Claudia Smolansky, autor en Runrun

Claudia Smolansky

#MonitorDeVíctimas | Familiares denuncian que FAES mató a joven con discapacidad en Petare
De acuerdo con Monitor de Víctimas, 256 personas murieron a manos de las FAES en Caracas en el 2018. Las ejecuciones se convirtieron en el móvil más frecuente de los homicidios el año pasado.

ANDREA, LA PRIMA DE DARWIN GUEVARA, describe un rol que le ha tocado asumir a algunas mujeres que viven en los barrios de la capital: el de protectoras de sus parejas. “Los abrazamos. Nos guindamos encima de ellos para que no los maten. Pero no sirve de nada, a nosotras también nos golpean”, cuenta.

Andrea se refiere a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) que, para ella, ha sido “el peor cuerpo policial que el gobierno de Nicolás Maduro ha creado”.

Su primo Darwin, de 21 años, fue víctima de este organismo adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el pasado lunes 27 de mayo a las 9:30 a. m. El joven estaba caminando junto con su novia hacia un abasto cerca de su casa, en el barrio Maca de Petare, en el callejón Las Margaritas, para comprar unas frutas para el desayuno. Fue en ese trayecto que funcionarios de las FAES aparecieron y los golpearon. La novia de Darwin intentó protegerlo. Ella, al igual que Andrea, sabe que las FAES llegan a los barrios a “matar hombres inocentes”. Pero entre las amenazas con armas y los golpes, su intención fue aplacada.

“Se lo arrebataron de los brazos. Se lo llevaron a la siguiente esquina y lo mataron con tiros en el pecho”, cuenta Andrea, nombre ficticio para resguardar la identidad. Darwin Guevara era una persona con discapacidad. Tenía trastorno de aprendizaje y estaba medicado, ya que sus allegados cuentan que era un individuo nervioso. Su misma condición lo limitó para culminar los estudios. Cursó hasta 6to grado. Años después comenzó a trabajar como albañil, jardinero o lo que “le saliera”. Era el menor de tres hermanos y vivía con ellos y su madre.

Andrea cuenta que no es la primera vez que las FAES llega a La Maca. Por ese motivo, se mudó junto con su familia hacia el centro de Caracas. En el presente vive por Capitolio.

“Las FAES tienen luz verde para matar y no piensan en los dolientes de las víctimas. Somos muchas que queremos defender a nuestros hombres pero nos golpean, nos jalan por el cabello, nos dicen ‘maldita’ y otros insultos”, explica.

A la novia de Darwin le dijeron que próximamente habría más «féminas» en los operativos de las FAES para “controlar” a las madres, hermanas y esposas de los “hombres solicitados”. Antes de que los funcionarios accionaran sus armas, golpearon al joven hasta dejarlo con apenas dos dientes, cuenta su prima, luego de realizar el reconocimiento del cadáver.

De acuerdo al reciente informe de Monitor de Víctimas, 256 personas murieron a manos de las FAES en Caracas en el 2018. Las ejecuciones se convirtieron en el móvil más frecuente de los homicidios el año pasado, 601 personas murieron a manos de los cuerpos de seguridad del Estado, lo que representa 44 %, considerando que registraron 1364 asesinatos. Además, alertaron que las FAES estuvo involucrado en 44 homicidios múltiples, de los cuales 11 fueron masacres, dejando, al menos, cuatro víctimas.

Por otro lado, indicaron que la tasa de personas muertas a manos de los uniformados es de 18,2 civiles por cada 100.000 habitantes en Caracas, es decir, 440 de cada 1000 homicidios sucedidos en la capital fueron cometidos por funcionarios. Hace dos semanas, entre el 13 y 14 de mayo, al menos nueve personas murieron en operativos de las FAES y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en Caracas. Todas las víctimas eran hombres menores de 35 años de edad y clase baja.

