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FMI dio seis meses a Venezuela para que proporcione información económica

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Washington.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio el viernes seis meses a Venezuela para que proporcione estadísticas sobre su economía, luego de que el país incumpliera el plazo estipulado en los reglamentos del organismo.

Si Venezuela no aportara la información requerida, el FMI podría terminar decidiendo su expulsión.

El Directorio Ejecutivo del FMI determinó que Venezuela no entregó a tiempo datos sobre las operaciones del instituto de seguridad social y las exportaciones e importaciones totales de mercancías, expresando su valor en moneda local, por países de destino y de origen.

El organismo explicó en un comunicado que la reunión del Directorio Ejecutivo había sido prevista con bastante antelación y no guarda relación alguna con el anuncio efectuado la víspera por el presidente Nicolás Maduro de iniciar un proceso de reestructuración de su deuda externa por 120.000 millones de dólares.

The Associated Press solicitó un comentario a la embajada venezolana, sin obtenerlo de inmediato.

El Banco Central de Venezuela dejó de publicar periódicamente cifras oficiales en 2004.

Venezuela, que desde hace una década no autoriza al FMI hacer la revisión anual de sus indicadores económicos a la que están obligados todos sus países miembros, atraviesa una severa crisis económica.

El FMI pronosticó el mes pasado que la economía venezolana se contraerá 12% este año y otro 6% en 2018 y que padece una tasa de inflación de 652% este año que se incrementará a 2.349% el próximo.

Según las estadísticas de FMI, la economía venezolana habrá sufrido una abismal contracción acumulada de 44,6% entre 2014 y 2018.

Alejandro Armas Ene 22, 2016 | Actualizado hace 3 semanas
Angustia hiperinflada

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A los voceros de este gobierno les encanta citar a Simón Bolívar y llenarse las bocas de frases como “Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción”. También les apasiona hablar del derecho a recibir información “responsable, oportuna y veraz”. Esa ha sido uno de sus argumentos favoritos para intervenir en el desempeño de la prensa en el país. Hoy hasta es usado para justificar las constantes e inaguantables cadenas presidenciales dedicadas exclusivamente a la propaganda oficialista.

Sin embargo, ciertas condiciones aplican para este ideal de pueblo informado. Hay algunos asuntos en los que es mejor mantener a la gente sin conocimiento. Según las autoridades, son temas delicados, que la colectividad no sabría asumir bien si supiera su realidad. Podrían, dicen ellos, cundir el pánico y la zozobra, o hasta el caos. Los ciudadanos de a pie son en ese sentido como niños pequeños e inmaduros, y el Gobierno, el padre que no discute delante de ellos sus fuertes problemas maritales.

Curiosamente, esta ignorancia forzosa “por el bien del pueblo” es sobre aquellos asuntos en los que el Ejecutivo tiene cierta responsabilidad. Así, por ejemplo, desde hace años no se conoce con regularidad la tasa de homicidios, más allá de eventuales declaraciones de algún ministro en la materia, sin posibilidad de verificarlas.

En el ámbito de la salud, el último boletín epidemiológico semanal fue emitido en noviembre de 2014. Desde entonces, el país ha sufrido los avances del dengue, la chikungunya y, probablemente, el zika. Por primera vez en unos setenta años la malaria o paludismo es un serio problema nacional. ¡Tanto que costó al doctor Arnoldo Gabaldón y su equipo librar al país de este mal para que ahora haya vuelto!

Igual ha pasado con la economía. Aunque el ocultamiento de datos en los ámbitos antes mencionados es igualmente grave, es sobre aquel que oscurece la situación del bolsillo de los venezolanos que hoy quiero llamar la atención del lector. Por más de un año el Banco Central de Venezuela (BCV) dejó de cumplir con su obligación legal de publicar varios indicadores macroeconómicos. Por eso, periodistas, académicos y economistas se llevaron una sorpresa el viernes pasado cuando, por fin, el ente emisor difundió los ansiados números, aunque de manera incompleta, solo hasta septiembre del año pasado.

Las cifras son espeluznantes. Durante los tres primeros trimestres del año, el producto interno bruto (PIB), índice que mide el crecimiento económico, tuvo una caída de 4,5%. En ese mismo período, la inflación fue de 108,7%, y entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015 llegó a 141,5%. Pero esto no es lo peor. Para la mayoría de los expertos los índices están maquillados. Casi ninguno cree que la inflación sea menor a 200%.

