Fiscalía en silencio tras hallazgo de cuatro fosas clandestinas en minas de Bolívar
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha ofrecido declaraciones oficiales sobre el avance de las averiguaciones, la ubicación exacta de las fosas y la cantidad de cadáveres encontrados en el territorio minero
Foto: Domingo Hernández Lárez
El portal web Correo del Caroní reseñó que el Ministerio Público (MP) se mantiene en silencio tras el hallazgo de cuatro fosas clandestinas en las minas de Bolívar.
Durante las incursiones militares de noviembre e inicios de diciembre, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reportó vía redes sociales el hallazgo y aseguraron que las osamentas humanas fueron encontradas en lugares controlados por el grupo delincuencial Las 3R.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha ofrecido declaraciones oficiales sobre el avance de las averiguaciones, la ubicación exacta de las fosas y la cantidad de cadáveres encontrados en el territorio minero.
Según Correo del Caroní, en dicho estado han ocurrido más de cuatro masacres, más de 90 desaparecidos, líderes indígenas asesinados, pueblos desplazados y más de 3.500 mujeres víctimas de explotación sexual y laboral, producto del patrón de violencia inherente a la explotación de minerales.
Ronnie Boquier, abogado y coordinador del área jurídica de la ONG Cofavic, declaró en entrevista que los familiares de estas personas que están ahí enterradas no son los únicos afectados. “Es la sociedad entera la que necesita respuestas. ¿Por qué hay fosas comunes en el sur? Se debe llegar a la verdad”, dijo.
“Es probable que estas personas fueron ejecutadas de manera arbitraria, y se tienen que aplicar los protocolos necesarios para determinar la manera en que murieron y quiénes fueron los responsables de estos hechos”, agregó.
El portal web destaca que el MP está en la obligación constitucional de abrir una línea de investigación amplia para determinar muertes potencialmente ilícitas, desapariciones forzadas y demás delitos que impliquen o no la participación directa de funcionarios del Estado involucrados, tal como lo establece también el Protocolo de Minnesota sobre muertes potencialmente ilícitas.
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