El 2 de julio de 2024 a Delcy Rodríguez le cayó un árbol de mamón encima. El accidente le causó lesiones en su brazo derecho que, con cierta frecuencia, llevaba con vendajes. Ese día Rodríguez estaba en Cumanacoa, en el oriente de Venezuela, supervisando los daños del paso del Huracán Beryl: fue una ráfaga de esos vientos la que tumbó el enorme árbol encima de ella y parte de su equipo. 

El anuncio del accidente lo dio Nicolás Maduro en un acto público, en medio de la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio de ese año. Con un humor desafinado que envejeció mal, dijo: “A Delcy, trabajando en Cumanacoa, le cayó un misil. Pero ella se repone de todo”.

Y la afirmación luce cierta. Pues año y medio después, la vemos -bastante repuesta- jurando como presidenta encargada de Venezuela después que, en efecto, cayeran bombas norteamericanas sobre Caracas para llevarse a Maduro y su esposa Cilia Flores. 

Delcy Eloína Rodríguez Gómez, la mujer que ocupa la silla presidencial en Miraflores con el inesperado aval de los Estados Unidos, es una de las figuras con mayor acumulación de poder dentro del oficialismo venezolano y una operadora clave del entramado político, represivo y económico del Estado. 

A Delcy Rodríguez la han presentado como una moderada, una tecnócrata, una chavista “distinta” por sus estudios en Francia e Inglaterra o su excelente dominio del inglés. Lo primero no lo es. Lo confirman la articulista norteamericana Eva Golinger, que pasó varios años en Venezuela al lado de Hugo Chávez, y el ex diplomático turco Imdat Oner, que sirvió en Caracas y recuerda una reunión con embajadores que hubo en 2015 cuando Rodríguez era canciller: “ella llegó dos horas tarde y empezó a gritarle a los diplomáticos de Estados Unidos y los europeos. Ella es una chavista radical, en términos de ideología”, comenta a La Hora de Venezuela.

Lo que sí es Delcy Rodríguez es pragmática, coinciden observadores y analistas. De hecho, su mayor crecimiento dentro de la estructura de poder del chavismo ha sido desde que comenzó a mover los hilos de la agenda económica. Con los años se ha convertido en algo más que la vicepresidenta de turno: es una operadora central del sistema, la figura a la que se recurre cuando hay que confrontar, ejecutar, cerrar filas y conseguir salvavidas económicos.

Delcy Eloína Rodríguez Gómez nació en Caracas el 18 de mayo de 1969. Su biografía política no se entiende sin una fecha posterior: 25 de julio de 1976, cuando su padre, Jorge Antonio Rodríguez, murió bajo custodia policial tras ser detenido en el marco del secuestro del empresario William Niehous. La muerte —atribuida a torturas y malos tratos— se convirtió en un punto de quiebre familiar y, con el tiempo, en una pieza clave del relato chavista sobre la «Cuarta República». Para Delcy y su hermano Jorge, esa historia operó como herida y como brújula: la política como reparación, como justicia, como revancha.

Esa noción aparece incluso en una frase que alguna vez dijo en televisión: «La revolución bolivariana, la llegada de nuestro comandante, fue nuestra venganza personal». No es una consigna sino una confesión de identidad, en la que la revolución es reparación íntima más que proyecto colectivo.

Además, Delcy no es solo Delcy. Es parte de un dúo que, desde hace años, opera como columna vertebral del sistema: junto a su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ambos han sido descritos como «gemelos políticos» del chavismo. Comparten origen, relato y ambición. 

Esa alianza familiar explica su resiliencia: cuando fue apartada, volvió; cuando cayó en sombras, regresó con más peso; cuando rivales se desplomaron, ella se quedó en pie. En un gobierno donde los apellidos se repiten, la política se hereda y la confianza se administra como un recurso escaso, Delcy ha permanecido por algo fundamental: sirve para sostener el edificio cuando cruje.

Por eso cuando la economía tocó su punto más bajo y necesitaba reflote, Rodríguez se convirtió en la única funcionaria de alto nivel que acudía a las asambleas empresariales, mientras bajo su sombra se iba creando una amplia red de iniciativas privadas. Plataformas de periodismo de investigación como Armando.info han develado nexos de la ahora presidenta encargada con “un séquito empresarial” con ramificaciones en los sectores de construcción, servicios turísticos, inmobiliarias, importadoras de alimentos o empaquetadoras.

En el plano interno, fuentes del oficialismo la describen como una figura reservada, silenciosa y de bajo perfil, con un círculo de aliados reducido pero altamente leal, aliados que ahora la acompañan en la que podría ser la mayor paradoja de su vida: denunciar en el discurso la aprehensión de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, mientras en la práctica, se permite la entrada de la administración Trump en tomas de decisiones políticas y se reanudan acuerdos de ventas del petróleo a EE.UU. 