Supóngase que todos ellos se equivocan y los cálculos del BCV son correctos. De todas formas, el nuestro es el aumento de precios más acelerado del planeta. Además, es la inflación más alta que el país ha experimentado desde principios de los años 50. Sin siquiera contar el último trimestre del año, 2015 ya le ganó a todos los de la mal llamada “IV República”. El récord lo ostentaba 1996, con un índice de 106%. Alguien debería decírselo al nuevo ministro Salas, que asegura que por esos días la crisis era peor que la actual.

Estos números exponen un motor económico nacional agotado, al que le urge mantenimiento para no fundirse. Lo único más grave que los índices por sí solos es el hecho de que por tanto tiempo hayan permanecido en las sombras y que hoy no se pueda verificar su autenticidad, por dudosa que sea. Las empresas necesitan manejar constantemente esta información para tomar a tiempo medidas, de manera que una emergencia como la actual (que no hacía falta decretar para atenderla) no impacte tan negativamente en su productividad.

El presupuesto para la nación de 2016 fue tal vez el primero en la historia venezolana contemporánea que se planificó sin que los ciudadanos supiéramos cómo quedaba ante la inflación y el PIB, sin saber dónde diantre estábamos parados económicamente. Es como si nos montáramos en un autobús con los ojos vendados: el mal camino escogido por el conductor no se ve, pero se sienten los golpes a medida que el vehículo pasa a toda velocidad sobre las irregularidades en la vía.

La semana pasada nos quitaron las vendas, pero las pueden volver a poner indefinidamente. Gracias a una reforma vía habilitante de la Ley del BCV, el banco podrá dejar de publicar los indicadores si el Ejecutivo juzga que hay una “amenaza” a la seguridad económica nacional que lo amerite. ¿La “guerra económica”, por ejemplo?

Alguien podrá decir que no importa ignorar la inflación porque Venezuela tocó fondo y no puede empeorar. Gran error. En la historia ha habido varios casos de economías nacionales que llegan mucho más abajo, azotadas por fenómenos hiperinflacionarios como los que pronto podrían llegar a Venezuela. Así pasó en la Alemania de entreguerras y en Argentina y Perú a finales de los años ochenta. Me detendré en un ejemplo extremo y más reciente.

En el año 2000, Robert Mugabe, que llevaba 20 años gobernando Zimbabue, emprendió un programa de reforma agraria por el que las tierras de la minoría blanca (descendientes de los colonizadores) fueron redistribuidas entre los campesinos africanos, sin compensación. Esta medida había sido rechazada por los votantes del país en un referéndum de reforma constitucional, pero los seguidores de Mugabe la llevaron a cabo igual, con invasiones y violencia.

El resultado fue una pérdida masiva de inversión privada, tanto nacional como extranjer4a. El mal manejo del espacio rural por los nuevos ocupantes, junto con la corrupción gubernamental, produjo además una severa escasez de alimentos. Para financiar sus gastos, el Banco de Reserva de Zimbabue (equivalente a nuestro BCV) tuvo que imprimir más billetes, y de mayor denominación.

En 2004, la inflación en Zimbabue fue de 132%. Si esto es un poco más que el desesperante aumento oficial de precios que notamos cada vez que vamos al mercado, ¿cómo creen que sería  231.150.888%? Esa fue la última cifra dada a conocer por las autoridades del país africano, en 2008. Según Steve Hanke, profesor de Economía en la Universidad Johns Hopkins, la inflación llegó a ser de 89.700.000.000.000.000.000.000% en noviembre de ese año. Esta es una cifra que, confieso, ni siquiera sé cómo se lee sin recurrir a la notación científica. Parece sacada de una caricatura. Luego de imprimir billetes de cien millones de millones de dólares de Zimbabue, Mugabe ordenó abandonar la moneda nacional y adoptar la de países vecinos. Hoy se usa ahí el papel verde del odiado “imperio”.

La misma persona que dijo que no importa no estar al tanto de la inflación, también podría decir que lo ocurrido en África nunca pasaría en Venezuela, porque antes el pueblo reaccionaría y de alguna manera detendría al Gobierno. Pues, bien, estamos en 2016 y Mugabe sigue haciendo lo que quiere en Zimbabue con poca o ninguna oposición efectiva. Una curiosidad sobre este personaje: por alguna razón, Hugo Chávez sentía una profunda simpatía hacia él. Tan es así que hasta lo juzgó digno de poseer una réplica de la espada de Bolívar, privilegio que, entre los extranjeros, está reservado para solo aquellos que nuestro jefe de Estado considere como personas de la más alta honorabilidad.

