Pese a la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó, mediante la sentencia n.º 67 del 26 de febrero, que el delito de “incitación al odio” no prescribe.
La ONG Acceso a la Justicia posteó un mensaje en su cuenta en X en el que explica que la Sala estableció que el delito de “incitación al odio” tiene carácter imprescriptible debido a que los hechos previstos en esa norma constituyen violaciones graves de derechos humanos.
“Este criterio resulta preocupante. Las llamadas leyes contra el odio suelen utilizarse para criminalizar el disenso y sancionar opiniones críticas, especialmente cuando estas cuestionan al poder político o a quienes lo ejercen”, señaló la ONG.
Acceso a la Justicia argumentó que las verdaderas violaciones de derechos humanos son aquellas cometidas por el Estado, como lo son la persecución política, la represión o la censura, que es lo que promueve la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
También señalaron que esta interpretación del TSJ se produce “en un momento político en el que se habla de reconciliación y convivencia democrática, ya que la ampliación del alcance penal de este tipo de delitos puede tener efectos inhibitorios sobre el debate público y la libertad de expresión”.
Acceso a la Justicia reiteró que “la criminalización de la expresión y la persecución de opiniones sí constituyen violaciones al derecho humano a la libertad de expresión“, no solo protegidos por la Constitución sino por tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Venezuela.
#AlertaLegal La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la sentencia n.° 67 del #26feb, sostuvo que el delito de incitación al odio no prescribe con el paso del tiempo.
En su decisión, la Sala afirma que este delito tiene carácter imprescriptible,… pic.twitter.com/9vNunRBcEG
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) March 5, 2026
AN admitió mal uso de la ley
El pasado 19 de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, admitió el uso inadecuado de la ley contra el odio y consideró la posibilidad de reformar la normativa que establece penas de hasta 20 años de cárcel.
“La Ley contra el odio es muy útil, pero hubo situaciones de mala utilización y aplicación de esta legislación”, dijo Rodríguez.
La Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacíficay la Tolerancia fue aprobada en noviembre de 2017 por la AN, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y agrupaciones de partidos políticos como la Plataforma Unitaria, han calificado esta ley como parte de un “marco legal represivo” que persigue a venezolanos disidentes.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Con el lema “Delcy, qué esperas, la familia nos espera”, al menos 150 familiares de presos políticos acudieron este jueves, 5 de marzo, ante el Parlamento venezolano para exigir que las personas que se mantienen detenidas sean beneficiadas con la Ley de Amnistía.
Desde las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo, los familiares, acompañados por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), firmaron las planillas que entregarían en la sede administrativa del Parlamento para exponer cada caso de aquellas personas que siguen tras las rejas y han sido excluidas de la Ley de Amnistía.
#5Marzo Con un exhorto directo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, familiares de presos políticos protestan en las adyacencias del Palacio Federal Legislativo en Caracas para solicitar la revisión de casos excluidos de la Ley de Amnistía. pic.twitter.com/QPJyLNjZdT
Alba Rodríguez, esposa del preso político colombiano Yonaider Berríos, denunció que su pareja estuvo secuestrada durante más de un año y fue hace poco más de una semana que recibieron una llamada en la que les confirmaron que está recluido en El Rodeo I.
“Los familiares de los presos políticos nos hicieron el favor de gritarle desde la colina donde suben y mi esposo respondió y dijo que nos quería mucho”, señaló Rodríguez, con quien pudo tener una llamada telefónica en la noche del 4 de enero y este le manifestó que necesitan ayuda, porque “los extranjeros no tienen beneficio de nada”. Pidió apoyo de la Embajada de Colombia para interceder por sus ciudadanos.
"En el consulado colombiano nos dijeron que había 24 ciudadanos presos (…) Hace un mes me dijeron que mi esposo tenía un defensor público. Tengo un niño de un año que no conoce a su papá, porque lo detuvieron cuando el bebé tenía un mes", contó Alba Rodríguez pic.twitter.com/sJXUiN7cZK
Por su parte, la señora Ruth Molero, tía de Samantha Hernández, adolescente de 16 años que permanece detenida por ser familiar de un militar disidente, manifestó el calvario que ha tenido su familia, puesto que varios miembros están encarcelados.
“Le han truncado su futuro, su hermana Aranza también está detenida. Cada vez que su abuela la visita lo que hace es llorar y preguntar ‘cuándo se termina esto'”, manifestó.
