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Del arrastre al galope: 2026, el año del caballo de fuego, promete moverse

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Pasar de la culebra de palo al caballo de fuego supone un cambio de ritmo que, para un país acostumbrado al movimiento lento y viscoso, casi parece una provocación. Y así, como quien no quiere la cosa, se alinearon el calendario gregoriano y el lunar para recordarnos que hasta los astros pueden ponerse de acuerdo cuando se trata de acelerar las cosas… aunque nadie haya pedido tanta velocidad.

La culebra, dicen, es sigilosa y arrastrada. De palo, además, rígida y resistente. No hace ruido; simplemente aparece cuando ya es tarde. Ataca por hambre o por defensa, como tantas decisiones que vimos el año pasado: silenciosas, calculadas y, por momentos, estrangulantes. Fue un año serpentino, sin duda. Uno de esos que se enroscan alrededor del cuello colectivo mientras alguien insiste en que todo forma parte de una “planificación estratégica”.

Para la tradición china, la culebra de palo representa transformación profunda. Y algo de eso hubo: cambios que llegaron como susurro y terminaron siendo gritos. Renovación, crecimiento… o al menos la promesa de ambos, que en estas latitudes suele funcionar como moneda simbólica.

Ahora entra el caballo de fuego. Y aquí la cosa cambia: del arrastre al galope. Energía explosiva, acción inmediata, impulso sin mucha paciencia para la reflexión. Según los expertos —si no me cree, googléelo— es el año ideal para lanzar proyectos, liderazgos y ambiciones que llevaban tiempo en el establo esperando permiso.

El caballo acelera los acontecimientos. Lo que parecía estancado se mueve, a veces demasiado rápido. Casi como si el horóscopo hubiese sido redactado desde alguna oficina con vista a El Helicoide, donde las sorpresas nunca llegan caminando sino corriendo.

Pero cuidado: el fuego ilumina y también quema. La energía que impulsa puede convertirse en destrucción si no se maneja con cierta inteligencia emocional, algo escaso en tiempos de hiperventilación colectiva. El ataque silencioso de la culebra se transforma ahora en un golpe veloz, inesperado, sin tiempo para el análisis de contexto.

El silencio reptiliano se vuelve respiración agitada. Calor constante. Un ritmo que, si no se acompasa, termina en burnout nacional, categoría no reconocida oficialmente, pero ampliamente practicada.

Claro, el fuego también trae luz; y, después de un período prolongado de oscuridad, cualquier chispa se agradece, aunque sea para ver mejor el desorden.

Como todo buen sistema zodiacal, el año favorece a unos y castiga a otros. Ratas, bueyes y conejos, por ejemplo, no suelen llevarse bien con la energía del caballo de fuego. Algo que suena sospechosamente familiar para quienes viven en permanente incompatibilidad con el momento histórico.

Los expertos recomiendan evitar el exceso de color rojo para mitigar efectos adversos. Consejo útil en un país donde el rojo ha sido, durante años, más que un color: una experiencia multisensorial.

Los nacidos bajo el signo de la cabra —o la oveja, según el traductor que uno prefiera— parecen tener mejor suerte. Se espera que actúen como fuerza estabilizadora frente al ímpetu impulsivo del año, aportando creatividad y cierta calma maternal. En otras palabras, les toca ser adultos responsables mientras el resto galopa.

El gallo de tierra, en cambio, entra en conflicto indirecto con Tai Sui, el Dios del Año. Traducción libre: obstáculos inesperados, relaciones tensas y la sensación de que la suerte se cae justo cuando parecía agarrar vuelo. Además, advierten mayor propensión a enfermedades y accidentes.

El conejo de agua tampoco la tiene fácil. Su relación con la deidad del año viene marcada por fricciones, trabas y la incómoda sensación de que el entorno dejó de cooperar. Su sabiduría será puesta a prueba, algo que en este país suele equivaler a descubrir que la paciencia también tiene fecha de vencimiento.

Tanto el mono de fuego como el tigre de fuego experimentarán una fase de transformación intensa, aunque con dinámicas distintas según su relación natural con el caballo. La energía del caballo de fuego impulsa al mono a salir de su zona de confort y expandir su mundo. Se sugiere “limpiar” la vida de vínculos o hábitos pesados a inicios de año para avanzar con ligereza.

