En el Palacio de Miraflores se pusieron las alpargatas y bailaron un joropo a ritmo de música country este miércoles 11 de febrero con el arribo a Venezuela del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.
A ritmo de música llanera y como si no hubiese habido un ataque que provocó la muerte de más de 100 personas y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, recibió con sonrisas y loas al funcionario americano.
🔴 #Urgente Así recibió Delcy Rodríguez a Chris Wright en Venezuela.
Parecía que hace poco más de un mes no hubiese habido una acción bélica que desembocó en la prisión y futuro juicio que ahora enfrenta Maduro, a quien la propia Rodríguez aún llama “presidente constitucional”.
A propósito de la acción de los miembros de las fuerzas armadas americanas el pasado 3 de enero, Wright indicó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump “no quiere más acciones militares ni conflictos”, con lo que la posibilidad de un segundo ataque pierde fuerza.
Estas fueron unas de las frases que dijeron este 11 de febrero en el palacio de gobierno venezolano.
Chris Wright
-“Vengo a traer un mensaje del presidente Trump para transformar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y traer prosperidad, trabajos, oportunidades para la gente”
-“Queremos liberar al pueblo y a la economía de Venezuela”
-“Queremos seguridad, invertir dinero, aumentar la producción petrolera, crear nuevos trabajos e incrementar las exportaciones”
-“Venezuela tiene enormes recursos naturales, pero lo mejor es la gente”
-“Tuve un diálogo muy amable y cálido para solventar todos nuestros problemas y establecer desafíos”
-“Tenemos planes específicos para hacer América grande otra vez. La agenda del presidente Trump es la paz”
Delcy Rodríguez
-”Hemos conversado en acuerdos en materia de petróleo, gas, minería y electricidad”
-”Tenemos una agenda de trabajo con puntos focales importantes y una asociación productiva a largo plazo”
-“Estoy segura que a través de la diplomacia vamos a superar nuestras diferencias”
-“Sabemos que este primer viaje será el primero de muchos”
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En el marco del Día de la Juventud, los estudiantes de distintos estados del país se lanzaron a la calle para exigir la libertad de todos los presos políticos, el cierre de los centros de tortura y el regreso seguro de los exiliados.
Cada 12 de febrero, los estudiantes venezolanos salen a las calles para conmemorar una fecha que, más que un hito histórico, se ha convertido en un símbolo de lucha y resistencia.
Desde tempranas horas, los jóvenes de Mérida, Táchira, Zulia, Maracay, Valenciay Barquisimeto recuerdan no solo la Batalla de La Victoria de 1814, también conmemoran hechos más recientes como los ocurridos en el 2014 cuando fueron asesinados en una protesta antigubernamental los jóvenes Bassil Da Costa y Robert Redman.
A continuación una muestra de cómo se vivió este 12 de febrero en otras ciudades del país:
Zulia
En Maracaibo decenas de jóvenes, estudiantes y sociedad civil tomaron las calles para exigir la liberación de todos los presos políticos. Los manifestantes recordaron a Paul Moreno, estudiante de Medicina y miembro de la Cruz Verde asesinado por la represión chavista en las protestas de 2017.
Los jóvenes merideños marcharon hacia la Defensoría del Pueblo para exigir la libertad de los presos políticos. “Ya cayó, ya cayó, este gobierno ya cayó”, era el coro de los manifestantes.
El movimiento estudiantil tomó las calles de Barquisimeto con una exigencia clara: libertad inmediata para todos los presos políticos y el cese de la persecución.
Estudiantes de la UDO núcleo Maturín, se concentraron en la entrada de esta casa de estudios para exigir la completa libertad de los presos políticos, salarios y pensiones dignas, así como mejoras en todas las universidades del país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A juicio de Andrés Guanipa, su hermano, el dirigente político Juan Pablo Guanipa no cometió delito alguno antes de que fuese nuevamente encarcelado por el gobierno de Delcy Rodríguez.
Guanipa fue junto al abogado penalista Joel García, invitado de la edición número 100 este martes 10 de febrero de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual.
Guanipa dijo en el programa semanal donde estuvieron, Ronna Rísquez, directora de ARI; Víctor Amaya, director de Tal Cual; César Batiz, director de El Pitazo y Luis Blanco, director de Runrunes, que al régimen chavista le molestó el apoyo recibido por su hermano en las calles de Caracas posterior a su excarcelación el pasado fin de semana.
“Porque en apenas unas horas libre, levantó el tablero sin planificarlo, haciendo lo que sabe hacer: dar la cara y decir la verdad”, dijo Guanipa.
Andrés relató que su hermano fue secuestrado por personas sin identificación que lo metieron en una camioneta y le taparon la cara con una franela para que no supiera hacia dónde lo llevaban.
