Al periodista Carlos Julio Rojas lo imputaran por los delitos de terrorismo, conspiración, instigación y asociación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa.
Así lo expuso ayer el fiscal general de la República designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, en una rueda de prensa donde presentó videos de los testigos Jerry Ostos y Carlos Eduardo Castillo, en los que develaban supuesto plan desestabilizador encabezado por María Corina Machado y el partido Vente Venezuela.
Saab dijo que el supuesto plan orquestado desde el seno de Vente Venezuela tenía como objeto “sembrar zozobra en la población, interrumpir el proceso electoral del venidero 28 de julio y propiciar una intervención extranjera”.
“El plan era interrumpir la inscripción del presidente de la República ante el CNE. Además de generar incertidumbre y conmoción a nivel nacional, para producir en la población una falsa sensación de debilidad del presidente”.
El funcionario dijo que el objetivo de Ostos y Castillo era atacar espacios como el Metro de Caracas, tomar cuarteles, sabotear al sistema eléctrico nacional y generar actos de violencia.
“A Jerry Ostos se le encontró un arma de fuego calibre 9 mm con 12 municiones. Y a Carlos Castillo, se le encontró un arma de fuego calibre 7.65 mm, con 6 municiones”, informó el fiscal.
Rechazo a la detención de Rojas
Diversos organismos y personalidades dentro y fuera de Venezuela condenaron la detención del periodista y activista por los derechos fundamentales de los caraqueños.
En Venezuela sigue la criminalización al activismo, periodistas, opositores, ONG y sociedad civil, como pasó hace horas con Carlos Julio Rojas.
Maduro profundiza su política de persecución contra disidentes.
Estamos en mayor riesgo frente a la ausencia de democracia y Estado de…
“Rechazamos la detención arbitraria de Carlos Julio Rojas, demostración de una política de Estado que impone el miedo, liquidando a quienes critican la gestión gubernamental, es claro el mensaje de las altas esferas del poder”, escribió el Colegio Nacional de Periodistas en su cuenta de X.
Asimismo, la Plataforma Unitaria Democrática rechazó la aprehensión de Rojas: “Está siendo acusado vilmente de formar parte de un supuesto magnicidio. Exigimos su libertad inmediata y el cese de la persecución en contra de la dirigencia social y política que legítimamente se opone a este régimen”.
Por su parte, el excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, sostuvo que esto no es más que un pase de factura a Rojas por su papel activo en todas las protestas que se llevan a cabo en La Candelaria.
“También le cobran su apoyo a las comunidades, durante las denuncias por la crisis de servicios públicos y de todos los problemas que afectan a Caracas. Le cobran ser un luchador social. Rechazamos esta nueva detención y nuestra solidaridad con sus familiares, amigos y a todos los líderes sociales que como él, acompañan a nuestro pueblo para exigir sus derechos. Todo esto solo suma a la crisis y le resta al encuentro de soluciones que demanda el país”, denunció.
Durante las últimas semanas las autoridades venezolanas han promovido tres leyes que tendrían impacto directo en el proceso electoral y en una mayor reducción del espacio cívico, según advirtió la ONG Laboratorio de Paz.
El pasado 3 de abril, Nicolás Maduro promulgó la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba. En su artículo 6, la ley establece que: “Venezuela no se someterá a mecanismos de resolución de controversias por parte de terceros, incluyendo arbitrajes y la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”.
Además, esta normativa establece en su artículo 25 la prohibición de optar a cargos de elección popular a “las personas que, en cualquier momento antes de la elección (…), hayan adoptado conductas que di recta o indirectamente favorezcan o respalden la posición de la República Cooperativa de Guyana”.
Finalmente, el artículo 26 indica: “La impugnación de la postulación de una candidata o candidato por razones de inelegibilidad con base en el supuesto previsto en esta Ley, se interpondrá directamente ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia”.
