Observatorio Venezolano de Prisiones, autor en Runrun

Observatorio Venezolano de Prisiones

Seis días sin comida tienen presos de la Mínima del Complejo Penitenciario de Carabobo
Por orden del nuevo director, los reclusos fueron despojados de alimentos, medicinas y útiles de aseo personal

El cambio del director trajo también cambios para los privados de libertad recluidos en la Mínima del Complejo Penitenciario de Carabobo, mejor conocida como cárcel de Tocuyito, donde por orden de la nueva autoridad los reclusos fueron despojados de los pocos alimentos que les llevan sus familiares, medicinas y útiles de aseo personal.

Según informó una fuente de toda credibilidad al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones en el estado Carabobo, el nuevo director, Ander Ávila, inició su gestión esta semana ordenando requisas en las celdas y decomisando los alimentos que les llevan los familiares cada quince días – durante la semana flexible-, a sus seres queridos.

“Para nosotros es sumamente doloroso ver cómo se violan todos los derechos de nuestros muchachos, que aunque cometieron un error ante la sociedad, ya lo están pagando al ser privados de libertad, sin embargo, ellos son constantemente vejados, como acaba de suceder esta semana, cuando les quitaron la poca comida que les hemos llevado, las medicinas que bien caras están y hasta la pasta dental y jabón de baño”, dijo una madre angustiada.

Los familiares denunciantes hicieron un llamado al nuevo director del penal, a la Ministra del Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras; a la Defensora del Pueblo delegada en el estado Carabobo, Norma Rodríguez, y al mismo Fiscal General de la República, Tarek William Saab, para que hagan respetar los derechos humanos de los privados de libertad.

“Ellos, como todo ser humano, necesitan alimentarse y como bien sabemos el Estado venezolano no responde con la comida de sus reclusos, en las cárceles lo que reciben una vez al día es agua de arroz, agua con bollo, o de vez en cuando granos, así que los familiares hacemos el esfuerzo, con los pocos recursos que tenemos, para llevarles algo de comida, sus medicinas e implementos de aseo personal, así que es injusto que se las quiten”, señaló otra madre.

Recalcaron que aunque son presos, ante todo son seres humanos, que necesitan alimentarse para poder hacerle frente a la cantidad de enfermedades que aquejan a la población penal, como la desnutrición y tuberculosis, enfermedades que actualmente son la principal causa de muerte en los centros carcelarios del país.

Para concluir, los familiares de los privados de libertad de la Mínima del Internado Judicial de Carabobo propusieron, “si el gobierno a través del Ministerio de Servicio Penitenciario no alimenta a los privados de libertad, como es su deber, entonces que les permitan tener su cocinita, sus alimentos, y que ellos mismos hagan su comida”.

En una semana murieron dos presos en Fénix Lara
Jesús Manuel Vergara Rivas de 56 años de edad y José Alberto Sánchez Sulbaran, de 44 años de edad fallecieron por dificultades respiratorias 

Las muertes por desnutrición o enfermedades siguen siendo la principal causa de muerte de los presos en las cárceles venezolanas. Estos fallecimientos son consecuencia de la escasa alimentación y de la nula atención médica que los privados de libertad reciben por parte del Estado.

Según pudo conocer el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en una semana  murieron dos presos por tuberculosis en la Comunidad Penitenciaria Fénix, ubicada en Barquisimeto del estado Lara.

El primer reporte fue el sábado 11 de septiembre en horas de la tarde. El fallecido fue identificado como Jesús Manuel Vergara Rivas, de 56 años de edad, quien fue trasladado hasta el área de enfermería del penal porque presentaba dificultad para respirar.

Jesús Manuel era sobreviviente de la masacre del Centro Penitenciario Los Llanos (CEPELLA), hecho ocurrido el 1 de mayo del 2020 en Guanare, estado Portuguesa. Estaba detenido por el delito de homicidio y, aunque su causa era del estado Barinas, fue trasladado a Lara el 14 de mayo del 2020.

José Alberto Sánchez Sulbaran, de 44 años de edad, comenzó a presentar dificultad para respirar y fue trasladado por los custodios de la cárcel de  Fénix Lara hasta la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto el 16 de septiembre a las 8 de la noche.