Ruth Molero es tía de Samantha Hernández, adolescente que permanece detenida por ser familiar de un militar disidente: "Le han truncado su futuro, su hermana Aranza también está detenida. Cada vez que su abuela la visita lo que hace es llorar y preguntar 'cuándo se termina esto'" pic.twitter.com/Om8Uk4at8C
Uno de los momentos más emotivos de la convocatoria lo protagonizó la señora Nancy Peñaloza. Su hijo, de nombre José Moreno, es uno de los militares detenidos por la Operación Gedeón. Peñaloza, que vive en el estado Táchira, contó entre lágrimas que José “está desnutrido” en el Fuerte Guaicaipuro. Él es parte del grupo de “gedeones” que estuvieron desaparecidos por seis meses y que, según denuncian los familiares después de poder verlos, están en condiciones infrahumanas.
La señora Peñaloza se desplomó y tuvo que ser socorrida por los demás familiares que estaban en el lugar. “Que mi hijo esté en libertad, todos los gedeones. ¿Hasta cuándo?”, clamó la señora.
Nancy Peñaloza, mamá de José Moreno, uno de los presos políticos de la Operación Gedeón, colapsó mientras contaba que estaba en estado de desnutrición y clamaba a la AN que lo liberaran. Otra mujer la acompañó en su reclamo: "Ya no resistimos" pic.twitter.com/HydyWscPM6
Tras recoger las firmas de un documento general y las planillas que llenó cada persona, los familiares de presos políticos caminaron hasta la sede administrativa de la Asamblea Nacional, donde, según informó Diego Casanova, miembro del Clippve, fueron recibidos por la diputada oficialista Carolina García Carreño, miembro de la Comisión de Política Interior y de la comisión de seguimiento para la Ley de Amnistía.
“Ella está supuestamente al tanto de todo lo que está ocurriendo, que están haciendo lo que esté dentro de sus competencias (…) Nos manifestó que los casos que ellos están revisando, que no encuadran dentro de la Ley de Amnistía, los están refiriendo al programa de Convivencia y Paz (presidido por Ernesto Villegas)”, señaló Casanova.
Casanova detalló que entregaron ante el Parlamento un documento donde detallan los “patrones de horror y tortura, tratos crueles y violaciones de derechos humanos que sufren los presos en las cárceles, pero también de las familias”. Además, dijo que abogaron para que tomen en cuenta a los militares, adolescentes y las personas que están en condiciones de salud críticas.
Ante la comisión de seguimiento de la Ley de Amnistía se entregó un documento con las firmas de al menos 150 familiares de presos políticos, en las que se detallan los patrones de "horror, tortura y violación de DDHH" que sufren los detenidos y se exigen liberaciones inmediatas pic.twitter.com/UYcQ0i1fjD
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A escasas fechas, del día internacional de la Mujer, la secretaria política del partido Vente Venezuela, Dignora Hernández, elevó un grito de auxilio similar al que soltó cuando la detuvieron en marzo de 2024.
Este martes 3 de marzo en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) con la Luz conformada por Runrunes, El Pitazo, Tal Cual, Efecto Cocuyo, Cazadores de Fake News y Caracas Chronicles, la ex presa política, aseguró que su cautiverio en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide de Caracas le sirvió para percatarse de la misoginia con la que actúa el régimen chavista
La dirigente política le dijo a Ronna Rísquez, coordinadora de la ARI; Víctor Amaya, director de Tal Cual; Luis Blanco, director de Runrunes; César Batiz, director de El Pitazo; Adrián González, director de Cazadores de Fake News y Raúl Stolk, director de Caracas Chronicles, que a los funcionarios policiales les interesaba qué mujer podría ser la sustituta del liderazgo de María Corina Machado.
“Era todo un show, ellos querían saber quién era Corina Yoris, qué mujer podía reemplazar a María Corina Machado en una posible postulación a la presidencia, como la matrioska, esta muñeca rusa que alberga dentro otras muñecas, así nos veían a nosotras las mujeres políticas”.
Hernández expresó que de entrada a su sitio de reclusión se sabía que la detención había sido política, porque los agentes de seguridad alegaban órdenes de arriba y que una posible excarcelación estaría supeditada a un proceso de negociacion.
Entre lágrimas aseguró que conoció a mujeres valiosas, que en algún momento formaron parte del gobierno y ahora habían sido traicionadas por sus otroras líderes.