Esta normativa generó el rechazo de la República Cooperativa de Guyana, Caricom y la OEA. A pesar de lo expresado en la ley el 9 de abril, Venezuela consignó en la sede de la CIJ los documentos para defender su posición en la disputa.
Por otra parte, se promovió la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y expresiones similares, aprobada en primera discusión el pasado 2 de abril. La aprobación de la misma significará “el fin de la pluralidad política y la libertad de expresión”, advirtió la ONG.
Además, sus artículos del 12 al 17 “tendrían incidencia directa en el proceso electoral”, permitiendo la disolución de organizaciones y la prohibición de acceso a cargos públicos para quienes “hayan adoptado conductas que directamente promuevan o hagan apología del fascismo”.
Para la organización Acceso a la Justicia no se trata de una ley represiva más, sino de “un cambio en el sistema penal venezolano, transformando el sistema sancionatorio existente”.
La “ley contra el fascismo” generó críticas del Colegio Nacional de Periodistas, Consejo Universitario UCV, Centro para la Paz y los DDHH UCV y del académico Jesús María Casal.
La tercera legislación sería la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones sociales sin fines de lucro, de la cual trascendió un informe de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional para su segunda discusión.
Este documento ratifica que su objetivo sería “establecer el régimen de constitución, registro y funcionamiento de las organizaciones sociales sin fines de lucro”, que obligaría a todas las asociaciones del país a gestionar un nuevo registro para su funcionamiento.
¿Cómo afectan estas leyes al proceso electoral y los mecanismos de negociación y acuerdos?
Durante la semana del 8 al 12 de abril visitó Venezuela una Misión Exploratoria de la Unión Europea para reunirse con las autoridades nacionales y electorales, así como diferentes sectores de la sociedad, para evaluar la posibilidad de realizar observación electoral, según lo establecido en el Acuerdo de Barbados.
El pasado 5 de abril, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que se invitaría “a 67 organismos electorales de todo el mundo, así como a diferentes personalidades, y las listas de acompañantes que emanen de las organizaciones con fines políticas”.
Agregó que para el mes de abril se esperaban las visitas del Centro Carter y del Panel de Expertos de Naciones Unidas para coordinar “detalles logísticos de su despliegue y acompañamiento al proceso electoral”.
Posteriormente, el 11 de abril, el CNE suscribió un “acuerdo de observación” con el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) y el Observatorio de Pensamiento Estratégico para la Integración Regional (Opeir).
Nicolás Moscoso, del Ceela, declaró que “el observador no viene a dictaminar si la elección está bien o mal, sino a colaborar con los organismos electorales para que el sistema electoral continúe mejorando”, agregando que “los resultados de ese trabajo serán conocidos exclusivamente por el CNE”.
Carlos López, presidente de Opeir, declaró que “el de Venezuela es uno de los sistemas electorales más firmes y transparentes a nivel global”.
Por la información trascendida tanto Ceela como Opeir realizarían labores de “acompañamiento” y no de “observación”.
Finalmente, el 8 de abril se divulgó la invitación a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y en especial a Colombia, para que sean observadores en las elecciones. Diferentes analistas recordaron que Colombia no contaba con tradición ni reputación en observación electoral.
La ONG Mi Convive reveló que el 57% de los jóvenes de las zonas populares del municipio Libertador de Caracas afectados por la violencia armada abandonaron sus estudios por la crisis económica del país, a pesar de que 81% de quienes desertaron querían continuar con sus estudios.
Así lo señala el estudio “Encara: encuesta a jóvenes caraqueños”, el cual se realizó en 13 parroquias del municipio Libertador para indagar sobre las condiciones sociales y factores de riesgo, con jóvenes entre 15 y 25 años.
Este estudio se hizo en 2021 con una muestra de 355 participantes provenientes de comunidades de Caracas afectadas por la violencia armada.
