Las gasolineras están divididas entre las que ofrecen combustible subsidiado y a precio internacional
El Ministerio de Comunicación e Información (Mippci) difundió este jueves el listado de gasolineras que prestan atención las 24 horas del día en la Gran Caracas.
A través de su cuenta de Twitter, el Mippci separó las gasolineras por venta de combustible libre y subsidiado.
En cuanto a las estaciones de servicio subsidiadas, destacan en la lista las siguientes:
Fuerte Tiuna.
La Paz.
La Victoria.
Los Chaguaramos.
La Estrella.
La Continental.
La Auxiliadora.
Residencia Guaracarumbo.
El Deleite.
Caucho Romano II.
Guatire.
Aerupuerto.
El Puerto.
Nueva Granada.
Por su parte, la lista de gasolineras que venderán el combustible a precio internacional durante las 24 horas, según el Mippci, son las siguientes:
Maripérez.
Tazón.
El Progreso.
Montecristo.
La Castellana.
Guapísima de Oriente.
El Rosal.
Country Club.
Las Mercedes-
La Encrucijada El Guapo.
La Regional.
Litoral.
Izcalago.
Lagoexpresa Caricuao.
Desde el mes de junio se implementó un plan de distribución de combustible subsidiado y a precio internacional, para intentar paliar la crisis generada por la escasez de gasolina.
Las estaciones de servicio comenzaron a ofrecer servicio nuevamente tras la llegada de los buques de combustible que envió el gobierno de Irán.
Richard Gizmán Flores tenía tres años en una imparable riña con su primo, Juan René Flores Benega. La razón: la habitación en el kilómetro 2 de El Junquito, sector Niño Jesús. Allí vivía alquilado Guzmán Flores con su esposa, quien tiene siete meses de embarazo, y su hija de tres años. El dueño del espacio era Flores Benega, quien insistía en que la familia desalojara el lugar. “Era porque ya no le convenía que él viviera ahí porque no trabajaban juntos. No había razón para sacarlo. Mi sobrino le pagaba mensualmente su alquiler y no tenía a dónde mudarse“, asevera la tía de ambos, Nancy Flores.
La riña dejó un muerto en esa misma habitación. Guzmán Flores fue impactado con tres disparos, dos en el abdomen y uno en la mano, el pasado viernes 14 de diciembre. Según Nancy Flores, el responsable del homicidio fue Juan René Flores junto con su pareja e hijastro menor de edad. De hecho, fue este último quien accionó el arma. Bárbara Gómez, mujer de la víctima, recuerda a la madre del homicida gritando “mátalo, mátalo”. Los tres se dieron a la fuga.
El cuerpo de la víctima fue trasladado hasta el Periférico de Catia pero ingresó sin signos vitales.
René Flores había sido funcionario de Polisucre. Sus familiares denuncian que fue destituido de este cuerpo policial por imputaciones de otros supuestos asesinatos mientras llevaba el uniforme. Luego, se dedicó a la vigilancia privada y reclutó a su primo para que trabajara con él. Sin embargo, Guzmán Flores renunció y se enfocó en el comercio informal, lo que aparentemente pudo ocasionar descontento en el primo. «Ellos siempre peleaban. Si Juan se pasaba de tragos, le tiraba unos golpes a mi sobrino», acota Nancy Flores.
El embarazo de Gómez no fue impedimento para que este presunto grupo arremetiera contra ella. Fue golpeada por la esposa de Flores Benega. “Tenía la boca hinchada”, describe la tía.
De acuerdo con cifras del Monitor de Víctimas, entre enero y noviembre de este año, 10 venezolanos han muerto por causas violentas en la parroquia El Junquito, lo que representa un 14,7 % de los homicidios en el municipio Libertador, considerando que el total de asesinatos en este mismo período fue 68.
Robo en el kilómetro 7
Melania Columba Brito, de 38 años, actuó por nerviosismo. Siguió sus impulsos. El miedo se apoderó de esta madre de seis hijos luego de que dos delincuentes —que rondan entre los 17 y 19 años de edad— ingresaran a la unidad de transporte en la que ella se encontraba para trasladarse a su hogar, en La Yaguara, justo en el kilómetro 7 de El Junquito.