#MonitorDeVíctimas | Rodolfo Álvarez era jubilado y murió mientras escapaba de las bombas lacrimógenas el 1º de mayo
Rodolfo Álvarez corría para escapar de los gases, se tropezó con una acera y cayó sobre un tubo que le partió la tráquea. Seis personas murieron entre el 30 de abril y 2 de mayo en contexto de manifestación. Tres de ellos eran menores de edad

 

RODOLFO ÁLVAREZ ASPIRABA PUBLICAR UN LIBRO  sobre las especies marinas de Venezuela. Por más de 30 años trabajó en el Instituto de la Pesca y Acuicultura (Insopesca), donde se dedicó a documentar distintos ejemplares acuáticos.

No obstante, tantos años como empleado público no le fueron remunerados de forma suficiente en su jubilación. A sus 64 años, dependía económicamente de su hija Catherine, de 26 años, quien vive en Irlanda. Por esta y otras razones Rodolfo como otros centenares de empleados públicos manifestaba el 1° de mayo, Día del Trabajador, respondiendo al llamado de quien se proclamó como presidente encargado de la República, Juan Guaidó.

A las 2:00 pm, Rodolfo estaba junto a su hermano, Luis Álvarez y su sobrina de 15 años en la Avenida Victoria, protestando de manera pacífica, de acuerdo a vecinos que participaron en la jornada de ese día. Pero funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) dispersaron la concentración con bombas lacrimógenas. Mientras Rodolfo corría hacia la Calle Colombia para escapar de los gases, se tropezó con una acera y cayó sobre un tubo que le partió la tráquea.

“¿Cuál es la labor de la policía?”, se pregunta Luis Álvarez, “se supone que proteger a los ciudadanos”, acota. Sin embargo, cuenta que eso no ocurrió el 1° de mayo en la Avenida Victoria. Luego de que su hermano resultó herido, los funcionarios continuaban reprimiendo y no prestaron auxilio a Rodolfo y otros heridos. Quince minutos después del incidente fue que Luis pudo llevar a su hermano hasta el Hospital Universitario. Al poco tiempo, Rodolfo Álvarez murió por un derrame interno.

“No hay nada que justifique la arremetida desmedida de los efectivos de seguridad”, expresó Luis Álvarez.

Rodolfo vivía con su esposa en Punto Fijo, estado Falcón. En enero se mudó a Caracas para atender a su mamá, quien está en condiciones complicadas de salud. Distintos vecinos se aglomeraron la mañana de este sábado 5 de mayo para recordar a Rodolfo. En la Calle Colombia dibujaron la silueta de un hombre y lo acompañaron con una escrito en el que se lee “Insigne empleado público que pidió libertad”.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, lideró la actividad de esta mañana y calificó de criminal la actuación de la PNB.  “Solo entre el 30 de abril y 1° de mayo, parroquias como La Candelaria, San Pedro, La Vega, El Paraíso, San Juan o El Recreo, han sido víctimas de una represión brutal por parte de escuadrones de la muerte de la tiranía. Esos miles de dólares con que compraron balas y gases, se pudieron invertir en medicinas o comida para el pueblo que se muere de hambre”, dijo.

Por otro lado, el también integrante de la Plataforma de Conflicto del Frente Amplio Venezuela Libre señaló que Nicolás Maduro está tratando de “parar a plomo limpio” la “rebelión popular” que se ha desarrollado en distintos barrios de la capital. “Sea a través de cuerpos de seguridad del Estado o colectivos armados la tiranía busca sembrar el terror en la población”, acotó.

La mayoría de los asistentes de esta mañana eran personas de la tercera edad, quienes expresaban que querían una Venezuela libre y sin violencia. “El mejor homenaje que podemos darle a Rodolfo es que dejemos el miedo atrás. Seguimos en las calles”, dijo una vecina.

A finales del año pasado Rodolfo conoció a su primera nieta. Pasó las navidades con ella y su hijo mayor Kevin en San Cristóbal, estado Táchira. Luis Álvarez cuenta que otro motivo por el que protestaron ese día fue para exigir un futuro digno para sus hijos y nietos.

Entre el 30 de abril y 2 de mayo de este año, seis personas murieron en contexto de protesta por el uso abusivo de los cuerpos de seguridad del Estado, de acuerdo al Observatorio de Conflictividad Social (Ovcs) y Provea. Tres de ellos eran menores de edad. Las muertes ocurrieron en Miranda, Distrito Capital, Mérida y Aragua. Estas muertes se suman a las 53 que han documentado las organizaciones a lo largo de 2019, es decir, en total, 59 venezolanos perdieron la vida mientras protestaban de manera pacífica.

