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“Peace forever y no crazy war”: Las perlas en inglés “tarzaneado” que soltó Maduro para Trump

El gobernante Nicolás Maduro volvió a mostrar sus “dotes” para hablar en inglés, esta vez para enviar un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que le dice “no a la guerra”, o mejor dicho, “no crazy war”.

Con un estilo de habla como el de Tarzán -dicho por él mismo- el gobernante oficialista, que en muchas ocasiones ha mostrado no hablar bien en inglés (o al menos eso es lo que da a entender), envía este mensaje en medio de las operaciones de Estados Unidos contra narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

“No a la guerra, no war, no war, yes peace, yes peace, yes peace, forever, forever, peace forever. ¡No crazy war! No a la guerra loca. No crazy, no crazy war. Please, please, yes peace, peace, ¡peace forever!, ¡victory forever!. Esto se llama lenguaje tarzaneado. Si se traduce al español tipo Tarzán sería: No guerra, no querer guerra, no a la guerra de los locos, no a la locura a la guerra, sí paz, sí paz por siempre, victoria por siempre de paz”, expresó.

Respuesta a “amenazas extranjeras”

Hablando en español no “tarzaneado”, Maduro también se refirió a la constante presión geopolítica, señalando que Venezuela es “amenazada de palabras diariamente por el imperio estadounidense“. Describió esta situación como una “guerra psicológica” que incluye el movimiento de elementos militares, como barcos y misiles.

“Si algún día se atrevieran (las fuerzas extranjeras) por aquí o por allá, aquí está el mayor escudo que tiene el país, la clase obrera. No se movería un alfiler y se declararía una huelga general, insurreccional, revolucionaria de la clase obrera campesina en las calles hasta que se retomara el poder para hacer una revolución aún más radical”, dijo.

“Somos amenazados de palabras diariamente por el imperio estadounidense, diariamente una guerra psicológica. Palabras para allá, palabras para acá. Que mueven un barco, que mueven un misil”, añadió.

Como parte de su estrategia, destacó la necesidad de mantener el temple, indicando que la actitud del liderazgo es de “calma y cordura“. “Nosotros aquí, nervios de acero, calma y cordura y máxima fusión popular militar-policial, que el equipo gana y seguiremos ganando la paz”, expresó.

Quejas sobre “censura” en su contra

Maduro abordó la censura en línea que, según él, afecta su alcance comunicacional (aunque no dijo nada del bloqueo de al menos 80 páginas digitales de noticias denunciado por la Sociedad Interamericana de Prensa). Acusó directamente a YouTube de censurarlo, pero insistió en que su mensaje llega al pueblo “sin necesidad de esas plataformas imperiales“.

“A mí me tiene censurado YouTube, pero nuestro corazón y nuestra mente le llega al pueblo sin necesidad de esas plataformas imperiales (…) Imbéciles, les dije a la gente de YouTube e imbéciles se quedaron. YouTube, les llegará el fin a ustedes, porque los que se meten con Venezuela, se secan. Señores y dueños del imperialismo, no importa que nos censuren; nosotros abrimos puertas con nuestro propio esfuerzo, porque no dependemos de ellos para nada. Dependemos solo de nuestras fuerzas”, dijo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Estados Unidos hunde otra embarcación en el Caribe: se reportan seis fallecidos

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Funcionarios estadounidenses hundieron otra embarcación en el mar Caribe, un incidente que, según afirmó el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, resultó en la muerte de seis personas. Hegseth anunció el ataque este viernes 24 de octubre en su cuenta de X, lo que eleva a por lo menos 10 el número de arremetidas contra supuestas “narcolanchas” desde septiembre.

La embarcación más reciente, atacada en el mar Caribe, estaba supuestamente operada por el Tren de Aragua, organización que Estados Unidos ha designado como una “Organización Terrorista Designada”, según informó el funcionario. Además, afirmó que la inteligencia del país tenía conocimiento de que la nave estaba traficando narcóticos en una ruta conocida para actividades ilícitas. “Los seis terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque”, advirtió Hegseth.