El hermano de Juan Pablo afirmó que en una primera instancia le dijeron que lo iban a llevar a Maracay, pero luego se percató que estaba de vuelta en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), de donde horas antes había salido.
“Allí se tranquilizó un poco porque sabía que no se trataba de grupos irregulares, sino del propio régimen”.
Guanipa manifestó que su hermano fue trasladado en un operativo policial “exacerbado” a Maracaibo para someterlo a casa por cárcel, portando un grillete y con funcionarios policiales permanentemente apostados a las afueras de su residencia.
Guanipa reiteró que su hermano no incumplió medida cautelar alguna porque en la boleta de excarcelación emitida el pasado fin de semana solo le indicaron presentarse en un tribunal en Caracas cada 30 días y no salir del país.
“Lo que hizo fue ir a visitar a otros presos políticos y dar declaraciones, si esos son delitos entonces estás demostrando que estamos en dictadura”.
Joel García indicó que el Ministerio Público tiene la potestad de pedir la revocatoria de una medida cautelar, pero lo grave es que haya un juez que la conceda.
“Si estuviésemos en un Estado de Derecho se apela la decisión y el juez tiene que ser destituido porque eso es un error inexcusable de derecho”, enfatizó el abogado.
El penalista sentenció que por esa razón es que el gobierno impide que se nombre a una defensa privada.
“Eso no es una excarcelación, Juan Pablo ahora está silenciado, vigilado y con un grillete en el tobillo. Es incoherente si estamos hablando de reconciliación y paz”.
Para Rísquez la decisión de volver a aprehender a Guanipa no fue aislada, sino tomada por el grupo que gobierna.
Amaya aportó que la detención de Guanipa fue una acción neutralizante, porque este le inyectó un tono político a las protestas de los familiares de los presos en El Helicoide y la Zona 7 de Boleíta.
“A Juan Pablo lo que le tienen es miedo, lo que le molesta al régimen es el apoyo que recibió, pero no lo van a poder silenciarlo, él no hizo nada imprudente. Me siento orgulloso de cómo actuó”, dijo Guanipa.
Andrés aseguró que tanto el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, así como el senador republicano Rick Scott, brindaron apoyo mientras se desconocía el paradero de su hermano. “Me dijeron que me quedara tranquilo”.
Para Batiz, Guanipa es el primer preso de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.
El director de El Pitazo indicó que Diosdado Cabello está en el Ministerio de Interior y Justicia para recordarle a la sociedad civil que “quien se salga de la línea será castigado con severidad”.
Según Batiz, el cargo de Tarek William Saab al frente de la Fiscalía se encuentra amenazado y por eso acata las instrucciones de los hermanos Rodríguez.
Una ley “chucuta”
Para el abogado García, la aprobada en primera discusión Ley de Amnistía le atribuye la responsabilidad de los supuestos crímenes al beneficiario y exime al Estado de atropellos cometidos.
“Ellos nunca hubiesen hecho una Ley de Amnistía, porque les funciona la represión. La hacen porque reciben instrucciones y es probable que antes de ser totalmente aprobada pase por un tutelaje”, sentenció García.
El experto en derecho penal denunció que pese a la promesa de Delcy Rodríguez de contemplar una amnistía de 1999 hasta el presente, la sumatoria de las fechas expuestas en el documento suman apenas dos años y dos meses.
“Eso no es nada y va a excluir a mucha gente, en el texto los militares están invisibilizados, no se incluyen aquellos delitos que tienen que ver con opinión, no se habla de reparación ni de indemnización de las víctimas, tampoco de la conformación de una Comisión de la Verdad que incluya a ONG y academias, es algo improvisado”.
García aplaudió que la discusión de la ley se haya diferido y los parlamentarios estén reuniéndose con familiares de presos políticos y miembros de organizaciones no gubernamentales.
“Hay que criticar a esos diputados que aprobaron esa ley en primera discusión sin conocerla. Tiene que ser evaluada y mientras tanto se pueden seguir produciendo excarcelaciones”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Juan Pablo Guanipa acarició algo parecido a la libertad durante apenas cinco horas. Tras ocho meses de detención arbitraria, la excarcelación del dirigente opositor tuvo lugar el pasado 8 de febrero de 2026. Se dirigió a la Zona 7 de Boleíta, en Caracas, para acompañar a los familiares de quienes aún siguen tras las rejas. Ofreció algunas entrevistas y, desde sus redes sociales, hizo un llamado a seguir luchando por la libertad plena y la restitución de la democracia en Venezuela.
