campaña electoral colombiano, tuvo lugar el 25ABR18 un debate en la Universidad del Rosario con patrocinio de la alemana Fundación Konrad Adenauer, entre los principales candidatos presidenciales para debatir “el desafio de las relaciones con Venezuela”.

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En abril del año 2017, los economistas del Fondo Monetario Internacional estimaron que la caída de la producción en Venezuela durante aquel año sería de 7%. En su informe del otoño del 2017, el FMI cambió sus previsiones y anunció que la caída de la economía venezolana sería de 12%. En su informe liberado el 17ABR18 el FMI reportó que, según sus mediciones, el PIB venezolano cayó durante el año 2017 el doble de lo que se estimaba comenzando el año: la caída fue del 14%.

Las previsiones sobre el año 2018 igualmente son dramáticas. En abril del 2017, el FMI creía que la economía venezolana caería “sólo” 4% en el año 2018, pero las estimaciones incluidas en el informe del 17ABR18 (basada en lo observado en 2017) indican que la producción venezolana caerá 15% en el año que corre. En resumen: las expectativas sobre el desenvolvimiento de la economía venezolana empeoran mes a mes.

El tema que ha sido objeto de análisis por diversos grupos académicos internacionales en los últimos años, comienza a ser tema de conversaciones preliminares en foros de autoridades económicas globales. Gradualmente en los últimos meses el tema del futuro de Venezuela ha ganado espacio en debates de importantes actores financieros internacionales: en el Foro Económico Mundial de Davos en enero, en la reunión ampliada de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del G-20 el 17MAR18 en Argentina y, en la “reunión de Primavera” del Fondo Monetario Internacional-Banco Mundial en Washington a mediados de abril. En estos espacios, el «tema Venezuela» está siendo enfocado desde dos perspectivas: el financiamiento en forma de ayuda humanitaria de la estadía de refugiados venezolanos en países vecinos y, la conceptualización de un programa de respaldo financiero para el arranque del periodo postchavista.

La ayuda humanitaria ya comienza a fluir en iniciativas nacionales de respaldo a los gobiernos de Brasil y Colombia con participación de diversas agencias de Naciones Unidas. Lo del paquete de financiamiento está a nivel de propuestas iniciales pero todos los involucrados resaltan que se trata de un asunto que sólo se materializaría en el contexto de un cambio de régimen político en Venezuela.

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Uno de los más activos gobiernos en en el tema del futuro financiamiento para la reactivación de la economía venezolana es el de Colombia, a manos de su ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Para el gobierno colombiano una rápida recuperación económica en Venezuela significaría una reducción de la presión migratoria y, a su vez, la apertura de interesantes negocios en la reconstrucción del país vecino.

Consultado para este Informe, el economista venezolano Ricardo Hausmann comentó que «necesitamos que los gobiernos se vayan acostumbrando a la idea de que Venezuela va a necesitar ayuda en magnitudes no convencionales». Hausmann, quien dirige un equipo de economistas en la Universidad de Harvard volcados sobre el tema Venezuela, proyectó en 2017 una cifra de US$ 60 mil millones como el monto de crédito externo requerido por que un nuevo gobierno pueda apalancar la economía venezolana. Esta misma cifra es la que ahora ha señalado Cárdenas en sus intervenciones en foros internacionales en las cuáles insiste en la pregunta de «quién pondrá la plata».

Para Alejandro Wagner, jefe del Departamento “Hemisferio Occidental” del FMI, resulta “prematuro” hablar de cifras y de planes sobre Venezuela, pero es un secreto a voces que en el FMI y otras varias instancias internacionales se hacen estimaciones de montos y fuentes de financiamiento para un eventual programa de ayuda financiera a la Venezuela postchavista.

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Ya oficialmente el territorio de Venezuela sirve de refugio para los líderes de la guerrilla colombiana del ELN. El 18ABR18, el presidente ecuatoriano Lenin Moreno hizo pública la decisión de poner fin a la participación de su país como garante y anfitrión de las negociaciones que sigue el gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla del ELN. La ola de violencia narcoguerrillera procedente de Colombia empujó a Moreno a ordenar la salida de los negociadores del ELN de territorio ecuatoriano.

