Melissa Sanchez, Jodi S. Cohen, T. Christian Miller, Sebastian Rotella y Mariam Elba

Durante la noche del operativo, agentes federales fuertemente armados ataron con bridas plásticas a Jhonny Manuel Caicedo Ferreira, lo sacaron de su edificio de apartamentos de Chicago y lo pusieron contra una pared para interrogarlo.

Mientras un helicóptero Black Hawk rugía en lo alto, el delgado inmigrante venezolano de 28 años respondió en voz baja, desviando la mirada de vez en cuando a un equipo de televisión invitado a filmar la redada. Junto a Caicedo, agentes enmascarados de la Patrulla Fronteriza inspeccionaron los tatuajes de otro hombre y le preguntaron si pertenecía al Tren de Aragua, la pandilla venezolana que el gobierno de Trump ha designado como una organización terrorista.

Hasta ese momento, Caicedo solo había tenido una interacción con las autoridades en sus dos años y medio en Estados Unidos: una infracción de tránsito dos semanas antes por manejar sin licencia ni seguro, de acuerdo a los registros que revisamos. La policía de Chicago verificó sus antecedentes y no encontró historial criminal, ni órdenes de arresto ni evidencia de que perteneciera a una pandilla. Caicedo dijo que tenía una solicitud de asilo pendiente, un trabajo estable en una taquería y una pareja cuya hija asiste a una escuela primaria al otro lado de la calle.

Nada de eso importó. El gobierno de Estados Unidos lo exhibió junto a sus vecinos frente a las cámaras y presentó los arrestos como un espectacular golpe contra el terrorismo. Pero más tarde, cuando las cámaras se fueron, los fiscales no acusaron a Caicedo de ningún delito. No lo acusaron de ser terrorista. Y después de una breve audiencia en una corte de inmigración, el gobierno lo envió de regreso al país del que había huido nueve años atrás.

“Lo perdí todo”, dijo en una entrevista telefónica desde la casa de su madre en la ciudad venezolana de Valencia. “Para esos locos todos los venezolanos son delincuentes”.

La discreta deportación de Caicedo contrastó con el drama de su captura durante uno de los operativos migratorios más agresivos y publicitados que se hayan llevado a cabo en una ciudad estadounidense en tiempos recientes. Poco después de la medianoche del 30 de septiembre, cerca de 300 agentes de la Patrulla Fronteriza, el FBI y otras agencias irrumpieron en el complejo de departamentos de 130 unidades. Los equipos SWAT descendieron a rappel desde un helicóptero, derribaron puertas a patadas y lanzaron granadas aturdidoras. Arrestaron a 37 inmigrantes, la mayoría venezolanos que, según las autoridades, estaban en el país de manera ilegal. Los agentes también ataron con bridas plásticas a muchos ciudadanos estadounidenses y los detuvieron durante varias horas.

Poco después, la administración del presidente Donald Trump difundió un video muy producido del operativo. Funcionarios dijeron que habían capturado a dos miembros “confirmados” del Tren de Aragua, uno de ellos incluido en una lista de terroristas. Stephen Miller, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca y arquitecto de la ofensiva migratoria a nivel nacional, declaró que el edificio estaba “lleno de terroristas del TdA”, que el operativo había “salvado a Dios sabe cuántas vidas” y que se trataba “de uno de los operativos de aplicación de la ley más exitosos que hemos visto en este país”.

Sin embargo, una investigación de ProPublica encontró pocas evidencias que respaldaran las afirmaciones del gobierno. ProPublica descubrió los nombres de 21 personas de Venezuela entras las detenidas, y entrevistó a 12 de ellas. También hablamos con docenas de sus familiares, amigos y vecinos. Y revisamos registros públicos de bases de datos de antecedentes y sitios web de tribunales, examinamos documentos judiciales y cuentas de redes sociales, obtuvimos mensajes de audio y video grabados esa noche, y asistimos a varias audiencias en el tribunal de inmigración.

