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Chile desmanteló red de lavado de activos del Tren de Aragua

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Las autoridades chilenas informaron este martes 24 del desmantelamiento de una red de lavado de activos vinculada a la banda internacional Tren de Aragua, que logró sacar de Chile más de 13,5 millones de dólares procedentes de actividades criminales.

Al menos 52 personas, en su mayoría extranjeros, fueron detenidas en Santiago y en otras regiones del país, como Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O’Higgins y Bíobío.

«Para combatir al crimen organizado no basta con que detengamos a los delincuentes que forman parte de sus redes. Al crimen organizado se le ataca, se le desarma y se le destruye quitándole el dinero, desarticulando su estructura financiera», dijo en rueda de prensa el fiscal general, Ángel Valencia.

La red empleaba sociedades falsas, cuentas bancarias ficticias, transacciones en criptomonedas y otros métodos para lavar dinero proveniente de delitos como sicariato, secuestro, extorsión, trata de personas y narcotráfico, indicó el fiscal general.

El dinero salía del país a través de criptomonedas hacia países como Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España y Argentina, según las autoridades.

«Los sujetos que delinquen son -para estas redes- reemplazables, pero no lo es ni el dinero ni su patrimonio ni las redes que usan para sacar el dinero del país», agregó Valencia.

El Tren de Aragua nació en en la cárcel de Tocorón, estado Aragua, y se ha extendido en los últimos años por Colombia, Perú, Bolivia y Chile. En este último país se instalaron aprovechando la llegada de decenas de miles de personas migrantes que cruzaron la frontera por pasos terrestres controlados por la propia banda.

«La sofisticación del esquema de lavado, que logró evadir los sistemas de detección de operaciones sospechosas de instituciones públicas y privadas, evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y cooperación entre entidades», concluyó el fiscal.

Con información de agencia EFE

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Solidaridad con algunos que pensaron distinto

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Norberto Bobbio (1909-2004), distinguido italiano filósofo de la ley, insistía en conocer el porqué de las cosas, las causas, el deber ser de los hechos. Responder estas preguntas es requisito para entender el devenir de los acontecimientos, disminuir la polarización sobre los mismos y ser más tolerantes. Este tópico viene al caso por la reacción de algunos sobre compatriotas que ocuparon cargos importantes durante la presidencia de Hugo Chávez, no incurrieron en delitos, y hoy disienten del régimen de Maduro.

Un punto de partida es aceptar que a Chávez lo eligió el descontento de una parte de la población que compró, por diversas razones, su oferta electoral. Al poco tiempo muchos marcaron distancia, pero otros persistieron en su adhesión a ese proyecto. Hoy, hay un rechazo general a Nicolás Maduro, entre ellos algunas personalidades que ocuparon cargos importantes en el gobierno de Chávez. Desconocemos si siguen adheridos a ese proyecto fracasado o si han rectificado, pero en todo caso tienen derecho a ocupar un espacio político. Y, quienes no hayan incurrido en violaciones a los derechos humanos o en corrupción, merecen nuestra aceptación.

En nuestra historia reciente tenemos los ejemplos de los lamentablemente fallecidos Teodoro Petkoff, Pompeyo Márquez y Américo Martín, por mencionar a los más emblemáticos partidarios de la guerrilla castrocomunista, que rectificaron y fueron aceptados por el resto del país. Más recientemente, tenemos los casos de Raúl Isaías Baduel (f), Rodrigo Cabezas, Juan Barreto, Nicmer Evans y Héctor Navarro, entre otros. Achacarles culpas, algunas válidas, otras no, en momentos en que son perseguidos por el régimen no es justo, ni sensato.

Al general Baduel lo conocí un día en que visité a los otros presos políticos en Ramo Verde. En ese primer encuentro le expresé mi solidaridad porque le habían violado sus derechos, pero le hice notar que había procedido mal como comandante general del Ejército y como ministro de la Defensa al pasar a retiro, injustamente, a muchos oficiales. En visitas posteriores pasé a saludarlo.

