Durante el período comprendido entre el 16 de febrero y el 01 de marzo de 2026, la ONG Un Mundo Sin Mordaza documentó la persistencia de patrones que evidencian inseguridad jurídica, discrecionalidad institucional y el deterioro de los derechos humanos en Venezuela.
La ONG afirmó que aunque el Ejecutivo ha promovido una narrativa de normalización, los hechos registrados en las dos últimas semanas muestran un escenario más complejo de “estabilización selectiva”.
“Mientras avanzan los mecanismos administrativos, liberaciones parciales y acuerdos económicos internacionales, persisten incertidumbre jurídica, discrecionalidad en la aplicación de beneficios, debilidad institucional y ausencia de garantías estructurales que permitan afirmar un restablecimiento pleno del Estado de Derecho en Venezuela”, se lee en el informe.
A continuación las claves más relevantes de lo acontecido en las últimas semanas:
Persiste la huelga de hambre
Durante el período estudiado, se mantuvieron las huelgas de hambre en los centros de detención conocidos como Zona 7 y Rodeo I. La prolongación de esta medida de protesta confirma que las demandas vinculadas a revisión de causas, condiciones de reclusión y aplicación efectiva de beneficios jurídicos no han sido percibidas como resueltas por parte de las personas privadas de libertad o sus familiares.
Desde Rodeo I se reportaron amenazas, negligencias y presuntos intentos de atentado contra la vida de detenidos, lo que elevó el nivel de alerta entre organizaciones de derechos humanos.
Un Mundo Sin Mordaza señaló que “a coexistencia de huelgas de hambre con anuncios oficiales de liberaciones evidencia una tensión estructural: mientras el Ejecutivo proyecta una narrativa de distensión, sectores de la población penitenciaria continúan percibiendo incertidumbre jurídica y falta de garantías efectivas”.
Ley de Amnistía con criterios poco transparentes
La recién aprobada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que busca “promover la reconciliación nacional y la paz social, perdonando delitos políticos ocurridos entre el 1 de enero de 1999 y enero de 2026“, se está aplicando de manera selectiva y con reglas poco transparentes, según evidencia el informe.
La ONG precisó que reglas claras, plazos definidos ni mecanismos efectivos de impugnación, la amnistía corre el riesgo de operar como un mecanismo discrecional, lo que podría traducirse en que la “libertad puede convertirse en un resultado condicionado y no en una restitución plena de derechos”.
Situación de los detenidos y excarcelaciones
Hasta el 28 de febrero se reportó que 618 personas habían sido excarceladas o liberadas en el marco del proceso en curso, incluyendo liberaciones registradas en Rodeo I, El Valle y Yare.
Jorge Arreaza anunció el 02 de marzo que han recibido 9060 solicitudes, donde se han beneficiado 245 presos políticos y 5.383 personas con medidas cautelares, teniendo 5628 personas con libertades plenas. Es importante señalar que no existe un listado oficial de este proceso y esto impiden afirmar que exista una reparación integral.
Un Mundo Sin Mordaza explicó que el arresto domiciliario, aplicado en varios casos, principalmente a miembros de partidos políticos, no es libertad. “Es una modalidad de privación de libertad con menor intensidad, pero jurídicamente sigue siendo una restricción severa al derecho a la libertad personal”.
Otro punto relevante que destaca el informe es la estabilidad de las liberaciones. En contextos recientes, se han registrado situaciones donde personas excarceladas han sido nuevamente detenidas o han visto modificadas sus medidas.
Allanamientos y represión extraterritorial
El informe destacó que en el período analizado se registraron nuevos episodios que afectan la seguridad jurídica y la inviolabilidad del domicilio, como el allanamiento denunciado en la residencia de Magalli Meda y la confiscación de la vivienda de la asistente personal de María Corina Machado, quien se encontraba exiliada.
La denominada represión penal extraterritorial no requiere necesariamente detención física en otro país; puede manifestarse a través de allanamientos, órdenes de captura sin garantías, bloqueos patrimoniales o amenazas indirectas.
Según la ONG, este tipo de medidas tiene un efecto expansivo: genera temor, desincentiva el activismo, condiciona la participación pública y envía un mensaje de vulnerabilidad incluso fuera del territorio nacional.
Renuncias y nombramientos por urgencia
La renuncia de Tarek William Saab como Fiscal General y de Alfredo Ruíz como Defensor del Pueblo, seguida de su sustitución inmediata mediante un esquema de “urgencia reglamentaria”, marcó un giro institucional de alto impacto.
La ONG aclaró que el nombramiento de Saab como Defensor del Pueblo encargado y de Larry Devoe como Fiscal General encargado, además de las dudas sobre constitucionalidad y separación de poderes que genera la “urgencia reglamentaria”, profundiza un problema de legitimidad previa.
“Este reacomodo institucional refuerza la percepción de captura del sistema de garantías: el tránsito del “verdugo” al órgano llamado a proteger a las víctimas invierte la lógica de tutela y convierte la Defensoría en un espacio con riesgo de neutralización”, señaló el informe.
Otros sucesos
En el ámbito social, profesores universitarios de la UCV protestaron frente al Ministerio del Trabajo para denunciar el deterioro salarial y la precarización laboral en el sector público. La manifestación refleja la ausencia de mecanismos efectivos de diálogo y actualización salarial compatibles con estándares de trabajo digno.
En el plano internacional, se consolidó una dinámica bilateral entre Estados Unidos y Venezuela enfocada en cooperación energética y coordinación migratoria. Sin embargo, no se han anunciado condicionamientos públicos vinculados a reformas estructurales en derechos humanos, independencia judicial o liberación incondicional de presos políticos.
La declaración del abogado de Nicolás Maduro, solicitando que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos asuma el pago de su defensa, reabrió el debate sobre responsabilidad individual y uso de recursos públicos. Sobre esto, organizaciones civiles han insistido en que los recursos del país deben destinarse a la garantía de derechos de la población.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