No sorprende entonces que una dirigencia política que admire a alguien como Mugabe encargue la malherida economía a un caballero que afirma, sin dudarlo ni por un segundo, que no genera inflación la impresión de dinero inorgánico para financiar los desmedidos gastos del Ejecutivo. Mientras, siguen ocultando la información con la excusa de la inmadurez de la ciudadanía. La negativa del gabinete económico a comparecer públicamente ante la Asamblea Nacional es la mejor prueba de ello.

Los venezolanos seguimos con en el mismo autobús sin saber adónde nos llevan. Si hay un despeñadero al final del camino que escogió el conductor, pretende que no podamos advertirlo. Pero, insisto, el mal camino se siente. Es perceptible cada vez que se va al mercado y el sueldo se esfuma con los pocos productos que uno consigue, luego de una insoportable cola. No sé si llegaremos a una hiperinflación como la de Zimbabue, pero sí puedo asegurar algo: ¡La angustia del venezolano lleva tiempo hiperinflada!

 

@AAAD25

 

Especialistas aseguran que reforma de la Ley del BCV es inconstitucional

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La reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela llevada a cabo por el presidente Nicolás Maduro, mediante la Ley Habilitante y publicada en la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6211 es inconstitucional. Además, viola la faculta de la Asamblea Nacional de legislar sobre el sistema socioeconómico de la nación, que está expresamente estipulado en la carta magna, explicaron los abogados Juan Manuel Rafalli y Gustavo Linares Benzo.

La reforma, publicada hace dos días, prescinde de la obligatoriedad de la Asamblea Nacional de nombrar a los dos directores del BCV que por ley tenía entre sus deberes y deja esta facultad en manos del presidente de la República. También estipula que la información de los índices macroeconómicos del país podrá ser secreta o confidencial si así lo consideraran las autoridades del BCV. También abre la facultad de que el instituto emisor sea utilizado como financista del gobierno sin control de ningún órgano contralor.

Linares Benzo afirmó que la reforma contradice  lo establecido en la Constitución, pues la carta magna expresa en la disposición transitoria 4° en el tercer párrafo del numeral 8 lo siguiente: “La ley establecerá que al Poder Ejecutivo corresponderá, la designación del presidente o presidenta del Banco Central de Venezuela y, al menos, de la mitad de sus directores o directoras; y establecerá los términos de participación del Poder Legislativo nacional en la designación y ratificación de estas autoridades”.

Linares Benzo explicó que por norma constitucional el Parlamento tiene que participar en la designación y ratificación de las autoridades del instituto emisor. “La Constitución señala que se deben establecer los términos de esa designación, es decir, que la Asamblea al menos puede nombrar uno y eso se le pasó por alto a quienes redactaron esa reforma, que es claramente inconstitucional”.

El también abogado Juan Manuel Rafalli expresó que la inconstitucionalidad de la reforma se basa en que fue dictada después del 31 de diciembre de 2015, es decir, ya había culminado la Ley Habilitante del presidente de la República. La Gaceta Oficial sale publicada el 4 de enero y es en esa fecha cuando se declara la ley vigente. “Corresponde demandar nulidad y que lo decida la Sala Constitucional”, indicó.

Agregó que otro elemento que demuestra que la reforma viola la Constitución es  que en ella se estipula expresamente que la Asamblea tiene que velar por el control del sistema monetario; como se establece en los artículos 187, 318 y 319. “Con esta reforma el presidente se reserva el control y le resta la autonomía al BCV. Al Parlamento le corresponde legislar sobre el sistema socieconómico de la República, eso está establecido en la Constitución y no se puede violar”, afirmó.

Mayoría calificada. En el sumario de la Gaceta sobre la reforma de ley del BCV se le describe como ley orgánica cuando desde su creación esta normativa ha sido ordinaria. Se cree que la intención de la reforma es que no pueda ser modificada por la bancada opositora ahora que el oficialismo no cuenta con mayoría calificada, luego del dictamen del TSJ contra tres diputados opositores electos en Amazona.

Sin embargo, un informe de Bank of America advirtió que “la mayoría de los dos tercios requerida para la reforma de las leyes orgánicas está explícitamente detallada y es una fracción del número de diputados presentes durante la discusión y no de todo el cuerpo legislativo”.

El argumento es apoyado por Linares Benzo y Raffali, quienes además explicaronn que actualmente hay 163 diputados y no 167, pero la oposición cuenta con 109 lo que le garantiza la mayoría calificada para llevar a cabo reformas de leyes orgánicas.