Los fiscales federales no han presentado cargos criminales contra ninguno de los arrestados. Tampoco han revelado ninguna evidencia que demuestre que dos inmigrantes detenidos en el edificio pertenecían a la pandilla Tren de Aragua, ni siquiera han proporcionado sus nombres. ProPublica pudo identificar a uno de ellos, Ludwing Jeanpier Parra Pérez, en un comunicado de prensa que no lo vincula al operativo. Parra niega ser miembro de la banda.

“No soy nada de eso”, dijo Parra, de 24 años, durante una entrevista desde una cárcel de Indiana, a donde fueron llevados al menos 17 hombres después de la redada. “No sé por qué ponen la gente así. Yo vine a buscar un futuro bueno y para que mi familia esté bien”. 

Nuestra revisión de los registros criminales indica que, después de una infracción de tránsito el año pasado, la policía de Chicago arrestó a Parra por posesión de drogas y conducir sin licencia, pero los cargos fueron retirados. No encontramos ningún otro registro de arresto.

A medida que los hombres detenidos han ido al tribunal de inmigración, muchos han pedido que los envíen de regreso a Venezuela. ProPublica ha observado ocho de sus audiencias y, en ninguna ocasión, un fiscal del gobierno ha mencionado cargos criminales pendientes ni pertenencia al Tren de Aragua. En cambio, los jueces simplemente han ordenado que los deporten, como en el caso de Caicedo, o les han otorgado la salida voluntaria, lo que sugiere que no se les considera una amenaza seria y que pueden solicitar regresar a Estados Unidos.

Eso “plantea una pregunta legítima sobre si realmente consideraron que alguna de las personas en ese edificio era susceptible de ser procesada”, dijo Mark Rotert, un exfiscal federal y abogado defensor en Chicago. “¿De verdad creen que tienen a miembros de una pandilla del crimen organizado violento? Si creen que tienen personas que encajan en ese criterio, me sorprendería mucho que se conformaran solo con deportarlos”.

Aunque funcionarios dijeron que tenían información de inteligencia sobre armas, drogas y explosivos en el edificio, no han presentado evidencia de que hayan confiscado nada ilícito. La justificación legal para que los agentes irrumpieran en los apartamentos a lo largo del edificio no está clara. En entrevistas, exmiembros de equipos SWAT y otros expertos en seguridad cuestionaron la decisión de que los agentes descendieran desde un helicóptero con cuerdas, una táctica poco habitual en entornos urbanos debido al riesgo para los oficiales y para el público. Además, veteranos investigadores de pandillas señalaron que la exageración posterior a la operación refleja una obsesión política con el Tren de Aragua por parte de la administración Trump, que distorsiona la amenaza que realmente representa.

“Hay tanta presión sobre los agentes para documentar al TdA que solo ven a un delincuente venezolano y dicen que es miembro del TdA”, dijo un experto en pandillas latinas en Texas que pidió anonimato porque no tiene autorización para hacer comentarios.

Durante la redada, inquilinos asustados se escondieron debajo de las camas, treparon a los ductos de los elevadores y brincaron desde las ventanas. Algunos lograron evitar la captura. Seis hombres venezolanos dijeron que agentes los golpearon o los patearon. Un perro policía mordió a un inquilino nigeriano, dejando sangre en el piso de un apartamento, de acuerdo con entrevistas y con un video de las secuelas. Al irrumpir en un apartamento cercano, agentes forzaron a Jean Carlos Antonio Colmenares Pérez a arrodillarse. Su sobrino de 6 años sollozaba junto a él.

“Nos sacaron como unos criminales”, dijo Colmenares, de 39 años, trabajador de la construcción y ex paracaidista del ejército de Venezuela. Además de una multa de tránsito, el padre de cuatro hijos no tiene historial criminal que hayamos podido encontrar.