Junto a José Alberto iba otro recluso de 24 años de edad, quien presentaba dolor abdominal. Ambos fueron atendidos, pero el estado de José Alberto empeoró y falleció una hora después de ser ingresado a la emergencia del Hospital.

Este preso era del estado Zulia y se encontraba en Fénix Lara desde el  17 de julio del 2013.

Luego de efectuadas las respectivas necropsias de ley, OVP pudo conocer que ambos privados de libertad fallecieron de tuberculosis.

En ese sentido, los familiares de los presos de Fénix se sienten preocupados por la alimentación y el trato que tienen en este penal.

Aseguran que son muchos los presos enfermos y desnutridos, tanto así que existen dos áreas: la enfermería, donde tienen a los presos con tuberculosis, algunos con diagnóstico y otros no; y el área para los desnutridos, donde llevan a los que pesan menos de 45 kilos.

Familiares denunciaron a OVP que los presos que se encuentran en el área de desnutridos son aislados e incomunicados y, lejos de darles una buena alimentación para recuperar su peso, lo que reciben es frijoles y agua caliente.

Lo que describen los privados de libertad es que es un “verdadero castigo” estar en el área de desnutridos, por eso prefieren quedarse en sus celdas porque estando allí pueden resolver. Para ello piden dinero a sus familiares para comprar comida o esperan la visita cada 15 días, pues con lo que les llevan sus seres queridos logran mantenerse durante al menos tres o cuatro días.

“Son muchos los que van al área de tuberculosis y desnutridos que no regresan, el que va para allá o se muere o sale peor”, aseguran los reclusos de este penal.

Murió preso de la cárcel de Uribana tras sufrir una crisis convulsiva
Su madre no pudo conseguir dinero para trasladarlo a una clínica

Luis Antonio Rojas Rodríguez, de 24 años de edad, comenzó a convulsionar y de un momento a otro cayó desmayado frente a sus compañeros del módulo 7 del Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocida como cárcel de Uribana, quien comenzaron a gritar a los custodios en busca de auxilio.

Ese lunes 30 de agosto fue trasladado en estado de inconsciencia hasta la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, estado Lara. Horas después su madre recibió una llamada donde le informaban que el muchacho estaba muy mal de salud.

La señora Abigail Rodríguez, quien reside en la comunidad Agua Linda, zona alta del estado Portuguesa, hizo maletas y por varias horas caminó hasta la población de Ospino, para conseguir un transporte y trasladarse hasta el estado Lara.

La dama relata al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que al llegar encontró a su hijo en una cama y con un tubo en su boca. “Mi muchacho estaba como muerto, no reaccionaba”.

Luis Antonio estuvo custodiado por funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios, pero desde está institución no respondían por los insumos y exámenes que necesitaba el preso de Uribana.

La señora Abigail tuvo que conseguir dinero para exámenes de laboratorio y también le pidieron una tomografía, pero el tomógrafo del centro asistencial no sirve, así que en una clínica le salía en 40$. Para el traslado en ambulancia debía tener 70$ más, dinero que no poseían; así como también le pasaron una lista de medicamentos.

“Yo solo pude reunir para la tomografía, no llegue a conseguir el dinero para su traslado y mi muchacho no aguantó y se me murió”. Luis Antonio falleció la mañana del 2 de agosto, según informaron los familiares al equipo de OVP.

La dama relató que su hijo duró 5 años en Uribana, estaba penado y tenía una condena de 10 años, la cual fue reducida. En las últimas jornadas judiciales su expediente fue revisado y estaban en espera de los cómputos para recibir una medida humanitaria, pues Luis Antonio antes de ser detenido tuvo una intervención quirúrgica en el cráneo y posterior a ello padecía de crisis convulsivas.

Luis Antonio tomaba ácido valproico, medicamento que evitaba las convulsiones, pero desde hace tiempo a su madre no le permitían que lo ingresara, lo único que le dejaban pasar al penal era ibuprofeno para calmar los dolores de cabeza que eran constantes.

