¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 20 de febrero,ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
La Asamblea Nacional de corte oficialista aprobó y sancionó por “unanimidad” este jueves, 19 de febrero, la “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”.
Durante la segunda discusión del proyecto de ley, la cual había sido postergada la semana pasada por desacuerdos en el alcance de la medida, se debatieron los artículos restantes a partir del séptimo.
Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, señaló durante la sesión: “Ojalá que esa actitud y esa disposición que hemos demostrado sea auspicio de un nuevo tiempo político que debe transitar el país”.
“El verdadero camino hacia la tranquilidad de un país, que ha sufrido tanto como el nuestro, no puede implicar impunidad. Debe construirse sobre reglas claras, justicia y garantías institucionales”, Edmundo González Urrutia.
Lo que rompe en redes
Este jueves, 19 de febrero, se conoció que la presa política Maykelis Borges fue enviada a arresto domiciliario tras permanecer detenida durante más de un año. Borges tenía dos meses de embarazo cuando fue arrestada arbitrariamente y su bebé nació mientras ella estaba en prisión.
La medida de arresto domiciliario dictada a favor de Maykelis Borges no es un gesto de justicia, sino la prolongación de una arbitrariedad bajo un formato distinto. Mantener bajo cautiverio a una mujer de 26 años cuya única vinculación con un proceso judicial es su lazo…
La relación entre las ciencias sociales y el activismo ha sido un asunto de discusión tan antiguo como la mismísima noción de “ciencia social”. Creo que es un debate ineludible, producto de que la humanidad sea al mismo tiempo sujeto y objeto de la observación empírica. Hay una tensión constante entre el científico y el Homomoralis devenido en zoon politikon. Entre lo que se observa como naturaleza humana y lo que uno quisiera ver porque lo considera éticamente correcto.
Como la política es el terreno en el que idearios e intereses compiten por el establecimiento de un orden social que se cree correcto, entre más cercana sea la ciencia social a la política, mayor será la tensión entre el observador empírico y el Homo moralis. Así, para un economista la tensión es mayor que para un antropólogo, pero menor que para un politólogo. Y, sin embargo, la expectativa es que ambas esferas se mantengan separadas. Bien lo indicó Max Weber con dos ensayos, uno para la vocación científica y otro para la vocación política. Su caso es dramático porque este mismo hombre, uno de los titanes de las ciencias sociales, cayó en la tentación de lanzar un intento de carrera política, el cual fracasó rotundamente. ¡Qué quedará para el resto!
Ahora bien, la razón por la que se espera que las esferas del científico y el Homo moralis devenido en zoon politikon se mantengan separadas es que, naturalmente, hay un rechazo a las conclusiones de la observación empírica que se han visto contaminadas por sesgos ideológicos. Aunque como humanos inherentemente imperfectos nunca podemos eliminar del todo esos sesgos, lo ideal es que los mantengamos a raya tanto como podamos. Es un combate constante y agotador, pero imprescindible. Necesitamos que las conclusiones describan la realidad lo mejor posible para entender dónde estamos parados y cómo proceder. Solo en el ámbito prescriptivo, y nunca en el descriptivo, es admisible que demos rienda suelta a nuestras inclinaciones personales. De manera que la objetividad en el estudio no está reñida con la subjetividad en la proposición, sino a su servicio franco. Una información errada o espuria más bien puede mostrar posibilidades que en realidad son inviables y por lo tanto condenan las aspiraciones al estancamiento o, peor, al abismo.
Entonces, un estudioso de la política que en su trabajo se deja llevar constantemente por sus sesgos siempre termina siendo un mediocre. Su piratería hace palidecer la de Edward “Barbanegra” Teach. No es recomendable que quienes se dedican profesionalmente a esto tengan ataduras de las que dificultan inmensamente la contención de sesgos. No deberían tener una militancia ideológica inflexible. No deberían ser fanáticos de políticos individuales. Y lo que aplica para los amores aplica también para los odios. El observador que condiciona sus observaciones a la antipatía que profesa hacia un actor político no es menos desafortunado que el que las condiciona a alguna simpatía. Cuando la antipatía se coagula en resentimiento, todo está perdido. Será muy difícil o imposible que el estudioso observe al objeto de su rencor manteniendo los sesgos confinados.