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La denominada “fase pública” de las accidentadas conversaciones entre los enviados de Santos y el ELN arrancó el 07FEB17 en la “Hacienda Colonial Cashapamba” en las afueras de Quito. Durante las negociaciones previas, el ELN había propuesto que los encuentros tuvieran lugar en Venezuela, opción que fue rechazada por el gobierno Santos quien ya marcaba distancia de Nicolás Maduro. La oferta del entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa para acoger las negociaciones resultó una solución para el tema de las sede.

Si bien la intención original de los negociadores era rotar las sedes entre los demás países garantes (Brasil, Chile, Cuba, Noruega y Venezuela), en la práctica las conversaciones se mantuvieron en territorio ecuatoriano. Pero las condiciones políticas han cambiado rápidamente en los últimos meses. Brasil y Chile ya no están en manos de gobiernos izquierdistas. Además, la acción del gobierno de EEUU pidiendo la extradición por narcotráfico contra el jefe de las Farc Jesús Santrich, ha despertado el temor entre los jefes guerrilleros colombianos, desmovilizados de las Farc y los aún en armas del ELN, sobre su potencial encarcelamiento en un tercer país.  “En cualquier país donde vaya a estar la mesa tiene que haber garantías jurídicas para la delegación del ELN, porque sin esas garantías jurídicas, la mesa no va a tener tranquilidad” exigía Pablo Beltrán, el jefe negociador del ELN, en declaraciones al diario  El Comercio de Quito del 23ABR18. Beltrán fue el encargado de anunciar que tras su salida de Ecuador “una parte de la delegación va a nuestros campamentos a Colombia a unas consultas rápidas y otra parte va a quedar en tránsito por Venezuela”. Los jefes guerrilleros colombianos ahora temen que el largo brazo de la DEA los detenga en algún aeropuerto del mundo y prefieren buscar refugio bajo la protección del régimen chavista. Mientras los jefes guerrilleros son invitados especiales del gobierno Maduro, en la zona fronteriza sus efectivos armados se mantienen activos. En la zona del Catatumbo, en el fronterizo departamento Norte de Santander, forman parte de la guerra que libran diversas bandas por el control territorial para la producción y circulación de narcóticos.

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La crisis en la frontera colombo-ecuatoriana sirvió además para confirmar la absoluta paralización y falta de utilidad de Unasur a los ojos de los gobiernos suramericanos.

El 14ABR18 en el presidencial Palacio de Carondelet de Quito, tuvo lugar una reunión entre ministros de ambos gobiernos en la cual participaron la canciller colombiana María Ángela Holguín y su homóloga María Fernanda Espinosa, acompañadas de los ministros de Defensa Patricio Zambrano y Luis Carlos Villegas a quienes se sumó quien para entonces era el titular del Interior ecuatoriano César Navas. El tema del encuentro era la situación de violencia generada por grupos de narcoguerrilla colombiana que actúa en territorio ecuatoriano y ha dejado muertos, heridos e infraestructura destruida desde noviembre de 2017. Además de coordinar acciones policiales y militares, acordaron solicitar la realización de una sesión  extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para exponer a los gobiernos del continente sobre la situación en la frontera común. Holguín y Espinosa comparecieron el 20ABR18 ante el organismo panamericano en Washington en lo que constituyó, en la práctica, la ratificación de la OEA como el foro político por excelencia de los Estados del continente. Los gobiernos de Colombia y Ecuador no recurrieron a Unasur o a la Celac para abordar en conjunto el tema de la violencia que el narcotráfico genera en sus linderos: la decisión fue recurrir al escenario donde están presentes todos los gobiernos de la región.

Por cierto, el candidato uribista Iván Duque Márquez quien va primero en todas las encuestas, afirmó el 25ABR18 que de resultar triunfador en las elecciones presidenciales, procederá a retirar a Colombia de Unasur.

Edgar C. Otálvora

@ecotalvora

Diario Las Américas

El último informe anual de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), confirma que los traficantes de drogas pueden actuar a sus anchas en el territorio nacional

@javiermayorca

En febrero, la Oficina Nacional Antidrogas presentó un “balance” de las acciones del Gobierno en materia de represión al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas. Un análisis a este documento confirma que Venezuela se ha robustecido como escenario para la acción de los distintos grupos dedicados a esta actividad.

Las fichas elaboradas por la ONA deben ser revisadas, en contexto y con sentido crítico.

