Familiares de militares y civiles aprehendidos por la llamada Operación Gedeón denunciaron este martes 17 de marzo que estos son víctimas de tratos crueles e inhumanos en sus respectivos centros de reclusión.
“A mi hermano lo están inyectando, tiene marcas de inyecciones en su cuerpo ¿Qué están haciendo con los muchachos? ¿Los están drogando?”, denunció Mayra Morales, hermana de Ricardo Fonseca, detenido en el Fuerte Guaicaipuro, ubicado en Charallave, estado Miranda.
“Esa es una cárcel para matarlos lentamente. Ha pasado bastante tiempo desde la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía y no han soltado a un solo militar”, sentenció Morales, quien aseguró que los documentos consignados ante los tribunales solicitando amnistía fueron arrojados a la basura.
“Ya nosotros perdimos el miedo, ellos lucharon por nosotros, ahora nos toca luchar por ellos”, añadió Morales.
“Nuestros muchachos están perdiendo sus dientes. No tienen médicos, les están negando la comida, además los torturan”, dijo megáfono en mano Nancy Peñaloza, madre de uno de los presos en el Fuerte Guaicaipuro.
Familiares alertaron que el exdirector del recinto, de apellido Ollarves Calderón, alias “sirio”, es señalado por someter a tratos degradantes a los reclusos. Según los afectados, es un patrón sistemático de abusos dentro del recinto, donde están presos decenas de militares.
De acuerdo al gobierno venezolano, la operación Gedeón fue un intento de Golpe de Estado en 2020 conformado por venezolanos y antiguos miembros de las fuerzas especiales del Ejército de los Estados Unidos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La presidenta encargada de Venezuela con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, informó este miércoles 18 de marzo, la designación de Gustavo González López como nuevo ministro del Poder Popular para la Defensa.
A través de su cuenta en X, Rodríguez agradeció a Vladimir Padrino López por su “lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”.
Informo al país que hoy he designado al G/J Gustavo González López como Ministro del Poder Popular para la Defensa. pic.twitter.com/AmuD0HNrdJ
Este es el segundo cargo que ocupa González López desde el pasado 3 de enero cuando fue capturado Nicolás Maduro en la operación “Operación Resolución Absoluta” (Absolute Resolve) ejecutada por el Gobierno de los Estados Unidos.
Ante la nueva designación, partidos políticos, sociedad civil y organizaciones defensoras de derechos humanos se pronunciaron a través de las redes sociales para rechazar el nombramiento de González López:
La ONG Provea señaló en un post publicado en su cuenta en X que la designación de Gustavo González López como ministro de Defensa “mantiene intacta la estructura represiva de Venezuela”.
Provea recordó que mientras González dirigió el SEBIN de 2014 a 2018 y de 2019 a 2024 se ejecutaron detenciones arbitrarias y torturas, según ha denunciado la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela.
Recalcó que bajo su gestión también murió el concejal Fernando Albán, mientras estaba detenido en el SEBIN de Plaza Venezuela en octubre de 2018.
“No puede haber reinstitucionalización real mientras quienes dirigieron la represión conserven cuotas de poder. Desmantelar ese aparato es una condición mínima para cualquier proceso creíble de cambio en Venezuela”, se lee en el post.
Reciclaje de impunidad.
La designación de Gustavo González López como ministro de Defensa mantiene intacta la estructura represiva de Venezuela.
González dirigió el SEBIN de 2014 a 2018 y de 2019 a 2024. Bajo su dirección, el SEBIN ejecutó detenciones arbitarias y torturas,… https://t.co/ndfwAwW6pF
La ONG Transparencia Venezuela recalcó que Gustavo González López ha ocupado, al menos, 10 cargos públicos, entre ellos ministro de Interior y Justicia, director del Sebin, intendente de Asuntos Estratégicos en Pdvsa y comandante de la Guardia de Honor Presidencial.