EL DATO

El BCV fue creado el 8 de septiembre de 1939. Siempre ha contado con un instrumento legal. Cuando llegó el chavismo en 1999 estaba vigente la ley de 1992 que le dio paso a la nueva Ley del Banco Central de Venezuela decretada en 2001. Desde entonces ha sido reformada en seis ocasiones: En los años 2002, 2005, 2009, 2010, 2014 y 2015. Antes de esto estaba en vigencia la Ley de 1992.

Ene 04, 2016 | Actualizado hace 8 años
Eliminan potestad a la AN de nombrar Directores del BCV

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La Asamblea Nacional ya no podrá nombrar o ratificar a los directores y al presidente del Banco Central de Venezuela. De acuerdo a la reforma de la Ley del ente emisor realizada vía Habilitante, el Presidente de la República será quien designe a toda la Directiva del BCV y no necesitará ya la anuencia de la mayoría de los diputados.

En la anterior Ley, la mayoría de la AN tenía la potestad para designar a dos de los Directores del Banco Central y podría ratificar tanto al resto de los miembros de la Directiva como a su presidente.

“El Presidente o Presidenta del Banco Central de Venezuela es la primera autoridad representativa del Banco (…) Es designado o designada por el Presidente o Presidenta de la República para un período de siete años (…)”, señala el nuevo artículo 9 de la Ley del BCV.

En otro articulado sujeto a reforma se agregó que los miembros del Directorio designados por el Ejecutivo, podrán ejercer otras funciones relacionadas con “el logro de los objetivos del BCV”.

Suspensión de estadísticas

Entre otras de las reformas ejecutadas a la Ley del BCV, se señala que el organismo podrá suspender “transitoriamente” la publicación de información estadística, cuando sea “requerido por el Ejecutivo Nacional”. Como se recordará, el BCV lleva más de un año en que no publica las cifras de inflación y del Producto Interno Bruto (PIB).

En este punto, el organismo emisor hace actualmente uso del articulado que establece que el Directorio del BCV podrá clasificar como confidencial o secreta, alguna información que pudiera derivar perjuicios para los intereses generales. Sin embargo, se agrega con la reforma que la suspensión de la data macroeconómica también puede llevarse a cabo si se presentan “situaciones internas o externas que representen una amenaza a la Seguridad Nacional y a la estabilidad económica de la Nación”.

Entre los nuevos artículos se destaca que en caso de que la AN requiera la información del BCV, ésta se hará llegar directamente al Presidente del Parlamento, previa solicitud al Ejecutivo. No obstante, los miembros de la AN “que tengan acceso a tal información deben cumplir con el deber de secreto consagrado en el presente Decreto”.

De acuerdo al artículo 319 de la Constitución de la República de Venezuela, el BCV debe rendir cuenta de las actuaciones, metas y resultados de sus políticas ante la AN. “También rendirá informes periódicos sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas del país y sobre los demás asuntos que se le soliciten, e incluirán los análisis que permitan su evaluación”.

Financiamiento al Gobierno

Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro en ejercicio de la Ley Habilitante, modificó el articulado relacionado con las prohibiciones del BCV. En este sentido, en lo que respecta a la prohibición de otorgar créditos directos al Gobierno nacional, se agregó que ésta podrá realizarse cuando “exista amenaza interna o externa a la seguridad u otro perjuicio de interés público, que calificará el Presidente de la República mediante informe confidencial o en aquellos casos en que hayan sido aprobados de forma unánime por los miembros del Directorio”, según se establece en el nuevo artículo 37.

Desde varios años, el BCV ya ha utilizado la figura del financiamiento o entrega de créditos a empresas del Estado, específicamente, a Pdvsa, a pesar de la prohibición. Analistas económicos han criticado esta práctica al alegar que ha sido para “financiar el déficit público”, lo cual está prohibido por la Constitución.

La Asamblea Nacional y sus retos en el área económica por Luis Oliveros

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Una Asamblea Nacional, con una mayoría opositora, tendrá retos muy importantes para lograr mejoras en la economía venezolana. En las siguientes líneas repasaremos los que a nuestro juicio serían los principales puntos a atacar para alcanzar esa meta.

Una de sus primeras tareas que debería realizar la nueva Asamblea Nacional es emplazar al BCV y al INE para que publiquen toda la información que le deben al país. Resulta realmente increíble que el gobierno de Nicolás Maduro aún no haya publicado los resultados finales del PIB y de la Balanza de Pagos del año 2014 y que para 2015 no tengamos ni una cifra oficial sobre inflación, escasez y obviamente PIB y Balanza de Pagos. También destaca que el gobierno que se dice “campeón mundial en la lucha contra la pobreza”, tenga desde diciembre de 2013 sin publicar cifras sobre el comportamiento de esa variable. Ninguna institución ha presionado para que BCV cumpla con su propia ley, por lo que la nueva Asamblea Nacional tiene trabajo que realizar.