Suficientes abstracciones. Es momento de aterrizar este artículo. En Venezuela, la política es tóxica las más de las veces, por razones que no tengo que precisar. Las aversiones entre actores políticos a menudo son viscerales. No me refiero solamente a las relaciones entre la elite gobernante y todo lo ajeno a ella. Pasa también con el cosmos de lo que se hace llamar “oposición”, hagan sus elementos oposición real o no (siempre me veo obligado a hacer esta aclaratoria, puesto que en una simulación de democracia hay actores políticos que dicen ser opositores, pero ni siquiera intentan hacer algo efectivo para oponerse al gobierno).
Hay, pues, mucho resentimiento. Lamentablemente, se extiende a veces a politólogos, periodistas de estudiosos de la política. Escogen tribus y dirigen con saña sus aversiones hacia las demás tribus, aunque vaya en detrimento del ejercicio de su profesión. Huyan de “analistas políticos” que incurren en semejante conducta. No importa si es alguien perteneciente a la tendencia con la que usted se identifica. Más bien, en ese caso métale presión a sus piernas y huya más rápido, puesto que, como con una droga adictiva, sus propios sesgos lo harán especialmente proclive a caer en la trampa de un estudio errado.
Estas malas mañas están presentes en todas las corrientes de opinión política nacional. No obstante, me quiero detener en los “analistas” cuyo resentimiento está dirigido al liderazgo opositor actual, aunque ellos mismos dicen ser opositores. Vienen de diferentes fuentes. Los hay que están casados con dirigentes opositores cuyo liderazgo se extinguió por su insistencia en métodos fracasados. Nunca aceptaron que las masas les dieran la espalda a sus predilectos y no soportan que otros actores políticos hayan tomado su lugar. Otros no se identifican con ningún dirigente específico. A todos los detestan, por creer que, como no han podido hasta ahora producir los cambios políticos que le urgen al país, son “traidores” u “opositores falsos”; o por haber abrazado idearios de extrema derecha que no se reflejan en ningún político venezolano relevante.
En fin, motivados por este resentimiento, se les ve difundir bulos o información tergiversada que haga ver al liderazgo opositor como incompetente, estúpido, mendaz o corrupto. Sobre la base de estas informaciones hacen sus propios “análisis”, que desde luego terminan siendo pésimos. Pero además en ellos se manifiesta un deseo inequívoco de que la dirigencia opositora fracase. Dado que esta ha sido la iteración del liderazgo opositor que más lejos ha llegado y que por lo tanto es el factor político nacional con mayor probabilidad de conseguir una transición democrática (aunque esa probabilidad es difícil de estimar y quizás no esté para nada cerca de lo seguro), solo se puede colegir que los señores de marras prefieren que el país se quede como está a que haya una transición lograda por la dirigencia opositora. Prefieren que sea truncada la posibilidad de un país mejor. De nuevo: por puro resentimiento.
Varios párrafos más arriba advertí que un estudio condicionado al odio es tan defectuoso como uno condicionado a la pasión opuesta. No avalo el fanatismo hacia ningún político, incluyendo los del liderazgo opositor venezolano. Hay igualmente “analistas” que, más que otra cosa, hacen propaganda en pro de esa dirigencia. El producto me resulta, también, bastante chimbo. Por mi parte, procuro reconocerle a la dirigencia sus aciertos, cuando los hay, y criticar sus pifias y vicios, cuando se manifiestan. No sé si tendrá éxito en sus planes. Si me parece que no lo está teniendo, lo voy a decir. Lo he hecho antes, pese a los insultos que sus partidarios más firmes me han lanzado entonces. Pero eso no implica que desee verla fracasar. Repito: son el factor político nacional con mayor probabilidad de impulsar una transición democrática. Para mí, el país está por encima de cualquier animadversión personal a un político. Así que a los “análisis” hechos desde el resentimiento los desecho por su desatino técnico, pero también por su ruina moral.
La Asamblea Nacional de corte oficialista aprobó y sancionó por “unanimidad” este jueves, 19 de febrero, la “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”.
Durante la segunda discusión del proyecto de ley, la cual había sido postergada la semana pasada por desacuerdos en el alcance de la medida, se debatieron los artículos restantes a partir del séptimo.
Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, señaló durante la sesión: “Ojalá que esa actitud y esa disposición que hemos demostrado sea auspicio de un nuevo tiempo político que debe transitar el país”.
Esta ley se aprobó mientras familiares de presos políticos exigen la liberación de sus seres queridos con una huelga de hambre a las afueras de la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta -que fue levantada tras la aprobación de la misma- y múltiples vigilias en otros centros de reclusión como El Helicoide y El Rodeo.