En una entrevista de radio, Todd Lyons, el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dijo que el despliegue de fuerza era necesario por la amenaza de miembros de la pandilla Tren de Aragua que “aterrorizaban a los pobres residentes”. Agregó: “Cuando las autoridades tienen ese tipo de inteligencia, cuando enfrentamos a miembros conocidos de una pandilla que ahora está designada como organización terrorista extranjera, por supuesto que vamos a entrar con nuestros equipos SWAT y nuestros equipos de operaciones especiales”.

Pero la investigación de ProPublica desmiente la noción de que era un “complejo del Tren de Aragua” tomado por una horda de terroristas. No encontramos condenas penales para 18 de los 21 venezolanos que identificamos. A tres de los hombres se les habían presentado cargos que iban desde posesión de drogas hasta agresión física, pero en cada caso retiraron los cargos. Otro hombre tenía condenas por violencia doméstica y hurto, y un cargo pendiente por posesión ilegal de armas. Además, un hombre tenía condenas por hurto y agresión física contra un oficial, y cargos pendientes por hurto. Un tercero tenía una condena por posesión de marihuana.

Nuestros hallazgos sobre registros criminales no son exhaustivos ya que no existe una base de datos universal de cargos o condenas. No tenemos información sobre las otras 16 personas detenidas en la redada, ya que los funcionarios se han negado a revelar nombres o decir si incluyeron a menores de edad. ProPublica no pudo determinar si alguno de ellos tiene antecedentes en otros países.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no respondió a una lista detallada de preguntas sobre la redada. Proporcionó una declaración en la cual dijo que la operación “se realizó en total cumplimiento de la ley”.

“Dado que dos individuos de una Organización Terrorista Extranjera fueron arrestados en un edificio que frecuentan, tenemos limitaciones sobre la información adicional que podemos proporcionar”, dijo Tricia McLaughlin, vocera del DHS, en el comunicado. “La seguridad y protección de las fuentes es más importante que su reportaje”.

No hay duda de que el edificio de cinco pisos a una cuadra del lago Michigan estaba en ruinas y era peligroso. Hombres jóvenes portaban armas abiertamente en los pasillos y escaleras, dijeron varios exresidentes. Algunos inquilinos se atrincheraban en sus apartamentos por las noches para protegerse de ladrones y drogadictos. Un residente venezolano fue arrestado por el asesinato de un compatriota en un apartamento durante el verano. Ocupantes ilegales, tanto ciudadanos estadounidenses como venezolanos, ocupaban algunas unidades.

Pero ahí también vivían familias que respetaban la ley. Colmenares se había mudado a principios de año con la familia de su primo. En otra unidad vivía uno de sus hermanos con su hijo adulto, que tiene autismo.

Mientras trabajaba durante largas jornadas en construcción y por las noches como conductor de Uber, Colmenares intentaba sortear la amenaza y la miseria.

“No sé más si esa gente era o no era, si eran ladrones o no”, dijo. “Porque en verdad los pasaba por el lado, buenos días y ya, buenos días, porque yo estaría por el lado de mi trabajo”.

Los recién llegados

Colmenares, Caicedo y Parra eran parte de los más de 50,000 nuevos inmigrantes que empezaron a llegar a Chicago en 2022.

Muchos se establecieron en South Shore, un barrio de mayoría afroamericana que ha padecido problemas de criminalidad y abandono por parte del liderazgo político de la ciudad, a menudo disfuncional y corrupto. Es un paisaje lleno de contrastes. Calles bien mantenidas con casas tipo bungalow y elegantes viviendas conviven con locales abandonados y lotes vacíos. La zona ha sido hogar de Michelle Obama, Jesse Jackson y Kanye West. Pero también ha acogido a familias de bajos ingresos desplazadas desde los enormes y violentos proyectos de vivienda pública de Chicago, demolidos a partir de la década de 1990. Muchos de ellos acabaron en sombríos bloques de departamentos como el de 7500 S. South Shore Drive.