“Conocí a jueces, a fiscales, a mujeres dignas, cuyo único pecado fue creer en esto, además anónimas porque están en el olvido, mujeres que vieron a sus hijos adolescentes y ahora están en la universidad. Lo malo del comunismo es que se traga a su propia gente”.
La dirigente política narró que cuando fue aprehendida en marzo de 2024 junto a su compañero de partido Henry Alviarez vio de cerca la cara del terror.
“Yo sabía que tenía un número y que venían por mí, fue una cacería, una veintena de hombres que nunca se identificaron, ellos me rodearon y corrí hacia una camioneta que me atrapó, sentí la muerte muy de cerca y pensé que me iban a desaparecer”.
A juicio de Hernández, escuchar su grito de auxilio cuando la metieron a la fuerza en una camioneta fue como haber oído su propia muerte.
“Estaban molestos por el grito, me dijeron que nadie había salido a defenderme. Me trataron de manera cruel, cuando estuve al frente de un fiscal lo que hice fue denunciarlos”.
La dirigente político aseguró que El Helicoide es un depósito de gente y un sistema perverso donde se mezclan los poderes porque hay policías, fiscales y jueces, todo en un solo lugar.
Hernández no duda que El Helicoide sea un centro de tortura, pero expuso que en su caso tuvo la fortuna de estar en un espacio “semihumanizado”.
“Viví un proceso distinto, a mí me recibieron mujeres profesionales, solidarias, muchas de ellas ya tenían más de un año allí, fui testigo de maltratos a jóvenes, casi niñas”.
La dirigente político confesó que uno de los momentos más duros fue cuando se enteró de la muerte en cautiverio del ex gobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz.
“Yo lo vi 15 días antes de su fallecimiento porque nos permitieron una videollamada. Lloramos mucho, nos juntamos hombres y mujeres, también hicimos un rosario por la muerte de la abuela de María Oropeza. Creo que fueron inteligentes al dejarnos orar y canalizar así nuestra impotencia”.
Dijo que se dio cuenta de algo inusual en la institución el pasado 3 de enero porque la electricidad fluctuó, escuchó gente corriendo en los pisos superiores y el edificio se estremeció.
“Sabía que pasaba algo porque algunos presos empezaron a cantar el himno nacional, por supuesto a ellos después los castigaron. Fue difícil hasta para ellos fingir que no sabían lo que estaba pasando”.
Para Hernández el pasado 8 de febrero, el día de su excarcelación, fue un eterno domingo.
Sentenció que cuando empezaron a excarcelar a las primeras detenidas hizo su maleta y vio alegría en el rostro de algunos custodios.
Si bien celebra la salida a la calle de algunos presos políticos después de promulgada la Ley de Amnistía seresiste a reconciliarse con perpetradores de violaciones a los derechos humanos que siguen cometiendo atropellos.
“Yo no les creo a los que simulan ser demócratas. La ley de Amnistía es una mampara política, es pedir perdón a quien torturó y de paso prometer que uno no va a seguir luchando por sus derechos”.
A diferencia de otros políticos, Hernández considera perentorio hacer elecciones presidenciales en un lapso entre 9 y 10 meses.
“Es urgente, porque seguimos manteniendo un reciclaje del gobierno de Maduro”.
Lo mismo que el 27F
Para Ronnie Boquier, coordinador del área jurídica del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic) lo que está sucediendo en la actualidad con los presos políticos es un reflejo de lo acontecido hace 37 años en el llamado “Caracazo” con los familiares de los muertos por abusos policiales durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez.
A juicio del experto en justicia transicional, el proceso de amnistía no ha tenido a las víctimas en el centro.
“Esta ley está herida porque limita la posibilidad de investigación”.
El abogado sostuvo que en los tribunales, la gente sigue sufriendo y esperando por justicia porque hay una burocracia, que impide las liberaciones plenas.
Boquier sentenció que las excarcelaciones en Venezuela se han producido básicamente por la insistencia de los familiares.
El miembro de Cofavic dijo que por fortuna las organizaciones y la sociedad civil se han encargado de documentar violaciones a los DDHH y posibles crímenes de lesa humanidad.
“También organismos como la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU y la propia Corte Penal Internacional”.
