Para Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, la excarcelación de los presos políticos en Venezuela es un paso importante, pero más valioso aún es el desmontaje del aparato represivo, que todavía sigue en pie.
Así lo manifestó la activista en el más reciente pronunciamiento de este organismo con respecto al régimen que controla la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
“Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo reformas reales de sus leyes e instituciones judiciales y electorales. Cualquier otra cosa equivaldría a una transición simulada que quizás sirva los intereses de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, pero que no reivindicará los derechos del pueblo venezolano”, afirmó.
Para HRW es imperativo que las autoridades locales deroguen leyes que han permitido violaciones a los derechos humanos como la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG; Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar; Ley contra el Odio; Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo y Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión.
De acuerdo a organizaciones no gubernamentales como Foro Penal, desde principios de enero, el régimen de Rodríguez ha excarcelado a más de 400 personas, pero alrededor de 600 continúan tras las rejas.
Criticaron restricciones a los excarcelados
HRW denunció que los excarcelados continúan con regímenes de presentación y medidas cautelares, incluso algunos como los dirigentes políticos Juan Pablo Guanipa y Freddy Superlano, así como el abogado Perkins Rocha siguen en arresto domiciliario con un grillete electrónico y vigilancia policial frente a sus respectivas residencias.
A la mayoría se le prohíbe dar declaraciones a medios de comunicación y usar sus redes sociales. A pesar de que no tenía medidas de este tipo, Guanipa fue excarcelado el pasado 9 de febrero y nuevamente aprehendido horas más tarde por aparecer en portales informativos y acudir a centros de reclusión en Caracas a apoyar a familiares de presos políticos.
Para HRW es necesario adoptar medidas concretas que garanticen el proceso de “pacificación nacional” propuesto por la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de la incursión militar del pasado 3 de enero, que causó la muerte de más de 100 personas y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, ahora presos y a la espera de un juicio en una corte de Nueva York.
Según HRW, el gobierno de Trump ha planteado un plan de “estabilización, recuperación y transición”, que se ha enfocado básicamente en reformas al sector petrolero con el alivio de sanciones por parte de la OFAC y la elaboración de una Ley de Hidrocarburos por parte de la Asamblea Nacional.
HRW expuso que cifras emanadas de ONG en Venezuela señalan la detención de casi 19 000 personas por motivos políticos, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles e inhumanos, aislamiento, audiencias telemáticas y negativa a una defensa privada.
Peor después de elecciones
La organización igualmente denunció que la crisis estructural venezolana se acentuó luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024, donde sin mostrar actas ni ofrecer resultados desagregados, el Consejo Nacional Electoral (CNE) presidido por Elvis Amoroso, declaró ganador a Maduro originando una protesta que desembocó en una treintena de muertos y alrededor de 2000 personas detenidas.
HRW dijo que organismos como el Centro Carter no avalaron los comicios y por ello es perentorio revisar la composición del ente electoral de cara a un eventual futuro proceso.
La organización internacional alertó también que desde la llegada al poder de Hugo Chávez, el poder judicial ha sido secuestrado. “Aprobó una reforma judicial y cooptó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con aliados. Desde entonces, el Tribunal ha apoyado al poder Ejecutivo en la represión de los críticos”.
La organización indicó que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas (FFM por sus siglas en inglés) constató que en el país se han llevado a cabo violaciones sistemáticas al debido proceso.
“La FFM constató que el fiscal Tarek William Saab lideró la acción del Estado y tras las elecciones de 2024 la maquinaria represiva del gobierno dotó de una apariencia de legalidad a las violaciones graves a los derechos humanos”.
HRW expresó que la permanencia de Saab en el cargo es incompatible con cualquier esfuerzo de reforma a los derechos humanos y la promoción del Estado de derecho y también exigió al régimen de Rodríguez que permita la entrada al país de observadores internacionales de derechos humanos, FFM, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La organización igualmente se refirió a la Ley de Amnistía propuesta por Rodríguez en el TSJ, la cual fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional y está en espera de que reciba luz verde.
“La amnistía propuesta no garantiza que todas las personas detenidas arbitrariamente sean liberadas incondicionalmente. Su discusión no debe utilizarse como excusa para retrasar la liberación incondicional de los presos políticos o las reformas estructurales necesarias para restaurar la democracia en Venezuela”, dijo Goebertus
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
