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Corrupción PDVSA-CRIPTO

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La etiqueta PDVSA-CRIPTO es un recordatorio de la urgente necesidad de recuperar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela

@RobertoPatino

La detención de un exministro y un grupo de sus más cercanos colaboradores fue presentada como un argumento para justificar la crisis económica, una señal del compromiso del régimen por depurar la administración pública, como una estrategia para criminalizar a la oposición y como una bandera en la campaña por la reelección presidencial. Sin embargo, lo que omite las pantallas de Venezolana de Televisión es que fue el propio proceso revolucionario quien ayudó a crear, a lo largo de estos años, un sistema donde la corrupción fuera todo un estilo de vida sin consecuencias para muchos de los involucrados.

El esfuerzo continuo y sistemático iniciado hace décadas, que buscó suprimir la separación de poderes de la democracia, que puso al servicio de Miraflores al sistema judicial, las iniciativas para acosar y criminalizar el ejercicio del periodismo crítico e independiente, el ataque desplegado en contra de Organizaciones No Gubernamentales y las organizaciones populares que vigilaban la gestión de los recursos públicos, el acoso constante a todo crítico con la gestión de gobierno y el desmontaje del embrionario proceso de descentralización, colaboró en la creación de una administración pública opaca y sin controles donde la democracia fue perdiendo sus rasgos distintivos hasta conformar un sistema donde la lealtad personal y el compromiso ideológico fuera más importante que la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos de todos los venezolanos.

Lo ocurrido en la industria más importante del país, nuestra PDVSA, es solo el último eslabón conocido de un largo proceso donde el Estado se amarró al partido de gobierno y con él al hombre fuerte que nos gobernaba.

Cabe recordar que los últimos presidentes de PDVSA han sido protagonistas de denuncias de corrupción, por manejo ilícito de fondos –bajo mecanismos distintos a las criptomonedas– que permitieron riquezas súbitas particulares, mientras la industria petrolera fue destruida.

La etiqueta PDVSA-CRIPTO es un recordatorio de la urgente necesidad de recuperar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela. Solo con instituciones fuertes, con separación de poderes, una prensa libre y una organización popular que pueda trabajar sin amenazas del Estado, se podrá comenzar el complejo trabajo de recuperar un sistema judicial independiente, que dé garantías a los ciudadanos y donde la igualdad ante la ley sea la principal garantía para poder vigilar a los poderosos que nos gobiernan. 

La industria petrolera, los recursos del Estado y la sociedad venezolana son incapaces de soportar un escándalo de corrupción más que hipoteque nuestro futuro. Por eso es urgente seguir avanzando en el cambio pacífico y democrático que queremos la mayoría de los venezolanos. Nuestra participación el 28 de julio, más que un evento electoral, es el primer paso para el retorno de la democracia, la reinstitucionalización del país y la reconstrucción de un sistema judicial que nos haga a todos iguales ante la ley y haga frente a la corrupción.

Este ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.

Roberto Patiño es fundador de Alimenta la Solidaridad y Mi Convive | www.rpatino.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Red Electoral Ciudadana denuncia nuevos incumplimientos del CNE a cronograma electoral

La Red Electoral Ciudadana denunció este lunes, 20 de mayo, nuevos incumplimientos del cronograma electoral por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Mediante un comunicado que el CNE recibió el 21 de mayo, la Red Electoral Ciudadana recordó que el cronograma publicado en el portal oficial del organismo establecía el 29 de abril como la fecha de la publicación del Registro Electoral Preliminar, sin embargo, para esa fecha no aparecía disponible la data en la web oficial del CNE.

En el texto, argumentaron que la ciudadanía no tuvo información institucional en ningún sentido sobre este tema, sino hasta la noche del 2 de mayo, cuando se corrió la voz de manera informal de que ya se podían consultar las inscripciones y los cambios tramitados. No obstante, el CNE invitó a verificarse en el sistema fue el 4 de mayo.

“No publicar el Registro Preliminar en la oportunidad debida es una forma de violentar el derecho a contar con información oficial oportuna sobre su inclusión en el registro electoral y es conculcar el derecho a ejercer los recursos pertinentes en los lapsos que indica la Ley Orgánica de Procesos Electorales”, denunciaron en el comunicado.

