La población LGBTIQ+ en Venezuela enfrenta un entorno de “desprotección estatal” y “violencia sistemática”, caracterizado por una profunda desigualdad jurídica en comparación con el resto de la región. Esta situación ha convertido a las instituciones en agentes de agresión y al hogar en un espacio de peligro.
De acuerdo con un informe publicado por el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, titulado “Venezuela: La arquitectura del odio y la deuda histórica que asfixia a la población LGBTIQ+”, solo en el primer semestre de 2025 se documentaron cerca de 150 casos de violencia y discriminación. El organismo destaca que, en 2024, el 43,18% de los hechos violentos fueron perpetrados directamente por funcionarios del Estado (25% por fuerzas de seguridad y 18,18% por otros agentes públicos).
El país arrastra una mora legislativa de 16 años que impide el derecho a la identidad de las personas trans, a pesar de las reformas en la Ley de Registro Civil. Asimismo, la exclusión del matrimonio igualitario en el Código Civil refuerza un sistema de “muerte civil” y exclusión para estas familias.
El contexto poselectoral de 2024 agravó la crisis con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y la persecución de activistas. Políticas como la “Operación Tun Tun” y la Ley de Fiscalización de ONG han forzado el cierre de organizaciones históricas y el exilio de defensores de derechos humanos.
La violencia también se manifiesta a través de discursos de odio emitidos por altos funcionarios y prácticas de extorsión policial. El informe advierte que el silencio institucional es cómplice, pues sin leyes que protejan la identidad y sancionen el odio, el Estado permanece como “el principal verdugo”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