Actualmente, el mercado mundial de las drogas –y en especial el de los países occidentales- está experimentando importantes cambios. Por una parte, están irrumpiendo nuevos psicoactivos de origen no vegetal, fácilmente transportables, difíciles de detectar mediante los métodos convencionales y que a menudo ni siquiera figuran en los listados de “sustancias controladas”. Del otro lado, hay fuertes tendencias despenalizadoras del consumo de la marihuana, así como disposiciones que permiten el “uso medicinal” de esta hierba, no solo en países como Uruguay y Portugal (Chile también está revisando su legislación sobre la materia) sino también en más de la mitad de los estados de la unión americana, por citar algunos.

Sin embargo, el consenso mayoritario entre los reguladores de este mercado es que la fabricación, el traslado y el consumo de la cocaína permanezcan en la ilegalidad. A pesar de esto, los datos aportados en el último Reporte Mundial sobre Drogas de la Organización de Naciones Unidas revelan que la producción mundial estimada de cocaína va en aumento. Para 2015 –último año con datos disponibles- era de unas 640 toneladas, que podrían llegar al doble cuando la droga es colocada en el destino final.

Estimados de áreas cultivadas de coca (izq.) y producción mundial de cocaína (der.)

Fuente: ONU

A partir de 2013, la producción de cocaína específicamente en Colombia ha ido en aumento. Además, las bandas de ese país (con el Clan del Golfo a la cabeza) y los carteles mexicanos (principalmente Sinaloa y los Zetas) también absorben parte de la producción de Perú y Bolivia. Todo esto incrementa el riesgo de operaciones ilegales de transporte, ocultamiento, venta y legitimación de capitales en territorio venezolano. También, por cierto, de producción final de la cocaína.

El último estimado conocido sobre el paso de esta droga por Venezuela lo dio el Departamento de Estado estadounidense: aproximadamente 120 toneladas métricas. Entonces, por Venezuela transitaría el 19% de la producción mundial de esta droga. Pero si se toma en cuenta solo la producción colombiana, esta cifra sube a 41%.

En 2017, según la ONA, fueron confiscadas 33 toneladas de cocaína. En este caso, la matemática indica que por cada kilo de cocaína que quedó en poder de las autoridades nacionales hubo por lo menos otros tres que pasaron.

Una de las preguntas que siempre se debe formular es cómo se construye la estadística, aún en estos asuntos donde la opacidad es la norma predominante. Una práctica que se detectó en años anteriores es que el Gobierno incorpora como éxito propio lo realizado en aguas internacionales por las marinas de otros países. El argumento es que, cuando las embarcaciones son inmovilizadas en esas condiciones, se debe cumplir un protocolo según el cual la marina actuante debe pedir autorización al gobierno del país donde está registrada dicha nave. Y Venezuela generalmente da la luz verde. Esto ocurrió en dos averiguaciones a un mismo grupo, adelantadas por autoridades españolas, y que permitieron el hallazgo de 3,6 toneladas del alcaloide, en mayo y junio de 2017.

Por otra parte, el Departamento de Estado alertó en un informe que las autoridades venezolanas lo que realmente divulgan es el peso bruto de los alijos decomisados, y no el peso real, que se obtiene al restar los pesos de los plásticos, maletas y otros envoltorios y sustancias utilizados para ocultar la droga o para impedir su detección. Esto explicaba la diferencia entre lo que se consigna en los partes de “efectividad” para la propaganda y los documentos que el propio Gobierno ha enviado a organismos como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.

En consecuencia, Venezuela continúa siendo uno de los pasos más importantes –y seguros- de la cocaína elaborada en los países andinos. Así lo indica este gráfico, tomado del último Reporte Mundial sobre Drogas de la ONU:

Principales rutas de la cocaína

Fuente: ONU

Tres de las rutas más relevantes de la cocaína fabricada en la región andina tienen a Venezuela como punto vital. Sus destinos finales son Estados Unidos y Europa. Cuando va al norte, puede hacer escalas en países centroamericanos como Honduras (caso de los sobrinos) o República Dominicana/Haití.

Lo más importante de esto, lo que ven los carteles, es que Venezuela carece de contrapesos institucionales. Se diluyó la división de los poderes. Esta condición incrementa la posibilidad de que los funcionarios del país, en todos los niveles, sean corrompidos por quienes se dedican a este comercio.