Boquier denunció que el Estado ha mantenido opacidad en torno a los presos políticos y está en la obligación de informar quienes han muerto en centros de reclusión y quienes están todavía tras las rejas.
“El nacimiento de un nuevo y mejor país tiene que ver con la memoria, la justicia se hace desde la documentación, la denuncia y el acompañamiento a las víctimas”.
El profesional del derecho negó que el nuevo Fiscal General de la República (encargado), Larry Devoe, haya estado ligado a Cofavic. “Fue abogado de Estado en causas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero no tuvo nada que ver en el caso del Caracazo”.
Boquier calificó como necesario que la CIDH pueda venir al país, así como que el Alto Comisionado de los DDHH de la ONU tenga una oficina robusta en Venezuela.
“Con respecto a la CIDH, el Estado tiene una mora histórica, con respecto al Caracazo hay un cumplimiento parcial de la sentencia. Es necesario que haya garantías de no repetición, reformas judiciales, depuración de funcionarios y derogación de leyes restrictivas de libertad”.
A dos meses de una transmisión maratónica
Dos meses han pasado desde la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores y de una edición de La Conversa que duró poco más de 10 horas.
Adrián González, director de Cazadores de Fake News, sostuvo que a 60 días de la incursión armada estadounidense en Venezuela, cada vez son menos las menciones a Maduro y mayores las a Delcy Rodríguez en redes sociales.
De acuerdo a Luis Blanco de Runrunes el pueblo chavista debe encontrarse en un estado de desamparo porque los hechos posteriores al 3E han sido de humillación continua.
Ronna Rísquez, coordinadora de ARI, sostuvo que el hecho demostró el escaso apoyo popular que posee el chavismo.
“Hace poco mataron al narcotraficante apodado el Mencho y en México salieron todos sus criminales a respaldarlo, aquí en Venezuela no hubo reacción, ni siquiera reconocimiento a los militares caídos. Muchas de sus familias tuvieron que pagar los funerales, no recibieron una indemnización”.
Víctor Amaya, director de Tal Cual, señaló que el New York Times publicó que los sistemas anti defensas estaban desconectados al momento del ataque, mientras que César Batiz, director de El Pitazo, aportó que el teniente coronel cubano Gerardo Márquez fue quien hirió al piloto condecorado por el presidente estadounidense Donald Trump en el discurso del Estado de la Unión.
A propósito de la alocución del mandatario republicano, Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, mencionó que la presencia del dirigente político venezolano, Enrique Márquez, estuvo apadrinada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Batiz añadió que fuentes revelaron la presencia del ex candidato presidencial, Edmundo González Urrurita, en Venezuela, en tanto para Rísquez es inminente el retorno de Maria Corina Machado. “No creo que entre por Maiquetía y tampoco que la detengan”, dijo la coordinadora de ARI.
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Durante el período comprendido entre el 16 de febrero y el 01 de marzo de 2026, la ONG Un Mundo Sin Mordaza documentó la persistencia de patrones que evidencian inseguridad jurídica, discrecionalidad institucional y el deterioro de los derechos humanos en Venezuela.
La ONG afirmó que aunque el Ejecutivo ha promovido una narrativa de normalización, los hechos registrados en las dos últimas semanas muestran un escenario más complejo de “estabilización selectiva”.
“Mientras avanzan los mecanismos administrativos, liberaciones parciales y acuerdos económicos internacionales, persisten incertidumbre jurídica, discrecionalidad en la aplicación de beneficios, debilidad institucional y ausencia de garantías estructurales que permitan afirmar un restablecimiento pleno del Estado de Derecho en Venezuela”, se lee en el informe.
A continuación las claves más relevantes de lo acontecido en las últimas semanas:
Persiste la huelga de hambre
Durante el período estudiado, se mantuvieron las huelgas de hambre en los centros de detención conocidos como Zona 7 y Rodeo I. La prolongación de esta medida de protesta confirma que las demandas vinculadas a revisión de causas, condiciones de reclusión y aplicación efectiva de beneficios jurídicos no han sido percibidas como resueltas por parte de las personas privadas de libertad o sus familiares.
Desde Rodeo I se reportaron amenazas, negligencias y presuntos intentos de atentado contra la vida de detenidos, lo que elevó el nivel de alerta entre organizaciones de derechos humanos.
