Fabiana Crisci

607 personas murieron a manos de los cuerpos de seguridad en Caracas, de los cuales 58% fueron asesinados por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). 5 de cada 10 eran jóvenes menores de 25 años y 41% de los casos ocurrieron dentro de sus vivienda, según registros de Monitor de Víctimas

@fabicrisci17

DANNYS OROPEZA TENÍA 18 AÑOS Y ERA BACHILLER, vivía con su familia paterna. Su tía Neida Oropeza lo describe como “moreno, delgado y aficionado al basket”. Fue asesinado en el sector San Andrés de El Valle, municipio Libertador, en un operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.

El joven salía de casa de la familia de su madre cuando los perros comenzaron a ladrar: Había llegado la FAES. “Su abuela vio pasar a los funcionarios y al momento se escuchó la explosión. Dicen que cuando él estaba terminando de subir las escaleras de la vereda, la policía lo detuvo. Luego supimos que estaba muerto”, contó Oropeza. El cuerpo de Dannys tenía 10 disparos. “Nosotros no teníamos por qué temer cuando habían explosiones o tiros; mi sobrino no estaba en nada malo ni había estado preso.”

Según las subcategorías de violencia policial registradas por Monitor de Víctimas -ejecuciones y resistencia a la autoridad- fueron registradas 568 víctimas, mientras que con otros delitos cometidos por los funcionarios suman 607 personas que murieron a manos de los cuerpos de seguridad en Caracas en 2018, lo que representa la mitad del total de los 1.371 homicidios que ocurrieron en el Distrito Capital de Venezuela ese año. Esto significa que hubo un aumento 48% respecto a 2017, cuando las policías mataron a 409 personas. Incluso en el segundo semestre de 2018 el incremento fue de 61% con respecto al segundo semestre de 2017.

El promedio de edad de las víctimas fue de 24 años. Cinco de cada 10 personas muertas eran menores de 25 años, y 35 víctimas eran menores de edad. 12% de estos jóvenes eran estudiante, 16% estaba desempleado y 22% trabajaba en la construcción. El resto se dedicaba al comercio informal, trabajos de mototaxi, barbería y mecánica.

Estigmatización social: jóvenes, morenos y de bajos recursos

La tarde del 2 de agosto una comisión del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalística (CICPC) entró por la parte trasera de la casa de Lewis Reyes, en el sector González Cabrera de El Junquito, en el municipio Libertador. Lo desnudaron y lo golpearon en el pecho. Los funcionarios sacaron a su novia de la casa y los vecinos se empezaron a concentrar afuera, desde la calle vieron cómo los funcionarios lo arrodillaron y golpearon en el interior de la casa. Después oyeron los disparos.

Los vecinos grabaron videos y tomaron fotos del momento, pero los funcionarios los obligaron a borrarlos. “La policía llegó sin una orden y la gente quiso ayudar porque mi nieto era muy querido en la zona, pero no lo permitieron, incluso, a un muchacho hasta lo detuvieron”, contó su abuela, Elsy Laguna. Lewis estaba en régimen de presentación desde hacía cuatro meses, había estado preso por tenencia ilegal de una arma.

Lewis Reyes era uno de los 23 jóvenes, menores de 25 años, que estaban estudiando y fueron asesinados por la policía en Caracas. A sus 22 años estaba terminando el bachillerato. Su madre había emigrado con el hijo más pequeño, y él vivía con su novia y su hermana mayor.

La socióloga Verónica Zubillaga explica que la escalada de violencia en los últimos años se le puede atribuir al lanzamiento en 2009 de “una nueva etapa de operativos militarizados que abrió paso a una práctica de matanza extralegal». Así lo asegura su artículo “Del punitivismo carcelario a la matanza sistemática”, publicado en junio de 2018 en la Revista M de Río de Janeiro.

La académica agrega que estos modelos se han convertido en una forma de control sobre los sectores populares y una estrategia para mantener la hegemonía del poder, ubicando al Estado como un actor fundamental de la violencia en el país.

En el ensayo se documentan los testimonios de violencia policial hacia hombres jóvenes que habitan en barrios caraqueños. Estas muertes revelan una estigmatización social y territorial “centrada en hombres de piel oscura que viven en zonas de bajos ingresos”. Las partes altas de los barrios comenzaron a ser llamados “corredores de la muerte» después que Freddy Bernal, expolicía, exdiputado y excoordinador de la Comisión para la Reforma Policial, utilizara el término.