El polémico artículo 7
La discusión comenzó con el artículo 7, el cual generó controversia en las sesiones anteriores. Con la nueva redacción, este artículo señala que dicha amnistía abarcará “a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas cometidos y acaecidos en el marco de los hechos objetos de amnistía, siempre que esté a derecho o o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia de esta ley”.
Un punto no contemplado inicialmente en este artículo, relacionado con las personas que no estén a derecho y se encuentren fuera del país, indica que podrán ser representados por un tribunal “mediante poder otorgado a un abogado o abogada de su confianza y elección, sin que sea necesaria ninguna otra formalidad”
“Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta ley y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente a los fines del otorgamiento de la amnistía”, apunta el texto.
Hechos incluidos
La ley cuenta con 16 artículos que especifican los hechos amnistiados, exclusiones y algunos agregados que no habían sido contemplados en las sesiones pasadas. En cuanto a los hechos, se incluyen los siguientes:
Golpe de Estado del 11 de abril de 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas.
Paro empresarial y petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003.
Manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar con la convocatoria y realización del referendo revocatorio en 2004.
Manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar en mayo de 2007.
Manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos ocurridos entre julio y septiembre de 2009.
Manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos acaecidos con ocasión de las elecciones presidenciales de abril de 2013 y la proclamación de sus resultados.
Manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos acoaecidos entre febrero y junio del año 2014.
Actuaciones de la Asamblea Nacional del periodo 2016-2021 y el desconocimiento de las autoridades públicas.
Manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos ocurridos entre marzo y agosto de 2017.
Manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar entre enero y abril de 2019 (excluyendo rebeliones militares)
Convocatoria y realización de los procesos internos para la selección de candidatos presidenciales en 2023.
Manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar en el marco de las elecciones presidenciales de julio de 2024.
Manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos que tuvieron lugar en el marco de las elecciones regionales y para la Asamblea Nacional de 2025.
Exclusiones
Según la redacción “estarán excluidos de la aplicación de la amnistía prevista en esta ley las acciones u omisiones que constituyan los siguientes delitos: “Violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra”. Todo esto conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Asimismo, quedan fuera delitos como “homicidio intencional y lesiones gravísimas”, “tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas” y “delitos previstos en la ley contra la corrupción”.
El texto aprobado añade que “estarán igualmente excluidos de la amnistía prevista en esta ley las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de estados, corporaciones o personas extranjeras”.
Sobre las exclusiones, el director presidente del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, comentó de forma preliminar que, si bien la ley incluirá un grupo de personas perseguidas políticas, es “bastante restrictiva y excluye a un sector importante” de perseguidos políticos de los cuales muchos están “detenidos arbitrariamente”.
Según el artículo 10 de la ley, se extinguirán “de pleno derecho todas las acciones penales, disciplinarias o civiles contra las personas beneficiadas por la amnistía en cualquier estado y grado del proceso o del cumplimiento de la pena, incluyendo las solicitudes de extradición, relacionadas exclusivamente con los hechos objetos de esta ley”.
Asimismo, el artículo establece que “cesará cualquier medida de coerción personal, las medidas alternativas a la privación de libertad y cualquier otra medida que haya sido acordada”, y precisa que los efectos de la amnistía “se extienden a todos los autores y partícipes de los delitos o faltas a los que hace referencia esta ley”.
Por su parte, el artículo 14 indica que todos los órganos y entes en los que reposen registros o antecedentes de los beneficiados “deberán eliminar de sus archivos los registros y antecedentes relacionados con ellas, de oficio o a solicitud del Ministerio Público, la persona interesada o de su representante legal”.
También, dispone que “en caso de que el beneficiario haya sido requerido para su aprehensión o ubicación en el extranjero, se deberá notificar de inmediato a las instancias competentes para que dejen sin efecto dichas solicitudes”.
Comisión de seguimiento
En su artículo 15, la ley indica que la Asamblea Nacional designará “una comisión especial que desarrollará e implementará mecanismos para asegurar el cumplimiento de esta ley, en colaboración con los órganos del sistema de justicia”. El texto añade que dicha comisión “podrá contar con el apoyo de expertos y expertas, con el objeto de brindar asesoría especializada en función de los objetivos y finalidades establecidas”.
Además, precisa que “en casos debidamente evaluados, podrá recomendar a los órganos competentes la adopción expedita de medidas alternativas para alcanzar las finalidades previstas en el artículo 2”, el cual establece los siguientes objetivos:
Contribuir a la promoción de la paz, la convivencia democrática, la rectificación y la reconciliación nacional.