Un Mundo Sin Mordaza señaló que “a coexistencia de huelgas de hambre con anuncios oficiales de liberaciones evidencia una tensión estructural: mientras el Ejecutivo proyecta una narrativa de distensión, sectores de la población penitenciaria continúan percibiendo incertidumbre jurídica y falta de garantías efectivas”.
Ley de Amnistía con criterios poco transparentes
La recién aprobada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que busca “promover la reconciliación nacional y la paz social, perdonando delitos políticos ocurridos entre el 1 de enero de 1999 y enero de 2026“, se está aplicando de manera selectiva y con reglas poco transparentes, según evidencia el informe.
La ONG precisó que reglas claras, plazos definidos ni mecanismos efectivos de impugnación, la amnistía corre el riesgo de operar como un mecanismo discrecional, lo que podría traducirse en que la “libertad puede convertirse en un resultado condicionado y no en una restitución plena de derechos”.
Situación de los detenidos y excarcelaciones
Hasta el 28 de febrero se reportó que 618 personas habían sido excarceladas o liberadas en el marco del proceso en curso, incluyendo liberaciones registradas en Rodeo I, El Valle y Yare.
Jorge Arreaza anunció el 02 de marzo que han recibido 9060 solicitudes, donde se han beneficiado 245 presos políticos y 5.383 personas con medidas cautelares, teniendo 5628 personas con libertades plenas. Es importante señalar que no existe un listado oficial de este proceso y esto impiden afirmar que exista una reparación integral.
Un Mundo Sin Mordaza explicó que el arresto domiciliario, aplicado en varios casos, principalmente a miembros de partidos políticos, no es libertad. “Es una modalidad de privación de libertad con menor intensidad, pero jurídicamente sigue siendo una restricción severa al derecho a la libertad personal”.
Otro punto relevante que destaca el informe es la estabilidad de las liberaciones. En contextos recientes, se han registrado situaciones donde personas excarceladas han sido nuevamente detenidas o han visto modificadas sus medidas.
Allanamientos y represión extraterritorial
El informe destacó que en el período analizado se registraron nuevos episodios que afectan la seguridad jurídica y la inviolabilidad del domicilio, como el allanamiento denunciado en la residencia de Magalli Meda y la confiscación de la vivienda de la asistente personal de María Corina Machado, quien se encontraba exiliada.
La denominada represión penal extraterritorial no requiere necesariamente detención física en otro país; puede manifestarse a través de allanamientos, órdenes de captura sin garantías, bloqueos patrimoniales o amenazas indirectas.
Según la ONG, este tipo de medidas tiene un efecto expansivo: genera temor, desincentiva el activismo, condiciona la participación pública y envía un mensaje de vulnerabilidad incluso fuera del territorio nacional.
Renuncias y nombramientos por urgencia
La renuncia de Tarek William Saab como Fiscal General y de Alfredo Ruíz como Defensor del Pueblo, seguida de su sustitución inmediata mediante un esquema de “urgencia reglamentaria”, marcó un giro institucional de alto impacto.
La ONG aclaró que el nombramiento de Saab como Defensor del Pueblo encargado y de Larry Devoe como Fiscal General encargado, además de las dudas sobre constitucionalidad y separación de poderes que genera la “urgencia reglamentaria”, profundiza un problema de legitimidad previa.
“Este reacomodo institucional refuerza la percepción de captura del sistema de garantías: el tránsito del “verdugo” al órgano llamado a proteger a las víctimas invierte la lógica de tutela y convierte la Defensoría en un espacio con riesgo de neutralización”, señaló el informe.
Otros sucesos
En el ámbito social, profesores universitarios de la UCV protestaron frente al Ministerio del Trabajo para denunciar el deterioro salarial y la precarización laboral en el sector público. La manifestación refleja la ausencia de mecanismos efectivos de diálogo y actualización salarial compatibles con estándares de trabajo digno.
En el plano internacional, se consolidó una dinámica bilateral entre Estados Unidos y Venezuela enfocada en cooperación energética y coordinación migratoria. Sin embargo, no se han anunciado condicionamientos públicos vinculados a reformas estructurales en derechos humanos, independencia judicial o liberación incondicional de presos políticos.
La declaración del abogado de Nicolás Maduro, solicitando que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos asuma el pago de su defensa, reabrió el debate sobre responsabilidad individual y uso de recursos públicos. Sobre esto, organizaciones civiles han insistido en que los recursos del país deben destinarse a la garantía de derechos de la población.