Pero la emoción se esfumó muy rápido. Antes de la medianoche de ese mismo domingo, al menos 10 sujetos armados se lo llevaron por la fuerza. La madrugada del lunes 9 de febrero, el Ministerio Público admitió haber solicitado revocar su medida cautelar por un supuesto “incumplimiento de las condiciones impuestas”, aunque su familia divulgó una boleta de excarcelación en la que claramente se evidenciaba que solo tenía régimen de presentación cada 30 días y prohibición de salida del país.
El castigo para Guanipa no fue el regreso a una celda común, sino una modalidad de encierro distinta: fue trasladado a su domicilio, donde ahora vive con un grillete electrónico en el tobillo, custodia policial en su estacionamiento y la prohibición absoluta de declarar a medios o redes sociales, denunció su hijo, Ramón Guanipa, este 10 de febrero.
“Mi papá solo fue a decirle a los familiares -en Zona 7- que pronto iban a salir, a darle ánimos de que serían beneficiados con la Ley de Amnistía. Lo mismo que hizo Jorge Rodriguez, exactamente lo mismo.Pero Jorge Rodríguez sí puede hacerlo, pero mi papá no lo puede hacer, ah no, mi papá por eso desestabilizó al país, por darle apoyo a las personas que están esperando afuera de los centros”, reclamó Guanipa hijo.
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El caso de Guanipa ilustra una realidad técnica y dolorosa: para los presos políticos en Venezuela, salir de un centro de reclusión no significa ser libre. Las organizaciones de derechos humanos enfatizan que el término correcto en este contexto es“excarcelación” y se limita al acto físico de salir del centro de reclusión. No implica que la persona sea libre de cargos, ni que recupere sus derechos civiles plenamente, pues sus procesos judiciales siguen abiertos y distintas restricciones los acompañan.
Alfredo Romero, director del Foro Penal, lo advirtió con claridad: “No hay libertad con excarcelaciones bajo medidas restrictivas, ni existe excarcelación cuando la persona permanece privada de libertad en su hogar. Estos mecanismos sistemáticos de control represivo deben cesar. Constituyen crímenes de lesa humanidad”.
A más de un mes del anuncio hecho por el presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez, las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela han ocurrido a cuentagotas y a medias. Ni siquiera hay un número “oficial” que se pueda tomar como referencia y que se actualice periódicamente. Mientras Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, cifraba los beneficiados en más de 600 a finales de enero, el ministro Diosdado Cabello elevó la cifra a más de 800 el pasado 9 de febrero.
En paralelo, y en un arduo esfuerzo, las organizaciones no gubernamentales verifican exhaustivamente cada excarcelación para corroborar que efectivamente se estén contabilizando quienes estaban detenidos por razones políticas. De acuerdo con el conteo del Foro Penal, hasta el 10 de febrero de 2026, habían sido 431 los excarcelados.
El castigo después de las rejas
Al no haber una sentencia de libertad plena, los presos políticos excarcelados enfrentan el riesgo de ser devueltos a prisión si el tribunal así lo decide, o si se alega un incumplimiento de las medidas. Para quienes logran cruzar la puerta del penal, las restricciones se convierten en una extensión de las rejas.
Las medidas cautelares suelen incluir prohibición de salida del país, régimen de presentación periódica ante tribunales y, cada vez con más frecuencia, el “voto de silencio” o prohibición de hablar con medios de comunicación, publicar en redes sociales o asistir a manifestaciones.
Entre muchos otros casos, esto último es lo que experimentan figuras como la abogada Rocío San Miguel, excarcelada el 8 de enero de 2026 tras casi dos años de prisión, y Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González, excarcelado el 21 de enero. Ambos tienen prohibido declarar públicamente sobre sus experiencias en prisión.
Así como ocurrió con Guanipa, la prisión se trasladó también hasta los hogares del defensor de derechos humanos y exmagistrado Perkins Rocha y el coordinador de Voluntad Popular, Freddy Superlano, excarcelados ambos el pasado 8 de febrero y a quienes se les impuso arresto domiciliarios.
Las fotografías de Guanipa y Rocha con sus grilletes han generado la reflexión de varios juristas. Para el defensor de derechos humanos y experto en Derecho Penal, Joel García, si una persona sale de la cárcel para vivir “vigilada, silenciada y con un grillete en el tobillo”, no ha sido excarcelada, “ha sido trasladada a otra modalidad de encierro” y el cambio de escenario no implicó una restitución de sus derechos.
El temor de estar excarcelados, pero no libres, sigue siendo una constante aunque algunos detenidos por razones políticas ahora estén en sus casas. Andreína Baduel, activista y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) reveló a Runrun.es que el caso “ejemplarizante” de Guanipa ha causado mucha “zozobra” entre los recientemente excarcelados, quienes temen que con ellos se repita esta acción irregular.