Lo detuvieron en el 2009, y lo sentenciaron a siete años por la declaración de un soldado de haber visto unas bolsas negras que sin prueba decidieron era dinero. Cumplió la condena, pero en el 2017 lo apresaron nuevamente, acusándolo de conspirar. Maduro lo dejó morir en el 2021 por falta de atención médica oportuna. Hoy su hijo Josnar está preso desde el 2020, ha sido torturado y condenado sin pruebas a 30 años por supuesta participación en la Operación Gedeón. Andreína, hija del general y hermana de Josnar, e integrante del Comité por la Liberación de los Presos Políticos, ha hecho varias denuncias. Mi solidaridad con ambos.

Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas de Chávez y exmiembro de la dirección del PSUV, está preso desde el 12 de junio de este año por apoyar la candidatura de Edmundo González, nuestro presidente electo. Juan Barreto, exalcalde chavista, fundador del partido Redes, tiene casa por cárcel desde mayo de este año sin proceso judicial. Barreto ha denunciado acoso policial con presencia de encapuchados. Todos tenemos que protestar por estos atropellos y exigir la libertad de ambos presos políticos.

Nos permitimos instar a quienes escriben en las redes sociales a dejar de censurarlos por actuaciones del pasado, algunas de las cuales son criticables, pero que no implicaron violaciones a los derechos humanos, ni corrupción. Nos complace que María Corina Machado expresara su solidaridad con Rodrigo Cabezas y que llamara a la unidad de los venezolanos.

Al respecto, cabe recordar a la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, coordinado por Martha Tineo y por Rosa Orozco, madre de la joven Geraldine Moreno, asesinada por guardias nacionales en Naguanagua cuando salió a protestar con cacerolas. Ojalá asumamos todos la prédica de esta ONG y de la señora Rosa.

Como (había)en botica

  • Hasta el presente, el juez de la causa contra CITGO solo ha admitido demandas por expropiaciones ordenadas arbitrariamente por Chávez y por endeudamientos incurridos por Maduro. CITGO solo pudo utilizar dinero de sus ganancias para pagar interese a bonistas 2020 que, aunque ilegales, estuvieron a punto de lograr embargar la empresa. También ha desembolsado para pagar a abogados y evitar hasta ahora que la subasten. La Junta ad hoc de PDVSA, presidida por Horacio Medina, no puede reconocer deudas sin una decisión judicial. Mienten quienes dicen lo contrario.
  • ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Ministerio Público denuncia falta de apoyo de El Salvador en caso de migrantes detenidos

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El Ministerio Público calificó este lunes 23 de «vergonzosa» la respuesta recibida por la Corte Suprema de El Salvador sobre la situación de los 252 migrantes venezolanos detenidos por Estados Unidos y deportados a una cárcel de máxima seguridad de ese país, al tiempo que señaló que se niega «toda cooperación» con Venezuela sobre el caso.

En un comunicado, publicado en su cuenta de Instagram, el fiscal impuesto por la extinta ANC, Tarek William Saab, afirmó que el Estado salvadoreño «ha optado por eludir su responsabilidad y negar toda cooperación, no solo con Venezuela, sino con los principios más básicos del derecho internacional de los derechos humanos».

Indicó que la respuesta de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, obtenida «vía correo electrónico, más de 80 días después», es una «maniobra dilatoria y evasiva».

El fiscal general afirmó que esta Corte pretende «desentenderse de su responsabilidad constitucional de proteger la libertad y la integridad personal de los 252 ciudadanos venezolanos» deportados por Estados Unidos el pasado 15 de marzo y que, desde entonces, se encuentran detenidos en ese país sin posibilidad de recibir visitas de abogados o familiares.

La Corte Suprema, según el MP venezolano, declaró «improcedente» su petición para conocer los nombres, lugar de reclusión y bajo qué estatus legal se encuentran los 252 venezolanos en El Salvador, bajo el alegato de que la comunicación enviada «no cumple con los requisitos legales y formales establecidos, ni se realizó por los canales diplomáticos adecuados».

