La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a la administración de Nicolás Maduro a “reconstruir la separación e independencia de los poderes públicos” para combatir la impunidad en Venezuela.
Así lo señala la organización en un comunicado que difundió este lunes, 20 de mayo, donde informó tomar nota de los recientes anuncios del Estado de Venezuela “sobre cierta apertura a la cooperación internacional en la lucha contra la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos”.
El 23 de abril Nicolás Maduro anunció que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional instalará una oficina en Caracas, desde donde cooperará con las autoridades nacionales. También comunicó que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU sería invitada a tener un equipo en el terreno nuevamente, después de expulsarla el 15 de febrero.
A juicio de la CIDH, la apertura del Estado a recibir ambas oficinas “debe estar acompañada de un compromiso real y serio en la lucha contra la impunidad”.
De acuerdo con un informe del Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en una muestra de 183 casos de conductas que podrían configurar crímenes de lesa humanidad, solo hubo 12 juicios, es decir, un escaso 6%; y en el 52,5% de estos casos el Estado no ha iniciado ningún proceso judicial.
El desafío
Para la CIDH, el principal desafío en la lucha contra la impunidad en Venezuela radica en la cooptación del Poder Judicial y del Ministerio Público por parte del Poder Ejecutivo.
Vale recordar que en distintas oportunidades, la CIDH y otros organismos internacionales han denunciado el nombramiento irregular de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del titular del Ministerio Público, presiones para decidir casos o cerrar expedientes, alta provisionalidad de jueces y falta de garantías de inamovilidad en sus cargos, admisión de medios de prueba bajo coacción, cambio recurrente de personas fiscales, así como la falta de control judicial y trasparencia sobre sus actuaciones.
En ese sentido, la CIDH reafirmó que la impunidad “ha propiciado la repetición de violaciones de derechos humanos y ha permitido que en el país se instale una política de represión selectiva dirigida a desalentar la participación política de las personas opositoras o percibidas como tales”.
“Un compromiso genuino en la lucha contra la impunidad exige que el Estado adopte medidas inmediatas para restablecer la separación e independencia del Ministerio Público, del sistema de justicia en general y de los demás poderes públicos”, finalizó el comunicado.