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#Monitor de Víctimas ǀ “Las FAES mataron a mi primo y a su hermana la tuvieron como rehén”
607 personas murieron a manos de los cuerpos de seguridad en Caracas en el 2018. Más de la mitad (58 %) fue por el accionar de la Policía Nacional Bolivariana y sus Fuerzas de Acciones Especiales

 

 

EL PASADO VIERNES 12 DE ABRIL, a las 4:30 p. m., los hermanos María Angélica, de 16 años, y Robert Rondón, de 18, caminaban por el barrio Santa Cruz del Este, ubicado en las Minas de Baruta, para llegar hasta casa de su abuela. En mitad del camino, en una de las calles, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) los sorprendieron.

A Robert le quitaron la camisa e inmediatamente le dispararon dos tiros en el pecho en presencia de su hermana, a quien luego empujaron, lanzaron al piso y le dispararon a los pies para asustarla. Después, la llevaron hasta una casa cercana y la encerraron. “Ella era como un rehén. La tenían secuestrada”, cuenta la prima de los hermanos, Jackeline Rondón.

Seguidamente se llevan a Robert y le disparan por tercera vez en la clavícula mientras lo trasladaban al hospital Domingo Luciani. Este tiro le ocasionó la muerte, explica Jackeline, a quien le informaron que el joven había llegado sin signos vitales al centro hospitalario.

Hasta la 1:30 a. m. permanecieron los efectivos en el barrio Santa Cruz del Este. María Angélica, en su desesperación por ir al hospital y ver a su hermano, decidió fugarse de la casa a las 9:30 p. m. Esta familia es oriunda de Anaco, estado Anzoátegui. Los hermanos junto con su madre se habían mudado hace cuatro meses a Caracas y vivían en uno de los caseríos por la autopista Prados del Este, a la altura del distribuidor Santa Fe.

Los dos días anteriores a los hechos, las FAES habían estado en la zona. Allanaron algunas casas. De hecho, fueron a casa de mi comadre y los policías mandaban a callar a la gente con la pistola en la boca, dijo Jackeline.

Robert era estudiante en un parasistema. Su prima, Jackeline, dice que las FAES, que ella considera un grupo de “exterminio”, no le interesa si hay menores de edad en los hogares o mujeres al momento de realizar sus ejecuciones.

“Me sacaron del cuarto con mis dos niñas”

La madrugada del viernes 12 de abril también murió Roberto Pizzerno, de 23 años, a manos de este cuerpo de seguridad. El hecho ocurrió a las 3:30 a. m. en el antiguo Motel Valle Fresco, ubicado en Filas de Mariche, y que en el presente funciona como un refugio ilegal para al menos 53 familias.

“Patearon la puerta, me pegaron y me sacaron del cuarto con mis dos niñas pequeñas. A él le metieron una media en la boca para que no gritara, cuenta la esposa de Robert, Gabriela. Minutos después oyó dos detonaciones.

Robert era el sostén del hogar. Trabajaba como motaxista. Deja a dos hijas de 6 y 7 años. Gabriela cuenta que hace dos semanas las FAES llegaron al sitio y allanaron dos habitaciones.

De acuerdo con Monitor de Víctimas, 607 personas murieron a manos de los cuerpos de seguridad en Caracas en el 2018, Más de la mitad (58 %) fueron por el accionar de la Policía Nacional Bolivariana y sus Fuerzas de Acciones Especiales. Cinco de cada diez eran jóvenes menores de 25 años y 41 % de los casos ocurrieron en las viviendas de las víctimas.

 

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#MonitordeVíctimas | Robaron y mataron a un funcionario de Polichacao en La Dolorita

JUAN DE LA CRUZ CARVAJAL tenía más de 20 años trabajando como funcionario policial, específicamente, en organismos municipales. Primero, fue efectivo de la Policía de Baruta (Polibaruta) y luego de la Policía de Chacao (Polichacao). En este último cuerpo tenía el cargo de supervisor en jefe.

