Observatorio Venezolano de Prisiones, autor en Runrun

Presos de El Dorado consumen agua con mercurio por la minería
Para llevar paquetería los familiares deben cruzar el río en lanchas o curiaras

El colapso del sistema penitenciario en el país acarrea cada vez más consecuencias. En esta oportunidad el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) recaudó más denuncias de la grave situación que viven los presos de El Dorado en el estado Bolívar.

Este es uno de los recintos penitenciarios de más difícil acceso. Para llevar paquetería y tener noticias de los presos, los familiares deben cruzar el río en lanchas o curiaras, pero para llegar a ese punto desde el centro del país el camino por tierra es más de 12 horas, tres escalas en autobús y pernoctas de dos a tres días en las cercanías del lugar.

Por la falta de control y corrupción dentro de las cárceles es común que los privados de libertad tengan acceso a teléfonos para comunicarse al exterior, pero en este caso la lejanía de las ciudades no permite establecer ningún tipo de comunicación. Esto limita a los familiares a conocer la realidad del que está recluido dentro de El Dorado y pueden pasar semanas y a veces hasta un mes sin saber de ellos.

Dentro de las múltiples problemáticas que presenta este lugar se encuentra el acceso al agua. En otras cárceles los familiares pueden llevarles hasta un botellón con agua potable para el consumo, pero en El Dorado es casi imposible y los presos se ven obligados a recoger agua de un río cercano, tanto para el consumo como para el aseo.

Sin embargo, los parientes con los que conversó el equipo de OVP denunciaron que los ríos de esta localidad están contaminados con mercurio por la cercanía de las minas que son explotadas en la zona. “Mi hijo y otros presos están enfermos, no sabemos si es por el agua, tuberculosis o alguna otra enfermedad. Mi hijo convulsionó 12 veces en menos de 24 horas y aún no sabemos por qué”, relató la madre de un recluso que prefirió no identificarse.

Asimismo, manifestó cómo el Ministerio de Servicios Penitenciarios ha abandonado en todos los sentidos a este recinto. Cada día hay más enfermos que no reciben atención médica y son los mismos familiares quienes sufren un calvario para llevarles alimentos o medicamentos.

Con respecto a la alimentación, nada más reciben un bollito de harina de maíz una vez al día, nunca consumen proteína y el acceso al agua para el consumo dejó de garantizarse hace mucho tiempo. Este mes fue suspendido el ingreso de paquetería por el aumento de casos de COVID-19 en el país y por el mandato nacional de cuarentena radical, lo que afecta aún más a la población penitenciaria.

145 presos con tuberculosis están aislados en la cárcel Fénix de Lara
La mayoría presentan cuadros de desnutrición y deshidratación, aunado a otras afecciones como dificultades para caminar, tos y diarrea

Sin tratamiento, abandonados y con muy mala alimentación sobreviven 145 privados de libertad de la Comunidad Penitenciaria Fénix, ubicada al norte de Barquisimeto en el estado Lara, que padecen tuberculosis.

Según los familiares, quienes obtuvieron datos del último censo efectuado dentro del penal, presuntamente suman un total de 145 hombres que padecen esta enfermedad infecciosa, por lo que fueron aislados del resto de la población.

Una fuente interna del recinto penitenciario, quien no quiso identificarse por temor a represalias, apuntó que dentro de las instalaciones hay personal de salud adscrito pero brindan la atención que pueden con los pocos insumos que tienen en sus manos.

La misma fuente relató al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que efectivamente se realizó un censo para atender a los presos enfermos y detectaron que la mayoría presentan cuadros de desnutrición y deshidratación, aunado a otras afecciones como dificultades para caminar, tos, diarrea, entre otros.

“Son pocos los reos que son trasladados hasta un centro de salud, únicamente cuando están muy mal, por lo general los hidratan y los regresan. Solo duran horas en el hospital”, comentó la fuente.

A estos enfermos que están en el área de enfermería se les ha permitido que sus familiares les lleven alimentos los días lunes, miércoles y viernes, este último día también les permiten visita. No obstante, no está permitido el ingreso de jugos cítricos, azúcar y las comidas no pueden ir tan condimentadas por su condición, de parte del penal es muy poca o nula la comida que reciben.

“El suministro de comida por parte de los familiares les ha salvado la vida a muchos, porque no recibir bocado fue la principal causa de sus enfermedades. No todos corren con la suerte que alguien les traiga comida y,  aunque algunos comparten lo que les llevan, son precisamente esas personas que no reciben nada las que están más deterioradas”, añadió.