“Ellos -los excarcelados- han estado acompañando las vigilias, concentraciones y actividades de incidencia del comité y allí, el foco para fotografías y monitoreos son ellos y los líderes de cada actividad”, comentó. “Ningún excarcelado sale totalmente libre, todos salen con medidas restrictivas, así que el drama no termina para ellos, como tampoco ha terminado para quienes permanecen en condiciones de horror como mi hermano desde hace ocho años”, sumó Baduel.
Otra condición común que comparten quienes salieron de la prisión política es la obligatoriedad de la presentación periódica, sin importar cuán precarias sean sus condiciones de salud. Es el caso del periodista Ramón Centeno, quien debe seguir asistiendo a audiencias de juicio a pesar de su situación de salud. El 5 de febrero de 2026, el Colegio Nacional de Periodistas denunció que Centeno, quien permanece en silla de ruedas a espera de una cirugía urgente para volver a caminar, fue sometido a una espera de nueve horas en su última comparecencia a tribunales. “La justicia no puede ser utilizada como una herramienta de desgaste físico para quien ya tiene su salud comprometida”, advirtieron.
Mantenerlos en silencio parece ser la norma. Nicmer Evans, periodista recientemente excarcelado, denunció que los miembros de la comisión de la Ley de Amnistía de la Asamblea Nacional intentaron impedirle participar en la reunión que tuvo lugar el pasado 10 de febrero con presencia de familiares de víctimas y defensores.
“Nicmer, tú después me mandas lo que me quieres mandar, tú sabes cómo hablar conmigo, me has escrito varias veces”, le refutaba Jorge Arreaza en un video difundido en redes sociales. “Yo como excarcelado tengo derecho a hablar”, insistía Evans. Al final, por la presión de los defensores y personas asistentes, le dieron el derecho de palabra.
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No hay transición sin libertades plenas
El defensor de Derechos Humanos y director de Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, opinó que el hecho de que luego de la detención de Nicolas Maduro y los bombardeos en Venezuela se produzcan excarcelaciones confirma que los presos políticos “siempre fueron fichas de canje” y que tal acumulación de personas en prisión “estaba esperando un momento de negociación como este”.
Aunque sostiene que las excarcelaciones son una alegría, insiste en que la libertad plena es lo que debería proceder, ya que todas las causas penales y acusaciones continúan abiertas en todos los casos.
“Habría que ver cuántas cesan como consecuencia de la Ley de Amnistía. Para que haya libertad plena, el proceso penal debe terminar, no solo suspenderse. Eso ocurre cuando el Ministerio Público solicita el archivo fiscal, o el tribunal dicta un sobreseimiento definitivo, declarando que el hecho no existió, no es delito, o la persona señalada no participó en los hechos”, profundiza.
El sociólogo comenta que el caso de Guanipa –detenido nuevamente a pocas horas de ser excarcelado y enviado a arresto domiciliario con medidas más restrictivas- recuerda a todos los venezolanos que las libertades cívicas (manifestación, expresión y libre asociación) “continúan suspendidas en el país por la vía de los hechos”, así como también que todavía “no podemos hablar que estamos siendo testigos de una transición democrática en el país”.
Destaca asimismo que medidas como el silencio impuesto a los excarcelados (prohibición de declarar, opinar, denunciar, participar) y uso de grilletes no son “condiciones administrativas” ni “medidas de seguridad” neutras.
“En derecho constitucional y en estándares internacionales, son formas de castigo encubierto y control político aplicadas a personas que no han sido condenadas o que ya deberían estar en libertad plena. Lamentablemente, este tipo de restricciones se fueron normalizando bajo un contexto autoritario”, amplía.
La prohibición de declarar o participar en actividades políticas viola los artículos 57, 62, 63 y 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CBRV) que consagran los derechos a la libertad de expresión, derecho a la participación política y libertad personal. La Carta Magna, además, prohíbe expresamente la censura previa, por lo que condicionar la libertad a “no hablar” es inconstitucional per se. En el marco internacional, este impedimento de expresar públicamente las opiniones o brindar declaraciones vulnera los artículos 13, 23 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que abarcan la libertad de expresión, derechos políticos y protección judicial efectiva.
Mientras que con el endurecimiento arbitrario de medidas cautelares (como en el caso de Juan Pablo Guanipa) se violan asimismo los principios de proporcionalidad (artículo 44 de la CRBV), debido proceso (artículo 49 de la CRBV) y presunción de inocencia (art. 49.2 CRBV)
Uzcátegui enfatiza también que las medidas cautelares solo pueden restringir lo estrictamente necesario para asegurar la presencia del imputado en juicio y que endurecerlas sin nueva imputación ni incumplimiento “es ilegal”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 12 de febrero,ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
La historia de los agentes de la Policía Metropolitana (PM) que condenaron por los sucesos del 11 de abril de 2002 no es solo otra injusticia en Venezuela. Es un relato de 23 años que ha dejado familias fragmentadas, padres que murieron a la espera de un abrazo y una nueva generación que solo conoce a sus padres por visitas tras las rejas.