Aunque entregó sus pertenencias a los ladrones, teléfono y dinero; el pasado sábado 15 de diciembre la mujer imitó los pasos de otro ciudadano que se lanzó del vehículo, así lo aseveran sus hijos, cuatro de ellos menores de edad. Al momento de realizar esta acción, cayó directamente en la calle y murió por fractura de cráneo y tórax. La trasladaron hasta el hospital Miguel Pérez Carreño en horas del mediodía, pero entró sin signos vitales.
UNA FALLA EN EL SERVICIO ELÉCTRICO deja sin luz a varios sectores de la Gran Caracas y interior del país este viernes, según reportes de los usuarios de Twitter.
Entre las zonas afectas se están Colinas de Bello Monte, los Palos Grandes, Boleíta Norte, Los Dos Caminos, El Cafetal, Sabana Grande, Cerro Verde, La Tahona, La Trinidad, y Altamira. En el oeste de la ciudad, se trataría de La Ceiba, Manicomio, Lídice.
Asimismo informaron que Guarenas y Guatire, en el estado Miranda, también también se encuentran sin luz. Además usuarios de las redes sociales también reportaron apagones y bajones de luz en Maracay, Valencia y Barquisimeto y localidades de Falcón, Mérida y Zulia.
Hasta los momentos la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no se ha manifestado al respecto.
Actualmente, varias poblaciones en el estado Zulia y Puerto Cabello (Carabobo) tienen más de 48 horas sin electricidad o con cortes continuos de luz, debido a los problemas de generación
El ingeniero y experto en energía José Aguilar aseveró el miércoles 5 de septiembre que alrededor del 86% de los megavatios necesarios para la Gran Caracas, que comprende a Distrito Capital, Vargas y Miranda, no están disponibles.
A través de su cuenta en Twitter, Aguilar detalló que actualmente la capital y sus alrededores dependen de la generación eléctrica de Miranda y el Guri, debido a que las plantas termoeléctricas ubicadas en Vargas están en cero producción de megavatios.
El consultor internacional de sistemas eléctricos afirmó que con la nula generación de Vargas y la dependencia del Guri, es el perfecto “caldo de cultivo para un amplio apagón” en la zona.
La debacle de la generación de la Gran #Caracas está llevando a Las íneas de Transmisión hacia allá al límite…y deja menos MW para la Provincia…#sinluz Después No salgan con "Sabotaje"
Tenemos dos días seguidos con cero MW de la unidades Derwick, vendidas para el ‘Blindaje de Caracas’. De 578 MW vendidos por los “bolichicos” tenemos 100% de indisponibilidad”, señaló Aguilar.
Además, indicó que la debacle de la generación de la Gran Caracas “está llevando a las líneas de transmisión al límite”, y se deja con menos generación eléctrica para los estados del interior del país, donde constantemente se registran cortes de electricidad no programados.
Ante las acusaciones de supuesto sabotaje al Sistema Eléctrico Nacional que esgrimen las autoridades para justificar los recientes apagones, el ingeniero destacó que son la corrupción, una operación negligente de las plantas, mantenimiento poco profesional y la improvisación las que ocasionan el incumplimiento a la población y “mata los equipos”.
Actualmente, varias poblaciones en el estado Zulia y Puerto Cabello (Carabobo) tienen más de 48 horas sin electricidad o con cortes continuos de luz, debido a los problemas de generación.
El 29 y 30 de agosto se registraron los últimos apagones en Caracas, Vargas y Miranda, que fueron atribuidos por el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, a ciudadanos que hurtaron cables en la subestación Santa Teresa y los posteriores trabajos de reparación.
Después de una hora sin electricidad en varias zonas de Caracas, Miranda y Vargas, usuarios reportan el restablecimiento del servicio en lugares como el Alto Hatillo, La Florida, La Candelaria, Fuerzas Armadas, Bello Monte, Palo Verde, Altagracia y El Bosque.
En zonas como Montalban, El Hatillo, San Antonio de los Altos, Carrizal, Dos Caminos, Los Cortijos, Colinas de Santa Monica, La Tahona y El Márques continua el apagón que afectó al 80% de la Gran Caracas.
