Observatorio Venezolano de Prisiones, autor en Runrun

Observatorio Venezolano de Prisiones

En El Rodeo III pagan en dólares para que familiares puedan ingresar paquetes
En algunos casos el preso debe pagar hasta $1 para tener acceso a los paquetes enviados por sus familiares

El sistema penitenciario en Venezuela no tiene excepciones en lo que se refiere a la vulnerabilidad de los derechos humanos. La única manera de conseguir “beneficios” o condiciones mínimas de reclusión es pagando sumas en dólares que muy pocos suelen tener.

En comunicación con familiares de privados de libertad del Internado Judicial El Rodeo III, ubicado en la ciudad de Guatire en el estado Miranda, el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pudo conocer las tarifas que se manejan dentro del penal para tener acceso a visitas, paquetería e incluso traslados.

A pesar de ser uno de las pocas cárceles que permite el ingreso de alimentos diariamente y que además pueden llevar comida cruda, el “pranato” coordina la distribución de estos alimentos y en algunos casos el preso debe pagar hasta $1 para tener acceso a los paquetes enviados por sus familiares. La comida debe ser separada en envases transparentes, mientras hay alimentos como el azúcar o jugos que están prohibidos.

Uno de los mayores retos en el tema de la alimentación es que muchos de los presos están recluidos lejos de su tierra natal, por esto mismo a sus familiares se les dificulta llevarles comida a diario por temas de dinero, restricciones de movilidad por la cuarentena obligatoria y distancia.

Muchas veces la paquetería debe ser administrada por el preso para una semana entera o hasta 15 días, pero la capacidad del familiar de llevar esa cantidad de alimentos es limitada, ya que viajan en transporte público hasta el penal.

El privado de libertad que no reciba suficientes productos para cubrir sus necesidades diarias hasta la próxima entrega, debe sobrevivir con el “menú” que les brinda el centro penitenciario, que consta de una o dos a comidas al día, basados en agua de avena o pasta sin ningún tipo de proteínas.

Esto ha abierto el negocio entre reclusos dentro de El Rodeo.  Las ventas pueden ir desde unas catalinas o hasta un pequeño menú; la catalina cuesta 3 millones de bolívares y un plato de comida (dependiendo de lo que el preso tenga a disposición para vender) puede tener un costo de hasta tres dólares.

Quien no tenga la manera de conseguir dinero para pagar por comida o no cuente con el apoyo de algún familiar o amigo, queda a su suerte y condenado a sufrir déficit calórico hasta llegar a la desnutrición, poniéndolo en riesgo de muerte.

La cantidad de presos que no tiene cómo cubrir estas necesidades básicas es cada vez más alta, ya que las condiciones del país son cada vez más difíciles. Familiares relataron que sufren las de Caín para conseguir dinero y poder trasladarse, así como para comprar alimentos suficientes y pagar por agua potable para su ser querido dentro de la cárcel.

En este centro penitenciario, el preso o el familiar deben pagar una cuota por cisternas de agua que permitan abastecer el lugar.

Adicional a esto, se debe conseguir dinero para traslados a tribunales, lo cual tiene una tarifa que va desde los $5 hasta los $50. Todo depende del custodio que esté a cargo, quien no tenga para pagar, se le retrasa su proceso judicial hasta conseguir cómo cubrir este gasto.

Todo esta aberrante situación da indicios suficientes para asegurar que el Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios no asume ninguna responsabilidad económica, ni logística o apoyo al recluso para establecer un sistema que evite que el castigo del que cruza la ley no sea la privativa de libertad, sino el lugar de reclusión.

Presos de Táchira deben esperar por respuestas de Caracas
La mayoría tiene el 75% o las tres cuartas partes de su pena cumplida

La mayoría de los presos del Centro Penitenciario de Occidente (CPO) tienen el 75% o las tres cuartas partes de su pena cumplida, por lo que según las leyes venezolanas optan a beneficios de acuerdo sea el caso. Aunque jueces tachirenses han librado boletas de libertades, estas no se materializan porque esperan respuestas de Caracas.