Respecto a la solicitud de habeas corpus, hecha por un grupo de abogados que representan a las víctimas, el fiscal Saab dijo que la Corte salvadoreña respondió que no se proporcionó «información precisa sobre los hechos alegados, las autoridades responsables, ni las razones concretas que justifican la vulneración de derechos constitucionales».

El funcionario venezolano dijo que estas respuestas son «formalismos falaces y exigencias desproporcionadas» para «evadir su deber constitucional de control sobre la privación ilegítima de libertad».

«Al pedirles a los defensores que especifiquen si realmente los ciudadanos están detenidos, o que prueben hechos ampliamente notorios, como su traslado al CECOT en medio de un espectáculo mediático, la Sala no solo se hace la desentendida, sino también cómplice de esta aberración jurídica», afirmó el fiscal general.

Además, dijo que la institución que dirige no aceptará las violaciones a los derechos humanos que, aseguró, han sido víctimas los venezolanos por parte de los Gobiernos de Estados Unidos y El Salvador, y entre las que listó «detenciones arbitrarias, incomunicaciones, traslados forzados o privaciones de libertad sin juicio, sin defensa, sin debido proceso y sin siquiera saber por qué están presas ni dónde están».

«No aceptamos que se legitimen desapariciones forzadas bajo pretextos formales», sentenció el fiscal en su escrito.

Por otra parte, Saab dijo que han entrevistado a 116 familiares de 118 venezolanos detenidos en El Salvador, al tiempo que indicó estar dispuesto a entregar dicho material a los abogados que ejercen la defensa de estos migrantes o al propio sistema de justicia salvadoreño «si está dispuesto a escucharlos».

Rafael Tudares es acusado de terrorismo y fijan como sitio de reclusión El Rodeo I

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Mariana González, hija de Edmundo González Urrutia denunció que su esposo, Rafael Tudares Bracho, será llevado a juicio tras una audiencia preliminar telemática realizada el pasado 13 de junio.

A través de un comunicado difundido en X, Mariana González informó que el tribunal de Control que lleva el caso de Tudares admitió la acusación del Ministerio Público y acordó el pase a juicio por los delitos de forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación para delinquir, legitimación y financiamiento.

En el texto, González indicó que a su esposo le fue negada una medida sustitutiva a la privativa de libertad como “régimen de presentación y prohibición de salida del país”. Además que se fijó como centro de reclusión la cárcel El Rodeo I.

Mariana González enfatizó que hasta la fecha, por décima tercera vez en El Rodeo I le han dicho que su esposo no se encuentra detenido ahí. “Hasta el día de hoy no me consta directamente dónde lo tienen”, dijo.

La pareja de Rafael Tudares subrayó que la detención de su esposo fue arbitraria y motivada por vínculos familiares con su padre: “Es su yerno, y eso no es delito en modo alguno”, afirmó.

“Seguiré luchando por la libertad de mi esposo, humanitariamente, por mis hijos, por Rafael, por la mamá de Rafael. Gracias a todos aquellos que nos llevan en sus oraciones y abogan por la libertad”, concluyó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Gobierno de Maduro instalará cámaras de vigilancia en hospitales

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De acuerdo a la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, el gobierno de Nicolas Maduro comenzó a implementar en los hospitales del país un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad en procura de erradicar  presuntos grupos “que desean sabotear la atención ciudadana”.

La funcionaria difundió un video en el que asegura que la nueva red de vigilancia no solo ayudará a acabar con la “anarquía hospitalaria” de la que señaló de responsable a ciertos funcionarios, sino que además servirá para monitorear a los pacientes.

“Este avance permitirá un seguimiento y control eficaz, con el objetivo de erradicar esos pequeños grupos que desean sabotear la atención del pueblo”, señaló Gutiérrez a través de un mensaje publicado en su canal de Telegram.