El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, informó a través de su cuenta de Twitter que la falla se originó en San Teresa del Tuy, estado Miranda y que ya se ha recuperado un 90% del servicio en Caracas a pesar que se reportan fuertes lluvias en el sector donde se ubica el origen de la falla.
Corpoelec no se ha pronunciado.
Camaradas! Ya se ha recuperado un 90% del servicio en Caracas, seguimos trabajando para recuperar el 100%. Reportan fuertes lluvias en el sector donde se ubica el origen de la falla.
Los cadáveres de cuatro personas fueron localizados este domingo en el interior de cuatro barriles de agua en una una vivienda ubicada en la calle 17, sector Renacer I, en Los Corales, Caraballeda, estado Vargas. Los cuerpos tenían una data de muerte de al menos 72 horas.
Las víctimas fueron identificadas como Mary Luz Suárez González (49), su esposo Ernesto Rafael Villalba (55), el hijo de ambos Marcial Antonio Alvarado Suárez (25) y María Gabriela Delgado Falcón (26), esposa de Marcial Antonio, quienes presentaban heridas provocadas por armas blancas y golpes.
Andrés Goncalves, secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad, confirmó el crimen: “Hay dos hombres y dos mujeres que tenían por lo menos dos días dentro de unos pipotes. Los cuerpos de seguridad del estado y del Distrito Capital trabajan a través de comisiones mixtas para localizar a los culpables de este crimen”.
Goncalves detalló que según las primeras averiguaciones, el asesinato pudo haber estado relacionado con una persona que tenía problemas de drogas, quien al parecer residía con las víctimas, aun cuando luego aseguró que no se descarta ninguna hipótesis.
El jefe policial de la entidad confirmó que una niña de cuatro años, vinculada con las víctimas fue llevada a la casa de un familiar, por una persona que se encuentra bajo investigación. Los cuerpos policiales buscan a un bebé de 11 meses hijo de dos de las víctimas que no ha sido localizado.
Reporta la Verdad de Vargas que esa misma criatura fue raptada el junio del año pasado por una prostituta identificada como Alejandra. En esa oportunidad el niño fue localizado en una casa en Colinas de Naiguatá.
Un hombre apodado “El Oriental” habría confesado que asesinó a Villalba porque cuando llegó a la casa este último había matado a su mujer, a su hijo y a la pareja de este y “tuvo que hacerlo para defenderse”.
Se pudo conocer que Ernesto Rafael Villalba trabajaba en el hotel Olé Caribe, mientras que Mary Luz Suárez estaba dedicada a las labores del hogar, mientras que Marcial Alvarado y María Gabriela Delgado se dedicaban a la venta de café.
El secuestro exprés resurgió con fuerza en el último tramo de 2017 en Venezuela, después de una tregua de cuatro meses por las protestas de calle contra el Gobierno, que paralizaron sectores enteros del país complicando la movilidad y las operaciones de los secuestradores, explicaron a Efe expertos y afectados.
“La ejecución de esos tipos delictuales requiere escape, requiere la circulación, y al tener las vías trancadas esos tipos delictuales evidentemente sufrieron un impacto”, dijo a Efe Fermín Mármol que es abogado criminalista y consultor de seguridad que asesora a familias de secuestrados en Venezuela.
“Al terminar las protestas ciudadanas las bandas criminales estaban hambrientas”, cuenta Mármol, en alusión a las manifestaciones que entre abril y julio llenaron de barricadas las calles de las principales ciudades del país e hicieron caer los secuestros de unas pocas horas que terminan con el cobro de rescate.
El repunte se sintió con fuerza en la Gran Caracas a finales de noviembre y principios de diciembre, donde en un mes Mármol tiene constancia del secuestro de alrededor de 80 personas.
De estas 80 víctimas, al menos 9 fueron raptadas en solo media hora por una de las tres grandes bandas que operan en la capital, que montó un falso punto de control de tráfico con sus integrantes armados con fusiles y vestidos de policías con uniformes reales.
El resto de los secuestrados cayó en manos de sus captores al ser interceptados -con un vehículo todoterreno mientras circulaban por calles generalmente poco concurridas o salidas de la autopista- y forzados a meterse en el automóvil de los delincuentes, que es la forma más habitual en que se perpetran estos raptos.