Con esta última acción, el Ejército de Estados Unidos asegura haber realizado un total de 10 ataques contra embarcaciones que, según reportes del medio EFE, ha provocado la muerte de 43 personas en aguas del Caribe y del Pacífico. Anteriormente, la Casa Blanca había reportado un total de 27 fallecidos desde el inicio de los operativos el 2 de septiembre.

Estados Unidos mantiene desplegados en el Caribe al menos ocho buques de guerra, más de 4.000 soldados, 10 cazas F-35 y un submarino que operan bajo el Comando Sur, como parte de la estrategia para frenar el tráfico de drogas. El gobierno de Trump ha justificado estas acciones bajo la Ley de Poderes de Guerra, afirmando estar involucrado en un “conflicto armado no internacional” con organizaciones de tráfico de drogas.

Historial de ataques confirmados por EEUU

Desde principios de septiembre, los ataques letales a embarcaciones que presuntamente transportan drogas se han sucedido, principalmente anunciados por el presidente Donald Trump a través de su red social Truth Social o por el Secretario de Guerra, Pete Hegseth. En la mayoría de los casos, la ubicación exacta, la identidad de las víctimas y la nacionalidad de los ocupantes son información que se desconoce.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) alertó que el uso de fuerza letal bajo sospecha de actividad ilegal viola normas nacionales e internacionales y que la legalidad de la acción ejecutada por Estados Unidos contra presuntas narcolanchas ha sido puesta en entredicho.

A continuación se presenta una cronología de los distintos anuncios hechos por el gobierno de Estados Unidos sobre los ataques contra “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico. Se evidencian inconsistencias, falta de información y confusiones ante la opacidad de la administración de Donald Trump.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El aula en la mira: universitarios venezolanos, estigmatizados como “terroristas”

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La comunidad universitaria venezolana enfrenta una situación de hostigamiento selectivo y sistemático, donde estudiantes, docentes e investigadores son objeto de detenciones, desapariciones y estigmatización por participar en espacios de deliberación crítica. Un informe publicado en octubre de 2025 por Aula Abierta documenta cómo la libre expresión en el ámbito universitario se ha convertido en una vulnerabilidad.

El documento, titulado “Estigmatización de los universitarios como terroristas”, señala que la represión se activa especialmente cuando la comunidad universitaria participa en asuntos públicos, lo que la expone a “desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y hostigamientos”. Estas prácticas suponen restricciones al derecho a la educación, la libertad de investigación y la participación crítica.

“Señalados como ‘terroristas’”, insiste el documento, los universitarios pierden no solo su libertad, sino también su condición de ciudadanos plenos.

El informe destaca que las detenciones se producen en un contexto de estigmatización oficial, y se pone como ejemplo unas declaraciones del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, en las que calificó públicamente a académicos venezolanos como “terroristas” durante una alocución televisada el 28 de mayo de 2025.

Aula Abierta advierte que esta retórica refuerza una política de Estado orientada a criminalizar la participación universitaria en la discusión de los asuntos públicos.

A los mecanismos de control estatal se suma la debilidad estructural de las casas de estudio: presupuestos mínimos, falta de recursos para pagar salarios, servicios y funcionamiento. Esta combinación favorece que la universidad llegue a convertirse en un blanco accesible para la represión. A continuación, los principales hallazgos del informe por categoría.

Detenciones arbitrarias y desapariciones

Entre el 1 de enero y 10 de octubre de 2025, Aula Abierta documentó que al menos 22 personas con vínculos académicos directos fueron detenidas y/o hostigadas (19 detenidos y 3 perseguidos).

En el grupo se encuentran nueve profesores universitarios, cinco estudiantes, dos trabajadores y defensores de derechos humanos adscritos a universidades, una investigadora, un representante de federación estudiantil y una representante de asociación estudiantil.

De los detenidos, siete fueron procesados por tribunales con competencia en terrorismo, lo que equivale al 37% de los casos.

La cifra es mayor si se toma en cuenta las semanas y meses siguientes al 28 de julio de 2024, fecha de las presidenciales. Desde esa fecha hasta el 10 de octubre de 2025, fueron 54 los detenidos y 40 los hostigados.