De acuerdo con la ONG, en los últimos 5 años, Caracas ha estado entre las ciudades más violentas de la región. Los y las jóvenes están propensos a situaciones de déficit económico, expuestos a la violencia armada, y excluidos de posibilidades efectivas de educación, trabajo y desarrollo integral.
Entre los hallazgos, Mi Convive señala que el 5,8% de los jóvenes logró acceder a estudios universitarios o técnicos, y 33,4% no completó el bachillerato. La edad media en que se abandonan los liceos y escuelas es a los 16 años.
Esta deserción escolar también está asociada al embarazo temprano, es decir, adolescentes y jóvenes que tienen hijos y deben responder por las familias que han formado. También se detectó que 27,6% de esos jóvenes sufren doble exclusión: no estudian ni trabajan.
Por otra, parte, la mayoría de los jóvenes viven en hogares con cinco miembros en promedio y en 84% de hogares predomina la figura adulta de la mujer, lo que reafirma la desigualdad en roles domésticos entre hombres y mujeres.
Con relación a la violencia, 1 de cada 3 encuestados prefirió no emitir opinión sobre las bandas delictivas y fuerzas armadas; y quienes sí hablaron 45% expresó que en sus zonas hay bandas criminales y 76% no se siente seguro con ellas. Los cuerpos de seguridad del Estado tampoco les ofrecen confianza. De hecho, 1 de cada 3 jóvenes encuestados había sido víctima de un robo, pérdida de un familiar y/o violencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
El estudio de Mi Convive también señala la exposición a otros factores de riesgo como el fácil acceso a drogas y alcohol.
Aunque la encuesta se realizó en 2021, la situación económica y social no ha hecho sino empeorar, de acuerdo con los datos arrojados por la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello en 2023 (Encovi).
Los jóvenes caraqueños trabajan para “resolver” el día a día, lo cual les genera experiencias emocionales de intranquilidad, desconfianza y angustia, y dan cuenta de una transición adelantada y atropellada hacia la adultez.
«El Estado ha vuelto una práctica común el traslado de los presos a discreción de las autoridades como un recurso para amenazar o como forma de castigo tanto al privado de libertad como a sus familiares», aseveró Humberto Prado, director del OVP, en una rueda de prensa digital.
Después de la intervención militar a las cárceles de Tocorón, el Tocuyito y otros cinco centros penitenciarios venezolanos durante el despliegue militar «Operación Liberación Cacique Guaicaipuro» entre los meses de septiembre y octubre de 2023, la ONG pudo constatar, a través de entrevistas con privados de libertad y sus familiares, que los funcionarios de seguridad podían estar hasta un mes sin informar del paradero de los presos.
En Runrun.es condensamos los hallazgos del Observatorio Venezolano de Prisiones en cinco claves:
38,14 % de las plazas en las cárceles venezolanas no están operativas
Solo 34 de los 52 centros carcelarios en Venezuela están operativos. El Observatorio calculó que se han perdido 10 008 plazas y la capacidad real instalada de las cárceles son de 16 230 plazas (que debería ocupar un privado de libertad cada una).
«Es importante mencionar que se está contabilizando 750 plazas disponibles del Internado Judicial de la Región Capital Rodeo I, su población reclusa mayormente se trata de personas privadas de libertad por motivos políticos», aclara la ONG en su informe.
A través de entrevistas protegidas, el Observatorio afirmó que el Estado abrió la cárcel Rodeo I después de estar varios meses sin servicios, pero «hasta el primer trimestre de 2024 dicho Internado Judicial no está utilizando más del 15% de su capacidad real instalada».
Advierten que el Estado y los funcionarios de seguridad no están separando a los privados de libertad por el delito cometido, su situación jurídica, sus antecedentes penales, su situación de vulnerabilidad y su enfoque diferenciado, «lo que representa un riesgo a la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad, afecta incluso, el proceso de reinserción social».
«Tenemos un hacinamiento crítico, en números rojos. La cifra de hacinamiento carcelario es mayor si se evalúa de manera individual cada centro», dijo Prado.