“La policía dijo que fue un enefrentamiento, pero José bajó a la bodega para comprarle un dulce a su hijo”, contó Cineirys Acosta, madrastra de José Gregoria Sosa. El joven de 22 años murió el mes de julio, en el barrio Guaicaipuro de la UD2 de Caricuao, municipio Libertador, trabajaba con su tía como comerciante y vivía con una familia grande, entre ellos, su hijo.
La madrastra de José Gregorio iba llegando para celebrar el cumpleaños de uno de los integrantes de la familia, cuando los vecinos le avisaron que lo había matado. “La Policía Nacional Bolivariana llegó en un taxi del gobierno, sin placas, se bajaron y le dispararon. Él corrió con el tiro, hasta una Iglesia Evangélica cercana, la policía entró, lo sacó y le volvió a disparar; limpiaron la zona y lo dejaron en el carro desangrándose; luego lo llevaron al Hospital Pérez Carreño y ahí murió”, relató Acosta según lo que contaron los vecinos.
El criminólogo Fermín Mármol García explica que las conductas violentas se afianzan en los países en vías de desarrollo, y que esto se agrava cuando se trata de los funcionarios policiales. Reconoce que las instituciones en el país se han deteriorado en lo que va del siglo XXI, lo cual adjudica a la pérdida de meritocracia, la división de poderes, la falta de transparencia en la justicia y a los impedimentos para el ejercicio del periodismo.
El Estado ocupada el primer lugar entre los victimarios. Los hechos de violencia relacionados con los excesos de las fuerzas del Estado fueron 246 casos en total durante los cinco meses, 145 (59%) fueron por resistencia a la autoridad y 98 (40%) por ajusticiamiento, ocupando el primer lugar entre los móviles de muertes violentas en el área metropolitana.
El registro de estas cifras fue hecho por Monitor de Víctimas, un proyecto desarrollado por Runrun.es y Caracas Mi Convive, que combina periodismo de datos, participación ciudadana y periodismo de investigación. A través de la recolección de información -en alianza con ElPitazo.com, EfectoCocuyo.com, Crónica.Uno y ElUniversal.com- sobre los homicidios que ocurren en la capital venezolana, se busca caracterizar los hechos e identificar patrones que contribuyan con el diseño de políticas públicas orientadas a reducir la violencia.
Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela y colaborador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), señala que en el seguimiento que hace la organización a los casos, basados en las informaciones de prensa, estimaron que de las muertes en manos de los cuerpos de seguridad del Estado, al menos el 86% son casos de ejecuciones extrajudiciales.
Dentro de los casos que se registraron como ajusticiamiento y resistencia a la autoridad, 133 (56%) fueron cometidos por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y 87 (37%) por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), a pesar de que ambos funcionan en toda el Área Metropolitana. El promedio de edad entre los fallecidos es de 23 años; 15 eran menores de edad y el 14% era menor de 20 años. Lo cual coincide con cifras del 2015 del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), en las que se registró que el 81% (1.221 casos) eran menores de 25 años, de un total de 1.410 casosde presuntas violaciones a los derechos humanos.
Para Ávila, en muchos casos los cuerpos de seguridad usan las redes sociales para buscar a los azotes “¿Qué pasa si en el mismo barrio hay un joven con características físicas similares o con el mismo nombre? En las denuncias de las víctimas son recurrentes los relatos sobre confusiones” explicó.
Los asesinatos en manos de cuerpos del Estado durante estos cinco meses representan el 47% del total de casos del año pasado registrados como resistencia a la autoridad, según datos suministrados a Runrunes a través de una filtración.
Cuando la escena del crimen es tu casa
Luisver Mejías murió en la puerta de su casa, a las seis y media de la mañana, cuando regresaba de viaje. Tenía 22 años y se dedicaba al comercio. La PNB realizaba un operativo en el edificio, ubicado en la avenida Urdaneta del municipio Libertador. Kleivelin Mejías, hermana de la víctima, contó que desde las seis hasta las dos de la tarde estuvieron “secuestradas” su cuñada y sobrinas. La familia oyó disparos hasta las ocho, pero no fue sino hasta después de medio día que les permitieron salir de la habitación donde se encontraban. “Hasta la tarde no supimos que habían matado a mi hermano”, relató.
