El emblemático caso de Juan Pablo Guanipa, salido de las mazmorras que lo sujetaban bajo una orden del régimen represor todavía instalado en Venezuela, que le vuelve a secuestrar por haber hablado con verdad ante el país, fijándole ahora una prisión domiciliaria; como el de Perkins Rocha, jurista y exjuez que abandona su prisión política llevando en su pierna un grillete, como para que no olviden ni él ni el país que aún los vigila su victimario, muestra que a los venezolanos solo se nos ve como estadísticas dentro del perverso juego de poder que viene determinando la extracción de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, acusados de narcotráfico por Estados Unidos.

Que suba o baje el número de los políticos excarcelados sin que se libere a la mayoría, menos a los presos militares, sin que los ya liberados necesitasen de una ley de amnistía, revela de forma palmaria que todos han sido y siguen siendo víctimas de la arbitrariedad despótica imperante. ¡Y es que solo le urge al régimen, ahora el de “los hermanos”, sostener la ejemplaridad, para así contener bajo el miedo –el suyo– a la soberanía popular! Es la estabilidad del silencio, sin sobreseimientos alguno y veraz.

En la misma línea de perversidad corre el conversatorio parlamentario sobre la pretendida ley de amnistía. Aprobada en primera discusión, es fútil e inútil como se ha visto. Solo es un “signo”, como lo refiere la Conferencia Episcopal Venezolana. Mas por lo pronto indica, sí, que los represores –los del régimen y los de su oposición funcional a la medida– están usando a los presos políticos de modo nada diferente a como lo ha hecho el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, mercader de libertades.

Al simularse la liberación de los presos de opinión y de conciencia –calificados de traidores a la patria y/o de asociados para delinquir contra el régimen– se crea un imaginario, a saber, la mentira de una nueva etapa de consensos en el país, entre carceleros y encarcelados. Tanto que se habla de un clima de distensión y apertura, al que sigue la oferta, por lo dicho innecesaria, de una amnistía, envenenada, como lo creemos. La necesitan, sobre todo, sus decisores y asociados para que cada víctima y sus familias queden en deuda y adhieran, enterrando dolores y vejaciones, al sistema despótico que arrasó con sus derechos fundamentales y sus proyectos de vida.

Siendo así, que lo parece hasta el instante, cabe decir que el mal absoluto sigue haciendo de las suyas con la Venezuela de adentro, sabiéndola urgida de satisfacer los estómagos; entre tanto, procura que la gente de afuera abandone las esperanzas de una vuelta a la patria. En otras palabras, que no se realice la promesa de María Corina Machado y la del presidente electo, Edmundo González Urrutia, en cuanto a reintegrar a las familias y ponerle un punto final a la diáspora.

La vuelta a la patria, en efecto, amenazaría esa estabilización bizarra que, exigida por Washington, administran con sus hígados siniestros los hermanos causahabientes, en calidad de procónsules. Saben que la unidad milagrosa de la nación lograda el 28 de julio de 2024, por sobre su dispersión fue obra de una promesa colectiva, la del reencuentro, que se hizo a sí misma. Advertir que ese camino se está torciendo, es moralmente obligante.

Es inmoral o de lesa moralidad que se finjan diálogos dentro de un parlamento espurio y de alacranes que comercian con el dolor; que obvian el daño antropológico del que decidió recuperarse la propia nación por su cuenta, mientras que, sus mandantes, desde Miraflores, privilegian el bienestar del negocio petrolero. Ese es, al cabo, el modelo chino, que de sostenerse y validarse entre nosotros hará de la doctrina Monroe 2.0 una triste caricatura.

Los obispos de Venezuela, encabezados por sus dos cardenales, en su más reciente exhortación, que la ennoblece y a todos reconforta, han recordado que “uno de los mayores anhelos del pueblo venezolano es reconocernos como partícipes de un mismo destino, vivir en paz y libertad”. Previenen en ese orden, sin embargo, sobre lo vertebral y que mora, es decir, la “purificación de la memoria, en la verdad y en la justicia, con la firme voluntad de respetar la dignidad de las personas y el continuo ejercicio de la fraternidad”.

De no ser así carecerá de todo sentido la polémica acción persecutoria de lo criminal auspiciada en Venezuela por Norteamérica. Si bien para Washington se trata de eso, de ponerle freno al crimen trasnacional que ha venido secuestrando las soberanías de los Estados para usarlas como nichos de impunidad, para el pueblo venezolano sigue significando el principio del final del régimen represor que ha sufrido y su conquista de la libertad.

La estabilización, como etapa inicial que se han impuesto realizar la Casa Blanca y el Departamento de Estado dentro del territorio de lo que fuese la hoy desmaterializada república de Venezuela, por lo visto se reduce, repetimos, a la estabilización del silencio. Y aquí vale, otra vez, lo recordado por los obispos de Venezuela, a saber, por una parte, que la soberanía no reside en la actual ficción de Estado o en su gobierno de facto e inconstitucional, sino que “reside intransferiblemente en el pueblo”. Por lo que, si cupiese debatir sobre la soberanía vulnerada tras el 3 de enero pasado, es el persistente desconocimiento del mandato establecido por el soberano durante las elecciones del 28 de julio.

Los exilios de Machado y de González Urrutia, y la reducción de las libertades democráticas de los presos políticos que abandonan El Helicoide o la Tumba, como en los casos de Guanipa y de Perkins, son más que ilustrativos.  Se abren las cárceles, insistimos, y a los políticos excarcelados se les somete a “medidas cautelares” que no son tales sino proscripciones del ejercicio de sus libertades de pensamiento y expresión, de reunión y discernimiento libres, y de cualquier manifestación democrática ante el país y su opinión pública. 