Por otra parte se impone la necesidad de investigar el tristemente célebre Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden). Entre aportes de Pdvsa y el envío por parte del BCV de la parte de “reservas excedentarias”, ese fondo ha recibido más de $120.000 millones, 8 veces las actuales reservas internacionales y un monto bastante parecido al total de la deuda externa actual de Venezuela. ¿Qué pasó con ese dinero?, ¿Dónde están las inversiones que ese han hecho?, ¿Dónde se consigue el desglose de los pagos hechos con ese fondo?, ¿y el balance del fondo?, son preguntas obvias que en cualquier sitio normal del mundo tendríamos las respuestas, pero que el gobierno venezolano (el anterior y el actual) nunca ha querido responder y que desde la Asamblea Nacional se pudiera haber presión para conocer la verdad.  ¿Qué pasaría si se encuentra que ese dinero se perdió?, es bueno recordar que ese fondo lo manejaban directamente Hugo Chávez y Jorge Giordani.

¿Sabía usted que 2/3 del dinero recibido por Venezuela en la bonanza petrolera (entre 1999 a 2014) se destinó a importaciones? Igual de interesante resulta el dato que cerca del 30% de las importaciones privadas fueron “sobrefacturación” y 40% en las importaciones públicas no petroleras. A todos esos números agréguele que hace unos años Jorge Giordani  y luego la presidente del BCV Edmée Betancourt, denunciaron corrupción por miles de millones de dólares en asignaciones de divisas.  Como se ha hecho costumbre en Venezuela, nadie investigó. La nueva Asamblea Nacional tiene la obligación moral de revisar qué ocurrió en CADIVI y qué ocurre hoy en CENCOEX. Una investigación seria de ambas instituciones promete aportar datos muy interesantes.

¿Qué está pasando en Pdvsa?, ¿Por qué tiene una nómina de 150.000 empleados y 25.000 de esos no realizan ninguna actividad petrolera?, ¿por qué hoy produce 18% menos que lo que estaba produciendo en 1998?, ¿por qué Pdvsa tiene 3 años reportando ganancias gracias a operaciones cambiarias e ingresos financieros?, ¿qué ocurre con los aviones y vehículos de Pdvsa?, y así pudiéramos llenar páginas enteras de preguntas sobre la situación actual de nuestra empresa petrolera pero que para el Ministerio de Energía y Petróleo no existen esas inquietudes. Pdvsa necesita una revisión exhaustiva y desde la Asamblea Nacional se pudiera  empezar.

Llevar los ministros a la Asamblea Nacional a rendir cuentas debe estar entre las primeras tareas de los nuevos diputados. Que el país pueda oírlos defender su gestión sería una buena forma de empezar a ver los frutos de un triunfo de la oposición el 6D.  

Es importante entender que la Asamblea Nacional no toma decisiones de política económica, no dicta medidas de esa índole, pero si puede realizar labores de investigación, de contraloría, exigirle al gobierno rendición de cuentas sobre el uso de los fondos públicos. Venezuela ha vivido tal vez los años de mayor corrupción de la historia y en gran parte ha sido propiciado por la total impunidad con lo que han operado quienes han cometido esos delitos. Hoy el país sufre un descalabro institucional sin precedentes y una nueva Asamblea Nacional puede ser el punto de partida para tratar de revertir esa situación.  Obviamente la tarea será complicada, el gobierno pondrá mil trabas para que no se realicen investigaciones, para que sus ministros no sean interpelados, pero los nuevos diputados deben presionar, trabajar y llevar a la práctica toda esa teoría del cambio. La oposición tiene una oportunidad de oro, aprovecharla será un reto pero con inmensas ganancias, no solo para ellos, sino para todo el país.

 

@luisoliveros13

Cedice: Presupuesto 2016 tiene omisiones para evitar el costo político electoral

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El Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad presentó su análisis del Proyecto de Ley de Presupuesto 2016, expuesto el pasado 20 de octubre, en la Asamblea Nacional por el Ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres.

En cuanto a las metas macroeconómicas, el Observatorio revela ciertas omisiones, particularmente resaltantes. “Según el ministro, el presupuesto del año entrante fue calculado a un precio promedio de 40 dólares el barril”, lo cual evidencia un ajuste forzoso en cuanto a los supuestos manejados.