“Fue asesinado de dos disparos en la cabeza en la puerta de su casa en La Dolorita”, informó el alcalde de Chacao, Gustavo Duque. Carvajal tenía 51 años. Estaba en camino a su casa en La Dolorita, Petare a las 8:00 p. m. del pasado martes 2 de abril cuando un grupo de delincuentes lo mataron con dos tiros en el cráneo, luego de robarle su arma de reglamento y dos cargadores.

Lamentamos profundamente el asesinato del querido Carvajal, funcionario respetado y querido por sus compañeros, especialmente por nuestros vecinos, con quien tenía una cercanía muy grande y una gran vocación de servicio. Estamos prestando todo el apoyo a sus familiares”, acotó Duque.

Carvajal era oriundo de Maturín en el estado Monagas, dejo huérfanos a cuatro hijos (3 varones y 1 hembra) y estaba haciendo un postgrado en criminalistica según expuso su viuda, Mirla Bonilla de Carvajal. “El comenzó su carrera cuando tenía 17 años como Guardia Nacional y luego fue pasando a varias policías. No es justo que maten a alguien por el simple hecho de quitarle un arma”, dijo. Agregó que Carvajal no tenía aparentes enemigos y poseía una relación cordial con sus vecinos.

209 policías murieron a manos de la violencia en Venezuela en el 2018 de acuerdo con la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro). Además, en ese mismo año fueron asesinados 54 militares y 3 escoltas. Las policías estadales y municipales fueron las que tuvieron más efectivos caídos con 117 casos, es decir, un 44 % del total. Miranda, Distrito Capital y Aragua fueron los estados en los que se presentó la mayoría de los homicidios. En Aragua fueron 45, en Miranda 43, mientras que en Caracas se registraron 31 asesinatos.

Por otro lado, Fundepro señaló que la mayoría de los funcionarios caídos el año pasado no estaban en franco de servicio, de hecho, solo 76 estaban en sus labores. El resto (71 %) no estaban uniformados, como fue el caso de Carvajal, quien deja a tres hijos: dos de ellos mayores de edad —que tienen 28 y 18 años— y un adolescente de 16 años.

En los últimos seis años de la gestión de Nicolás Maduro, Fundepro registró 1966 funcionarios caídos por la violencia.

Muere vigilante de 50 años por una bala perdida en la Cota 905

JUAN CARLOS RETERSILLO TENÍA 50 años de edad y era el sostén económico de su hogar, pero la delincuencia en una de las capitales más violentas del mundo acabó con su vida el pasado sábado 30 de marzo. La víctima se encontraba en la avenida Guzmán Blanco, adyacente al colegio La Sucre, en la Cota 905, a las 4:30 p.m. cuando ocurrió el hecho.

“Fue a comprar unos tomates para la casa y, en eso, unos niños que volaban papagayos, gritaron que había caído un hombre”, dijo un familiar que prefirió resguardar su identidad. Los vecinos que estaban en el lugar manifestaron que vieron a dos jóvenes en una moto y que “echaron tiros al aire”. Una de esas balas ocasionó la muerte de Juan Carlos, quien era vigilante en el centro comercial Multiplaza Victoria, ubicado en la avenida Nueva Granada.

En los últimos seis meses, entre septiembre de 2018 y febrero de este año, 16 venezolanos murieron en línea de fuego o por una bala perdida en Distrito Capital y Miranda, de acuerdo con cifras de Monitor de Víctimas.

“Él nació, se crió y vivió aquí toda su vida. No tenía problema con nadie. Es de esas tragedias que ocurren y no tienen explicación”, agregó el familiar. Al mismo tiempo señaló que, a su juicio, la violencia en la Cota 905, ha disminuido. “No sabemos. Pero no hay operativos policiales, ni ajusticiamientos. Los malandros también están tranquilos”, comentó.

La Cota 905 es una de las zonas más peligrosas en Caracas. El 25 de agosto de 2017 fue declarada por el Gobierno como “zona de paz”, lo que implicaba que funcionarios policiales no podían ingresar a la localidad a realizar operativos a cambio de que los delincuentes de la zona no cometieran crímenes. No obstante, quince días después del acuerdo, fue asesinado un joven prospecto del baloncesto, secuestraron a un empleado de la Embajada de Estados Unidos y, posteriormente, al hijo de un general de la Guardia Nacional Bolivariana.