Generar las condiciones que favorezcan el desarrollo armónico de la vida nacional, la tranquilidad pública, la participación democrática y el pluralismo político.
Promover el uso de los mecanismos democráticos y constitucionales para dirimir las diferencias surgidas en el seno de la sociedad y así prevenir que los hechos objeto de la amnistía o similares vuelvan a repetirse.
Favorecer la reintegración a la actividad pública de las personas beneficiadas por esta Ley.
Ojo pela’o al último artículo
El artículo 16 de la ley, último a aprobar durante la discusión y que se incorporó durante esta sesión, establece que las personas beneficiadas que incurran en “delitos” posterior a la entrada en vigencia de la ley “serán procesadas de conformidad con la legislación aplicable”.
El consultor político e internacionalista Luis Peche advirtió que este artículo “abre la posibilidad del reinicio de la puerta giratoria”. En ese sentido, aseveró que “no solo se trata de una ley si no del desmontaje del aparato represivo”.
Peligroso lo que aprueba a esta hora la Asamblea del régimen.
Pretenden incluir un Artículo 16 al proyecto de Ley de Amnistía para lo que ellos consideren que son delitos posteriores: “Las personas beneficiadas por esta ley que resulten incursas en delitos cometidos con…
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Querida Venezuela, ¿cómo estás? Espero que de maravilla. Disculpa si aparezco después de este tiempo que nos dimos. Sé que me fui sin avisar, pero es que tu ex se había puesto demasiado tóxico y hasta me amenazó. Por eso me alejé para no molestar y solo ver tu vida desde lejos, en redes.
No sé si sepas, pero yo también la he pasado difícil por acá. A veces se burlan de mí por seguir ilusionando contigo, creen que tengo malas mañas porque te conozco o hasta dejan de hablarme cuando ven que pienso en ti. Es raro, pero cuanto más lejos te sentía, más grande en mi corazón te hacías.
Ahora escucho que tu vida cambió… y bastante. Me cuentan que estás disponible de nuevo, que te ves mucho más segura y la verdad no quiero dejar pasar esta oportunidad que llevo esperando desde hace años. Por eso me atrevo a preguntarte: ¿aceptarías salir conmigo de nuevo en una cita?
Por favor no te sientas obligada. Aunque muero por un “sí”, sé que eso significaría un gran reto hasta para mí. ¿Cómo te pido un café?, por ejemplo. Yo ya perdí esa costumbre. Hoy solo hablo de tinto, americano, expreso, late o capuchino. Ahora debo volver a cerrero, negro, guayoyo, marrón oscuro, marrón, marrón claro, con leche oscuro, con leche, con leche claro y tetero. Y ni hablar de la puntualidad, porque aquí donde vivo hasta me acostumbré a llegar antes de la hora.
Me encantaría llevarte a cenar a tu sitio favorito, pero de solo pensarlo siento algo en el estómago que no sé si son maripositas o esas ganas de comer las empanadas que tú haces. Porque si llega ese día, “voy a ponerme mi mejor camisa”, como manda Yordano. Aunque confieso que temo sobrevestirme. ¿Me pongo una camisa de botones o mejor algo tipo tú, como una franela Ovejita? ¿Y si encima de todo llevo una chaqueta tricolor? ¿Me veré muy intenso?
Mi mente no deja de repasar el cómo será esa cena. Hasta ensayo hablar contigo frente al espejo, pero me vienen dudas. ¿Se escuchará bien decir que te ves resiliente o pareceré un informe de ONG? ¿En el restaurante pido una entrada para compartir o ya estás cansada de que elijan por ti? ¿Pedimos refresco, cerveza o me aceptas una de Vinotinto? ¿Pago la cuenta con Pago Móvil o con Zelle?
Lo que sí te prometo es que en la cita apagaré el celular, pues si mi familia se entera de que estoy saliendo contigo, no dejarán de pedirme fotos. Además de que quiero dedicarte toda mi atención, pues no sé si sabes, pero tienes bastantes pretendientes. Muchos de ellos que te quieren por tus riquezas, aunque yo en verdad te quiero por tu personalidad.
Tómate el tiempo que necesites para responder, Venezuela. Sea cual sea tu decisión, yo la entenderé. Aunque si aceptas salir, créeme que sentiré varias de las emociones más grandes de mi vida. La de verte, la de abrazarte y la de al fin sentir en mis manos esa suavidad propia de tu cédula. Porque esta vez no quiero que mi amor por ti se venza. Ni mi pasaporte.