“Uno de los incidentes incluyó actos de intimidación contra familiares de un profesor en el exilio, lo cual constituye un acto de represión transnacional. Siete de los 19 universitarios detenidos fueron inculpados y/o procesados ante tribunales con competencia en terrorismo, para un total del 37 % de universitarios estigmatizados como terroristas”, denuncian.

Entre los 95 incidentes de represalias registrados de julio de 2024 a octubre de 2025 contra profesores y estudiantes universitarios se contabilizaron 54 detenciones, 40 casos de hostigamiento, la anulación del pasaporte de un docente.

La organización señala que 52,6% de los detenidos fueron víctimas de desaparición forzada, y que las autoridades han utilizado los tribunales antiterroristas para procesar a académicos críticos del gobierno o involucrados en investigaciones sobre derechos humanos.

Casos emblemáticos de profesores detenidos en 2025

El informe detalla múltiples casos representativos de la represión estatal contra universitarios. En el caso de los profesores, figuran:

Macario González, profesor y exalcalde de Barquisimeto, fue detenido el 12 de septiembre. El exalcalde de Barquisimeto y profesor universitario, desapareció después de que se le viera por última vez en la Universidad Fermín Toro en una reunión en la sala de profesores, denunció su hija Macarena González. El político y docente universitario, de 73 años, fue alcalde alcalde del municipio Iribarren entre 1995 y 2000 por el Movimiento al Socialismo (MAS).

Carlos Correa, profesor de la UCAB y director de Espacio Público, fue secuestrado y desaparecido en enero durante 168 horas antes de ser liberado bajo régimen de presentación.

Enrique Márquez, docente de LUZ y excandidato presidencial, permanece detenido en El Helicoide desde enero, bajo aislamiento prolongado y sin contacto con su familia.

Juan Pablo Guanipa, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia (LUZ), fue detenido el 23 de mayo de 2025 en Caracas, tras meses de permanecer en la clandestinidad para resguardar su seguridad. El ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, lo vinculó con un supuesto grupo que planeaba ataques para el 25 de mayo. No se ha proporcionado información sobre cargos formales específicos ni su presentación inmediata ante un tribunal. La CIDH emitió medidas cautelares a su favor.

Por los mismos hechos con los que vinculan a Guanipa fue detenido Carlos Marcano, periodista egresado de la Universidad Monteávila y profesor universitario según el Sindicato de Trabajadores de Prensa (STNP). También es colaborador en el área de comunicaciones de diversas organizaciones venezolanas. Fue detenido el 23 de mayo de 2025, aproximadamente a las 6:30 a.m., en su residencia de la urbanización Miranda, municipio Sucre, Caracas. No se han especificado los cargos formales presentados contra él ni su estado legal actual más allá de la detención.

Eduardo Torres, abogado y defensor de derechos humanos de la UCV, lleva más de 120 días recluido sin comunicación con familiares ni abogados, pese a contar con medidas cautelares de la CIDH.

Catalina Ramos, bióloga y expresidenta de la Asociación de Egresados de la USB, sigue detenida desde mayo sin debido proceso.

Rodrigo Cabezas, profesor y exministro de Finanzas, fue arrestado por la DGCIM tras cuestionar la política económica oficial y liberado luego de 41 días.

A finales de septiembre también se reportó la detención de Ricardo Berrios, economista y profesor en la Universidad Valle del Momboy. Afirman que se lo llevaron cuerpos de seguridad del Estado Venezolano adscritos a la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) número 28 de Valera. Se reportó que el 13 de octubre de 2025, luego de estar desaparecido por 14 días, fue presentado vía una audiencia telemática ante un Tribunal bajo la imputación de los delitos de terrorismo, conspiración, asociación para delinquir y traición a la patria.

Tortura y aislamiento

El caso del profesor Jesús Armas, detenido en diciembre de 2024, resume la gravedad del patrón según denuncia Aula Abierta: fue torturado y mantenido incomunicado durante más de 130 días.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a su favor, alertando sobre el riesgo de daño irreparable a su vida e integridad.