Además, recordaron las constantes solicitudes que han hecho para que el CNE active la “campaña institucional y comunicacional del proceso electoral”, siendo esta la tercera actividad del cronograma.

“Todavía hay tiempo de empezarla porque es un compromiso constitucional, legal y reglamentario que vale la pena honrar a favor de la ciudadanía y su derecho a tomar decisiones informadas”, señaló la Red Electoral Ciudadana.

https://twitter.com/ReporteYa/status/1793974033223970909

El CNE no cumple con la campaña comunicacional

Wanda Cedeño, coordinadora de la ONG Voto Joven, denunció que el lapso para efectuar las impugnaciones o solicitudes de inclusión al Registro Electoral Preliminar es de 15 días, pero como este se publicó el 4 de mayo y no el 30 de abril, más bien se redujo.

“No hubo suficiente tiempo para que la gente pudiera acudir a solicitar incorporaciones o revisar sus datos (…) Los hitos y lapsos están establecidos en la ley electoral para salvaguardar los derechos de la ciudadanía, si no se cumplen, los derechos son afectados. Mucha gente estuvo hasta el 17 de mayo estuvo preguntando si podía solicitar la incorporación y ya no era posible”, añadió Cedeño.

Pero además, explicó Wanda Cedeño en entrevista con Unión Radio, que el  CNE también ha incumplido con la campaña comunicacional para informar todo lo que está pasando alrededor del proceso electoral.

“El propio CNE dijo que la campaña comunicacional debía durar más de 100 días. El 5 de marzo, cuando se anunció el proceso electoral y se convocaron las elecciones, debía arrancar esa campaña y, hasta la fecha, no se ha emprendido ninguna política comunicacional desde el CNE para que la gente sepa qué está pasando, en qué momento estamos, y qué deben hacer los ciudadanos para ejercer sus derechos”, acotó.

Además, señaló que aun si el CNE da días extra (para impugnar el registro o solicitar inclusiones) “las personas en muchos casos no podrían enterarse por la falta de visibilidad de este tipo de temáticas de la institución electoral”.

Recordó que el 8 de abril enviaron una comunicación al CNE en la que destacaban los distintos hitos importantes del cronograma y la importancia de que el ente comicial “generara una política comunicacional más robusta”. Otro comunicado enviaron el 22 de abril en donde advirtieron sobre  la necesidad de que la ciudadanía “debía conocer qué estaba pasando con el proceso electoral porque había mucha desinformación”.

“Hasta la fecha no hemos obtenido ningún tipo de respuesta (…) Pedimos que el CNE atienda las cosas que no están haciendo, de la forma en la que se establece en la ley”, añadió Cedeño.

Nuevo reporte del Observatorio de Gasto Público de Cedice confirma crítica situación hospitalaria

Un nuevo reporte del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad confirmó que los hospitales tienen severas deficiencias de infraestructura: falta de agua corriente, fallas de electricidad, ascensores cerrados, servicios de salud clausurados, falta de insumos y ausencia de personal de apoyo por bajos sueldos.

La medición del OGP recolecta información sobre el desempeño de servicios básicos en términos de continuidad, cobertura y calidad, basándose en medios de comunicación y redes sociales y en una encuesta digital dirigida a 2.300 personas desplegadas en todo el territorio nacional, con el apoyo de corresponsales voluntarios en 10 localidades.

Según el estudio, casi el 50% de los encuestados tuvo un familiar o conocido recluido en un hospital por algún accidente o emergencia. Los entrevistados enfatizaron que debieron llevar todos los insumos para poder ser atendidos. En algunos casos hasta solicitan artículos de oficina pues el personal médico carece de material tan elemental como bolígrafo y papel.

El 80% de los encuestados denunció que la mayor parte de los servicios de los hospitales de sus localidades están clausurados: Banco de sangre, cardiología, oncología, traumatología, entre otros, teniendo que ir a otros centros asistenciales, ubicados en estados lejanos, en la capital o a clínicas privadas.

La pesquisa mensual de Cedice Libertad estimó que entre 5.000 y 7.000 dólares es el promedio del costo de los insumos necesarios para ejecutar una operación cardiovascular de alto impacto. Sin estos materiales es imposible planificar una intervención de este tipo en un hospital especializado.

