Las periodistas de investigación Lisseth Boon (Runrunes), Lorena Meléndez (Runrunes) y María Ramírez (Correo del Caroní) se unieron en un Twitter Space en el que hablaron sobre la deforestación, contaminación, pobreza, corrupción y violencia al sur del Orinoco, aspectos que documentan rigurosamente en Viaje a la fosa de la devastación del Arco Minero del Orinoco, un trabajo especial publicado el 18 de septiembre por este portal.
Caos y daño ambiental
Boon contó que emprendieron este trabajo hace 10 meses con el propósito de explorar la situación del Arco Minero del Orinoco después de la pandemia. «Teníamos la información de que la explotación aurífera del sur del país había continuado, a diferencia de otras regiones donde estaba paralizada la vida y producción de otros rubros. Nos aliamos con Transparencia Venezuela, que además utilizó parte de este material para un informe sobre economías ilícitas, y por supuesto, un aliado natural, que es el Correo del Caroní, especializado en el tema minero y ambiental por estar radicado en Bolívar».
Precisó que durante la pandemia aparecieron nuevas empresas y plantas industriales para el procesamiento de oro con el uso de cianuro.
«También, encontramos mucho más molinos, unas empresas muy misteriosas, desconocidas, algunas con muros altos y con unos letreros sin registro de identificación fiscal ni mayor información completamente a la vista de los de los transeúntes de la troncal 10, que es la carretera internacional que une a Venezuela con Brasil y es la que atraviesa los municipios mineros. La deforestación está a la vista. Antes era más difícil acceder a estas zonas, que habían sido impactadas por toda la explotación aurífera en el Arco Minero del Orinoco. Ahora podemos ver cómo va avanzando y se han talado árboles ahí; hay remoción de tierra, los principales ríos que bordean estas poblaciones mineras están completamente contaminados y con sedimentos producto de toda esta actividad minera y de sus residuos».
Boon dijo que el panorama ha cambiado considerablemente: «Cada vez aparecen nuevas empresas y esto desdice mucho del control y de la organización que pretendía crear el gobierno al decretar esta zona como el Arco Minero del Orinoco bajo la supervisión de la Corporación Venezolana de Minería, que está omnipotente, omnipresente en todas partes, está como ese sello, esa aparente presencia, que es la que autoriza y aparentemente vigila y controla toda la actividad de la explotación aurífera en en el sur del país»
Señaló, además, que lo más notorio es el caos y «un impacto no solamente ambiental, sino en la vida de los pueblos mineros, de la gente, de las comunidades indígenas. Eso es lo que lo que pudimos constatar con este viaje».
Comunidades sitiadas por grupos armados
Ramírez, por su parte, relató que en la pandemia la minería ilegal se expandió, lo cual, por supuesto, repercutió negativamente sobre las comunidades indígenas. «Lo que ha pasado con la expansión minera es que prácticamente la invasión de los territorios ha sido totalmente evidente. No es solamente que estas minas han sido ocupadas por grupos armados, sino que los grupos armados también han instalado sectores comerciales, tarantines, ventas clandestinas, aunque son a plena vista de todos los transeúntes y de todos los que los que pasan por esta vía internacional».
Narró que durante la pandemia se creó una zona que comercial «controlada por los grupos armados que ha afectado totalmente en la vida de esta comunidad, no solamente por por la presencia de ellos, sino también porque los alimentos han aumentado porque hay tráfico de drogas y, por supuesto, de armas».
Además de eso, continuó Ramírez, tuvieron noticia de un caso reciente: un conflicto por una invasión de un galpón. «Pudimos ver que prácticamente alrededor de las comunidades indígenas y en territorios indígenas también se están construyendo molinos y plantas sin consulta previa».
En Viaje a la fosa de la devastación del Arco Minero del Orinoco, el lector «encontrará casos emblemáticos de indígenas asesinados durante estas invasiones de territorio. Pero no solamente eso, sino también podrá conocer esta explosión demográfica, gente atraída por la explotación del oro que ha viajado al sur de Bolívar a unirse a esta actividad. Esta explosión demográfica ha colapsado mucho más los precarios servicios públicos que hay en esta zona, y prácticamente estos municipios, que son los que de donde se extrae el oro, están en las peores condiciones de servicios, de seguridad, de educación y de salud».
Durante su intervención, Ramírez también resaltó que los grupos armados que son conocidos en el sur del estado Bolívar tienen rodeadas estas comunidades. «Estos grupos armados no se conforman con que han invadido en estos territorios indígenas, sino que también ahora quieren controlar las minas que explotan las propias comunidades indígenas. Estas comunidades indígenas con las que hablamos defienden la explotación de esos territorios como una forma de sustentar sus gastos. Ellos dicen ‘si nosotros pedimos en este momento, por ejemplo, que el gobierno nos resuelva algún problema que tenemos, sabemos que no lo va a resolver’. Por eso ellos defienden esa explotación como una forma de sustentar sus gastos. Pero los grupos avanzan».
Escándalos y contrabando
Meléndez hizo referencia a los nombres de civiles y militares del gobierno que están vinculados con la minería y tienen su control. Asimismo, se refirió a asesinatos y secuestros ligados a estas tramas y a empresas que han sido asociadas a escándalos políticos.
«Hay un personaje que es Eduardo Enrique González. Salió en los titulares de prensa en el año 2018 porque que el fiscal Tarek William Saab lo mencionó y acusó de ser el zar del oro. Dijo que lo lo apodaban ‘el Tati’ y que el hecho de estar al frente de esta empresa, que se llama molinos La Vanguardia, le permitió extraer y contrabandear 150 kilos de de oro, que para ese momento equivalían a unos 6 millones de dólares. Lo cierto es que, si bien hubo un señalamiento por parte de Saab, y se libraron supuestamente órdenes de detención, nunca se supo qué pasó con ellos», sostuvo.
Visite el especial: Viaje a la fosa de la devastación del Arco Minero del Orinoco
Minería ilegal profundiza crisis de derechos humanos
En un informe divulgado este 20 de septiembre, la Organización de las Naciones Unidas reveló que las violaciones de los derechos humanos siguen ocurriendo en el Arco Minero del Orinoco.
La misión internacional creada para investigar la situación de los derechos humanos en Venezuela dijo que, a pesar de la presencia militar, los grupos armados operan abiertamente y controlan minas y poblaciones, a las que someten a diversos abusos, que van desde asesinatos hasta explotación sexual de mujeres y niñas.
Según un informe de la misión, el gobierno no solo no ha hecho nada para prevenir o detener estos abusos, sino que agentes gubernamentales y de las bandas criminales actuarían en complicidad en algunas zonas del estado de Bolívar.
Según la investigación, las fuerzas del Estado atacaron en el municipio de Gran Sabana a poblaciones indígenas y perpetraron detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos, lo que muestra que la violencia en Venezuela afecta a las zonas más remotas del país y olvidadas -salvo para la extracción minera- por las autoridades nacionales.
Asimismo, se enfatiza que las actividades económicas en esa zona han creado oportunidades para que personas cercanas al poder se enriquezcan, en particular los miembros de la cúpula militar y política.
Con información de EFE