Juan Carlos Retersillo vivía en el barrio San Miguel de la Cota 905 junto con su mamá y su hermana. Deja a una hija de 29 años. Monitor de Víctimas registró 47 homicidios en la Cota 905 entre julio de 2017 y febrero 2019.

#MonitordeVíctimas | Siete personas murieron en operativos de las FAES en los últimos once días de marzo

 

CALCINADO Y SIN MANOS. Así encontraron a Roney Muñoz, de 27 años, en el sector Paulo Sexto de Petare. Los familiares denuncian como responsables a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), al Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas (Cicpc) y a la Policía Municipal de Sucre (PoliSucre). “Se lo llevaron y lo desaparecieron”, dijo Olga Díaz, tía del joven, quien era ingeniero civil.

De acuerdo a los familiares y vecinos, Muñoz fue detenido por efectivos de distintos cuerpos policiales la noche del lunes 18 de marzo mientras caminaba hacia la casa de su ex pareja para llevarle comida a sus tres hijos en el Barrio Bolívar de Petare, sector El Tanque. Desde esa fecha sus allegados no supieron nada de él. Las autoridades policiales a las que acudieron tampoco le daban respuestas. Fue el viernes 29 de marzo que finalmente identificaron el cadáver en la morgue de Bello Monte.

La autopsia reveló que la causa de muerte fue una fractura de cráneo. “Lo torturaron antes de quemarlo”, apuntó una prima. Muñoz vivía en Bogotá, Colombia, desde enero del año pasado. Regresó a Venezuela en diciembre de pero con intenciones de volver pronto al país vecino. Su vivienda en Caracas se ubicaba en el barrio 24 de marzo de Petare, sector La Bombilla.

“En el barrio no todo el mundo es delincuente”, dice Olga Díaz. Además, explica que la presencia de las FAES en el barrio es frecuente. “Te matan, te roban. Los niños lloran cada vez que llegan”, agrega.

A Muñoz lo encontraron al lado de una quebrada. Los cuerpos de seguridad le informaron a los familiares que el joven estaba bajo unos cauchos y troncos de árboles. Sin embargo, se quejan por la falta de atención y trabajo por parte de los organismos correspondientes. “Nos ignoraron. Aquí todos son cómplices. Guardaron silencio por dos semanas. Ya basta que maten a inocentes”, comentó Díaz.

 

FAES también actúa entre apagones y oscuridad

En la madrugada del jueves 28 de marzo no había luz en San Agustín del Sur, en el sector El Manguito. A la 1:00 am funcionarios del FAES aparecieron en esta zona en la casa de los hermanos Luis Miguel Hurtado, de 24 años y Luis Daniel Hurtado, de 22 años, según el tío de los jóvenes, Wilfrido Noguera.

“Los agarraron y aparecieron muertos”, dijo Noguera. Al poco tiempo les informaron que los cuerpos habían sido trasladados al hospital Miguel Pérez Carreño, ubicado en La Yaguara. Luis Daniel, quien tenía tres hijos menores de edad, recibió un disparo en la cabeza. Su hermano, Luis Miguel tenía un hijo y murió tras un impacto de bala en el pecho.

Al día siguiente de la muerte de los hermanos Hurtado, otro joven murió a manos de las FAES en Caracas. Se trata de Denny Fernández, de 26 años. Su pareja, Carmen Salcedo, cuenta que al menos 20 efectivos aparecieron en su casa en Nuevo Horizonte, Catia, la mañana del viernes 29 de marzo.

“Allanaron varias casas. Luego llegaron a la nuestra, interrogaron a Denny y se fueron. Pero a los minutos, volvieron, le quitaron a la bebé de sus brazos y se lo llevaron”, detalló.

Denny y Carmen tienen una niña de cuatro meses. La víctima era comerciante. Se dedicaba a la venta de dulces en la avenida Sucre de Catia.