Las denuncias plasmadas en el artículo de Zubillaga se ven reflejadas, además, en las cifras recabadas por Monitor de Víctimas en 2018 en el Distrito Capital. 66% de las víctimas de homicidio por resistencia a la autoridad y ejecuciones eran de piel morena; en el municipio Libertador 7 de cada 10 homicidios fueron responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado; 32% de los casos de jóvenes menores de 25 años asesinados por la policía ocurrieron en las parroquias Sucre, El Valle y Petare, del municipio Sucre.

Leonardo Silva, líder comunitario de la organización Caracas Mi Convive en Catia, explicó que en la parroquia Sucre “cuando llega la policía todos los vecinos se esconden. Si ven jóvenes entre 18 y 19 años los desnudan y los matan. Aunque no estén al margen de la ley, igual los identifican como delincuentes”.

La policía: El más sofisticado grupo de crimen organizado en Venezuela

Un tiro en la pared le recuerda a Nelly Rivas la muerte de su nieto Adrián. Apenas le avisaron que lo habían matado,  salió a casa de su hija y en el camino vio pasar la furgoneta que llevaba el cuerpo del joven. La madrugada del 21 de septiembre, el CICPC entró a casa de Adrián rompiendo la puerta en Filas de Mariches y lo asesinó frente a su esposa, su hija de tres años y su madre. A su mamá la agredieron verbalmente y la apresaron.

Adrián de Jesús Sanabria tenía 23 años, era moreno, alto, “bien simpático”, contó su abuela. Trabajaba vendiendo frutas con su papá. Lo señalaron de ser miembro de una banda de robo de vehículos, pero Rivas aseguró que nunca había tenido antecedentes penales.

Según los datos recabados por Monitor de Víctimas, 41% de los homicidios cometidos por la policía ocurrieron dentro de las viviendas. Las muertes a manos de los cuerpos policiales en los hogares aumentaron 100% con respecto a 2017. Pero las ejecuciones dentro de las viviendas van acompañadas de violaciones a la propiedad privada por parte de los funcionarios, pues ingresan a las residencias sin una orden judicial, como establece la ley. En la mayoría de los casos destruyen las viviendas, roban y maltratan a los familiares de las víctimas.  

Son recurrentes las denuncias de robos de enseres domésticos y el anonimato con el uso de capuchas, explica Zubillaga en el informe. Este patrón definiría al sector estatal militarizado como «el más sofisticado y poderoso grupo de crimen organizado venezolano en la actualidad».

Los líderes comunitarios de Catia cuentan que las comunidades viven con miedo. “Casi siempre hacen los operativos en la noche y se llevan todo de las casas. Los funcionarios no tienen identificación, llegan con la cara tapada o las máscaras de la muerte”.  

La abuela de Adrián consideró que si su nieto había cometido un delito debían llevarlo preso, no matarlo. “Uno no sabe, pero mi nieto no estaba en nada malo y aquí no hay pena de muerte. Cuando Adrián estaba recién nacido tuvieron un accidente, su hermano mayor murió pero a él no le pasó nada… Imagínese, para que me lo vengan a matar así”, dijo entre lágrimas.

El joven era la fuente principal de ingresos de su hogar, y ahora que no está, entre todos los miembros de su familia están ayudando a su esposa. Nelly Rivas contó que estaba esperando cobrar la pensión para poder comprarle útiles escolares a su bisnieta.

Adrián fue una de las 175 víctimas asesinadas por la policía en 2018 que eran responsables de sus hogares, lo que resulta en 474 personas desamparados económicamente.

434 huérfanos, la cifra de la que nadie habla

Según las estadísticas de Monitor de Víctimas, Adrián Sanabria era también una de las 212 personas asesinadas en 2018 por los cuerpos de seguridad que tenían hijos menores de edad. En 2018, 434 niños y jóvenes perdieron a uno de sus padres.

La hija de tres años de Johan Escorcia también quedó huérfana. Su papá fue víctima de funcionarios de las FAES de la Policía Nacional Bolivariana. El 4 de julio de 2018 los uniformados lo detuvieron, requisaron y dentro de la casa de la casa lo desnudaron y le dispararon.

En la vivienda, ubicada en El Morro de Paulo Sexto en Petare, se encontraba su esposa, su hijastra de siete años y su niña pequeña, quien no deja de repetir cómo fue la muerte de su padre y quién lo hizo. A la familia la sacaron de la casa y luego lo ejecutaron.

“Él no tenía antecedentes ni armas. Cuando nosotros llegamos a su casa nos dijeron que era un allanamiento pero no tenían orden de detención. Si hubiese cometido un delito, tenían que llevárselo preso pero no matarlo. Los funcionarios estaban con  la cara cubierta y una de ellos nos dijo que ya no podía hacerse nada” contó Yuleidis Escorcia, hermana de Johan.

