Una investigación periodística transnacional en la que participó la Alianza Rebelde Investiga (ARI) fue seleccionada entre las cinco finalistas del Premio Anthony Shadid de Ética Periodística 2026, uno de los reconocimientos estadounidenses más prestigiosos al periodismo basado en principios de integridad, responsabilidad y rendición de cuentas.
El proyecto fue desarrollado por los medios ProPublica y The Texas Tribune, de Estados Unids; junto a Cazadores de Fake News y los medios de la Alianza Rebelde Investiga, integrada por Runrun.es, TalCual y El Pitazo, de Venezuela.
El equipo periodístico investigó las historias, antecedentes y situación legal de 238 migrantes venezolanos enviados por el Gobierno de Donald Trump a la prisión del CECOT, en El Salvador.
El ganador de este premio será anunciado en marzo y reconocido en una ceremonia en Washington, D. C., el próximo 20 de abril de 2026.
Un premio a la ética en el periodismo
El Premio Anthony Shadid reconoce a periodistas que demuestran un compromiso excepcional con los principios éticos, incluso bajo presión política, riesgos personales o contextos adversos. El galardón honra la memoria del corresponsal ganador del Pulitzer Anthony Shadid, fallecido en 2012 mientras cubría el conflicto en Siria.
Los jueces destacaron la calidad y relevancia de las nominaciones recibidas este año, de las cuales solo cinco investigaciones fueron seleccionadas como finalistas.
Investigación sin precedentes sobre deportaciones a El Salvador
El trabajo finalista se centra en la deportación de 238 inmigrantes venezolanos desde Estados Unidos hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad en El Salvador, llevada a cabo el del 15 de marzo de 2025. Cuatro meses después, el 18 de julio de 2025, los hombres fueron liberados de forma abrupta.
Ante la ausencia de información oficial detallada, el equipo periodístico realizó una investigación exhaustiva caso por caso y construyó una base de datos interactiva para esclarecer quiénes eran los deportados y por qué habían sido enviados a esa cárcel.
Para ello, se accedieron a registros gubernamentales de Estados Unidos, revisando expedientes judiciales en EE. UU. y Sudamérica. Además, se analizaron datos de tribunales federales de inmigración y se entrevistaron a familiares de más de 100 deportados. La investigación también se basó en información interna que permitió contrastar las versiones oficiales.
Hallazgos clave
Los resultados cuestionan la narrativa oficial estadounidense sobre los deportados y revelan información inédita:
- Al menos 197 de los 238 hombres no tenían condenas penales en Estados Unidos, según datos internos del gobierno.
- Solo seis habían sido condenados por delitos violentos.
- Casi la mitad (118 personas) fue deportada con sus casos migratorios aún en proceso, lo que normalmente impide la expulsión.
- Menos de una docena tenía condenas adicionales en EE. UU. o en el extranjero no reflejadas en los registros oficiales.
El equipo también documentó las consecuencias para las familias de los detenidos: pérdida de ingresos, interrupción de tratamientos médicos y niños que desconocían si volverían a ver a sus padres.
Publicar esta información detallada implicó dilemas éticos y riesgos para los propios deportados, lo que exigió ponderar cuidadosamente el derecho a la información frente a posibles daños.
Periodismo colaborativo transnacional
Esta investigación es el resultado del trabajo colaborativo de Ronna Risquez, Alianza Rebelde Investiga; Adrián González, Cazadores de Fake News; Adriana Núñez Moros, periodista independiente; Carlos Centeno, periodista independiente; Perla Trevizo, ProPublica, Texas Tribune; Melisa Sánchez, ProPublica; Mica Rosenberg, ProPublica; Gabriel Sandoval, ProPublica; Jeff Ernsthausen, ProPublica; Maryam Jameel, ProPublica; Gerardo del Valle, ProPublica; Cengiz Yar, ProPublica; Lomi Kriel, ProPublica, Texas Tribune; Nicole Foy, ProPublica; Rafael Carranza, Arizona Luminaria y Lisa Seville, ProPublica.
También colaboraron en esta investigación: Kate Morrisey, periodista independiente; Gabriel Pasquini, periodista independiente; Coral Murphy Marcos, periodista independiente; Liz Gascón, periodista de ARI; Melany Garces, periodista de ARI; Paula Rangel, periodista de ARI; Lucía Pineda, periodista de ARI; Mayreth Casanova, periodista de ARI; Luna Perdomo, periodista de ARI; María José Dugarte, periodista independiente; Sheyla Urdaneta, jefa de información de El Pitazo; Juan Hernández Vargas, ingeniero de datos y Gabriela Rincón, periodista de Cazadores de Fake News. Para conocer las historias de los 238 hombres deportados a El Salvador haz click aquí.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