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El canal de la Vocería Oficial de Venezuela informó que la intervención quirúrgica practicada al líder de oposición, Edmundo González Urrutia, se realizó con éxito.
A través de su cuenta en X, el canal oficial de comunicación de María Corina Machado y González Urrutia, aseguró que el líder político se encuentra en proceso de recuperación, bajo observación médica y en buen estado.
El canal señaló que conforme avance la recuperación, Edmundo González retomará progresivamente sus actividades.
#Comunicado | La intervención quirúrgica practicada al presidente electo, Edmundo González Urrutia (@EdmundoGU), se realizó con éxito.
El procedimiento transcurrió según lo previsto y el Presidente se encuentra en proceso de recuperación, bajo observación médica y en buen… pic.twitter.com/QkRXOO3JSA
— Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) March 5, 2026
“Todo está bien”
González Urrutia agradeció todas las muestras de cariño y deseos de pronta recuperación. “Gracias a todos por sus mensajes de afecto. Todo está bien”, expresó en el audio difundido en su cuenta en X.
“Mañana me realizarán una pequeña intervención para reparar un hueso roto. María Corina Machado y yo seguimos coordinando y alineando todo lo que está por venir”, dijo un día antes de la cirugía, en un audio difundido en redes.
Gracias a todos por sus mensajes de afecto. Todo está bien.
Mañana me realizarán una pequeña intervención para reparar un hueso roto. @MariaCorinaYA y yo seguimos coordinando y alineando todo lo que está por venir. #EllaNoVuelveSola
El político venezolano, de 76 años, se encuentra exiliado en España desde 2024.
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La Ley de Amnistía que se debatía en primera discusión el 5 de febrero en la Asamblea Nacional de Venezuela pretende dar salida legal a situaciones generadas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Quien debía conducir su aprobación era Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y figura clave de ambas presidencias. Para defender la importancia de la ley, recurrió a una historia familiar.
Este texto es el primero de una serie que examina la estrategia comunicacional que la administración de Delcy Rodríguez y otros actores gubernamentales desplegó durante febrero para promover la Ley de Amnistía. En esta entrega analizamos el discurso del 5 de febrero de Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional y su visita al día siguiente a Zona 7, donde convirtió la urgencia de las familias en una promesa que aún no se cumple del todo.
El legado del padre y una contradicción
Jorge Rodríguez fue ministro de Comunicación de Hugo Chávez, jefe de campaña de Nicolás Maduro y preside la Asamblea Nacional desde el año 2020. El 5 de febrero le correspondía conducir la primera discusión de la Ley de Amnistía. En la intervención que hizo para cerrar la sesión de ese día no habló de Chávez ni de Maduro, sino de su padre, Jorge Antonio Rodríguez, torturado y asesinado por la policía política venezolana en los años setenta.
“Como víctima de violación sistemática a los derechos humanos de mi persona y de mi familia por parte del Estado venezolano, quisiera que también se escuchara en este recinto la voz de una víctima”, dijo al iniciar su intervención, refiriéndose a la historia que comparte con su padre, su madre y su hermana, Delcy Rodríguez, quien actualmente ejerce funciones como presidenta encargada de Venezuela.
El momento culminante de su discurso ocurrió cuando recordó cómo su familia perdonó a los captores y asesinos de su padre. Contó que, cuando un intermediario de Carlos Andrés Pérez intentó entregarle a la familia las llaves de un apartamento en forma de compensación, su madre las rechazó, pidiendo enviar un mensaje al entonces presidente: “Dígale a Pérez que mis hijos y yo ya lo perdonamos. Porque, si algo nos enseñó Carora —su esposo—es a no odiar”.
Jorge Rodríguez presenta ese legado como el origen de su postura sobre el perdón, aunque su referencia presenta una contradicción. La historia del padre puede mostrarse como un ejemplo de la crueldad de gobiernos anteriores, pero fue presentada para justificar la necesidad de aprobar una Ley de Amnistía que busca remediar las detenciones y torturas ocurridas durante los gobiernos de Chávez y Maduro. La anécdota deja por fuera la participación de los propios hermanos Rodríguez en ambos gobiernos chavistas y su cercanía con estos dos jerarcas.