“Fui a la sede de las FAES en Propatria y me dijeron que había muerto un hombre durante uno de sus operativos”, comentó Salcedo. Al recibir la información, se dirigió al Hospital de Los Magallanes de Catia. Su novio ya estaba muerto. “Una enfermera me dijo que lo dejaron desangrar. Él llego con signos vitales. Todavía movía los pies”, agregó. Denny recibió dos impactos de bala: uno en el estómago y otro en el pecho.

De acuerdo a cifras de Monitor de Víctimas, entre enero y febrero de este año, 56 personas murieron por el accionar de las FAES en Distrito Capital y Miranda. Por otro lado, Provea contabilizó 205 víctimas de este cuerpo de seguridad adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Con estos casos, Cronica.Uno suma un registro de siete muertes por las FAES en los últimos once días del mes pasado, entre el 18 de marzo y 29 de marzo. Las otras tres corresponden a la de un adolescente de 15 años y su padre que, según sus familiares, los propios efectivos los disfrazaron de policías, los trasladaron hasta un monte y los mataron.

Por otro lado, Duber Colmenares, un hombre también joven, de 23 años, falleció el pasado 25 de marzo durante un “operativo” de las FAES. Así lo denunció su hermana, Luzber Colmenares. El hecho ocurrió en la avenida San Martín, en un hotel ubicado entre Garita y Pescador, en la Parroquia San Juan.

“Llegaron hasta su habitación. A la esposa, quien tenía a la niña en sus brazos la apuntaron y la obligaron a salir del cuarto. A los minutos, escuchó los disparos. Ellos siempre dicen que es enfrentamiento y todos sabemos que es mentira”, concluyó Colmenares.

#MonitorDeVíctimas | Cuatro caraqueños murieron en operativos de las FAES el 4-F
En El Paraíso y Gramoven, el cuerpo élite de la PNB penetró en las viviendas de las víctimas que se encontraban desarmadas y simuló dos enfrentamientos

 

Claudia Smolansky @clausmolansky

Francisco Zambrano @franzambranor

Fotografías: Carlos Ramírez / Crónica Uno

LA ARREMETIDA DE LAS FUERZAS de Acciones Especiales (FAES) en sectores populares de la capital no ha cesado, así lo denuncian familiares de las víctimas. A inicios de esta semana, el lunes 4 de febrero, al menos cuatro personas murieron en Distrito Capital en manos de este cuerpo adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que en enero de este año dejó más de 25 muertos, de acuerdo a un registro de Crónica Uno y Provea.

El lunes 4 de febrero, a las 6:00 am, efectivos de las FAES aparecieron en uno de los edificios de la Misión Vivienda en La Paz, a la altura del Los Leones. Los vecinos aseguran que es primera vez que estos funcionarios se presentan en este urbanismo. “Habíamos escuchado de ellos, más nada”, dice Leidy,  prima de Yoander Coronel, uno de los jóvenes que murió ese día durante el “operativo especial”.

Yoander tenía 22 años y trabajaba en un supermercado en El Paraíso. En esa mañana del 4 de febrero se encontraba en casa de un amigo, Gleybert Bolívar, quien tenía 19 años y también vivía en ese mismo urbanismo. Ambos murieron bajo las armas de las FAES, de acuerdo a los familiares.

Las FAES alegaron ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que los hechos ocurrieron debido a un presunto enfrentamiento. No obstante, los familiares de las víctimas aseveran que ninguno estaba armado. Leidy acotó que su primo Yoander murió tras un solo impacto de bala en el tórax.

Ese mismo lunes hubo otro despliegue de las FAES en Gramoven, Catia, en el sector Las 3 Puyas. “¿Cómo es eso que ellos siempre hacen lo que hacen y después dicen que es enfrentamiento? Cuando en el caso de mi sobrino solo se escucharon dos detonaciones. Cuando es enfrentamiento, las personas corren, disparan. Pero con estos encapuchados nunca es así”, dijo Isabel, tía de Rainiel Romero Negrín, quien murió tras dos disparos en tórax ejecutados por funcionarios de las FAES.

Rainiel tenía 18 años, era albañil y mecánico. Trabajaba allí en Catia. “Lo conocían en el barrio. Cualquier trabajito que le salía, lo agarraba”, cuenta su papá. Rainiel vivía con su suegra, pareja, cuñada y su sobrina de dos años. Estas últimas dos eran las que estaban junto a él en la casa cuando llegaron los oficiales.