Cedice determinó que los instrumentos de deuda pública a través de créditos en el extranjero son de 159.300 millones de bolívares, que a cambio oficial Cencoex representan 25.286 millones de dólares. Es decir, 64,45% más de lo disponible en reservas internacionales, que para el 20 de octubre de 2015 totalizan 15.376 millones de dólares.

“Sin embargo y siguiendo la línea del Banco Central de Venezuela, BCV, -consideró el análisis-, las cifras correspondientes a la inflación para el período y la variación del  Producto Interno Bruto, PIB se encontraron fuera de la línea discursiva”.  Del mismo modo, advirtió que se desconoce el tipo de cambio que regirá en el próximo período fiscal, debido quizás, al costo político que acarrearía, dado que la inflación alcanzó este año a los tres dígitos.  De anunciar una nueva devaluación del tipo de cambio, produciría un nuevo impacto inflacionario y ello no se buscará hasta finalizar el proceso electoral.

Al Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad le preocupa la distribución de los ingresos, según su fuente de origen. De los 1,4 billones de bolívares que conforman la totalidad de los desembolsos, 216,581 millones corresponden a ingresos por la actividad petrolera, mientras que los no petroleros alcanzan 1.207.544 millones de bolívares. Es decir, el 77,98 por ciento de los ingresos previstos. El ministro afirmó que se ampliará la fiscalización tributaria y se buscará aumentar la base de los contribuyentes,  sin descartar aumentos en el IVA y otros.

 

 

Concluye el análisis del Presupuesto 2016 que, “de esta forma, la sociedad venezolana continua pagando por los errores de la administración pública, pues no solo habrá que ampliarse la base tributaria, sino el familiar impuesto inflacionario. Esta vez, con una magnitud sin antecedentes en nuestra joven, aunque accidentada historia como sociedad”

Aterrizaje forzoso por Francisco J. Quevedo

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Cuando Venezuela aterrice de esta ficción llamada “revolución bonita” que mucho tiene de película de terror más bien, y caiga en cuenta que todo es una farsa, que la realidad es otra, que estamos al borde de la quiebra, que los números que se nos informan son más falsos que un billete de tres, que no ganamos lo que creemos, y que ni siquiera el PIB es real, el aterrizaje será muy doloroso, si no forzoso. Un despertar cruel, pero necesario.

Nada es real, ni los precios, ni los costos, ni el dólar, ni su ingreso, amigo lector, porque cuando uno sale del país, o incluso cuando va a pagar cualquier cosa, se da cuenta que los millones son miles, y los miles no son nada. Un café cuesta 100 bolos que eran cien mil hasta que le quitaron tres ceros al bolívar para hacerlo “fuerte”. ¿Qué más se puede decir? ¿Que son 12 centavos de dólar? ¡No, a 6,30 ese café cuesta casi US$ 16! ¿Cuál es la verdad? ¿Y cuánto gana usted, si lo puede calcular?

Es que ni siquiera el presupuesto fiscal 2016 es cierto. El Ministro de Finanzas anunció que sería de Bs. 1,5 billones. ¿Cómo lo calculó, con ingresos mermados pero a Bs. 6,30 por dólar, como dijo que se mantendría la tasa, ó a 13,50, ó hasta 199 bolívares por dólar? Ya, decir que la inflación será del 60%, cuando el FMI la proyecta en 160%, es hacernos creer en pajaritos preñados.

Y si vemos el PIB, eso es otra farsa. De los US$ 459 millardos que pueda alcanzar en 2015, debemos separar como reales las exportaciones de PDVSA que se cobran en dólares, pero el resto debemos dividirlo entre alguna tasa de cambio. Otra vez, cuál usamos: ¿Bs. 6,30 por dólar ó 13,50 ó 199? Si reconvertimos el Producto Interno Bruto de esta manera, al cambio implícito, quizás Venezuela solo produzca US$ 44 millardos.

¡Somos un paisito! ¡Y somos pobres! El bolívar no es “fuerte”, ni vale 6,30 por dólar, quizás valga 200, pero tampoco vale 820 ni más. La inflación no anda “por ahí” por el 80%, anda por allá sobre el 160%, por lo menos, y apunta sobre el 200%, y hasta 300%  se atreven a pronosticar algunos analistas. Cuando despertemos de esta pesadilla, la realidad nos va a pegar duro en la cara. Nos va a pasar como a aquellos que se creyeron el cuento de la “lesión pélvica” y ahora deben consolarse creyendo que “vive”.