Gutiérrez indicó que las cámaras permitirán controlar algunos detalles de la atención al paciente como a qué hora llegó, en cuánto tiempo se le resolvió el problema o cuándo fue trasladado a una habitación.

Nicolás Maduro declaró hace tres años una lucha contra lo que llamó las “mafias hospitalarias” y como primera medida ordenó la incorporación de “inspectores secretos” en los centros de salud para que identificaran a los trabajadores que supuestamente sustraían material.

En junio de 2019, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) creó una unidad denominada División de Investigación de los Delitos Contra la Salud Pública y entre otras funciones, daría asesoramiento a los centros asistenciales para mejorar la seguridad.

Según la ONG Espacio Público, la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia ha sido utilizada contra médicos y enfermeros que han denunciado falta de insumos, presencia de colectivos armadas en recintos de salud pública, sueldos paupérrimos y crisis de servicios públicos.

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Para Leopoldo López ataque estadounidense a Irán representa un “golpe indirecto” a Maduro

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El expreso político Leopoldo López indicó que el ataque de Estados Unidos a Irán representa un golpe indirecto contra el gobierno de Nicolás Maduro. 

El exalcalde de Chacao sentenció que la acción bélica estadounidense representa una “victoria” para la seguridad global en el mundo.

Por medio de un mensaje difundido en su cuenta de X, el político exiliado en España manifestó que la alianza entre Irán y Venezuela le ha permitido a Maduro resistir la presión internacional, evadir sanciones y exportar represión.

“Apoyo firmemente esta medida estratégica. Demuestra que confrontar a la tiranía en cualquier parte la debilita en todas partes”, sentenció López en su publicación.

El exalcalde de Chacao dijo que no es casualidad que la administración chavista repita la retórica de Irán, adoptando incluso sus consignas de odio contra Estados Unidos.

López sostuvo que debilitando la capacidad de Irán de proyectar poder y financiar a sus aliados, Estados Unidos también golpea uno de los pilares que sostiene al chavismo.

El otrora líder del partido Voluntad Popular se refugió en la residencia del embajador español en Caracas en abril de 2019 luego de burlar su arresto domiciliario y en octubre de 2020 escapó a Madrid.

Leopoldo López fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión por los muertos en las protestas antigubernamentales de 2014. La exfiscal Luisa Ortega Díaz dijo que había sido presionada para culpar a López.

Estados Unidos entró en el conflicto de Israel contra Irán al bombardear instalaciones nucleares de la República Islámica en las localidades de Fordó, Natanz e Isfahán.

El Gobierno iraní aseguró que ninguno de los heridos por los bombardeos estadounidenses presentan contaminación radiactiva, sin ofrecer detalles del número de víctimas.

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“Un mes bajo desaparición forzada”: Hijo de Juan Pablo Guanipa clama por su libertad

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Ramón Guanipa, hijo del dirigente político opositor y excandidato a la gobernación del Zulia, Juan Pablo Guanipa, recordó que su padre cumple este 23 de junio un mes detenido.

“Un mes sin verlo, sin escucharlo, sin saber cómo está. Un mes bajo desaparición forzada. Hoy, como marabino y como hijo, me encomiendo a nuestra Virgen de la Chinita. Le pido que lo proteja de las garras de la represión y que lo haga invisible ante quienes intentan doblegar su espíritu”, escribió Ramón en la cuenta en X de su padre, que mantienen activa.

En el mensaje recalcó que el paradero de su padre “es incierto” y que su salud corre riesgo. Instó a los venezolanos a clamar por su libertad.

“A los zulianos y a todos los venezolanos, les pido que eleven una oración por su libertad y por la de todos los presos políticos, inocentes de las causas absurdas que les han fabricado. La Virgen Morena lo cuida. Y nosotros lo esperamos, orando y luchando, para que muy pronto podamos abrazarlo de nuevo. Papá, no estás solo. Estamos contigo”, expresó.