Escorcia es una las 328 víctimas que fueron asesinadas por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el FAES en 2018, organismo responsable de 6 de cada 10 homicidios, siendo el primer victimario entre los cuerpos policiales. 35% es responsabilidad del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalística (CICPC). El porcentaje restante corresponde a policías municipales y Guardia Nacional Bolivariana.

Zubillaga señala que las declaraciones de los funcionarios, plasmadas en el informe, revelan que, más allá de los policías que cometen los homicidios, está «una red de funcionarios y superiores que ignoran, excusan, apoyan e inclusive recompensan estas muertes».

Durante los meses de junio, julio y agosto de 2018 se reportaron 368 casos de homicidio, 22% menos en comparación al mismo período en 2017. El municipio Libertador sigue registrando el mayor número de muertes violentas en el Área Metropolitana de Caracas, durante estos tres meses hubo 269 casos, es decir, que 7 de cada 10 homicidios ocurrió en esta zona.

Del total de muertes, 50% están relacionados con violencia policial. Durante estos tres meses hubo 184 homicidios en manos de la policía, aumentando 15% con respecto a junio, julio y agosto de 2017, en los que Monitor de Víctimas reportó 160 casos. El primer móvil de muerte se debe a ejecuciones. En el trimestre de 2017 hubo 60 casos, mientras que en 2018 se duplicó la cifra para un total de 120 ejecuciones.

En cuanto a las parroquias, Petare es donde se registró mayor número de homicidios en la vía pública concentrando 15% de los casos, 34 muertes violentas. Además, esta parroquia fue la zona más violenta en cuanto a violencia policial, durante estos tres meses 55% de las muertes se le atribuye al Estado.

Otra de las cifras alarmantes son las relacionadas a los jóvenes. Este trimestre se registraron 207 homicidios a personas menores de 30 años, de ellos 28 eran menores de edad. De estos menores, 40% fue asesinado en manos de la policía.

Los bajos salarios y las desigualdades en los ingresos señalan como poco atractiva la carrera policial y conducen a la falta de compromiso y satisfacción laboral, lo que puede asociarse con bajo nivel de desempeño y prácticas deshonestas, explica Luis Gerardo Gabaldón, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. “En el año 2006, el salario de los policías venezolanos apenas superaba el sueldo mínimo en los rangos más bajos: entre US$200 y US$250.”

Los datos recopilados por la plataforma Monitor de Víctimas identifican a la policía como el segundo victimario en los homicidios que suceden en Caracas: 48% de los casos se deben a ejecuciones y resistencia a la autoridad en 16 meses de recolección de datos. Cuando escuchamos el testimonio de familiares de víctimas de la violencia del Estado pareciera que los funcionarios perciben que el costo de cometer un crimen es cercano a cero. Después de México y Perú, quienes tienen un índice de 69% de impunidad, Venezuela figura como el tercer país con los porcentajes más altos en América Latina con 67%. A escala mundial ocupa el sexto lugar.

Esta situación ha incrementado la desconfianza hacia los cuerpos policiales. Según Encovi (2018) 65% de la población desconfía del trabajo de la fuerza pública. Por otro lado, las políticas de seguridad ciudadana se han simplificado en operativos de “mano dura” y el Estado se ha olvidado de ofrecer beneficios económicos y sociales a los funcionarios. Esto los lleva a alejarse cada vez más de su labor de prevenir y combatir el delito para, precisamente, incurrir en estos. El gobierno venezolano también ha hecho a un lado las políticas básicas para lograr la reducción de homicidios: intervención de espacios públicos, inclusión de la ciudadanía, inversión en programas sociales para la prevención de la violencia, y otros.

Políticas para revertir la realidad

En abril de 2018, el medio digital Efecto Cocuyo señaló mediante una investigación que el sueldo de un comisionado de la Policía del municipio Sucre (estado Miranda), con 20 años de carrera policial, un posgrado y una maestría, no superaba los 25 bolívares soberanos (esto era, aproximadamente US$4, que equivalía al precio de medio pollo y un cartón de huevos para la fecha). Es por ello que en muchos casos los funcionarios recurren a prácticas ilegales conocidas como “matraqueo” o prefieren hacer labores como escolta y seguridad privada, dado que no existen los incentivos salariales para permanecer en los cuerpos de seguridad del Estado.

En este contexto se debe incluir la destrucción institucional de la Fiscalía y el sistema judicial, todo esto sumado al debilitamiento de la sociedad civil y su capacidad para hacer contraloría a las acciones de la fuerza pública.

Ante esta realidad, ¿es posible crear políticas públicas viables para revertir el deterioro institucional de la Policía? La respuesta es sí. Un ejemplo de ello ocurrió en el estado de Pernambuco, al noreste de Brasil, que concentra 1% de los homicidios a escala mundial. Entre 2007 y 2013 se llevó a cabo el proyecto Pacto por la Vida, con el cual lograron reducir el número de muertes violentas en 40%, de 4.592 a 3.101.