Para el tigre de fuego es un año de “uniones afortunadas”; los solteros podrían encontrar el amor y las parejas fortalecerán su complicidad. Para el tigre, sin embargo, la velocidad del caballo de fuego puede llevarle a empujar demasiado fuerte, resultando en un colapso físico o emocional, especialmente durante los meses de verano.

Así que aquí estamos: dejando atrás el sigilo de la culebra para abrazar el galope del caballo. Pasamos del silencio al ruido, del cálculo al impulso, del arrastre al vértigo. Si el horóscopo chino tiene razón, 2026 será un año de movimiento acelerado.

Y en Venezuela, donde llevamos años esperando que algo finalmente se mueva, quizás lo más sensato sea ajustar el casco, apretar las riendas, respirar profundo y tratar de no caerse del caballo antes de que termine la carrera… sobre todo, sabiendo que el 2027 será el año de la cabra de fuego.

Por si acaso siente usted la misma propensión que yo a googlear ciertas fechas y actores, aquí le dejo unos “datos calientes” estilo gaceta del 5y6 para este año hípico: Delcy gallo de tierra, Diosdado y Vladimir son cochinos de agua, Cilia es mono de fuego y Nicolás tigre de fuego, María Corina es cabra de fuego… ¡Suerte y gaceta hípica!

@bocaranda20

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun

Táriba Malpica: el diseñador gráfico señalado de ser militar estadounidense

Dos intentos de suicidio ya ha tenido Luis Armando Táriba Malpica de 29 años. Desde septiembre de 2024 el carabobeño se encuentra arrestado, acusado de los delitos de terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir y conspiración con gobierno extranjero. 

Táriba fue aprehendido luego de que fuese acusado por una vecina de ser un “militar estadounidense infiltrado”, según expuso su madre, Priscilla Malpica.

Malpica indicó que su hijo padece de TDAH (Trastorno por Deficit de Atencion e Hiperactividad) y por ello se obsesiona con cosas que le atraen.

“¿Qué pasa con esto? Él empezó a vestirse con ropa de camuflaje porque su sueño frustrado siempre fue el de ser militar, pero no pudo serlo porque aparte de su compromiso de aprendizaje, también tiene un tema cardiológico, tiene un prolapso de la válvula mitral”, dijo la madre de Luis Armando.

Malpica aseguró que pese a su predilección por la ropa camuflada, Táriba no portaba vestimenta alguna del Ejército venezolano. “Él compraba su ropa en los buhoneros o en tiendas populares, ese día cargaba un pantalón de camuflaje, sus botas, una camisa verde olivo y un morral, también camuflado”.

Priscilla indicó que su hijo nunca imaginó que la predilección por usar prendas militares lo iba a convertir en un preso político de los que la ONG Foro Penal contabiliza más de 600 actualmente.  

“Incluso funcionarios de la policía le pasaban por el lado y lo saludaban, le tocaban la corneta, la sirena de las patrullas. Varias veces se le dijo que no se vistiese así, pero no quiso escuchar ”. 

Malpica aseveró que su hijo fue detenido por miembros de la Policía Municipal en su sitio de trabajo en la avenida Bolívar de Valencia y lo llevaron a un módulo en la urbanización Prebo.

Posterior a su estancia en la sede de la policía municipal, Luis Armando fue trasladado al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide de Caracas. “Nos dijeron que les iban a hacer unas preguntas y luego regresaban a su casa y ya tenemos un año y cinco meses en esto, sigue detenido”. 

Malpica expuso que el día que lo presentaron en tribunales, su hijo se desmayó producto del shock emocional y su compromiso cardiológico. “Debido a eso lo llevaron de El Helicoide a la sede de la PNB (Policía Nacional Bolivariana) en La Yaguara, ahí estuvo 45 días hasta el día de la audiencia preliminar”. 

Priscilla contó que su propio hijo le dijo que no tenían pruebas en su contra. 

“No entendía por qué lo dejaron preso, el juez sólo accedió a hacerle exámenes psicológicos, psiquiátricos y psicopedagógicos, desconoció totalmente el diagnóstico cardiológico, pese a que presentamos todos los informes”.      

