Las últimas medidas aplicadas por Estados Unidos contra operadores de oficialismo venezolano tienen un carácter netamente administrativo, y es posible que estén ligadas a casos judiciales. Eso sí: siempre tienen un propósito político
Javier Ignacio Mayorca
@javiermayorca
El Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones a otros tres venezolanos. Dos de ellos, Pedro Luis Martín y Mario Antonio Rodríguez Espinoza, son comisarios generales jubilados de la policía política (Disip-Sebin), mientras que el tercero (Walter del Nogal) es propietario de empresas registradas tanto en el país como en Panamá, está ligado a escándalos de toda índole, desde homicidios hasta tráfico de drogas, y fue indultado por Chávez.
Este hecho, conocido el 7 de mayo, coloca nuevamente sobre el tapete el tema de las sanciones de EEUU a venezolanos. Algunas veces, parecieran ser la reafirmación de una posición del gobierno de Washington frente a la crisis venezolana. En otras, tendrían propósitos más punitivos, consecuencia de investigaciones criminales cuyo contenido generalmente se desconoce. Entre una y otra cosas, el ciudadano tiende a confundirse, a meterlo todo en un mismo saco, y esto sienta las bases para que el gobierno de Maduro eche la culpa al “imperio” por cuestiones tan cotidianas como la escasez ya crónica de comida y de medicamentos. Si leemos Aporrea, entenderemos que mucha gente así lo cree.
Lo primero que se debe explicar es que todas las sanciones son el producto de “órdenes ejecutivas”, emitidas por el presidente de Estados Unidos. Pero el mandatario no puede decidirlas sin contar con una ley aprobada previamente por el Congreso de ese país, que le sirva de marco regulatorio.
En el caso venezolano, hasta el año 2015 la principal ley utilizada para imponer sanciones individuales fue el Acta para la Designación de Capos Extranjeros de la Droga (Kingpin Act). Otra utilizada en términos más genéricos ha sido el Acta de Asistencia Foránea, vigente desde 1961, mediante la cual se llevan a cabo los criticados procesos de certificación en materia de cooperación antidrogas. Desde hace diez años, por cierto, Venezuela no pasa este examen, pero el Presidente de turno en la Casa Blanca se ha negado a aplicar las sanciones previstas, entre ellas el cese de todo tipo de cooperación financiera a organizaciones civiles, pues entiende que eso afectaría más a la población del país que a su gobierno.
A finales de 2014, a la luz de la represión a manifestantes venezolanos durante el proceso conocido como La Salida, el Congreso estadounidense aprobó el Acta de Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela. En los últimos tres años, este ha sido el instrumento jurídico mayormente invocado por los presidentes Obama y, especialmente, Trump, para sancionar a operadores del oficialismo venezolano, negándoles los visados y ordenando el congelamiento de los bienes y cuentas que puedan tener en la banca de ese país.
A propósito de estas medidas se han planteado situaciones de extremada rareza. Por ejemplo, la de una nación cuyo Presidente en ejercicio ha sido sancionado por violaciones a los Derechos Humanos y cuyo Vicepresidente Ejecutivo simultáneamente ha sido incorporado a la lista de capos de la droga.
En el caso venezolano, además, un mismo funcionario ha sido colocado tanto en la lista relativa al tráfico de drogas como en la de violaciones a los Derechos Humanos. Se trata de Freddy Bernal, ex alcalde de Libertador, actual ministro de Agricultura Urbana y Protector del estado Táchira.
En tercer lugar, Venezuela también figura en los listados de financiamiento al terrorismo. Dos agencias de viajes cuyas oficinas están en la avenida Baralt, Hilal y Biblos, así como sus propietarios, han sido señalados como conductos del dinero utilizado para respaldar las operaciones del grupo Hezbollah. Pero esa es otra lista.
Todos estos aspectos, que podrían ser considerados anecdóticos, son el producto de largos procesos de acumulación de información por parte de distintas agencias estadounidenses, pero no necesariamente están ligados a juicios penales. Lo importante para EEUU es enviar un mensaje al gobierno de Maduro, con la intención de que desista de su línea. De allí que muchos sancionados ni siquiera tuviesen un visado norteamericano. Este es el caso del fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, quien era considerado no elegible para obtener el permiso de entrada a EEUU, a propósito de su afinidad con grupos islámicos. Por lo tanto, sin permiso de entrada, era poco probable que tuviese cuentas o bienes en territorio estadounidense. Y aún así lo sancionaron en 2017.
Las dos últimas rondas de sanciones, aplicadas este año contra siete personas en total, han afectado si se quiere a operadores de segundo plano. No es lo mismo señalar por violaciones de Derechos Humanos a Tibisay Lucena, jefa del Poder Electoral, que al presidente de los Seguros Sociales, cuyo nombre pocos recuerdan. No es lo mismo tachar al presidente del TSJ Maikel Moreno que a un oscuro comisario jubilado del Sebin. Esto sucede por dos razones. En primer lugar, de acuerdo con fuentes consultadas en EEUU, las medidas verdaderamente fuertes vendrán luego de las elecciones del 20 de mayo. Pero durante los meses previos no se quería enviar el mensaje equivocado en el sentido de que la administración Trump habría perdido interés en el caso venezolano. Lo otro es que, con la salida del subsecretario de Estado Thomas Shannon, en febrero, se abrió un paréntesis en cuanto a las decisiones gruesas sobre el caso venezolano.