En abril de 2009, cuando ya tenían seis años en prisión, Héctor Rovaín (inspector jefe), Erasmo Bolívar (distinguido), Luis Molina (patrullero) y otros siete uniformados fueron sentenciados a 30 años de cárcel por “complicidad correspectiva” en homicidio calificado y lesiones.
Organización Venezolana de Autismo: “El aislamiento, la ruptura de rutinas, la falta de medicación y el entorno hostil de los centros de reclusión generan daños psicológicos y regresiones que pueden ser irreversibles”.
Lo que rompe en redes
Estas son las horas y lugares de las movilizaciones mañana 12 de febrero.
📍 Estas son las horas y lugares de las movilizaciones mañana 12 de febrero:@JovenesConVzla_
🕗 8:00 AM • Bolívar (Caroní): Plaza Monumental.
🕘 9:00 AM • Aragua: UPEL. • Carabobo: Av. Rojas Queipo, Valencia. • Lara: Plaza José Macario Yépez. • Monagas: Entrada de la…
Un video que circula masivamente en redes sociales ha tocado fibras profundas: un gato permaneció al lado de su dueño enfermo mientras era atendido por personal médico.
#Viral | Un video que circula masivamente en redes sociales ha tocado fibras profundas: un gato permaneció al lado de su dueño enfermo mientras era atendido por personal médico.
La escena ha provocado miles de reacciones y comentarios cargados de emoción.
La historia de los agentes de la Policía Metropolitana (PM) que condenaron por los sucesos del 11 de abril de 2002 no es solo otra injusticia en Venezuela. Es un relato de 23 años que ha dejado familias fragmentadas, padres que murieron a la espera de un abrazo y una nueva generación que solo conoce a sus padres por visitas tras las rejas.
En abril de 2009, cuando ya tenían seis años en prisión, Héctor Rovaín (inspector jefe), Erasmo Bolívar (distinguido), Luis Molina (patrullero) y otros siete uniformados fueron sentenciados a 30 años de cárcel por “complicidad correspectiva” en homicidio calificado y lesiones. Los delitos supuestamente los cometieron contra los manifestantes de oposición que pretendían llegar al Palacio de Miraflores hasta que varios pistoleros civiles los emboscaron en Puente Llaguno, en el centro de Caracas.
Abogados defensores de derechos humanos e Investigaciones periodísticas señalan que los tres funcionarios, que participaron en el operativo de seguridad de la Policía Metropolitana en la avenida Baralt, fueron víctimas de procesos viciados en los que nunca se comprobó que sus armas estuviesen vinculadas con la veintena de muertes que se registró ese día.
Mientras que los otros seis funcionarios salieron de la cárcel a través de beneficios procesales, Rovaín, Bolívar y Molina llevan casi 23 años presos, solo cuatro menos que el preso político más conocido del mundo: Nelson Mandela. Ni siquiera el Decreto de Ley de Amnistía dictado por Hugo Chávez en 2007 para los delitos vinculados al golpe de estado en su contra en abril del 2002 pudo beneficiarlos porque los presuntos crímenes que cometieron eran de lesa humanidad.
Al sufrimiento de los PM se unen las voces de sus familias, que han tenido que lidiar con largos procesos judiciales y defensas costosas que no han podido reducir las penas de los agentes, pese a que los beneficios procesales, que quedaron asentados en sus sentencias, debieron concedérselos hace más de 15 años.
Los testimonios de Katherine Molina, hija de Luis Molina; y Elba Rovaín, hermana de Héctor Rovaín, revelan el desgaste físico, emocional y económico de las familias en medio de una espera que parece no tener fin.
Ambas reclaman las carreras y vidas productivas que los suyos perdieron tras las rejas, pero también rechazan que el Estado haya sumado un castigo adicional: el traslado en 2021 desde el Centro de Procesados Militares (Cepramil), conocido como Ramo Verde, al Centro Penitenciario Fénix, en Lara, una cárcel a más de 400 kilómetros de sus familias, que les impone un aislamiento de facto por la distancia física y la prohibición de que ingresen hombres y niños a visitarlos.