El programa Pacto por la vida fue creado bajo el mandato del exgobernador brasileño Eduardo Campos, con asesoría del doctor en Sociología José Luiz Ratton. El proyecto se enfocó en la reducción de los homicidios por medio de incentivos económicos a los funcionarios con el objetivo de transformar su actuación. El componente más importante era trabajar en la investigación de los casos, para así aumentar el costo de cometer un crimen.

Luego de diagnosticar el problema, los especialistas hicieron foros en los que se incluyó a la ciudadanía y a distintos movimientos afectados por la violencia. Sus solicitudes se convirtieron en metas; esta fue una característica clave en el modelo.

Sobre esta experiencia, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indicó que las reuniones periódicas con las autoridades y el seguimiento de los objetivos fueron vitales para el proyecto. Por ejemplo, cuando los datos registraban retrasos en las metas, los funcionarios debían dar explicaciones sobre los inconvenientes que lo habían causado. Por cada objetivo principal se evaluaban metas financieras y se establecían sistemas de pago por desempeño, de forma que los salarios de los cuerpos policiales aumentaron significativamente. El BID señala que el gasto en personal creció en 29% en términos reales entre 2008 y 2013.

Prevenir los homicidios  

Uno de los éxitos de Pacto por la Vida fue la reducción de los homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, pues al crearse las bonificaciones los funcionarios se enfocaron en investigar los casos y dejaron de cometer asesinatos en las zonas más vulnerables. Sin embargo, las características de la violencia en Brasil y el no haber trabajado en la prevención de los homicidios afectó la sostenibilidad en el tiempo del proyecto. Por ejemplo, los funcionarios alteraban los datos moviendo de lugar los cadáveres para que la muerte perteneciera a otra área, y así cumplir con los objetivos de reducción planteados en la planificación.

Otra de las fallas fue la creación de un nuevo bono por la incautación de drogas en 2012. Esto generó un cambio en las motivaciones de los agentes, ya que incautar droga y localizar a los vendedores resultaba una actividad más fácil y rentable que investigar los homicidios. El nuevo incentivo desvió los esfuerzos de los funcionarios por reducir los homicidios dando como resultado el aumento de la violencia.

Las características de la violencia en Brasil actualmente siguen siendo similares a Venezuela. En ambos países las armas de fuego son incautadas pero no destruidas. Luis Cedeño, director de Paz Activa, explicó para Monitor de Víctimas que las armas decomisadas en Venezuela entran en custodia pero luego regresan a manos de los grupos violentos, reinician su ciclo y nunca terminan de salir de circulación. Luiz Ratton, durante una visita a Venezuela, contó que en Brasil algunas veces un arma se denuncia como robada cuando en realidad fue vendida, incluso, en ocasiones son alquiladas.

Hoy Brasil ocupa los primeros lugares de violencia en el mundo con 12% de homicidios. Pernambuco aumentó su número de muertes a 5.030, una vez se abandonó el programa Pacto por la Vida. Los expertos aseguran que en este tipo de proyectos deben incluir políticas públicas de prevención de homicidios según las diferentes áreas: violencia de género, grupos LGBT, tráfico de drogas, entre otros.

Desde Caracas Mi Convive consideramos que el ejemplo de Pernambuco es aplicable para el Área Metropolitana de Caracas, tomando en cuenta algunas similitudes que puedan tener y las correcciones y adaptaciones que ameriten. La deplorable situación y las condiciones en las que trabajan los funcionarios policiales obligan a definir un programa extenso de atención inmediata para este gremio, que incluya mejores salarios, dotación de recursos y equipos, y fortalecer la estima e importancia de los cuerpos policiales.

Es importante resaltar que para poder ejecutarlo con éxito se debe contar con una economía estable y crear una relación de confianza entre los funcionarios y los ciudadanos. La reducción de homicidios en el país depende de una reforma en las fuerzas de seguridad pública del Estado y que sea abordado como un tema prioritario para el Ejecutivo. Se debe contar con un compromiso de continuidad política entre las gestiones gubernamentales para su sostenibilidad y efectividad en el tiempo, así como la voluntad para hacerlo de manera sensata y despolitizada. La ciudadanía será fundamental para consolidar una solución consensuada e inclusiva, y al contar con un sistema policial sólido y legitimado se podrá enfrentar la violencia que vive Venezuela.

