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Juan Guaidó frustró intento de secuestro de su equipo de trabajo

UN GRUPO CIVIL CON ARMAS largas, no identificado, intentó secuestrar al equipo de trabajo de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN), la mañana de este miércoles.

El hecho ocurrió en la Autopista Francisco Fajardo, de la ciudad capital, cuando un grupo armado pretendía llevarlos hasta la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Guaidó llegó al lugar e impidió que se los llevarán.

Al menos seis civiles armados, en motos de alta cilindrada y con armas de asalto, escopetas y pistolas automáticas fueron los que intentaron secuestrar a parte del equipo del presidente del Parlamento venezolano, quien es reconocido desde enero por más de 50 países como mandatario interino del país.

 

Esta no es la primera vez que Guaidó o parte de su equipo intentan ser secuestrados por civiles o funcionarios del cuerpos de seguridad del Estado. Poco después de asumir la jefatura del Parlamento venezolano, el también dirigente de Voluntad Popular fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el sector El Limón de la autopista Caracas-La Guaira cuando se dirigía a un mitin político en el estado Vargas.

Tras más de 20 minutos de zozobra Guaidó fue liberado por los funcionarios, algo que desde el régimen de Nicolás Maduro fue catalogado como una acción independiente de los efectivos del Sebin y que iba a ser investigada.

El 16 de enero fueron detenidos 12 funcionarios del Sebin que fueron involucrados a la detención de Guaidó. Recientemente, el presidente de la Asamblea Nacional y su equipo también fueron perseguidos por civiles no identificados, que se presumen son de cuerpos de seguridad, luego de su visita al estado Yaracuy.

*Con información de TalCual 

La obligación humanitaria de los ciudadanos de uniforme, por Asdrúbal Aguiar

 

 

UNA DESVIACIÓN HISTÓRICA, LAMENTABLE, es la causante del desencuentro recíproco que, tras la cortesía y el disimulo cotidiano, se profesan militares y civiles en Venezuela. No obstante que, es extraña la familia que no tenga dentro de su seno a un político y a un militar.

Lo atizan, desde los inicios de la república en 1830, los hermanos Monagas. Piden restablecer la Gran Colombia para imponer la reforma constitucional de 1857, centralizar el poder y garantizarse la reelección perpetua. Un resentimiento los anima contra el general José Antonio Páez. Le acusan de haberle entregado el dibujo de la nación en cierne a los civiles, a nuestra segunda ilustración.

A mediados del siglo XX, el académico y romanista Edgar Sanabria, presidente de la Junta de Gobierno instalada a la caída de la penúltima dictadura, la de Marcos Pérez Jiménez, ante el Congreso recién instalado y en el pórtico de la República civil, el 13 de febrero de 1959 recuerda lo siguiente: “Hallamos un ejército receloso de los civiles y expuesto a la discordia interna. Procuramos hacer una amistad limpia que borrase las susceptibilidades con que los hombres de uniforme planteaban sus problemas específicos, y en beneficio de la paz doméstica, que debe ser irrenunciable derecho de todos los ciudadanos, comenzamos a eliminar la desconfianza absurda por culpa de la cual se miraban como adversarios el civil lleno de presagios y el militar inficionado de prejuicios. Quisimos que esos dos mundos ficticios que interesadamente se habían creado dieran paso a una sola comunidad de venezolanos unidos por la aspiración igual de encauzar la República”. Y eso se logra.

No bastaba, empero, zanjar tal diferendo instalado por razones personales y de poder, por lo que Sanabria, con buen juicio, declara que “como consecuencia de los sufrimientos pasados, cada parcialidad política y cada grupo social ha revisado su conducta de ayer. El resultado ha sido el propósito de rectificar, si no la rectificación misma. Unidad, concordia, convivencia, ha sido llamada esa posición a la que todos hemos llegado por un mismo camino de dolor”.