“La atención en hospitales es precaria. Solo el 10% de los encuestados asegura haber sido atendido con prontitud, el resto fue referido a otro centro asistencial o fue puesto en lista de espera”, advierte el equipo del OGP en su informe.

El estudio detalla también los cinco aspectos o puntos de dolor que aquejan más a los venezolanos en materia de infraestructura hospitalaria, entre ellos: 

  • La red hospitalaria nacional trabaja a mucho menos de su capacidad instalada. Grandes infraestructuras están en desuso por falta de inversión.
  • La asignación de insumos quirúrgicos y administrativos es discrecional.
  • Se atienden a pocos pacientes por falta de camillas, médicos, enfermeras e insumos.
  • La mayor parte de los servicios clínicos y quirófanos están cerrados.
  • Existe un número muy reducido de ambulancias publicas disponibles para los ciudadanos enfermos que las requieren.

El Clap valorado negativamente

En relación con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) la evaluación de los ciudadanos no fue positiva.

El 91 % de los entrevistados estaría a favor de la eliminación del subsidio y los servicios de distribución, pues los consideran ineficientes; además tienen la esperanza de que puedan escoger y comprar los productos que necesitan mediante su trabajo y no depender de una dádiva estatal de mala calidad.

80% de los encuestados asegura que no utiliza todos los productos que llegan a través de las “bolsas Clap” debido a su mala calidad. Y apenas el 4% asegura que necesita la bolsa para subsistir, siendo este su único mecanismo de adquisición de alimentos al mes.

El 58% destaca las inconsistencias de marcas y la poca confianza que generan para el consumo. En respuesta a la situación, los receptores del subsidio suelen intercambian los productos por dinero en efectivo o por otros que sí respondan a sus necesidades

Los cinco aspectos o puntos de dolor que más aquejan a los venezolanos en materia del programa de alimentos Clap son:

  • La calidad de los mecanismos de distribución es deficiente. La calidad de los productos es mala.
  • La mayor parte de los receptores del beneficio de alimentación intercambian los comestibles por otros de mejor calidad.
  • En zonas con problemas de acceso, el pago por concepto de transporte sobrepasa el valor de la bolsa de los productos.
  • Los cronogramas de distribución no son consistentes.
Observatorio de Gasto Público

El teniente Hugo Aparicio ha visto crecer a su hijo desde la prisión

En Venezuela actualmente hay 274 presos políticos, de los cuales 147 son militares, según el reporte del Foro Penal Venezolano publicado el pasado 20 de mayo. Uno de esos uniformados presos es el teniente del Ejército Hugo Rainier Aparicio Cabeza.

Hugo Aparicio desapareció el 15 de junio de 2019 después de que una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) apareció en el Batallón de Caribe “Coronel Francisco Carvajal”, ubicado en el Fuerte Paramaconi, estado Monagas -donde se encontraba el teniente- con instrucciones de que debía acompañarlos para hacerle una entrevista. “Desde ese día desapareció”, relató su esposa Katherine Aguilar según una crónica que publicó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón,

De acuerdo con el texto de la organización, desde que fue detenido, Hugo Aparicio estuvo desaparecido casi un mes. Y después de ese lapso, su esposa Katherine supo que estuvo retenido en la sede de la Dgcim del Fuerte Paramaconi, donde fue sometido a torturas y tratos crueles. Después lo llevaron a la cárcel militar de Ramo Verde en Los Teques, estado Miranda, y fue allí donde por fin pudo contactarse con sus familiares y recibir visitas.

Cuando se cumplieron los 45 días de investigación preliminar, a Aparicio Cabeza lo trasladaron al Centro Penitenciario de Oriente, conocido como la cárcel de La Pica. Tras emitirse la sentencia condenatoria fue devuelto a Ramo Verde.

Un supuesto alzamiento

Tres días después de que Aparicio Cabeza desapareció, a través de los medios, se informó que ocho militares pertenecientes a la 32 Brigada Caribes de Monagas habían sido detenidos tras un supuesto “intento de alzamiento”.

Según una minuta de la Región Estratégica de Defensa Integral Oriental (Redior), los uniformados tenían como objetivo, presuntamente, detener a autoridades civiles y militares regionales, entre las que destacaba la entonces gobernadora de Monagas, Yelitze Santaella, para que presuntamente renunciaran a su cargo.