Persecución y detención de estudiantes

Aula Abierta expone también en su investigación los casos de estudiantes detenidos en el contexto poselectoral, como Carlos Aponte, quien se se encontraba en su vivienda cuando lo detuvieron de madrugada el 10 de enero en Yaracuy. Fue recluido en el Destacamento 45 de la Guardia Nacional Bolivariana ubicado en la ciudad de San Felipe. Esa misma tarde se llevó a cabo la audiencia de presentación ante un tribunal de terrorismo ubicado en la ciudad de Caracas de manera telemática, en la que se dictó privativa de libertad y se fijó como sitio de reclusión la sede del Conas en San Felipe. “Hasta el 30 de septiembre, Carlos Aponte y su primo, quien también fue detenido, se encontraban seguían tras las rejas y con limitada comunicación con sus familiares y amigos.

Un día antes de Aponte, el 9 de enero, detuvieron en Caracas al estudiante de la Universidad Central de Venezuela, Roalmi Alberto Cabeza, quien se encontraba en el distribuidor Altamira el mismo día en el que la líder opositora, María Corina Machado, convocó a una manifestación y fue aprehendida: “Cabeza fue el ciudadano que trasladó a Machado desde la concentración en Chacao, hasta Altamira. El 13 de enero de 2025, el Ministerio del Interior y Justicia confirmó
la detención de Cabeza.
Para el 30 de septiembre de 2025, se desconoce la situación de salud y el procedimiento judicial del estudiante universitario ante negativa del Estado de informar”.

El 18 de julio de 2025, la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela denunció la detención del estudiante Simón Bolívar, consejero universitario, mientras que el pasado 31 de agosto, el Movimiento Estudiantil de la Universidad de Los Andes (ULA) alertó que habían sido detenidos los jóvenes Jesús Castillo, profesor universitario, y Yones Molina, estudiante y activista de comunicación política en Mérida.

Hostigamiento dentro y fuera de los campus

El informe también recoge múltiples incidentes de vigilancia, intimidación y militarización de espacios universitarios:

  • Presencia de 100 policías encapuchados en asambleas estudiantiles de la UCLA durante enero de 2025.
  • Confinamiento domiciliario del profesor Juan Barreto y presencia policial en los accesos de la UCV.
  • Allanamientos y alcabalas en la Universidad de Oriente tras protestas pacíficas.
  • Persecución contra familiares de académicos en el exilio, como el caso del profesor Cristofer Correia, cuya madre fue amenazada de detención.

Piden libertad y garantizar debido proceso

Aula Abierta concluye su balance sobre la persecución contra la academia y la comunidad universitaria venezolana con una lista de exigencias al Estado venezolano.

Cesar el hostigamiento y liberar de inmediato a los académicos detenidos, entre ellos Eduardo Torres, Juan Pablo Guanipa y Carlos Marcano.

Garantizar el debido proceso y el acceso a abogados y familiares.

Investigar de forma independiente las denuncias de desapariciones forzadas y torturas.

Y exhorta a la comunidad internacional a mantener un monitoreo activo sobre la situación de derechos humanos en el país.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

ULA y Fapuv exigen liberación de médico y profesor Pedro Fernández

Rechazan amenazas de muerte a sacerdote en Guárico y vandalización de iglesia

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La violencia política en Venezuela ha escalado hasta profanar la fe. Este jueves, “sujetos sin identificación” irrumpieron en una iglesia católica de El Guafal, estado Guárico, para “generar hechos vandálicos” y amenazar de muerte al presbítero Juan León mientras oficiaba una eucaristía.

La denuncia, hecha pública por el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, expone la escalada de agresiones contra espacios religiosos y sus representantes en un país.

Los atacantes dejaron grafitis en la Iglesia Cuasi parroquia San Juan Pablo II con amenazas de muerte directamente dirigidas al sacerdote Juan Manuel León, de 30 años, quien lleva tres años al servicio de la comunidad. Entre las frases que dejaron rotuladas en la pared que hace fondo al altar del templo, se leía: “M*ldito cura, te vamos a matar, terrorista, fascista, ladrón”.

