EL MARTES 6 DE AGOSTO DE 2018, el partido Primero Justicia denunció que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional había secuestrado a Juan Requesens, diputado de ese partido a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Táchira, y a su hermana Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela.
En redes sociales circuló un vídeo de la cámara de seguridad del edificio donde vive la familia Requesens, en la Urbanización Terrazas del Club Hípico, al Sureste de Caracas, en el que los hermanos se ven saliendo apurados del ascensor y posteriormente regresan perseguidos por al menos seis oficiales del Sebin. Se observa como Juan es golpeado y la cámara es volteada hacia un punto muerto.
El hecho ocurría mientras el presidente de la República, Nicolás Maduro, implicaba en cadena nacional al diputado en el intento de magnicidio ocurrido el pasado 4 de agosto y horas después de que el parlamentario participara en la sesión de la AN con motivo de la persecución política contra el diputado José Manuel Olivares y su familia. “Me niego a rendirme, a arrodillarme frente a los que quieren quebrarnos la moral. Olivares tenía que sacar del país a su familia, como lo han hecho tantos”, dijo Requesens durante su discurso.
Juan Requesens tiene 29 años y comenzó su carrera política como líder estudiantil de la Universidad Central de Venezuela en el año 2014. Antes de su detención ejercía como Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la AN.
Maduro catalogó a Requesen de “psicópata” y aseguró que colaboró, en complicidad con Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional, para que los implicados en el atentado -según la versión oficial- cruzaran la frontera entre Venezuela y Colombia.
Rafaela Requesens fue liberada esa misma noche mientras su hermano permanece tras las rejas. Al momento de publicación de esta nota han pasado cuatro días sin que los familiares o abogados tengan acceso al diputado.
En Runrun.es analizamos cómo se ha violado el debido proceso en este caso. Al menos cinco artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del Código Orgánico Procesal Penal y de Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes han sido quebrantadas en la detención de Requesens. El “debido proceso” está fundamentado en el artículo 49 de la CRBV y es la mínima garantía de justicia y equidad durante un proceso jurídico.
Violación a la inmunidad parlamentaria
El artículo 200 de la Constitución establece: “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo…” Y, en caso de delito flagrante, -el que se detecta en el mismo momento de cometerlo- “la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia”.
El abogado penalista Luis Izquiel hace hincapié en esa violación a la Constitución y explica que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no tiene facultades para allanar la inmunidad parlamentaria. “La ANC está sólo para redactar una nueva Constitución. Las declaraciones de Nicolás Maduro el pasado martes son evidencia de una violación a la separación de poderes”, explica Izquiel.
Declaración sin presencia de abogado defensor, juez o fiscal
El viernes 10 de agosto, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, publicó un tuit anunciando “nuevas revelaciones” sobre el magnicidio. El mensaje del psiquiatra y funcionario terminaba con una especie de acertijo: “Confesión de parte, relevo de pruebas, dicen”.
A mediodía fue transmitido, en rueda de prensa, un video en el que Requesens declaraba haber hecho el contacto para ayudar a Juan Monasterio, quien está señalado por el Gobierno como organizador del atentado fallido, a cruzar la frontera desde Venezuela hacia Colombia:“De San Antonio a Cúcuta”, dice el diputado. Esta diligencia, se escucha en el video, fue hecha por Requesens por órdenes de Julio Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional, actualmente exiliado en Colombia y a quien también la ANC allanó la inmunidad parlamentaria por este caso.
Los familiares de Requesens han denunciado a los medios de comunicación que estas declaraciones se hicieron sin la presencia de su abogado defensor ni de un juez o fiscal. “Sacaron un vídeo en el que no hubo abogados ni ningún representación de nuestras partes. Nosotros conocemos a este régimen y lo que es capaz de hacer”, declaró Rafaela Requesens el viernes pasado, frente al Palacio de Justicia, al canal CNN.
En el vídeo, con una duración menor a un minuto, el diputado aparece declarando frente a cámara con un fondo blanco. Rodríguez no comunicó dónde se había realizado y bajo qué circunstancias se había dado la confesión.
“Esta declaración no existe en términos penales porque los imputados deben declarar ante su abogado defensor y un juez o fiscal, según sea el caso”, explica Luis Izquiel.
El artículo 139 del COPP establece que “el imputado o imputada tiene derecho a nombrar un abogado o abogada de su confianza como defensor o defensora. Si no lo hace, el Juez o Jueza le designará un defensor público o defensora pública desde el primer acto de procedimiento o, perentoriamente, antes de prestar declaración.”
Confesión bajo tortura
El artículo 33 de la Ley Contra Torturas expresa: “Ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, podrá promoverse como prueba, y el documento que la contenga es nulo de nulidad absoluta. La promoción de esta prueba será considerada fraude a la ley y en consecuencia, acarreará responsabilidad penal y administrativa”.
Diputados de la Asamblea Nacional y miembros del partido Primero Justicia han denunciado que las confesiones de Requesens se hicieron bajo tortura o bajo estado de sustancias psicotrópicas.
Horas después de transmitida la confesión durante una rueda de prensa realizada por Rodríguez, también viceministerio de comunicaciones, en las redes sociales comenzó a rodar un vídeo, aparentemente filtrado por funcionarios del Sebin, en el que se observa al parlamentario en ropa interior y en condiciones degradantes.
Video en medios de comunicación
“Juan Requesens confiesa su complicidad y denuncia que lo hizo a órdenes de Julio Borges. ¿Qué van a decir ahora, que Requesens está mintiendo?”, dijo el ministro Jorge Rodríguez en rueda de prensa luego de mostrar el vídeo del diputado.
“Según las reglas de actuación penal, no se puede mostrar a ningún imputado en los medios de comunicación”, dice el abogado Izquiel. El numeral 4 del artículo 119 del COPP dice que no se debe “presentar a los detenidos o detenidas a ningún medio de comunicación social, cuando ello pueda afectar el desarrollo de la investigación”.
La fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, también asilada en Colombia, se pronunció sobre el caso: “Exhibieron a una persona que detuvieron arbitrariamente, le allanaron la inmunidad parlamentaria y lo exhiben públicamente en los medios incriminándose e incriminando a otras personas producto de la tortura psicológica y física”
Traslado fuera del lapso de tiempo a tribunales
La ley establece un plazo máximo de 48 horas para la presentación en tribunales desde el momento en que el imputado es detenido. Pasadas esas horas sin la debida presentación, la persona tendría que salir en libertad.
“Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su aprehensión, el imputado o imputada será conducido ante el Juez o Jueza, para la audiencia de presentación, con la presencia de las partes y de la víctima si estuviere presente y resolverá sobre mantener la medida impuesta, o sustituirla por otra menos gravosa”, reza el artículo 236 del COPP.
Sin embargo, fue el viernes 10 de agosto, pasadas 60 horas desde su detención, cuando Requesens fue trasladado desde los calabozos del Sebin hasta el Palacio de Justicia, al centro de Caracas. Sus familiares denunciaron que luego de cinco horas de espera en tribunales la audiencia fue diferida sin dar explicaciones.
@kathypennacchio
