La Organización Venezolana de Autismo exigió la libertad de los presos políticos con trastorno del espectro autista (TEA) al considerar “contradictorio e injusto” que se hable de un camino de “reconciliación nacional” mientras haya “personas autistas tras las rejas”.
Mediante un comunicado, la organización señaló que un país “no puede sanar si sus ciudadanos más vulnerables están privados de su libertad en condiciones que ignoran su condición”.
“Las detenciones para una persona con autismo no son solo una privación de libertad; son una tortura sensorial y emocional. El aislamiento, la ruptura de rutinas, la falta de medicación y el entorno hostil de los centros de reclusión generan daños psicológicos y regresiones que pueden ser irreversibles”, añadió el texto.
En ese sentido, indicaron que la justicia debe ser “empática y consciente” por lo que exigieron respeto a los derechos de Juan Nahir Zambrano, Gabriel Sánchez y Gilmari Alcalá. El comunicado también incluía a Darío Estrada, ingeniero petrolero y dirigente del partido Encuentro Ciudadano, pero este fue excarcelado el pasado 8 de febrero tras haber estado detenido poco más de 5 años.
“Luego de casi 6 años de injusta prisión, Darío Estrada, dirigente de Encuentro Ciudadano, se encuentra en las calles, junto a su familia y compañeros de lucha”, informó vía X la dirigente opositora Delsa Solórzano, líder del partido.
Luego de casi 6 años de injusta prisión, Darío Estrada, dirigente de @EnCiudadanoVzla se encuentra en las calles, junto a su familia y compañeros de lucha.
— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) February 9, 2026
Pronto estará en su Barquisimeto querido. Darío nunca debió estar tras las rejas.
Aún quedan muchos presos políticos.… pic.twitter.com/wx5FLCUpx1
Otro preso político con autismo que fue excarcelado el pasado mes de enero fue el joven ucraniano Yevhenii Trush, quien estaba detenido desde el 20 de octubre de 2024. En abril de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó la Resolución 32/2025, mediante la cual otorgó medidas cautelares al considerar que se encontraba “en una situación de gravedad y urgencia ante el riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela“.
Detenciones en condiciones inapropiadas
Entre los que continúan detenidos, Juan Nahir Zambrano está recluido en la Cárcel de Yare II, enfrentando imputaciones por conspiración, financiamiento al terrorismo y reserva de divulgación o suministro de datos de información. A él y a su hermano, funcionarios d de la Guardia Nacional Bolivariana, los detuvieron en 2022. Su condición de trastorno del espectro autista nivel I fue debidamente verificada por la Medicatura Forense, aseguró la OVA, al tiempo que denunció que su permanencia en un entorno carcelario común contraviene los principios de protección especial y ajuste razonable que el Estado debería garantizar.
Mientas que a Gabriel Sánchez Piña, también con trastorno del espectro autista nivel I, lo acusan de delitos de traición a la patria, financiamiento al terrorismo y delitos bajo la Ley Contra la Delincuencia Organizada. La Organización Venezolana de Autismo denunció que no le han realizado la evaluación médico forense, lo que lo mantiene en vulnerabilidad extrema procesal sin que se reconozca su discapacidad psicosocial y sensorial ante los tribunales correspondientes. Gabriel está detenido en la Zona 7 de la PNB en Boleíta, Caracas.
Sobre la joven Gilmari Alcalá, el medio Crónica Uno publicó que también está presa en los calabozos de la Zona 7 de la PNB, bajo presuntos cargos de traición a la patria y terrorismo. Su condición tampoco ha sido validada oficialmente validación por parte de los organismos forenses lo que, al igual que en el caso anterior, impide que el tribunal reconozca su discapacidad psicosocial.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