A ese recurso se suma la apelación a la emoción, pues el relato de la tortura y el perdón activa la empatía de la audiencia haciendo que cualquier pregunta crítica haya parecido fuera de lugar, al menos si se hacía en ese momento. Pero opera también una apelación a la autoridad moral: al hablar como familiar de una víctima, Rodríguez se reviste de una legitimidad que su trayectoria como funcionario de ambos gobiernos no le conferiría, convirtiendo el sufrimiento de su padre en un aval para el presente.
La promesa en Zona 7
Al día siguiente, el 6 de febrero, Rodríguez se presentó sin previo anuncio en la llamada Zona 7, en los alrededores del Centro Penitenciario de Boleíta, donde familiares de presos políticos hacían vigilia. Se acercó a las personas, escuchando y tomando nota de sus casos. Al menos dos canales de televisión gubernamentales grabaron la visita y transmitieron el material al aire y en internet.
El video que Rodríguez publicó en sus redes arrancaba con el abrazo que le dió a María Malavé, una de las presentes, que portaba una camiseta blanca con la frase “liberen a todos los presos políticos” en el frente, y las siglas de @Clippve—el Comité por la Libertad de los Presos Políticos— en la espalda. Luego de ese abrazo, Malavé le explicó a Rodríguez que no estaba allí reclamando por ningún familiar encarcelado, sino que era ella quien había sido detenida y encarcelada por denunciar una supuesta mafia de combustible, que posteriormente había sido liberada y que se encontraba en Zona 7 porque estaba denunciando su propio caso.
Clippve emitió una aclaratoria explicando que Malavé no era familiar de ningún preso político y que portaba la camiseta porque se la habían entregado en el campamento de El Rodeo I por solidaridad. Para la organización, su aparición abrazando a Rodríguez era parte de una estrategia para “proyectar una falsa imagen de humanidad“.
El abrazo entre Rodríguez y Malavé también generó críticas de usuarios en redes sociales, que lo interpretaron como un gesto propio de un acto de propaganda. Sin embargo, en la versión del encuentro que fue transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), se aprecia que el caso de Malavé resultó ser una excepción entre los presentes. Rodríguez interactuó y se dirigió principalmente a familiares de personas encarceladas –casos distintos al de Malavé–, prometiendo varias veces que una vez aprobada la Ley de Amnistía, sus seres queridos saldrían libres.
“Nosotros aspiramos que entre el martes que viene, y a más tardar el viernes, están todos sueltos”,aseguró Rodríguez, ante los aplausos y el agradecimiento de los asistentes.
Con o sin el abrazo, la visita funcionó como una válvula: Rodríguez se presentó como alguien cercano a quienes protestaban y desplazó la urgencia de sus demandas con esa promesa.
Para Diego Casanova, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), el efecto fue deliberado: “Era intentar darle un mensaje a los familiares de que él tiene el poder de darles lo que ellos quieren. Una suerte de salvador que tiene en su mano la llave que necesitan las familias que están desesperadas para acabar con el sufrimiento”.
Para ese momento, aunque la ley había sido aprobada en primera discusión el día anterior, su texto no circulaba oficialmente. Varios diputados, incluidos opositores, admitieron votar sin haber leído la propuesta de forma íntegra. Las familias y las organizaciones de derechos humanos dependían de versiones filtradas para intentar evaluar a quiénes cubriría y a quiénes dejaría fuera.
La segunda discusión ocurrió el 19 de febrero. Ese día ley fue aprobada, pero la libertad no vendría de forma automática: cada caso requería una solicitud formal ante el tribunal que había llevado la causa —los mismos que en muchos casos habían procesado a los detenidos— con hasta 15 días hábiles para resolver.
Además, alrededor de 400 militares considerados presos políticos por organizaciones de derechos humanos quedaron fuera de sus beneficios, porque sus casos fueron encuadrados como rebelión o conspiración, delitos que la ley no contempla.
50 DÍAS DE VIGILIA EN ZONA 7 | A esta hora, 7:46 p.m., los familiares continúan resistiendo afuera de Zona 7, en Boleíta, exigiendo justicia y libertad para todas las personas detenidas por motivos políticos.
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) February 27, 2026
A más de una semana de la aprobación, con alrededor de 50 liberaciones reportadas, entre 20 y 30 familiares de presos continúan apostados en Zona 7 noche a noche, esperando. Algunas de las personas que aparecen en el video saludando a Jorge Rodríguez ese 6 de febrero todavía no han podido reencontrarse con sus familiares, a pesar de su promesa de que el día de la aprobación de la Ley de Amnistía recuperarían la libertad.