Latinoamérica concentra una parte muy pequeña  de la población mundial pero es una de las regiones más violentas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de homicidios a escala mundial es de 6,4 personas por cada 100.000 habitantes, y en Latinoamérica, dicha cifra es tres veces más alta: 18,6 por cada 100.000 personas. Para poner esto en perspectiva, a pesar de solo tener 8% de los habitantes del mundo, en Latinoamérica ocurre 38% de los homicidios del planeta.

De acuerdo con los datos del Instituto brasileño Igarapé, catorce de los veinte países del mundo con las más altas tasas de homicidios están ubicados en América Latina y el Caribe.  Destacan los casos de Brasil, Colombia o Venezuela, donde muere una de cada cinco personas víctimas de homicidios en Latinoamérica.

Los homicidios en Venezuela se han ido incrementando durante las últimas décadas. A finales de los años 80 se dispararon los índices de muertes violentas en el país. En el año 1999 el registro fue 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, y en el 2016 fue de 70 por cada 100.000, volviendo a Venezuela el segundo país con la mayor tasa en el continente americano después de El Salvador.

Un patrón que se repite

Sin embargo, estas cifras no son únicamente por acciones de grupos violentos armados. De acuerdo con las cifras oficiales, 21,4% de las muertes violentas del país fueron producto del uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en 2016. Los investigadores Andrés Antillano y Keymer Ávila, del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela, explican que en los últimos años se han afianzado las intervenciones policiales donde se repite el mismo patrón: incursiones violentas, saturación policial, detenciones masivas y arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza. En la mayoría de los casos estas acciones se llevan a cabo en zonas populares y en poblaciones en situación de pobreza.

Este tipo de operativos se enmarcan en las políticas de “mano dura”, las cuales pueden entenderse como un conjunto de legislaciones, políticas, prácticas estatales y discursos, que coinciden en definir el delito como acciones llevadas a cabo por enemigos del país y justifican el uso de la fuerza. Estas políticas están claramente perfiladas como acciones militares adoptando sus prácticas y estilos.

Estos operativos concentran formas y métodos agresivos en grupos vulnerables social y económicamente. En general, implican la disminución de las garantías, el incumplimiento del debido proceso y la violación de los Derechos Humanos.

Operativos violentos

Datos de asociaciones civiles señalan que en Venezuela se ha promovido un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía. Esto se comenzó a reflejar en el aumento de detenciones arbitrarias y en el incremento de la población carcelaria en el país. Entre 2009 y 2011, el número de presos pasó de 30.000 a 50.000 privados de libertad, alcanzándose la población carcelaria más grande de la historia del país. Este aumento saturó el sistema de cárceles, fomentando las prácticas delictivas y la articulación de los grupos criminales dentro de las prisiones.

Otra de los resultados de estos operativos es el aumento de la violencia por parte de quienes representan las instituciones de seguridad, lo que se da en forma de maltrato físico, extorsiones, robos y ejecuciones. Los planes más recientes llevados a cabo por el Estado venezolano han sido el Plan Patria Segura (2013-2015) y las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) en 2015. Desde su implementación, los índices de muertes causadas por las autoridades policiales y militares se han incrementado cada año.

Es necesario destacar que la mayor parte de las muertes por fuerzas públicas entre el 2015 y el 2016 no son atribuidas directamente a los operativos realizados en estos planes. La mayoría de los casos se produjeron con organismos policiales que no participaron en los operativos. ¿Por qué? La tesis de Andrés Antillano y Keymer Ávila es que este comportamiento tiene un efecto de “cascada” que recae en el resto de los funcionarios, dándole carta blanca para abusar de la fuerza incluso fuera de los operativos militarizados.

Urge una reforma

La violencia policial era un problema al iniciar el milenio. En el 2006 se formó la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), creada por el Ministerio de Interior y Justicia, la cual propuso algunas reformas que no se llevaron a cabo, entre estas: el entrenamiento en el tema de los Derechos Humanos, la consolidación de los datos a escala nacional y el registro e inventario de las armas en el país.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha señalado que en Latinoamérica las reformas policiales y del sistema de justicia penal que han tenido mayor éxito es donde prevalece el Estado de Derecho; en cambio, los sistemas de elevada impunidad y de falta de control estimulan el incremento de la violencia y dificultan su ejecución. Tal parece que este es el caso de Venezuela, donde los intentos de formar un cuerpo policial respetuoso de los Derechos Humanos han fracasado.

En vista del hermetismo del Estado en cuanto a las cifras oficiales acerca de la violencia, la organización Caracas Mi Convive y el medio digital Runrunes crearon el proyecto periodístico Monitor de Víctimas, que combina periodismo de datos e investigación con participación ciudadana. Mediante la recolección de datos y el análisis de los insumos estadísticos, se busca identificar patrones que contribuyan con políticas públicas útiles ante los hechos delictivos.