Hugo Chávez, al apenas inaugurar su mandato, en febrero de 1999, desde Los Próceres, le ordena a los militares no reprimir al pueblo que insurge por el hambre – se mira en su experiencia y la de sus compañeros de armas durante el 27 de febrero de 1989 – y a la par, en mayo de 2004, inaugurando la sede el Comando Regional 5 de la Guardia Nacional, restablece el malhadado parteaguas: Luego de varias décadas de perderlo, los militares hemos readquirido los fueros que nunca debimos abandonar por obra de los civiles, léase de los políticos, dice; de donde les invita a la tarea de su conservación.  

Pues bien, otra vez llegan los militares a una disyuntiva agonal ante la crisis humanitaria común y su primera inflexión tendrá lugar el venidero 23 de febrero.

Habrán de reprimir o mejor acompañar al pueblo al momento de recibir la ayuda de alimentos y medicinas venida desde el exterior. Se trata de paliar la desesperación, el derecho de los venezolanos a doblarle la mano a la hambruna y exorcizar al espíritu de la muerte, que hace guardia cotidiana en las puertas de nuestros menesterosos hospitales.

Las generaciones más jóvenes de nuestra Fuerza Armada, como ciudadanos de uniforme y, como todos quienes no lo poseen, venezolanos a secas y sin apellidos, estarán, lo espero, a la altura de la circunstancia. No lo estará el Alto Mando Militar, por autor y cómplice de los crímenes de lesa humanidad ejecutados contra nuestros propios hermanos, entre éstos la propia familia militar.

El Estatuto de Roma prescribe que cualquier autoridad militar o civil que favorezca “la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”, responderá ante ella. Nuestros ciudadanos de uniforme saben bien que ante la hipótesis no cabe beneficio alguno de amnistía, menos alegar el cumplimiento de órdenes superiores.

La cuestión que les interpela, no obstante, es más profunda y vertebral.

Lo trabajado por Sanabria y los primeros presidentes de la democracia, a saber, el reencuentro de todos bajo el denominador común de la ciudadanía, permitió que los militares se desarrollasen profesionalmente; alcanzaran niveles universitarios que antes se les negaban; y tuviesen posibilidades de bienestar para ellos y los suyos, sin necesidad de coludir con el delito y la criminalidad.

La queja de los oficiales subalternos participantes del golpe del 4F, como me consta, era el mal ejemplo que, según ellos, recibían de algunos oficiales generales que se habían dejado tentar por el morbo de la corrupción.

La ruptura de la unidad nacional que provoca Chávez como lo hicieran los Monagas, llenando éstos de sangre a nuestro siglo XIX y aquel las dos primeras décadas del siglo XXI, es aleccionadora. Ambas dejan al paso al pueblo en la miseria, desprotegido, inerme. Los soldados de la patria, sus esposas e hijos la ven y la sufren. Mal pueden obviar esa verdad, en esta hora, y tienen la opción moral de reconciliar a los venezolanos.

 

@asdrubalaguiar

correoaustral@gmail.com

Injusticia militar (parte I), por Carlos Patiño

«-¿Usted es un perro o un ser humano? –preguntó la voz.

-Un perro, mi cadete.

-Entonces, ¿qué hace de pie? Los perros andan a cuatro patas.»

La ciudad y los perros; Mario Vargas Llosa

 

El juzgamiento de civiles por tribunales militares como herramienta de discriminación política no es una práctica nueva. En octubre de 1963 fueron detenidos, violando su inmunidad parlamentaria, el senador Jesús Faría y cuatro diputados: Gustavo Machado, Eduardo Machado, Jesús María Casal y Jesús Villavicencio. En 1981 se inició un proceso judicial contra la periodista María Eugenia Díaz por supuestamente revelar secretos militares en un trabajo periodístico. En 1983 el turno fue para dos sindicalistas de las empresas básicas de Guayana, Sidor y Alcasa: Gabriel Moreno y Franklin Gómez.

Así, podemos seguir con los dos sobrevivientes de la “masacre de El Amparo”, los pescadores Wolmer Pinilla y José Arias en 1988, y el caso del profesor universitario Paulo Aure Sánchez en 2001. Unos de los casos más emblemáticos ha sido el del General retirado Francisco Usón Ramírez, procesado por la jurisdicción penal militar por unas declaraciones ofrecidas en un programa de televisión en 2004, cuestionando la versión oficial sobre la muerte de dos soldados. Por su condición de retiro, estaba sujeto a la jurisdicción civil.

