Juan Pablo Guanipa acarició algo parecido a la libertad durante apenas cinco horas. Tras ocho meses de detención arbitraria, la excarcelación del dirigente opositor tuvo lugar el pasado 8 de febrero de 2026. Se dirigió a la Zona 7 de Boleíta, en Caracas, para acompañar a los familiares de quienes aún siguen tras las rejas. Ofreció algunas entrevistas y, desde sus redes sociales, hizo un llamado a seguir luchando por la libertad plena y la restitución de la democracia en Venezuela.
Pero la emoción se esfumó muy rápido. Antes de la medianoche de ese mismo domingo, al menos 10 sujetos armados se lo llevaron por la fuerza. La madrugada del lunes 9 de febrero, el Ministerio Público admitió haber solicitado revocar su medida cautelar por un supuesto “incumplimiento de las condiciones impuestas”, aunque su familia divulgó una boleta de excarcelación en la que claramente se evidenciaba que solo tenía régimen de presentación cada 30 días y prohibición de salida del país.
El castigo para Guanipa no fue el regreso a una celda común, sino una modalidad de encierro distinta: fue trasladado a su domicilio, donde ahora vive con un grillete electrónico en el tobillo, custodia policial en su estacionamiento y la prohibición absoluta de declarar a medios o redes sociales, denunció su hijo, Ramón Guanipa, este 10 de febrero.
“Mi papá solo fue a decirle a los familiares -en Zona 7- que pronto iban a salir, a darle ánimos de que serían beneficiados con la Ley de Amnistía. Lo mismo que hizo Jorge Rodriguez, exactamente lo mismo.Pero Jorge Rodríguez sí puede hacerlo, pero mi papá no lo puede hacer, ah no, mi papá por eso desestabilizó al país, por darle apoyo a las personas que están esperando afuera de los centros”, reclamó Guanipa hijo.
El caso de Guanipa ilustra una realidad técnica y dolorosa: para los presos políticos en Venezuela, salir de un centro de reclusión no significa ser libre. Las organizaciones de derechos humanos enfatizan que el término correcto en este contexto es“excarcelación” y se limita al acto físico de salir del centro de reclusión. No implica que la persona sea libre de cargos, ni que recupere sus derechos civiles plenamente, pues sus procesos judiciales siguen abiertos y distintas restricciones los acompañan.
Alfredo Romero, director del Foro Penal, lo advirtió con claridad: “No hay libertad con excarcelaciones bajo medidas restrictivas, ni existe excarcelación cuando la persona permanece privada de libertad en su hogar. Estos mecanismos sistemáticos de control represivo deben cesar. Constituyen crímenes de lesa humanidad”.
A más de un mes del anuncio hecho por el presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez, las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela han ocurrido a cuentagotas y a medias. Ni siquiera hay un número “oficial” que se pueda tomar como referencia y que se actualice periódicamente. Mientras Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, cifraba los beneficiados en más de 600 a finales de enero, el ministro Diosdado Cabello elevó la cifra a más de 800 el pasado 9 de febrero.
En paralelo, y en un arduo esfuerzo, las organizaciones no gubernamentales verifican exhaustivamente cada excarcelación para corroborar que efectivamente se estén contabilizando quienes estaban detenidos por razones políticas. De acuerdo con el conteo del Foro Penal, hasta el 10 de febrero de 2026, habían sido 431 los excarcelados.
El castigo después de las rejas
Al no haber una sentencia de libertad plena, los presos políticos excarcelados enfrentan el riesgo de ser devueltos a prisión si el tribunal así lo decide, o si se alega un incumplimiento de las medidas. Para quienes logran cruzar la puerta del penal, las restricciones se convierten en una extensión de las rejas.
Las medidas cautelares suelen incluir prohibición de salida del país, régimen de presentación periódica ante tribunales y, cada vez con más frecuencia, el “voto de silencio” o prohibición de hablar con medios de comunicación, publicar en redes sociales o asistir a manifestaciones.
Entre muchos otros casos, esto último es lo que experimentan figuras como la abogada Rocío San Miguel, excarcelada el 8 de enero de 2026 tras casi dos años de prisión, y Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González, excarcelado el 21 de enero. Ambos tienen prohibido declarar públicamente sobre sus experiencias en prisión.
Así como ocurrió con Guanipa, la prisión se trasladó también hasta los hogares del defensor de derechos humanos y exmagistrado Perkins Rocha y el coordinador de Voluntad Popular, Freddy Superlano, excarcelados ambos el pasado 8 de febrero y a quienes se les impuso arresto domiciliarios.
Las fotografías de Guanipa y Rocha con sus grilletes han generado la reflexión de varios juristas. Para el defensor de derechos humanos y experto en Derecho Penal, Joel García, si una persona sale de la cárcel para vivir “vigilada, silenciada y con un grillete en el tobillo”, no ha sido excarcelada, “ha sido trasladada a otra modalidad de encierro” y el cambio de escenario no implicó una restitución de sus derechos.
