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Laboratorio de Paz: las tres leyes que amenazan el proceso electoral

La tercera legislación sería la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones sociales sin fines de lucro, de la cual trascendió un informe de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional para su segunda discusión

fascismo
Redacción Runrun.es
16/04/2024

Durante las últimas semanas las autoridades venezolanas han  promovido tres leyes que tendrían impacto directo en el proceso electoral y en una mayor reducción del espacio cívico, según advirtió la ONG Laboratorio de Paz.

El pasado 3 de abril, Nicolás Maduro promulgó la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba. En su artículo 6, la ley establece que: “Venezuela no se someterá a mecanismos de resolución de controversias por parte de terceros, incluyendo arbitrajes y la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”.

Además, esta normativa establece en su artículo 25 la prohibición de optar a cargos de  elección popular a las personas que, en cualquier momento  antes de la elección (…), hayan adoptado conductas que di recta o indirectamente favorezcan o respalden la posición de  la República Cooperativa de Guyana”.

Finalmente, el artículo 26 indica: La  impugnación de la postulación de una candidata o candidato por  razones de inelegibilidad con base en el supuesto previsto en  esta Ley, se interpondrá directamente ante la Sala Constitucional  del Tribunal Supremo de Justicia”.

Esta normativa generó el rechazo de la República Cooperativa de Guyana, Caricom y la OEA. A pesar de lo expresado en la ley el 9 de abril, Venezuela consignó en la sede de la CIJ los documentos para defender su  posición en la disputa.

Por otra parte, se promovió la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y expresiones similares, aprobada en primera discusión el pasado 2 de abril. La aprobación de la misma significará “el fin de la pluralidad política y la libertad de expresión”, advirtió la ONG.

Además, sus artículos del 12 al 17 “tendrían incidencia directa en el proceso electoral”, permitiendo la disolución de organizaciones y la prohibición de acceso a cargos públicos para quienes “hayan adoptado conductas que directamente promuevan o hagan apología del fascismo”.

Para la organización Acceso a la Justicia no se trata de una ley represiva más, sino de “un cambio en el sistema penal venezolano, transformando el sistema sancionatorio existente”.

La “ley contra el fascismo” generó críticas del Colegio Nacional de Periodistas, Consejo Universitario UCV, Centro para la Paz y los DDHH UCV y del académico Jesús María Casal.

 

La tercera legislación sería la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones sociales sin fines de lucro, de la cual trascendió un informe de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional para su segunda discusión.

Este documento ratifica que su objetivo sería “establecer el régimen de constitución, registro y funcionamiento de las organizaciones sociales sin fines de lucro”, que obligaría a todas las asociaciones del país a gestionar un nuevo registro para su funcionamiento.

¿Cómo afectan estas leyes al proceso electoral y los mecanismos de negociación y acuerdos?

Durante la semana del 8 al 12 de abril visitó Venezuela una Misión Exploratoria de la Unión Europea para reunirse con las autoridades nacionales y electorales, así como diferentes sectores de la sociedad, para evaluar la posibilidad de realizar observación electoral, según lo establecido en el Acuerdo de Barbados.

El pasado 5 de abril, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que se invitaría “a 67 organismos electorales de todo el mundo, así como a diferentes personalidades, y las listas de acompañantes que emanen de las organizaciones con fines políticas”.

Agregó que para el mes de abril se esperaban las visitas del Centro Carter y del Panel de Expertos de Naciones Unidas para coordinar “detalles logísticos de su despliegue y acompañamiento al proceso electoral”.

Posteriormente, el 11 de abril, el CNE suscribió un “acuerdo de observación” con el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) y el Observatorio de Pensamiento Estratégico para la Integración Regional (Opeir).

Nicolás Moscoso, del Ceela, declaró que “el observador no viene a dictaminar si la elección está bien o mal, sino a colaborar con los organismos electorales para que el sistema electoral continúe mejorando”, agregando que “los resultados de ese trabajo serán conocidos exclusivamente por el CNE”.

Carlos López, presidente de Opeir, declaró que “el de Venezuela es uno de los sistemas electorales más firmes y transparentes a nivel global”.

Por la información trascendida tanto Ceela como Opeir realizarían labores de “acompañamiento” y no de “observación”.

Finalmente, el 8 de abril se divulgó la invitación a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y en especial a Colombia, para que sean observadores en las elecciones. Diferentes analistas recordaron que Colombia no contaba con tradición ni reputación en observación electoral.

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