Luego de la audiencia, Malpica sostuvo que la defensa pública les indicó que Táriba estaba siendo enjuiciado con dos señores desconocidos.

“Él los conoció en la PNB de La Yaguara, no los había visto anteriormente, ni idea de que hacia ahí y por qué”.    

La madre de Luis Armando comentó que a este le dijeron que si se declaraba culpable le reducirían la sentencia.

“Él les dijo que no se iba a declarar culpable porque no era terrorista, no es político ni traidor a la patria y mucho menos está asociado con nadie para delinquir. Ni siquiera está inscrito en el Consejo Nacional Electoral (CNE), no vota”.  

Malpica indicó que el juicio en el Tribunal 3 de control de Terrorismo y 52 de control ordinario de la Circunscripcion Judicial del Area Metropolitana de Caracas no ha empezado por retardo procesal.

“Tengo entendido que legalmente ya debería estar libre porque si no hay pruebas y tiene más de un año de retraso procesal, sumado a su cardiopatía y compromiso de aprendizaje, debería estar en la calle”, dijo Malpica. 

La tristeza e impotencia arropan

La madre de Luis Armando manifestó que este es diseñador gráfico, pero debido a la precariedad laboral en Venezuela se ha visto en la obligación de trabajar de mesonero.

“Es padre de una niña de apenas tres años, tiene un alto sentido de la responsabilidad y el compromiso, siempre ha sido proveedor de su casa, su esposa e hija”.

La propia Malpica, de profesión terapeuta, quedó sin empleo a raíz de la detención de su hijo y se dedica a vender pulseras, caramelos y chupetas en la calle para recolectar dinero.

Malpica indicó que debido a un cuadro depresivo, su hijo ha intentado quitarse la vida en dos oportunidades.

“Él estuvo en la Zona 7 de la PNB en Boleíta y allí se intentó ahorcar en un par de ocasiones”. 

Malpica dijo que actualmente su hijo está recluido en la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo, donde le permiten verlo una vez al mes.

“Tiene una visita familiar y otra conyugal una vez al mes. Me han permitido pasar paquetería sin problema alguno, el me ha dicho que no lo han maltratado ni golpeado”.

Priscilla aseguró que su hijo cree en Dios y se ha aferrado a la Biblia. “Él es cristiano y tiene mucha fe”.

La madre de Luis Armando admitió que el sufrimiento de su hijo es de carácter emocional.

“Hay días en los que está tranquilo, sereno y centrado, regularmente se muestra animado, pero cuando se termina la visita obviamente nos decaemos, no es nada fácil dejar ahí a mi hijo sabiendo que es inocente”.

Malpica denunció que su hijo no ha recibido la atención médica correspondiente como cita las Reglas Mandela de la ONU.

“Cuando él se desmayó el año pasado, los funcionarios de la PNB lo llevaron al Hospital Pérez de León en Caracas. Ahí indicaron que había que hacerle estudios cardiológicos porque ya había tenido alrededor de cuatro desmayos en el tiempo que había estado detenido”.

Malpica sentenció que se trasladó al Ministerio Público con las órdenes de los exámenes y que incluso un Fiscal fue a Zona 7 a prometer que efectivamente se iban a llevar a cabo.

“Cuando fui la siguiente vez a Caracas me dijeron que sí se los iban a hacer, pero que el oficio estaba en el Ministerio esperando por una firma y un sello, hasta la fecha no le han hecho nada”. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El Estado es el principal perpetrador de violencia contra la población LGBTIQ+ en Venezuela

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La población LGBTIQ+ en Venezuela enfrenta un entorno de “desprotección estatal” y “violencia sistemática”, caracterizado por una profunda desigualdad jurídica en comparación con el resto de la región. Esta situación ha convertido a las instituciones en agentes de agresión y al hogar en un espacio de peligro.

De acuerdo con un informe publicado por el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, titulado “Venezuela: La arquitectura del odio y la deuda histórica que asfixia a la población LGBTIQ+”, solo en el primer semestre de 2025 se documentaron cerca de 150 casos de violencia y discriminación. El organismo destaca que, en 2024, el 43,18% de los hechos violentos fueron perpetrados directamente por funcionarios del Estado (25% por fuerzas de seguridad y 18,18% por otros agentes públicos).