Allí terminaron también los venezolanos. La renta era barata. Quienes se mudaron a ese lugar consiguieron empleo lavando platos, manejando para Uber, reparando techos y colgando paneles de yeso. Para el momento de la redada, vivían allí unas 40 familias venezolanas, muchas con niños pequeños, según relataron varios antiguos inquilinos.

Una docena de residentes afroamericanos dijeron mantener relaciones cordiales pero distantes con sus nuevos vecinos. Un hombre recordó con cariño una excursión a Rainbow Beach en compañía de una familia venezolana. Otro se quejó de que el flujo de inmigrantes venezolanos saturaba recursos como el banco de alimentos local.

“Cuando llegamos, solo quedan tres rebanadas de pan”, dijo.

Ninguno de los residentes entrevistados por ProPublica dijo conocer a miembros del Tren de Aragua en el edificio. Pero varios reconocieron la presencia de venezolanos involucrados en actividades delictivas, a quienes uno de los residentes describió como “malandros”.

Exinquilinos relataron haber visto a hombres portar armas dentro del edificio durante fiestas donde venezolanos bailaban música electrónica a alto volumen. Otros dijeron que había venta de drogas, tanto por ciudadanos estadounidenses como por inmigrantes, y prostitución. Vecinos que han vivido allí por mucho tiempo señalaron que los venezolanos involucrados en actividades ilegales se aprovechaban, sobre todo, de sus propios compatriotas.

“Ahí había gente de todo tipo”, comentó un venezolano. “Había familias humildes como había gente trabajadora… También había gente mala”.

En el año previo a la redada, la cuadra donde se encuentra el edificio de apartamentos registró 61 delitos reportados, cifra similar a la de otras cuadras cercanas, según un análisis de ProPublica. En contraste, la mayoría de las cuadras de la ciudad tuvieron cinco o menos delitos reportados.

En junio, dos hombres venezolanos presuntamente asesinaron a tiros a otro inquilino venezolano en un departamento del tercer piso, aparente víctima de una disputa entre grupos de inmigrantes. Sin embargo, los registros judiciales, los informes de la policía de Chicago y un comunicado de prensa del DHS, no mencionan ningún vínculo con actividades de pandillas, y mucho menos con el Tren de Aragua. Un hombre ha sido acusado y se va declarar no culpable, de acuerdo con la oficina del defensor público del condado de Cook.

Aun así, las autoridades federales sostienen haber reunido información de inteligencia según la cual miembros del Tren de Aragua ocuparon departamentos abandonados y poseían armas e incluso explosivos. Ninguno de los residentes entrevistados por ProPublica dijo saber de la existencia de explosivos. Varios funcionarios de las fuerzas del orden comentaron a ProPublica que sería poco habitual encontrar miembros del Tren de Aragua en Estados Unidos con explosivos.

El edificio estaba en malas condiciones. La basura se acumulaba. Los pasillos se inundaban. Las escaleras olían a orina. El yeso se desprendía de las paredes. Insectos y roedores infestaban el lugar. Desaparecieron los guardias de seguridad. En los últimos dos años, el edificio no superó 18 de 21 inspecciones.

Con la llegada del otoño, los inquilinos venezolanos se dieron cuenta de que había un motivo más de preocupación:  el operativo migratorio Midway Blitz, que ha llevado a más de 3.000 arrestos en toda la ciudad y sus suburbios. A finales de septiembre, agentes migratorios detuvieron al hermano y al sobrino de Colmenares cuando volvían a casa tras buscar chatarra para vender.

“Por todos lados agarraban gente”, dijo Colmenares.

La redada

A las 12:55 a.m. del 30 de septiembre, Parra estaba intercambiando mensajes de audio con un viejo amigo de Caracas sobre un trabajo de construcción. La hija de cinco meses de Parra había estado enferma y con fiebre, y el amigo tenía previsto pasar a dejarle pañales.