Sin embargo, a la mano con la que juega Delcy Rodriguez en este momento le falta, por mucho, las cartas de seguridad jurídica, de confiabilidad, y de garantías constitucionales que los empresarios petroleros le pidieron a Donald Trump para embarcarse en su plan de regresar a Venezuela. Además de una larga historia de violaciones de derechos humanos, la precariedad económica, más de 900 presos políticos aún en prisión y disputas internas acompañan a la nueva presidenta encargada del país y eso no se borra de la noche a la mañana.

Rodriguez fue Ministra del Despacho de la Presidencia (2006), Ministra de Comunicación e Información (2013-2014), Canciller de la República (2014–2017), Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (2017-2018) y, desde junio de 2018, Vicepresidenta Ejecutiva. Sin embargo, uno de los puntos de inflexión de su carrera fue su presidencia en la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano creado sin referendo previo y no reconocido por la comunidad internacional.

Desde la presidencia de la ANC, encabezó un proceso que anuló en la práctica a la Asamblea Nacional electa en 2015, concentrando funciones legislativas, judiciales y de control político en un cuerpo dominado exclusivamente por el chavismo. Bajo su mandato se aprobaron instrumentos legales ampliamente cuestionados por organismos de derechos humanos.

Fueron los tiempos en que Delcy Rodríguez también ejerció la presidencia pro tempore del Mercosur y en los que Venezuela dejó de formar parte de la organización por haber incumplido el Protocolo de Adhesión. En diciembre de 2016, la entonces canciller venezolana no logró entrar a la reunión de la organización celebrada en Buenos Aires, pero logró ser noticia al mostrarse con un cabestrillo en el brazo producto de la supuestas lesiones que sufrió cuando se le impidió el acceso a la reunión.  “Fui golpeada por un policía (…) es bochornoso las ofensas y maltrato físico que se puede dar en el seno del Mercosur a una nación y su canciller”, manifestó en esa oportunidad Rodríguez

Legisladora, Vicepresidenta y rol en violaciones de DD.HH.

El historial de Delcy Rodríguez en materia de derechos humanos va desde su participación en la creación de un marco legal represivo, hasta su papel como uno de los principales ejecutores de una de las olas de represión más intensas de la era chavista.

Durante su gestión en la ANC se impulsaron y consolidaron marcos normativos y decisiones que facilitaron la represión y la criminalización de la disidencia. 

Entre ellos destacan:

• La Ley Constitucional contra el Odio (2017), utilizada de forma sistemática para procesar penalmente a opositores, periodistas, activistas y ciudadanos por expresiones en redes sociales, con penas de hasta 20 años de prisión.
• El respaldo político y legal a estados de excepción permanentes, que suspendieron garantías constitucionales y permitieron detenciones sin orden judicial.
• La legitimación del control civil-militar del orden público, consolidando el uso de tribunales militares y cuerpos de inteligencia contra civiles.

Como Vicepresidenta Ejecutiva de la República, tuvo autoridad directa sobre Ministerios y organismos de seguridad. Entre 2018 y abril de 2021, bajo su cadena de mando, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) fue documentado como responsable de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas temporales y vigilancia masiva.

La Misión de Determinación de Hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó en 2020 que existían “motivos razonables para creer” que Rodríguez conocía o debía conocer crímenes cometidos por el Estado y no actuó para impedirlo, pese a su posición de autoridad. Estas conclusiones fueron reiteradas y ampliadas en resoluciones posteriores que mantuvieron activa la investigación internacional sobre Venezuela.

Corrupción, oro y tramas internacionales

Más allá de su rol en la cadena de mando de violaciones de derechos humanos, Delcy Rodríguez ha sido vinculada a tramas de corrupción transnacional que involucran oro, empresarios extranjeros y circuitos financieros opacos.

El 20 de enero de 2020, Rodríguez (sancionada por la Unión Europea desde 2018) ingresó a España pese a la prohibición vigente y se reunió con el entonces ministro José Luis Ábalos, detonando el escándalo conocido como Delcygate. Investigaciones apuntan a que, días antes del viaje, facilitó la venta de 104 barras de oro venezolano valoradas en más de 60 millones de dólares a empresarios españoles. La Guardia Civil halló comunicaciones entre Rodríguez y el empresario Víctor de Aldama que vinculan directamente a la vicepresidenta con esta operación.

Este caso se inscribe en un patrón más amplio de extracción ilegal y lavado internacional del oro venezolano mediante sociedades pantalla, un esquema que refuerza la corrupción y la evasión de controles financieros. En el plano político y mediático, el Delcygate también ha sido asociado a otras controversias en España, como el rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra, cercana a figuras del chavismo, aunque sin pruebas judiciales directas que involucren a Rodríguez.

Otra pieza clave es Jorge Giménez, empresario venezolano y presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF); una investigación de Armando.info lo expone como operador del chavismo y hombre de confianza de Rodríguez, involucrado en contratos opacos vinculados a los CLAP y PDVSA, con deudas y acuerdos irregulares que superan los 1.200 millones de dólares. Además, aparece mencionado en chats del caso español como interlocutor directo de su “jefa”, consolidando la conexión entre el poder político venezolano y redes internacionales de corrupción.

¿Quiénes la acompañan a gobernar?