«Hicimos el seguimiento a los traslados masivos que se hicieron en siete establecimientos carcelarios (de la Operación Liberación Cacique Guaicaipuro), y esas casi 8 000 personas fueron trasladadas a centro donde ya había una tasa de hacinamiento crítico», agregó.
Opacidad sobre el paradero de los reclusos
El Estado y los funcionarios venezolanos trasladan a los privados de libertad sin notificar a los familiares ni abogados el motivo de la movilización o el destino final.
«Los familiares nunca se enteran por la directiva del recinto carcelario o del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. En algunas ocasiones, saben que su pariente ha sido dirigido a otro penal
cuando realizan la visita penitenciaria, donde las autoridades de la cárcel les informan que ya no se encuentra recluido en ese lugar», se lee en el informe, agregando que en otras oportunidades el propio privado de libertad es quién informa de su traslado por llamadas telefónicas en el nuevo recinto.
En el caso de la intervención de la cárcel el Tocuyito, el 24 de octubre de 2023, los familiares de los privados de libertad tardaron hasta un mes para ubicar el paradero de los presos. «En la mayoría de los casos ni el privado de libertad se le notificaba del traslado», agregó Prado.
Maltrato sobre ruedas: desprotección a los privados de libertad
«No comemos nada en la vía. Si hay frutas en “el rancho”, como le dicen al lugar donde se hace la comida, se llevan un saco de naranjas y, bueno, cada cierto tiempo te dan una naranja para que no te deshidrates… no sé, para que lleves algo en el estómago». Esta es una de las declaraciones que recabó el OVP a un privado de libertad en el Centro Penitenciario David Viloria (conocido como la cárcel de Uribana), en Barquisimeto, estado Lara.
Entre los casos que evaluó la ONG se encuentran decenas de casos donde el Estado no les brinda chequeos médicos antes, durante o después del traslado. Incluso, existen reportes de muertes de privados de libertad durante un traslado debido a la nula atención sanitaria.
Incluso, en todos los centros de reclusión se ha documentado que los funcionarios de seguridad aplican estrategias de maltrato para transportar múltiples privados de libertad en pocos vehículos.
«No puedes levantar la cabeza. A veces, dependiendo de la guardia, esposan privado con privado, sino te esposan con el privado y con otra esposa a la pata de un asiento, lo que quiere decir que vas doblado, mirando para el piso, porque el brazo te lo tiran para abajo», agregó el privado de libertad en Lara.
Otro tema es la falta de vehículos para hacer cualquier traslado de los privados de libertad, «incluso para el régimen de presentaciones en los juicios», dijo Prado. «El director del penal solo escoge una cantidad limitada de presos que serán trasladados a los tribunales, violando el debido proceso judicial. Incluso se ha denegado el traslado a los privados de libertad cuando se les solicita ir a un hospital, yendo en contra de un mandato judicial y quedando a completa discrecionalidad del director».
La odisea de los familiares
Entre 287 y 1 574 kilómetros recorren los privados de libertad para ser trasladados de un penal a otro. La ruta más larga que han registrado es desde El Dorado, en el estado Bolívar (al extremo oriente del país) hasta la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira (al extremo occidental del país).
«Estos traslados no toman en cuenta la cercanía del privado de libertad con los familiares, lo que vulnera los derechos humanos al victimizar a los familiares de los privados de libertad, que necesitan que les den medicinas y alimentos», dijo Prado.
En esos viajes, que pueden durar entre seis y 23 horas y media, los familiares gastan entre 50 y 182 dólares americanos de ida y vuelta (sin contar los gastos de las pernoctaciones y alimentación durante el viaje).
El viaje más largo registrado por el OVP. Desde la cárcel «El Dorado» en Bolívar, hasta el Centro Penitenciario de la Región Occidental (CPO), estado Táchira.