Tras la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en horas de la noche de este 19 de febrero el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que Cilia Flores, actualmente encarcelada en Estados Unidos, formará parte de la comisión especial de seguimiento que establece el artículo 15 de la ley sancionada.
El presidente de dicha comisión será Jorge Arreaza. Nora Bracho (UNT) fungirá como vicepresidenta. Otros parlamentarios que la integrarán el grupo de 23 personas son los oficialistas Pedro Infante, Grecia Colmenares, Carolina García Carreño, Tania Díaz, Nicolás Maduro Guerra -hijo del exgobernante Nicolás Maduro-América Pérez, Pedro Carreño, Iris Varela, Roy Daza, Francisco Torrealba, Jacqueline Farías y otros de fracciones que se identifican como opositoras como Stalin González, Antonio Ecarri, Juan Carlos Alvarado, Pablo Pérez, Rubén Lima, David Uzcátegui, Luis Florido, Alejandra Rodríguez y Alfonso Campo.
La primera tarea encomendada al grupo, precisó Rodríguez, es dirigirse al Palacio de Miraflores para entregar la ley sancionada a Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, “para que sea sancionada de manera perentoria”.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, presentó a los integrantes de la Comisión Especial de seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, en la que destaca la Diputada Cilia Flores, actualmente secuestrada en EEUU… #FreeCiliapic.twitter.com/8wfdb8ODHZ
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
“La represión transnacional es el conjunto de acciones mediante las cuales un Estado extiende su capacidad coercitiva más allá de sus fronteras para intimidar, controlar, perseguir o silenciar a personas consideradas disidentes, opositoras, periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos que se encuentran en el extranjero”, reza un extracto del Informe Represión Transnacional presentado el pasado 18 de febrero por la ONG Un Mundo sin Mordaza.
Rodrigo Diamanti, presidente de la ONG, dijo que la investigación fue hecha entre enero de 2024 y diciembre de 2025 y abarcó casos en España, Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina, México, Perú y Panamá.
“La represión transnacional es una nueva política de Estado y ha sido usada sistemáticamente para deshumanizar. La estigmatización constituye la modalidad más común”, expresó Diamanti.
Un miembro de la ONG que prefirió mantenerse en el anonimato indicó que el estudio permitió demostrar que el régimen venezolano coopera con la colaboración de algunas fuerzas extranjeras. “En el caso del teniente Ojeda hubo presencia de personal cubano”, sentenció la fuente.
Expuso que el del teniente Ronald Ojeda es probablemente el caso de violencia transnacional más emblemático. El militar, que estuvo detenido en la cárcel de Ramo Verde y denunció haber sufrido torturas, fue secuestrado en febrero de 2024 por hombres que se hicieron pasar por efectivos policiales en Santiago de Chile y posteriormente asesinado.
Luego de una investigación con escasa o nula participación de la Fiscalía venezolana, el gobierno del presidente Gabriel Boric concluyó que miembros del Tren de Aragua había tenido participación en el crimen.
Casos “ejemplarizantes” para sembrar el terror
Por su parte, durante la presentación del estudio, Luis Peche, periodista y politólogo, insistió en que la violencia en Venezuela ha cruzado la frontera.
“Somos vulnerables y estamos a merced de la violencia”, expresó Peche, quien sufrió un atentado en octubre de 2025 junto al activista por los derechos de la comunidad LGBTI, Yendri Velásquez en Bogotá.
“Tres personas se bajaron de un carro y sin mediar palabras nos dispararon, fueron ocho tiros para Yendri y seis para mi, milagrosamente estamos vivos. Después de eso, nuestras dinámicas de vida cambiaron radicalmente”, expuso.
Peche debió huir de Venezuela luego de recibir amenazas y de la detención de su colega Carlos Marcano, excarcelado después del 8 de enero.
El politólogo aseguró que luego del atentado, el Estado colombiano les ha ofrecido mecanismos de protección, pero en materia de investigación todavía existe una deuda.
“Muchos venezolanos que vinieron escapando de la represión en Venezuela se fueron de Colombia, lo de nosotros y lo de Ojeda son casos ejemplarizantes que suceden a la luz del día para generar miedo e inacción. No puede haber impunidad también fuera de nuestras fronteras”, consideró.