También, las autoridades alegaron que los uniformados buscaban aprehender al G/D Ovidio Delgado, comandante de la Zona de Defensa Integral N°52 en Monagas, y llevarlo a la cárcel de La Pica, “neutralizar” al G/B. Ernesto Edmundo Pérez, comandante de la 32 Brigada, y “eliminar” al teniente coronel Tomás Monasterios, comandante del 322 batallón Caribe.

Además de Hugo Aparicio Cabeza, en la operación también detuvieron a otros siete militares: capitán Víctor Ángel Esdell Rojas, teniente Alejandro José Andrea Sosa, los sargentos mayor de 3.ª Leosel Antonio Poito Ramos, Álvaro Martín Maestra Vainilla, al sargento primero Jesús Arcángel Mosqueda Palmares y a los sargentos segundo Yurimar del Valle Rengel González y Yusimar Elisneth Montilla Ortega.

Tuvo que conocer a su hijo en prisión

Para el momento en que el teniente fue trasladado a Ramo Verde y su esposa Katherine pudo visitarlo después de casi un mes de desaparecido, ella tuvo que viajar hacia Los Teques con su bebé en brazos. Apenas tenía un mes de haber nacido. 

Katherine llegó hasta Caracas donde se encontró con su suegra, que vive en Maracay (Aragua), y juntas fueron a visitarlo a Los Teques. Al llegar y detrás de las rejas, el teniente Hugo Aparicio conoció a su hijo y así ha tenido que ver su crecimiento, desde la prisión.

Hugo tenía 25 años cuando fue detenido y su esposa Katherine, 19. A él lo sentenciaron a siete años y nueve meses de prisión por instigación a la rebelión, de acuerdo con Justicia, Encuentro y Perdón. Tampoco se le ha otorgado ningún beneficio y no tiene defensa de confianza. En junio de este 2024 cumple cinco años como preso político y todavía su expediente es desconocido.

Adonde lo envíen, ella siempre estará con el

Katherine Aguilar, que es militar retirada, ha hecho todo lo que está a su alcance para encontrar vivienda para ella y su hijo, dependiendo del lugar de reclusión de su esposo, para estar lo más cerca posible de él.

“Hemos tenido momentos muy duros. En Maturín vivía alquilando de un lado para otro, el niño cambiaba de escuela y eso nos pegó mucho”, relató Aguilar a Justicia, Encuentro y Perdón. 

Actualmente, vive en Maracay y ha podido darle mayor estabilidad a la educación de su hijo. Sin embargo, subsiste con ingresos que obtiene de la economía informal, con eso costea los gastos de la casa y paga los traslados hasta Ramo Verde para proveerle a su esposo los insumos que necesita.

“Yo vivo sola con nuestro hijo, porque soy de Maturín, pero mi madre y mis hermanos están fuera del país. Trabajo vendiendo lo que puedo: revendo zapatos, ropa, y lo que encuentre, catálogos, lo que sea que vea que pueda revender… Si no tenemos tantos gastos en la semana con relación al niño y con la cuestión de la comida, yo viajo. Para donde envíen a Hugo yo estoy ahí con él. Siempre estoy ahí pendiente de él”, relató.

Katherine revive constantemente los recuerdos alegres de cuando conoció a Hugo en Táchira y se enamoró de él mientras compartían la carrera militar en Zulia. A ella le hace bien rememorar esa sensación que tuvo de formar un hogar unido para compensar la angustia que le genera la salud psicológica de su hijo.

Para Katherine Aguilar, la posibilidad de ofrecerle a su hijo una versión más gentil y luminosa de la vida es la razón por la que debe seguir apostando por el entorno más amoroso posible.

*Con la colaboración de Justicia, Encuentro y Perdón

@Andrea_GP21

Pianista venezolana Gabriela Montero galardonada con el Premio Havel 2024 a la disidencia creativa

La pianista venezolana Gabriela Montero fue galardonada con el Premio Internacional Václav Havel a la Disidencia Creativa 2024 que otorga la Fundación de Derechos Humanos (HRF).