Asimismo, informó que la mayoría no recibe un tratamiento para la tuberculosis, y a los que les llega duraron aproximadamente 5 meses sin recibirlo.

Trascendió que este tipo de tratamiento es enviado desde Caracas y lo que llega a Lara, a través del Hospital Luis Gómez López, es muy escaso. En el mes de enero presuntamente llegaron 25 tratamientos para toda la entidad, por lo que el personal sanitario de Fénix y el Centro Penitenciario David Viloria están solicitando al menos seis tratamientos, para repartirlos en ambos penales, que por obvias razones no fueron suficientes para todos los enfermos.

Los familiares de los presos que tienen tuberculosis y se encuentran sin tratamiento están atados de manos porque solo les permiten llevarles vitaminas y alimentos. Algunos, aunque tienen los récipes para el tratamiento, no los consiguen o no cuentan con los recursos económicos para obtenerlos. Anteriormente muchos lo conseguían en Colombia, pero el cierre de las fronteras desde el inicio de la pandemia por COVID-19 les impide viajar hasta el país vecino.

En tanto, los parientes manifestaron que, aunque les dejan pasar alimentos tres veces por semana, les parece inhumana la forma cómo lo hacen, pues  deben entregar la comida en bolsas plásticas; así como también clamaron por atención médica especializada y tratamiento garantizado para estos 145 enfermos, y que no sean trasladados a un centro  de salud cuando ya se están muriendo.

Tres presos murieron en enero

En otro orden de ideas, cabe resaltar que en el mes de enero murieron tres presos de Fénix a causa de tuberculosis.

El primer fallecido, hecho ocurrido el 4 de enero, respondía al nombre de Rubén Darío Calderón Bastidas, de 73 años de edad. Posteriormente, el 17 de enero, falleció Wilfredo Villamizar Álvaro, de 56 años de edad, mientras que el 27 de enero se reportó la muerte de Luis Buitrago, de 44 años de edad.

Ese último día también se registró la muerte de Yefrin José García Azuaje, de 38 años de edad, quien era preso de Uribana. La tuberculosis fue la principal causa de muerte.

Enfermos por doquier

Familiares de los presos de Fénix Lara aseguraron que son muchos los presos enfermos por otras patologías, quienes tampoco reciben atención médica y mucho menos tratamiento.

Tal fue el caso de José Humberto Hernández Rodríguez, quien desde el 2016 se encuentra detenido en dicho centro penitenciario, no ha recibido atención médica y su salud se ha visto severamente comprometida.

Es por esta razón que a finales de enero del 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de este ciudadano.

En ese sentido, desde el Observatorio Venezolano de Prisiones clamamos por la atención médica inmediata para los presos enfermos, así como también por la atención integral para el resto de la población penitenciaria que sucumbe ante el hambre, la desidia y el abandono.

Hacinamiento y precarias condiciones de vida azotan a presos del Cicpc en El Paraíso
Hay 80 presos que permanecen en un calabozo con capacidad para albergar a 20 personas

La vida de los privados de libertad en cualquier parte del mundo es responsabilidad directa del Estado, independientemente del crimen que hayan cometido o el tiempo de pena que le corresponda, pero en Venezuela ese derecho no es respetado y preservar la vida de los presos es todo un reto para los familiares.

Tal es el caso de varios reclusos en calabozos de Caracas, si no hay familiares que día a día se tomen la tarea de llevar alimentos y enseres en general, es muy difícil que el privado de libertad salga con vida o al menos íntegro luego de pagar condena. No hay sistema de protección que asegure que la vida de la persona que es recluida no se pondrá en juego mientras paga su condena o mientras se desarrollan las investigaciones.

Es el caso de muchos reclusos que tienen a sus  familiares lejos o en otros casos no tienen a nadie que vele por ellos, son dejados a su suerte deliberadamente y terminan muertos o en estado de desnutrición severa. A puertas de los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) de El Paraíso, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pudo conocer el caso de varios privados de libertad, a quienes se les ha vulnerado su derecho a la salud y por ende su vida fue puesta en riesgo.

 “A mi familiar le dio una parálisis ahí adentro, desde ese entonces está en silla de ruedas, no tiene movilidad en las piernas y ha tenido problemas de hipertensión. Es algo que no entiendo en cuanto a la justicia y a los derechos humanos porque la juez le mandó a hacer los exámenes con el forense, pero luego de los resultados la juez no se pronunció. Nada más indicó que él puede estar ahí”, sentenció la familiar de un hombre recluido en las celdas del CICPC El Paraíso.