Casanova describió lo que dejó esa visita como una estrategia para administrar la desesperación y el sufrimiento con la intención de ganar tiempo. “Los familiares se sienten burlados y utilizados”, dijo.
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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este 5 de marzo,ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Samantha Hernández tiene 16 años y es la única adolescente que sigue detenida en Venezuela por motivos políticos, solo por ser hermana de un militar disidente. Su papá, Luis Hernández, recordó a través de redes sociales -donde mantiene una campaña por su liberación- que Samantha no ha cometido ningún delito.
La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón alertó que Hernández “fue privada de libertad y sometida a un proceso bajo legislación antiterrorista sin que exista sustento legal que lo justifique”. Es una adolescente, “arrancada de su entorno familiar, señalada no por lo que hizo, sino por quiénes son sus familiares: hermana de un militar exiliado y sobrina de una persona en desaparición forzada”.
El caso de Samantha Hernández revela un patrón de criminalización por afecto, conocido como “sippenhaft”, una práctica que data de la Alemania nazi, la cual consiste en el castigo colectivo a familiares o personas cercanas de individuos perseguidos por el Estado
“Si un amnistiado por un delito roba a alguien, hace una barricada, es un nuevo delito, será juzgado. La amnistía no es una patente de corso”, señaló Jorge Arreaza, diputado y presidente de la comisión especial de la ley de amnistía.
Lo que rompe en redes
El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, fue tendencia este 4 de marzo por aparecer sentado en l Palacio de Miraflores junto al secretario del gabinete de Trump, Doug Burgum. La imagen sorprendió, pues sobre Cabello pesa la recompensa más alta del continente —25 millones de dólares— por cargos de narcoterrorismo.
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“Siete juntos, podemos hacer cualquier cosa”, dice RM, el líder de BTS en la voz en off del primer tráiler del concierto transmitido en vivo de Netflix que llegará a la plataforma a finales de este mes. El supergrupo de K-pop, compuesto por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook, está listo para su esperado regreso en marzo. El grupo lanzará su primer álbum en años, tras su pausa para que los miembros puedan completar su servicio militar obligatorio en Corea.
Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela y liberado recientemente, pidió en rueda de prensa que “no se olviden del Rodeo ni de las cárceles en Venezuela”.
“El Rodeo I es un lugar de torturas psicológicas. Solamente con pensar que hay 24 extranjeros detenidos me titubea la boca. No te avisan adónde vas a ir, qué vas a hacer o qué va a pasar. No se olviden del Rodeo I y todos los centros penales que hay en Venezuela”, expresó Galló.
El gendarme argentino, con la voz entrecortada, expresó que “no es fácil estar incomunicado, haber perdido la libertad injustamente por delitos que no cometió”.
Pidió a medios internacionales y a las ONG que no se olviden de Venezuela: “Los presos políticos están esperando a ser liberados así sea por la amnistía”.
Gallo agradeció a los venezolanos que lo ayudaron con gestos simples durante los meses de reclusión y aislamiento. “Los extranjeros no teníamos visitas, no teníamos llamadas y ellos -los venezolanos- así fuera con un par de medias me ayudaron”.
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Nahuel Gallo pidió tiempo para procesar todo lo que le ocurrió y aseguró que hasta que no liberen a todos los extranjeros no estará libre.
“Yo sigo encerrado. Mi mente, hasta que no liberen a esos 24 extranjeros, no es libre. No puedo, no quiero, no me siento preparado para contar las atrocidades que nos hicieron”, dijo y expresó que está muy feliz de estar de regreso en su país.
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El gendarme detalló que siempre defendió su bandera y cantaba el Himno Nacional de Argentina. Como anécdota, comentó que hacía la bandera de su país con jabón blanco y azul.
Llamado a declarar
Este miércoles, 4 de marzo, la justicia argentina ció al gendarme Nahuel Gallo a declarar en la causa por crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro y otros altos jerarcas del gobierno.
Nahuel Gallo fue detenido el pasado 8 de diciembre de 2024 en la frontera colombo-venezolana cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Colombia para reencontrarse en Caracas con su esposa e hijo. Desde entonces, permaneció recluido en cárcel de El Rodeo, acusado de supuesto terrorismo y espionaje, aislado y sin derecho a visitas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
