El pasado 10 de diciembre se conmemoró el Día de los Derechos Humanos en el mundo. El 9 de diciembre estuvo dedicado a los defensores de los derechos humanos (defender los derechos, valga la acotación, es un derecho humano en sí mismo).
Y Venezuela volvió a salir raspada en el segundo Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, en noviembre pasado.
Cuando en 2011 a Venezuela le fueron formuladas 148 recomendaciones, ya había suficientes motivos de preocupación sobre lo que estaba pasando puertas adentro. En 2016 fueron 103 las naciones que se dirigieron a la representación venezolana para hacer muy serios planteamientos de muy diversa índole.
El reclamo universal totalizó 274 recomendaciones. Ello representa un aumento del 85 por ciento respecto a las que se le hicieron en el primer EPU. No es exactamente un récord honorable para un país que es miembro pro tempore del Consejo de Derechos Humanos.
Los motivos de alarma sobre el desempeño del gobierno venezolano en derechos humanos han subido como la espuma. Lo demuestra el número heterogéneo de países que se pronunciaron sobre Venezuela. Incluso aliados del régimen, como Rusia e Irán, tuvieron algo que decir sobre asuntos como la aplicación del Plan Nacional de Derechos Humanos y seguir con la Comisión Nacional de Tortura.
Por tanto, es muy difícil aceptar la tesis de una conspiración foránea para torpedear los “logros” de la revolución bolivariana. No interesa discutir aquí cuáles y cuántas recomendaciones han podido hacerse a países como Colombia, Estados Unidos o Italia. Para la Fundación Reflejos de Venezuela, regodearse en las materias reprobadas ajenas es simple consuelo de tontos.
Las críticas le han estallado en la cara al gobierno venezolano, pero éste ha preferido correr la arruga y no pronunciarse hasta marzo de 2017.
Comunidad LGBT y derechos humanos
No sólo otras naciones del mundo han tenido algo que decir sobre el caso venezolano. También lo tienen los propios ciudadanos venezolanos. Si se advierte que la comunidad LGBT también incluye a ciudadanos venezolanos con derechos, consultamos con dos de sus protagonistas.
Ellos son Elena Hernáiz, presidenta de la Fundación Reflejos de Venezuela, y André Bellorín, trans masculino y activista por la comunidad LGBT. Ambos expusieron cómo se inserta el tema de los derechos humanos en su propia experiencia vital.
Bellorín, por ejemplo, denuncia el discurso incoherente de un gobierno que ha buscado hacer suya la bandera de la defensa de los derechos de la comunidad LGBT. Pero los resultados han sido poco creíbles. Para empezar, a la gente trans en concreto no se le ha reconocido el derecho humano a la identidad. “El Estado ha sido muy hipócrita con la comunidad”, señala.
«Fíjate que en el momento de las elecciones para la Asamblea Nacional de Venezuela se estaba postulando por el Polo Patriótico a esta señora, Rummie Quintero, para que la apoyara el gobierno. Parece que no obtuvo el apoyo que quería y nunca la nominaron».
«Por el contrario, por la oposición resultó electa Tamara Adrián. Entonces, formando parte de esta comunidad, siempre he estado a la expectativa de qué es lo que va a ofrecer el Estado. Cuáles beneficios voy a obtener si gana tal o cual partido, pero hasta ahora no he obtenido ninguno. Si gana uno o gana otro, mi situación ha sido la misma: siempre estoy desamparado ante la ley».
Todos somos vulnerables
Jorge Valero, embajador venezolano ante la ONU, aseguró en noviembre ante el organismo que el país reconocería la “inmensa mayoría de las recomendaciones”, y que el gobierno asumiría al menos “24 compromisos voluntarios que serán agregados en el addendum” para la próxima sesión en el CDH (marzo de 2017).
Hasta ahora se desconoce cuáles son.
Para Hernáiz (FRV), el problema del no reconocimiento de derechos LGBT no es solamente del Estado venezolano.
“Evidentemente trasciende más allá, pero voy a ser un poco egoísta”, manifiesta. “Nuestros intereses personales es el Estado. Porque somos pueblo del mismo, somos parte de ese Estado y estamos siendo totalmente olvidados”.
«Además la comunidad LGBT en Venezuela está sufriendo las mismas carencias que el resto de la población. Yo puedo pasar 30 años viviendo con una misma persona y yo morir, y quedar desamparada ella. O pasar toda tu vida siendo llamado con un nombre que realmente no corresponde a tu identidad».
«Yo soy ciudadana, el resto es mi intimidad, es mi vida personal. O sea, que no tendría por qué ser diferente, y esa es justamente la lucha que tiene la Fundación, no somos diferentes en principio. Diferentes sí somos, el eslogan es: ‘no soy distinto, no me trates distinto’; pero estamos siendo tratados distinto».
Todos los derechos cuentan
“A mí no me vengan con la pendejada, y perdóname la palabra, de que lo que les está pasando el resto de la ciudadanía es más importante que lo que nos pasa a nosotros”, agregó Hernáiz. “O sea, no podemos decir que lo nuestro es menos importante”.
«Yo quiero ver cuántas personas con VIH heterosexuales no están ahorita sintiéndose terriblemente desafortunadas porque no tienen condones. La cantidad de niñas que a los 12 años están saliendo embarazadas porque no hay anticonceptivos. Entonces ahí tú te pones a ver, ahí estamos en general todos, sigue existiendo un crecimiento de VIH y no necesariamente dentro de la comunidad LGBT. Entonces, el desamparo es hacia toda la población».
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