Elisa Trotta, secretaria general del Foro argentino por la democracia, señaló que es otra víctima de la represión transnacional. Sostuvo que durante su permanencia en Argentina, tanto ella como su familia recibieron amenazas por parte del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, a través de su programa en Venezolana de Televisión (VTV), Con el Mazo Dando.
“El pasado 3 de diciembre habló sobre mi familia, dijo que mi casa estaba llena de terroristas y me vinculó con María Corina Machado e Israel”, contó.
Trotta agradeció al presidente argentino Javier Milei por haber sido solidario con el drama de los perseguidos venezolanos.
“Vivo aquí desde hace 14 años, sin poder volver a Venezuela por motivos políticos, esto lejos de amedrentarnos nos fortalece, mi caso en particular fue judicializado en los tribunales argentinos y lo he llevado a la CIDH e instancias internacionales”, amplió.
De la investigación de Un Mundo se Mordaza se desprende que después de los sucesos del 3 de enero, fecha en la que el exgobernante Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por Estados Unidos, no existe garantía para un retorno seguro de migrantes.
“Este informe lo vamos a llevar a la Corte Penal Internacional, porque no podrán silenciar a la disidencia”, dijo Diamanti.
Los datos del informe
La investigación de un Mundo Sin Mordaza detalla cinco tácticas clave utilizadas contra los venezolanos en el exterior entre las que se encuentran:
Represión digital: Vigilancia y ciberataques contra activistas y periodistas.
Instrumentalización consular: Bloqueo de documentos y trámites como medida de castigo.
Represalias contra familiares: Acoso a quienes permanecen en el país para presionar a quienes se fueron.
Estigmatización pública y criminalización: Uso del aparato judicial y medios estatales para señalar voces críticas fuera del territorio.
Los datos que se desprenden de esta categorización son los siguientes:
–326 casos de represión transnacional. “Es la continuidad de patrones previamente consolidados, adaptados a contextos extraterritoriales”, reza el informe.
–176 casos de estigmatización y propaganda extraterritorial, la modalidad predominante (53,99%) de represión transnacional. Un Mundo sin Mordaza detalla que esta consiste en el uso deliberado de discursos oficiales, programas de propaganda, declaraciones de altos funcionarios y plataformas comunicacionales estatales o paraestatales para “señalar, desacreditar y criminalizar públicamente a personas que se encuentran fuera del territorio nacional, en razón de su participación en protestas, actividades políticas, denuncias internacionales o ejercicio de derechos humanos desde el exterior”.
El informe precisa que la principal herramienta identificada para la difusión de esta práctica fue el programa televisivo Con el Mazo Dando. Tras analizar 84 emisiones, comprendidas entre 17 de abril de 2024 y el 17 de diciembre de 2025 se identificaron 59 136 incidencias relacionadas con señalamientos, menciones, exposiciones o narrativas estigmatizantes dirigidas contra personas ubicadas fuera del país
-A la estigmatización, le sigue la represión consular-administrativa con 112 casos (34,36%), que consiste en el bloqueo o retraso de trámites, registros y servicios consulares como mecanismos de control y exclusión.
–23casos de represión penal extraterritorial (7,06 %), la cual consiste en emplear el sistema de justicia para criminalizar a personas fuera de Venezuela mediante investigaciones, solicitudes o procedimientos de naturaleza penal.
-En otros ámbitos figura la presencia física extraterritorial (1,53 %), represalias contra familiares (0,92 %), represión digital transnacional (0,92 %), coerción migratoria en el país de acogida (0,61 %) y uso abusivo de mecanismos policiales internacionales (0,61 %).
¿Cómo se identifica la represión transnacional?
–Órdenes de captura emitidas sin base probatoria sobre la base de delitos como sedición, conspiración y terrorismo, acompañados de declaraciones políticas de autoridades.
–Investigaciones abiertas o reactivadas luego que la persona participa en protestas y reuniones con organismos internacionales en el exterior.
–Investigaciones con deficiencia de debido proceso: ausencia de defensa privada, tribunales parciales y uso de jurisdicciones especiales o tribunales de excepción.
-Imputaciones retroactivas y activación de alertas internacionales con solicitudes informales sustentadas en cargos fabricados y delitos ambiguos.
–Otras formas de persecución como represalias contra familiares o cancelación de documentos.
Una estrategia sistemática
El análisis de un Mundo Sin Mordaza concluye que la represión trasnacional del Estado venezolano ya uno es un fenómeno aislado ni excepcional, “sino una estrategia sistemática y sostenida orientada a proyectar mecanismos de control, intimidación y sanción más allá de las fronteras nacionales.