El país arrastra una mora legislativa de 16 años que impide el derecho a la identidad de las personas trans, a pesar de las reformas en la Ley de Registro Civil. Asimismo, la exclusión del matrimonio igualitario en el Código Civil refuerza un sistema de “muerte civil” y exclusión para estas familias.

El contexto poselectoral de 2024 agravó la crisis con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y la persecución de activistas. Políticas como la “Operación Tun Tun” y la Ley de Fiscalización de ONG han forzado el cierre de organizaciones históricas y el exilio de defensores de derechos humanos.

La violencia también se manifiesta a través de discursos de odio emitidos por altos funcionarios y prácticas de extorsión policial. El informe advierte que el silencio institucional es cómplice, pues sin leyes que protejan la identidad y sancionen el odio, el Estado permanece como “el principal verdugo”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Jorge Arreaza anuncia que 379 presos políticos serán beneficiados con la Ley de Amnistía

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El diputado Jorge Arreaza, integrante de la comisión especial encargada de ejecutar la recién aprobada Ley de Amnistía Democrática, anunció este viernes, 20 de febrero, que un grupo de 379 presos políticos recibirá medidas inmediatas de libertad y amnistía tras las gestiones realizadas ante el sistema de justicia. Esta cifra representa el inicio de la implementación operativa de la ley, con un despliegue que abarca distintas regiones del país.

En una entrevista concedida al programa A Pulso, el parlamentario compartió información oficial suministrada por los órganos judiciales, precisando: “Me acaban de pasar un papel donde me informan el tanto el Tribunal Supremo como el Ministerio Público que se han recibido solicitudes del Ministerio Público a los tribunales competentes para otorgar medidas de amnistía a 371 en Caracas, cinco en Barinas, dos en Portuguesa y una en Monagas”.

Este anuncio se produce en el marco de una ley aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, la cual busca, en palabras de Arreaza, cerrar los “ciclos de violencia” y permitir el “reencuentro” de todos los actores políticos bajo el respeto a la Constitución.

“Amnistía es perdón, es el Estado que está perdonando, dándole otra oportunidad a quienes cometieron o presuntamente cometieron un delito con plenos derechos, en un hecho eh político de manifestación o un hecho violento y el Estado le dice ‘muy bien, quedas amnistiado ya no tienes delito, reincorpórate a la vida política y reincorpórate a tu vida plenamente sin el delito'”. Este proceso conlleva la extinción de la causa penal y la eliminación de antecedentes penales y registros policiales para los beneficiados.

La comisión especial, instalada bajo lo establecido en el artículo 15 de la normativa, trabaja actualmente en coordinación directa con el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia para revisar los casos que se ajustan a los hechos ocurridos entre 1999 y 2025.

Asimismo, Arreaza recordó que existe un lapso de 15 días continuos para que el sistema de justicia ejecute las libertades y medidas correspondientes. No obstante, enfatizó que la ley mantiene “exclusiones estrictas” para quienes cometieron homicidios intencionales o atentaron contra la soberanía nacional al solicitar “intervenciones extranjeras”.

Tras los anuncios de Arreza, la mañana de este sábado, 21 de febrero, el vicepresidente del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, informó que desde el viernes en la noche se comenzaron a producir las primeras excarcelaciones derivadas de la Ley de Amnistía.

A su vez, Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, calificó de “discriminatorio e inconstitucional” excluir de la amnistía a militares presos y perseguidos políticos. “No puede hablarse de convivencia nacional mientras se excluye a un sector tan importante de la sociedad como el militar y a sus familias”, señaló.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Stalin González: “La puerta quedó abierta para resolver los casos que quedaron por fuera”

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El diputado del Grupo Parlamentario Libertad, Stalin González, declaró que después de aprobada la Ley de Amnistía, cualquier persona puede usar una vía para ser amparado judicialmente. 

“La puerta no se puede cerrar, la puerta quedó abierta para resolver los casos que no están previstos en la ley, y la puerta que quedó abierta es el artículo 15”, dijo en una rueda de prensa ofrecida junto a otros diputados de oposición. 

González reconoció que la recién sancionada Ley de Amnistía tiene varias limitaciones.