Delcy Rodríguez no gobierna de manera aislada, sino que lo hace en el marco de una cúpula oficialista consolidada, tejida durante décadas bajo Hugo Chávez y Nicolás Maduro. A su lado está su hermano Jorge Rodríguez, operador político dentro del régimen, que ha fungido como negociador y coordinador estratégico del chavismo. En el gabinete también destacan figuras como Diosdado Cabello, considerado el “número dos” del chavismo con control sobre las fuerzas de seguridad, y el general Vladimir Padrino López, Ministro de Defensa y pieza clave para asegurar la lealtad militar al proyecto político. 

Estos conforman un bloque de poder que sustenta la administración de estado y las decisiones del gobierno, reproduciendo una estructura autoritaria que ha atornillado en el poder a la fuerza y que ha sido señalada por su papel en redes clientelares, control de instituciones y prácticas de corrupción sistémica.

Jorge Rodríguez:

Hermano de Delcy y actual presidente de la Asamblea Nacional controlada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y uno de los principales operadores políticos de Nicolás Maduro. Ha sido ministro de Comunicación, alcalde de Caracas y jefe negociador del gobierno. 

Informes de Naciones Unidas y pronunciamientos de la CIDH lo ubican como actor político clave en el diseño y legitimación de mecanismos de represión, especialmente durante las protestas de 2017. Sin ser imputado individualmente por la Corte Penal Internacional, su rol aparece dentro del marco de responsabilidad de altos mandos civiles evaluado por la Fiscalía de la CPI en el examen y la investigación formal sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Está sancionado por la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá por su responsabilidad en actos que socavan la democracia y por violaciones de derechos humanos, lo que implica congelación de activos y prohibiciones de viaje.

Diosdado Cabello:

Una de las figuras más poderosas del oficialismo. Ex presidente de la Asamblea Nacional, actual Ministro del Interior, Justicia y Paz y rostro público del ala más dura del régimen a través de su programa televisivo “Con el Mazo Dando”.

Organismos como la ONU y la CIDH lo han señalado como parte central del aparato de represión estatal, asociado a persecución política, detenciones arbitrarias y amenazas públicas contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. 

El gobierno de Estados Unidos lo acusa de corrupción y presuntos vínculos con el narcotráfico, en particular por señalamientos relacionados con el Cartel de los Soles, además de sancionarlo financieramente. También está sancionado por la Unión Europea, Canadá y Suiza por acusaciones de violaciones a derechos humanos y el debilitamiento del Estado de derecho. Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por información que facilite su captura.

Vladimir Padrino López:

General en jefe y Ministro de la Defensa desde 2014. Es el civil-militar con mayor continuidad en el cargo y considerado el principal garante militar de la permanencia de Maduro y del aparato oficialista en el poder. 

Informes de la ONU documentan que, bajo la cadena de mando de las Fuerzas Armadas, se cometieron ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y represión sistemática, lo que coloca a Padrino López dentro del análisis de responsabilidad superior. Estos patrones forman parte del expediente que la CPI mantiene abierto sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La CIDH también ha advertido sobre la militarización del control interno bajo su gestión.

Está acusado penalmente en Estados Unidos por narcotráfico en el marco del caso del Cartel de los Soles y cuenta con sanciones de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, por violaciones de derechos humanos y socavar el orden democrático y hay una recompensa de 15 millones de dólares por su cabeza.

Entre el círculo chavista y las negociaciones globales

El investigador ruso Daniel Estulin, quien trabajó con Delcy Rodriguez durante tres años y medio, explica que Hugo Chávez, cuando vivía, debía lidiar con riesgos de traición, mientras que la ahora presidenta encargada se centró en administrar y consolidar el poder heredado; apoyándose en un círculo cercano y altamente leal, y formando parte de lo que él llama el “dragón de dos cabezas”: un entramado familiar que distribuye y protege el control político y económico del régimen.

Estulin también reveló que su colaboración con los Rodríguez terminó cuando le solicitaron construir rutas de narcotráfico, un encargo que rechazó. Es así como Delcy, a pesar de su perfil reservado y calculador, opera dentro de un sistema donde el mantener el poder y la protección de los intereses familiares y del círculo alrededor de esta, parecen estar por encima de la construcción de proyectos de liderazgo propios. 

El historial de Delcy Rodríguez dentro del círculo chavista genera desconfianza entre un sector de inversores y actores extranjeros y la obliga a maniobrar con cuidado. Sin embargo, para otros, es la figura más potable, para un modelo de transición con el visto bueno de los Estados Unidos. Esta dicotomía, hace que cada movimiento condicione así su estrategia de supervivencia política y control del poder doméstico. 
Para mantenerse allí debe aparentar control político interno dentro del oficialismo, pero negociar con el gobierno estadounidense con una posición y acciones claras en cuanto a la dirección que debe tomar Venezuela; no solo en términos de apertura económica, sino también en el marco del respeto a los derechos humanos en el país. Con Maduro tras las rejas y Rodriguez juramentada como presidenta interina, el oficialismo se encuentra en su momento más vulnerable.

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.