Monitor de Víctimas registra el número de homicidios dentro del Área Metropolitana de Caracas desde hace más de año, y las cifras de la capital no escapan del escenario que presenta el resto del país: 36% de las muertes violentas en Caracas se le atribuyen a las fuerzas públicas del Estado.

En Latinoamérica y en otros países la violencia policial ha constituido un problema, sin embargo, se han implementado soluciones viables que han disminuido la impunidad y la delincuencia. El diagnóstico actual acerca de las cifras extraoficiales demuestra que es urgente un cambio significativo en el manejo de los cuerpos de seguridad del Estado y sus estrategias. Desde Caracas Mi Convive y el Monitor de Víctimas trabajamos para aportar y crear soluciones posibles al problema. Para ello, en los próximos artículos presentaremos algunas experiencias exitosas de otros países de Latinoamérica que pueden servir de ejemplo en la elaboración de políticas públicas innovadoras para dar solución a un problema tan dramático como la violencia en Venezuela.

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Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive

EN SU PRIMER AÑO, Monitor de Víctimas registró 1.589 casos de homicidios entre mayo de 2017 y abril de 2018, lo que permite calcular que los municipios que comprenden la capital de Venezuela tienen una tasa de 47,31 homicidios por cada 100.000 habitantes.

El cálculo de la tasa de homicidios se hizo en base al número de población según el Instituto Nacional de Estadísticas, que indica que en Caracas se concentran aproximadamente 3 millones 200 mil habitantes. En el municipio Libertador se calcula una tasa de 48,70 homicidios, en Sucre 63,31, en Chacao 46,03,en Baruta 20,38 y en El Hatillo 20,09.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no existen en Venezuela estadísticas demográficas recientes ya que el último censo se realizó en 2011 y desde entonces la emigración masiva de venezolanos ha ido incrementándose de forma considerable.

Monitor de Víctimas halló también que en más de la mitad de los homicidios las víctimas eran jóvenes menores de 30 años, 102 eran menores de edad. La violencia en Caracas deja 1.804 jóvenes y niños huérfanos, 4 de cada 10 víctimas tenían hijos menores de 18 años.

Aunque los casos de homicidio con objeto contundente han aumentado los primeros meses de 2018, las armas de fuego fueron utilizadas en 7 de cada 10 muertes violentas. 68% del total de víctimas que murieron en Caracas durante un año fue a causa de disparos.

Los homicidios reportados como ejecuciones extrajudiciales y resistencia a la autoridad figuran como en primer móvil, con 44% de los casos. La Policía Nacional Bolivariana es quien registra mayor cantidad de homicidios con 20%.

De los 42% de los familiares que llevaron a cabo los trámites en la morgue de Bello Monte, 1 de cada 10 eran hermanos. Según lo registrado por Monitor de Víctimas 177 familias han tenido otros casos de violencia en su entorno familiar.

Los datos utilizados para la elaboración de este informe fueron recolectados por periodistas que recorren las morgues de Caracas, hablan con los familiares y verifican los datos con las fuentes policiales, con la comunidad y la prensa. Esta información es cargada en un formulario móvil, realizado por expertos con base en parámetros internacionales, y registrada en una base de datos.

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MAYO DE 2018 FUE EL MES con más reportes de casos de presuntas ejecuciones cometidas por organismos policiales. También fue el mes con más reportes de homicidios perpetrados con armas alargas y en más de un año de recolección de datos es el mes con mayor número de muertes por arma de fuego.

Monitor de Víctimas registró que durante este mes ocurrieron 39 presuntas ejecuciones, 61% de ellas fueron cometidos por la Policía Nacional Bolivariana, según denunciaron familiares de las víctimas.

Además, Monitor de Víctimas detectó que en 5, de los 150 de los casos de homicidios ocurridos durante mayo, los victimarios combinaron varios tipos de arma en el hecho: armas blancas, armas de fuego y armas de combustión, así como el uso de la fuerza física, patrón que no había estado presente durante el período de registro de datos.

La bala alcanzó a Wilson mientras conversaba con unos amigos, afuera de casa de una vecina esperando que su mamá saliera, el 14 de agosto de 2017. “Mi esposa estaba en casa de una vecina y mi hijo le dijo que la esperaba afuera con sus amigos. En ese momento llegaron unos hombres disparando para robarle la moto a un escolta. El hombre accionó su arma para defenderse y resultó herido, pero mi hijo murió cuando una de las balas lo alcanzó durante el tiroteo”, contó su padre.  

La cifra contabilizada por Monitor de Víctimas, que corresponde solo al Área Metropolitana, supera el registro del Centro Regional de la ONU para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) que contabilizó 57 muertes accidentales en todo el país  entre 2014 y 2015.