“El Estado no ha cumplido su rol de impartir justicia imparcialmente, los tribunales no han cumplido con su papel, es importante que este país tenga instituciones que generen confianza”, sostuvo.

El miembro de Un Nuevo Tiempo manifestó que el artículo 7 permite que las personas que están en el exterior puedan nombrar a un abogado con un poder simple. 

“Los venezolanos en el exterior pueden apegarse a la Ley de Amnistía y venir a Venezuela sin riesgo de ser detenidos. La ley no solo está hecha para los que están presos, sino también para cerrar las causas de mucha gente”, celebró.

González aseguró que sin el 3 de enero, la Ley de Amnistía no hubiese sido aprobada.

“Estamos aquí porque esta es una Venezuela distinta, han sucedido cosas en siete semanas, la voluntad política es diferente a la de antes”, opinó.

Mucho por hacer

Por su parte, la diputada Nora Bracho indicó que si un juez rechaza la solicitud de amnistía, la persona puede apelar.

“Los casos que no son por razones políticos serán enviados a la Comisión de Política Interior, es un clamor del pueblo venezolano que las heridas se cicatricen”, expresó.

Bracho, también de UNT, agradeció a los familiares de presos políticos, las ONG y la sociedad civil que participaron en la elaboración de la ley y recordó que este viernes 20 de febrero fue instalada la comisión especial de seguimiento a la Ley de Amnistía.

“Quedan pendientes temas como la amnistía laboral, la CVG, los empleados de Corpoelec, Pdvsa o personas que por montar un tuit hayan sido privadas de libertad”, resaltó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

“Fue un fraude”: Familiares de excluidos de Ley de Amnistía exigen decreto presidencial de indulto

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Familiares de aquellos presos políticos que quedaron excluidos de la Ley de Amnistía, aprobada y sancionada por la Asamblea Nacional de corte oficialista, exigieron un decreto presidencial de indulto para poder incorporar a quienes no serían beneficiados.

Durante una rueda de prensa organizada por el Foro Penal, la señora Francis Quiñones, madre del sargento segundo acusado de participar en la Operación Gedeón, Jonathan Franco Quiñones, calificó la ley como un “terrorismo, fraude y un paquete chileno, porque solo incluye a una minoría”.

Quiñones recordó que el Parlamento se reunió con familiares y ONG para escuchar a las víctimas “como quien dice, para cumplir las pautas”. Ironizó que cuando se reunían en privado decían: “‘Ya llamamos a las víctimas y a las ONG, ¿qué hablaron? Basura. No nos importa’. ¿Qué podíamos esperar de la decisión que tomaron, si ellos mismos se cobran y se dan el vuelto?”.

“Ellos tienen a sus mismos jueces y abogados. Es mentira que hayan querido dar este paso valiente hacia la paz y la justicia. Seguimos en lo mismo acá, con las mismas leyes que nos quieren impedir hablar, que nos quieren sancionar, nos quieren cerrar la boca,  pero acá estamos y no nos van a callar, nosotros seguimos luchando por nuestros familiares contra esta extorsión y fraude”, expresó.

Ante esa situación, señaló que los familiares exigen un decreto presidencial para que todos los presos políticos sean liberados, destacando el caso de los “gedeones” o de operaciones militares que no fueron incluidas entre las consideraciones de amnistía. También instó a Laura Dogu, representante diplomática de los Estados Unidos en Venezuela, a investigar cárceles como el Fuerte Guaicaipuro “en la que hay varios desaparecidos, hay familiares que tienen hasta un año y medio sin saber de ellos”.

“Nuestros familiares están desnutridos, locos, mi hijo a mí no me pidió la bendición, él hablaba conmigo y ni me reconocía, temblaba,les dieron el mismo guion, todos decían que no los maltrataban. Creo que ha perdido como 40 kilos. Así como está él están todos los  del Fuerte Guaicaipuro”, cuestionó.

Por su parte, la señora Betzaida Natera, madre del sargento Geomer Natera (caso Cotiza), calificó como una “burla” la Ley de Amnistía y, al igual que Francis Quiñones, denunció las condiciones de presos políticos en el Fuerte Guaicaipuro.

“A un año yo no he podido ver a mi hijo”, alertó la señora, quien exigió que su hijo sea trasladado de nuevo a la cárcel de Ramo Verde.