La señora Abigail también contó al OVP que su hijo comía bien, gracias a lo que ella le llevaba cada quince días. Cuando estaba en el módulo 6, la madre procuraba llevarle pan y ciertos alimentos para rellenar, eso le duraba al menos cuatro días y entre pasaje y comida gastaba alrededor de 50$.

No obstante, tenía dos meses que no visitaba a su hijo porque lo habían cambiado al módulo 7 y los días de visita eran otros.

Por último, la madre manifestó que “esos pobres presos son engañados con la comida, comen es agua de frijoles y cuando les dicen que les van a dar avena es solo un vaso de agua con azúcar”.

Sufre hasta después de muerto

Los padres de José Antonio estaban en las afueras de la morgue del estado Lara y se sentían atados de mano porque para trasladar su cadáver hasta Ospino, estado Portuguesa, les pedían 120$ que no tenían. Otra de las opciones eran 80 litros de gasolina y entre 60 a 80$.

El equipo de OVP pudo constatar que no hubo ayuda desde el Ministerio ni para lo que requirió el preso en vida y mucho menos para el traslado a su último aposento.

Presos en Guanare fueron engañados para hacerles una requisa
Denunciaron que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana destruyeron todos sus enseres, se llevaron ropa y comida

Sin colchonetas, sin ventiladores, sin comida y con los televisores destrozados se encontraron los presos que conviven en los calabozos  de la Comandancia General de la Policía de Guanare, estado Portuguesa, luego de que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana hicieran una requisa mientras la población penal asistía a un acto de plan de descongestionamiento judicial.

Los presos de Guanare le manifestaron al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que se sienten engañados, pues los sacaron la mañana del jueves 29 de julio para un acto donde darían libertades y mientras todos estaban fuera del recinto hicieron la requisa. Denunciaron que destruyeron todos sus enseres, se llevaron ropa y comida y muchos quedaron sin nada, ahora tienen que reponer las colchonetas y muchos no tienen los recursos para hacerlo.

Asimismo, aseguraron que los funcionarios policiales le incumplieron la palabra porque el día miércoles habían preguntado sobre una posible requisa y ellos lo negaron. Los privados de libertad denunciaron además que dentro de la comandancia tenían unos gallos que fueron encerraron en una misma jaula y los animales se mataron entre sí.

En tanto, informaron que cuatro detenidos fueron sacados de sus celdas señalados como los líderes negativos. Según los presos, les habrían sembrado unas armas y granadas que no existían, para no ser investigados en la causa presuntamente le estarían cobrando una alta suma en dólares.

De la misma forma los privados de libertad de la Comandancia General de la Policía de Guanare dicen sentirse engañados porque el jueves 22 de julio recibieron una visita de una diputada que les prometió que el 80% de la población penal de ese recinto saldría en libertad. Allí habían en total 322 detenidos y todos fueron atendidos durante el plan de descongestionamiento realizado ese mismo día.

Durante la revisión, los jueces y fiscales pudieron constatar el retardo judicial. Habían presos que tenían entre 6 y hasta 8 años que no eran llevados a un tribunal y ni siquiera habían sido objeto de una audiencia preliminar, por lo que le expresaron que todos tenían las causas caídas, situación que, según les explicaron, les valdría para recibir la libertad.

Denunciaron que en esa comandancia no son trasladados a tribunales porque “todo es un negocio” que presuntamente tienen los funcionarios. En cada salida al tribunal de Guanare les cobran entre 5 y 10 dólares, pero quien debe ser llevado a los tribunales de Acarigua deben cancelar 60 dólares y si están por el estado Lara deben pagar hasta 130 dólares.

Ese mismo jueves, que culminaron la jornada de revisión de expedientes, los presos quedaron muy esperanzados con su libertad, pero una semana después llegó un General indicando que solo fueron aprobadas 42 libertades: sin embargo, todos debían acudir al acto.

La población penal de esa comandancia quedó en 280 privados de libertad. A muchos les corresponden libertades pero no fueron tomados en cuenta, ni siquiera los de los delitos menores o los seis presos con tuberculosis que se encuentran en muy mal estado de salud, cuyos familiares esperaban por una medida humanitaria.