Para los familiares de estos privados de libertad no es lógico que no sean tomados en cuenta, indicando que no tienen información certera de lo que puede estar sucediendo, porque aunado a sus condiciones de salud está el hecho de los retrasos procesales mal justificados por temas de la pandemia por COVID-19.

“Su mamá tiene que venir cada dos días a bañarlo, llevarlo al baño hasta darle de comer porque él no puede”, puntualizó la dama, quien clamó por ayuda antes de que sea demasiado tarde.

Es de resaltar que en el CICPC El Paraíso hay aproximadamente 80 presos que permanecen en un calabozo con capacidad para albergar 20 personas, lo que se traduce en hacinamiento crítico.

Dicha situación genera preocupación en los familiares porque afecta las condiciones en las que conviven día a día, además de que en caso de existir alguna enfermedad la propagación sería inmediata y la atención médica en los centros de detención preventiva es nula.

OVP: Crisis penitenciaria sumó tres muertos por desnutrición y tuberculosis
En Coro ya han fallecido nueve reos en lo que va de 2020

Las muertes por condición salud continúan siendo la primera causa de muerte en los recintos penitenciarios de Venezuela. La semana pasada se conoció el deceso de al menos tres reclusos, uno de ellos en la Comunidad Penitenciaria de Coro en el estado Falcón y otro dos en el Centro de Formación Hombre Nuevo Libertador en Carabobo.

El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) conoció que Deivis Segundo García Ramírez, de 35 años de edad, murió el martes 29 de septiembre por desnutrición severa en la Comunidad Penitenciaria de Coro, según indicaron en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

Deivis Segundo pasó por los calabozos de cuatro cárceles del país. Empezó en Sabaneta, pero fue enviado al Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, cuando ésta fue desalojada. Luego estuvo en el Centro Penitenciario de Oriente, conocido como El Dorado, en el estado Bolívar y desde el 2018 estaba en Coro.

El reo fallecido fue condenado a 21 años de prisión, de los cuales ya había cumplido 16 años tras las rejas. Estaba cerca de cumplir las tres cuartas partes de la pena, un requisito indispensable para optar por un beneficio, por lo que sus compañeros de celda creyeron que obtendría la libertad bajo régimen de confianza tutelada que le fue otorgada a un grupo de reclusos de este penal durante el mes de septiembre, pero no fue así.

Presuntamente no recibió atención médica y murió dentro de las instalaciones del penal. Con este caso suman nueve los privados de libertad que han fallecido en este centro penitenciario en lo que va de año.

En tanto, el domingo 4 de octubre fallecieron dos privados de libertad en el Centro de Formación Hombre Nuevo Libertador de Carabobo por presunta tuberculosis, quienes fueron identificados como Julio Valera de 33 años de edad y Jonathan García Palmera de 35 años de edad.

Cabe destacar que en todos los casos donde se presume una muerte por condición salud, la principal denuncia que recibe esta organización es la falta de atención médica. Como es de conocimiento público, las cárceles venezolanas no cuentan con personal médico ni espacios adecuados para el tratamiento de los enfermos, que aunado a esto tampoco son trasladados a los hospitales para su debida atención.

Se fugaron de Coro

En la cárcel del estado Falcón se registró un hecho irregular el domingo 4 de octubre. A las 4:00 de la mañana un grupo de custodios ingresó al recinto para hacer el respectivo conteo de los reclusos.

Una persona alertó a los funcionarios sobre una presunta fuga y efectivamente la información fue corroborada durante el conteo de rutina. Los prófugos se encontraban recluidos en los módulos 1 y 5, respectivamente, y fueron identificados como David Rivas Caicedo y José Eduardo González Sibada, ambos de 38 años de edad.

Presuntamente se fugaron entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, utilizando sábanas y mecates para cortar parte de la cerca perimetral.

OVP: Sin atención médica y en condiciones inhumanas sobreviven más de 120 presos en Amazonas
En un destacamento de la GNB conocido como El Muelle hay 19 detenidos en una habitación oscura, cuya única ventilación es la puerta principal

 

Atención médica, agua potable, aseo en los establecimientos, suministro regular de alimentos y restitución de los procesos judiciales son algunas de las peticiones de los familiares de más de 120 detenidos que se encuentran en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de la ciudad de Puerto Ayacucho en el estado Amazonas.

Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), señaló que este grupo de familiares se comunicó con la organización para relatar las penurias que sufren los reos, quienes sucumben ante la desidia penitenciaria y la falta de interés por parte del Estado.

Eduardo Santiago Lozano, de 21 años de edad, murió el pasado 14 de agosto por desnutrición y neumonía. Así lo confirmó su madre María Florez, quien aseguró que el muchacho tenía cinco meses detenido en el CICPC y en ese tiempo rebajó más de 15 kilos.

“Él era un muchacho delgado, pero no estaba como me lo entregaron. Un hueso forrado de piel, así mismo quedó”, fue la descripción que hizo la afligida madre sobre la contextura física de su hijo, quien en sus últimos días fue aislado por su agravado estado de salud ya no le permitía caminar.

“Dos semanas antes de que muriera me dejaron acercarme a esa celda y Eduardo me pedía que lo sacara de allí. Ya no caminaba y su brazo medía tres dedos de grosor, se los medí”, dijo la señora María, quien además explicó que el jueves 13 de agosto, un día antes de su muerte, lo trasladaron hasta el Hospital Dr. José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, porque el médico del CICPC emitió la orden “antes de que muriera en los calabozos”.

Asimismo, la madre manifestó que siempre le llevaba la comida a su hijo, a pesar de no tener los recursos suficientes para garantizar las proteínas recomendadas en la ingesta diaria. “Así fuera arroz o pasta, pero lo llevaba”, sentenció la mujer, quien sospecha que los alimentos no eran entregados al joven.

En otro orden de ideas, María Florez denunció que acudió a los tribunales para solicitar una orden de evaluación médica, pero nunca fue atendida porque el trámite debía ser realizado por un abogado. También clamó por ayuda en la Defensoría del Pueblo, pero “solo me anotaron en un cuaderno y nunca fueron, el día que hospitalizaron a mi hijo acudí nuevamente para ver si lo veían en el hospital y una vez más me anotaron en el cuaderno”, finalizó.

Sin agua y hacinados

La directora del OVP manifestó que, según las denuncias recibidas por su equipo, la sede del CICPC de Puerto Ayacucho alberga a 65 presos en una celda que está dividida por una reja; mientras en el CONAS son al menos 46 los presos que conviven en lo que anteriormente era un baño de un preescolar.

Por su parte, en un destacamento de la GNB conocido como El Muelle hay 19 detenidos en una habitación oscura, cuya única ventilación es la puerta principal.

“La situación es similar en todos los calabozos del territorio nacional, aunado al hacinamiento que es crítico en clara violación a los derechos humanos de los privados de libertad. Son centros de detención preventiva, no son cárceles y estas personas no deben permanecer recluidas allí durante más de 48 horas”, recordó Girón.

En el caso del CICPC, los familiares relataron que deben llevar agua potable en bolsas plásticas porque no permiten el ingreso de envases plásticos. Cuando no hay agua en las instalaciones, los reos se ven obligados a consumir el líquido que emana de la tubería de un aire acondicionado, así como también algunos tienen que dormir de pie porque no hay suficiente espacio.

Mientras tanto, los 46 detenidos del CONAS no tienen acceso a baños, por lo que sus familiares reciben sus heces en bolsas plásticas y aseguran que son pocas las veces que pueden asearse.  Denuncian que en ocasiones la ropa que les entregan para lavar está manchada de sangre, pero desconocen qué es lo que ocurre en este centro.

De igual manera, se conoció que en este centro de detención los reclusos se dividen en dos grupos para dormir y convivir durante el día: 23 de pie y 23 sentados.

En cuanto a los 19 privados de libertad que alberga la GNB en la sede conocida como El Muelle, se conoció que solo tienen agua cuando llega el camión cisterna y pueden pasar hasta una semana sin que esto suceda. Los reos cocinan en una habitación pequeña sin ventilación y derriten plástico para generar fuego.

Todos los familiares afirmaron que estos casos han sido expuestos ante la Defensoría del Pueblo de Puerto Ayacucho, pero hasta la fecha no han enviado comisiones a los centros de detención. Al igual que la madre del joven fallecido en las instalaciones del CICPC, los datos de los denunciantes son anotados en un cuaderno y aparentemente quedan en el olvido.