Una ley a espalda de las víctimas y a “conveniencia” de quien manda

Andreína Baduel, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y hermana del preso político Josnars Baduel, señaló que la Ley de Amnistía “ratifica que el régimen realmente no tiene voluntad de hacer las cosas distintas”.

En una entrevista que ofreció al programa Conclusiones, conducido por el periodista Fernando del Rincón, Baduel expresó: “Esta Ley de Amnistía, desde que comenzó hasta este momento, inició de forma incorrecta porque su primera discusión se hizo sin siquiera haberse reunido con las víctimas de persecución en Venezuela. Ellos vinieron a escuchar a las víctimas fue porque hicimos una actividad fuera de la Asamblea Nacional luego de la primera discusión, lo que los obligó a recibir a las víctimas y escuchar la cantidad de casos de persecución que ellos supuestamente manifestaron desconocer”.

Aún así, tras haber escuchado a las víctimas, Baduel lamentó que hayan aprobado una ley excluyente “porque dejaría más de la mitad de los presos políticos injustamente presos como lo están y en condiciones de horror”, alertando que aunque el contexto es otro ,“después del 3 de enero, la tortura en Venezuela no ha cesado”.

Andrés Villavicencio, testigo electoral en el estado Falcón durante los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024 y quien tuvo que exiliarse por persecución, también rechazó que la ley implica “que los perseguidos debemos pedir perdón a los verdugos”.

“En mi caso, como testigo electoral exiliado,por defender las actas de mi centro debo ‘pedir perdón’ a Elvis Amoroso, que tiene 572 días violando la ley negándose a publicar el resultado desglosado”, expresó en su cuenta de X.

Por su parte, Zoraida González, madre del preso político José Miguel Estrada, señaló que la ley “está hecha a conveniencia de quien la armó” y denunció que cuando detuvieron a su hijo por el caso de los drones -quien actualmente está recluido en El Rodeo I- fue torturado.

“Le arrancaron las uñas de los pies, lo colgaban, le metían electricidad en sus testículos, le metieron la cara en una poceta llena de excrementos”, narró. Esos tratos crueles le dejaron graves secuelas a su hijo, quien fue detenido a los 23 años y hoy en día tiene 30.

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El mismo día en el que aprobaron la Ley de Amnistía allanaron la casa de Magalli Meda

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La exjefa de campaña del Comando Con Venezuela, Magalli Meda, denunció la madrugada de este viernes que, mientras la Asamblea Nacional discutía la aprobación de la Ley de Amnistía, “el régimen” ordenó a 16 hombres armados y civiles irrumpir de manera violenta en su residencia en Caracas. Según relató, los sujetos llegaron en seis camionetas y entraron para “destruir y llevarse o sembrar lo que les dé la gana”.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Meda detalló que los hombres estuvieron varias horas adentro de su casa y que dejaron dos carteles que decían “asegurado” e “incautado”.

Magalli Meda aseveró que el mensaje que deja este tipo de acciones es bastante claro: “Aquí no habrá amnistía, ni libertad, ni propiedad, ni prosperidad, ni derecho a enfrentar a los criminales mientras ellos pretendan administrar la ley y el perdón”.

La exjefa de campaña advirtió que la violencia gubernamental se volverá a repetir en contra de quienes no obedezcan “sean militares, policías, trabajadores, empresarios, políticos, periodistas, curas, o a quien sea… Basta con que seas venezolano para que ellos quieran someterte”.

“Mientras sigan existiendo presos políticos, represión, violencia y apropiación de bienes, como lo que hicieron con nuestra casa, en Venezuela no habrá amnistía, ni transición, ni libertad, ni democracia, ni retorno de familiares, ni prosperidad para la gente honesta”, sentenció.

Otros allanamientos

En el mismo post en X, Magalli Meda denunció que esta no es la primera vez que funcionarios del gobierno allanan su vivienda y la de sus familiares.

Señaló que el pasado 8 de mayo de 2025, 13 hombres armados y civiles bajo el liderazgo del General Jesús Rafael Ferreira se llevaron cajas con sus pertenencias y destruyeron su casa. “Todo quedó registrado remotamente”, dijo.

