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OVP: Presos de Táchira sufren por cortes eléctricos de hasta 12 horas
La directora del OVP, Carolina Girón, indicó que aunque la situación también se vive en otras regiones, el estado Táchira es una de las más afectadas

Los presos de distintos calabozos policiales en Táchira también padecen por cortes eléctricos de entre 9 y 12 horas. Estos cortes azotan a la región desde hace mucho tiempo.

“Aunque el ciudadano común también vive la pesadilla por la falta del fluido eléctrico, el preso la padece doble. Cuando se va la luz los reclusos están encerrados en cuartos pequeños donde no pueden moverse, tienen que turnarse para sentarse y la temperatura aumenta considerablemente”, explicó Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

La abogada y defensora de derechos humanos agregó que, aunque esta situación también se vive en otras regiones, el estado Táchira es una de las más afectadas.

“Esto es inhumano para los presos, aunado a que los funcionarios policiales deben multiplicar esfuerzos para evitar una fuga u otras situaciones irregulares”, detalló Girón, al tiempo que recordó que el personal policial no recibe formación para el tratamiento adecuado de los privados de libertad, pues los centros de detención preventiva no deben albergar detenidos durante más de 48 horas. No obstante, es de público conocimiento que en los calabozos policiales hay presos con hasta cinco años de estadía.

La desnutrición los acecha

Otro de los problemas que aqueja a los presos del Táchira es la falla en el suministro de alimentos, siendo la principal consecuencia el alto índice de desnutrición en esta comunidad.

Según el equipo del OVP en la entidad, se conoció que algunos de los presos han rebajado hasta 50 kilos en los últimos meses.

Cabe destacar que la alimentación de los reclusos en Táchira está a cargo de sus familiares, quienes en su gran mayoría se ven imposibilitados de trasladarse a las sedes policiales por la escasez de gasolina y las restricciones de la cuarentena obligatoria por COVID-19.

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Carolina Girón, directora del OVP, explicó que Johel Antonio también fue víctima del retardo procesal porque tenía siete años recluido y desde el 18 de agosto del 2018 esperaba ser trasladado hasta los tribunales para iniciar el juicio

Familiares de Johel Antonio Castro, de 26 años de edad, viajaron desde Barlovento, estado Miranda, hasta Guárico, para tener información sobre el joven que estaba recluido en la cárcel 26 de Julio desde hace siete años.

Trascendió que los deudos recibieron una llamada telefónica en la que les informaron que Johel Antonio estaba convaleciente. Presas de la desesperación y conscientes de la desidia que azota a la población penitenciaria, lograron trasladarse hasta el penal a pesar de la cuarentena obligatoria que rige en todo el territorio nacional.

Johel Antonio falleció a las 4:00 de la mañana de este 5 de septiembre por una presunta tuberculosis y se convirtió en una víctima más de la precaria situación a la que sobreviven los presos venezolanos.

Los familiares del fallecido relataron que el 30 de agosto fueron contactados por los compañeros de celda del joven, quienes les aseguraron que estaba muy enfermo con fiebre, vomitaba sangre y ya no podía caminar.

El 1 de septiembre, después de lograr trasladarse, un funcionario los recobió en la puerta del penal y les indicó que Johel Antonio estaba en perfectas condiciones y que era atendido en el área de enfermería, pero no les brindó mayores detalles sobre la enfermedad que padecía. En tanto, los familiares aseguraron que el director se negó a atenderlos.

Asimismo, los deudos clamaron por la ayuda de un abogado público que fue asignado a su caso para solicitar una orden de traslado hasta un centro asistencial, pero este nunca les dio una respuesta.

En paralelo, en el penal les aseguraron que este 4 de septiembre le harían la prueba para detectar tuberculosis, pero esto nunca sucedió y una de las excusas fue que no tenían cómo trasladarse.

“Ahora sí nos respondieron en el penal para confirmar que estaba muerto, cuando ya es demasiado tarde. Mi familiar murió de mengua”, dijo uno de los afligidos parientes, quien agregó que los funcionarios del penal tampoco se comunicaron con ellos para informarles sobre el fallecimiento de Johel Antonio y una vez más recibieron la noticia por parte de otros reclusos.

 

Hasta la 1:00 de la tarde de este 5 de septiembre el cadáver del joven permanecía dentro de la cárcel 26 de Julio porque funcionarios del CICPC no habían efectuado el levantamiento, lo que se traduce a nueve horas dentro de las instalaciones del penal.

Retardo procesal

Carolina Girón, directora del OVP, explicó que Johel Antonio también fue víctima del retardo procesal porque tenía siete años recluido y desde el 18 de agosto del 2018 esperaba ser trasladado hasta los tribunales para iniciar el juicio. Nunca lo hicieron bajo el alegato de que no había vehículos.

Asimismo, exigió a las autoridades penitenciarias que ayuden a esta familia con el traslado de su ser querido hasta el estado Miranda, ya que no tienen recursos para hacerlo, considerando además que desde el momento de su detención Johel Antonio se encontraba bajo la responsabilidad del Estado.

La abogada puntualizó que al equipo del OVP llegó una denuncia en la que aseguran que hace semanas llegaron toneladas de alimentos al penal, en especial productos cárnicos, pero los presos del 26 de Julio continúan sufriendo por hambre, por lo que solicitó una investigación oportuna, exhaustiva y veraz por parte de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.

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