Por último, la directora del OVP instó a la Defensoría del Pueblo de Amazonas a que atienda estas denuncias por reiteradas violaciones contra los derechos humanos de los privados de libertad en la entidad y, en consecuencia, se proceda a una investigación exhaustiva y veraz sobre cada caso en particular.

*Prensa OVP

Preso del Rodeo II murió el mismo día que debía recobrar su libertad
La directora de OVP lamentó lo sucedido con Douglas y manifestó que cada día llegan más casos similares a la organización

 

Douglas Rojas Segovia, de 34 años de edad, debía ser liberado el viernes 21 de agosto del 2020 y, en efecto, abandonó el Internado Judicial Rodeo II, ubicado en el estado Miranda, pero no como su familia quería. Murió luchando por su salud.

La madre de este joven recibió la llamada de los compañeros de celda de su hijo, quienes le informaron que Douglas había muerto de tuberculosis, según relató la familia.

Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), informó que el equipo de la organización le hizo seguimiento a este caso durante al menos un año, pues se estaba tramitando una medida humanitaria a la cual nunca le dieron respuesta.

Douglas tenía una condena de 7 años y 10 meses de prisión, de la cual había pagado 6 años y 11 meses; además de tener varias redenciones, incluso una que fue otorgada en el 2019 por un año. Según los cálculos, el 21 de agosto Douglas Rojas debía estar en libertad, pero fue ese día que levantaron su cadáver en las instalaciones del penal.

“Mi hijo murió de mengua, pasando hambre”, expresó la madre de Douglas, quien explicó que su hijo apenas pesaba 55 kilos, cuando era una persona con una contextura de más de 100 kilos.

La madre de Douglas visualizó su pérdida de peso hace más de un año cuando el hombre empezó a padecer de malestares, pero fue en el mes de diciembre que presentó una tos que a la mujer no le parecía normal. “Yo pedía que lo evaluara un médico y nada, tampoco me daban la opción de llevarle los medicamentos y los que pude ingresar no eran los adecuados para lo que tenía”, detalló.

De la misma forma la madre detalló que acudieron a tribunales y siempre trataba de hablar con los directivos del penal para ver qué solución le daban, porque en el recinto le habían realizado una prueba de esputo pero le indicaron que los resultados estaban malos y que debían repetirlos.

“Mamá no tengo fuerzas, has lo posible para que me saquen de aquí”, eran las pocas palabras que decía Douglas cuando se lograba comunicar con su madre, quien además le contaba que ya no caminaba, la fiebre no cesaba y la tos no paraba.

La prueba de esputo que debieron repetir en el Rodeo II no se hizo y, en vista de la tardanza, los familiares de Douglas lograron practicarle una en un laboratorio privado. En ese momento, el costo fue de 5 millones de bolívares y el resultado estuvo listo al día siguiente. Tenía tuberculosis.

En ese sentido, la directora de OVP lamentó lo sucedido con Douglas y manifestó que cada día llegan más casos similares a la organización.

“Cómo es posible que los familiares se tienen que enterar de las muertes de sus hijos, esposos o hermanos a través de un compañero, desde el penal no los llaman y tampoco les prestan colaboración para enterrarlos y muchos menos para los traslados cuando son a otros estados”, enfatizó Girón, a la vez que reiteró que acompaña en su dolor a esta mujer.

Observatorio Venezolano de Prisiones: El sistema penitenciario venezolano está enfermo
Carolina Girón, directora del OVP, dijo que es necesario visibilizar y sensibilizar a la sociedad sobre los presos

Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, afirmó que “todo sistema penitenciario venezolano está enfermo, y es necesario ir sanando cada una de las partes”, debido a que no se respetan los derechos humanos de los privados de libertad, ni en los calabozos policiales, ni en los centros penitenciarios del país.

Girón señaló que es necesario visibilizar y sensibilizar a la sociedad para que a los presos en Venezuela se les respeten sus derechos. Indicó que en nuestro sistema penitenciario no se respeta el principio de humanización que implica el trato digno, respeto a la salud, alimentación y atención médica de los privados de libertad.

“Aquí se castiga no solo al preso, sino a sus familias. Durante estos meses de pandemia han perdido toda comunicación con sus privados de libertad, viven en la completa zozobra, pues no saben sobre su salud, no pueden llevarles alimentos, ropa, ni implementos de higiene personal”, al tiempo que añadió que hay presos que ingresaron con 80 kilos y en un año han fallecido pesando 45 kilos”.