Un día después, el 9 de mayo, la casa de su madre -una adulta mayor- también fue violentada. “Allanaron su casa, se robaron su carro, sus recuerdos, lo que mis padres construyeron con años de trabajo honrado. Luego de desmantelarla, la clausuraron. Nadie puede entrar”, afirmó.

Meda también publicó un video en el que denunciana cómo hombres vestidos de negro y portando armas largas, los apuntaban a diario mientras ella y sus compañeros Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Omar González estaban asilados en la embajada argentina en Caracas, por temor a ser detenidos.

“No buscan una verdadera amnistía. No buscan justicia. No aceptan un país de ciudadanos libres. Pretenden lavarse la cara. Quieren que olvidemos sus crímenes y actuar impunemente para siempre. Quieren un país de esclavos y cómplices, y pretenden expulsar a quien no lo sea”, cuestionó Meda.

Asilo, persecución y exilio

La persecución en contra de Magalli Meda ha escalado desde marzo de 2024, meses antes de las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio.

El Ministerio Público (MP) emitió una orden de arresto en contra de Meda y otros seis dirigentes del partido Vente Venezuela acusándolos de crear planes desestabilizadores y violencia de cara a las presidenciales.

Para evitar su captura, el 20 de marzo de ese año, los seis dirigentes se refugiaron en la Embajada de Argentina. Más de 400 días permanecieron asilados denunciando fallas en los servicios básicos como agua, electricidad y el asedio de los funcionarios policiales.

El 6 de mayo de 2025, Meda y otros cuatro opositores fueron extraídos de la sede diplomática en una operación denominada “Operación Guacamaya”. Así salieron del país, en una acción que asegura se realizó con apoyo internacional.

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Foro Penal introducirá recurso en favor de los desamparados por la Ley de Amnistía

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La organización no gubernamental Foro Penal Venezolano anunció este viernes, 20 de febrero, que introducirá un recurso a favor de las personas desamparadas y excluidas de la Ley de Amnistía, aprobada y sancionada el jueves por la Asamblea Nacional de corte oficialista.

Durante una rueda de prensa, la ONG señaló que consignará el escrito ante la Comisión de Seguimiento creada por el Parlamento para que todos los casos excluidos de la ley se incorporen de inmediata, una vez que la misma sea publicada en Gaceta Oficial.

Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, alertó que hay personas que llevan entre dos y tres años en prisión preventiva, violando varias disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal. “Esas personas deben ser excarceladas de inmediato”, indicó. Además, recordó que hay personas con penas cumplidas o tiempo suficiente para que les permitan terminar de cumplir esas penas fueran de prisión, quienes igualmente “también deben ser excarcelados”.

“Hay adultos mayores de 70 o más años de edad que no tienen que estar recluidos en una cárcel ni de manera preventiva ni a modo de condena, esos adultos mayores, que son más de 20 personas deben ser excarcelados. Hay personas con enfermedades graves y cuadros clínicos severos también deben salir de inmediato con medidas humanitarias, igual que las personas con discapacidad cognitiva -como diagnósticos del espectro autista- deben ser excarcelados de inmediato”, alertó Himiob.

El abogado refirió que el artículo 15 de lay ley abre una “pequeña ventana o posibilidad” para que los casos excluidos de la Ley de Amnistía también sean considerados, insistiendo en que estos grupos han sufrido “violaciones graves a derechos humanos, al debido proceso, al derecho a la defensa”.

Además, se refirió a los más de 400 presos militares y civiles vinculados a conspirar rebeliones militares, pues a pesar de que la ley cubre 27 años de forma general, existen limitaciones en el noveno artículo, donde se toman en cuenta apenas 15 años y Himiob advirtió que durante ese período solo se toman en consideración, concretamente, hechos políticos que abarcan solo 20 meses.

“Esto es un mínimo comienzo y debe haber más voluntad política para desmantelar el sistema represivo: el sistema de seguridad nacional que ha servido para perseguir, y el sistema de justicia como arma de persecución. Hasta que no haya voluntad política para renovar este sistema vamos a seguir con la amenaza y la soga al cuello de la persecución. La lucha no termina acá, es una lucha de resistencia, no de velocidad, hasta desmantelar el aparato represivo, mientras no terminemos eso, no somos totalmente libres”, acotó.

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