El nuevo ministro de la Defensa, Gustavo Enrique González López, ha ocupado al menos 10 cargos públicos, entre ellos ministro de Interior y Justicia, director del Sebin, intendente de Asuntos Estratégicos en Pdvsa y comandante de la Guardia de Honor Presidencial.… pic.twitter.com/45m60uLcNm
El dirigente político Juan Pablo Guanipa expresó en entrevista con la periodista Jessica Vallenilla que González López no es “un melón” y que su paso por el Ministerio de Defensa debe ser transitorio. Aseguró que lo que está pasando es “bueno para Venezuela”.
La salida de Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa es una buena noticia para Venezuela.
Gustavo González López no es “un melón”, su paso por el Ministerio de Defensa debe ser transitorio.
El activista y defensor de derechos humanos Jonatan Palacios advirtió que el nuevo “ministro de la Defensa” de Venezuela no es un militar cualquiera.
🚨 El nuevo "ministro de la Defensa" de Venezuela no es un militar cualquiera. Es Gustavo González López, el hombre que durante años dirigió el aparato de inteligencia del régimen y estuvo al frente del SEBIN, uno de los organismos más señalados por persecución, detenciones… pic.twitter.com/qkIrlfzhd9
El ex preso político Villka Fernández aseguró que con este nombramiento se busca institucionalizar la “tortura” en Venezuela.
Y así se busca institucionalizar la “TORTURA” en Venezuela 🇻🇪
Gustavo González López lo recuerdo claramente cuando visitaba el “HELICOIDE “ estando yo ahí secuestrado y siendo @delcyrodriguezv la vicepresidente de Maduro y tenía el SEBIN bajo su mando y González López como… https://t.co/bgo8HKBdbr
Por su parte, el partido político Primero Justicia se pronunció por la salida de Vladimir Padrino y afirmó que tuvo que haberse efectuado “hace mucho tiempo” por su complicidad en crímenes de lesa humanidad.
La salida de Vladimir Padrino López tuvo que haberse efectuado desde hace mucho tiempo, por su complicidad en crímenes contra la humanidad, narcotráfico y traicionar a los venezolanos en sus aspiraciones de prosperidad y libertad.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió este miércoles, 18 de marzo, la Licencia General No. 52, la cual flexibiliza sanciones petroleras y busca reactivar la colaboración comercial entre entidades estadounidenses y Petróleos de Venezuela, S.A., bajo un marco de cumplimiento estricto con las regulaciones de sanciones vigentes.
A través de su cuenta de X, el Departamento del Tesoro señaló que la licencia “autoriza ampliamente a entidades estadounidenses establecidas a participar en muchos tipos de transacciones con” Pdvsa y sus subsidiarias.
“Esta licencia beneficiará tanto a Estados Unidos como a Venezuela, apoyando al mercado energético global mediante el aumento del suministro de petróleo disponible. También ayudará a incentivar nuevas inversiones en el sector energético de Venezuela”, añadió el organismo en el comunicado.
Under President Trump’s leadership, the United States is working in partnership with the Government of Venezuela to reopen and restore Venezuela’s energy sector. Today, the Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control issued a license broadly authorizing established…
La licencia autoriza transacciones que involucran a Pdvsa, o cualquier entidad donde esta posea un interés del 50 % o más. También permite transacciones con el Gobierno de Venezuela, liderado actualmente por Delcy Rodríguez con el aval de EE. UU., que sean necesarias para llevar a cabo estas actividades.
Entidades estadounidenses elegibles
El beneficio de esta licencia está limitado a las “entidades estadounidenses establecidas”, definidas como aquellas organizadas bajo las leyes de Estados Unidos o cualquier jurisdicción dentro del país en o antes del 29 de enero de 2025.
Condiciones contractuales y de pago
Para que las transacciones sean válidas, se deben cumplir dos requisitos estrictos:
Jurisdicción: Los contratos deben especificar que se rigen por las leyes de EE. UU. y que cualquier resolución de disputas ocurrirá en territorio estadounidense.