El monseñor Raúl Ascanio tildó el hecho de “gravísimo” y confirmó que el padre León ha vivido bajo amenaza durante meses: “Hoy amanece el altar mayor con amenazas de muerte hacia el sacerdote (…). Él nos ha llamado y lo ha participado y estamos preocupados por esa amenaza de muerte y directa hacia él, con ofensas horribles”.

El Comité de DDHH de Vente Venezuela repudió los ataques, recordando que “ofrecer palabras de reflexión, llamar a la paz, cultivar valores y principios religiosos […] no debe ser motivo de estigmatización y ataques”.

El Cicpc anunció este 24 de octubre el inicio de las investigaciones, luego de recibir una alerta sobre los hechos.

“Un ataque a la fe”

Primero Justicia condenó el incidente en un comunicado, calificándolo como “una grave agresión contra la fe, la libertad religiosa y la convivencia pacífica de los venezolanos.”

Destacaron la paradoja de que mientras millones celebran con esperanza la canonización de los dos primeros santos del país en el Vaticano, en Guárico, una iglesia es atacada y su sacerdote amenazado de muerte.

“Atacar una iglesia es atacar la fe, la paz y los valores espirituales del pueblo venezolano”, sentenció Primero Justicia, al expresar su solidaridad con Monseñor Raúl Ascanio, el Presbítero Juan León y toda la comunidad católica de Guárico. La recurrencia de las amenazas contra el padre León, que no es la primera vez que las recibe, pone de manifiesto cómo la intolerancia y el odio siguen campando a sus anchas, incluso en los recintos sagrados.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El Mañanero del 24 de octubre: Lo que se sabe de los 5000 misiles rusos que Maduro ostenta

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 24 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

  • Lo que se sabe de los 5000 misiles rusos que Maduro ostenta

El gobernante Nicolás Maduro afirmó este miércoles, 22 de octubre, que Venezuela cuenta con un arsenal de misiles rusos antiaéreos Igla-S, sumando «más de 5000» unidades en «los puestos claves de la defensa antiaérea».

Durante un acto televisado, Maduro que Venezuela cuenta con una Fuerza Armada profesional y con 5.000 Igla-S, además de equipos que han sido reparados y mejorados por «mentes venezolanas, de científicos militares de Venezuela», refirió.

Recién salido del horno

La Conversa | Paparoni: “Se le dio nacionalidad venezolana a 10.400 personas de Irán, Siria y Líbano”

Clippve: ”La mejor forma de celebrar la canonización es abrir las celdas injustas e inhumanas”

Exigen liberar a dos mujeres condenadas a 10 años de prisión por estampar una franela

Aníbal Garrido: educarse es la única regla para entrar al ecosistema cripto

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“El Gobierno nacional reitera su llamado al gobierno de los Estados Unidos a dialogar, a través de los canales diplomáticos, para aclarar este tipo de situaciones y que se adopten estrategias integrales y efectivas para continuar conjuntamente con la lucha contra la droga en la región, tal y como lo hemos venido haciendo durante décadas”, gobierno de Colombia.

Lo que rompe en redes

Luis Peche, uno de los activistas venezolanos que sobrevivió, junto a su amigo Yendri Velásquez, a un ataque sicarial perpetrado en Bogotá, en la localidad de Usaquén, el pasado 12 de octubre, reapareció tras más de 10 días de aquel incidente. En entrevista con Noticias Caracol, relató cómo fue el ataque contra su vida y la de su amigo, quien es activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia y “está en franca recuperación”.

Azuquita pa’l café

El popular grupo femenino “Spice Girls” anunció el relanzamiento de su álbum ‘Forever’, con motivo de su 25 aniversario, en una edición especial que estará disponible a partir del 7 de noviembre. El disco llegará en formato vinilo marmoleado rojo y negro, con una presentación tipo gatefold, que incluye imágenes exclusivas y láminas coleccionables de cada una de las integrantes.

La ñapa (recomendamos)…

La actriz venezolana Sheryl Rubio, recordada por su papel protagónico en la serie Somos tú y yo, estrenó, junto a otros excompañeros de la serie televisiva, un podcast titulado “F*cking Millennials”, el cual explora el día a día de la generación que inventó la comunicación con memes y le tiene miedo a las llamadas telefónicas.