«Calificamos que esto es un atentado criminal al bolsillo del familiar para reunir su dinero para reunirse con sus seres queridos, que en ningún momento le han notificado», agregó Prado. «Los privados de libertad son de la población con la mayor vulneración a sus derechos humanos en el país».
El pranato sigue y desorganiza el traslado de los presos
De los 30 centros penitenciarios evaluados por el OVP, solo ocho están bajo la dirección del Ministerio de Servicios Penitenciarios. Otros 15 están bajo una dirección «mixta» entre el pranato y el Ministerio y 7 están exclusivamente administradas por el pranato.
Advierten que después de la Operación Liberación Cacique Guaicaipurono hubo un patrón para distribuir a los 8 016 privados de libertad afectados por las intervenciones de las cárceles controladas por los pranes. Incluso, se pudo identificar que al menos 30 reclusos tuvieron que ser trasladados más de dos veces por los altos niveles de hacinamiento.
«De la distribución de la población reclusa de las siete cárceles intervenidas, por lo menos 30 personas están en cada uno de 25 prisiones», destacó Prado. «Los lugares de recepción más convulsos fueron el Centro Penitenciario de Carabobo (con 696), El Internado Judicial Región Capital Rodeo III (con 533) y el Centro Penitenciario Región Occidental David Viloria en el estado Táchira (con 501)».
El OVP advirtió que los familiares del 92 % de esa población trasladada ahora recorre más de 200 kilómetros para visitar, dar alimentos y medicinas que no provee el Estado, incluso deben viajar en curiaras o trochas.
«Nuestra última petición es el traslado a los foráneos a su acercamiento familiar. Esto [en el Centro penitenciario Fénix Lara] es un penal de castigo, donde uno cumple 6 meses de castigo, 6 meses. Pero aquí estamos muchos que tenemos dos, cuatro, cinco y hasta 10 años. El que menos tiene, tiene 2 años, y no nos hacen traslados a nuestro penal de origen o acercamiento familiar», relató uno de los privados de libertad a la ONG.
Es objetable que algunos exdirigentes sindicales hayan emprendido una campaña injusta en contra de Horacio Medina, unos por ignorancia, otros por mala fe, al pensar que CITGO es como pila de agua bendita
Este Horacio no es poeta como su tocayo Horatius Flaccus. Tampoco es flaco. Mucho menos ha contado con un mecenas como el que permitió al poeta escribir sin premura económica. Por ello, no puede dedicarse al dolce far niente, sino que toda su vida aplica el conocido carpe diem del bardo romano. Aprovechó el día mientras trabajó en Pdvsa y lo sigue aprovechando desde que lo despidieron ilegalmente de nuestra principal empresa. Como todo compatriota que se destaca, Horacio Medina Herrera es objeto de calumnias por parte de grupos tanto de tirios, como de troyanos.
Como quien esto escribe no es de origen petrolero, no conocía a Horacio, ni su brillante trayectoria en la filial Lagoven y, posteriormente, en Pdvsa, la entonces casa matriz. Apenas supe de él después del 26 de febrero del 2002, cuando los 44 más altos ejecutivos de Pdvsa y filiales publicamos el manifiesto ¡Salvaguardemos a Pdvsa!, en el que advertimos a los venezolanos de la intención de Chávez de politizar a la empresa. Horacio, junto con otros trabajadores, tomó la bandera de la meritocracia. Por ser uno de los voceros principales del conflicto, Chávez lo despidió con un pito el 7 de abril de ese año, cuando ocupaba el cargo de Gerente de Estrategia de Negociación.
Cuando los militares regresaron al poder al presidente que había renunciado, Horacio fue reincorporado. Al poco tiempo advirtió que los rojos no perdonarían el atrevimiento de los trabajadores petroleros que se habían opuesto a la politización de Pdvsa. Vendrían represalias y, además, poco a poco impondrían una empresa roja. Ante este panorama, Horacio promovió y creó, en julio 2002, junto con otros compañeros, el sindicato Unapetrol, reconocido por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), pero no por el Ministerio del Trabajo.