Manejo de fondos: Cualquier pago monetario a una persona bloqueada (excepto impuestos locales o tasas) debe realizarse en las Cuentas de Depósito del Gobierno Extranjero (Foreign Government Deposit Funds) o en cuentas instruidas por el Departamento del Tesoro.
Prohibiciones y exclusiones
La licencia no autoriza lo siguiente:
Deuda y acciones: Transacciones relacionadas con bonos, deudas específicas o la venta y transferencia de intereses de capital en PdVSA.
Pagos no convencionales: Términos comerciales no razonables, intercambios de deuda, pagos en oro o el uso de monedas digitales emitidas por el Gobierno de Venezuela, como el petro.
Socios restringidos: Transacciones que involucren a personas o entidades de Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, ni con entidades controladas por personas de la República Popular China.
Asuntos legales: La ejecución de embargos, sentencias o laudos arbitrales contra propiedad bloqueada.
Obligaciones de reporte
De acuerdo con el documento, quienes exporten o vendan petróleo o productos petroquímicos venezolanos a países distintos de Estados Unidos bajo esta licencia deben enviar informes detallados a los departamentos de Estado y de Energía. El primer reporte vence a los 10 días de la transacción y los siguientes cada 90 días.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Trescientos días cumple el abogado argentino Germán Giuliani encerrado en Yare II, una cárcel de máxima seguridad a las afueras de Caracas. Su esposa, Virginia Rivero, y sus tres hijos, exigieron a las autoridades venezolanas, a través de un video, que se haga justicia y lo liberen de inmediato.
“Llevamos 300 días de angustia, de incertidumbre y de un dolor que ninguna familia debería vivir”, afirmó Rivero en un mensaje directo para la presidenta encargada Delcy Rodríguez y a su hermano y jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
La hija mayor de Giuliani, Joaquina de 19 años de edad, expresó a los hermanos Rodríguez: “Tienen en sus manos la posibilidad de corregir una injusticia. Mi papá tiene derecho a recuperar su libertad”.
Uma, de 17 años de edad, describió a su padre como “un hombre trabajador, honesto, dedicado a su familia y a su país”, y denunció que su detención “ha sido arbitraria desde el primer día”.
El menor de los hijos, Timoteo, de 11 años, pidió que se respeten los derechos de su padre y expresó el deseo de volver a verlo: “Que vuelva con su familia, que podamos abrazarlo de nuevo”.
“No hay razón legal ni humana para que siga detenido. Cada día que pasa es un día más de sufrimiento”, insistió Virginia Rivero.
También le envió un mensaje a su esposo: “Estamos contigo. No vamos a dejar de luchar por tu libertad. Te esperamos. Te amamos. Y no descansaremos hasta que regreses a casa”.
A Germán Giuliani lo detuvieron en mayo de 2025, tras viajar a Venezuela por trabajo. Su familia denunció que estuvo 12 días bajo desaparición forzada, hasta que las autoridades reconocieron la detención y dijeron dónde estaba recluido.
El Gobierno venezolano lo acusó de pertenecer a una supuesta red de terrorismo y narcotráfico. Su familia insiste en que no existen cargos formales ni pruebas que respalden las acusaciones, por lo que la detención es arbitraria.
Sus parientes aseguran que Giuliani sufrió torturas físicas durante los interrogatorios. Dicen que lo colgaron de las esposas durante largos períodos y que estuvo en condiciones extremas de reclusión, reseñóInfobae.
El gobierno argentino, a través del embajador Carlos Foradori (@cmforadori), reclamó ante la ONU la liberación inmediata del abogado Germán Giuliani, detenido en Venezuela desde hace casi 300 días.
Seguimos reclamando la libertad para Germán Giuliani y para todos los presos… pic.twitter.com/ttYBBvirko
Giuliani permanece como el último ciudadano argentino detenido en Venezuela. A la fecha liberaron a Yaacob Harary, Gustavo Rivara, Roberto Baldo y al gendarme Nahuel Gallo, a quien excarcelaron el 1° de marzo de 2026 tras 448 días preso.