El temor de estar excarcelados, pero no libres, sigue siendo una constante aunque algunos detenidos por razones políticas ahora estén en sus casas. Andreína Baduel, activista y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) reveló a Runrun.es que el caso “ejemplarizante” de Guanipa ha causado mucha “zozobra” entre los recientemente excarcelados, quienes temen que con ellos se repita esta acción irregular.
“Ellos -los excarcelados- han estado acompañando las vigilias, concentraciones y actividades de incidencia del comité y allí, el foco para fotografías y monitoreos son ellos y los líderes de cada actividad”, comentó. “Ningún excarcelado sale totalmente libre, todos salen con medidas restrictivas, así que el drama no termina para ellos, como tampoco ha terminado para quienes permanecen en condiciones de horror como mi hermano desde hace ocho años”, sumó Baduel.
Otra condición común que comparten quienes salieron de la prisión política es la obligatoriedad de la presentación periódica, sin importar cuán precarias sean sus condiciones de salud. Es el caso del periodista Ramón Centeno, quien debe seguir asistiendo a audiencias de juicio a pesar de su situación de salud. El 5 de febrero de 2026, el Colegio Nacional de Periodistas denunció que Centeno, quien permanece en silla de ruedas a espera de una cirugía urgente para volver a caminar, fue sometido a una espera de nueve horas en su última comparecencia a tribunales. “La justicia no puede ser utilizada como una herramienta de desgaste físico para quien ya tiene su salud comprometida”, advirtieron.
Mantenerlos en silencio parece ser la norma. Nicmer Evans, periodista recientemente excarcelado, denunció que los miembros de la comisión de la Ley de Amnistía de la Asamblea Nacional intentaron impedirle participar en la reunión que tuvo lugar el pasado 10 de febrero con presencia de familiares de víctimas y defensores.
“Nicmer, tú después me mandas lo que me quieres mandar, tú sabes cómo hablar conmigo, me has escrito varias veces”, le refutaba Jorge Arreaza en un video difundido en redes sociales. “Yo como excarcelado tengo derecho a hablar”, insistía Evans. Al final, por la presión de los defensores y personas asistentes, le dieron el derecho de palabra.
No hay transición sin libertades plenas
El defensor de Derechos Humanos y director de Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, opinó que el hecho de que luego de la detención de Nicolas Maduro y los bombardeos en Venezuela se produzcan excarcelaciones confirma que los presos políticos “siempre fueron fichas de canje” y que tal acumulación de personas en prisión “estaba esperando un momento de negociación como este”.
Aunque sostiene que las excarcelaciones son una alegría, insiste en que la libertad plena es lo que debería proceder, ya que todas las causas penales y acusaciones continúan abiertas en todos los casos.
“Habría que ver cuántas cesan como consecuencia de la Ley de Amnistía. Para que haya libertad plena, el proceso penal debe terminar, no solo suspenderse. Eso ocurre cuando el Ministerio Público solicita el archivo fiscal, o el tribunal dicta un sobreseimiento definitivo, declarando que el hecho no existió, no es delito, o la persona señalada no participó en los hechos”, profundiza.
El sociólogo comenta que el caso de Guanipa –detenido nuevamente a pocas horas de ser excarcelado y enviado a arresto domiciliario con medidas más restrictivas- recuerda a todos los venezolanos que las libertades cívicas (manifestación, expresión y libre asociación) “continúan suspendidas en el país por la vía de los hechos”, así como también que todavía “no podemos hablar que estamos siendo testigos de una transición democrática en el país”.
Destaca asimismo que medidas como el silencio impuesto a los excarcelados (prohibición de declarar, opinar, denunciar, participar) y uso de grilletes no son “condiciones administrativas” ni “medidas de seguridad” neutras.
“En derecho constitucional y en estándares internacionales, son formas de castigo encubierto y control político aplicadas a personas que no han sido condenadas o que ya deberían estar en libertad plena. Lamentablemente, este tipo de restricciones se fueron normalizando bajo un contexto autoritario”, amplía.
La prohibición de declarar o participar en actividades políticas viola los artículos 57, 62, 63 y 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CBRV) que consagran los derechos a la libertad de expresión, derecho a la participación política y libertad personal. La Carta Magna, además, prohíbe expresamente la censura previa, por lo que condicionar la libertad a “no hablar” es inconstitucional per se. En el marco internacional, este impedimento de expresar públicamente las opiniones o brindar declaraciones vulnera los artículos 13, 23 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que abarcan la libertad de expresión, derechos políticos y protección judicial efectiva.
Mientras que con el endurecimiento arbitrario de medidas cautelares (como en el caso de Juan Pablo Guanipa) se violan asimismo los principios de proporcionalidad (artículo 44 de la CRBV), debido proceso (artículo 49 de la CRBV) y presunción de inocencia (art. 49.2 CRBV)
Uzcátegui enfatiza también que las medidas cautelares solo pueden restringir lo estrictamente necesario para asegurar la presencia del imputado en juicio y que endurecerlas sin nueva imputación ni incumplimiento “es ilegal”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