UNLIREC define las balas perdidas como “aquella bala que ocasiona daños letales o no letales a una persona diferente a la que es el objetivo de quien acciona el arma de fuego”, estableciendo que estos casos son entonces una consecuencia directa de actos de violencia armada.  

Monitor de Víctimas registró que 65% de los homicidios por balas perdidas sucedió cuando las personas quedaron atrapadas en una línea de fuego, en enfrentamientos entre bandas, operativos policiales o robos.

Primeros lugares de violencia

En 2018, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal en México, en su informe anual, posicionó a Caracas nuevamente en el segundo lugar entre las ciudades más violentas del mundo, con una tasa de 111.19 homicidios por cada 100 mil habitantes. Además, en 2016 Venezuela también ocupó el primer lugar como importador de armas entre los países de Latinoamérica, según el Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo.

En Venezuela, la incidencia de armas pequeñas en los homicidios es de 90%, mientras que en países de América Latina y el Caribe varía entre 60 y 70%, de acuerdo al Estudio Global de Homicidios de las Naciones Unidas en 2011. Además, Venezuela, después de Puerto Rico, es el país del continente americano que tiene la mayor proporción de homicidios causados por armas de fuego según el Small Arm Survey, un proyecto que analiza todos los aspectos referentes a violencia armada, desarrollado por el Instituto de Posgrado de Estudios Internacionales y de Desarrollo en Suiza.

En 12 meses Monitor de Víctimas registró en Caracas 1.108 homicidios por armas de fuego, de los cuales 1.082 fueron cometidos con armas cortas (68% entre todos los tipos de arma). En los casos de muerte por balas perdidas, 47 casos fueron con arma corta, 15  casos están por determinar y cuatro se cometieron con armas largas.

La doctora en sociología y miembro de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (REACIN), Verónica Zubillaga, señaló que en 2009 hubo una importación elevadísima de armas. “Los resultados de los trabajos de REACIN reflejan que cada vez que en el país ha habido compra de armas legales en el exterior, en uno o dos años después, el número de homicidios aumenta”.

¿Cómo entran las armas?

Luis Cedeño, director de Paz Activa, explicó que las armas provienen de un mercado originalmente legal. Parte del armamento ilegal comienza su vida como armas orgánicas (que pertenecen a los organismos de seguridad del Estado) y luego hay un traspaso desde los cuerpos policiales a los grupos delictivos ya que “el mercado internacional de armas no es tan significativo”.

El investigador sobre delincuencia e inseguridad y miembro del Consejo Consultivo del Observatorio de Delito Organizado, Marcos Tarre Briceño, señaló que en las incautaciones recientes se han visto armas que no son utilizadas por los cuerpos de seguridad. “Pistolas semiautomáticas de colores o cargadores de mucha más capacidad demuestran que es un tráfico más cualitativo que cuantitativo, es decir, hay una modalidad de tráfico de armas –no excesivamente grande- para satisfacer las preferencias de las personas que pueden pagarlas”.

Tarre recordó que desde el año 2011 el único importador de armas es el Estado. 80% de las armas que recibe la Dirección de Armas y Explosivos (Daex) llega sin cargador ni municiones, lo cual abre la puerta a la posibilidad de que los funcionarios participen en el tráfico ilegal, indicó el sociólogo Antonio González.

Una fuente relacionada al ámbito militar comentó a través de conversaciones telefónicas que el arma más común para cometer delitos son las Beretta Tanfoglio y Glock 9 mm, comentó que esta última hace dos meses tenía un costo aproximado de más de 250 millones de bolívares.

En cuanto a armas largas, la fuente señaló que el costo de una Carabina Beretta CX4 Storm, una de las armas que posee la Guardia del Pueblo, está alrededor de los seis mil dólares. “Un fusil de asalto AK 103 puede tener un precio de entre ocho y 25 mil dólares, dependiendo quien lo venda, y una ametralladora HK ronda por los  cuatro mil dólares”.

Víctimas vulnerables

Giovani del Pino tenía 28 años cuando una bala procedente de un atraco lo alcanzó en el rostro. El hecho sucedió en el barrio La Piedrera, en Antímano, municipio Libertador, donde además residía.

Zubillaga asegura que hay un descontrol con las armas legales, lo que incide directamente en la falta de registro de las ilegales. “Las muertes por balas perdidas tienen que ver directamente con el exceso de municiones. En Venezuela no producimos armas pero sí municiones, bajo la responsabilidad de las industrias militares, específicamente de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim)”.