El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en el estado Táchira constató los casos de más de 100 presos del CPO a quienes les han negado su libertad, aun cuando tienen sus redenciones o simplemente las solicitan. La respuesta es que tienen que ser avaladas por Caracas.

“Los jueces verbalmente manifiestan que no tienen órdenes de dar redenciones y ellos no deben esperar órdenes, porque para eso está el código procesal penal que establece como es un proceso que se debe llevar por un tribunal de ejecución”, explicó la coordinadora de OVP de Táchira, Raiza Ramírez.

A finales del mes de junio los familiares de los privados de libertad del CPO protestaron frente a la sede del Circuito Judicial para exigir el pronunciamiento de los tribunales para los que ya tienen beneficios y libertades,  acelerar la actualización de cómputos, así como también las audiencias preliminares. De la misma forma, solicitaron asistencia médica y mejorar la alimentación en el penal.

A pesar de los esfuerzos de los familiares por ser escuchados, no han tenido respuesta alguna, los atropellos continúan, mientras los privados de libertad siguen sufriendo las calamidades propias de un sistema penitenciario colapsado.

Entre los testimonios que pudo recabar el OVP en Táchira encontramos el de un joven de 19 años de edad, quien relató como a su madre la detuvieron cuando él y sus dos hermanas eran menores de edad, obligándolo a convertirse en el sostén del hogar y tuvo que esperar tener 18 años de edad para comenzar hacer las diligencias de su madre ante los tribunales.

En la actualidad cumple dos años asistiendo  a los tribunales y lo que le han respondido es que no han autorizado procesar causas de ningún tipo debido a la pandemia.

El joven muestra mucha preocupación porque asegura que su madre está enferma y debe hacer esfuerzos físicos para trabajar dentro del penal y mantenerse por su cuenta, porque la alimentación del CPO no es la adecuada.

Por otra parte, una de las madres de un preso de CPO indicó que su hijo tiene una boleta de libertad librada por el juez desde hace tres meses y, aunque la tiene en sus manos en el penal, no le dan la libertad a su hijo. Siempre le aseguran que tiene que dar el visto bueno desde Caracas.

“Sabemos que han cometido delitos y ya los han pagado, lo único que pedimos es que sean atendidos en tribunales porque es su derecho”, expresó la madre de un privado de libertad.

Madres, esposas e hijos están también preocupados por la situación, desean que los privados de libertad salgan con condiciones físicas y mentales para ser útiles a la sociedad.

“Tememos que no salgan aptos por el encierro y todo lo que viven allí”, manifestó una madre.

De la misma forma denunciaron que cuando va Plan Cayapa para el penal u otros planes de revisiones para presos, solo se benefician los que pagan en dólares, aquellos que no lo hagan no son objetos de estudios de sus casos.

Sin proteína, sin azúcar y sin sal

Las madres también denunciaron que los presos del CPO I, II y el anexo femenino no están consumiendo proteínas, así como tampoco los dejan consumir azúcar ni sal.

En ocasiones sus tres comidas son una arepa sin relleno, a veces una sola arepa es lo que comen en todo el día. Asimismo, han llegado a comer alguna verdura que es donada por familiares, muchos de ellos están flacos, pálidos. Una de las madres denunció que su hijo pesaba 85 kilogramos y ahora solo pesa 57 kilos.

De la misma forma OVP supo que la población masculina tiene 3 meses padeciendo por la falta de gas, por lo que deben cocinar con leña o acudir al anexo femenino para hacerlo.

De igual manera, los familiares de los privados de libertad indicaron que no tenían acceso a un servicio médico, que en caso de que enfermen no tienen insumo ni cómo atenderlos, sumado a las malas condiciones de la distribución del agua.

Familiares de los presos de Táchira piden a las autoridades del penal que la alimentación sea mejorada y una vez más hacen un llamado a los tribunales para que se rijan y hagan cumplir la ley y de esta forma se dejen de vulnerar los derechos de los privados de libertad.