En Carabobo

Por otra parte, el miércoles 28 de julio en horas del mediodía, los presos que se encuentran recluidos en la Policía Municipal de Los Guayos protagonizaron un motín exigiendo ser tomados en cuenta por el plan de descongestionamiento judicial.

Según pudo conocer el equipo de OVP en el estado Carabobo, son 62 presos los que están recluidos en esa comandancia, de los cuales 38 iniciaron una huelga de hambre y sangre para llamar la atención de la comisión de emergencia judicial.

A estas instalaciones se hicieron presentes decenas de funcionarios del CICPC, PNB, Guardia Nacional Bolivariana, quienes tras ingresar y controlar la situación, culminaron trasladando a 10 privados de libertad al Internado Judicial de Tocuyito, en el estado Carabobo.

Familiares de estos detenidos denunciaron que con la intervención de los funcionarios los presos trasladados supuestamente fueron golpeados, por lo que temían por su integridad.

De la misma forma informaron que en esa Policía Municipal se encuentran muchos privados de libertad que tienen su boleta de excarcelación lista y otros hasta con penas cumplidas, sin embargo no han sido tomados en cuenta por la comisión del plan de descongestionamiento judicial que ha estado en otras sede policiales de ese municipio.

En El Rodeo III pagan en dólares para que familiares puedan ingresar paquetes
En algunos casos el preso debe pagar hasta $1 para tener acceso a los paquetes enviados por sus familiares

El sistema penitenciario en Venezuela no tiene excepciones en lo que se refiere a la vulnerabilidad de los derechos humanos. La única manera de conseguir “beneficios” o condiciones mínimas de reclusión es pagando sumas en dólares que muy pocos suelen tener.

En comunicación con familiares de privados de libertad del Internado Judicial El Rodeo III, ubicado en la ciudad de Guatire en el estado Miranda, el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pudo conocer las tarifas que se manejan dentro del penal para tener acceso a visitas, paquetería e incluso traslados.

A pesar de ser uno de las pocas cárceles que permite el ingreso de alimentos diariamente y que además pueden llevar comida cruda, el “pranato” coordina la distribución de estos alimentos y en algunos casos el preso debe pagar hasta $1 para tener acceso a los paquetes enviados por sus familiares. La comida debe ser separada en envases transparentes, mientras hay alimentos como el azúcar o jugos que están prohibidos.

Uno de los mayores retos en el tema de la alimentación es que muchos de los presos están recluidos lejos de su tierra natal, por esto mismo a sus familiares se les dificulta llevarles comida a diario por temas de dinero, restricciones de movilidad por la cuarentena obligatoria y distancia.

Muchas veces la paquetería debe ser administrada por el preso para una semana entera o hasta 15 días, pero la capacidad del familiar de llevar esa cantidad de alimentos es limitada, ya que viajan en transporte público hasta el penal.

El privado de libertad que no reciba suficientes productos para cubrir sus necesidades diarias hasta la próxima entrega, debe sobrevivir con el “menú” que les brinda el centro penitenciario, que consta de una o dos a comidas al día, basados en agua de avena o pasta sin ningún tipo de proteínas.

Esto ha abierto el negocio entre reclusos dentro de El Rodeo.  Las ventas pueden ir desde unas catalinas o hasta un pequeño menú; la catalina cuesta 3 millones de bolívares y un plato de comida (dependiendo de lo que el preso tenga a disposición para vender) puede tener un costo de hasta tres dólares.

Quien no tenga la manera de conseguir dinero para pagar por comida o no cuente con el apoyo de algún familiar o amigo, queda a su suerte y condenado a sufrir déficit calórico hasta llegar a la desnutrición, poniéndolo en riesgo de muerte.

La cantidad de presos que no tiene cómo cubrir estas necesidades básicas es cada vez más alta, ya que las condiciones del país son cada vez más difíciles. Familiares relataron que sufren las de Caín para conseguir dinero y poder trasladarse, así como para comprar alimentos suficientes y pagar por agua potable para su ser querido dentro de la cárcel.