Sin embargo, a partir del 2014, la aplicación de justicia militar contra civiles se ha convertido en una práctica generalizada en Venezuela, en franca violación del artículo 49 de la Constitución Nacional que establece el derecho de toda persona a ser juzgada por jueces naturales, en concordancia con el artículo 261 que limita la competencia de los tribunales militares a delitos de naturaleza militar. Si bien tenemos los casos de cinco capitanes indígenas y cinco sindicalistas en 2015 y varios procesos de personas reclamando en colas para comprar alimentos durante el 2016; ha sido en el marco de las protestas contra el gobierno donde se ha exacerbado esta inconstitucional práctica.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre el 1° de abril y el 31 de julio de 2017, más de 600 civiles detenidos en el contexto de protestas y marchas estaban siendo procesados por tribunales militares, acusados de delitos previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar, como los de “rebelión”, “traición” y “ataque al centinela”. Para las organizaciones Foro Penal Venezolano y Human Rights Watch las cifra sería superior, ya que han reseñado que durante ese lapso contabilizaron al menos 757 civiles presentados ante tribunales militares.

La CIDH ha manifestado su profunda preocupación por el uso de la jurisdicción penal militar para el procesamiento de civiles porque implica la violación de una serie de derechos, como el derecho al juez natural, y desnaturaliza las garantías judiciales de manera transversal en todo el proceso, lo cual tiene grave consecuencias en la vigencia del Estado de Derecho. El delito de rebelión militar se ha instrumentalizado para justificar detenciones por “actividad organizada y conspirativa”. El delito de ultraje al centinela u ofensa a la fuerza armada para penar opiniones ha sido objeto de una interpretación forzada del artículo para justificar la detención de personas que reclaman derechos.

En el mes de abril la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) publicó un informe sobre el tema. Concluye que los tribunales militares venezolanos no satisfacen las condiciones necesarias e inherentes de un tribunal independiente e imparcial, establecidos por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Jueces y fiscales, en tanto oficiales militares, son funcionarios del Poder Ejecutivo, sometidos a los principios de subordinación jerárquica y disciplina militar. Esta situación es totalmente contraria al principio de separación de poderes, elemento esencial para una correcta administración de justicia.

A la complicidad de los Poderes Públicos se suma el obsceno silencio del Defensor del Pueblo devenido en defensor de la dictadura. El gobierno de un “civil” como Nicolás Maduro ha demostrado ser más militarista que el de los propios militares que han ejercido la presidencia. La revolución se viste de uniforme y busca someterte con botas y armas de guerra.

 

@carlosdpatino

Generales: ¿qué han hecho ustedes de la FAN?, por Carlos Blanco

 

Señores generales, Hugo Chávez tenía una fuerza que provenía de tres fuentes: inmenso apoyo popular por un tiempo, apoyo militar y simpatía internacional. Maduro no tiene ninguno de los tres; lo que posee es el soporte que ustedes, generales y almirantes, le dan. De tal modo, que si bien Maduro es el principal culpable actual del crimen contra la patria, ustedes son los que le han brindado el andamio.

Esta semana pasada han ocurrido tres acontecimientos que condensan la tragedia a la que ustedes han conducido a la institución militar. El primero es el desafío que los colectivos paramilitares del régimen han hecho públicamente, armados y a metros del Palacio de Miraflores. Al general ministro de la Defensa, Padrino López, no se le ha ocurrido mejor cosa que lamentarse del hecho cuando tiene la potestad constitucional y legal de organizar una operación de desarme de esos grupos paramilitares. Para mayor vergüenza de la oficialidad, los jefes paramilitares le han respondido pintándole una paloma con público atrevimiento; saben que nada tendrán que temer de esos mandos.

El segundo acontecimiento es la degradación de 24 oficiales de la FAN. Esos oficiales, de distintas trayectorias y posiciones políticas, representan una parte de la memoria institucional de la Fuerza Armada. En su momento fueron símbolos –incluso para ustedes– y Maduro, de un gacetazo brutal, los degrada, cuando en realidad –al hacerlo– los convierte en emblemas. Cuando Maduro se vaya, ustedes se irán también, pero esos oficiales degradados volverán a ser reconocidos como símbolo de lucha y resistencia.