“Sacaron a la niña y a su cuñada de la casa. A los pocos minutos se escucharon las detonaciones”, dijo Isabel.

Isabel vive en Charallave. Allá también ha presenciado estos operativos de las FAES. “He visto cómo entran a las casas, explotan los bombillos para que el lugar quede totalmente a oscuras y luego, como siempre, se escuchan una o dos detonaciones. Sus disparos siempre son específicos. Eso no ocurre tras un enfrentamiento, por eso me parece ilógico que sigan repitiendo ese argumento”, agregó Isabel.

Según Isabel, Rainiel no había tenido problemas con las autoridades ni tampoco había estado preso. “Yo solo sé que tengo que tener miedo cuando veo a esos tipos vestidos de negro y encapuchados”, comentó.

Otro caso que registró Crónica Uno fue el de Freider Toro, de 22 años. En horas de la mañana, efectivos de las FAES aparecieron en su casa, en la carretera Vieja Caracas-Los Teques, en el sector El Guanábano, donde vivía con su madre. Allí le dispararon. El joven estaba desempleado y se encontraba bajo régimen de presentación tras haber estado unos meses detenido.

Provea registró 205 muertes por las acciones de las FAES en el 2018, la mayoría en las zonas más pobres del país. Los estados con los índices más altos de víctimas fueron Lara con 72 fallecidos y Distrito Capital con 64. Los coordinadores de esta organización, Rafael Uzcátegui y Marino Alvarado, han alertado sobre la alta letalidad de este cuerpo, así como el uso desproporcionado de la fuerza.

En enero de este año contabilizaron ocho muertes entre Lara, Distrito Capital y Bolívar que, de acuerdo a la organización, fueron venezolanos que persiguieron y reprimieron luego de responder al llamado opositor en las calles, el 23 de enero, para exigir el cese de usurpación de Nicolás Maduro y elecciones libres.

Según datos de Monitor de Víctimas, 51 personas fueron asesinadas en la parroquia El Paraíso, municipio Libertador, en 2018, 10% dentro de una vivienda. Más del 80% de los ajusticiamientos en 2018 fueron responsabilidad de cuerpos de seguridad del Estado.

Vino de Colombia y lo mataron

Ricardo Cacique vivía en Colombia y vino a Venezuela en diciembre de 2018 a pasar las Navidades. Este lunes su cadáver fue hallado con impactos de bala en el sector de El Cementerio, municipio Libertador. Familiares informaron que desconocen la hora del hecho, quién puede ser el homicida y qué lo motivó a cometer el crimen.

Cacique tenía 26 años y se desempeñaba en el vecino país como barbero.

 

 

#MonitorDeVíctimas | Provea denuncia que 8 personas han sido ejecutadas por las FAES tras las protestas

JULIÁN DICE QUE EN LA VEGA quedan pocos chavistas. También dice que la gente está cansada de no tener agua en sus casas. Por lo menos, más de tres meses tiene esta comunidad sin una gota de agua. Julián tiene 29 años y está frustrado por la crisis del país. Así como lo estaba su amigo, Yohni Godoy, también de 29. Ambos eran comerciantes. Solían viajar a Ecuador para vender miel y otros productos, pero les dejó de ser rentable en un país en el que la hiperinflación superó el 1.750.000 % en el 2018, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por esas frustraciones decidieron responder al llamado opositor del 23 de enero para exigir el cese de usurpación de Nicolás Maduro y elecciones libres en las calles. De esa mañana hay un video de Yonhi corriendo por el callejón Barinas, en la Vega, justo en la entrada de su casa, mientras gritaba: ¡Libertad! En ese mismo callejón, dos mañanas después, apareció las FAES.

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) es un cuerpo adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y, aunque no es un organismo responsable de la gestión del orden público, ha sido el principal cuerpo represor durante las protestas de 2019, de acuerdo al Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y Foro Penal.

El director de Provea, Rafael Uzcátegui, denunció que al menos ocho personas han sido ejecutadas luego de participar en manifestaciones pacíficas. “Cuando finaliza la protesta, ubican y ajustician a las personas” acotó. Una de ellas fue Yohni.