En este centro penitenciario, el preso o el familiar deben pagar una cuota por cisternas de agua que permitan abastecer el lugar.

Adicional a esto, se debe conseguir dinero para traslados a tribunales, lo cual tiene una tarifa que va desde los $5 hasta los $50. Todo depende del custodio que esté a cargo, quien no tenga para pagar, se le retrasa su proceso judicial hasta conseguir cómo cubrir este gasto.

Todo esta aberrante situación da indicios suficientes para asegurar que el Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios no asume ninguna responsabilidad económica, ni logística o apoyo al recluso para establecer un sistema que evite que el castigo del que cruza la ley no sea la privativa de libertad, sino el lugar de reclusión.

Presos de Táchira deben esperar por respuestas de Caracas
La mayoría tiene el 75% o las tres cuartas partes de su pena cumplida

La mayoría de los presos del Centro Penitenciario de Occidente (CPO) tienen el 75% o las tres cuartas partes de su pena cumplida, por lo que según las leyes venezolanas optan a beneficios de acuerdo sea el caso. Aunque jueces tachirenses han librado boletas de libertades, estas no se materializan porque esperan respuestas de Caracas.

El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en el estado Táchira constató los casos de más de 100 presos del CPO a quienes les han negado su libertad, aun cuando tienen sus redenciones o simplemente las solicitan. La respuesta es que tienen que ser avaladas por Caracas.

“Los jueces verbalmente manifiestan que no tienen órdenes de dar redenciones y ellos no deben esperar órdenes, porque para eso está el código procesal penal que establece como es un proceso que se debe llevar por un tribunal de ejecución”, explicó la coordinadora de OVP de Táchira, Raiza Ramírez.

A finales del mes de junio los familiares de los privados de libertad del CPO protestaron frente a la sede del Circuito Judicial para exigir el pronunciamiento de los tribunales para los que ya tienen beneficios y libertades,  acelerar la actualización de cómputos, así como también las audiencias preliminares. De la misma forma, solicitaron asistencia médica y mejorar la alimentación en el penal.

A pesar de los esfuerzos de los familiares por ser escuchados, no han tenido respuesta alguna, los atropellos continúan, mientras los privados de libertad siguen sufriendo las calamidades propias de un sistema penitenciario colapsado.

Entre los testimonios que pudo recabar el OVP en Táchira encontramos el de un joven de 19 años de edad, quien relató como a su madre la detuvieron cuando él y sus dos hermanas eran menores de edad, obligándolo a convertirse en el sostén del hogar y tuvo que esperar tener 18 años de edad para comenzar hacer las diligencias de su madre ante los tribunales.

En la actualidad cumple dos años asistiendo  a los tribunales y lo que le han respondido es que no han autorizado procesar causas de ningún tipo debido a la pandemia.

El joven muestra mucha preocupación porque asegura que su madre está enferma y debe hacer esfuerzos físicos para trabajar dentro del penal y mantenerse por su cuenta, porque la alimentación del CPO no es la adecuada.

Por otra parte, una de las madres de un preso de CPO indicó que su hijo tiene una boleta de libertad librada por el juez desde hace tres meses y, aunque la tiene en sus manos en el penal, no le dan la libertad a su hijo. Siempre le aseguran que tiene que dar el visto bueno desde Caracas.

“Sabemos que han cometido delitos y ya los han pagado, lo único que pedimos es que sean atendidos en tribunales porque es su derecho”, expresó la madre de un privado de libertad.

Madres, esposas e hijos están también preocupados por la situación, desean que los privados de libertad salgan con condiciones físicas y mentales para ser útiles a la sociedad.

“Tememos que no salgan aptos por el encierro y todo lo que viven allí”, manifestó una madre.

De la misma forma denunciaron que cuando va Plan Cayapa para el penal u otros planes de revisiones para presos, solo se benefician los que pagan en dólares, aquellos que no lo hagan no son objetos de estudios de sus casos.

Sin proteína, sin azúcar y sin sal

Las madres también denunciaron que los presos del CPO I, II y el anexo femenino no están consumiendo proteínas, así como tampoco los dejan consumir azúcar ni sal.

