cárcel de Uribana

Según Una Ventana a la Libertad han fallecido 15 hombres y dos mujeres

A 17 asciende el número de reclusos que han fallecido en lo que va de 2023 en el estado Lara, según reportó la ONG Una Ventana a la Libertad.

La organización no gubernamental informó que del total de decesos, 15 fueron hombres y dos mujeres.

El caso más reciente aconteció en el Centro Penitenciario David Viloria de Barquisimeto, conocido como la cárcel de Uribana.

El recluso muerto fue Charles Antonio Moreno Soto de 50 años de edad, quien según reportes de reos se encontraba recluido en el hospital central Antonio María Pineda de la capital larense.

Moreno Soto falleció dos días después de que fuera trasladado de emergencia debido a una falla multiorgánica que presentaba, además de una infección respiratoria aguda y neumonía. Fuentes cercanas al penal aseguraron que se trataba de tuberculosis. 

Moreno Soto era oriundo de la ciudad de Yaritagua en el estado Yaracuy.  Fue detenido y procesado en 2011 por los delitos de abuso sexual y trato cruel, por los cuales estaba purgando una pena de más de 15 años de prisión. 

La sentencia fue adjudicada por un tribunal del estado Portuguesa y su lugar de reclusión fue el Centro Penitenciario de Los Llanos, conocido como Cepella. Sin embargo, luego de que se registrara una masacre e intervención por parte del gobierno en marzo de 2020, fue trasladado hasta Uribana. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Moreno Soto venia de la cárcel de Vista Hermosa. 

Moreno Soto es el cuarto preso que fallece en Uribana durante 2023. El recinto penitenciario con más muertes en la entidad de larense es Fénix con 10, y también se incluyen en la lista la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Carora con uno, el Metropolitano de Polilara también con uno y el Bloque de Búsqueda del Cicpc con uno.  

En 2022, 33% de los presos fallecidos en Lara fue a consecuencia de tuberculosis.

Voceros del Observatorio Venezolano de Prisiones aseguraron que la desnutrición, el hacinamiento y las paupérrimas condiciones de higiene en las cárceles y calabozos son la principal causa para que esta enfermedad cause estragos en la población penal.

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Su madre no pudo conseguir dinero para trasladarlo a una clínica

Luis Antonio Rojas Rodríguez, de 24 años de edad, comenzó a convulsionar y de un momento a otro cayó desmayado frente a sus compañeros del módulo 7 del Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocida como cárcel de Uribana, quien comenzaron a gritar a los custodios en busca de auxilio.

Ese lunes 30 de agosto fue trasladado en estado de inconsciencia hasta la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, estado Lara. Horas después su madre recibió una llamada donde le informaban que el muchacho estaba muy mal de salud.

La señora Abigail Rodríguez, quien reside en la comunidad Agua Linda, zona alta del estado Portuguesa, hizo maletas y por varias horas caminó hasta la población de Ospino, para conseguir un transporte y trasladarse hasta el estado Lara.

La dama relata al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que al llegar encontró a su hijo en una cama y con un tubo en su boca. “Mi muchacho estaba como muerto, no reaccionaba”.

Luis Antonio estuvo custodiado por funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios, pero desde está institución no respondían por los insumos y exámenes que necesitaba el preso de Uribana.

La señora Abigail tuvo que conseguir dinero para exámenes de laboratorio y también le pidieron una tomografía, pero el tomógrafo del centro asistencial no sirve, así que en una clínica le salía en 40$. Para el traslado en ambulancia debía tener 70$ más, dinero que no poseían; así como también le pasaron una lista de medicamentos.

“Yo solo pude reunir para la tomografía, no llegue a conseguir el dinero para su traslado y mi muchacho no aguantó y se me murió”. Luis Antonio falleció la mañana del 2 de agosto, según informaron los familiares al equipo de OVP.

La dama relató que su hijo duró 5 años en Uribana, estaba penado y tenía una condena de 10 años, la cual fue reducida. En las últimas jornadas judiciales su expediente fue revisado y estaban en espera de los cómputos para recibir una medida humanitaria, pues Luis Antonio antes de ser detenido tuvo una intervención quirúrgica en el cráneo y posterior a ello padecía de crisis convulsivas.