De repente, la novia de Parra empezó a gritar en la otra habitación. Uno de los mensajes de audio enviados al amigo registró la frenética conversación de la pareja.

“Se metió migración”, le dijo a Parra. 

“¿Dónde?”, preguntó él. 

“Acá, adentro”, ella le respondió mientras el ruido del helicóptero iba en aumento. 

Antes de que se dieran cuenta, agentes encapuchados habían derribado la puerta de su departamento en el segundo piso, según Parra, su novia y una amiga que estaba pasando la noche ahí con su hijo.

“¡Manos arriba!”, gritaron los agentes, agarrando a Parra en la cocina y amarrándole las manos detrás de la espalda con bridas plásticas.

Parecía como si los “militares estuvieran buscando a Pablo”, dijo Parra, refiriéndose al narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

La abrumadora fuerza del operativo dejó en shock a los habitantes del edificio.

El estruendo de las puertas siendo derribadas al otro lado del pasillo despertó a Yelianny Nicoll Primera Herreras, de 20 años. Miró por la ventana del departamento, al que su familia se había mudado apenas dos días antes, y vio drones y vehículos blindados. Acto seguido, la puerta de su propio departamento se vino abajo. Los agentes irrumpieron, agarraron a su esposo y lo empujaron contra la pared.

“Yo estaba gritando”, dijo Primera. “Estaba súper con miedo”. Todo lo que podía pensar, contó, era si los agentes le iban a quitar a sus tres hijas —todas menores de 4 años— y a deportarla sin ellas.

Colmenares dijo que intentó grabar a los agentes cuando allanaron su apartamento. Le arrebataron el teléfono, lo tiraron al suelo y le golpearon en la cabeza con la culata de un rifle, según contó. Dijo que cayó de rodillas y levantó las manos hacia su cuello. La esposa de su primo, Norelly Eugenia Mejías Cáceres, se desmayó, y los agentes la cargaron por las escaleras.

Cuando recuperó el conocimiento, estaba desorientada, descalza e incapaz de responder a las preguntas de los agentes. “¿Dónde está mi hijo?”, les preguntó una y otra vez, hasta que la llevaron a un pequeño autobús en un estacionamiento cercano. Ahí lo tenían retenido junto con su padre y su tío.

Nathan Howard, ciudadano estadounidense, dormía en un apartamento del quinto piso cuando comenzó el operativo. Vio el helicóptero y a los agentes irrumpir en el edificio desde el techo. Quedó temporalmente cegado por las intensas luces blancas cuando los agentes lanzaron una granada aturdidora dentro del apartamento.

“Son 20,000 de ellos corriendo por mi casa como si tuviéramos a Saddam Hussein en el clóset”, dijo.

Howard relató que fue atado con bridas plásticas junto a su hermano, Cameo Polk, y llevado al estacionamiento contiguo de una escuela a la que había asistido de niño. Howard fue entregado a la policía de Chicago por una orden pendiente por no comparecer ante el tribunal. De los muchos ciudadanos estadounidenses detenidos temporalmente, Howard fue el único arrestado. Se va a declarar no culpable, de acuerdo con la oficina del defensor público del condado de Cook.

Con marcador negro, los agentes garabatearon a los venezolanos los números de apartamento en los brazos, pechos desnudos y hasta en la frente. Después los sacaron, los alinearon contra la pared y los interrogaron, todo captado por un equipo de cámaras de NewsNation que acompañaba a los agentes.

La novia de Parra relató que escondió sus teléfonos celulares debajo de su camisa, entre los senos, y salió caminando del edificio. Cargó a su hija enferma, que llevaba puesto un pijama de una pieza. Vio a otras madres con niños a medio vestir, algunos descalzos, otros únicamente con el pañal.

“No les dieron chance ni de vestir a los niños”, dijo ella.