El tercer acontecimiento es la redada de comandantes en distintos lugares del país que ha denunciado; es decir, de jóvenes oficiales, forjados con y bajo el chavismo, que al parecer han mostrado descontento –¿fueron más allá?– con el régimen. Descabezaron unidades y oficinas en las cuales esos oficiales se desempeñaban y se lanzan dos mensajes: jóvenes militares, la guillotina los espera aunque sean –o hayan sido– chavistas.

Adoptar una actitud contemplativa frente a los grupos armados ilegales que se ríen en las barbas de ustedes, generales y almirantes; actuar contra oficiales retirados que representan una porción importante de la historia militar reciente y, al mismo tiempo, embestir contra jóvenes militares, configura un cuadro dramático del cual ustedes son directos responsables al comunicarle la única y precaria fuerza de la cual dispone a quien es autor de las tropelías: Nicolás Maduro.

Triste papelón, camaradas. ¿No les da pena?

 

El Nacional

Más de la mitad de los 726 civiles juzgados por militares continúan presos

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Como parte de los “castigos” que emplea el gobierno de Nicolás Maduro contra quienes difieren de su gestión está el uso de la justicia militar para procesar a manifestantes por incurrir presuntamente en delitos castrenses. En 4 meses de protestas –luego de la implementación del Plan Zamora– 726 civiles fueron juzgados en tribunales militares, de los cuales 418 perdieron la libertad, señala el informe del Foro Penal Venezolano correspondiente al mes de agosto.

De los civiles procesados en jurisdicción castrense durante las manifestaciones entre abril y agosto, solo 110 fueron reconocidos por el Ministerio Público. El fiscal designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, informó el 25 de agosto que de esos casos, 84 serían remitidos a tribunales ordinarios. Hasta la fecha han sido escasas las declinaciones.

“Por parte del Ministerio Público solo son reconocidos 110 casos de civiles procesados por instancias militares, cuando realmente son muchos más”, expresa el documento actualizado hasta el 6 de septiembre.

“La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles se tradujo en graves violaciones del derecho del acusado a un juicio justo, incluido el derecho de ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”, señala el informe sobre Venezuela que publicó el mes pasado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el cual fue citado por el Foro Penal.

Recesión y persecución. Desde el 1° de abril hasta el 31 de agosto fueron detenidas 5.341 personas, de las cuales 156 se registraron en este último mes. 30% de los 822 ciudadanos que permanecen detenidos esperan por cumplir con el requisito de presentar fiadores, esto extiende “ilegítimamente” el tiempo de reclusión.

 

 Vea la nota completa en El Nacional 

ONU exige a Venezuela dejar de usar justicia militar para condenar civiles

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La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió hoy al gobierno venezolano que no use la justicia militar para juzgar a civiles, una práctica a la que ha sido sometida casi medio centenar de personas y a la que el gobierno no parece querer renunciar.

«Urgimos al gobierno a que inmediatamente deje de usar la justicia militar para juzgar a civiles, algo que es contrario a la ley internacional de derechos humanos, particularmente con respecto al debido proceso y a las garantías», afirmó Liz Throsell, portavoz de la Oficina, en rueda de prensa.

El vicepresidente Tareck el Aissami advirtió ayer que la justicia militar encarcelará a aquellos que obstaculicen la elección de la asamblea constituyente, proceso que tendrá lugar el próximo 30 de julio.

Dos visiones de una efeméride… y de un país

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Escribo esto luego de haber pasado, como tantos otros, casi la totalidad de un día atento a lo que ocurría  en la Asamblea Nacional. Temía por lo que pasara a quienes estaban secuestrados ahí, sobre todo por mis valientes y admirados colegas que informaban sobre sobre los hechos. Sin embargo, no quiero repetir una analogía entre los terribles acontecimientos de ese miércoles y el asalto al Congreso perpetrado por las hordas monaguistas el 24 de enero de 1848. Ya lo hice antes por sucesos parecidos, y otros también, con más riqueza que aquella de la que soy capaz. Más bien mi intención es reflexionar sobre lo que los venezolanos celebramos cada 5 de julio, y cómo la fecha se conmemoró esta vez, desde dos puntos de vista antagónicos.