La ausencia de balances explica además por qué es tan poco lo que se investiga fronteras adentro sobre el involucramiento de funcionarios en el tráfico de drogas, y tanto lo que se ha dicho y documentado sobre este mismo punto en el exterior, en los países de destino.

Al respecto, una de las primeras conclusiones es que el rol de las autoridades venezolanas en el comercio internacional de drogas ha cambiado con el pasar de los años. Inicialmente, se trató de un “dejar hacer, dejar pasar”, desde luego, a cambio de los pagos correspondientes. Pero en un punto del camino, aproximadamente en 2006, comenzaron a producirse alianzas con distintos grupos (FARC, ELN, Norte del Valle, Rastrojos, Urabeños y mexicanos, por citar solo algunos). Algunas, muy estrechas, y otras meramente coyunturales. Posteriormente hubo un apoderamiento de las rutas internas, donde el ejercicio de la fuerza armada resultó vital, con la finalidad de enviar mensajes claros a los distintos actores. El negocio de las drogas, definitivamente, resultaba muy lucrativo para dejarlo en manos de simples brokers como Makled.

Breves

* El 16 de abril, la comandancia general de la Guardia Nacional ordenó a sus unidades en todo el país un conjunto de medidas para prevenir situaciones similares a la registrada en el retén de la Policía de Carabobo, donde según recuentos oficiales hubo 68 muertos durante una reyerta que terminó en un incendio. A partir de ahora, las visitas a los detenidos -civiles y militares- en instalaciones de la GN solo podrán prolongarse por tres horas. Además, se deberá destinar un personal adicional para la vigilancia de los privados de libertad, hacer requisas cada dos días, prohibir las llamadas pernoctas así como la introducción de teléfonos en las celdas, y hacer el conteo de la población reclusa por lo menos cuatro veces al día. Finalmente, los detenidos deberán permanecer dentro de sus respectivas celdas todo el tiempo. Estas directrices serán muy difíciles de cumplir. Hay unidades de la GN en el interior del país cuyos retenes simplemente no se dan abasto. Los presos permanecen todo el día en el área de los llamados “casinos”, que han sido habilitados como dormitorios, y van y vienen como les da la gana. Esto no solo ocurre en ese componente. En Ramo Verde, el hacinamiento ha llegado a niveles tales que han habilitado espacios no aptos para alojar a presos políticos y soldados detenidos por delitos comunes.

* La razón de la orden emitida por el mayor general Richard López tiene que ver en parte con el incremento sostenido de las detenciones de elementos del componente militar que él comanda. Fuentes de la GN indicaron que durante los primeros tres meses de 2018 quedaron a las órdenes del Ministerio Público por delitos comunes unos 280 efectivos. Son generalmente sargentos que han cometido delitos contra la propiedad (robos o hurtos). Pero cuando se juntan, casi siempre aparece un oficial subalterno comandando la banda. En ocho casos, los guardias han sido detenidos por delitos relacionados con la sustracción de armas de sus respectivos parques o de salas de evidencia, donde son consignadas las armas u otros efectos incautados durante procedimientos. Esto explica por qué últimamente se observa un incremento en el poder de fuego de las bandas criminales: esas armas (granadas, fusiles, ametralladoras y pistolas) generalmente van a parar a las manos de delincuentes. A partir de marzo, el delito que se puso de moda entre los militares es la llamada “sustracción de material estratégico”, es decir, el hurto de cables, guayas, fibra óptica y material ferroso que luego puede ser contrabandeado a Colombia, donde se paga a precios internacionales. De continuar a este ritmo, más de mil efectivos de la GN serán detenidos en 2018.

* La Asamblea Nacional iniciará la discusión de un anteproyecto de ley destinado a regular la permanencia de detenidos en retenes policiales. Luego de la masacre en los calabozos de la comandancia de la Policía de Carabobo, en Valencia, un grupo de abogados se abocó al análisis del texto constitucional y de las demás normas que inciden sobre el asunto. La propuesta será planteada ante el Parlamento en abril, indicaron personas involucradas en este trabajo. El punto central es que se fijará un lapso máximo de permanencia en tales instalaciones, y la obligatoriedad de transferir a internados judiciales bajo la administración de Servicio Penitenciario a todas las personas que excedan ese tiempo. El criterio preponderante es que un privado de libertad no puede estar en instalaciones policiales más de 96 horas continuas. La norma establecerá además una disposición transitoria para desalojar los retenes de todos los cuerpos de seguridad. Esto, de hecho, rompería con el sistema de “cupos” implantado por el ministerio de Maria Iris Varela.