La liberación de Gallo se concretó a través de gestiones realizadas por dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), por fuera de los canales diplomáticos oficiales.
Según declaró su suegra, Gallo salió de Venezuela con medidas cautelares que le prohíben hacer declaraciones públicas.
En el video, la familia de Giuliani no hace referencia a gestiones en curso para obtener su liberación, y no se conocen hasta ahora canales activos de negociación similares a los que operaron en el caso Gallo.
Virginia Rivero insistió en que la liberación del abogado es “un imperativo humanitario y legal” y pidió a la comunidad internacional mantener la atención sobre su caso.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La tarde de este martes, 17 de marzo, el presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez, aseguraba que al menos el 24% de las solicitudes de amnistía han sido rechazadas -supuestamente- por no cumplir con los requisitos que establece la normativa.
Varios de los excarcelados que han solicitado amnistía han denunciado que les ha sido negada. Uno de ellos es el abogado Perkins Rocha, quien notificó el pasado 13 de marzo que no le aprobaron dicho beneficio. Lo mismo ocurrió con la periodista Nakary Ramos y su pareja, el productor audiovisual Gianni González.
#EnVideo📹| Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, notificó que un 24% de los ciudadanos que solicitaron el amparo de la Ley de Amnistía no cumplen con los requisitos legales, esto debido a que la naturaleza de sus acciones no se ajusta a este beneficio jurídico.… pic.twitter.com/0sELAdiof0
Otros dirigentes políticos y activistas también han denunciado recientemente situaciones similares. Este 17 de marzo, mismo día de las declaraciones de Rodríguez, el abogado y dirigente de Vente Venezuela Henry Alviárez anunció que le negaron el beneficio.
“Hablan de RECONCILIACIÓN, pero persiguen al que piensa diferente, hablan de JUSTICIA pero convierten al TSJ, en un ente subordinado para apresar injustamente a sus adversarios, hablan de CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA, pero es delito ser Ciudadano y ejercer nuestros derechos políticos. Creo que quedan desnudos ante el mundo”, sentenció vía X.
Como era previsible, de este régimen que reprime, persigue y apresa sin fundamento alguno, me han negado la AMNISTÍA.
— Henry Alviarez Alviarez (@HenryAlviarez) March 18, 2026
Por su parte, Eduardo Torres, abogado y miembro de Provea, denunció que también le fue negada la amnistía a los seis sindicalistas que habían sido condenados a 16 años de prisión “por defender derechos” en el año 2023.
🇻🇪🆘 Corto y preciso: Hoy los tribunales penales le negaron la Amnistía a los 6 sindicalistas condenados a 16 años por defender derechos. Al igual que a cientos de ciudadanos inocentes encarcelados injustamente. Basta de mafias!
Con tristeza les informo que el Poder Judicial el día de hoy NEGO la solicitud de amnistía a los dirigentes sindicales y luchadores sociales!!! Seguiremos trabajando y denunciando la arbitrariedad de estos delincuentes 👆#Libertad🇻🇪 pic.twitter.com/oJewk2A5PH
Ante esta situación, el partido opositor Primero Justicia denunció que el gobierno de Delcy Rodríguez -avalado por EE. UU.- ha negado la amnistía a un “número importante” de personas, entre ellos políticos de oposición, sindicalistas y trabajadores de la prensa.
El partido político mencionó que está haciendo seguimiento a las “contradicciones” del vocero del régimen, Jorge Arreaza, “y la realidad que denuncian las cientos de víctimas del sistema represor que no han logrado obtener su libertad plena“.
Exigieron la lista de los liberados y de quienes aún están recluidos, así como también libertad incondicional para cada preso político “y que cesen inmediatamente las exclusiones a civiles y militares injustamente detenidos”.
A juicio de la tola aurinegra, “la reconciliación empieza con la verdad por delante”.