En estos artículos me reservo la evocación del pasado para la segunda mitad del texto. Esta vez será al revés. Hasta los venezolanos menos interesados en historia saben  que a principios del séptimo mes de 1811 se firmó el Acta de Independencia de Venezuela, y mantienen en su memoria como complemento visual alguna pintura de Martín Tovar y Tovar reproducida en los libros escolares. Es decir, aquel día por primera vez se hizo oficial la ruptura de lazos con la Corona española y cualquier autoridad peninsular, y se declaraba la Primera República.

No fue de ninguna manera un acontecimiento bélico. La Guerra de Independencia empezó al año siguiente, y en esta primera etapa fue un desastre que llevó a la pérdida rápida del primer ensayo de soberanía ciudadana, en vez de monárquica. Se trató de un hito de naturaleza completamente civil, protagonizado por civiles y con la participación de algunos militares. 

Desde marzo estaba reunido un Congreso Constituyente con la asistencia de representantes de siete provincias de la Capitanía General de Venezuela. El propósito era decidir la forma de gobierno autónomo adecuada para Venezuela, luego de la renuncia de Vicente Emparan y mientras durara el cautiverio de Fernando VII por las fuerzas napoleónicas. Leer los ensayos de Elías Pino Iturrieta y compilados en La independencia a palos revela que no hubo un cónclave de hombres unánimemente inspirados por la libertad, la igualdad y demás ideales nobles para emancipar a su pueblo del yugo hispano. Hasta las últimas sesiones antes del 5 de julio hubo confusión, titubeo y, además, oposición a la idea de cortar lazos con la metrópoli. Pero incluso cuando se caldeaban los ánimos, imperó la civilidad (advierto que en este artículo los derivados del térimo latin civis se repetirán al borde de la cacofonía). Sin embargo, al final se decidió a favor de la independencia. Desde entonces, el movimiento republicano mantendrá [ha mantenido] un rumbo accidentado, más de una vez con visos de perdición, pero al final irreversible. 

El abogado Juan Germán Roscio, junto con Francisco Isnardi, se encargó de redactar el Acta de Independencia. Él, con la coautoría de Cristóbal Mendoza, también fue el responsable de la Constitución Federal de 1811, la primera venezolana. 

En conclusión, el del 5 de julio fue un evento ausente de sablazos y cargas de artillería. Por eso este miércoles desperté con una interrogante. ¿Por qué una efeméride de naturaleza completamente civil tiene como aspecto más destacado un desfile militar? A los uniformados de aquella época los celebramos cada aniversario de la Batalla de Carabobo, y tiene sentido.

Fue un pensamiento triste, que se volvió deprimente al presenciar los actos en el Paseo Los Próceres. Lo único peor que un espectáculo castrense para una fiesta de esta índole es un espectáculo castrense politizado e ideologizado. La homogeneidad es una característica inherente al mundo parcial. Los rigores de la guerra obligan a una disciplina estricta, a la jerarquía incuestionable, al acatamiento de órdenes. Pero se supone que los conflictos bélicos son situaciones excepcionales. Cuando la lógica militar invade la vida política corriente de un país, el resultado siempre es tóxico para la democracia y la libertad. Ergo, es lamentable la escena de generales y tropa gritando vivas a Chávez y jurando lealtad al pensamiento del golpista fracasado, cuya materialización son sus herederos, la impresentable élite partidista que hoy gobierna.

En cualquier marcha de soldados que no están usando sus armas, el objetivo es mostrarlas. Ahora bien, exhibir armas conlleva siempre una advertencia sobre su potencial mortal y destructor. Ese mensaje por parte de quienes las portan en nombre de un Estado va dirigido a los enemigos del mismo, que pueden ser cualquier agente externo o interno que mediante sus propias armas pretenda violentarlo, y nunca una población inerme. Pero si nos muestran un arsenal en manos de quienes se declaran servidores de un dogma, ¿a quién podemos interpretar que va dirigida la advertencia? ¿Cuál es ese potencial enemigo al que intentan decir “cargo esto que puede hacerte daño y no dudaré en usarlo si las circunstancias lo ameritan”? 