Los agentes interrogaron a Leonardo José Paredes Varela, Gabriel Enrique Gamarra Pérez y Jonahyker Francisco López Manzano sobre el Tren de Aragua, según dijeron los tres hombres. Paredes tiene condenas por violencia doméstica y hurto en tiendas, y un cargo pendiente por posesión de arma de fuego. Se va declarar no culpable en ese caso pendiente, según la oficina del defensor público de Cook County. Gamarra tiene una condena por posesión de marihuana y otro cargo pendiente también por posesión de marihuana. No está claro si se ha declarado culpable en ese caso pendiente. No encontramos condenas para López. Los tres hombres negaron saber algo sobre la pandilla y las autoridades no los han acusado públicamente de ser miembros de esta.

Paredes, Gamarra y otros dos dijeron que los agentes les mostraron fotos de aproximadamente media docena de hombres y les preguntaron si los conocían.

Las fotos les dieron la impresión de que los agentes buscaban a personas que no vivían en el edificio. Gamarra dijo que un agente dijo sobre él y los demás: “Ellos no son”.

Parra dijo que los agentes no le preguntaron sobre el Tren de Aragua.

Debido a la falta de información proporcionada por el DHS, es difícil evaluar las acusaciones de que Parra y otro venezolano, que no ha sido identificado, pertenecen al Tren de Aragua. Una portavoz del DHS dijo que uno de los dos hombres “coincidió positivamente” con una lista de vigilancia de terroristas. Verificamos varias listas de presuntos miembros de pandillas que mantienen las autoridades policiales venezolanas y la agencia policial internacional Interpol; el nombre de Parra no estaba en esas listas.

Especialistas en pandillas advierten sobre los desafíos de identificar correctamente a los miembros del Tren de Aragua. La pandilla tiene una corta historia en este país y menos poder que en países latinoamericanos como Chile y Perú, donde el Tren de Aragua y sus ramificaciones son actores importantes en el mundo criminal.

ProPublica, en colaboración con periodistas venezolanos de Alianza Rebelde Investiga y Cazadores de Fake News, reportó previamente sobre cómo el gobierno de Trump arrestó a más de 230 venezolanos y los llamó miembros de pandillas sin proporcionar evidencia al respecto. Los hombres fueron enviados a El Salvador, donde estuvieron encarcelados durante cuatro meses. El DHS y la Casa Blanca previamente defendieron las deportaciones, afirmando que “Estados Unidos está más seguro con ellos fuera de nuestro país”.

Edwin Santana, investigador de pandillas de Nueva Jersey con amplia trayectoria, dijo que los agentes federales están lidiando con presión política y falta de experiencia mientras intentan identificar a los miembros de la pandilla.

“Hay una fijación con el Tren de Aragua”, dijo. “Es como el sabor del mes”.

¿Exageración?

El operativo de alto perfil intensificó el debate público acerca de cómo la administración Trump está llevando a cabo su campaña migratoria. En entrevistas con ProPublica, ocho funcionarios y exfuncionarios de las fuerzas del orden, incluidos veteranos de equipos SWAT, manifestaron su preocupación por algunos métodos usados en South Shore.

En el despliegue participaron dos unidades tácticas que hasta hace poco era inusual ver en las ciudades estadounidenses. Una de estas es el equipo especial de respuesta de oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza que normalmente trabaja en los puertos de entrada del país. La otra es la Unidad Táctica de la Patrulla Fronteriza (BORTAC, por sus siglas en inglés), la élite SWAT de la Patrulla Fronteriza. Aunque la unidad realiza misiones ocasionales en el interior del país, funcionarios tanto de ahora como del pasado dijeron que rara vez lleva a cabo redadas urbanas como la de Chicago.

“BORTAC está altamente entrenada y es muy competente, pero no está claro que este tipo de operación sea la más adecuada para ellos”, dijo John Cohen, ex alto funcionario del DHS. 