Alertamos que el régimen de Delcy Rodríguez está negando un número importante de solicitudes de amnistía estos últimos días.
Hacemos seguimiento a las contradicciones dadas por el vocero del régimen Jorge Arreaza y la realidad que denuncian las cientos de víctimas del sistema…
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Movimiento Vinotinto denunciaron la noche de este martes 17 de marzo que la expresa política, María de los Ángeles Castillo, fue nuevamente detenida en un punto de control del estado Táchira, cuando planeaba salir del país para reunirse con sus hijas en Perú.
De acuerdo a las organizaciones, Castillo, excarcelada el pasado 24 de febrero, fue aprehendida por funcionarios que alegaron que su nombre aparecía en el Sistema de Investigación e Información Policial (Sipol).
JEP alegó que Castillo acudió de manera voluntaria en tres ocasiones a los tribunales y el Ministerio Público en Caracas, donde se ratificó la “inexistencia de causas pendientes”.
“Este hecho evidencia una grave falta de coordinación institucional y una omisión por parte del Tribunal al no tramitar el levantamiento de las alertas policiales tras haber decretado su libertad plena”, escribió la ONG en su cuenta de X.
Para la organización este hecho constituye un precedente que deriva en la revictimización de los excarcelados después de haberse aprobado la Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional.
“Exhortamos a la liberación inmediata de María de los Ángeles y al trámite que ponga fin al asedio. La libertad personal no puede estar sujeta a la ineficiencia administrativa del Estado”, añadió la ONG.
La persecución también sale de las rejas
Por su parte, Movimiento Vinotinto expuso que el Estado debe cesar en poner trabas a quienes tienen el derecho de acceder a los beneficios de la Ley de Amnistía.
El pasado 22 de febrero, la madre e hijas de Castillo grabaron un video en redes sociales donde exigieron la libertad plena de la oriunda del estado Lara, luego de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara el 8 de enero de este año la excarcelación de un “número importante” de presos políticos.
Castillo fue detenida el 18 de julio de 2025, luego de que le aplicaran la operación “tun tun”, la cual consiste en secuestrar sin orden judicial a personas que disientan del gobierno chavista o que hayan sido denunciadas por afectos al régimen, denominados patriotas cooperantes.
La larense estuvo presa en el Centro de Reclusión femenino en el sector caraqueño de El Valle.
Luego de ser excarcelado el pasado 8 de febrero, el dirigente político y ex diputado, Juan Pablo Guanipa, fue detenido el mismo día mientras protagonizaba caravanas por Caracas y visitaba a presos políticos en El Helicoide y Zona 7. Posteriormente fue remitido a casa por cárcel en Maracaibo y un tribunal le concedió libertad plena.
Los Tribunales han negado amnistía a otros presos de conciencia como el abogado Perkins Rocha, quien paga casa por cárcel con un grillete electrónico en el tobillo, así como al teniente Juan Carlos Caguaripano y a los periodistas excarcelados Nakary Ramos Menas y Gianni González.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 18 de marzo,ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
El camino hacia la renovación del Poder Ciudadano en Venezuela ha entrado en una fase crítica con la publicación el pasado 16 de marzo, por parte de la Asamblea Nacional juramentada en enero de 2026, de los listados de aspirantes,
Lejos de ser un trámite meramente administrativo, la danza de nombres revela una compleja red de intereses donde convergen figuras de alto perfil del oficialismo, académicos de renombre y un fenómeno particular que ha encendido las alarmas de los analistas: la doble postulación.
Mientras el Comité de Postulaciones avanza en el cronograma, el escrutinio público ha puesto la lupa sobre varios postulados: candidatos que saltan de pretender alcaldías y gobernaciones a buscar la titularidad del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Este proceso no solo definirá a los titulares de estas instituciones, sino que marcará el diseño institucional del sistema de justicia y los derechos humanos en el país.