De regreso al gendarme necesario

Se argüirá que el proceso de apertura política llevará su tiempo. Que lo primero es lo dicho, estabilizar para luego recuperar el bienestar de los venezolanos. Que, al término, se avanzará hacia el plano de la democratización, cuando corresponda, cuando mejor convenga, eso sí, al régimen y a su oposición funcional. Mas es o sería esto, en suma, una vuelta o regreso a la tesis muy bolivariana del cesarismo, del gendarme necesario, reinaugurada en 1999.

En la práctica, los hacedores de tal despropósito, los detentadores del poder de facto, paradójicamente se han avenido, o eso parece, en la prédica mendaz de que todo venezolano es parte del Tren de Aragua. Sojuzgan al pueblo tachándole por violento e impreparado para el bien supremo de la libertad. Eso decía El Libertador en 1812. Y no huelga volver la mirada hacia atrás, pues a la par confirma la expectativa que equivocadamente se forjase el gobierno de Bill Clinton con Hugo Chávez Frías: “Lo valoraremos no por lo que dice, sino por lo que hace y hará”.

Washington se jugó sacarle la alfombra a la república civil de partidos, a la de Puntofijo, mal aconsejado por los enconos del entramado financiero y mediático local dominante en Caracas. Y este y aquel parecen haber olvidado la lección. Fueron las inmediatas víctimas de la naciente revolución. Se les confiscaron sus empresas y bienes, mientras que Chávez, de cultor bolivariano prefirió transformarse en edecán de Fidel Castro. Pero prosigamos con la historia, que es madre y maestra.

La premisa, repetida por los intereses de ese sibilino «Estado profundo» que medra bajo protección dictatorial y tiene su contrapartida en algunos sectores del Norte, como la del caos que sobrevendría tras un desmantelamiento cabal e inmediato del aparato represor y del holding narcoterrorista que asaltó al territorio venezolano para desde allí sujetar a las instituciones constitucionales venezolanas y hacerse impune, es solo eso: una falsa premisa.

Esa creencia, casualmente, es la misma que compra el Departamento de Estado en 2004, a propósito del referendo revocatorio del poder de Chávez Frías. Solo interesado en la “estabilidad”, mediando la actuación de Jimmy Carter, USA le arrebató a la oposición democrática la victoria alcanzada bajo conducción de un técnico electoral excepcional y sin dobleces, María Corina Machado, actual Premio Nobel. La “generosidad” petrolera del militar golpista venezolano mal podía detenerse, ante un ejercicio electoral considerado fatuo. Eso decía Rodríguez Zapatero.

Si el caos fuese posible, es de preguntarse sobre ¿por qué no hubo caos el 28 de julio, cuando la mayoría abrumadora de los venezolanos se da un nuevo presidente haciendo valer su soberanía intransferible y haciéndose Machado de todas las actas que prueban la elección de González Urrutia. La oficialidad superior y subalterna de la Fuerza Armada, que tenía en sus manos y bajo su control las mesas electorales, facilitó la tarea recolectora del pueblo organizado. No hubo un solo acto de violencia social ni de reacción en contra de los sobredimensionados colectivos a la orden del régimen.

Caos sí hubo, solo en los pocos miembros de la directiva del Poder Electoral, al no poder cambiar la realidad que los desnudaba en el escenario, bajo las luces del teatro de utilería que habían montado. Se limitaron a apagarlas. Lo demás es la crónica de la arbitrariedad, a manos de otros pocos, de la fiscalía general y del Tribunal Supremo, que decretan sin conteo de votos la victoria del preso común hoy residente en Brooklin. Seguidamente, los «hermanos causahabientes», bajo instrucciones de Pedro Sánchez, presidente español y del ductor de ambos, Rodríguez Zapatero, se afanaron con la “extracción” del presidente electo, llevándole al exilio.

Cabe preguntarse ¿dónde estaban los 2000 generales de esa Fuerza Armada desarmada y sin tropa que les obedezca, hecha girones aquella, cuyos componentes son habitáculo de oficiales desocupados, mientras unos nichos inconexos de defensa integral hacen de las suyas? ¿Qué les pasó el 3 de enero, celebraban Año Nuevo?

La estabilización, en cuentas resumidas, es, en lo inmediato, un simulacro “gatopardiano”. Les da respiro e ínfulas a los agentes del régimen represor venezolano y a los inversionistas golondrina asociados a este, bajo la expectativa del levantamiento de las sanciones impuestas por la Secretaría del Tesoro. Salivan por el festín de Baltazar, y soslayan otra realidad, la del Mane, Thecel, Phares, es decir, la de un régimen que hace aguas, por contado, pesado y dividido.

Lo que obvia el despropósito es que los venezolanos permanecen y persisten en sus deseos por el reencuentro y el retorno a casa de la diáspora, cuya ilusión es volver a la experiencia de la libertad y de la seguridad en democracia. Los bodegones que encandilan a los cortesanos del régimen no les quita el sueño. Y Oslo, una ciudad que tanto irrita a los cabilderos en D. C., ha dicho, para respiro de Occidente, que sin democracia no habrá paz en Venezuela. El Episcopado ha dejado su sentencia: “El respeto de la dignidad de la persona es la base sobre la cual se debe construir el verdadero progreso pacífico y sustentable de nuestra nación”. Esta, a buen seguro, resistirá. Lo ha hecho sin declinar, animada por su resiliencia libertaria, desde hace 26 años.

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