La directora del Observatorio Venezolano de Prisiones además ofreció cifras sobre el retardo procesal, indicando que en la actualidad hay un 61% de procesados en nuestras cárceles, mientras apenas el 39% está penado. Por otra parte, el hacinamiento cada día es mayor, alcanzando en la actualidad más del 167.66% en los centros penitenciarios.
Lamentablemente –indicó-, en Venezuela no hay voluntad política para solucionar la realidad penal. Las reglas Mandela no se están cumpliendo, ni siquiera los estándares mínimos.

 

Entre 15 y 20 dólares cuesta “causa” mensual en cárcel de Vista Hermosa
En el mes de mayo se han registrado tres personas fallecidas en el recinto penitenciario 

Más de 1.300 presos sobreviven en la actualidad en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, mejor conocido como cárcel de Vista Hermosa. La falta de medidas de protección, asistencia médica y suministro de alimentos durante la cuarentena obligatoria por el Covid-19 ha contribuido al incremento constante de la “causa” mensual que pagan los familiares de los presos para su manutención. 

El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) conoció que en Vista Hermosa, que es un penal sin régimen penitenciario, los reclusos deben cancelar cierta suma de dinero al mes para preservar su integridad física, lo que en el argot penitenciario es conocido como “causa”. En este caso los montos oscilan entre 15 y 20 dólares e incluso aceptan bolívares según la tasa de cambio del día. 

Los familiares se han mostrado muy preocupados por esta situación, tomando en cuenta que muchos venezolanos no están trabajando desde el primer registro de la pandemia en el país, aunado al funcionamiento limitado de las entidades bancarias, lo que podría poner en peligro la integridad física de sus deudos, quienes viven a merced de un grupo que lidera al resto de la población penal. 

No todos pagan “causa”, según explicaron los familiares. Existe un grupo denominado los “Manchados” que son los que se encuentran en la entrada del penal y han sido desterrados a esa zona por el incumplimiento de normas internas impuestas por el líder negativo, conocido como “Pran”.

Sumado al hacinamiento y la desidia reinante en las cárceles venezolanas, los familiares de los presos de Vista Hermosa deben hacer maniobras para trasladarse hasta el recinto, pues aunque no les han suspendido el pase de paquetería sí han tenido que disminuir la cantidad de veces que puedan llevar alimentos. 

“Algunos como en mi caso y el de otras vecinas íbamos a llevar la comida diaria al penal, pero por la falta de transporte y efectivo lo hacemos dos veces a la semana”, explicó el familiar de un interno. 

En Vista Hermosa tampoco cuentan con agua potable de forma regular, por lo que los presos no pueden cumplir con las principales medidas de prevención contra el Covid-19, tales como lavarse las manos con frecuencia.

 Por el contrario, son éstas familias quienes han tenido que llevar desinfectantes, además de fabricar tapabocas para distribuirlos en el penal. Por esto mismo consideran que se debe realizar una desinfección dentro del recinto y además solicitan presencia de médicos que puedan evaluar a los enfermos con presunta tuberculosis y otras enfermedades infecciosas. 

Muertes tras las rejas

Durante el mes de mayo, en esta cárcel del estado Bolívar se han registrado un total de tres personas fallecidas por distintas causas. 

El 17 de mayo se reportaron dos muertes violentas, la primera fue la de Sócrates José Bravo Urbaneja, de 37 años de edad, quien fue conseguido colgado dentro de su celda. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) están a cargo de las investigaciones para determinar si se trató de un suicido o un homicidio. 

Ese mismo día reportaron el fallecimiento de Carlos Jesús Petit Venegas, de 33 años de edad, quien se encontraba en una de las torres haciendo una instalación de electricidad y murió tras perder el equilibrio y caer al vacío.

El tercer deceso fue el 22 de mayo. Se trata de un preso que murió de tuberculosis y fue identificado como Jesús Enrique Barreto Sánchez, de 27 años de edad. Según la información que obtuvo el equipo de OVP este fue uno de los reclusos que no recibió atención médica adecuada. 

Carolina Girón, directora del OVP, recordó que los privados de libertad son una de las poblaciones más vulnerables ante esta pandemia, por lo que deben tener acceso a agua potable, además de suministro de tapabocas, alimentos y asistencia médica. 

De la misma forma, Girón instó a realizar una investigación exhaustiva, oportuna y veraz sobre las denuncias por el cobro fraudulento de manutención dentro del recinto penitenciario.