“La a estructura represiva del régimen sigue ahí, estamos presionando ante organismos internacionales para que el Servicio Bolivariano de Inteligencia [Sebin], y la Dirección General de Contrainteligencia Militar [Dgcim] sean eliminados por completos, y los funcionarios sean investigados por crímenes de lesa humanidad”, Orlando Moreno, Comité de Derechos Humanos (DDHH) de Vente Venezuela.
Lo que rompe en redes
El presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez, aseguró este martes, 17 de marzo, que un 24% de personas que solicitaron beneficiarse con la ley de amnistía “no cumplen” con los requisitos legales.
#EnVideo📹| Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, notificó que un 24% de los ciudadanos que solicitaron el amparo de la Ley de Amnistía no cumplen con los requisitos legales, esto debido a que la naturaleza de sus acciones no se ajusta a este beneficio jurídico.… pic.twitter.com/0sELAdiof0
El mánager de la selección italiana de béisbol, Francisco Cervelli, conmovió a millones de personas por su reacción ante la eliminación de los europeos del Clásico Mundial tras quedar en el terreno contra la selección venezolana. Cervelli es un ciudadano italo-venezolano.
Perdió su equipo, pero ganó su país ❤️ 🇻🇪
Francisco Cervelli no pudo contener la emoción tras el pase de Venezuela a la Final del WBC a pesar de que fue en contra de su equipo ⚾️
El manager de Italia es nacido en Valencia, Venezuela, pero decidió representar a los europeos por… pic.twitter.com/fzwtMSsjND
Como una mutación hacia formas de represión más selectivas y silenciosas calificóEqualiael proceder actual del gobierno venezolano que lidera la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. De acuerdo con la organización, y según datos de un reciente informe, en 2025 se documentaron 455 ataques e incidentes de seguridad contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, lo que significó una disminución con relación a 2024.
El informe abordó las estrategias de supervivencia y resiliencia de las defensoras venezolanas ante el cierre del espacio cívico. Asimismo, reiteró que el cierre del espacio cívico se ha concretado con la promulgación de una serie de leyes restrictivas como la de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro.
A juicio de Equalia, la ley establece controles intrusivos sobre el financiamiento y registro formal de las ONG y otorga al Ejecutivo la discrecionalidad para disolver organizaciones apelando a términos como la “promoción del fascismo” o la “desestabilización”.
Destacan que el activismo en Venezuela ha derivado en la detención de varios defensores de derechos humanos como el director de FundaREDES, Javier Tarazona; el también director de Espacio Público, Carlos Correa; el abogado de Provea, Eduardo Torres y la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
Estos son los puntos más resaltantes del informe destacan los siguientes:
Sobre la afectación personal
El documento señala el endurecimiento del entorno legal y administrativo en Venezuela obligó a las activistas a una clandestinidad estratégica y el empleo del silencio como herramienta de autoprotección. “Ante el riesgo inminente de represalias, las defensoras han optado por reducir drásticamente su exposición pública, limitando la vocería en medios y abandonando el uso de sus redes sociales”, expresó el informe.
La organización manifestó que el silencio tiene como costo la pérdida de incidencia pública y la dificultad para documentar violaciones de derechos humanos. También expusieron que la asfixia financiera y el asedio administrativo ha obligado a redefinir la sostenibilidad de los proyectos.
“Este escenario ha provocado una fuga de capital humano; el miedo y la necesidad han llevado a muchos activistas a abandonar sus roles para dedicarse a actividades económicas de subsistencia”, alertan. Indican asimismo que la defensa de los derechos humanos en Venezuela ya no se entiende como una labor social, sino como un ejercicio de resistencia política y personal.
La ONG reveló que uno de los hallazgos es la soledad del tejido debido a la migración forzada y la pérdida de redes de apoyo: “Tras las elecciones presidenciales, implementación de la Operación Tun Tun y detenciones masivas, entrevistados expresaron que padecieron trauma colectivo, cuadros de burnout, depresión y alteración del sueño”.