Más de una persona por día ha sido detenida en octubre

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De acuerdo a la organización Vente Venezuela, la cifra de personas detenidas durante octubre de 2025 ascendió a 35, más de una por día en apenas 23 días transcurridos en el décimo mes del año.

Según una publicación en X de Orlando Moreno, coordinador nacional de la tolda liderada por la ganadora del premio Nobel de la Paz 2005, María Corina Machado, van más de 30 rehenes políticos en un mes, que al todavía le resta una semana por terminar.

Moreno expuso que de su partido hay 20 detenidos, siete de otras organizaciones políticas, tres miembros de la sociedad civil y hasta ahora han liberado o excarcelado a cinco personas.

Desde Vente Venezuela exigen la liberación de todos los presos políticos.

“El mundo debe actuar contra este patrón criminal. Ya notificamos a organismos internacionales de derechos humanos”, escribió Moreno. 

La sección de Derechos Humanos de VV informó que este miércoles 22 de octubre, el gobierno de Maduro detuvo en horas de la tarde a Wladimir Alejandro Yépez, dirigente del partido en Lara. Según testigos, Yépez fue sacado de su vivienda a la fuerza por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) sin una orden judicial.

“Se lo llevaron vulnerando todos sus derechos, familiares temen por su integridad física y exigen información sobre su paradero”, colocó el partido en X.

También en el estado Lara, el pasado viernes 17 de octubre detuvieron a los hermanos y estudiantes universitarios José y Omario Castellanos, y su madre, Blanca de Loaiza, luego de que funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) allanaron su vivienda.

El sábado 18 de octubre previo a la canonización de San José Gregorio y Santa María, activistas desplegaron una bandera y fotografías de los presos políticos en Roma.

845 personas están presas en Venezuela por pensar diferente, de acuerdo al más reciente balance de la ONG Foro Penal.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Lo que se sabe de los 5000 misiles rusos que Maduro ostenta

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El gobernante Nicolás Maduro afirmó este miércoles, 22 de octubre, que Venezuela cuenta con un arsenal de misiles rusos antiaéreos Igla-S, sumando «más de 5000» unidades en «los puestos claves de la defensa antiaérea».

Durante un acto televisado, Maduro que Venezuela cuenta con una Fuerza Armada profesional y con 5.000 Igla-S, además de equipos que han sido reparados y mejorados por «mentes venezolanas, de científicos militares de Venezuela», refirió.

«Cuenta con unos anti drone, no digo más, estamos mostrando la puntica. Los Igla-S para ensayar y eso no pela; es una de las armas más poderosas que hay. Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S y Venezuela, tiene nada más y nada menos que 5000, en los puestos claves de la defensa antiaérea, para garantizar la paz, la estabilidad y la tranquilidad de nuestro pueblo. El que entendió, entendió», advirtió el gobernante.

Esta declaración se emitió en el contexto de una creciente tensión con Estados Unidos y el despliegue militar de 4500 funcionarios en el Caribe para fortalecer operaciones contra el narcotráfico, además de buques y aeronaves.

¿Qué son y para qué sirven?

De acuerdo con una nota publicada por Últimas Noticias, el Igla-S —fabricado en Rusia— forma parte de la familia de misiles MANPADS (siglas en inglés de Man-Portable Air Defense Systems), es decir, sistemas antiaéreos portátiles que pueden ser operados por un solo soldado. Su función principal es derribar aeronaves a baja y media altitud, incluyendo aviones de combate, helicópteros y drones, mediante un misil guiado por infrarrojos que busca la fuente de calor del objetivo.

Según la descripción técnica citada, el Igla-S es una versión mejorada de modelos anteriores (Igla-1 y SA-18), con mayor alcance, precisión y resistencia a contramedidas electrónicas. El misil pesa unos 11,3 kilogramos y se lanza desde un tubo de 1,7 metros de longitud, sostenido al hombro del operador. En conjunto con el sistema de puntería, puede alcanzar un peso total cercano a los 19 kilogramos.