Luis Antonio tomaba ácido valproico, medicamento que evitaba las convulsiones, pero desde hace tiempo a su madre no le permitían que lo ingresara, lo único que le dejaban pasar al penal era ibuprofeno para calmar los dolores de cabeza que eran constantes.

La señora Abigail también contó al OVP que su hijo comía bien, gracias a lo que ella le llevaba cada quince días. Cuando estaba en el módulo 6, la madre procuraba llevarle pan y ciertos alimentos para rellenar, eso le duraba al menos cuatro días y entre pasaje y comida gastaba alrededor de 50$.

No obstante, tenía dos meses que no visitaba a su hijo porque lo habían cambiado al módulo 7 y los días de visita eran otros.

Por último, la madre manifestó que “esos pobres presos son engañados con la comida, comen es agua de frijoles y cuando les dicen que les van a dar avena es solo un vaso de agua con azúcar”.

Sufre hasta después de muerto

Los padres de José Antonio estaban en las afueras de la morgue del estado Lara y se sentían atados de mano porque para trasladar su cadáver hasta Ospino, estado Portuguesa, les pedían 120$ que no tenían. Otra de las opciones eran 80 litros de gasolina y entre 60 a 80$.

El equipo de OVP pudo constatar que no hubo ayuda desde el Ministerio ni para lo que requirió el preso en vida y mucho menos para el traslado a su último aposento.

EL CADÁVER DE SAÚL GÓMEZ BAYONA, de 62 años de edad, privado de libertad del Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como la cárcel de Uribana fue trasladado hasta la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, estado Lara, a las 3 de la madrugada de este miércoles 14 de noviembre del 2018. Fueron los funcionarios del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) quienes buscaron el cuerpo al penal.

Saúl estaba recluido en el modulo 1 de Uribana, un recinto para procesados, aunque el fallecido estaba penado a 17 años de prisión por el delito de violencia sexual agravada y actos lascivos y debía encontrarse en la Comunidad Penitenciaria Fénix, penal que fue inaugurado para los presos que ya tienen una condena firme. Saúl era natural de Santander, Colombia y estaba residenciado en Los Teques en el estado Miranda en el momento de su detención.

El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) conoció que fue esta mañana que en la morgue del estado Lara le practicaron la autopsia al preso colombiano y el patólogo determinó que murió a causa de un paro cardiaco, según la evaluación forense ya había sufrido varios ataques al corazón. En las afueras de la medicatura forense no había ni un solo representante del Ministerio de Servicios Penitenciarios que se hicieran cargo de los trámites del interno colombiano, así mismo se conoció por parte de los reos del penal que ningún funcionario se había comunicado con la familia.

“Ese pure, el colombiano, murió anoche y aquí no han llamado a la familia seguro lo hacen en la noche o algún compañero, porque eso es costumbre de ellos, no decir nada, si no es por nosotros la familia no se enteran que es lo que pasa”, expresa un recluso al equipo de OVP. Efectivamente este miércoles no había llegado familiar alguno, ni a la morgue, ni a la sede del Eje de Homicidios del Cicpc Lara.

Los presos de Uribana están angustiados aprovecharon para denunciar al OVP que los estaban dejando morir de hambre y a los que están enfermos no les brindan atención médica, “si hablamos, o nos quejamos aquí lo que nos ofrecen es tabla”, explican los reos.

“Las medidas provisionales que sean necesarias y efectivas para evitar la pérdida de vidas y los daños a la integridad física, psíquica y moral de todas las personas que se encuentran privadas de libertad en la Cárcel de Uribana, de las personas que puedan ingresar en el futuro en calidad de internos al centro penitenciario, así como de quienes allí laboran y de quienes ingresen en calidad de visitantes”, así reza una de las medidas provisionales emitida el 2 de febrero del 2007 por la Corte IDH, para la cárcel de Uribana recuerda Humberto Prado, coordinador general del OVP.

Prado además aseguró que en Uribana continúan muriendo presos por diversas causas y patologías y el Estado sigue haciéndose de la vista gorda ante tal situación. “Desde OVP como organización de defensa de los Derechos Humanos de los privados de libertad se continuará visibilizando y denunciando cada uno de estos hechos irregulares de los que son víctimas los presos de nuestro país”, recalca el coordinador general de OVP.