 

En un nuevo informe, Bachelet confirmó precarias condiciones de encarcelamiento en Venezuela
Entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021, el Observatorio Venezolano de Prisiones registró 320 muertes de reclusos, 226 de ellos a causa de una enfermedad

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, detalló en un nuevo informe que el sistema de abusos y torturas aplicado por el régimen de Nicolás Maduro sigue vigente en Venezuela.

“Las condiciones de detención, entre ellas el hacinamiento, las instalaciones sanitarias e higiénicas inadecuadas y la falta de acceso a una alimentación adecuada, al agua potable, al tratamiento de enfermedades, a actividades útiles y al ejercicio al aire libre, permanecen en general por detrás de las normas internacionales”, reveló el documento en cuanto a las condiciones a las que sobreviven los privados de libertad en todo el territorio nacional.

Asimismo el informe de Bachelet hace mención a que durante el tiempo que abarca la investigación, entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) registró 320 muertes de reclusos, 226 de ellos a causa de una enfermedad.

“Salvador Franco, un indígena pemón detenido desde diciembre de 2019, murió en el centro penitenciario El Rodeo II del estado Miranda en enero de 2021. Según la información recibida por el ACNUDH, el Sr. Franco había solicitado atención médica reiteradamente”.

Como se recordará, el 21 de noviembre de 2020 el Tribunal ordenó el traslado de Salvador a un centro médico, pero este no se produjo hasta la tarde del 2 de enero de 2021. En ese momento, ya se encontraba en estado crítico. Fue trasladado de nuevo a la prisión, pero murió esa noche a causa de tuberculosis.

“Según el Fiscal General, en diciembre de 2020 había 22.759 personas en prisión preventiva. La situación de las personas detenidas en centros de detención policial continuó siendo particularmente preocupante. Se denunciaron condiciones de grave hacinamiento, infraestructuras inadecuadas, falta de saneamiento, acceso limitado al agua y falta de atención médica, así como violencia sexual contra las mujeres. La mayoría de los centros de detención preventiva, según lo reportado, no proporcionan alimentos a las personas detenidas, dejando a los familiares o a las organizaciones benéficas como únicos proveedores de alimentos”.

Violencia sexual contra las mujeres

En el nuevo informe, Bachelet afirmó que recibieron informes de violencia sexual contra mujeres en prisión preventiva. Tal como lo ha denunciado OVP en un sinfín de oportunidades y en su informe “Mujeres privadas de libertad: Las voces tras las rejas”, la ACNUDH mencionó que la mayoría de las instalaciones no están adaptadas para cumplir las normas específicas de género y las detenidas a menudo están vigiladas por hombres.

“El 13 de marzo, un agente de la Policía Estatal de Barinas mató a una mujer bajo custodia policial, después de que ella se hubiera negado presuntamente a participar en actos sexuales. La ACNUDH pide a la fiscalía que investigue a fondo las denuncias de violencia sexual presentadas por otras mujeres detenidas y que procese a los agentes de policía presuntamente involucrados”.

En otro orden de ideas, el informe revela que las ya precarias condiciones de detención se deterioraron aún más en muchos centros de privación de libertad durante el período que abarca la investigación, agravadas por la disminución de los recursos financieros, la falta de mantenimiento y las medidas adoptadas para prevenir el contagio en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19).

“La suspensión de las visitas el 13 de marzo de 2020, para prevenir la propagación del virus causante de la COVID-19, dejó a las personas privadas de libertad sin acceso a sus familias o abogados y abogadas. Las visitas fueron retomadas en septiembre de 2020 en los centros gestionados por el Ministerio del Poder Popular para Servicios Penitenciarios, y posteriormente en los centros de detención militar, de acuerdo con los protocolos de bioseguridad establecidos. La continuación, regularidad y ampliación de las visitas es fundamental para garantizar las condiciones adecuadas de detención y el derecho a la defensa”.