Desfilaron uniformados de vestimenta y, según ellos lo vociferan, de pensamiento (aunque siempre cabe la duda sobre lo que cada individuo piensa más allá de lo que dice). Uno toma la palabra y recita los nombres de Bolívar, Sucre, Urdaneta, etc. No hace una sola mención a Roscio u otro civil. El acto está marcado por la evocación de caudillos y batallas. Incluso se invoca a Zamora, que ni había nacido cuando se declaró la independencia. No es baladí. Hay una transmisión en cadena, lo que resalta su talante impositivo e intolerante de visiones alternas. La fidelidad gritada es a un hombre (y solo en una mentalidad retorcida funciona el axioma de identificar a un individuo con un pueblo o un Estado) cuya legitimidad y derecho soberano no tendrán sustento en la tradición, como diría Weber, pero sí en la paternidad del dogma. Es, a fin de cuentas, un rey, con plena facultad para traspasar su majestad a un heredero ungido.

Considere todo lo anterior y pregúntese si lo que mostraron las pantallas de televisión el miércoles estuvo en sintonía con el espíritu de la declaración de independencia. Claro, nada puede ser copia fiel de lo que aconteció ese día. Pero son posibles las aproximaciones. Para el venezolano, si aquella fecha es realmente significativa, es porque algo importante de ella sigue vivo más de dos siglos después, como legado y tradición republicanos.

Ahora, apreciado lector, espero que usted haya sido de los que gracias a la tecnología haya sido de los que vio [gracias a la tecnología vio], a solo unos cuantos kilómetros de Fuerte Tiuna, una celebración muy distinta. Me refiero a la sesión solemne de la Asamblea Nacional que se celebra cada año en la jornada patria. De todas formas, si no lo hizo, no hace falta para entender la idea. Solamente con comprender qué es la AN se empieza con buen pie. La representación de los ciudadanos, electa con su voto como único soberano, en pleno, con toda su diversidad. En ese organismo colegiado conviven diversas maneras de entender la política y la sociedad: socialdemócratas, liberales, democristianos, etc. Su misión es deliberar y debatir los asuntos de interés nacional, y diseñar leyes y revisar las cuentas que deben rendirle los demás poderes públicos acorde. Pero en aquel día hacen un acto especial en el que rescatan la importancia de una herencia histórica común.

No se supone que ningún almirante o general dé un discurso. En vez de eso se invita a un civil con méritos y aportes sustanciales a la sociedad para que reflexione en voz alta sobre la razón de ser de la celebración. Para esta ocasión fue elegida la historiadora Inés Quintero. No decepcionó. Además de ofrecer una breve pero detallada narración de los hechos del 5 de julio (mucho mejor que la que usted leyó unos párrafos más arriba), dando el lugar que le corresponde a los ilustres civiles al frente, la devota de Clío narró la evolución de la fecha como ritual republicano venezolano por antonomasia. Gracias a ella aprendí que la sesión solemne de la AN se remonta a 1936, cuando López Contreras iniciaba el giro que dejaría atrás la dictadura de Gómez. También respondió mi pregunta. Resulta que el desfile militar fue una idea de la Junta Militar que derrocó a Rómulo Gallegos. Terminada la dictadura, los gobiernos democráticos lo mantuvieron (un error, acaso pensando que con esas concesiones simbólicas mantendrían a las Fuerzas Armadas satisfechas con el rol que les corresponde).

Por último, cabe acotar que la transmisión del acto parlamentario no fue ninguna cadena, y dudo que sus responsables, de haber tenido el poder para hacerlo, la hubieran impuesto así. Parte del respeto a la libertad de los ciudadanos es justamente no impedirle acceder a los contenidos mediáticos de su interés.

Las dos formas de conmemorar el 5 de julio también son dos visiones del país: una es homogénea a la fuerza, vertical, adherida al pensamiento único y limitada a relaciones de mando y obediencia. La otra es plural, diversa, deliberante, democrática y horizontal. ¿Puede alguien extrañarse de la intolerancia de la primera hacia la segunda? ¿Cómo extrañarse a estas alturas de que este republicanismo civil, encarnado en el grueso de la sociedad venezolana y sus representantes y que hoy lucha por su supervivencia, sea atacado como lo fue por un grupo que precisamente usó armas?