Trasladado de Miranda a Lara

Saúl estaba detenido desde el mes de julio del 2010 cuando fue detenido en el estado Miranda, contaba con una sentencia firme desde octubre del 2010, estuvo recluido en el Rodeo II estado Miranda y fue trasladado hasta el estado Lara.

Según el expediente 4E-179-10 y el Tribunal Cuarto de Ejecución del estado Miranda al que el equipo de la OVP tuvo acceso, este privado de libertad el 26/10/2014 año para el que ya había cumplido cuatro años y tres meses de la pena, el reo podía optar por la medida de trabajo fuera del establecimiento o destacamento de trabajo. Con el cumplimiento de cinco años y ocho meses de prisión el 26/03/2016 podía optar por régimen abierto, Saúl llevaba detenido según su condena 8 años y no había gozado ninguno de estos beneficios que están establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

LUEGO DE APOSTARSE A LAS PUERTAS del Edificio Nacional de Barquisimeto este jueves, la madre y seres queridos de Editzon Malvacias fueron atendidas por el titular del Circuito Judicial Penal del estado Lara para otorgarle una medida de arresto domiciliario al recluso del Centro Penitenciario David Viloria -también conocido como Uribana- diagnosticado con tuberculosis y hepatitis hace dos meses.

Malvacias, de 30 años, aún no ha recibido el tratamiento médico y la hospitalización le fue negada, denunciaron sus familiares.

“Mi hijo está en un estado crítico de salud en Uribana. En un cuarto aislado, sin medicamentos. Hemos pedido ayuda en todas partes. El presidente del circuito me entrevistó, me prometió arresto domiciliario donde yo le pueda dar la asistencia médica. Mi hijo no camina solo. Hemos tenido que suplicar, arrastrarnos”, declaró la madre del recluso, Beatriz Vargas, después de pasar una hora junto a una ahijada y una sobrina encadenadas en las puertas de los tribunales y frente a un acto oficial para exigir respuestas.

Malvacias pesa menos de 35 kilos y compartía celda con Pedro Guédez, el recluso que murió el lunes 10 de septiembre al mediodía en la cárcel de Uribana por tuberculosis y hepatitis. Guédez tampoco recibió tratamiento ni fue llevado al Hospital Luis Gómez López, donde se encuentra el Dispensario Antituberculoso regional.

“Mi hijo entró en una desesperación con su compañero muerto allí desde el mediodía. Lo vinieron sacando como a las cuatro de la tarde. Antes de que muriera Pedro Guédez fueron llevados hasta el Hospital Central Antonio María Pineda. Lo rechazaron porque dijeron que iba a contaminar el hospital”, agregó Vargas.

Durante dos meses y medio, Malvacias presentaba cuadros febriles y pérdida de peso, pero su madre indicó que en la cárcel le aseguraban que “era una gripe”. Hasta que en agosto se confirmó el cuadro de tuberculosis.

Al enterarse de los resultados del examen, la familia de Malvacias empezó a llevarle comida al Centro Penitenciario David Viloria para garantizarle una mejor alimentación.

“Hasta para poder pasar los alimentos nos costó. Les dije que iba a tener que encadenarme allá para poder pasar alimentos y accedieron a eso. Solo me han permitido pasarle sopas, verduras y frutas en platos pequeños”, añadió la mamá del recluso.

El abogado defensor José Ocanto señaló que por la inacción de la defensa pública se desmejoró Malvacías, quien paga una condena en Uribana desde hace siete años.

Este jueves en la tarde le darían la medida humanitaria al recluso que está convaleciente. “Hay muchos contaminados con tuberculosis en Uribana y no los toman en cuenta”, denunció Judith Malvacias.

El Observatorio Venezolano de Prisiones capítulo Lara recordó que el Centro Penitenciario David Viloria está bajo medidas provisionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) desde el año 2007. A través de esa resolución se exhorta al Estado venezolano a velar por la integridad de los reclusos y sus familiares.

La muerte de Guédez y el caso de Malvacias serán reportados a la Cidh.