Asimismo, confirmó que la alimentación en los centros de detención estaba por debajo de los estándares y era insuficiente. Las restricciones a las visitas familiares también impactaron en el acceso a los alimentos de las personas detenidas, que a menudo dependen de sus familiares para que les proporcionen fuentes de alimentación suplementarias para satisfacer sus necesidades nutricionales.

Aunque muchos centros de detención aceptan alimentos de los familiares, las fuentes denunciaron irregularidades en su entrega a las personas detenidas. Esta situación agravó la malnutrición reportada en los centros de detención.

Muertes bajo custodia

La ACNUDH también se mostró preocupada por las muertes bajo custodia, especialmente debido a la elevada incidencia de la tuberculosis, la malnutrición y otras enfermedades entre las personas privadas de libertad.

En ese sentido, señaló que ni la policía ni los órganos de investigación tienen el mandato legal de mantener a personas detenidas bajo custodia más allá del límite de 48 horas.

En el caso del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la ley prohíbe expresamente mantener a personas detenidas en sus instalaciones. Sin embargo, en la práctica, las personas detenidas pueden permanecer en centros de detención preventiva durante meses o años, a la espera de su comparecencia y juicio ante los tribunales.

Finalmente, según lo reseñado en el informe, la ACNUDH proporciona actualmente asistencia técnica con el fin de identificar medidas adecuadas para hacer frente a estos problemas. Para leer el informe completo haga click aquí.

Por presunta tuberculosis murió joven de 21 años en el Internado Judicial de Carabobo
Fue condenado en el 2018 a 4 años de prisión por estar supuestamente implicado en el robo dentro de un local

Un joven de apenas 21 años, identificado como Jesús Daniel Rangel, falleció el pasado jueves en el Internado Judicial de Carabobo por presunta tuberculosis, enfermedad que junto a la desnutrición, está diezmando a la población penal de Venezuela.

Familiares de Jesús Daniel informaron que el joven fue condenado en el 2018 a 4 años de prisión por estar supuestamente implicado en el robo dentro de un local, donde tenía solo 3 meses laborando como vigilante. 

En ese momento solo tenía 17 años de edad, pero consiguió ese trabajo para ayudar a su madre y hermana. Ya en poco tiempo estaría cumpliendo su pena.

Él, al igual que muchos otros presos, sufrió durante el 2020 las penurias debido a la suspensión de las visitas por la cuarentena decretada por la Covid-19. Ya no recibían la comida que todas las semanas les llevaban sus seres queridos, por lo que perdió mucho peso y su salud se deterioró.

Lamentablemente las condiciones de reclusión y la falta de alimentos lo llevaron a la desnutrición, siendo presa fácil de la tuberculosis, que representa más de un 60% de los fallecimientos en las cárceles y centros de detención preventiva del país.

Jesús Daniel falleció el jueves en horas del mediodía: sin embargo, sus familiares se enteraron de su muerte, no por las autoridades del Internado Judicial, sino gracias a una llamada que les hizo uno de sus compañeros de reclusión a las 4:00 de la tarde.

Mientras los familiares de este joven víctima de la desidia oficial estaban en sus trámites funerarios, otro penado de nombre Jerry Quintero, quien estaba recluido en la Mínima del Internado Judicial de Carabobo, también falleció por la misma causa en ese centro de reclusión.

Estado venezolano debe garantizar derechos humanos de presos políticos en cárceles venezolanas
Estado venezolano no garantiza alimentación, salud ni vida de los reclusos

Para el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ningún preso político debe estar tras las rejas. Todo aquel que se encuentre privado de su libertad por ideas políticas, por defender derechos sociales y políticos o por estar en desacuerdo con órdenes inconstitucionales, debe estar en libertad.

Cabe resaltar que el traslado de los presos políticos a centros penitenciarios no les garantiza su integridad física ni mental, considerando que el Estado venezolano no se hace responsable de la alimentación, la salud ni siquiera del derecho a la vida. Evidencia de ello fue el caso del indígena de la etnia pemón, Salvador Franco, quien falleció desnutrido y sin atención médica inmediata.