¡Sincérese! Convierta su sueldo a 200 bolívares por dólar, la tasa Simadi redondeada, y entenderá dónde está parado. Aunque no le den dólares a ese precio, sino a los enchufados, es una tasa oficial. Si gana un “sueldazo” de cien mil bolos, se dará cuenta que gana solo US$ 500 mensuales. Así, cuando pague el pan de jamón en Bs. 1.500 sabrá que solo vale US$ 7,50, que es caro, pero digerible. Y cuando le pidan cuatro millones por un carro usado, comprenderá que son veinte mil dólares. Eso sí, también habrá entendido que si gana salario mínimo, usted solo percibe US$ 85 mensuales, lo demás es un cuento de hadas.

¡Despierte!

 

@qppasociados

Cuales leyes promoveremos como mayoría por Eduardo Semtei

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  1. Ley de Reordenamiento del Endeudamiento Externo de la República y de PDVSA. Análisis de los compromisos contraídos. Formas de pago. Tipos de contrato. Garantías. Formas de refinanciamiento,  Mejoramiento en el servicio. Plazos y tasas. Se busca conjuntamente con los principales tenedores de bonos de encontrar un cronograma de pagos, una estructura de vencimientos más ordenada, más equilibrada año a año, mejorando por supuesto los compromisos de vencimiento y optimizando las garantías de pago y al propio tiempo la máxima uniformidad en las tasas.
  2. Ley de Reordenamiento del Sistema de Preferencias Petroleras. Arqueo de las  cuentas por cobrar y compromisos con otros países. Contratos firmados. Garantías.  Buscamos con esta ley evitar los regalos de recursos petroleros y financieros hechos con propósitos meramente políticos.  Garantizar que los deudores nos paguen y evitar que el petróleo que reciben sea vendido en el mercado spot.
  3. Ley de Regularización del Sistema de Control de la Gestión de los Ministros. Tipo de informes. Regularidad. Comparecencia.  Se trata de perfeccionar, de regularizar y ordenar la rendición de cuentas de los ministros y especialmente vigilar su actuación, el cumplimiento de sus metas, sus funciones. Regresarle a la Asamblea su poder de control sobre la gestión pública.
  4. Ley de Amnistía a los Presos Políticos. Como su nombre lo indica darle libertad a los presos de conciencia y permitir el regreso de los dirigentes políticos exiliados en cualquier etapa en que se encuentren sus procesos.
  5. Ley de Regularización de la Información Financiera y Estadística del Banco Central y del Instituto Nacional de Estadística y otros organismos  y ministerios. Salud.  Datos sobre epidemias. Inflación. PIB. Desabastecimiento. Población. Regularidad de la información. Penalidad ante el silencio. Es importante para los agentes económicos nacionales e internacionales el conocimiento  de los informes económicos y para la planificación nacional todo lo relativo a los indicadores de gestión en salud, educación y vivienda.
  6. Ley Regulatoria de las Relaciones entre la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y la  Contraloría General de la República. La Asamblea debe tener una relación cotidiana, permanente, regular con la CGR para evitar duplicaciones de esfuerzos y para la colaboración entre los Poderes Públicos en la lucha contra la corrupción.  Debe existir una comunicación regular, ordinaria y de informaciones cruzadas acerca de las investigaciones realizadas por cada ente.
  7. Ley Regulatoria de las Relaciones entre la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y el Ministerio Público y la Defensoría de Pueblo. De igual forma la Fiscalía y la Defensoría deben informar con regularidad, mensual en primera instancia, de las estadísticas sobre delitos y derechos humanos y de las actividades realizadas.
  8. Ley de Unificación y Financiación de los regímenes de  policías, bomberos, educadores, médicos y otros funcionarios públicos  en alcaldías, gobernaciones  y Poder Nacional. Debemos buscar la nivelación de las condiciones de ingresos, ascensos, remuneración y otras condiciones laborales entre los funcionaros de los distintos niveles del Poder Público que cumplan las mismas funciones, evitando por una parte las desigualdades que generan desequilibrios.
  9. Ley de Modificación del Estatuto de las nuevas universidades y su conversión en Universidades Autónomas. Énfasis en las organizaciones estudiantiles.  El regreso a la autonomía universitaria es garantía de una educación libre, emprendedora, crítica, universal, democrática. Las autoridades universitarias, laborales y estudiantiles deben ser electas con las mayores libertades por sus electores naturales.
  10. Ley de Reordenamiento del Sistema Nacional de Empresas Públicas. Inventario de las mismas. Condiciones actuales. Estados financieros. Auditorías.  Debe existir un registro único de empresas del estado, en todas las ramas del Poder Público, con sus respectivas rendiciones de cuentas y presentación de Estados Financieros. Toda empresa en pérdidas debe ser excluida del Patrimonio Público