Atención|Presas de Uribana rechazan la gestión de Yoelina Giménez, directora del penal exigen su destitución y piden hablar con autoridades del Ministerio de Asuntos Penitenciarios pic.twitter.com/d8gEKUiNEe

— Obs. V. de Prisiones (@oveprisiones) 13 de septiembre de 2018

@loremelendez

MICROESTADOS QUE FUNCIONAN AL MARGEN DE LA LEY y las autoridades, o con el aval de estas últimas: eso son las cárceles venezolanas.  Las megabandas criminales que azotan al país son protegidas y coordinadas por los «pranes» de los grandes penales; la prisión de Tocorón, en Aragua, se parece más a un resort que a un centro de reclusión; de acuerdo con cifras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 90% de las extorsiones telefónicas se realizan desde los internados. Detrás de los barrotes, la violencia se ha desatado hacia afuera y todo ocurre bajo la égida de un ministerio creado, hace cuatro años y tres meses, bajo la administración de Iris Varela.

El nacimiento de esta instancia no fue casual. Entre junio y julio de 2011, más de treinta personas fueron asesinadas dentro del Internado Judicial Rodeo, en el estado Miranda. El poder de los «pranes» se evidenció cuando las autoridades debieron trasladar a más de 800 reclusos a otros centros, con la intención de protegerlos, y cuando se descubrió que tras las rejas había un arsenal de armas de guerra en manos de los presos.

La respuesta del gobierno, luego de casi 30 días de conflicto, fue anunciar que un nuevo organismo se encargaría de frenar las cifras rojas de los penales: el 26 de julio de ese año se publicó en Gaceta Oficial la creación del Ministerio del Servicio Penitenciario, con Iris Varela como titular de la cartera.

Pero los secuestros, motines, asesinatos y enfrentamientos con armas blancas y de fuego no han dejado de ocurrir en las cárceles. Bajo el mandato de Varela se ha registrado, hasta diciembre de 2014, la muerte de 1.622 personas. Otras 2.238 han quedado heridas en hechos violentos sucedidos en los internados, de acuerdo con los números recabados por el Observatorio Venezolano de Prisiones. Desde el Estado no se ha ofrecido un balance al respecto. Las cifras rojas son esquivas a los medios de comunicación.

Dentro de los penales, la represión también se ha hecho patente. En 2013, la desocupación del Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental, conocido como cárcel de Uribana, se convirtió en la mayor masacre cometida en un internado judicial por funcionarios venezolanos: 66 reos cayeron. En los últimos años, los desalojos y clausuras de prisiones son sinónimo de muerte.

El Régimen Penitenciario —un control que se implementó en más de la mitad de las cárceles en manos del Ministerio— tampoco han parado los reclamos de los reclusos, quienes en 2014 protagonizaron una huelga de hambre y 10 de sangre para obligar al gobierno a escuchar sus quejas sobre el hacinamiento, la mala alimentación y los malos tratos que reciben.

En 2015, la situación no ha sido diferente. Muestra de ello es la reciente crisis ocurrida en el Rodeo el pasado 16 de octubre, cuando los presidiarios secuestraron a cinco custodios para exigir sus derechos. La tensión se mantuvo por una semana y dejó dos reclusos muertos. Al cierre del conflicto, Varela repitió una de sus frases más polémicas: «Nosotros somos campeones en Derechos Humanos». 

Cronología de los motines

2011: Ministerio de estreno

Durante los primeros 100 días del Ministerio del Servicio Penitenciario hubo cuatro secuestros de custodios y familiares y, por lo menos, siete enfrentamientos con saldos mortales. Uno de los hechos violentos incluyó la explosión de una granada, lo que da fe a la existencia de las armas de guerra en los penales. En total, hubo 560 muertos en las cárceles, cifra que supera en 15% a la de 2010, cuando se registraron 476 decesos.

2012: Comienzan las clausuras

El año comenzó con protestas. En Yare, más de 1.300 familiares decidieron permanecer tras las rejas junto a los presos como medida de presión ante las condiciones de hacinamiento que sufrían. La situación se extendió a otras cuatro cárceles. En febrero se registró uno de los “coliseos” de Uribana más sangrientos, con 128 heridos y tres muertos. La clausura de La Planta, en Caracas, y del Internado Judicial de Coro, pusieron en tela de juicio la actuación de las fuerzas de seguridad frente a la población penitenciaria: en ambas hubo excesos contra los reclusos. En ambas hubo muertos. 2012 cerró con 591 fallecidos, 31 más que en 2011.