La misma situación ocurrió con el joven Virgilio Jiménez Urbina, quien fue trasladado a un centro asistencial cuando su estado de salud se había agravado demasiado. Estaba desnutrido y deshidratado.

Tal como denunciamos en reiteradas oportunidades, el equipo de OVP se encuentra sumamente preocupado por la dramática situación que atraviesan los privados de libertad en Venezuela, quienes carecen de una alimentación balanceada, entre otros insumos básicos, a pesar de que se encuentran bajo la responsabilidad del Estado desde el día de su detención.

De igual manera, son constantes las denuncias por la falta de alimentos en los recintos penitenciarios, donde solo consumen arepas sin relleno, arroz y granos. El consumo de proteínas es casi nulo y todo esto ha conllevado a que los reclusos pierdan hasta 50 kilos de peso con graves indicios de desnutrición.

Aunado a esto, está la falta de  acceso a la salud. Son muchas las trabas que enfrentan los privados de libertad para ser trasladados a un centro asistencial, además de que en el interior de los recintos no cuentan con personal médico que los pueda atender durante las 24 horas del día.

En tanto, aún cuando los presos enfermos son atendidos y referidos a una evaluación médica, tampoco son trasladados a un centro de salud y es por esta razón que muchos mueren en el interior de su celda.

Los presos venezolanos también padecen la falta de servicios básicos y son los familiares quienes asumen el suministro de agua potable, por ejemplo.

En ese sentido, desde el OVP exigimos que se garanticen los derechos humanos de todos los privados de libertad en las cárceles a lo largo y ancho del territorio nacional.

Aumentaron agresiones hacia mujeres en Amazonas en el primer cuatrimestre de 2021
Entre octubre de 2020 y abril de 2021, el OVV Amazonas registró 230 actuaciones en materia de violencia de género

De acuerdo con el monitoreo de medios de comunicación y páginas web de organismos de seguridad en el municipio Atures, el Observatorio Venezolano de Violencia en Amazonas (OVV Amazonas) registró, de enero a abril, 34 casos de violencia interpersonal, entre los que hubo 19 agresiones graves o leves que representan el 55,9% de todos los casos; de ellos, 14 se cualifican como delitos asociados a violencia de género.

En cuanto a la distribución por género, de los 19 hechos registrados como agresión, las mujeres fueron las víctimas en 16 de los casos, equivalentes al 84,2%.

De los reportes registrados por el Observatorio de Prensa (OP) del OVV Amazonas, se conoció el caso de una joven que recibió una golpiza por parte de su pareja. Tras el hecho, y luego de la denuncia de la víctima, una comisión del cuadrante policial más cercano a su residencia, ubicada en la parroquia Fernando Girón Tovar del municipio Atures, logró la captura del agresor.

Otra situación se presentó en la parroquia Luis Alberto Gómez. Luego de una fuerte discusión, un hombre intentó estrangular a su pareja. Familiares realizaron la denuncia ante las autoridades y cuando llegaron al sitio, el ciudadano se rehusó a montarse en la patrulla, hasta que lograron mediar. En otro caso en la misma capital amazonense, un sujeto, al culminar la relación de pareja, intentó sacar a su ex esposa a la fuerza de su casa, ocasionándole daños físicos durante la pelea.

De los resultados preliminares de un proyecto de asistencia humanitaria, adelantado por la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, entre octubre de 2020 y abril de 2021, al cual el OVV Amazonas tuvo acceso, se desprende que en ese período hubo 230 actuaciones en materia de violencia de género. El equipo del OVV Amazonas considera que los resultados antes mencionados constituyen un indicador de la magnitud del problema, que reafirma lo registrado en el monitoreo realizado durante el primer cuatrimestre del presente año. Además, avala la hipótesis de que la mayoría de las víctimas no recurre a la denuncia ante las autoridades oficiales, lo que contribuye con la no visibilización del problema.