#URGENTE#PresosPoliticos Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovaín (Policia Metropolitana) fueron trasladados a cárcel común: Fénix en Barquisimeto. Lejos de sus familias y arriesgando sus vidas. Tienen más de 18años presos, les corresponde libertad inmediata. 🧵 1
Hubo un momento en el que Héctor Rovaín pidió a su familia que dejara de pagar a sus abogados y no lo visitara más. En ese momento, el Estado -en lugar de otorgarle los beneficios procesales que ha retrasado durante años sin justificación- lo envió a una cárcel en Barquisimeto, a casi cinco horas en carro de sus familiares. Era octubre de 2021.
“Allá la visita son dos horas, lo ves por un vidrio y mira toda la plata que te tienes que gastar”, contó Elba Rovaín, su hermana. A ese esfuerzo se suma la larga fila que debe hacer bajo el sol antes de entrar al penal en donde solo pueden ingresar mujeres durante los encuentros semanales.
Pese a la decisión de Héctor de no ver más a su familia, su hermana aseguró que él no pierde la esperanza de salir pronto de la prisión. “Él tiene mucha fe, mucha fe que Dios va a meter su mano para su libertad… No hay que perder la fe, de verdad“, recalcó la mujer.
Formaciones de presos en uno de los patios de la cárcel Fénix, en Lara. Foto: Prensa Presidencial
Pero esa fe no frena el lamento de Elba por todo lo que ha perdido su hermano a lo largo de 23 años tras las rejas. “Le robaron toda su vida y nosotros lo que hemos hecho es sufrir por mi hermano”, sentenció.
Héctor Rovaín tenía 34 años cuando lo apresaron, una esposa y un hijo de solo 5 años. Durante su presidio, sus padres murieron al igual que todas sus tías, su pareja se divorció de él y su hijo migró porque fue firmado como pitcher por un equipo de béisbol estadounidense cuando era un adolescente. Y aunque se lesionó, sigue fuera del país.
“Mi hermano perdió toda su vida en esa situación… Mi mamá se murió con el deseo de ver a su hijo libre“, relató la hermana mientras la voz se le volvía un hilo delgado a punto de reventarse.
A Elba Rovaín le duele tanto la prisión de su hermano –un hombre al que describió como dulce, noble, educado y cariñoso– que el pasado 8 enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que excarcelarían a un “número importante” de presos políticos y se corrió el falso rumor de la liberación de los PM, los nervios le atacaron con dolores estomacales durante dos días.
“A nosotros no nos ha tocado nada fácil, nada. Cuando supimos que no era cierto que lo habían liberado, todo el mundo se fue contra el suelo. Yo no me quería ilusionar, pero me lo dijeron con tanta firmeza que yo creí que lo habían soltado y mira, nada. Mi hermano para mí es como un hijo porque siempre, desde pequeño, fue muy pegado a mí”, comentó.
Elba Rovaín afirmó que mientras Héctor estuvo recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, en Miranda, ella podía visitarlo todos los fines de semana, desde la mañana hasta la tarde. Hasta allá también iban sus padres, sus otros hermanos, su exesposa y su hijo. Hace 13 años, su madre murió de cáncer. Su padre falleció hace seis años. Aunque estaba ciego, todavía esperaba abrazar a su hijo en libertad.
En Ramo Verde, Héctor aprendió sobre agricultura, tapicería, costura, panadería. Incluso llegó a hacer panes para la venta, así como patacones y hasta cachapas. Así logró mantenerse tan activo que, en ocasiones, pudo enviar dinero a su familia cuando lo necesitaba.
“¿Qué aprendizaje no ha tenido ahí? Y a mi hermano no le han bajado ni un día de condena, ¿tú crees que esto es posible?”, reclamó Elba Rovaín.
Héctor Rovain, Inspector jefe de la extinta Policía Metropolitana. Preso Político en Venezuela, fue detenido arbitrariamente el 19/04/2003, cuando procuraba defender a ciudadanos que estaban siendo atacados cuando manifestaban cerca de Puente Llaguno en Caracas.#LiberenARovainpic.twitter.com/awWNf5WdSz
Nada ha sido suficiente para que al agente Rovaín le rebajen la pena o le permitan obtener beneficios procesales como libertad condicional, un régimen abierto que le deje salir a trabajar y dormir en el penal por las noches o la suspensión de sus años tras las rejas.
Además, las condiciones de reclusión empeoraron cuando lo enviaron a la cárcel de Lara. Allí, los presos deben comprar hasta el agua que consumen porque la poca que sale de las tuberías no es apta para el consumo. Tampoco hay espacio para que puedan cocinar y, cuando los familiares les llevan comida, solo pueden hacerla pasar en bolsas transparentes.
En todos estos años, una de las pocas cosas que Héctor no ha perdido son las ganas de cantar. Elba recordó que, cuando estaba libre, la “preciosa” voz de su hermano acompañaba a conjuntos de gaitas cada diciembre. Hoy, su instrumento lo pone al servicio de la iglesia cristiana que funciona en el penal.