El proyectil está equipado con una ojiva de fragmentación altamente explosiva de 2,5 kg, con espoleta de proximidad y contacto, capaz de detonar incluso sin impacto directo. Su alcance efectivo oscila entre 500 y 6.000 metros, y puede atacar objetivos a altitudes de 10 a 3.500 metros. Además, su velocidad máxima supera los 2,4 Mach (más de 2.900 km/h), lo que le permite interceptar objetivos en segundos.

Venezuela habría adquirido esta versión del Igla-S en 2009, convirtiéndose en uno de los primeros países en incorporar este modelo a su defensa antiaérea. Otros países que se sabe han comprado el sistema incluyen Armenia, Azerbaiyán, Brasil, Libia, India, Eslovenia, Tailandia y Vietnam.

Confirmación previa del arsenal

Según una investigación publicada por Reuters en 2017, Venezuela poseía para entonces un un arsenal de aproximadamente 5000 misiles portátiles antiaéreos rusos del tipo MANPADS SA-24 (Igla-S), el mayor conocido en América Latina. La cifra coincide con la revelada por Maduro en octubre de 2025.

Los documentos militares revisados hace ocho años por la agencia revelaron que el país también poseía unos 1500 lanzadores, piezas fundamentales para el uso de estas armas.

Reuters afirmaba que el armamento fue adquirido principalmente durante el gobierno de Hugo Chávez, como parte de una estrategia de defensa frente a una eventual “invasión imperialista” de Estados Unidos, y que formaba parte del amplio suministro militar financiado con créditos rusos por más de cuatro mil millones de dólares.

Aunque no hay evidencia de que el Estado venezolano haya empleado o transferido estos misiles, funcionarios estadounidenses —incluido el entonces director de la CIA, Mike Pompeo— expresaron su preocupación por el riesgo de que las armas fueran robadas, traficadas o llegaran a manos de grupos irregulares.

El reporte también destacó que Colombia y Brasil manifestaron inquietud por la posibilidad de que armamento venezolano terminara en posesión de guerrillas o bandas criminales. Pese a ello, algunos exfuncionarios de inteligencia citados por Reuters consideraron exageradas las advertencias de Washington, atribuyéndolas a un discurso político que busca presentar al gobierno venezolano como una amenaza regional.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La Conversa | Paparoni: “Se le dio nacionalidad venezolana a 10.400 personas de Irán, Siria y Líbano”

“He visto documentación que demuestra que el Gobierno venezolano adjudicaba contratos a empresas tapaderas de Hezbolá ya en 2001, y cuando (Nicolás) Maduro tomó el poder, la extensión y profundidad de la presencia de Hezbolá se ampliaron drásticamente”, dijo Marshall Billingslea, exsubsecretario para la Financiación del Terrorismo del Departamento del Tesoro, durante audiencia efectuada en el Senado de Estados Unidos.

Billingslea, junto a otros senadores, debatieron los supuestos vínculos de la administración de Maduro con el terrorismo y el narcotráfico. 

¿Por qué en Estados Unidos se dice que Venezuela está conectada con Hezbolá? fue el tema de análisis de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual de este martes 21 de octubre, donde estuvo como invitado el exdiputado de la Asamblea Nacional, Carlos Paparoni.

En la audiencia estadounidense, Billingslea acusó a Maduro de otorgar pasaportes venezolanos a miembros de Hezbolá y Hamas.

Paparoni sostuvo que en 2016, mientras formaba parte del Parlamento, estuvo al frente de investigaciones que condujeron a una teoría similar a la de Billingslea. 

“Entre 2010 y 2019 se le dio la nacionalidad venezolana a 10 400 personas nacidas en Irán, Siria y Líbano”, dijo el exdiputado al panel conformado por Ronna Rísquez, directora de ARI; Víctor Amaya, director de Tal Cual y César Batiz, director de El Pitazo.

Paparoni indicó que esa supuesta entrega de pasaportes se hizo en Damasco, mientras Ghazi Nasr Al-Din, sancionado por Estados Unidos por aparentes vínculos con Hezbolá, era jefe de la misión diplomática venezolana: “Esas personas nunca fueron a Venezuela y no saben hablar español. Se sospecha que están ligadas Hezbolá y Hamas”. 