OVP denunció ante Corte Interamericana precariedad de cárceles venezolanas
Hacinamiento en las prisiones es de 120%

“El sistema penitenciario venezolano no tiene las condiciones mínimas que reúna los estándares internacionales para albergar en los centros penitenciarios a personas de grupos vulnerables, tales como adultos mayores, niños, indígenas, personas LGTBI y mujeres embarazadas, en período de post parto y lactantes”, denunció Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) durante el 141° Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

En el marco de la audiencia pública de solicitud de opinión consultiva sobre enfoques diferenciados en materia de personas privadas de libertad, Girón enfatizó que el hacinamiento en las cárceles es crítico con un 120%; así como también explicó que la población carcelaria es de 37.500 personas y la capacidad instalada es para 26.238.

Durante su participación, la directora del OVP recalcó que durante 2020 se registraron 292 muertes, de las cuales 184 fueron a causa de desnutrición y tuberculosis. Esto representa más de 60% de los fallecidos en los penales venezolanos.

La abogada y defensora de Derechos Humanos explicó ante la CorteIDH que en Venezuela existen dos modalidades de centros: los abiertos que son controlados por presos, y los que permanecen bajo régimen con estricto control del Ministerio de Servicios Penitenciarios.

“La actual infraestructura data de más de 20 años, en notable deterioro por falta de mantenimiento tanto correctivo como preventivo y la gran mayoría no cuenta con agua potable, esta es surtida mediante camiones cisternas, una vez a la semana los más favorecidos”, indicó Girón.

En ese sentido, recordó que en el país existen nueve centros penitenciarios  que son beneficiarios de medidas provisionales de protección dictadas por la CIDH: Internado Judicial Rodeo I y Rodeo II, Centro Penitenciario Metropolitano Yare I y Yare II, Centro Penitenciario de Aragua, Centro Penitenciario Región Oriental Monagas, Internado Judicial Bolívar, Centro Penitenciario David Viloria y el Centro Penitenciario de la Región Andina Mérida, sin que hasta la presente fecha se hayan cumplido los requerimientos.

Sin pruebas de COVID-19

“Durante el estado de alarma por pandemia, decretado el 13 de marzo de 2020, hasta la fecha no se han practicado pruebas para descartar contagio por la COVID-19, por lo que no se conoce si en las cárceles ha habido contagios o muertes por esta enfermedad”, manifestó Carolina Girón, directora del OVP.

De la misma forma, expresó que los hombres y mujeres que están presos en las cárceles venezolanas carecen de atención médica y el acceso a medicamentos es precario, por lo que son los familiares quienes deben suministrarlos y además solicitar los traslados a los centros de salud.

En cuanto a la alimentación suministrada por los centros penitenciarios, sentenció que es mínima y constantemente escasea. Debido a esta situación, son los familiares quienes deben llevar alimentos y agua potable.

Estado viola los derechos de las personas vulnerables

Durante el periodo de sesiones, la directora de OVP también relató la situación de privados de libertad que forman parte de los grupos más vulnerables.

En el país son 2.200 las mujeres que se encuentran recluidas en centros carcelarios. En Venezuela solo existe una cárcel para mujeres que es el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en la ciudad de Los Teques a 20 minutos de Caracas, el resto son anexos construidos al lado de los centros penitenciarios para hombres que no poseen la infraestructura necesaria para la atención de mujeres en la condición especial para mujeres embarazadas, en período de post parto y lactantes.

En este penal y los anexos femeninos no se permite la visita de hombres, por lo que los niños no tienen contacto con sus padres.

Si alguna privada de libertad tiene un niño estando en prisión estos permanecen con la madre hasta los 3 años de edad, en algunos casos los entregan a familiares o a una institución de abrigo.

Ante esta situación es evidente que en los centros de reclusión en Venezuela no se cumplen las Reglas Bangkok.

La directora de OVP añadió que las personas LGBTI sufren discriminación, tratos crueles, degradantes e inhumanos, tanto de la población reclusa como de los custodios, es común el abuso sexual y que sean utilizados para labores de aseo y recolección de desechos.