Denuncian que los 326 casos documentados evidencian la existencia de un “patrón estructurado” por medio del cual el gobierno venezolano “busca neutralizar la protesta, la denuncia pública y la participación política de personas que, aun encontrándose fuera del territorio nacional, continúan siendo percibidas como opositoras o críticas al poder.
El informe llama la atención sobre el hecho de que ningún Estado puede utilizar sus instituciones para castigar, intimidar o silenciar a individuos por sus opiniones políticas, activismo y trabajo en defensa de los derechos humanos, independientemente de su estatus migratorio así como que el exilio debe ofrecer un espacio mínimo de seguridad.
“La represión transnacional destruye esta premisa al permitir que el Estado de origen siga castigando la divergencia política incluso cuando la persona está bajo la jurisdicción de un tercer Estado”, indican.
Un Mundo sin Mordaza recalca que el Estado debe abstenerse de producir condiciones que incentiven la persecución contra personas fuera de su territorio. La ONG puntualizó que el asilo y el refugio tienen como finalidad proteger a quienes escapan de la persecución política.
“Si el Estado persecutor consigue influir en los procesos del país de acogida, el sistema pierde su valor y la persona queda atrapada en un espacio jurídico vulnerable”, añaden.
Recordaron que la ONU establece que los Estados deben abstenerse de devolver personas en riesgo.
“El propósito es visibilizar la existencia de la represión transnacional como fenómeno identificable, sistemático y jurídicamente relevante”, puntualizó el documento.
Por esta razón, hacen un llamado a la comunidad internacional para “reconocer y actuar” ante un mecanismo de control “que vulnera la soberanía personal de miles de ciudadanos en el mundo”. “La persecución cruzó fronteras; la defensa de los derechos humanos también debe hacerlo”, concluyen.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Una investigación periodística transnacional en la que participó la Alianza Rebelde Investiga (ARI) fue seleccionada entre las cinco finalistas del Premio Anthony Shadid de Ética Periodística 2026, uno de los reconocimientos estadounidenses más prestigiosos al periodismo basado en principios de integridad, responsabilidad y rendición de cuentas.
El proyecto fue desarrollado por los medios ProPublica y The Texas Tribune, de Estados Unids; junto a Cazadores de Fake News y los medios de la Alianza Rebelde Investiga, integrada por Runrun.es, TalCual y El Pitazo, de Venezuela.
El equipo periodístico investigó las historias, antecedentes y situación legal de 238 migrantes venezolanos enviados por el Gobierno de Donald Trump a la prisión del CECOT, en El Salvador.
El ganador de este premio será anunciado en marzo y reconocido en una ceremonia en Washington, D. C., el próximo 20 de abril de 2026.
Un premio a la ética en el periodismo
El Premio Anthony Shadid reconoce a periodistas que demuestran un compromiso excepcional con los principios éticos, incluso bajo presión política, riesgos personales o contextos adversos. El galardón honra la memoria del corresponsal ganador del Pulitzer Anthony Shadid, fallecido en 2012 mientras cubría el conflicto en Siria.
Los jueces destacaron la calidad y relevancia de las nominaciones recibidas este año, de las cuales solo cinco investigaciones fueron seleccionadas como finalistas.
Investigación sin precedentes sobre deportaciones a El Salvador
El trabajo finalista se centra en la deportación de 238 inmigrantes venezolanos desde Estados Unidos hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad en El Salvador, llevada a cabo el del 15 de marzo de 2025. Cuatro meses después, el 18 de julio de 2025, los hombres fueron liberados de forma abrupta.
Ante la ausencia de información oficial detallada, el equipo periodístico realizó una investigación exhaustiva caso por caso y construyó una base de datos interactiva para esclarecer quiénes eran los deportados y por qué habían sido enviados a esa cárcel.
Para ello, se accedieron a registros gubernamentales de Estados Unidos, revisando expedientes judiciales en EE. UU. y Sudamérica. Además, se analizaron datos de tribunales federales de inmigración y se entrevistaron a familiares de más de 100 deportados. La investigación también se basó en información interna que permitió contrastar las versiones oficiales.
Hallazgos clave
Los resultados cuestionan la narrativa oficial estadounidense sobre los deportados y revelan información inédita:
Al menos 197 de los 238 hombres no tenían condenas penales en Estados Unidos, según datos internos del gobierno.