La ausencia de un papá que es inocente
Al menos hasta octubre de 2021, los fines de semana de Katherine Molina fueron para descansar y visitar a su papá en Ramo Verde. Ella, que apenas tenía un año y medio cuando lo apresaron, rememoró que cuando iba a verlo junto a sus hermanos mayores y su madre, pasaba allá los sábados y domingos para intentar recuperar el tiempo que no lo tenía en casa.
“Yo hacía las cosas (del colegio), y entonces me las llevaba, los regalos del Día del Padre, las manualidades. Pero no es lo mismo, porque siempre hacen actos en el colegio por el Día del Padre, y yo quería que él siempre estuviera conmigo, pero entendía la situación en la que estaba mi papá”, dijo.
El miedo de su padre en aquellos días, confesó Katherine Molina, era que en la calle o en la escuela alguien le hablara mal de él y que ella lo creyera. Por eso, el agente se esmeraba en explicarle a su hija que todo lo que había hecho aquel 11 de abril fue proteger a la gente que estaba en la marcha. Y ella, que debió madurar más rápido para comprender todo, sabía que le decía la verdad.
Con esa ausencia pasaron sus primeros días en la escuela, sus graduaciones, sus 15 años, sus enamoramientos, y hasta el nacimiento de su hijo. Su padre, Luis Molina, todavía no ha cargado a su nuevo nieto, apenas lo conoce por las fotos que le muestran sus hermanas cuando van a verlo. Tampoco ha podido seguir el crecimiento de sus dos nietos mayores.
Katherine y Lismar llevan 23 años sin su papá, Luis Enrique Molina, preso político (Policía Metropolitana). Una tenía 1 año; la otra nunca ha vivido con él. ¿Qué mayor castigo que separar a una familia por décadas? ¿Hasta cuándo? Exigimos su liberación. Unidos tenemos que pedir… pic.twitter.com/sSM51HVHDX
Visitar a su papá en Ramo Verde era una costumbre para Katherine Molina hasta que el traslado a Fénix le quitó la oportunidad de verlo cada fin de semana. Los costes de los pasajes y el tiempo escaso que le dejan las rutinas del bebé la han mantenido lejos del padre que admira por su fortaleza e integridad.
Pero esa fuerza se ha visto mellada en los últimos años. El deterioro de las condiciones de reclusión hizo que, al igual que sus compañeros, Luis Molina perdiera las pocas comodidades que tenía en la cárcel militar de Ramo Verde, donde podía usar hasta sus propios electrodomésticos. En Barquisimeto, la alimentación la provee el penal, las condiciones son precarias y el contacto familiar es limitado.
A esto se suma la nueva situación de su padre: en mayo de 2025 lo operaron de urgencia por una peritonitis. “Él no se ha recuperado del todo. Esa es una operación delicada y la recuperación es un poco riesgosa”, comentó Katherine Molina, preocupada por la salud de su padre.
🚨 #URGENTE | Luis Enrique Molina, policía metropolitano detenido por motivos políticos, sentenciado a 30 años, fue trasladado al Hospital Central de Barquisimeto.
Molina, recluido en el Fénix de Barquisimeto, aparentemente presenta una Peritonitis.
Luis Molina tampoco tiene en Fénix una de las actividades que le permitía sentirse útil: hacer y dictar cursos de herrería, soldadura y barbería, con lo que podía generar ingresos para costear sus gastos dentro del penal. Hoy, son sus hijos mayores quienes envían dinero para que se pueda comprar comida.
Después de una vida sin su padre junto a ella, Katherine Molina solo puede decir “ya basta”. “Yo siento que ellos se merecen terminar de vivir su vida tranquilos, pasar su vejez tranquilos. La verdad es que ya está bueno, ya es mucho pasar trabajo”, apuntó.
Junto a esas palabras, la certeza que la ha acompañado siempre: “la mayor enseñanza que me ha dejado mi papá es ser valiente, ser fuerte… yo sé que soy hija de un papá inocente”, concluyó.
Si los agentes de la Policía Metropolitana son incluidos en la Ley de Amnistía que discute la Asamblea Nacional, podrán salir en libertad, pero nunca recobrar los 23 años que pasaron en prisión. No recibirán ningún tipo de reparación por los años que perdieron en presidio porque el Estado los considera “culpables” de unos homicidios a los que no están vinculados. Tampoco tendrán garantías de que hechos como estos no se repitan.
Este miércoles arribó al país el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, como parte de los acuerdos en materia energética que adelanta la administración de Donald Trump.
Wright tiene previsto reunirse en Caracas con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela con el aval de los Estados Unidos, para impulsar un “histórico” acuerdo energético.