2013: Uribana y los caídos

Lo que iba a ser una requisa, culminó como la masacre más violenta de la historia carcelaria de Venezuela. La Guardia Nacional desocupó la cárcel de Uribana, en Lara, con un operativo que dejó 63 muertos en apenas tres días. La mayoría de ellos eran reos. En septiembre, la clausura de la cárcel de Sabaneta, en Maracaibo, acabó con un saldo mortal: cayeron 16 presos. Secuestros, motines y enfrentamientos continuaron en la lista de sucesos dentro de los penales. Por primera vez, descendió la cifra total de muertos en el año. De 591, en 2012, bajó a 506, en 2013.

2014: El año del coctel de la muerte

La antigua cárcel de Uribana, designada ahora Centro Penitenciario David Viloria, fue nuevamente el centro de la noticia. Los presos llamaron la atención de autoridades y medios cuando comenzaron una protesta para denunciar los maltratos del nuevo director del penal. Según la versión oficial, un grupo de reos asaltó de madrugada la enfermería y ligó medicamentos para drogarse. Cincuenta de ellos murieron víctimas de un coctel de alcohol absoluto y yodado con otras sustancias. Los enfrentamientos entre reclusos fueron menos numerosos, pero los motines y secuestros de custodios terminaron con cifras rojas. No se conocen los responsables de este hecho, ni se hizo justicia por este caso. Tampoco hay detenidos por la masacre de 2013.

2015: De incendios y secuestros

Este año, los traslados a otros centros de reclusión y la mala alimentación han sido la causa de motines en cárceles que funcionan bajo el Régimen Penitenciario implantado desde el Ministerio. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en Rodeo II, donde hubo una crisis en octubre que incluyó el secuestro de los custodios. El incendio en uno de los pabellones de Tocuyito, que cobró 16 vidas, fue otro de los sucesos del año.

Humberto Prado.- 

El movimiento Redes Penitenciarias de Voluntad Popular, acudió ante el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario donde exigieron a la titular, Iris Varela, la destitución de Julio César Pérez, director del Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental David Alvarado Viloria, mejor conocido como la Cárcel de Uribana, por la flagrante violación de derechos humanos de los internos. Se exhortó también a la ministra a que garantice el respeto al derecho constitucional a la integridad física, psíquica y moral de la población carcelaria, esto a propósito de los repetitivos maltratos y torturas propinados por las autoridades del penal, en los que han resultado muertos y heridos varios reclusos.

Gilber Caro, coordinador nacional de Redes Penitenciarias, responsabilizó a Varela y Viloria de la violenta situación que continúa en la penitenciaría, desarrollada luego de que los reos iniciaron el pasado 24 de noviembre una huelga de hambre en señal de protesta a los malos tratos recibidos, esta situación trascendió dejando decenas de fallecidos. Agregó que tales hechos ponen de relieve la profunda crisis carcelaria que existe en Venezuela, evidenciando el rotundo fracaso en políticas penitenciarias implementados por el gobierno de Nicolás Maduro.

“Este es un sistema que tiene más de 60 años en deterioro continuo pero que se ha afianzado en los últimos 15 años. La ministra Iris Varela ha dicho que tiene control del sistema penitenciario, nosotros nos preguntamos ¿cuál control tiene cuando suceden este tipo de acontecimientos irregulares?, esto no solo ocurre en Uribana, pasa también en el Rodeo y en el CEPRA de Mérida. En Venezuela se puede tener un sistema penitenciario digno, que eduque a los presos, que los reinserte a la sociedad, tal como en República Dominicana que sin ser un país petrolero tiene cárceles modelo”, dijo.

Caro, acompañado por Vladimir Ramírez y Yadira Silva, puntualizó los derechos de los reclusos que permanentemente son vulnerados: “el derecho a la integridad física, psíquica y moral, contemplado en el artículo 46 de la Constitución; la seguridad y la convivencia ordenada del artículo 43; el derecho a la protesta consagrado en el artículo 68 así como el Derecho a la Libertad de pensamiento”.

Finalmente, entregaron un documento elaborado por expertos en la materia para el mejoramiento del sistema penitenciario basado en el respeto de los derechos humanos.