Cohen, un veterano de 40 años en las fuerzas del orden y exmiembro de un equipo SWAT, cuestionó la decisión de hacer descender a los agentes desde helicópteros con cuerdas. Los helicópteros se usan generalmente para observación y apoyo durante las redadas. Pero en entornos urbanos, las tácticas conocidas como rappel, donde los agentes van atados a las cuerdas, y descenso rápido, donde no van sujetados, se reservan principalmente para escenarios extremos como rescates de rehenes, debido al riesgo de lesiones a los agentes y de que un accidente de helicóptero ponga en peligro al público, señalaron expertos.

Cohen dijo que ha hecho cientos de cateos, incluso en edificios controlados por pandillas, pero “nunca he descendido en rappel de helicópteros en esas operaciones”.

Funcionarios del DHS no han explicado la naturaleza de la amenaza que motivó tácticas extraordinarias que generalmente requieren aprobación de alto nivel en Washington, D.C., según las entrevistas.

Tampoco está claro cómo las autoridades eligieron el objetivo de la redada. El edificio tiene un historial problemático que ha atraído la atención de la policía e inspectores de la ciudad durante años. El año pasado, la ciudad demandó a la dueña, Trinity Flood, una inversionista de bienes raíces de Wisconsin, por no mantener el edificio seguro. La propiedad está en ejecución hipotecaria. En documentos judiciales, Flood ha dicho que sus compañías “han invertido cientos de horas trabajando con las fuerzas del orden en un intento por evitar que ocupantes ilegales y elementos criminales de la zona entren al edificio”. Flood no respondió a solicitudes de comentarios.

El concejal del área, Greg Mitchell, ha dicho que respondió a las muchas quejas sobre el edificio al buscar ayuda de la policía y otras agencias, incluida la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), según un reporte de Block Club Chicago. Mitchell no respondió a solicitudes de comentarios. Un portavoz de la ATF, cuyos agentes participaron en la redada, se negó a hacer comentarios.

Dos semanas antes de la redada, oficiales del sheriff del condado de Cook recorrieron el edificio para ejecutar desalojos en una docena de apartamentos, según muestran los registros. Los agentes federales desarrollaron una lista de sospechosos y apartamentos basada, en parte, en información de Flood, de acuerdo con entrevistas y declaraciones de funcionarios.

Los agentes se enfocaron principalmente en apartamentos ocupados por inmigrantes o ciudadanos estadounidenses que no pagaban renta, y pasaron de largo varias unidades cuyos inquilinos eran ciudadanos estadounidenses de mayor edad, según las entrevistas.

Cerca de dos docenas de residentes dijeron que los agentes entraron a sus apartamentos sin proporcionar una orden. Muchos señalaron que los agentes habían derribado sus puertas. Una entrada forzada así requeriría una orden judicial firmada por un juez federal. No se han presentado públicamente tales órdenes, aunque pueden mantenerse bajo sello mientras avanza el proceso de investigación.

Las autoridades de inmigración también pueden usar las llamadas órdenes administrativas, que no permiten una entrada forzada. Los residentes deben dar permiso a los oficiales para entrar a su apartamento.

Funcionarios del DHS han declarado que las órdenes jugaron un papel en la redada, pero no han proporcionado detalles.

“No estamos violando sus derechos”, dijo Greg Bovino, el jefe de la Patrulla Fronteriza que dirigió la redada, en una entrevista con NewsNation. “Lo estamos haciendo seguro para ellos, para que puedan vivir en un vecindario seguro y protegido”.

Si ese era el objetivo, no ha sucedido. En una audiencia judicial el viernes, un día después de una inspección ordenada por el tribunal, cinco inspectores de la ciudad describieron cables expuestos, elevadores rotos, tuberías con fugas y otros peligros. Seis inquilinos hablaron al juez sobre ratones y mosquitos, pisos inundados, puertas rotas, ocupantes ilegales y falta de guardias de seguridad.