En ocasiones sus tres comidas son una arepa sin relleno, a veces una sola arepa es lo que comen en todo el día. Asimismo, han llegado a comer alguna verdura que es donada por familiares, muchos de ellos están flacos, pálidos. Una de las madres denunció que su hijo pesaba 85 kilogramos y ahora solo pesa 57 kilos.

De la misma forma OVP supo que la población masculina tiene 3 meses padeciendo por la falta de gas, por lo que deben cocinar con leña o acudir al anexo femenino para hacerlo.

De igual manera, los familiares de los privados de libertad indicaron que no tenían acceso a un servicio médico, que en caso de que enfermen no tienen insumo ni cómo atenderlos, sumado a las malas condiciones de la distribución del agua.

Familiares de los presos de Táchira piden a las autoridades del penal que la alimentación sea mejorada y una vez más hacen un llamado a los tribunales para que se rijan y hagan cumplir la ley y de esta forma se dejen de vulnerar los derechos de los privados de libertad.

 

En un nuevo informe, Bachelet confirmó precarias condiciones de encarcelamiento en Venezuela
Entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021, el Observatorio Venezolano de Prisiones registró 320 muertes de reclusos, 226 de ellos a causa de una enfermedad

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, detalló en un nuevo informe que el sistema de abusos y torturas aplicado por el régimen de Nicolás Maduro sigue vigente en Venezuela.

“Las condiciones de detención, entre ellas el hacinamiento, las instalaciones sanitarias e higiénicas inadecuadas y la falta de acceso a una alimentación adecuada, al agua potable, al tratamiento de enfermedades, a actividades útiles y al ejercicio al aire libre, permanecen en general por detrás de las normas internacionales”, reveló el documento en cuanto a las condiciones a las que sobreviven los privados de libertad en todo el territorio nacional.

Asimismo el informe de Bachelet hace mención a que durante el tiempo que abarca la investigación, entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) registró 320 muertes de reclusos, 226 de ellos a causa de una enfermedad.

“Salvador Franco, un indígena pemón detenido desde diciembre de 2019, murió en el centro penitenciario El Rodeo II del estado Miranda en enero de 2021. Según la información recibida por el ACNUDH, el Sr. Franco había solicitado atención médica reiteradamente”.

Como se recordará, el 21 de noviembre de 2020 el Tribunal ordenó el traslado de Salvador a un centro médico, pero este no se produjo hasta la tarde del 2 de enero de 2021. En ese momento, ya se encontraba en estado crítico. Fue trasladado de nuevo a la prisión, pero murió esa noche a causa de tuberculosis.

“Según el Fiscal General, en diciembre de 2020 había 22.759 personas en prisión preventiva. La situación de las personas detenidas en centros de detención policial continuó siendo particularmente preocupante. Se denunciaron condiciones de grave hacinamiento, infraestructuras inadecuadas, falta de saneamiento, acceso limitado al agua y falta de atención médica, así como violencia sexual contra las mujeres. La mayoría de los centros de detención preventiva, según lo reportado, no proporcionan alimentos a las personas detenidas, dejando a los familiares o a las organizaciones benéficas como únicos proveedores de alimentos”.

Violencia sexual contra las mujeres

En el nuevo informe, Bachelet afirmó que recibieron informes de violencia sexual contra mujeres en prisión preventiva. Tal como lo ha denunciado OVP en un sinfín de oportunidades y en su informe “Mujeres privadas de libertad: Las voces tras las rejas”, la ACNUDH mencionó que la mayoría de las instalaciones no están adaptadas para cumplir las normas específicas de género y las detenidas a menudo están vigiladas por hombres.

“El 13 de marzo, un agente de la Policía Estatal de Barinas mató a una mujer bajo custodia policial, después de que ella se hubiera negado presuntamente a participar en actos sexuales. La ACNUDH pide a la fiscalía que investigue a fondo las denuncias de violencia sexual presentadas por otras mujeres detenidas y que procese a los agentes de policía presuntamente involucrados”.