 

“Cada año, el Premio Havel rinde homenaje a las personas que, con valentía y creatividad, desenmascaran la tiranía y encarnan el concepto de ‘Vivir en la Verdad’, tan relevante hoy como cuando lo articuló Václav Havel hace casi 45 años. Su trabajo es un testimonio de una valentía e ingenio extraordinarios”, dijo el fundador de HRF, Thor Halvorssen, en una nota de prensa en el sitio web del HRF 

Los galardonados de este año serán reconocidos durante una ceremonia el martes 4 de junio en el Foro de la Libertad de Oslo (OFF) 2024 en Noruega. Montero interpretará su última composición de “Canaima: A Quintet for Piano and Strings” con el Calidore String Quartet en el Oslo Konserthus.

Además de Montero, también recibieron este premio el artista de hip-hop iraní Toomaj Salehi y el poeta y activista uigur Tahir Hamut Izgil.

Montero dedicó el premio a quienes desafían a la tiranía

Tras recibir el premio, la artista recordó las palabras del dramaturgo checo Václav Havel, donde señaló: “No te conviertes en un ‘disidente’ solo porque decides un día tomar esta carrera tan inusual. Te ves empujado a ello por tu sentido personal de responsabilidad, combinado con un complejo conjunto de circunstancias externas”.

Pero además, Montero agradeció a la Fundación de Derechos Humanos por reconocer que durante unos 15 años ha recurrido, de manera
limitada, “al lenguaje codificado de la música específicamente, y a la plataforma del intérprete en general, para devolver el poder a los desposeídos, para desafiar la autoridad usurpada de aquellos que continúan manteniendo a nuestra amada Venezuela como rehén de la tiranía, del crimen y del caos de un Estado fallido”.

“Al tener la música muy cerca de mi corazón – e insistiendo en que todas las formas de arte deben proporcionar los componentes esenciales de la educación de cada niño – rechazo igualmente con fervor la banalidad conveniente y generalizada de que ‘la música transforma la sociedad'”, agregó la artista.

Para Montero, en la actualidad más que nunca, los artistas muy visibles “se enfrentan a decisiones morales; usar su arte para ocultar la tiranía o para revelarla”.

En el caso de Venezuela, agregó, “la música se ha convertido – por un intrincado diseño controlado por el Estado – en la gran ocultadora, la máscara feliz e inamovible de Marcel Marceau, debajo de la cual el corazón humano se retuerce y languidece en sufrimiento y miseria abyectos”.

Recordó también que a medida que supuestamente crece el número de participantes en el famoso sistema musical de Venezuela, “también lo hace el número de exiliados y refugiados”. 

Gabriela Montero recordó que en este 2024 se avecinan las elecciones presidenciales. “El próximo presidente de Venezuela, si se dejara que el pueblo de Venezuela decidiera, sería María Corina Machado. Sin embargo, el régimen que mantiene a Venezuela como rehén ha decretado que ella no puede participar en el proceso democrático. La criminalidad de unos pocos sigue usurpando la decencia de muchos”.

En ese sentido, instó a los ciudadanos a utilizar los instrumentos a su disposición para protestar contra esa “injusticia fundamental”. “Si eres músico, usa tu instrumento, tu talento, tu espíritu y tu determinación para protestar porque tú y tu familia se ven negados el derecho a determinar su propio futuro”, añadió la pianista Gabriela Montero.

“No participes en la planeada propaganda del Libro Guinness de los Récords, diseñada para ocultar el robo electoral. Deja tu instrumento en protesta. Coristas, no canten para quienes silencian la oposición. Dejen que su silencio colectivo sea ensordecedor. Si eres promotor, examina cuidadosamente a quién invitas a tu sala de conciertos y por qué. Si eres agente, ¿de quién estás dispuesto a aceptar dinero?”.
“Si queremos que la música transforme la sociedad, entonces nosotros, los músicos y la industria musical, debemos desempeñar nuestro papel como agentes del cambio. La música por sí sola es impotente, y sugerir lo contrario es entregarse a una fantasía vana y narcisista”, agregó.

Finalmente, la pianista venezolana Gabriela Montero dedicó este reconocimiento “a todos los que resisten la tiranía, dondequiera que la encuentren en nuestro mundo”.