El exparlamentario aseguró que en la actualidad, Ghazi Nasr Al-Din es analista del Estado venezolano en temas relacionados con el Medio Oriente 

“No tenemos certeza de que esas 10.400 personas tengan vínculos con Hezbolá, lo que sí sabemos es que tienen los beneficios constitucionales de ser venezolanos y eso lo han usado para ingresar a otros países ocultando sus verdaderas nacionalidades. Tenemos evidencia de registros de vuelos a Damasco y Teherán que salen de Venezuela”, precisó, además de añadir que en ese lote, hay miembros de las fuerzas Quds, el brazo armado de Irán, un grupo similar “a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Venezuela”.

Amaya aportó que en la audiencia en el Senado estadounidense no solo se habló de eventuales nexos de Hezbolá con Venezuela, sino también con Argentina, Brasil y Paraguay.

El director de Tal Cual recordó que en 2017, la cadena de noticias CNN sacó al aire un reportaje titulado “Pasaportes en la Sombra”, donde vinculaba al entonces vicepresidente Tareck El Aissami con la emisión de 173 documentos de identidad a personas del Medio Oriente, incluidos aparentes miembros de Hezbolá. Después de esa investigación la señal de CNN dejó de ser transmitida en Venezuela. 

Paparoni reconoció que esta denuncia va para una década sonando en el país y no es novedosa.  

“El asunto es que en los últimos cinco años esto ha avanzado. Maduro ha estado permitiendo la entrada de terroristas a Venezuela y esto es un riesgo para la estabilidad no solo de Estados Unidos, sino de América Latina”, recordó.

Batiz informó que, según Billingslea, 400 comandantes de Hezbolá fueron reubicados debido a la falta de recursos provenientes del Medio Oriente y por ello es posible que busquen refugio en Latinoamérica.

El terrorismo necesita financiamiento 

De acuerdo a Paparoni, Irán dota a Hezbolá de 800 millones de dólares al año y el aporte de América Latina son $200 millones: “Casi 25% del financiamiento a Hezbolá viene de América Latina, el riesgo que ellos se inserten más en la región es notorio”.  

Según el exdiputado, en el año 2001, una empresa vinculada al clan Barakat, sancionada por Estados Unidos por ser supuesto miembro de la estructura financiera de Hezbolá, tenía contratos con el estado venezolano para hacer franelas para el Ministerio de Educación.

Rísquez recordó que en agosto de 2024, las autoridades capturaron en Cúcuta a Mahdy Akil Helbawi, un ciudadano colombo-libanés acusado de financiar a Hezbolá mediante el comercio ilegal de carbón vegetal.

“Es que La Oficina de Envigado es un reducto del Cartel de Medellín, que tiene redes de narcotráfico vinculadas a Hezbolá”, dijo Paparoni.

El exdiputado enfatizó que sin financiamiento no hay terrorismo. “Venezuela representa protección para lavar dinero, Pdvsa es la lavadora más grande que existe en el hemisferio occidental y hay pruebas de ello”.

Opinó también que actualmente el madurismo se parece más a una estructura de crimen organizado que a una organización política. “Yo creo que tiene relación directa con el Cartel de los Soles y por eso a más de un excandidato presidencial le da pánico cuando uno habla de esto. En América Latina, Hezbolá está basado en el narcotráfico y por ello hay que acabar con sus redes de financiamiento”.

A juicio del diputado, la estrategia en torno a Venezuela del otrora presidente estadounidense Joe Biden fue errada.

“Juan González (ex director del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental) forma parte de las peores cosas que nos ha pasado a los venezolanos, por acción u omisión terminó siendo muy nocivo para nosotros”, dijo el exparlamentario. 

Para Papparoni, Maduro no es un líder fuerte y lo único que lo sostiene es la represión.

“Lo hemos visto pidiendo cacao, como decimos popularmente los venezolanos. El verdadero riesgo a nuestra soberanía no es la operación que se está realizando en el Caribe, sino esas nacionalidades entregadas a extranjeros. La permanencia de Maduro en el poder va a terminar, quiera o no quiera”, concluyó.

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