Según lo registrado en los trabajos de REACIN, Zubillaga asegura que es recurrente el hecho que las redes criminales consiguen las municiones a partir de los contactos con las fuerzas de seguridad del Estado, ya que existe un desvío sintomático de municiones desde las entidades formales.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (ENCOVI) 2017 estimó que hay unos tres millones de armas en el país, de acuerdo a las respuestas sobre la disposición a tener armas de fuego.

“Una de las bandas de menores de edad que azota a los vecinos y al al transporte público en el barrio la Piedrera venía bajando para robar uno de los jeeps, pero como el carro no se detuvo accionaron sus armas. Uno de los tiros le llegó a Giovani. Una patrulla policial lo trasladó al Hospital Pérez Carreño, pero creemos que murió en el traslado” comentaron los vecinos de la zona.

Jorby Quitana, quien es tío de Giovani, lo recordó como un “buen muchacho”, ya que a pesar de haber tenido antecedentes penales se había regenerado para buscar sustento para su familia y su hija de seis años. El joven había cursado estudios hasta educación básica media.

De los 66 casos de homicidios el 21% eran estudiantes. El 42% tenía estudios de primaria, el 38% educación media y 5% universitaria.

La hija de Giovani es una de los 43 niños que quedaron huérfanos a causa de la violencia. 25 de las víctimas eran padres de hijos menores de 18 años, según los datos registrados por Monitor de Víctimas.

Una bala que estaba dirigida a un funcionario de la Policía de Miranda impactó a José Antonio Díaz Serrano, según los vecinos del Mirador del Este en Petare. El joven de 19 años fue asesinado mientras conversaba fuera de la casa del agente donde se llevaba a cabo una fiesta en la que él también participaba.

“Los vecinos contaron que seis hombres armados se bajaron de una camioneta y empezaron a disparar contra el policía. Los carros que estaban afuera de la casa quedaron baleados, porque el hombre corrió detrás para esconderse, pero una de las balas llegó hasta mi sobrino”, dijo su tía Carla García.

Los datos registrados por Monitor de Víctimas revelan que 61% de los victimarios eran bandas, 26% civiles independientes y 13% cuerpos de seguridad del Estado, de estos últimos la Policía Nacional Bolivariana (PNB) es responsable del 10%.

José Antonio trabajaba en una cauchera y vivía con su familia en el Mirador del Este en Petare, municipio Sucre, estado Miranda.

Durante 12 meses 64 de las víctimas por balas perdidas han sido civiles. Solo dos funcionarios policiales murieron en hechos accidentales ocurridos en la sede de los organismos donde trabajan.

Marcaje y control

En 2015 fueron incautadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 51.113 municiones y destruidas 433.555 armas por la Dirección de Armas y Explosivos, entre 2013 y 2017, según el estudio realizado por el sociólogo Antonio González.

Luis Cedeño, manifestó que las armas que son incautadas entran en custodia y luego regresan a manos de los grupos violentos, repiten su ciclo y nunca terminan de salir de circulación. “Un arma puede matar una, dos o tres veces”. Según los datos recolectados por Monitor de Víctimas, 15% de los fallecidos tienen otros familiares que han sido víctimas de la violencia.

El marcaje del lote es un elemento importante para el rastreo de las municiones, determinar su procedencia y desplazamiento. Sin embargo, Tarre explicó que en las investigaciones el marcaje determina sólo de dónde proviene la munición. Según el estudio realizado por González, sólo 5,6% de las armas legales tiene registro balístico, lo que dificulta el seguimiento de los casos.

Tarre comentó también que en el año 2011, cuando se creó la Comisión para el Desarme, la única medida que se aplicó fue colocar letreros en las puertas de los sitios públicos prohibiendo la entrada de armas. “No se tomó ninguna medida para hacer efectiva esa prohibición ni ha habido ninguna campaña real para decomisar las armas ilegales que circulan en el país”. El profesor universitario y miembro del Observatorio de Delito Organizado señaló que se evidencia  la falta de voluntad para enfrentar el tema de la delincuencia y la criminalidad y que a su juicio sólo mejorará con un cambio de gobierno.

Por su parte, Zubillaga explicó que las muertes por balas perdidas son responsabilidad del Estado en el sentido que debería haber un control de armas, del exceso municiones y su distribución. “La obligación del Estado es preservar la vida de los habitantes y al no desarrollar las medidas sistemáticas para hacerlo evidencian su negligencia, que es otra manera de ser responsable por sus actos.”

@fabicrisci17

Cinco de las seis muertes por asfixia sucedieron en robos y tres de ellas en viviendas.

En este mes también se registró el mayor número de casos de orfandad durante 11 meses.  58 de las víctimas de homicidio en abril eran padres de menores de 18 años, lo que representa 121 niños huérfanos. Además, 52 de los muertos por violencia eran responsables de la economía de su familia dejando 142 personas desatendidas monetariamente.