No, el chavismo no se volvió “neoliberal”

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Sí cambiamos de modelo, pero desde el cuasi castrismo cubano al capitalismo iliberal y oligárquico que hay en la Rusia de Vladimir Putin

@AAAD25

Un rasgo frecuente en los regímenes no democráticos del siglo XIX es su vaguedad ideológica. Muchos de sus predecesores en la centuria previa se caracterizaron por lo contrario: doctrinas férreas que moldeaban el ejercicio del poder del Estado en todos los aspectos. Los casos más conocidos, pero no los únicos, fueron el fascismo y el socialismo marxista. Por un buen tiempo, parecía que Venezuela iba en esa dirección por designio de quienes constituyen la elite gobernante desde 1999. Una especie de cuasi estalinismo tropical en guerra con la empresa privada y decidido a colectivizar todos los medios de producción en nombre de una supuesta redistribución igualitaria de la riqueza. Así fue durante el gobierno de Hugo Chávez más o menos a partir de 2004 y durante el de Nicolás Maduro hasta 2019.

Pero en este último año, Miraflores empezó a dar discretamente un giro en su política económica. Los controles de cambio y de precio dejaron de ser aplicados. Activos estatizados pasaron de nuevo a manos privadas.  Se redujo el gasto público mediante, entre otras cosas, la suspensión de los aumentos salariales para empleados del Estado. La elite gobernante dejó de fingir interés en el hecho de que las masas tuvieran un poder adquisitivo paupérrimo, optando por ignorar los reclamos resultantes o perseguir a los manifestantes más ruidosos. La retórica de ataque furioso al sector privado fue reemplazado por intentos de presentar a Venezuela como un país amigable a la inversión y recurrentes encuentros cordiales entre ministros (o el propio Maduro) y directores de Fedecámaras y otros gremios patronales.

Para algunos interesados en la política venezolana, este cambio significa que el gobierno decidió prescindir del ideario de extrema izquierda anterior para volverse liberal. O, por usar ese feo vocablo y significante vacío que tanto gusta a la izquierda, “neoliberal”. La primera parte de esta conclusión es correcta. La segunda, no. Por mucho que ciertos militantes izquierdistas, buscando oportunidades para distanciarse de los desmanes de un gobierno que otrora respaldaron, y otros opinadores extraviados lo proclamen, Venezuela está bien lejos de ser una exposición concreta de las tesis de Friedrich Hayek o Milton Friedman sobre el papel del Estado en la economía.

En primer lugar, hay que entender las motivaciones detrás de la reforma económica del chavismo. Tienen que ver con lo referido en el primer párrafo de este artículo. De nuevo, el componente ideológico ya no es tan importante como antes. Está subordinado a la estabilidad de la elite gobernante y a la optimización de la captación de recursos para el reparto entre sus miembros. Si es necesario alterar de manera significativa el ideario en pro de tales objetivos, pues se hace sin mucho miramiento (lo cual, irónicamente, hace eco parcial a la teoría de Marx sobre infraestructuras y superestructuras).

Entonces, no es que de pronto los jerarcas chavistas se volvieran cultores de la Escuela austriaca. Lo que pasó fue que el modelo de economía política anterior se agotó. Hizo tantos estragos en el Estado, que lo dejó muy limitado como instrumento para la extracción de riqueza. Se hizo necesario buscar una alternativa, que el gobierno halló en lo poco que quedaba de sector privado. Ahora bien, al sector privado se le quita dinero mediante impuestos. Pero primero tiene que haber una riqueza que gravar. De ahí que, como distintas fuentes han señalado (incluyendo a esta columna), el gobierno diera un respiro importante a las empresas con el retiro de regulaciones ruinosas.

Sin embargo, nada de lo anterior indica que Venezuela tenga una economía de libre mercado. El Estado sigue siendo el gran orientador de las relaciones económicas y la distribución de recursos. La diferencia es que, si antes lo hizo detrás de una fachada de socialismo radical mientras beneficiaba a pequeños grupos de personas bien conectadas, ahora lo hace sin ese manto.

Vemos, por ejemplo, como algunos de los bienes estatizados no fueron devueltos a sus propietarios originales, sino a empresarios cercanos a la elite gobernante. Todavía el Estado se reserva el control de aspectos claves de la economía y, si bien se alía con capitales privados para la producción en aquellos, las decisiones sobre quién participa son caprichosas y poco transparentes. Donde hay favoritismo no puede haber agentes compitiendo libremente.