A raíz del paro cívico del 2 de diciembre del 2002, convocado por la CTV, Fedecámaras y la Coordinadora Democrática que agrupaba a todos los partidos políticos no afectos al oficialismo, al cual nos sumamos por decisión individual, fuimos despedidos unos 23.000 trabajadores. Gracias a la iniciativa de Horacio, la Organización Internacional del Trabajo condenó esos despidos. A pesar de que Unapetrol no convocó ese paro cívico, persiguieron a Horacio Medina Herrera y le dictaron orden de captura junto con otros siete compañeros que tuvieron que salir clandestinamente del país.
Horacio buscó refugio en Estados Unidos. Como la gran mayoría de los exiliados, pasó por muchas dificultades económicas que endurecieron su espíritu de lucha. Durante varios años se dedicó a denunciar los atropellos de los regímenes dictatoriales de Hugo Chávez y de Maduro y aportar ideas para la reconstrucción de nuestra industria petrolera.
Por sus méritos profesionales, en julio del 2020 el gobierno interino de Guaidó lo designó como director y, en diciembre, como presidente de la junta administradora ad hoc de Pdvsa, cuyo principal activo es el complejo de refinación de CITGO. En ese cargo ha velado para que esta empresa la manejen excelentes profesionales ajenos a la actividad política. El éxito ha sido rotundo. Las cifras hablan por sí solas. También ha tenido que lidiar con innumerables demandas contra CITGO, como consecuencia de las ilegales expropiaciones de empresas como Conoco- Phillips, Crystallex y otras, ordenadas por Chávez. Además, con demanda de los portadores de Bonos Pdvsa 2020, ordenados por Maduro y emitidos ilegalmente sin la aprobación de la Asamblea Nacional 2015, con garantía de acciones de CITGO.
La defensa de CITGO ha sido difícil, porque un juez consideró, equivocadamente, que CITGO y Pdvsa no se diferencian. Es importante recalcar que ninguno de los endeudamientos fue para invertir en esa empresa, sino para satisfacer la voracidad del gasto fiscal y la corrupción del gobierno de Maduro. Salvo los Bonos 2020, hay que reconocer que las restantes demandas son justificadas, aunque quien debe responder es la república. Se está en espera de la subasta convocada por el juez de la causa.
Como es conocido, a los trabajadores petroleros despedidos ilegalmente en el 2002-2003 no les cancelaron las prestaciones legales y Pdvsa se apropió del Fondo de Ahorro contributivo, de lo aportado para los planes de jubilación y para adquisición de vivienda. Algunos trabajadores habían retirado durante su vida activa parte de las prestaciones y del Fondo de Ahorros, otros no. Ante las demandas de las empresas y portadores de bonos, dos grupos de trabajadores están intentando demandar a CITGO para recuperar lo que les debe Pdvsa y también como compensación a las violaciones a los derechos humanos.
Aunque esa demanda es compleja, están en su derecho de intentarla y hay que entender que la gran mayoría está en condiciones económicas muy malas. Lo objetable es que algunos exdirigentes sindicales hayan emprendido una campaña injusta en contra de Horacio, unos por ignorancia, otros por mala fe, al pensar que CITGO es como pila de agua bendita que cualquiera puede meter la mano.
Decir que Horacio cedió ante las exigencias de las petroleras y tenedores de bonos es una canallada.
Ni la directiva de CITGO, ni Horacio pueden desembolsar ni un dólar sin una decisión judicial. Quien diga lo contrario miente. Recientemente, quizá al percatarse de que por vía de los tribunales no es coser y cantar, los promotores también están descalificando a Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional 2015. Ojalá entiendan que Horacio tiene una gran calidad humana y que quisiera resolver ese problema, pero que tiene las manos atadas.