  11. Ley de Regularización y Reversión de las empresas públicas provenientes de expropiaciones y adquisiciones voluntarias y forzosas. Informe sobre sus operaciones. Niveles de producción. Distribución. Empleo. Hay que hacer una evaluación urgente de todo el sistema de empresas adquiridas en los últimos años y separar aquellas de resultados negativos de las de resultado positivo.  De esta manera se abre la posibilidad de librar a la Administración Pública de unidades productivas que solo generen pérdidas y darle ingreso a la inversión privada.
  12.  Ley de Regularización del Ejercicio de la Medicina, la Odontología y otras profesiones dentro del territorio nacional en materia de cooperación internacional y estados de emergencia. Se trata de buscar un equilibrio entre las remuneraciones y condiciones de trabajo de los profesionales contratados con otros países y los nacionales y al mismo tiempo encontrar un sistema recíproco y legal entre países para garantizar que las reválidas, equivalencias y permisos de trabajo contemplen los mismos requisitos que se le exige a los nacionales.
  13. Ley de Modernización de los Sistemas de Concurso, Ingreso, Jubilación y Ascenso del sistema judicial  y diplomático.  Regularizar ambas carreras que se han convertido en un verdadero desorden.
  14. Modernización de las leyes defensa del consumidor, de control de precios y otros mecanismos de supervisión de la actividad comercial e industrial. La excesiva regulación de los precios y el pretendido margen de beneficio solo han traído inflación y escasez, hay que regresar a un sistema más flexible  y competitivo para garantizar el abastecimiento y al propio tiempo modernizar los sistemas de defensa del consumidor.
  15. Ley de regularización y ampliación del sistema de medios públicos y formas de asignación de frecuencias de radio y televisión. Los medios de comunicación representan un factor importantísimo para la Democracia y la libertad de prensa y opinión. Mientras más facilidades e incentivos existan para la creación de medios de comunicación en condiciones de competencia mejor estará el funcionamiento de la República. Democratizar el espectro radioeléctrico para aumentar la competencia.
  16. Ley de Regularización del sistema de escoltas de funcionarios públicos.  Se debe definir con claridad quienes  deben tener servicios de escoltas, evitando, como existe ahora, una proliferación de este tipo de funcionarios en forma indiscriminada para diputados, periodistas, viceministros, alcaldes y muchos otros funcionarios de menor jerarquía.
  17. Ley de Consultas no Vinculantes. Que complemente lo previsto en los referéndums. Establecer un sistema ágil, sencillo, simple, de consultarle a los venezolanos sobre medidas que no involucren cambios o reformas constitucionales pero que interesen a todos, como por ejemplo el precio de la gasolina  o las donaciones a otros países.
  18. Ley de regularización de los programas sociales. Ley de Misiones. Subsidio directo. Los programas sociales adelantados en los últimos años lo han sido en condiciones opacas en cuanto a su administración y rendición de cuentas, por lo tanto tales programas deben estar claramente definidos en la ley. Establecimiento de nuevas formas de subsidio directo como sería la Tarjeta de Consumo para adquirir productos, pagar servicios básicos  comprar medicinas. Tarjeta de consumo escolar para la compra de libros, uniformes e implementos escolares. Todos estos sistemas se ajustarán de acuerdo al ritmo de la inflación y a la disponibilidad de fondos.
  19. Ley de Regularización y Unificación del sistema de tasas de cambio y divisas extranjeras. Hay que sentar las bases para el desmantelamiento de la red de corrupción y despilfarro que se generó con CADIVI y sus sistemas asociados como SICAD, SIMAD, SIMADI etc.  y el regreso a un sistema competitivo, equilibrado,  de libre flotación.
  20. Reforma de la ley de descentralización y financiamiento especial interterritorial. Los recursos extraordinarios por alza en el petróleo u otras fuentes deben ser descentralizados, y debemos estudiar la posibilidad que un  cierto porcentaje del IVA quede como recursos propios en los distintos estados
  21. Ley de descentralización del sistema penitenciario. Es de urgente necesidad la descentralización del sistema carcelario para hacerlo menos costoso, menos corrupto y más funcional.
  22. Ley de Hacienda Estadal y Financiamientos Regionales. Estimular la creación de formas de financiamiento para los estados de la república.
  23. Ley de regularización de la propiedad de la tierra y de las viviendas adjudicadas a fin que las personas gocen de todos los derechos y puedan enajenar y gravar los bienes.

 

@eduardo_semtei