Volvamos ahora al cálculo del gobierno para seguir obteniendo recursos que repartir entre sus integrantes. He ahí el factor que con mayor facilidad derriba cualquier alegato de que el chavismo se convirtió a la iglesia del “neoliberalismo”. Hay una queja universal entre los propietarios de negocios formales grandes y pequeños en Venezuela: la voracidad fiscal. ¡Imagínense! Para reemplazar, así sea no del todo, la millonada que alguna vez generó Pdvsa, esos impuestos tienen que ser en total altísimos y muy extendidos. En efecto, la designación de prácticamente todo establecimiento como “sujeto pasivo especial” tiene al sector privado encadenado al Seniat. Aparecen nuevos tributos como el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. Se agudizan las cargas parafiscales con añadiduras como el gravamen que ordena la nueva “Ley de Protección de Pensiones”. De acuerdo con cálculos de la firma Ecoanalítica, la recaudación mensual promedio pasó de aproximadamente $150 millones en 2019 a unos $700 millones a principios de 2024.

Por último, el desempeño de actividades económicas que nada tienen que ver con política está sometido a consideraciones políticas, siempre en concordancia con los intereses de la elite chavista. Y si bien no se exige un compromiso con la causa gubernamental, sí se exige abstinencia de brindar servicios a la oposición. Para muestra, los varios hoteles que han sido clausurados por el Seniat, “casualmente” después de que alojaran a la dirigente opositora María Corina Machado. Ni siquiera una modesta venta de empanadas se salvó del afán sancionatorio.

Combine todo esto y a duras penas puede hablarse de un gobierno económicamente liberal en Venezuela. Sí cambiamos de modelo, pero desde el cuasi castrismo cubano al capitalismo iliberal y oligárquico que hay en la Rusia de Vladimir Putin. Y si hay críticos de esta transformación desde la izquierda, ella también tiene sus entusiastas, que se aprovechan de ella para restar sentido de urgencia a la necesidad de un cambio político en el país. Estafadores empeñados en demostrar que ahora Venezuela es una tierra de gracia para la inversión privada que nos llevará a la prosperidad material, sin importar la pérdida de la libertad política.

No estaremos tan mal como hace unos años, pero el país sigue siendo bastante hostil a la libertad económica. No soy partidario del liberalismo clásico en su estado puro, pero entiendo que el grado de control de la economía por el Estado venezolano sigue siendo excesivo y un impedimento para el florecimiento de negocios privados que expeditan el desarrollo humano y una alta calidad de vida. Por ahí tampoco vamos bien.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

¿Quién debe proponer las garantías de no persecución?

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El candidato opositor con mayor opción de ganar está llamado a hacerle al gobierno una propuesta realista, viable y creíble de convivencia pacífica con garantías de no persecución

@victoralvarezr

En caso de perder las elecciones, quienes ejercen el poder no quieren verse expuestos a una ola de persecuciones juicios y condenas. Para incentivar la alternabilidad en el poder, los costos de salida tienen que ser menores a los costos de permanecer en el mando. Despejar estos miedos comienza por eliminar las recompensas internacionales y sanciones personales en contra de altos funcionarios del gobierno y autoridades de los poderes públicos del Estado venezolano.

Pero también hay miedo en los cargos medios y bajos de la administración pública que temen una cacería de brujas y una ola de despidos masivos de los funcionarios que formaron parte del gobierno anterior. Estos miedos hay que disiparlos y ofrecer garantías a los funcionarios públicos de que podrán ser ratificados en sus cargos a través de concursos de credenciales, con base en su formación académica, competencias técnicas y profesionales, y experiencia en el ejercicio del cargo.

Tienen miedo los sectores más empobrecidos y vulnerables de la población venezolana que temen perder la bolsa de comida, los bonos monetarios que reciben a través del Carnet de la Patria, que se elimine la misión vivienda y otras misiones sociales que los benefician, así como otras medidas de protección social y subsidios que otorga el gobierno. 

¿Cuáles amenazas deberían dejar de hacerse?