Mejías también denunció abusos por parte del cuerpo policial, contó que a su hermano le robaron un pan que traía a su familia, que los funcionarios se acostaron en los muebles de la sala y, además, denunció que se llevaron prendas y dinero en efectivo que tenía la esposa de la víctima. El hecho se registró como un enfrentamiento, pero el único fallecido fue su hermano.
Los asesinatos dentro de las vivienda se ha incrementado durante los cinco meses, un total de 80 casos (33%) fueron en los hogares y 160 (65%) en la vía pública. Del total de casos de muertes en manos de la policía, 34% estaban armados mientras que el 42% no, sin embargo, 46 de las víctimas que fueron asesinadas en sus hogares no estaban armadas, solo se registraron 17 que sí poseían.
Hiklis Javier Soler también murió en su casa; tenía 27 años, se dedicaba al comercio informal en Petare y vivía con su concubina. Soler estuvo preso ocho meses por robo a los 17 años, y hasta el día en que murió acudió a las presentaciones, aunque ya las había cumplido, contaron familiares cercanos. Su muerte, en el mes de julio, fue registrada como un enfrentamiento en La Dolorita, Petare, por el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, en el que él, como en otros casos, fue el único fallecido.
“El Cicpc estaba en la casa cuando nosotros llegamos, no sabíamos qué había pasado. Los vecinos dijeron que eran cinco muchachos, dejaron ir a tres porque eran menores y quedaron mi hermano y otro. La gente escuchaba sus gritos pidiendo que no le pegaran”, contó Yuleidis Alcántara, hermana de la víctima.
Ambas familias denunciaron abusos y excesos en el comportamiento de los cuerpos policiales, asegurando que a las víctimas las despojaron de sus pertenencias. “Le quitaron su teléfono y hasta las chucherías que vendía”, contó la hermana de Soler, quien también denunció que al momento de poner la denuncia un funcionario le explicó que “no se podía hacer mucho”, ya que su hermano estaba involucrado en un asesinato o secuestro, y que en esos casos la orden era matarlos.
Sin embargo, el criminólogo Mármol García considera que los homicidios cometidos por funcionarios son pequeños focos dentro de las instituciones que materializan violaciones de Derechos Humanos y debidos procesos, pero como muchas veces no tienen un castigo genera imitación.
Por otra parte, Keymer Ávila opina que el aumento de este tipo de muertes y la falta de políticas o respuesta institucional hace pensar que no son casos aislados, coincide que al no haber una reacción para frenar estos hechos las acciones se repiten. “Al haber tolerancia también hay responsabilidad del Estado”, agregó.
El Código Procesal Penal establece, en sus artículos 194 y 196, las excepciones para la materialización de los allanamientos: Cuando se trate de flagrancia o cuando la autoridad tenga la seguridad de que se está materializando un delito dentro de ese inmueble.
Simulación de enfrentamientos
Rodolfo Silva era comerciante y vivía con su pareja. Aunque estuvo preso por violencia de género no tenían antecedentes penales por otros delitos. Según la versión de los vecinos, Silva iba caminando por la calle 16 de los Jardines de El Valle, municipio Libertador, cuando lo montaron en un carro, lo trasladaron hasta la calle cuatro, y allí fue asesinado en un hecho reportado también como enfrentamiento.
Provea, en 2016, realizó el informe “Poder Sin Límites”, junto con Human Rigths Watch, donde se exponen denuncias sobre la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) y actualmente las historias siguen siendo similares. El informe presenta evidencias sobre casos de víctimas que murieron por disparos de miembros de las fuerzas de seguridad, que no representaban una amenaza o personas que no habían opuesto resistencia, saqueos de viviendas y personas fueron vistas por última vez bajo custodia policial y luego fueron halladas muertas.
Según lo recogido por Monitor de Víctimas, entre las denuncias de los familiares existe un factor común: denuncias sobre la supuesta simulación de enfrentamientos. “A una vecina que estaba afuera la amedrentaron con tiros, pero ella vio cómo se organizaban los funcionarios para empezar a disparar y simular un enfrentamiento”, dijo la familia de Hilkis Soler, fallecido en su casa en La Dolorita.