Solidaridad total con Israel ante la agresión de Irán. Ojalá este país entienda que la paz requiere, entre otras cosas, que deje de apoyar a los grupos terroristas Hamás y Hezbolá.
Lamentamos el fallecimiento de Luis Urdaneta Vásquez, exvicepresidente de la Pdvsa meritocrática.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
Lliavilleth Saavedra Maraima reconoció el cadáver de su hermano, Cruz Manuel García Maraima, en la morgue de Bello Monte, en Caracas, a través de fotografías. Las que vio mostraban su rostro con un golpe en la frente, otro en la nariz. No tenía dientes. “Estaba acostado, así”, contó la mujer mientras ponía sus brazos frente a su cara y encogía su torso en posición fetal. “Yo me imagino que quedó así, porque estaba protegiéndose de los golpes”. Al hombre, de 60 años, lo mataron en la Comunidad Terapéutica Socialista (CTS) Livia Gouverneur, de la parroquia San Bernardino, en el centro norte de Caracas, una de las dependencias de la Misión Negra Hipólita que atiende a personas en situación de calle.
“Él no vivía en la calle; él tenía su casa en Catia”, afirmó la hermana de la víctima. Sin embargo, no era la primera vez que García Maraima había estado en uno de los centros de rehabilitación de la Misión Negra Hipólita. Sus parientes lo habían llevado, porque su adicción a las drogas empeoró desde que murió su madre, hace cinco años. Se había tornado violento. Al poco tiempo de estar allí, se fugó.
La última vez que sus familiares lo vieron fue a finales de febrero pasado. La primera semana de abril, un amigo de García Maraima le dijo a una integrante del Consejo Comunal de Catia que a él se lo había llevado la Misión Negra Hipólita, en marzo. Fue ella quien avisó a sus parientes. Los vecinos también aseguraron que llevaban semanas sin saber de él.
Los hermanos de García Maraima comenzaron la búsqueda por distintos centros de la Misión gubernamental, dentro y fuera de Caracas. Les dijeron que estaba en la sede de Guarenas y, luego, que lo habían trasladado a la de Petare, pero en ninguna lo consiguieron. Finalmente, el martes 9 de abril, acudieron a la morgue de Bello Monte y así dieron con su paradero. El cadáver provenía de la sede de San Bernardino y llegó allí el 13 de marzo.
Los funcionarios responsables del centro dijeron que la víctima había convulsionado y, luego, sufrido un infarto. Pero la autopsia arrojó otra causa de muerte. En el acta de defunción se lee “traumatismo torácico abdominal cerrado”. Su hermana afirmó que lo asesinaron a golpes. En la morgue le dijeron que no era la primera vez que sucedía un homicidio en una de las sedes de Negra Hipólita.
Sexta víctima
García Maraima es la sexta persona asesinada en un centro de esta Misión en Caracas durante 2024. De acuerdo con datos de Monitor de Víctimas, solo en marzo ocurrió el homicidio de otras tres personas. El 7 de marzo, murió Óscar Javier Yépez Gil, de 54 años, en el Hospital Vargas de Caracas. Sus familiares se lo llevaron del centro Negra Hipólita del municipio Sucre y lo internaron allí porque tenía contusiones y apenas podía caminar. En el centro de salud sufrió un edema cerebral y una hemorragia interna debido a un traumatismo torácico cerrado.
Fuentes policiales reportaron el 1º de marzo que, en ese mismo centro, murieron Franklin José Elisandre Navarro, de 51 años de edad, y Vidalino González, de 55, por contusiones en sus cuerpos.
En febrero, los familiares de Elvis David Campo denunciaron que le habían dado una golpiza con un tubo en el centro del municipio Sucre, días antes de que muriera en su casa. El 16 de enero, Pedro José Martínez Armas, de 60 años, murió cuando otro paciente lo golpeó con sus muletas.