El liderazgo de la oposición que tiene la mayor opción de ganar las presidenciales del 28-J ha acusado al gobierno de Maduro de dictadura, de narcorrégimen y camarilla de delincuentes; de traidores a la patria que entregaron la soberanía nacional a la ocupación cubana, al espionaje iraní y ruso; de convertir el territorio nacional en una guarida de grupos terroristas cómo Hezbolá, FARC y ELN. Ese liderazgo radical ha aplaudido las recompensas que ofrece EE. UU. por la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello; ha solicitado sanciones económicas contra Venezuela; invocado la activación del TIAR y la creación de una amenaza creíble a través de una intervención militar extranjera. Su principal líder desafió a Maduro diciéndole: “yo no te quiero muerto, yo te quiero vivo para que enfrentes la justicia, yo te quiero preso” y con ese fin promueve y respalda las investigaciones en la CPI.

Estas amenazas recrudecen el temor de quienes pueden perder el poder y no quieren quedar expuestos a una espiral de persecuciones, juicios y condenas. Esto los puede forzar a atrincherarse y trancar el juego. La estrategia amenazante ha generado un clima psicológico muy tóxico que ha plagado de temores al oficialismo y sus seguidores que temen perder los beneficios que reciben.

¿Cómo abonar la confianza mutua que facilite la alternancia en el poder?

Sin garantías de no persecución, el candidato oficialista no se va a medir con quien sabe que va a perder. Hay que evitar que el miedo a ser sometidos a una ola de persecuciones se instale en el gobierno y los empuje a anular la tarjeta de la MUD. Evitar que la impaciencia por tomar el poder y el temor a perderlo perturben la elección presidencial pasa por acordar garantías de no persecución política para todos, tanto para quienes pierdan el poder, como para que quienes ganen puedan asumir el mando y gobernar.

Pero el oficialismo no va a tomar la iniciativa de proponer un pacto de garantías de no persecución porque esto puede interpretarse entre sus seguidores como una actitud derrotista, como que ha llegado la hora de poner a salvo sus cabezas. Para el chavismo, asumir esa posición de perdedor a priori lo consideraría desmoralizante y desmovilizador. Su gente no iría a votar. Por lo tanto, no lo van a proponer.

Es el candidato opositor con mayor opción de ganar quien está llamado a hacerle al gobierno una propuesta realista, pragmática, viable y creíble de convivencia pacífica con garantías de no persecución. Pero tiene que hacerlo antes de que el miedo se convierta en terror y el TSJ anule la tarjeta de la MUD.

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El Mañanero del 24 de mayo: Homicidios bajan, impunidad aumenta y más noticias

En El Mañanero del 24 de mayo de Runrun.es resumimos los titulares más destacados del fin de semana sobre Venezuela: El informe del Monitor de Víctimas revela una disminución de los homicidios en el país y el repunte del ajuste de cuentas como el móvil que más destaca. Los pensionados apenas cinco dólares más por ajuste del bono de guerra económica respecto a abril. La ONU advierte que si se mantienen los obstáculos, las elecciones del 28 de julio no serán libres ni justas y el Gobierno llega tarde -qué raro- para informar sobre un motín en Yare II. 

 Jefe de misión de EEUU revela que mantiene contactos con gobierno de Maduro

ONU: De mantenerse los obstáculos las elecciones del 28 de julio no serán libres ni justas

Transparencia Venezuela insta a denunciar uso de recursos públicos en la campaña

Capriles insta a Márquez y a Benjamín Rausseo a apoyar a Edmundo González

 

Los homicidios bajaron en 2023 pero la impunidad aumentó

El aumento del bono de guerra económica para pensionados fue de apenas $5

Gobierno reconoce un muerto y nuevo heridos en Yare II

Cepaz documentó 90 femicidios de venezolanas en el exterior durante 2023

 

«Nunca en esos casos -de violencia policial- hay una investigación clara, nunca hay transparencia. No se sabe qué pasa con el proceso en esos casos y, básicamente, nos tenemos que quedar con las denuncias de los familiares que, en la mayoría de los casos, nos dicen que las víctimas no se enfrentaron a los policías, no se encontraban cometiendo algún delito cuando fueron ejecutadas. Esto deja en evidencia un exceso del uso de la fuerza policial que hemos visto durante varios años, especialmente en la época de la OLP (Operaciones de Liberación Nacional, en 2015) y de las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales, en 2017)», expresó Ronna Rísquez, coordinadora editorial de Monitor de Víctimas.