El administrador de la propiedad del edificio, Corey Oliver, dijo que contrató seguridad armada después de la redada, pero los despidió cuando se negaron a patrullar el edificio. Oliver no respondió a solicitudes de comentarios.

“La seguridad de estos inquilinos y la seguridad de este edificio es de suma importancia”, dijo la jueza durante la audiencia. Nombró a una nueva compañía para supervisar la propiedad y ayudar a los treinta y tantos inquilinos restantes a mudarse a otro lugar.

La partida

Después de la redada, al menos 17 hombres venezolanos fueron trasladados en autobús a la cárcel del condado de Clay, cerca de Terre Haute, Indiana. Colmenares dijo que no le permitieron usar el baño en toda la mañana y se orinó encima durante las tres horas y media de viaje a la cárcel.

Las mujeres y los niños venezolanos detenidos en el edificio fueron llevados a un centro de procesamiento de inmigración. Al menos cuatro de las madres y sus hijos, algunos ciudadanos estadounidenses, fueron liberados ese mismo día.

La novia de Parra contó que le pusieron un grillete electrónico en el tobillo y le dijeron que consiguiera el pasaporte estadounidense de su hija para que las regresaran juntas a Venezuela. Cuando volvió a su apartamento, se enfureció al descubrir que otros inquilinos lo habían saqueado: su puerta había quedado derribada y podían entrar. 

“Me quedé sin ropa. Sin cama. Sin cuna de niña”, dijo. “Se robaron a mi pareja”.

Casi dos semanas después, regresó a Venezuela con su hija.

Otras mujeres y niños fueron puestos en un avión a Texas el día después de la redada. Mejías y su hijo de 6 años pasaron cerca de un mes en un centro de detención familiar allá, antes de que dejara de pelear por el asilo y pidiera ser deportada. Su hijo lloraba por su padre y no quería comer los frijoles y el arroz que servían en la cárcel. Algunas veces, otras mujeres le compraban ramen en la tiendita del centro.

De vuelta en Venezuela, Mejías y su hijo ahora se quedan en la casa de una de sus hermanas, a una hora de Caracas. Su esposo, que trabajaba lavando platos en un restaurante en el barrio chino de Chicago, permanece detenido en una cárcel en Kentucky.

“Ellos dicen que buscaban a delincuentes, pero el niño y yo, pues, y mi esposo, no somos delincuentes”, dijo Mejías en una entrevista telefónica. “No sé por qué hicieron eso”. 

En octubre, uno de los hombres venezolanos presentó una petición de habeas corpus en una corte federal para solicitar su liberación bajo fianza. Esa petición, que fue presentada junto con otros dos hombres detenidos en el edificio antes de la redada, todavía está  pendiente.

A medida que pasan las semanas, varios hombres detenidos dicen sentirse enfermos, aislados y desesperados. En las audiencias de inmigración muchos piden a los jueces que los manden a Venezuela lo antes posible.

Tres semanas después de la redada, Johan José Cordero Hernández compareció en la corte de inmigración de Chicago, mediante un enlace de video.

Cordero había llegado a Estados Unidos a principios de 2023 y trabajaba como soldador. La noche de la redada, un agente enmascarado lo encaminó por un estacionamiento. Lucía cansado. Vestía una camiseta rosa y tenía las manos atadas a la espalda con bridas plásticas.

En la corte, Cordero se sentó solo frente a una cámara y respondió cortésmente a las preguntas de la jueza. No tenía abogado. Le aseguró a la jueza que nunca antes lo habían arrestado. Una abogada del gobierno confirmó que Cordero decía la verdad. “No está en nuestros registros”, corroboró.

La jueza entonces le explicó a Cordero que era elegible para la salida voluntaria a Venezuela, lo que le daría la oportunidad de regresar algún día. Cordero aceptó.

“Le deseo mucha suerte en el futuro”, dijo la jueza. Cordero inclinó la cabeza. Dos semanas después, se había ido.

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