Esto quiere decir, entonces, que probablemente Washington elevará el perfil y el alcance de las sanciones en los próximos días. Sin embargo, para el momento de hacer las consultas referidas a este trabajo, no existía un consenso sobre el sector que podría ser atacado con las próximas decisiones. Algunos piensan que debería ser la renta petrolera, mientras que otros prefieren apuntar a las fuerzas armadas.
Hay además la clara intención de involucrar a otros países en las próximas medidas. “EEUU no quiere ser el dueño absoluto de problema, de allí la necesidad de lograr soluciones consensuadas”, explicó un consultor y exfuncionario del Servicio Exterior de ese país, que declaró bajo la reserva de su nombre. Pero eso implica procesos de negociación que podrían retardar las medidas, y mitigar el impacto inmediato.
En el caso venezolano, la mayoría de las sanciones ha tenido carácter individual. En otras palabras, afectan a personas o a empresas específicas. Pero ya se han tomado algunas decisiones, como por ejemplo negar los visados a funcionarios oficialistas y a sus familiares, restringir el financiamiento a la industria petrolera y prohibir operaciones con la moneda virtual Petro, que podrían marcar la pauta luego del domingo electoral.
Breves
*En un punto muerto se encuentra el proceso judicial por el fraude masivo a través del Banco Peravia, una entidad financiera de República Dominicana que fue usada como vehículo para el desvío de fondos de los ahorristas, el cohecho con funcionarios militares y el lavado de dinero. Por este caso, los fiscales del Distrito Nacional de República Dominicana Yeni Berenice Osorio, Ysidro Vásquez Peña y Milcíades Guzmán solicitaron la extradición de los venezolanos José Luis Santoro, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Daniel Morales Santoro, Cristina Martidona de Santoro, Maria Cristina Santoro Martidona, Máximo Bartilomo y Lorenzo Labiosa, además de cinco dominicanos. La entidad fue disuelta en noviembre de 2014, al verificarse un recurrente estado de insolvencia, a pesar de los “planes de fortalecimiento” ordenados por la Superintendencia de Bancos de la isla. La solicitud de extradición indica que Santoro “se vinculó al mundo del narcotráfico y el lavado de activos a través del capitán de la Policía Nacional Brezhnev Jiménez Jiménez”, quien por cierto era propietario de una compañía de alquiler de vehículos en Florida, EEUU. Según el abogado César Amadeo Peralta, quien ha participado activamente en la querella contra los venezolanos, el Ministerio Público dominicano está al tanto de que la Constitución aprobada en 1999 prohíbe la extradición de nacionales. Sin embargo, la entidad tampoco está ganada a intentar la detención y el procesamiento en Venezuela de los propietarios del banco. “No creen que allá (en Venezuela) los juzgarán con el rigor necesario por los delitos que cometieron aquí (Dominicana), y por eso no ha querido participar (…)”. Para el abogado, tanto Santoro como los demás implicados algún día cometerán el error de pisar un territorio donde las autoridades se percaten de que tienen una notificación roja de Interpol, y ejecutarán la extradición.
*Escribió un lector al correo crimenessincastigo@gmail.com, con información sobre la terrible situación que viven los pobladores de Caucagua debido a la inseguridad. La capital del municipio Acevedo no se recupera todavía del impacto negativo del programa de “zonas de paz”. Actualmente, las bandas se dedican a asaltar los transportes colectivos que cubren las rutas aledañas a Los Cerritos, Mendoza y San Rafael. No les importa si las unidades pertenecen al servicio de transporte comunal o si son privadas. Los pasajeros son despojados incluso de las viandas con comida. Este año, los delincuentes del mismo sector secuestraron a un conductor cerca de la almacenadora de refrescos. Las víctimas son interceptadas mediante la colocación de objetos en la vía, o la simulación de “puntos de control” policiales, en una carretera escasamente iluminada.
*El territorio venezolano fue usado activamente como punto de origen de los mensajes dirigidos al público de habla castellana para apoyar la independencia catalana. Oculto en el respaldo abierto que el gobierno venezolano dio al movimiento separatista, a través de declaraciones emitidas por el propio presidente Maduro, había toda una actividad a través de los medios electrónicos que pretendía mantener sobre el tapete, como trending topic, aspectos del conflicto como por ejemplo la represión a los manifestantes. Este es un tema que concita mucha atención entre expertos académicos y estudiosos de los conflictos de cuarta generación, o híbridos. En una presentación, realizada recientemente a puertas cerradas, se divulgó el resultado del análisis de más de cinco millones de mensajes relacionados con esta crisis, emitidos a través de las principales redes sociales entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 2017. Venezuela fue, luego de Rusia, el principal origen de tales divulgaciones. 29% de las cuentas usadas se identificaban abiertamente con el oficialismo nacional; otro 28% solo era utilizado para hacerse eco a las noticias de agencias como Russia Today y Sputnik, que poseen emisiones en español, aunque mezclados con otros contenidos; otro 36% solo rebotaba las emisiones de estas agencias, y 7% era de emisores que fueron suspendidos, por decisión de los administradores de las herramientas, al verificarse que se trataba de robots.