Sobre las dinámicas de trabajo y seguridad
La ONG expuso que el repliegue o el ocultamiento responde a un contexto de criminalización de la asociación. “El dato sobre la ruptura de vínculos con familiares o conocidos afines al gobierno por miedo a la delación es un indicador crudo de cómo el cierre del espacio cívico fractura incluso el núcleo más íntimo de la sociedad”.
La organización reveló que otro hallazgo es la adopción de protocolos de seguridad física y digital como limpieza constante de chats, borrado de imágenes sensibles y uso de teléfonos corporativos diferenciados: “Mientras algunas organizaciones logran formalizar estos protocolos, otras se ven forzadas a la inacción no solo por miedo, sino por la precariedad económica”.
El informe revela que el activismo en Venezuela pasó de ser una labor de campo a una labor de “inteligencia social” y cuidado extremo. Aunque algunas de las personas entrevistadas reportan una disminución del nivel de riesgo luego del 3 de enero de este año, todas coinciden en que el aparato represivo sigue intacto. “La criminalización ya no solo viene de una orden judicial, sino de la arbitrariedad del funcionario de calle que revisa un teléfono en un punto de control”.
Citan datos de organizaciones como Espacio Público, según los cuales el número de ciudadanos detenidos por expresarse en redes sociales ha crecido exponencialmente. “Existe una lucha interna entre la necesidad técnica de ser invisible y la necesidad moral de elevar la voz”, agregaron. Para la ONG, la migración masiva hacia el uso de Signal y VPN ha dejado de ser una recomendación técnica para convertirse en un estándar de supervivencia.
Mecanismos de afrontamiento y resiliencia
Especialistas en derechos humanos han expresado que a raíz de la persecución la disidencia se ha privatizado debido a que el trabajo humanitario y la documentación se refugia en espacios domésticos, grupos de WhatsApp y reuniones de confianza. Testimonios revelaron que los defensores de derechos humanos no solo luchan contra la represión política, sino también contra la irregular conectividad y constantes apagones.
El diseño de protocolos para ahorrar batería y el uso de SMS son tácticas de resiliencia que permiten mantener el flujo de información en un país donde, según reportes de Freedom House, la calidad de la conexión es de las más bajas de la región. Por otro lado, debido a las limitaciones de acceso a líneas de financiamiento, algunas organizaciones han recurrido a la solidaridad como colectas y campañas de recaudación privadas. El informe también señala que el financiamiento para asistencia psicológica profesional aparece como salvavidas fundamental, aunque insuficiente. El documento señala que la estrategia de no llenarse de noticias y la capacidad de crear burbujas de normalidad puede representar un desahogo.
Perspectiva de género y el futuro
El informe revela que las mujeres experimentan una “vulnerabilidad aumentada” debido al asedio estatal y los mandatos sociales de cuidado: “Un patrón predominante es la asunción casi exclusiva de la carga de cuidado de personas dependientes, lo que limita la movilidad de las activistas y su capacidad de buscar refugio o migrar”.
Según el documento, a diferencia de sus colegas hombres, la mujer activista se percibe a sí misma como el “ancla” de su núcleo familiar, enfrentando una presión económica y emocional adicional.
“Las activistas sienten que, a pesar de estar en la primera línea de la noticia y de la gestión de crisis, sus voces son desplazadas por dinámicas masculinas más agresivas y competitivas”, explicaron.
El documento expresa que la renuncia de las mujeres a espacios de esparcimiento personal para dedicarse exclusivamente a la sobrevivencia y la defensa de otros es una forma de violencia silenciosa: “Para las mujeres trans, este escenario se agrava con un estigma que dificulta su participación segura, exponiéndolas a un escrutinio más significativo”.
El informe concluye que ser mujer y activista en Venezuela no solo implica resistir a la fuerza del Estado, sino también a un sistema que ignora sus necesidades específicas: “Las mujeres persisten porque entienden que su presencia es la última línea de defensa de la dignidad en sus comunidades, y que rendirse significaría dejar el camino libre para que la injusticia sea la única norma heredable”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.