En cuanto  a las personas indígenas, relató que viven como el resto de la población, no hay respeto para sus creencias ni cultura, deben adaptarse a las normas de convivencia del recinto, así como tampoco cuentan con intérpretes dentro de los centros. El momento fue propicio para recordar el caso del preso político Salvador Franco, indígena de la etnia Pemón, a quien lo dejaron morir en la cárcel Rodeo II teniendo orden de traslado a un centro de salud.

En cuanto a los adolescentes infractores, Girón expresó que son sometidos a ejercicios físicos de orden cerrado. En tanto, no se conoce la cantidad de adolescentes detenidos en el país por la opacidad del Estado, y es de conocimiento público que las instituciones no cuentan con el personal necesario para cumplir con los programas socioeducativos individuales.

Recordemos que la legislación venezolana establece que las personas mayores de 70 años de edad no deben ser sujeto de medidas privativas de libertad, pero esta norma no se cumple porque se privilegia la privación de libertad ante cualquier otra alternativa de enjuiciamiento o cumplimiento de pena.

En calabozos policiales la situación se agrava

En otro orden de idea, Carolina Girón recalcó ante la CorteIDH que el padecimiento del grupo vulnerable en los calabozos policiales es peor aún.

Calificó la situación como preocupante y explicó que en estos centros “no hay acceso ni a la alimentación, agua potable, instalaciones sanitarias, ni a servicios médicos, donde el hacinamiento supera el 400% por capacidad instalada. Solo se mantienen separadas a las mujeres en celdas, sin ventilación y sin oportunidad de desplazamiento, mayormente duermen en el piso y en condiciones muy precarias”,  puntualizó Girón.

La directora de OVP pidió ante la CorteIDH debatir la obligación de los Estados a cumplir las decisiones de la Corte y que no queden ilusorios sus fallos a los fines de reparación y/o protección a las víctimas.

Familiares temen por alimentación de presos durante la cuarentena radical
Altos índices de desnutrición entre la población penitenciaria son alarmantes

La escasa o nula alimentación de los privados de libertad en las cárceles venezolanas es una denuncia constante por parte de sus familiares. Los altos índices de desnutrición entre la población penitenciaria es realmente alarmante, aunado a la alta tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas como la tuberculosis.

En conversaciones con algunos reclusos, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha corroborado que su alimentación diaria se basa en granos, arroz o arepa sin relleno. No obstante, los que pueden comer aunque sea un poco al día consideran que tienen mucha suerte, pues en otros recintos solo les suministran caldo de pasta o granos sin sal, así como también tienen prohibido el consumo de azúcar.

Para paliar un poco la situación, familiares de los reos venezolanos les proveen alimentos cocidos, panes y catalinas, cada quince días o al menos dos veces al mes, en los días de visita o cuando permiten el pase de lo que ellos denominan “paquetería”. Gracias a la ayuda de sus seres queridos, muchos presos han sobrevivido al hambre y la desnutrición que ha acabado con la vida de sus compañeros de celda.

Debido a la radicalización de la cuarentena por COVID-19 durante 14 días, los familiares se mostraron preocupados por la salud física y mental de los presos que sucumben ante la desidia de un Estado ausente para la población penitenciaria.

Tal como ha reseñado el OVP en un sinfín de oportunidades, son muchos los reclusos que sobreviven lejos de su tierra natal, lo que representa un calvario para los familiares que deben trasladarse de un estado a otro, considerando el alto costo del transporte, entre otros gastos.

Incluso, aunque vivan en la misma ciudad, son muchos los familiares que no podrán trasladarse hasta los penales por las dificultades propias del contexto pandemia y las restricciones impuestas por el Gobierno nacional.

En ese sentido, los parientes se preguntan ¿Qué comerán los presos durante estos 14 días de cuarentena radical? Es una interrogante difícil de responder cuando ni siquiera se conoce el presupuesto destinado para alimentos por el Ministerio de Servicios Penitenciarios.

Por último, los familiares hicieron un llamado a la encargada del Ministerio de Servicio Penitenciarios para que garantice la alimentación adecuada de cada uno de los presos y como consecuencia evitar el incremento de las muertes por hambre en los recintos penitenciarios.