En 2018, Monitor de Víctimas recogió los testimonios de los familiares de Freddy Orlando Durán Gómez, de 28 años, quienes denunciaron que había muerto por los golpes que recibió en la sede de la Misión Negra Hipólita en San Bernardino, la misma donde mataron a García Maraima. Para ese momento, aseguraron que estaba en estado de inanición.
La selección de fútbol femenina de Venezuela se enfrentó el pasado lunes 8 de abril en el estadio Brigido Iriarte de Caracas a su par de Panamá en un cotejo amistoso que terminó, en un cotejo que terminó 3-0 a favor de las locales.
Todo fue felicidad en las gradas, salvo por los miembros de la seguridad que le pedían a los asistentes mostrar sus pancartas para ver qué mensajes contenían, denunció la ONG Espacio Público.
“Nos dicen que tenemos que abrir las pancartas que llevábamos. Eran dos. Nos pareció un poco extraño, pero igual las abrimos y lo que argumentaron fue que era para saber que no tenían ningún mensaje contra el gobierno ni contra Maduro”, dijo una persona a Espacio Público.
La fuente indicó que el incidente ocurrió en el primer anillo de seguridad antes de ingresar al estadio.
“Es como ilógico cuando se trata de un partido de fútbol y que mayormente las que llevan pancartas son niñas pidiéndole a las jugadoras sus camisas o tomarse fotos con ellas”, dijo.
De acuerdo a Espacio Público, la acción por parte del personal del estadio ubicado en El Paraíso, que además de ser un espacio público es una instalación administrada por un organismo del Estado, viola el derecho a la libertad de expresión de sus asistentes y constituye un acto de censura.
Además es un acto de amedrentamiento contra los miles de asistentes a estos espectáculos deportivos, especialmente los niños que acuden con el deseo de ver y conocer a sus ídolos deportivos.
En otras oportunidades se ha visto como en partidos, camarógrafos de canales de televisión no enfocan a personas que tengan pancartas alusivas a la administración de Nicolas Maduro, igualmente bajan el volumen cuando la hinchada entona cánticos antigubernamentales.
El artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”.
Este martes, 16 de abril, finaliza la jornada de actualización de datos del Registro Electoral (RE) y una de las preguntas que se hacen muchas personas es cuándo aparecerán sus datos de inscripción o actualización en la página del Consejo Nacional Electoral (CNE).
De acuerdo con la organización no gubernamental Súmate, cuando los ciudadanos acuden a inscribirse o actualizar sus datos del RE, deben suministrar la dirección de habitación para que se le asigne el centro de votación más cercano al lugar de residencia.
Tras este paso, las personas deben mantener consigo el comprobante de inscripción y actualización. Este documento permitirá realizar cualquier reclamo en el período de impugnación del 30 de abril al 14 de mayo, si no aparece inscrito o no fueron actualizados sus datos. Si el elector ve algún error en este comprobante, debe solicitar la corrección de los datos en ese mismo momento.
La ONG recomienda a los electores revisar sus datos en el Registro Electoral entre esas dos fechas ingresando en la página web del CNE e introducir su número de cédula en el módulo “Consulte Registro Electoral”.
La otra opción para consultar el estatus de esta información es llamar al 0800-VOTEMOS (0800-8683667) o enviar un mensaje de texto al número 2637 con la cédula de identidad en el cuerpo del mensaje.
Si alguien no aparece inscrito, el elector debe realizar la “solicitud de incorporación”, y si no fueron procesados los cambio de residencia y centro de votación, el elector debe “presentar una impugnación”.
La jornada de inscripción y actualización del RE que autorizó el CNE inició el pasado 18 de marzo en el país. Con respecto a la jornada en el exterior, migrantes venezolanos reportaron que en varios países este proceso inició con al menos dos semanas de retraso, además de indicar que en algunos consulados los requisitos eran “exagerados”. En países como Argentina, asociaciones de migrantes pidieron una prórroga de una semana, pero esta fue negada.