“Su visita es clave para avanzar la visión del presidente Donald Trump de una Venezuela próspera. El sector privado estadounidense será fundamental para impulsar el sector petrolero, modernizar la red eléctrica y desbloquear el enorme potencial de Venezuela”, señaló en redes sociales la encargada de negocios de EE UU, Laura Dogu.
El funcionario fue recibido por la encargada de negocios estadounidense, la viceministra de Petróleo, Paula Henao Vera, y la viceministra para Europa y América del Norte, Andrea Corao Faría.
Agenda del secretario
La agenda oficial del secretario estadounidense incluye este miércoles reuniones con empresarios y medios internacionales.
Asimismo, visitará algunos de los yacimientos petrolíferos del país “para observar de primera mano cómo el histórico Acuerdo Energético entre Estados Unidos y Venezuela del presidente -Donald- Trump está impulsando la paz y la prosperidad”.
La visita del secretario Wright ocurre un día después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera una licencia general que autoriza la exploración y producción de petróleo y gas en Venezuela, así como el mantenimiento y reparación de equipos existentes.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La Organización Venezolana de Autismo exigió la libertad de los presos políticos con trastorno del espectro autista (TEA) al considerar “contradictorio e injusto” que se hable de un camino de “reconciliación nacional” mientras haya “personas autistas tras las rejas”.
Mediante un comunicado, la organización señaló que un país “no puede sanar si sus ciudadanos más vulnerables están privados de su libertad en condiciones que ignoran su condición”.
“Las detenciones para una persona con autismo no son solo una privación de libertad; son una tortura sensorial y emocional. El aislamiento, la ruptura de rutinas, la falta de medicación y el entorno hostil de los centros de reclusión generan daños psicológicos y regresiones que pueden ser irreversibles”, añadió el texto.
En ese sentido, indicaron que la justicia debe ser “empática y consciente” por lo que exigieron respeto a los derechos de Juan Nahir Zambrano, Gabriel Sánchez y Gilmari Alcalá. El comunicado también incluía a Darío Estrada, ingeniero petrolero y dirigente del partido Encuentro Ciudadano, pero este fue excarcelado el pasado 8 de febrero tras haber estado detenido poco más de 5 años.
“Luego de casi 6 años de injusta prisión, Darío Estrada, dirigente de Encuentro Ciudadano, se encuentra en las calles, junto a su familia y compañeros de lucha”, informó vía X la dirigente opositora Delsa Solórzano, líder del partido.
Luego de casi 6 años de injusta prisión, Darío Estrada, dirigente de @EnCiudadanoVzla se encuentra en las calles, junto a su familia y compañeros de lucha.
Pronto estará en su Barquisimeto querido. Darío nunca debió estar tras las rejas.
Otro preso político con autismo que fue excarcelado el pasado mes de enero fue el joven ucraniano Yevhenii Trush, quien estaba detenido desde el 20 de octubre de 2024. En abril de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó la Resolución 32/2025, mediante la cual otorgó medidas cautelares al considerar que se encontraba “en una situación de gravedad y urgencia ante el riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela“.
Detenciones en condiciones inapropiadas
Entre los que continúan detenidos, Juan NahirZambrano está recluido en la Cárcel de Yare II, enfrentando imputaciones por conspiración, financiamiento al terrorismo y reserva de divulgación o suministro de datos de información. A él y a su hermano, funcionarios d de la Guardia Nacional Bolivariana, los detuvieron en 2022. Su condición de trastorno del espectro autista nivel I fue debidamente verificada por la Medicatura Forense, aseguró la OVA, al tiempo que denunció que su permanencia en un entorno carcelario común contraviene los principios de protección especial y ajuste razonable que el Estado debería garantizar.
Mientas que a Gabriel Sánchez Piña, también con trastorno del espectro autista nivel I, lo acusan de delitos de traición a la patria, financiamiento al terrorismo y delitos bajo la Ley Contra la Delincuencia Organizada. La Organización Venezolana de Autismo denunció que no le han realizado la evaluación médico forense, lo que lo mantiene en vulnerabilidad extrema procesal sin que se reconozca su discapacidad psicosocial y sensorial ante los tribunales correspondientes. Gabriel está detenido en la Zona 7 de la PNB en Boleíta, Caracas.
Sobre la joven Gilmari Alcalá, el medio Crónica Uno publicó que también está presa en los calabozos de la Zona 7 de la PNB, bajo presuntos cargos de traición a la patria y terrorismo. Su condición tampoco ha sido validada oficialmente validación por parte de los organismos forenses lo que, al igual que en el caso anterior, impide que el tribunal reconozca su discapacidad psicosocial.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