“Nos enteramos que las FAES habían llegado y todos nos escondimos. Sabemos que ellos vienen a matar. Llamamos a Yohni y él dijo que se iba a quedar en su casa tranquilo”, contó Julián.

Según él, los funcionarios de las FAES llegaron a La Vega enseñando las fotografías de los jóvenes que habían participado en las protestas. Estos dos amigos tenían planes de emigrar a Ecuador aunque con ansias de que la situación en el país mejorara.

Las FAES le propinó dos tiros en el abdomen a Yohni, ocasionándole una muerte instantánea. “Hicieron el parapeto que siempre hacen. Echando tiros y simulando que hubo enfrentamiento”, acotó Julián.

Yohni iba a ser papá. En Ecuador pensaba encontrar una mejor calidad de vida para su pareja, quien tiene seis meses de embarazo. De su casa se robaron todo: comida, ropa. “Dejaron una bolsita de lentejas”, dice una prima.

“Las FAES son la muestra del desprecio que tiene Maduro contra los pobres. También demuestra el desprecio y lo poco que le importa la vida de los venezolanos. Solo busca sembrar terror. Estamos hablando de tipos encapuchados que llegan con armas de guerra a los barrios”, dijo el coordinador de investigación de Provea, Marino Alvarado.

Pero la gente en La Vega no tiene terror. Lo contrario. Los familiares y amigos de Yohni comentan que ahora tienen más razones para seguir protestando. “Vamos a ver si se atreven a matarnos a todos”, comentó la prima.

Los vecinos del callejón Barinas, que también fueron amenazados por las FAES, escuchaban a Yohni suplicar y exclamar: “Voy a tener un hijo, no me maten”.

Este cuerpo de acciones especiales, creado por Nicolás Maduro el 14 de julio de 2017,  como dice su nombre, se ocupa de misiones especiales que atenten contra la seguridad de la nación. La tarde de este 29 de enero, la Asamblea Nacional (AN) presentó un acuerdo de rechazo a las agresiones y represiones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado hacia el pueblo venezolano. Además, se instó a la Comisión de Política Interior investigar los hechos para que culmine en la determinación de responsabilidad a funcionarios, fiscales, jueces y en general, a la identificación de todos los operadores del sistema de justicia que hayan actuado en contravención a la Constitución, las leyes de la República.

“El pobre en su choza libertad pidió, reza nuestro himno. A ese pobre que grita libertad los están reprimiendo y encarcelando, en su mayoría, funcionarios encapuchados. Pero a los no encapuchados, Rafael Bastardo, director de las FAES y Alfredo Pérez Ampeuda, jefe de la PNB, sepan que les llegará justicia. Ustedes no gozarán de garantías ni ley de amnistía”, dijo la diputada y vicepresidente Comité de Derechos Humanos de Parlamentarios Unión Interparlamentaria Mundial, Delsa Solórzano.

Por su parte, Uzcátegui, apuntó que Maduro se consolida como un “traficante de dolor”. A los familiares de las víctimas no les quieren entregar los cuerpos y, Solórzano acotó que en las morgues estaban cambiando las autopsias para alterar las causas de muerte.

Yoandri es otra de estas ocho víctimas de ejecuciones. La mañana del 24 enero, luego de que la comunidad del barrio José Félix Ribas manifestara toda la noche anterior, las FAES llego y ocupó desde la zona 6 hasta la 10. Allanaron hogares, detuvieron a adolescentes y mataron a Yoandri. “Él estaba subiendo en su moto, lo llamaron, se devolvió y lo asesinaron”, cuenta su mamá. Yoandri recibió dos impactos de bala en el corazón.

Las FAES continuó el resto de la semana amedrentando a la comunidad. La mañana del domingo, mientras la mamá de Yoandri estaba de luto y resolvía cómo costear los gastos de sepelio de su hijo, los funcionarios la obligaron a abrir las puertas de su casa porque querían realizar otra pesquisa. “Ya lo mataron, déjenos en paz”, les decía. El sobrino de Yoandri, de dos años, también los botó de la casa. “Váyanse, váyanse, mataron a papi”, gritaba el menor.