Los familiares de Rodolfo Silva contaron que a pesar que el día de su muerte se oyeron disparos desde la calle donde fue asesinado, el único fallecido fue él. “Por la casa siempre es así, la otra vez se llevaron a un muchacho vivo, luego empezaron a disparar como simulando un enfrentamiento y ellos mismos recogieron las balas”, denunciaron.
El investigador Keymer Ávila explica que en un trabajo realizado hace unos años, apenas el 7% de los casos de violencia policial eran en enfrentamiento. “Parecieran ser casos excepcionales y que la generalidad es un uso excesivo y desproporción de la fuerza por parte de los organismos”, señaló.
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Los vecinos del sector San Miguel, en la Cota 905, municipio Libertador, recuerdan el caso de cuatro fallecidos en manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), les dispararon con silenciador cuando se encontraban en la cancha y luego, al rato de asesinarlos, simularon un enfrentamiento. “Dos de los jóvenes eran menores, tenían 17 años, y no estaban metidos en nada malo, a uno lo ajusticiaron frente a su casa y al otro, ya con disparos, lo hicieron correr hasta la avenida”, contaron los habitantes de la zona.
Ávila también explica que todas las personas tienen el derecho a la legítima defensa, la cual debe ser necesaria y proporcional, equivalente a la agresión que se recibe. Es decir, los funcionarios tienen que repeler el ataque de manera proporcional y suficiente, basándose en un principio de necesidad y progresividad. “En un enfrentamiento siempre resultan las dos partes, al menos afectadas, y en ninguno de estos casos se reportan funcionarios heridos, eso demuestra un uso desproporcionado de la fuerza y que no se aplica la legítima defensa”, agregó.
Víctimas colaterales
Los familiares de Rodolfo Silva supieron del fallecimiento al enterarse que estaba en el Hospital de Coche gracias a un amigo que lo reconoció, nunca les precisaron qué había sucedido o quién lo había trasladado. Al momento de poner la denuncia, para retirar el cuerpo, tampoco tuvieron respuesta sobre el caso. “En el papel pusieron que era la Policía Nacional Bolivariana, pero nadie nos dice nada”, comentó una mujer cercana a Silva quien prefirió resguardar su nombre.
Según las cifras recientes de Cofavic, 72% de las personas que denuncian los hechos son del sexo femenino, quienes también son reconocidas como víctimas (madres, hermanas y abuelas), además, en la mayoría de los casos la víctima asesinada representaba el principal o único sostén económico del hogar. Según los datos que Monitor de Víctimas recogió, del total de los casos, 84 eran padres y solo dos tenían hijos mayores de 18 años.
En solo tres meses Monitor de Víctimas registró que 15 de las víctimas en manos de los cuerpos policiales eran menores de edad, un número menor al estimado por mes según las cifras de Cecodap en 2016. Según la organización, de 1.150 casos de homicidios de niños y adolescentes 408 fallecieron a manos de los cuerpos de seguridad del Estado, siendo al menos 61 las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Monitor de Víctimas también constató que de los 246 casos de muertes por fuerzas del Estado, 51 de los entrevistados están entre madres, esposas y hermanas, representando las progenitoras el 10%.
Otros delitos
De total de casos cometidos por efectivos policiales, al menos 10 están relacionados con móviles como robo, ajuste de cuenta o violencia política.
Mármol García manifiesta que el sin sabor de los venezolanos ante las autoridades es evidente. Explica que estamos en una etapa donde la población no confía en las instituciones, en los funcionarios ni en la administración de justicia. Considera que en algunos casos para la sociedad está bien visto que la policía castigue a un delincuente atroz, pero señala que el país debe asumir si quiere una administración garantista o inquisitiva.
Estudios sobre la percepción de la seguridad realizados por el Observatorio Venezolano de Violencia señalan, en su informe de 2016, que “menos del 10% de la población considera como buenos o confiables a los policías, los tribunales o las penitenciarías”.
“Estamos en un país que se primitivizó, es factible que los hombres de uniforme desvíen su conducta. Son muchos los casos de funcionarios que se prestaron para cometer delitos”, señaló Mármol García.