*El director de la policía judicial, comisario Douglas Rico, ordenó a todas las delegaciones estatales de ese cuerpo remitir cuanto antes la data completa sobre los casos y el número de muertes por enfrentamientos con efectivos de cuerpos de seguridad, mejor conocidos como “resistencias a la autoridad”. La información debe abarcar todos los expedientes iniciados por este delito a partir de 2013 y hasta la actualidad. De igual forma, todas las averiguaciones por el referido concepto deberán ser notificadas al Ministerio Público en un lapso no menor de quince días, contados a partir de momento en que se verifica la muerte. No se indica claramente si se remitirá también la data relativa a las muertes dentro de retenes policiales e internados judiciales, atribuibles a agentes de cuerpos de seguridad, tal y como sucedió en los retenes de Puer

Durante mucho tiempo, el narcotráfico ha permeado el conflicto civil colombiano, ocultándose entre las facciones beligerantes y corrompiéndolas. Ahora que el conflicto civil se ha reducido, y que solo el ELN permanece en el campo de batalla, el tráfico de drogas está mutando nuevamente. Los capos de la droga colombianos se han dado cuenta de que la mejor manera de protegerse no es con un ejército privado, sino con el anonimato. Es por eso que a la cuarta generación de narcotraficantes colombianos la hemos llamado: “Los Invisibles”.

En el año 2013 se pregonaba que se había llegado a un punto de inflexión en la guerra contra las drogas en Colombia, dado que la producción de cocaína estaba disminuyendo, a la vez que se estaba desmantelando a las grandes organizaciones de tráfico de drogas (OTD). Estados Unidos y Colombia aplaudían los logros del “Plan Colombia”, y se creía que los mexicanos estarían dirigiendo el contraído comercio de cocaína al por mayor y que sus días estaban contados.

Este “éxito” fue un espejismo. Hoy en día, el comercio de cocaína en Colombia está más boyante que nunca, la producción ha llegado a niveles récord, y se están explorando nuevos mercados internacionales. Los narcotraficantes colombianos han aprendido que la violencia es contraproducente para el negocio. La nueva generación de traficantes ha aprendido que el anonimato es la mejor protección, que la plata es muchísimo más efectiva que el plomo. Los colombianos le han cedido a los mexicanos el mayor mercado mundial: Estados Unidos. Esto no es señal de debilidad, sino más bien una sabia medida mercantil.

El tráfico de drogas hacia el mercado estadounidense no es un buen negocio. Los traficantes tienen un alto riesgo de ser interceptados y extraditados, y de que se les confisquen sus activos; además, los precios al por mayor oscilan entre US$20.000 y 25.000 por kilo. Los colombianos prefieren poner sus ojos en Europa, donde un kilo de cocaína vale más de US$35.000, o en China (US$50.000) o Australia (US$100.000).

Los riesgos allí son menores y las ganancias mayores. Resulta entonces un mejor negocio. Es más probable que los narcotraficantes colombianos de hoy se vistan en Arturo Calle en vez de hacerlo en Armani, que usen zapatos clásicos europeos, en lugar de botas de cocodrilo, que conduzcan un Toyota en vez de un Ferrari, y que vivan en un apartamento de clase media alta, en lugar de habitar una mansión con grifería de oro. Tienen el aspecto de un hombre de negocios respetable. Cuarenta años después de que Pablo Escobar industrializara el tráfico de drogas, ha surgido una nueva generación de narcotraficantes que aprendió de sus padres e incluso de sus abuelos, pero que realiza sus multimillonarios negocios por fuera del radar, para no llamar la atención.

*Este artículo forma parte de una investigación realizada para el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado, que es coordinado por la Fundación InSight Crime y la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales (FCPGRI) de la Universidad del Rosario. El levantamiento de la información fue realizado por un equipo multidisciplinario de 12 investigadores, en visitas a más de 146 municipios.

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