Realidad Helicoide, iniciativa que denuncia la violación de derechos humanos en Venezuela, se sumó también al llamado de Ramón Guanipa y destacó que desde hace un mes “el régimen no le ha dado respuesta” ni a los hijos ni a los abogados del dirigente político marabino: “Nadie sabe dónde está”, remarcaron.

Por su parte, y en un video difundido en redes, varios voceros de Primero Justicia también pidieron una fe de vida de Guanipa y que se le conceda la liberación plena.

¿De qué lo acusa el gobierno?

El pasado 23 de mayo, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, confirmó la detención de Juan Pablo Guanipa, quien se encontraba en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. En rueda de prensa, Cabello informó que habían capturado a uno de los “jefes de un tenebroso grupo terrorista”.

Ese día, Cabello detalló que durante el procedimiento incautaron presuntos detonantes eléctricos, explosivos C4, teléfonos celulares, computadoras y diferentes equipos para la instalación de explosivos, así como cuadernos y agendas que “dicen todo, de todo”.

A juicio de sus allegados, la acusación contra Guanipa carece de fundamentos sólidos y se basa “panfletos fabricados que quieren hacer pasar por pruebas”, lo cual refuerza la percepción de una detención arbitraria. “

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Ejercer la abogacía en Venezuela es “un acto de resistencia”

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Este lunes, 23 de junio, se conmemora el Día del Abogado en Venezuela, una profesión que en los últimos años se ha convertido en “un acto de resistencia”.

En redes sociales, distintas ONG se pronunciaron para reconocer la labor de quienes ejercen la abogacía con compromiso, integridad y valentía en Venezuela.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) expresó a través de su cuenta en X que la fecha es un recordatorio del rol crucial que cumplen los abogados en la lucha por la justicia y el respeto a los derechos fundamentales.

“No hay duda de que ejercer la abogacía en Venezuela es un acto de resistencia. No solo por la falta de independencia judicial y la criminalización de la defensa de los derechos humanos, sino también por la sistemática violación del derecho al trabajo de los abogados independientes”, enfatizó el OVP.

El observatorio recalcó que ha documentado numerosos casos donde se impide que los privados de libertad elijan libremente a sus abogados de confianza, obstaculizando su derecho a una defensa adecuada y vulnerando el principio de igualdad ante la ley.

La ONG Provea también se sumó a la conmemoración y en un mensaje publicado en X indicó que “la labor de quienes defienden derechos y libertades es clave en un sistema que persigue y desgasta”.

“Ante la impunidad y los abusos del poder, Feliz Día del Abogado”, señaló Provea.

La ONG Un Mundo Sin Mordaza también reconoció la labor de “quienes defienden derechos humanos en un sistema judicial cooptado”.

“En Venezuela, ser abogado de presos políticos implica persecución. El acceso a la justicia no debe depender del silencio”, sentenció la ONG.

El abogado y activista de derechos humanos, Marino Alvarado, mencionó el caso del también abogado Eduardo Torres quien fue detenido por los cuerpos de seguridad del Estado el pasado mes de mayo.

Alvarado recordó que junto a Eduardo siguen encarcelados los abogados defensores de derechos humanos Javier Tarazona, Rocío San Miguel y Kennedy Tejada.

“Sin abogados libres no hay defensa de los derechos”

El OVP finalizó su mensaje por el Día del Abogado reafirmando que “sin independencia judicial no hay justicia posible, y sin abogados libres no hay defensa de los derechos”.

“Hoy queremos no solo felicitar, sino agradecer profundamente a quienes, a pesar del miedo, la persecución y la censura, continúan alzando la voz por los privados de libertad, por los perseguidos y por todos los que han sido silenciados”, escribió el OVP y sumó que hoy los abogados venezolanos no solo deben ejercer su profesión: “deben resistir, denunciar y defender a un país que clama justicia”.

La ONG Acceso a la Justicia ratificó que “defender no se limita a ‘actuar en juicio, por escrito o de palabra’, sino a buscar y hallar la justicia para cada caso en particular. En su rol de defensores de la equidad, estos profesionales deben poseer un alto sentido ético, moral y social”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.