Cierro con la que tal vez fue la oración más importante del discurso de Quintero: “Ya va siendo tiempo de eliminar la presencia de las Fuerzas Armadas de la celebración del 5 de julio”. Al honrar a los civiles de hace 206 años, sus descendientes nos estaremos también dando el puesto que nos corresponde, con miras a que nunca más nos vuelvan a pisotear.

 

@AAAD25

Human Rights Watch y Foro Penal Venezolano: Al menos 275 civiles han sido juzgados por tribunales militares

DetenidosVenezuela

 

Human Right Watch y el Foro Penal Venezolano reportaron nuevos abusos y procesamientos arbitrarios de civiles en tribunales militares e indicaron que al menos 275 civiles han sido juzgados por tribunales militares.

En el pronunciamiento en conjunto, las organizaciones explicaron que en todos los casos, el Foro Penal Venezolano ha brindado asistencia legal a los detenidos o verificado información sobre los casos con familiares. Human Rights Watch entrevistó a varios abogados que representaron a detenidos.

Los casos incluyen el procesamiento de 192 civiles en el estado de Carabobo, 19 en el estado de Falcón, 20 en el estado de Zulia, 18 en Caracas, 13 en el estado de Lara, 10 en el estado de Sucre, 2 en el estado de Barinas y 1 en el estado de Táchira. 159 de ellos permanecían privados de libertad al 12 de mayo. Los detenidos son trasladados a prisiones militares, cárceles de máxima seguridad, prisiones para procesados en tribunales militares, o instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

A pesar de que no existe ningún récord público sobre estos procedimientos, lo cual constituye un problema en sí mismo, indicaron, la información provista por abogados y familiares incluyen denuncias muy preocupantes de abusos físicos y violaciones procesales en la realización de estos procesamientos.

Entre las denuncias están que los detenidos son víctimas de abusos que en algunos casos podrían constituir tortura, tanto durante la aprehensión como mientras estuvieron privados de libertad. Las audiencias, explican, son presididas por jueces que dependen del Ministro de la Defensa, y a veces se llevan a cabo en presencia de militares armados.

Otras de las denuncias es que los jueces aceptan la imputación hecha por fiscales contra grupos de detenidos, sin ninguna individualización de las conductas ni consideración de la evidencia contra cada uno. Tampoco se ha fijado una hora para las audiencias con antelación, y esto obliga a abogados independientes y familiares a esperar durante horas en la entrada de los establecimientos o tribunales militares.

Los abogados sostienen que cuando finalmente se celebran las audiencias, a veces no se les permite ingresar a la sala. Dijeron también que en los casos en que sí ingresan, generalmente sólo se les permite hablar con los detenidos unos pocos minutos antes de las audiencias, tienen acceso al expediente penal recién cuando están en la audiencia y no pueden tomar fotografías ni hacer copias de los expedientes. Igualmente existen  casos de manifestantes que fueron imputados con graves delitos previstos en el Código Militar, como los de “rebelión” y “traición” por supuestos actos de violencia durante protestas.

 

Estándares internacionales de derechos humanos

Las organizaciones recordaron que tanto el derecho venezolano como el derecho internacional establecen que los civiles no deben ser procesados en tribunales militares. La Constitución venezolana, en su artículo 261, limita la competencia de los tribunales militares a delitos de naturaleza militar. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Venezuela en 1978, garantiza el derecho de toda persona a ser oída en forma oportuna por un tribunal competente, independiente e imparcial. En 2015, el Comité de Derechos Humanos, el órgano especializado que interpreta el PIDCP, manifestó su preocupación de que los tribunales militares en Venezuela tengan competencia para juzgar a civiles en algunas circunstancias, e instó al gobierno venezolano a “adoptar las medidas legislativas o de otra índole necesarias para prohibir que los civiles puedan ser juzgados por la jurisdicción penal militar”. En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto que los tribunales militares no deberían juzgar a civiles.