Solo seis habían sido condenados por delitos violentos.
Casi la mitad (118 personas) fue deportada con sus casos migratorios aún en proceso, lo que normalmente impide la expulsión.
Menos de una docena tenía condenas adicionales en EE. UU. o en el extranjero no reflejadas en los registros oficiales.
El equipo también documentó las consecuencias para las familias de los detenidos: pérdida de ingresos, interrupción de tratamientos médicos y niños que desconocían si volverían a ver a sus padres.
Publicar esta información detallada implicó dilemas éticos y riesgos para los propios deportados, lo que exigió ponderar cuidadosamente el derecho a la información frente a posibles daños.
Periodismo colaborativo transnacional
Esta investigación es el resultado del trabajo colaborativo de Ronna Risquez, Alianza Rebelde Investiga; Adrián González, Cazadores de Fake News; Adriana Núñez Moros, periodista independiente; Carlos Centeno, periodista independiente; Perla Trevizo, ProPublica, Texas Tribune; Melisa Sánchez, ProPublica; Mica Rosenberg, ProPublica; Gabriel Sandoval, ProPublica; Jeff Ernsthausen, ProPublica; Maryam Jameel, ProPublica; Gerardo del Valle, ProPublica; Cengiz Yar, ProPublica; Lomi Kriel, ProPublica, Texas Tribune; Nicole Foy, ProPublica; Rafael Carranza, Arizona Luminaria y Lisa Seville, ProPublica.
También colaboraron en esta investigación: Kate Morrisey, periodista independiente; Gabriel Pasquini, periodista independiente; Coral Murphy Marcos, periodista independiente; Liz Gascón, periodista de ARI; Melany Garces, periodista de ARI; Paula Rangel, periodista de ARI; Lucía Pineda, periodista de ARI; Mayreth Casanova, periodista de ARI; Luna Perdomo, periodista de ARI; María José Dugarte, periodista independiente; Sheyla Urdaneta, jefa de información de El Pitazo; Juan Hernández Vargas, ingeniero de datos y Gabriela Rincón, periodista de Cazadores de Fake News. Para conocer las historias de los 238 hombres deportados a El Salvador haz click aquí.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La situación del comunicador social e influencer Deivis Correa sigue siendo una de las deudas pendientes de la justicia venezolana. Al cumplirse más de año y medio de su detención en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, su familia —especialmente sus tres hijas de 17, 5 y 3 años— continúa esperando su liberación para poder “volver a reír”.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) recordó que Correa fue interceptado el 31 de julio de 2024 en Tazón por funcionarios del Sebin mientras se desplazaba en un taxi. Su “delito”, según las denuncias, fue utilizar sus plataformas digitales (donde acumula cientos de miles de seguidores) para informar sobre los acontecimientos en la parroquia 23 de Enero durante las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
A pesar de que el propio Correa aclaró antes de su captura que no poseía antecedentes y que solo cumplía con su labor informativa, el fiscal general Tarek William Saab lo señaló públicamente por supuestamente incitar a la violencia. El SNTP ha destacado que estas acusaciones carecen de fundamento real, tratándose de una criminalización del discurso y la información.
“No tengo ni una mancha en mi historial, no tengo ni una multa en mi licencia por lo que soy inocente de cualquier cosa que me quieran culpar. Todo esto arrancó porque yo estuve informando todo lo que sucedía en las elecciones en el 23 de Enero y ellos decidieron decir que yo estaba llamando a la violencia y a las calles, cosa que no es verdad”, remarcó entonces.
Correa, egresado de la Universidad Católica Santa Rosa (Ucsar), enfrenta una lista de delitos desproporcionados ratificados en su audiencia preliminar de octubre de 2024: terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir, traición a la patria, asociación extranjera y desestabilización. Su juicio inició formalmente en noviembre de 2025, pero su nombre fue excluido del proceso de excarcelaciones que benefició a otros 22 periodistas en enero de 2026.
La familia de Correa relató al SNTP que el encierro ha provocado una profunda depresión y ha afectado severamente la estabilidad mental del comunicador. Actualmente, Deivis es uno de los cuatro comunicadores sociales que aún permanecen tras las rejas en condiciones arbitrarias, junto a Marifel Guzmán, Pedro Urribarri y Jonathan Carrillo. Desde el SNTP, se mantiene la exigencia de libertad plena, recordando que los periodistas no deben su libertad a favores políticos, sino al reconocimiento de su inocencia.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