En otro orden de ideas, el informe revela que las ya precarias condiciones de detención se deterioraron aún más en muchos centros de privación de libertad durante el período que abarca la investigación, agravadas por la disminución de los recursos financieros, la falta de mantenimiento y las medidas adoptadas para prevenir el contagio en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19).

“La suspensión de las visitas el 13 de marzo de 2020, para prevenir la propagación del virus causante de la COVID-19, dejó a las personas privadas de libertad sin acceso a sus familias o abogados y abogadas. Las visitas fueron retomadas en septiembre de 2020 en los centros gestionados por el Ministerio del Poder Popular para Servicios Penitenciarios, y posteriormente en los centros de detención militar, de acuerdo con los protocolos de bioseguridad establecidos. La continuación, regularidad y ampliación de las visitas es fundamental para garantizar las condiciones adecuadas de detención y el derecho a la defensa”.

Asimismo, confirmó que la alimentación en los centros de detención estaba por debajo de los estándares y era insuficiente. Las restricciones a las visitas familiares también impactaron en el acceso a los alimentos de las personas detenidas, que a menudo dependen de sus familiares para que les proporcionen fuentes de alimentación suplementarias para satisfacer sus necesidades nutricionales.

Aunque muchos centros de detención aceptan alimentos de los familiares, las fuentes denunciaron irregularidades en su entrega a las personas detenidas. Esta situación agravó la malnutrición reportada en los centros de detención.

Muertes bajo custodia

La ACNUDH también se mostró preocupada por las muertes bajo custodia, especialmente debido a la elevada incidencia de la tuberculosis, la malnutrición y otras enfermedades entre las personas privadas de libertad.

En ese sentido, señaló que ni la policía ni los órganos de investigación tienen el mandato legal de mantener a personas detenidas bajo custodia más allá del límite de 48 horas.

En el caso del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la ley prohíbe expresamente mantener a personas detenidas en sus instalaciones. Sin embargo, en la práctica, las personas detenidas pueden permanecer en centros de detención preventiva durante meses o años, a la espera de su comparecencia y juicio ante los tribunales.

Finalmente, según lo reseñado en el informe, la ACNUDH proporciona actualmente asistencia técnica con el fin de identificar medidas adecuadas para hacer frente a estos problemas. Para leer el informe completo haga click aquí.

Por presunta tuberculosis murió joven de 21 años en el Internado Judicial de Carabobo
Fue condenado en el 2018 a 4 años de prisión por estar supuestamente implicado en el robo dentro de un local

Un joven de apenas 21 años, identificado como Jesús Daniel Rangel, falleció el pasado jueves en el Internado Judicial de Carabobo por presunta tuberculosis, enfermedad que junto a la desnutrición, está diezmando a la población penal de Venezuela.

Familiares de Jesús Daniel informaron que el joven fue condenado en el 2018 a 4 años de prisión por estar supuestamente implicado en el robo dentro de un local, donde tenía solo 3 meses laborando como vigilante. 

En ese momento solo tenía 17 años de edad, pero consiguió ese trabajo para ayudar a su madre y hermana. Ya en poco tiempo estaría cumpliendo su pena.

Él, al igual que muchos otros presos, sufrió durante el 2020 las penurias debido a la suspensión de las visitas por la cuarentena decretada por la Covid-19. Ya no recibían la comida que todas las semanas les llevaban sus seres queridos, por lo que perdió mucho peso y su salud se deterioró.

Lamentablemente las condiciones de reclusión y la falta de alimentos lo llevaron a la desnutrición, siendo presa fácil de la tuberculosis, que representa más de un 60% de los fallecimientos en las cárceles y centros de detención preventiva del país.

Jesús Daniel falleció el jueves en horas del mediodía: sin embargo, sus familiares se enteraron de su muerte, no por las autoridades del Internado Judicial, sino gracias a una llamada que les hizo uno de sus compañeros de reclusión a las 4:00 de la tarde.

Mientras los familiares de este joven víctima de la desidia oficial estaban en sus trámites funerarios, otro penado de nombre Jerry Quintero, quien estaba recluido en la Mínima del Internado Judicial de Carabobo, también falleció por la misma causa en ese centro de reclusión.